Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 118)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión judicial consolidados. Puerto Rico Asphalt LLC y Super Asphalt Pavement, Corp. impugnaron la adjudicación de la Subasta Núm. 2020-005 del Municipio Autónomo de San Juan para la adquisición de asfalto. Super Asphalt Pavement, Corp. alegó que su oferta más baja fue descartada sin justificación válida. Puerto Rico Asphalt LLC cuestionó la notificación de la adjudicación y argumentó que los efectos del COVID-19 le impedían aceptar los términos de pago sin enmiendas. Ambos recursos fueron consolidados por el tribunal. La Junta de Subastas del Municipio solicitó la desestimación de los recursos. El tribunal procedió a desestimar los recursos de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que los recursos se habían tornado académicos.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre un caso de cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la parte peticionaria producir documentos mediante resolución del 26 de mayo de 2021. La parte peticionaria no solicitó reconsideración ni revisión de dicha orden en el término legal. Tras incumplir la orden, la peticionaria intentó impugnarla en respuesta a una orden de mostrar causa. El foro primario, en resolución del 2 de agosto de 2021, denegó este intento por considerarlo una reconsideración tardía. La peticionaria presentó entonces un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra la resolución del 2 de agosto. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando que la impugnación debió dirigirse contra la orden original del 26 de mayo y fue presentada tardíamente. El Tribunal de Apelaciones examina las posturas de las partes. Concluye que el recurso de certiorari es tardío. Por tanto, declara con lugar la solicitud de desestimación y desestima el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una Resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). La OMA ordenó a Shadow Tactical Protection, Corp. pagar a Melvin Nieves Luciano \$2,654.20 por salarios adeudados y penalidad, cerrando el caso contra Centurion ASG, LLC y United Surety & Indemnity Co. Shadow apeló, alegando falta de jurisdicción por no ser el patrono durante el periodo reclamado, el cual correspondía a Centurion. Shadow sostuvo que comenzó operaciones después del periodo en controversia y pagó los salarios correspondientes al tiempo que el querellante trabajó para ellos. El querellante argumentó que Shadow no contestó la querella a tiempo y que aplicaba la doctrina del patrono sucesor. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de la OMA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Anita Burtell Flores, impugnó una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación por daños a un vehículo. La apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones el último día del término reglamentario. La controversia principal surgió por la notificación de la apelación a la parte apelada. Dicha notificación se realizó por correo electrónico un día después de la presentación del recurso. Los apelados solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que la notificación no se hizo el mismo día de la presentación. La apelante argumentó que las condiciones de la pandemia de COVID-19 justificaron la notificación electrónica al día siguiente para asegurar prontitud y buena fe. A pesar de los argumentos de la apelante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Ángel José Collazo Santiago presentó una Petición de Habeas Corpus y Moción solicitando fianza ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita su excarcelación y la desestimación de denuncias por alegadas violaciones a su derecho a juicio rápido y a la provisión de prueba exculpatoria. Subsidiariamente, pide que el recurso se trate como certiorari para ordenar la citación de testigos y la entrega de prueba. El peticionario fue acusado inicialmente por Ley 54 y Ley de Armas, prestando fianza con supervisión electrónica. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su encarcelación por incumplir las condiciones de fianza al entrar a una zona de exclusión. El TPI denegó una moción posterior del peticionario para ser puesto en libertad, manteniendo la orden de prisión. El peticionario impugna esta decisión, alegando privación ilegal de libertad por violación a sus derechos constitucionales y procesales. El Tribunal de Apelaciones resuelve ordenar el traslado de la petición de habeas corpus al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de revisión administrativa. Asphalt Solutions Hatillo, LLC impugna la adjudicación de la Subasta 21-32 para el suministro de asfalto por la Junta de Subastas del Municipio de Isabela a Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. La parte recurrente obtuvo una orden judicial que paralizó los efectos de la adjudicación mientras se revisaba el caso. El punto central de la controversia discutida en el documento es la notificación de la adjudicación de la subasta a los licitadores. El Tribunal encontró que la notificación enviada a la parte recurrente, Asphalt Solutions Hatillo, LLC, contenía errores significativos. Específicamente, el sobre fue dirigido incorrectamente a otra entidad, Asphalt Solutions Toa Alta, LLC, y no al nombre corporativo y dirección correctos de la recurrente. Debido a estos errores, la recurrente nunca fue notificada adecuadamente de la adjudicación. El Tribunal concluye que esta notificación defectuosa impidió que comenzaran a correr los términos legales para que Asphalt Solutions Hatillo, LLC impugnara la subasta. El documento detalla estos fallos en la notificación como fundamento del recurso de revisión.

