Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 113)

Resumen:

Sentencia resuelve una Petición de Certiorari presentada por el Sr. Nelson Ariel Rodríguez Negrón contra órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Las órdenes recurridas fueron emitidas en un pleito de liquidación de comunidad postganancial. El TPI impuso al peticionario una sanción de \$5,000 por alegado incumplimiento y retraso en el descubrimiento de prueba. Además, el TPI suspendió el cumplimiento de una sentencia parcial sobre un bien inmueble hasta la conclusión del pleito. El peticionario alegó que el TPI erró al alterar los términos de un contrato de transacción judicial (la sentencia parcial) y al imponer la sanción sin base. También cuestionó el requisito de consignar la sanción para considerar la reconsideración. El tribunal revisó los argumentos y el expediente. Se explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para su expedición. El tribunal decide expedir el auto de certiorari. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que proceda según lo establecido en esta sentencia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones que evalúa un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) en representación de la Sra. Milagros Medina Cosme. Impugna una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que desestimó una querella contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La querella objetaba una factura de \$1,366.82 por un período que incluyó interrupciones de servicio tras los huracanes, alegando cobro por energía no consumida. El NEPR determinó que la recurrente tuvo servicio la mayor parte del período y solo concedió un ajuste de \$8.00. La recurrente apeló, argumentando que el NEPR erró al no aplicar un remedio automático y ordenar el ajuste total. La AEE se opuso al recurso y presentó una moción de desestimación por alegada falta de notificación adecuada. El Tribunal adelanta que procede la desestimación del recurso. La sentencia detalla el historial procesal y la base de la moción de desestimación presentada por la AEE.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instado por Blanca E. Tomás Rodríguez contra la Junta de Planificación. La recurrente impugna una Resolución de la Junta que le impuso una multa de \$1,000. La multa se basó en el hallazgo de que su negocio, El Almendro Biker's Place, vendió bebidas alcohólicas en violación de la Orden Ejecutiva Núm. 2020-062 durante una inspección en agosto de 2020. Inicialmente, la Junta emitió una Orden de Cese y Desista por esta y otras violaciones, incluyendo la falta de permisos. La recurrente obtuvo el Permiso Único requerido, lo que motivó a la Junta a dejar sin efecto la Orden de Cese y Desista relacionada con permisos. No obstante, la Junta mantuvo la multa de \$1,000 por el incumplimiento de la Orden Ejecutiva 2020-062. La señora Tomás Rodríguez solicitó la revisión judicial alegando error en la conclusión de la Junta sobre la violación a la Orden Ejecutiva. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la determinación recurrida de la Junta de Planificación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa solicitada por Víctor Lyons Villanueva. El recurrente impugna la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación de reclasificar su custodia de mínima a mediana. Esta reclasificación se basó en un resultado positivo a opiáceos en una prueba toxicológica mientras participaba en un programa de rehabilitación en la libre comunidad. El Sr. Lyons apeló la decisión internamente, pero fue denegada. Posteriormente, presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal ordenó previamente al Comité de Clasificación y Tratamiento emitir una resolución formal con determinaciones de hechos y de derecho. El Comité emitió dicha resolución, detallando el historial correccional del Sr. Lyons, incluyendo cambios de custodia previos. La resolución fundamentó la reclasificación en la prueba positiva y el incumplimiento de las normas del programa. Esta sentencia evalúa la legalidad y fundamentación de esa resolución.

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Un recurrente, el señor Rosado, impugna la liquidación de su sentencia por parte del Departamento de Corrección (DCR). Tras un preacuerdo, fue sentenciado a penas consecutivas por tentativa de asesinato atenuado y violaciones a la Ley de Armas. Inicialmente, DCR le informó que el cumplimiento mínimo para la sentencia de armas era del 50%. Posteriormente, DCR emitió una nueva hoja de control indicando que el mínimo era del 75%. El DCR justificó el cambio citando la Ley 27, que establece un 75% para delitos de armas cometidos después del 17 de mayo de 2017, fecha posterior a la comisión de sus delitos. El señor Rosado alega que este aumento altera los términos de su preacuerdo y afecta su elegibilidad para la Junta de Libertad Bajo Palabra. Presentó remedios administrativos que fueron denegados por el DCR. Ahora busca la revisión judicial para que se honre el preacuerdo y se corrija la hoja de liquidación de sentencia. El documento presenta este trasfondo fáctico en el contexto de la revisión judicial de la decisión administrativa.