Resumen:

El documento está designado por el identificador KLCE202100997. Su contenido incluye un marcador de nota al pie. Este marcador se etiqueta explícitamente en la nota al pie como un "Número Identificador". No se proporciona otra información sustantiva o detalles en el contenido del documento. Su característica principal es la presencia de identificadores.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre la autorización de viaje de una menor. El padre solicitó permiso para que su hija de 13 años viajara a República Dominicana para su boda. Alegó que la madre, tras un acuerdo verbal inicial, se negó a confirmar su autorización formalmente. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la madre fijar su posición, pero sin establecer un término específico. Ante la inminencia del viaje, el padre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que la falta de un término hacía que la controversia pudiera volverse académica. Solicitó al foro apelativo que interviniera ordenando la entrega del pasaporte y autorizando el viaje. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso de forma expedita dada la urgencia del asunto planteado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación en un caso de daños y perjuicios. La demandante, América Ramos Rivera, apeló la desestimación con perjuicio de su demanda contra Four Points by Sheraton y otros, presentada tras sufrir una caída en el hotel. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por alegado incumplimiento de la demandante con órdenes de descubrimiento. Específicamente, se le requirió la producción de expedientes médicos certificados, concediéndosele un plazo de 30 días bajo advertencia de sanciones. La parte demandada solicitó la desestimación el día pautado para la deposición de la demandante. Tras denegarse una moción de reconsideración, la demandante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, al revisar los fundamentos del caso, ha decidido modificar la sentencia apelada.

Resumen:

El Municipio Autónomo de Gurabo solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el Municipio en un caso contra Janssen Ortho LLC y otros. El litigio original versa sobre la revisión de la determinación municipal que revocó un Decreto contributivo, alegando incumplimiento de obligaciones de reclutamiento por parte de las demandantes. El Municipio buscaba una adjudicación sumaria sobre el incumplimiento y sus efectos. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria parcial, entendiendo que la controversia sobre el cumplimiento de las obligaciones estaba en disputa. Inconforme, el Municipio recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error en la denegatoria de su moción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por el Municipio.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Toperbee Corporation contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Toperbee solicitó revocar la decisión del TPI que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de despido injustificado. La reclamación fue presentada por el Secretario del Trabajo en representación de Wilma Adorno Rivera, quien fue empleada de OHI de Puerto Rico. La Sra. Adorno fue despedida por OHI en febrero de 2017, cuando la empresa cesó operaciones. Toperbee adquirió posteriormente los activos del negocio de OHI. Toperbee argumentó que no era el patrono de la Sra. Adorno y que no tenía responsabilidad por el despido. El TPI identificó hechos no controvertidos, como el despido por OHI y la adquisición de activos por Toperbee. No obstante, el TPI determinó que existían controversias sobre hechos materiales, incluyendo las razones del despido y el inicio de operaciones de Toperbee. Debido a estas controversias, el TPI denegó la sentencia sumaria solicitada por Toperbee. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, desestima el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202100673. El recurso de certiorari fue presentado por César Romero Díaz para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró No Ha Lugar una Moción de Nuevo Juicio instada por el señor Romero. El peticionario cumple una pena de 123 años por asesinato y violaciones a la ley de armas, resultado de un veredicto mayoritario de 9-3. En su moción, alegó juicio injusto, prueba insuficiente y solicitó la aplicación retroactiva de la norma de veredicto unánime de *Ramos v. Louisiana*. Su sentencia condenatoria previa fue confirmada en apelación y es final y firme. Tras examinar los autos originales, el Tribunal de Apelaciones DESESTIMA el presente recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en razones que se expondrán, probablemente relacionadas con la falta de jurisdicción o la inaplicabilidad de la norma de unanimidad a sentencias finales y firmes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Ninoshka González González. La peticionaria solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de Orden de Protección. Dicha petición fue presentada contra Omar Núñez Morales al amparo de la Ley Contra el Acecho de Puerto Rico. El caso surge de un conflicto relacionado con la asignación de apartamentos en una cooperativa de vivienda donde ambos residen y la peticionaria es miembro de la Junta Directiva. La Sra. González González alegó que el recurrido desplegó un patrón de conducta constitutivo de acecho, incluyendo amenazas y hostigamiento, tras una decisión de la Junta sobre su solicitud de transferencia de apartamento. La peticionaria buscaba una orden que prohibiera al recurrido molestarla, acosarla, o contactarla. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y declaró "No Ha Lugar" la petición. El Tribunal de Apelaciones examina ahora el recurso para determinar la procedencia de la orden solicitada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. La Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín de Bairoa, Inc. solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No ha Lugar su solicitud de reconsideración y ordenó la continuación de los procedimientos en un caso de incumplimiento de contrato. El caso original fue presentado en 2010 por Lourdes Vanessa Jiménez González contra varias entidades, incluyendo desarrolladores y una aseguradora. La demanda alegaba seguridad inadecuada y vicios de construcción en su propiedad. El caso tuvo un historial procesal complejo, incluyendo una desestimación por inactividad y una posterior paralización y archivo sin perjuicio debido a un procedimiento de rehabilitación de una de las partes demandadas. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determina desestimar en su totalidad el caso de epígrafe. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por One Alliance Insurance Corporation. La aseguradora solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Veredas de Salinas y otros por incumplimiento de contrato de seguros tras el Huracán María. One Alliance pidió la desestimación alegando que los demandantes cedieron sus derechos de reclamación post-pérdida sin su consentimiento, violando la póliza. Los demandantes argumentaron que la cesión post-pérdida es válida y necesaria ante la inacción de la aseguradora. El TPI denegó la desestimación, interpretando la cláusula anti-cesión a favor de los demandantes y considerando que prohibir la cesión post-pérdida violaría el ordenamiento. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Fernando Paonessa López en un caso de ejecución de hipoteca contra Bosco IX Overseas, LLC. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que autorizó la ejecución de una sentencia final y firme. El TPI había denegado previamente la reconsideración solicitada por el peticionario. El señor Paonessa López alega que la orden del TPI es errónea porque, al momento de solicitarse la ejecución, tenía pendiente una solicitud de mitigación de pérdidas bajo la Ley Núm. 169-2016, lo cual, a su juicio, debía detener el proceso. También argumenta que el TPI no determinó adecuadamente si el préstamo era convencional y si la propiedad estaba desocupada, aspectos relevantes para la aplicación de moratorias o normativas judiciales por la pandemia. La parte recurrida, Bosco, se opone a la petición, sosteniendo que el préstamo es convencional, la propiedad está vacante, la normativa judicial permite la ejecución de sentencias finales, y la Ley Núm. 169-2016 no aplica al no ser la residencia principal del peticionario y por falta de documentación. El Tribunal de Apelaciones evalúa la petición de certiorari y la oposición de la parte recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El caso se originó por una demanda presentada por Daniel Rafael Nieves Gómez tras un incidente ocurrido el 27 de mayo de 2017. Nieves Gómez alegó haber sido agredido por un empleado de seguridad de Aguardiente Bar y HP Tavern mientras intentaba separar una pelea, sufriendo fractura de brazo y herida en la cabeza. La demanda original fue presentada en 2018 y posteriormente consolidada con otra demanda idéntica de 2019. Aguardiente Bar, como parte demandada, recurrió la decisión del foro primario que mantuvo la acción en su contra. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. La Sentencia modifica la Resolución recurrida y, así modificada, la confirma.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de certiorari presentado por Luis R. Rivera Romero. El peticionario solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción al Amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Mediante dicha moción, el señor Rivera Romero buscaba corregir la sentencia que le fue impuesta en 2013. Argumentó que la pena por robo agravado excedía el máximo legal y que la pena adicional de cinco años bajo el Artículo 7.03 de la Ley de Armas fue aplicada incorrectamente. El TPI declaró No Ha Lugar la moción, concluyendo que la pena por robo estaba dentro de los parámetros y refiriendo a una resolución previa sobre la Ley de Armas. El peticionario solicitó reconsideración, la cual también fue denegada. En su recurso de certiorari, el peticionario alegó que el TPI erró al no recalcular la sentencia y no eliminar la pena de la Ley de Armas. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Comparece MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY solicitando la revocación de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El pleito se relaciona con un contrato de seguros y los daños sufridos por FFI Holdings Puerto Rico, Inc. (La Familia) tras los huracanes Irma y María. MAPFRE presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial, argumentando que la cubierta por interrupción de negocios estaba limitada a 120 días y que La Familia debía probar el nexo causal y la duración de las interrupciones de servicios de utilidades posteriores a su primer restablecimiento. La Familia se opuso, alegando prácticas desleales de MAPFRE, que la póliza cubría intereses de préstamos después de los 120 días, y que el contrato debía interpretarse a su favor debido a ambigüedades. El TPI, aunque identificó hechos no controvertidos, determinó que existía controversia material sobre los términos y condiciones aplicables de la póliza. También determinó que existía una exigencia de nexo causal entre el daño y la causa cubierta. MAPFRE buscaba que se acogiera su postura sobre estos puntos litigiosos. El panel judicial revisó la solicitud de MAPFRE para revocar la decisión del TPI. Mediante esta resolución, se deniega la expedición del auto solicitado por MAPFRE. Esto implica que el tribunal de apelaciones no intervendrá en este momento para revocar la determinación del TPI sobre la existencia de controversia material.