Resumen:

FirstBank Corp. recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). La OMA ordenó a FirstBank pagar a Nicelis Cordero Hernández $13,525.90 por despido injustificado bajo la Ley 80. Esta orden se basó en una resolución en rebeldía contra FirstBank por no contestar la querella. La querella original de la empleada omitió la descripción de los hechos que sustentaban su reclamación. FirstBank solicitó reconsideración, alegando la insuficiencia de la querella y problemas de notificación, además de argumentar que el despido fue justificado. La OMA se reafirmó en su decisión sin atender los planteamientos procesales de FirstBank. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen de la OMA y decidió revocar la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. Los Peticionarios, incluyendo a Lesbia Blanco y la Sucesión del señor Luis R. Díaz García, solicitaron revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los Peticionarios. La controversia principal se originó en una demanda por incumplimiento de contrato y devolución de prestaciones. Los demandantes alegaron que Doral Financial Corporation (DFC) canceló contratos de servicios con Professional Integrated Services (PISC) y terminó el empleo de Lesbia Blanco de forma unilateral y en represalia. Reclamaron diversas partidas por servicios no pagados, lucro cesante, gastos y daños morales. DFC, a su vez, presentó una reconvención. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, DENEGÓ expedir el auto de certiorari solicitado por los Peticionarios.

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Ramón L. González Rolón solicitó beneficios de seguro por desempleo, los cuales fueron denegados inicialmente por el Negociado de Seguridad de Empleo por abandono voluntario del trabajo. Tras una apelación ante la División de Apelaciones del NSE que confirmó la denegación, González Rolón apeló ante el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El Secretario revocó las decisiones previas y declaró a González Rolón elegible para recibir los beneficios. El antiguo empleador, Transporte Sonnell, presentó un recurso de revisión ante este tribunal, alegando que el Secretario erró al determinar la elegibilidad. El tribunal ordenó la presentación del expediente administrativo y las grabaciones de las audiencias. Tras recibir las comparecencias de las partes, el tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación es obligatoria debido a la falta de jurisdicción del tribunal para conocer del asunto. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y prevalece sobre los méritos de la controversia planteada.

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Universal Insurance Company impugnó la confiscación de un vehículo ocupado por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. En el proceso penal relacionado, se determinó no causa probable para acusar al poseedor del automóvil. Universal Insurance solicitó sentencia sumaria en el caso civil de impugnación, argumentando que la determinación de no causa en lo penal creaba un impedimento colateral por sentencia que invalidaba la confiscación. Argumentó que, al no haber causa probable para el delito, no existía base para la confiscación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral. El Estado se opuso, indicando que el caso de confiscación es civil e *in rem*, independiente del resultado penal. Universal Insurance acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar dicha determinación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de denegar la solicitud de sentencia sumaria.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Jesús A. Canales Bruno. Canales Bruno enfrenta juicio por múltiples infracciones al Código Penal. La petición impugna una determinación del tribunal de primera instancia tomada al inicio de su juicio. La defensa solicitó una paralización o una instrucción inmediata al jurado basada en una reciente decisión del Tribunal Supremo (Pueblo v. Centeno) que exige veredictos unánimes tanto de culpabilidad como de no culpabilidad. La defensa argumentó que el juicio debía esperar a que la decisión de Centeno fuera final y firme o que se informara inmediatamente al jurado. El tribunal de primera instancia denegó la solicitud, optando por continuar con el juicio y dar la instrucción sobre unanimidad más adelante, durante las instrucciones finales, para evitar confundir al jurado. Canales Bruno recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que el tribunal primario erró al no paralizar los procedimientos hasta que la decisión del Tribunal Supremo adviniera final y firme. El documento detalla los antecedentes fácticos y el señalamiento de error específico planteado por el peticionario sobre el manejo del tribunal primario respecto al impacto de la decisión Centeno en su juicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Carlos Cancel Calderón. El peticionario impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Dicha moción argumentaba la ausencia del elemento de intención en el delito imputado. Tras la denegatoria inicial, el peticionario presentó una Moción de Reconsideración. El Tribunal de Apelaciones analizó la fecha de presentación de esta moción. Concluyó que la moción de reconsideración fue presentada fuera del término improrrogable de quince días. Una moción de reconsideración extemporánea no interrumpe el término para presentar un recurso de certiorari. Al no haberse interrumpido el término, el certiorari fue presentado tardíamente. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso. La Resolución desestima el certiorari por falta de jurisdicción.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentada contra dos corporaciones. El demandante, un exaccionista, reclama a las corporaciones el pago por servicios, la liquidación de su participación accionaria y gastos, basándose en acuerdos contractuales. Las corporaciones demandadas solicitaron la desestimación del caso, alegando que sus accionistas eran partes indispensables en el litigio. Argumentaron que cualquier determinación judicial afectaría directamente los intereses propietarios de los accionistas. El Tribunal de Primera Instancia denegó en dos ocasiones la solicitud de desestimación, concluyendo que los accionistas no eran partes indispensables. Las corporaciones recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Confirmó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al denegar la desestimación. Determinó que, dado que la demanda se dirige contra las corporaciones con personalidad jurídica propia, los accionistas no son partes indispensables para resolver las reclamaciones presentadas.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La resolución atiende un recurso de Certiorari presentado por Triple S Propiedad, Inc. Triple S solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden instruía a Triple S a pagar inmediatamente \$1,351,143.73 al Consejo de Titulares del Condominio Mar de Isla Verde. Esta suma corresponde al adelanto de cuantías no disputadas en una reclamación por daños causados por el huracán María. El Consejo demandó a Triple S por incumplimiento de contrato tras rechazar una oferta de ajuste inicial por esa cantidad, reclamando una suma significativamente mayor. El Consejo solicitó sentencia sumaria parcial para el pago de la cantidad reconocida por la aseguradora. Triple S se opuso, alegando fraude y disputando la validez del ajuste inicial. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago inmediato del mínimo reconocido. Triple S recurrió esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por Triple S.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, el matrimonio González-Pérez y su hija YMPG, representados por el Lcdo. Raúl E. Varandela Velázquez, impugnan decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas decisiones ordenaron y sostuvieron la descalificación del licenciado Varandela como su abogado. La descalificación fue solicitada por los recurridos, incluyendo el matrimonio Rodríguez-Rivera, alegando un conflicto de interés. El conflicto se originó en un pleito de daños donde el abogado representó inicialmente a toda la familia peticionaria, incluyendo una hija menor que luego desistió del caso. Los recurridos argumentaron que la representación previa de la menor que desistió creaba un conflicto con su representación actual de los padres y otra hija. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y descalificó al abogado. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó las resoluciones y órdenes del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia, validando la descalificación del Lcdo. Varandela.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre dos peticiones de *certiorari* consolidadas. Las peticiones fueron presentadas por Sila C. Nicholson contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan. Nicholson solicitó la revisión de una Orden de Protección dictada en su contra bajo la Ley Contra el Acecho, a favor de su hija Tatjani Hernández. La orden de protección se basó en alegaciones de agresión física y amenazas por parte de la madre. Asimismo, Nicholson pidió revisar la denegación de su propia Petición de Orden de Protección para el Adulto Mayor contra su hija. Su petición se fundamentaba en alegaciones de maltrato físico, mental y económico por parte de la hija. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos de *certiorari*. Tras considerar los planteamientos, el panel judicial decidió denegar ambas peticiones de *certiorari*. Esto confirma las decisiones previas del Tribunal de Primera Instancia en ambos casos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari presentado por Pablo González Ortiz. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para desestimar la reincidencia aplicada a su sentencia. González Ortiz argumentó que las convicciones previas utilizadas para la reincidencia eran delitos menos graves porque solo fue sentenciado al pago de una multa por cada cargo. El Ministerio Público sostuvo que dichas convicciones eran delitos graves por su naturaleza, al imputársele tentativa o conspiración de delitos graves, independientemente de la sentencia impuesta. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la reincidencia, resolviendo que los delitos eran de naturaleza grave a pesar de la multa. El Tribunal de Apelaciones revisa si el foro primario aplicó correctamente las disposiciones legales sobre reincidencia. El caso gira en torno a si la clasificación de un delito previo para fines de reincidencia depende de la naturaleza del hecho imputado o de la sentencia final. Se citan los artículos pertinentes del Código Penal que definen la reincidencia basada en convicciones previas por delito grave.