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Víctor Corraliza Muñiz y María S. Antonetti Solís. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un caso de partición de herencia. El caso original trata sobre la partición de la Sucesión Menchaca Bigay, que incluye una propiedad arrendada a los peticionarios. El Tribunal de Primera Instancia había autorizado la venta de dicha propiedad a un tercero. Corraliza Muñiz y Antonetti Solís alegaron tener interés en el proceso de partición como arrendatarios de la propiedad. Presentaron una solicitud urgente de intervención bajo la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, la cual fue denegada por el foro primario. Tras la denegación de su reconsideración por el tribunal inferior, acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Un peticionario, el señor Ortiz, recurre en Certiorari tras la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar los cargos en su contra. La solicitud de desestimación se fundamentó en que fue presentado ante un magistrado 42 horas después de su arresto, excediendo el término máximo de 36 horas. El peticionario alegó que esta dilación violó la Regla 22(A) de Procedimiento Criminal y derechos constitucionales. El foro primario declaró no ha lugar a su petición. Mediante el recurso de Certiorari, el señor Ortiz imputa errores al tribunal inferior por no haber desestimado los delitos a pesar de la alegada violación procesal y constitucional. El documento introduce el auto de certiorari como un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho. También menciona los criterios que el tribunal superior considera para expedir dicho auto.

Resumen:

El Estado Libre Asociado (ELA) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la Moción de Desestimación presentada por el ELA en un pleito incoado por Cobra Acquisitions, LLC. contra el Municipio de Guaynabo, la AEE y el ELA. Cobra impugnó el cobro de arbitrios de construcción por trabajos de emergencia, cuestionando su procedencia y la constitucionalidad de la Ley Núm. 50-2018. El ELA argumentó que no era parte indispensable y que la controversia podía resolverse sin evaluar la constitucionalidad de la ley. Cobra sostuvo que, al impugnar la constitucionalidad de una ley, la participación del ELA era indispensable conforme a las reglas de procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que la constitucionalidad de la Ley Núm. 50 estaba en controversia y requirió la comparecencia del ELA. El ELA recurrió en Certiorari, alegando error del foro primario al mantenerlo como parte sin alegaciones detalladas y sin aplicar la norma de autolimitación judicial. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por el ELA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de certiorari. MAPFRE PRAICO Insurance Company solicitó dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden instruía a MAPFRE a ajustar y pagar la reclamación de daños del Consejo de Titulares del Condominio Villa Carolina Court. La reclamación surge de los daños sufridos por el Condominio tras el huracán María. El Consejo demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y del Código de Seguros, insatisfecho con la oferta inicial. El Consejo pidió al foro primario que ordenara el ajuste y pago basándose en los propios estimados periciales de MAPFRE, alegando dilación. MAPFRE se opuso, argumentando que el descubrimiento de prueba no había culminado y era esencial para el ajuste. El Consejo replicó que MAPFRE ya contaba con la información necesaria de sus propios informes y que había actuado similarmente en otros casos. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado por MAPFRE. En consecuencia, la Orden del Tribunal de Primera Instancia que exige a MAPFRE ajustar y pagar la reclamación se mantiene vigente.

Resumen:

Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de una orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley contra el acecho. La peticionaria, Lisandra Cartagena Burgos, impugna la orden de dos años dictada en su contra a favor de la recurrida, Rosa Gisela Mercado Camacho. El foro primario determinó que la peticionaria realizó llamadas y mensajes de texto acechantes, repetidos y no deseados, causando hostigamiento, temor y daños a la salud de la recurrida. La peticionaria argumentó que no se configuraron los elementos legales para la orden. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no se le colocaba en posición de dejar sin efecto las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia. Aplicando la presunción de corrección de dichas determinaciones y el derecho aplicable, el panel denegó la expedición del auto de certiorari. Se eximió a la parte recurrida de presentar su posición.

Resumen:

El documento examina un recurso de certiorari presentado contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La controversia principal se centra en si el TPI puede incluir y valorar bienes inmuebles ubicados en Florida, Estados Unidos, dentro de un caudal hereditario tramitado en Puerto Rico. La peticionaria argumentó que el TPI carecía de jurisdicción sobre la propiedad extranjera y que su titularidad o valor debía ser determinado por el foro de Florida. Solicitó la desestimación del caso o una sentencia parcial excluyendo dichos bienes. La recurrida se opuso a la solicitud de desestimación. El TPI denegó la desestimación, resolviendo que debía considerar todos los bienes del causante, sin importar su ubicación, para el cómputo del caudal hereditario. La peticionaria impugnó esta determinación mediante certiorari, alegando error del TPI al computar valor a la propiedad extranjera sin una determinación previa del foro con jurisdicción sobre ella. La recurrida no presentó oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión del TPI sobre la inclusión de los bienes inmuebles en Florida en la masa hereditaria. El recurso está listo para adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Petición de certiorari presentada por Luis Enrique Blanco Ortiz y Marta María Meléndez Sardiña. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia. Dicha moción buscaba impugnar una Sentencia previa dictada a favor de Oriental Bank y Banco Popular en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios argumentaron que la sentencia era nula porque los bancos carecían de legitimación activa al no poseer el pagaré y que la sentencia fue obtenida mediante fraude. Tras la oposición de Oriental Bank y el estudio de las posturas, el foro apelativo resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Jesús Rivera Bermúdez. El peticionario impugna una instrucción al jurado emitida por el Tribunal de Primera Instancia en su caso criminal. Dicha instrucción requería que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad fueran unánimes (12-0). Rivera Bermúdez objetó, argumentando que, si bien la culpabilidad exige unanimidad según *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*, la absolución solo requiere mayoría (9-3) bajo el derecho puertorriqueño. Alegó que la instrucción del TPI es contraria a la Constitución de Puerto Rico y al ordenamiento procesal penal. El Tribunal de Primera Instancia denegó su objeción. Inconforme, Rivera Bermúdez acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual expidió el auto de Certiorari y paralizó los procedimientos en instancia. El recurso está perfeccionado para la adjudicación final de esta controversia de derecho sobre la unanimidad del jurado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, en el caso KLCE202100960. El recurso de certiorari fue presentado por GRUPO HIMA SAN PABLO CAGUAS, INC. contra ELISA RAMOS ROSARIO, relacionado con un caso de daños y perjuicios del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El Tribunal atendió un Aviso de Desistimiento presentado por la parte peticionaria el 30 de agosto de 2021. Se declaró Ha Lugar al desistimiento solicitado. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. El Tribunal ordenó el cierre y archivo definitivo del recurso, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 31 de agosto de 2021.

Resumen:

Se presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre disolución de corporaciones y división de bienes. La parte peticionaria impugnó una Resolución del TPI que se negó a relevar a una parte de un contrato de transacción válido y una Orden que fijó un término para informes periciales. La peticionaria había solicitado la anulación de una sentencia previa que recogía un acuerdo transaccional, alegando deficiencias en el mismo. El TPI determinó que la moción de anulación, presentada al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, fue radicada fuera del término fatal de seis meses. El TPI concluyó que, al haber transcurrido trece meses desde que la sentencia advino final y firme, la moción era extemporánea, salvo que aplicara una excepción como nulidad o falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó el recurso de Certiorari. También declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por la parte peticionaria.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Pedro Cruz Ramos y Valerie Cruz recurren la desestimación por falta de prueba de su querella contra Alberto Figueroa h/n/c Reparación Transmisiones PR, Inc. La querella ante el DACO se originó por trabajos de reparación en la transmisión de un vehículo. Los recurrentes pagaron por la reparación inicial de la transmisión con garantía de tres años. Posteriormente, surgió un problema de mezcla de fluidos que llevó a una segunda reparación del radiador con garantía de un año. Cuando la transmisión falló nuevamente, los recurrentes reclamaron la garantía original. La parte recurrida rehusó honrar la garantía de la transmisión, alegando que el daño se debía al problema del radiador. Los recurrentes presentaron querella ante el DACO solicitando la devolución del dinero de ambas reparaciones. El DACO desestimó la querella por falta de prueba, lo que motivó el recurso de apelación ante el Tribunal. La parte recurrida no compareció en el proceso apelativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Petición de Certiorari presentada por Adriel De Jesús Cruz. El Peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de modificación de sentencia. Dicha moción invocaba el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 para aplicar artículos sobre cumplimiento de pena. El Peticionario argumentó haber cumplido más del 50% de su condena por asesinato en segundo grado y estar dispuesto a cumplir condiciones como supervisión electrónica y terapias. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que el principio de favorabilidad no era aplicable en este contexto. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y las comparecencias de las partes, deniega expedir el auto de certiorari. Fundamenta su decisión en el carácter discrecional del recurso de certiorari, el cual solo procede bajo circunstancias específicas y criterios establecidos en la Regla 40 de su reglamento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución final de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Empresas Benítez Toledo apeló la decisión de ORIL que declaró sin lugar sus querellas consolidadas. Las querellas se referían al decomiso de leche en diciembre de 2017 y al incumplimiento de una orden administrativa. ORIL también impuso dos multas de $1,000.00 a Empresas Benítez Toledo en dicha resolución. Las órdenes de decomiso de leche por parte de ORIL fueron emitidas tras el huracán María. La interrupción eléctrica y la merma en ventas de leche fresca afectaron las operaciones de las plantas y generaron un excedente que no podía ser procesado. ORIL ordenó a los productores decomisar la leche en sus fincas en fechas específicas para asegurar la estabilidad de la industria. Empresas Benítez Toledo cuestionó estas acciones ante ORIL y luego en apelación judicial. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por ORIL.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión administrativa instada por William Toro León contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) de ratificar su nivel de custodia en mediana. Aunque la escala de reclasificación arrojó puntuación para custodia mínima, el CCT aplicó una modificación discrecional. Fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos (sentencia de 102 años por asesinato, secuestro, etc.) y la extensa sentencia restante, considerando que la escala subestimaba la seriedad de los crímenes. El CCT también tomó en cuenta el historial disciplinario del recurrente, incluyendo querellas previas. El Sr. Toro alegó que no se debía usar la gravedad del delito ni la sentencia para mantener la custodia mediana, citando una enmienda al manual, y planteó que se le radicaron querellas falsas. El Tribunal procedió a revisar la determinación administrativa. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una revisión judicial solicitada por Carmen García contra una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La recurrente impugnaba una Resolución Sumaria del DACO que desestimó su querella, la cual buscaba el cobro de costas y honorarios de abogado de un procedimiento anterior. El DACO archivó la querella al determinar que lo solicitado debió peticionarse en el proceso previo, ya final y firme. La recurrente alegó no haber sido notificada inicialmente de la resolución, presentando solicitudes de reconsideración posteriores a una re-notificación del DACO. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, se ve forzado a desestimar la revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ramón Colón Irizarry contra la Autoridad de Carreteras y Transportación. El recurrente impugnó la retribución asignada a su puesto de Supervisor de Agrimensores, Escala 3, bajo un plan de reclasificación de 2004. Alegó que su salario era inferior al de puestos de menor jerarquía o responsabilidad, lo cual consideraba inequitativo y contrario al reglamento de personal. Inicialmente, apeló la determinación ante la Junta de Apelaciones de la ACT (JAACT). La JAACT denegó su apelación en octubre de 2020, confirmando la retribución asignada. El señor Colón presentó entonces un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso y los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por la JAACT. Con esta decisión, se valida la retribución salarial asignada al recurrente por la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Juan V. Ramos García impugna una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó su moción de reconsideración. El recurrente alegaba cumplir con los criterios para la libertad bajo palabra. Presentó el recurso por derecho propio con un escrito breve y un apéndice limitado. El Tribunal subraya la necesidad de cumplir estrictamente con las reglas procesales para la perfección de los recursos apelativos. Se hace referencia específica a la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que establece los requisitos de contenido del escrito de revisión y su apéndice. El Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos formales y de contenido establecidos por la normativa aplicable.