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Se trata de una Sentencia de un panel de jueces que resuelve una Apelación Civil. La apelante, señora Susanne B. Lugo Hernández, impugna una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante esa Sentencia, el TPI denegó la expedición de un auto de mandamus y desestimó su demanda. La demanda original solicitaba ordenar al Departamento de la Familia investigar un referido de maltrato físico de su hijo por parte del padre. La apelante alegó que el Departamento no había completado la investigación, específicamente la entrevista a la psicóloga del menor. El Departamento, parte apelada, argumentó que sí cumplió con su deber ministerial de investigar. Sostuvo que intentó contactar a la psicóloga sin éxito y que la trabajadora social asignada concluyó la investigación como "sin fundamento". El Departamento notificó el resultado de la investigación al padre del menor. La corte de apelaciones revisa ahora la decisión del TPI a la luz de estos hechos y argumentos presentados por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina. El Municipio apeló la desestimación de un caso por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original, iniciado en 2015, buscaba revocar el permiso de uso de Colmado La Fe por alegada operación como barra y, posteriormente, se enfocó en la operación de máquinas de entretenimiento para adulto sin permisos. El foro primario desestimó el pleito por entender que la parte demandada no fue debidamente notificada o emplazada y que el Municipio carecía de jurisdicción sobre la controversia de las máquinas. La parte apelada, a través de Christopher Mieses Marrero y Crispy LLC, argumentó la falta de jurisdicción municipal sobre las máquinas, cuya reglamentación corresponde al Departamento de Hacienda, y la improcedencia del emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, CONFIRMÓ la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este Recurso de Certiorari fue presentado por Triple S Propiedad ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que denegó una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Triple S. El caso subyacente es una demanda por Daños y Perjuicios incoada por Félix Tapia Velázquez contra Triple S y otros. Tapia Velázquez reclama haber sufrido lesiones al caer sobre un escalón en una casa de corretaje, alegando negligencia de los demandados. Se argumenta que el escalón constituía una condición peligrosa debido a su camuflaje, falta de iluminación y ausencia de advertencias. Triple S negó negligencia y causalidad en su contestación a la demanda. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar controversia real sobre si el escalón era peligroso y causa de la caída, y si hubo negligencia del demandante. El recurso de certiorari ha sido perfeccionado para la adjudicación final por el Tribunal de Apelaciones.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sila C. Nicholson solicitó la revisión mediante certiorari de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan. Estos dictámenes surgieron de casos cruzados con su hija, Tatjani Hernández. La peticionaria impugnó una Orden de Protección bajo la Ley Contra el Acecho dictada en su contra, basada en alegaciones de agresión física y amenazas por parte de su hija. También solicitó la revisión de la Resolución que denegó su Petición de Orden de Protección para el Adulto Mayor contra su hija, al entender el foro primario que no se configuraron los elementos legales. El Tribunal de Apelaciones consolidó los dos recursos de certiorari presentados por la peticionaria y le concedió litigar como indigente. Tras considerar los recursos, el Tribunal de Apelaciones deniega ambas peticiones de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Carmen M. Báez Otero contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La recurrente impugnó la resolución de la AAA que denegó su reconsideración sobre una disputa relacionada con el aumento en su factura de agua. La resolución de la AAA denegando la reconsideración fue notificada el 21 de julio de 2021. Dicha resolución informaba a las partes de su derecho a solicitar revisión judicial en un término de treinta días. La señora Báez presentó su recurso de apelación ante el Tribunal el 13 de septiembre de 2021. El Tribunal analizó la fecha de notificación de la resolución recurrida y la fecha de presentación del recurso. Determinó que el recurso fue presentado fuera del término legal de treinta días establecido por la ley. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender la revisión. La sentencia desestima el recurso de revisión administrativa por ser extemporáneo.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Procede de un caso sobre liquidación de comunidad de bienes post-gananciales en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Las partes son Paulette Bermúdez Ramírez (peticionaria) y Rafael Valentín Rodríguez junto a RVR Investment, Inc. (recurridos). La comunidad de bienes incluye inmuebles, muebles, negocios y corporaciones. La peticionaria alega que el recurrido mantiene control exclusivo de activos e ingresos. Solicitó descorrer el velo corporativo de RVR Investment, Inc., argumentando que fue usada como alter ego para defraudar la comunidad. También pidió coadministración de los bienes y crédito por ingresos manejados exclusivamente por el recurrido. El recurrido negó control exclusivo y justificó su administración de gastos y rentas. El recurso impugna una Orden del TPI que señaló una vista para argumentar sobre la moción de reconsideración del recurrido y la oposición de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones examina la solicitud de la peticionaria para revocar dicha orden.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones presentado por los hermanos Morales Ramos en un caso de daños y perjuicios. La acción original fue instada contra HM Ambulance y otros, alegando negligencia en el traslado de Luis Morales Ramos, lo que resultó en su caída y posterior fallecimiento. Los demandantes reclaman daños por sí y en representación de la sucesión. El recurso de certiorari impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la eliminación de la prueba pericial de la parte demandante. El tribunal primario había establecido un término para la notificación del informe y curriculum vitae del perito médico, con apercibimiento de eliminación de la prueba en caso de incumplimiento. Tras una solicitud de la parte demandada, el foro primario emitió la orden del 17 de junio de 2021 excluyendo la prueba pericial. Los peticionarios solicitaron la revisión de dicha orden mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones emitió una orden de mostrar causa a la parte recurrida. La parte recurrida no compareció, perfeccionándose el recurso sin su participación. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una Revisión Administrativa presentada por Juan W. Howe Hernández contra el Consejo de Titulares del Condominio Torre San Miguel. El caso se originó en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) donde Howe Hernández impugnó una asamblea ordinaria del condominio. El DACo desestimó la querella de Howe Hernández mediante una Resolución Sumaria. Howe Hernández solicitó la revisión y revocación de dicha resolución ante el Tribunal de Apelaciones. Durante el proceso ante el DACo, surgieron alegaciones de intentos de acuerdo extrajudicial sin la presencia de la representación legal del querellante. La parte recurrida argumentó que la querella se tornó académica al ratificarse los acuerdos en una asamblea posterior. El recurrente sostuvo que el alegado acuerdo era ilegal e inmoral. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la resolución sumaria emitida por el DACo. La Sentencia aborda los procedimientos y argumentos presentados por ambas partes antes de llegar a su determinación.

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Antonio Rodríguez Pagán, un confinado cumpliendo una sentencia de 100 años por asesinato y violación a la Ley de Armas, recurre una decisión administrativa. La Administración de Corrección, a través de su Comité de Clasificación y Tratamiento, determinó que debía permanecer en custodia mediana. Rodríguez Pagán fue inicialmente clasificado en custodia máxima, siendo reclasificado a mediana en 2016 tras demostrar buenos ajustes institucionales. En abril de 2021, al evaluar su plan, el Comité reconoció su cumplimiento y excelentes evaluaciones laborales. Sin embargo, aplicando modificaciones discrecionales a la escala de reclasificación, la agencia consideró la extrema gravedad del delito original. También tomó en cuenta el tiempo cumplido (14 años) frente a la larga sentencia impuesta y el tiempo restante para cumplir el mínimo. El recurrente cuestiona que la decisión se basó únicamente en la naturaleza del delito. Los tribunales apelativos otorgan deferencia a las agencias, a menos que sus determinaciones sean irrazonables, ilegales o carezcan de base probatoria.