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial sobre un Recurso de Revisión Especial presentado por Billy Sanz Estrella. El recurrente impugna una Resolución del Negociado de Seguridad en el Empleo que le denegó beneficios de desempleo. Sanz Estrella fue despedido por su patrono, RF Maintenance, tras un incidente ocurrido durante una suspensión. Inicialmente, el Negociado denegó los beneficios, pero una árbitra del Departamento del Trabajo los concedió en apelación. El patrono apeló, alegando falta de oportunidad en la audiencia inicial, lo que llevó al Secretario del Trabajo a ordenar una nueva vista evidenciaria. Tras la nueva vista, la árbitra confirmó la denegación original de beneficios, basándose en la credibilidad del testimonio patronal. Sanz Estrella apeló esta segunda decisión ante el Secretario y luego presentó el recurso de revisión ante este tribunal. El panel judicial revisó el caso y confirmó la Resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La parte recurrente, Home of the Golden Dream, Inc. y sus operadores, impugnó la determinación de maltrato institucional con fundamento y la consecuente recomendación de cierre y cancelación de licencia. La Junta Adjudicativa desestimó la apelación administrativa de la parte recurrente con perjuicio. La Junta consideró que la apelación fue presentada fuera del término de 15 días. Basó su cálculo en una notificación por correo electrónico del 23 de diciembre de 2020 sobre los resultados de la investigación. La parte recurrente argumentó que el término debía contarse desde una notificación posterior, recibida el 8 de febrero de 2021, sobre la decisión formal de cancelar la licencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó si la Junta Adjudicativa erró al desestimar la apelación por extemporánea. El Tribunal determinó que la Junta Adjudicativa sí erró. Por tanto, el Tribunal revocó la Resolución de la Junta Adjudicativa que desestimó la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Luis A. Cruz Morales, solicitó un pase extendido bajo la Ley 25, destinada a personas confinadas con enfermedades terminales o condiciones severas. El DCR denegó su solicitud basándose en la evaluación de un médico internista. Dicha evaluación indicó que el recurrente estaba estable y que su solicitud requería una evaluación cardiológica pendiente. Inconforme, el recurrente apeló la decisión, alegando que fue tomada sin la necesaria evaluación por un cardiólogo. Tras presentar el recurso inicialmente en el foro primario, este fue referido al Tribunal de Apelaciones por corresponderle la jurisdicción. El tribunal solicitó al DCR que presentara su posición y el informe médico que sustentó la denegatoria. El DCR argumentó que su determinación fue correcta, razonable y basada en el expediente administrativo. La Sentencia detalla este proceso de revisión judicial de la negativa del DCR al pase extendido solicitado.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una acción disciplinaria contra el confinado Wilfredo Morales Arroyo. Morales Arroyo impugnó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo encontró incurso en varias faltas. Los cargos se originaron en un incidente del 21 de enero de 2021, donde se le imputó incitar a disturbios, interferir con un registro y desobedecer una orden directa. La Oficial Examinadora encontró probados los hechos basándose en la credibilidad del oficial querellante. Aunque se desestimó el cargo de disturbio, se mantuvieron los de incitación, interferencia y desobediencia. Morales Arroyo solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, argumentó fallas en la querella administrativa, incluyendo un número de confinado incorrecto, y que la desestimación de un cargo debía invalidar los demás. El Departamento de Corrección y Rehabilitación refutó estos argumentos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la resolución disciplinaria recurrida.

Resumen:

Esta resolución judicial aborda una petición de certiorari presentada por Triple S Propiedad Inc. La aseguradora busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para desestimar parcialmente una demanda. La demanda fue incoada por el Consejo de Titulares de un condominio por daños causados por el Huracán María. El Consejo reclamó compensación bajo el Código Civil y también bajo la Ley Núm. 247-2018 por mala fe y honorarios de abogado. Triple S argumentó que la Ley 247 no aplica retroactivamente a los hechos y que sus remedios no son concurrentes con otras causas de acción contractuales. El TPI resolvió que la Ley 247 sí aplica retroactivamente a los daños de los huracanes Irma y María y permitió reclamaciones concurrentes bajo la Ley 247 y el Código Civil, prohibiendo la doble compensación. Triple S alega que el TPI erró en la aplicación retroactiva y la concurrencia de remedios. La resolución considera si procede expedir el recurso de certiorari para revisar estas determinaciones del foro primario, conforme a las reglas procesales que rigen dicho recurso discrecional.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de Certiorari presentado por José R. Ortiz Lleras. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Urgente para compeler a GFR Media, LLC a producir prueba. Ortiz Lleras demandó a GFR Media por despido injustificado y discrimen por edad tras ser cesanteado en agosto de 2020. Alegó que su despido, parte de una reducción de personal, violó las reglas de antigüedad de la Ley 80 y fue discriminatorio. Sostuvo que empleados más jóvenes y con menor antigüedad en posiciones similares fueron retenidos. GFR Media admitió la cesantía y la retención de ciertos empleados, pero negó otras alegaciones. La moción de descubrimiento buscaba, entre otros documentos, estados financieros, planillas y documentos económicos relacionados con el plan de reducción de personal de GFR. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" dicha moción. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si esa determinación del foro primario fue correcta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo la apelación presentada por el Sr. Heriberto Madera González. El apelante solicitó la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) tras ser declarado culpable de violar artículos 195 y 181 del Código Penal de 2012. El único error señalado por el apelante fue la negativa del TPI a concederle el beneficio de una pena de restricción terapéutica. El TPI, basándose en el informe pre-sentencia, declinó esta pena alternativa considerando el riesgo de seguridad que presentaba el apelante. El documento contextualiza la pena de restricción terapéutica dentro de las enmiendas de la Ley 246-2014 al Código Penal, que reincorporó penas sustitutivas para propiciar la rehabilitación. Tras analizar los planteamientos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento de contrato de arrendamiento con opción a compra y daños y perjuicios. La parte apelada (demandante en primera instancia) demandó a la parte apelante (demandada) solicitando la entrega de una propiedad o su adquisición forzosa, además de daños. El foro primario concedió la Sentencia Sumaria a favor de la parte apelada, otorgando los remedios solicitados, incluyendo una indemnización sustancial por daños y honorarios de abogado. La parte apelante recurrió, alegando que existían controversias de hechos esenciales que impedían la sentencia sumaria y errores en las determinaciones del foro primario. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina por una demanda de daños y perjuicios presentada por los apelantes tras la confiscación y venta de su vehículo. Los apelantes demandaron al Estado Libre Asociado y a Autogermana, entre otros. La reclamación contra Autogermana se basó en alegada negligencia por no impugnar la confiscación del vehículo. Autogermana solicitó la desestimación de la demanda en su contra por prescripción. Argumentó que la causa de acción prescribió un año después de que los apelantes supieron que Autogermana no había impugnado la confiscación, lo cual ocurrió cuando ellos mismos presentaron su impugnación el 20 de julio de 2015. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación por prescripción. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la determinación de que la acción de daños contra Autogermana estaba prescrita.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero. El apelante, Boris Katz, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar $200,000 de principal y $60,000 en honorarios a Vidal Trading, Inc. La demanda original de Vidal Trading contra Eco Caribe Recycling, LLC por un préstamo impagado fue enmendada para incluir a Boris Katz tras la quiebra de la entidad. Vidal Trading alegó que Eco Caribe era un alter ego de Boris Katz y que este suscribió personalmente el préstamo. Boris Katz negó la deuda y su responsabilidad personal. El proceso en primera instancia estuvo marcado por disputas sobre el descubrimiento de prueba, incluyendo la toma de deposiciones. A pesar de las controversias procesales, el foro primario dictó sentencia a favor de Vidal Trading. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos apelaciones consolidadas (KLAN202000535 y KLAN202000539) relacionadas con una demanda por responsabilidad de productos defectuosos y daños y perjuicios. El caso se originó cuando la familia Ciordia-Guzmán demandó a Encanto Restaurants Inc. (KFC) alegando haber sufrido envenenamiento por consumir alimentos contaminados. Los padres reclamaron daños por sufrimiento físico y mental, mientras que los hijos reclamaron daños por angustias mentales debido a la enfermedad de sus padres. El Tribunal de Primera Instancia encontró a KFC responsable por los daños sufridos por los padres, otorgándoles indemnizaciones específicas y honorarios de abogado. Sin embargo, el tribunal de instancia denegó la indemnización solicitada por los hijos. KFC apeló la determinación de responsabilidad y las cuantías concedidas a los padres. La familia Ciordia-Guzmán, incluyendo los hijos, apeló la denegatoria de compensación a estos últimos. Tras evaluar los méritos de las apelaciones y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar parcialmente la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos apelaciones consolidadas (KLAN202000535 y KLAN202000539). El caso original fue instado por la familia Ciordia-Guzmán contra Encanto Restaurants Inc. h/n/c Kentucky Fried Chicken (KFC). Los demandantes alegaron haber sufrido daños físicos y angustias mentales por envenenamiento tras consumir alimentos supuestamente contaminados de KFC en noviembre de 2011. El matrimonio Ciordia-Guzmán reclamó indemnización por su enfermedad, mientras sus hijos solicitaron compensación por angustias mentales derivadas de la condición de sus padres. El Tribunal de Primera Instancia encontró a KFC responsable y otorgó daños al matrimonio y su sociedad legal de gananciales, pero denegó indemnización a los hijos. Tanto KFC como la familia Ciordia-Guzmán apelaron esta decisión. KFC impugnó la determinación de responsabilidad y los daños concedidos a los padres. La familia apeló la negativa a indemnizar a los hijos. Tras evaluar los méritos de las apelaciones y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar parcialmente la sentencia apelada.