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de certiorari presentado por el Sr. Carlos L. Ortiz Santiago. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de supresión de evidencia. Dicha evidencia fue obtenida mediante una orden de allanamiento en un caso por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El Sr. Ortiz alegó que el TPI cometió errores manifiestos al declarar no ha lugar la solicitud de supresión y al imponer un estándar de prueba supuestamente contrario a derecho. El tribunal examinó los escritos de las partes, la grabación de la vista de supresión y los documentos del caso. Tras la revisión, el panel judicial decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación, tratada como recurso de certiorari, contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso civil subyacente trata sobre cobro de dinero, incumplimiento contractual, rescisión, nulidad y daños y perjuicios. Los demandantes, la familia Chinea/Pérez, demandaron a los demandados, la familia González/Crespo y un negocio relacionado. La controversia se originó de un Contrato de Compraventa de Acciones donde Shelly Ann Chinea Pérez adquirió acciones en Corporación Clínica y Laboratorio Dental El Terminal, Inc. del señor Ángel Rafael González Fuentes. Los demandantes alegan que González Fuentes representó falsamente el número de acciones autorizadas, vendiendo 150 cuando solo había 100 autorizadas. También reclaman que un préstamo de $50,000 provisto para el capital de trabajo de la corporación fue garantizado por González Fuentes. Además, los demandantes sostienen que González Fuentes ordenó pagos indebidos de fondos corporativos a terceros por deudas no reveladas después de la venta. El Tribunal de Apelaciones señaló problemas procesales con la sentencia del tribunal inferior, lo que llevó al tratamiento como certiorari. Finalmente, el Tribunal deniega el auto de certiorari solicitado.

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Se revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra Popular Auto, LLC. El apelante, Wilfred Hsu, demandó inicialmente a Eurojapón por incumplimiento de contrato en la compra de un vehículo. Al enterarse de que el vehículo fue vendido a Francisco Ponce y financiado por Popular Auto, enmendó la demanda para incluirlos. Popular Auto solicitó la desestimación por falta de causa de acción. El TPI concedió la desestimación, determinando que Hsu no refutó la presunción de buena fe del poseedor del vehículo bajo el Código de Comercio. Hsu apeló, alegando errores del TPI al desestimar a Popular Auto como parte indispensable y al ignorar presunciones del Código Civil sobre fraude. Tras examinar los escritos, el panel confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (KLAN202100559) sobre un recurso de apelación. La Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, a través de su aseguradora, apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial declaró Con Lugar una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por los apelados, Lcdo. Moisés Rodríguez Torres y otros. El caso original versa sobre reclamaciones de daños y perjuicios, difamación y/o libelo, e incumplimiento de contrato. La demanda se originó por la suspensión de los derechos masónicos del licenciado Rodríguez Torres y la publicación de los motivos en la Circular Semanal de la Gran Logia. Los demandantes alegaron falta de debido proceso y difamación. El Tribunal de Primera Instancia había emitido una sentencia parcial a favor de los demandantes. La Gran Logia solicitó la revisión y revocación de este dictamen. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico José S. Salgado Casillas solicitando revisar y revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su moción de reconsideración contra una orden de protección final. La orden de protección final fue expedida el 12 de febrero de 2021 a favor de Roxana M. Colón Méndez y Luis Raúl Montañez Robles. Esta orden se emitió en una vista preliminar relacionada con alegaciones de acecho bajo la Ley Núm. 284. Previamente, se había emitido una orden de protección provisional ex parte el 8 de enero de 2021. Salgado fue acusado de violar esta orden provisional el 11 de enero de 2021. La vista preliminar por la violación del Art. 4(b)(4) de la Ley 284 se celebró el 12 de febrero de 2021. En esa vista se emitió la orden de protección final que Salgado ahora impugna. El peticionario busca que el Tribunal de Apelaciones revoque la orden final y la resolución que denegó su reconsideración.

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Se revisa la Resolución y Orden de un tribunal de primera instancia que resolvió una solicitud de ejecución de sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio de 2016 incorporó estipulaciones sobre la división de bienes gananciales, incluyendo la venta de una propiedad conyugal tras saldar su préstamo. El señor Rivera Vargas solicitó la ejecución de dicha estipulación. La señora Rodríguez Vázquez se opuso, alegando conflicto de intereses de la abogada del divorcio y que la propiedad era privativa suya, no ganancial. Argumentó que el tribunal no podía ordenar la ejecución sobre un bien privativo. El foro primario declaró No Ha Lugar la oposición de la señora Rodríguez Vázquez, concedió la ejecución y le impuso honorarios de abogado por temeridad. El tribunal de apelaciones acogió el recurso como certiorari. Procedió a modificar el dictamen del foro primario. Así modificado, confirmó la decisión recurrida. La sentencia valida, con una modificación, la ejecución de la sentencia de divorcio y la imposición de honorarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa solicitada por Jonathan Rosario Toro. El recurrente impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que revocó su participación en el Programa de Pase con Monitoreo Electrónico. La revocación se basó en un informe disciplinario tras arrojar positivo a sustancias controladas. El Departamento de Corrección acogió la recomendación de revocación el 12 de julio de 2021, notificando la decisión el 15 de julio de 2021. Rosario Toro presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 7 de septiembre de 2021. El Tribunal evaluó la solicitud y la normativa aplicable a las revisiones administrativas. La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece un término jurisdiccional de treinta días para presentar dichos recursos. Dado que la notificación de la decisión administrativa fue el 15 de julio de 2021 y el recurso se presentó el 7 de septiembre de 2021, este fue presentado fuera del término. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un caso de alimentos. La peticionaria, Brenda I. Espola Belmonte, impugna decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Ella solicitó que el tiempo que dedica a la enseñanza en el hogar (homeschooling) de dos de sus hijas menores fuera considerado un gasto de educación para fines de pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud mediante Resolución y rechazó la reconsideración mediante Orden. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones buscando la revocación de dichos dictámenes. El caso se origina en una solicitud de cambio de escuela que llevó a la autorización judicial del homeschooling para las menores. El padre había aceptado otros gastos educativos pero no el costo del tiempo de la madre. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Héctor Morales Ortiz, una persona confinada, presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la gestión del DCR respecto a la compra de café en la comisaría, alegando sustitución de producto, cobro indebido y negativa a reembolsar $4.96. Tras agotar los remedios administrativos sin éxito, donde el DCR sostuvo que no había devolución en ventas especiales, Morales solicitó al tribunal la devolución del dinero y una indemnización de $15,000 por fraude. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad reglamentaria, procedió a evaluar el recurso sin requerir la posición de la parte recurrida. La corte determinó desestimar el recurso por falta de jurisdicción. Explicó que la ausencia de jurisdicción impide considerar los méritos de la controversia. La falta de jurisdicción se debió a que el recurrente no perfeccionó adecuadamente el recurso conforme a las reglas del tribunal, específicamente al no cumplir con los requisitos de señalamiento y discusión de errores.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari en un caso de desahucio en precario. El peticionario, Danny Rivera Avilés, solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su Moción de Desestimación en el pleito de desahucio iniciado por Israel Benítez Naranjo y otros. El peticionario argumentó que el demandante original carecía de capacidad legal ("standing") y que faltaban partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias fácticas y legales que debían resolverse en un juicio plenario. Tras la denegatoria de reconsideración por el TPI, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante este recurso. El documento detalla el historial procesal y los errores alegados por el peticionario. Inicia la discusión sobre la naturaleza discrecional y limitada del recurso de Certiorari bajo las Reglas de Procedimiento Civil.

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Un panel judicial revisó un recurso presentado por Centrocamiones, Inc. contra la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-080 del Municipio de Trujillo Alto. La subasta buscaba adquirir dieciséis vehículos de pasajeros. El Municipio adjudicó la subasta a Transporte Sonnell, LLC, decisión que Centrocamiones impugnó. El aviso de subasta requería la presentación de todos los documentos y advertía que el incumplimiento sería motivo de descalificación. Transporte Sonnell presentó la propuesta más económica (\$85,077 por unidad) y cumplió con los documentos requeridos. Centrocamiones presentó una propuesta más cara (\$89,574 por unidad) y no sometió las pruebas de durabilidad del vehículo requeridas en el pliego. La Junta de Subastas y la oficina de planificación recomendaron la adjudicación a Transporte Sonnell basándose en el precio y el cumplimiento documental. El panel judicial confirmó la resolución que adjudicó la subasta a Transporte Sonnell.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. La peticionaria, Paola E. Hernández Camacho, solicita la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por la recurrida, Magda L. Rivera Colón. El pleito civil subyacente trata sobre la administración y distribución del caudal hereditario del Sr. Urbano Hernández Cuesta, donde Hernández Camacho es la única heredera y Rivera Colón es la viuda y albacea. Hernández Camacho demandó a Rivera Colón alegando retiros y pérdidas del caudal, así como bienes no entregados. Rivera Colón contestó y reconvino, reclamando sus derechos como viuda (usufructo y legado) y planteando la defensa de cosa juzgada basada en un pleito anterior sobre la misma herencia. Rivera Colón solicitó sentencia sumaria argumentando que la sentencia previa resolvía las reclamaciones de Hernández Camacho. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado y confirma el dictamen recurrido.

Resumen:

Jensen Medina Cardona instó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción sobre Desestimación de Cargos. La moción se fundamentaba en una alegada violación al debido proceso de ley bajo la norma Brady v. Maryland. El peticionario argumentó que el Ministerio Público no descubrió la grabación original del NVR de Villa Marina, la cual consideraba prueba exculpatoria y material. El TPI denegó la desestimación al concluir que el Sr. Medina no demostró la materialidad de la prueba suprimida, es decir, que su descubrimiento oportuno habría cambiado el resultado del proceso. En su recurso, el Sr. Medina alegó que el TPI erró al denegar la desestimación sin celebrar una vista evidenciaria para probar la materialidad. Solicitó además la paralización del juicio en auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición. El Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. Consecuentemente, declaró no ha lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de certiorari presentado por Francisco Gendes Mateo. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una moción de relevo de sentencia. Dicha moción se presentó en el caso civil F CD2012-0295, iniciado por Doral Bank (como agente de Scotiabank) para cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El documento detalla el historial procesal de este caso y de dos demandas posteriores presentadas por la parte recurrida con las mismas alegaciones. La primera demanda (F CD2012-0295) fue desistida voluntariamente sin perjuicio por Doral Bank. La segunda demanda (F CD2012-1608) fue desestimada sin perjuicio por inactividad. La tercera demanda (F CD2016-1116), presentada por Scotiabank, fue desestimada por el foro primario a solicitud del peticionario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega el recurso de certiorari solicitado por el señor Gendes Mateo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202101066. Universal Insurance Company solicitó un auto de Certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Universal. Universal argumentaba que la demanda de los recurridos por incumplimiento de contrato de seguro estaba prescrita. Los recurridos reclamaban daños a su propiedad por el Huracán María bajo una póliza de Universal. El foro primario concluyó que la presentación de un pleito de clase previo, donde Universal figuró como co-demandada, interrumpió el término prescriptivo. Por tanto, el TPI determinó que la acción de los recurridos no estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por Universal. Esta decisión valida la determinación del TPI sobre la interrupción del término prescriptivo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El pleito se originó por un accidente de motora en 2009, demandando los perjudicados a la Autoridad de Carreteras y Transportación, quien trajo como terceros demandados a Empresas Fortis y Universal Insurance Company. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en 2017, concediendo varias partidas, incluyendo $50,000 por angustias mentales a la Sra. Marta Guindín González. Una apelación previa modificó esa sentencia y ordenó reevaluar las indemnizaciones. El foro primario emitió una Resolución en 2021 reiterando la partida de $50,000 para la señora Guindín. Empresas Fortis y Universal Insurance Company recurrieron de esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. El panel revisó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación apelada, manteniendo la concesión por angustias mentales a la señora Guindín.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por el padre de un menor. El peticionario solicita la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la relocalización provisional del menor a Tampa, Florida, bajo la custodia de la madre. El caso se originó con una reclamación del padre buscando patria potestad y custodia compartida, oponiéndose al plan de la madre de mudarse. El Tribunal de Primera Instancia prohibió inicialmente la remoción del menor de Puerto Rico sin autorización judicial. La madre, quien tenía la custodia de facto, solicitó formalmente la autorización para mudarse a Florida por una oferta de empleo, proponiendo un régimen de visitas virtuales y viajes. El padre se opuso firmemente a la relocalización, argumentando que el entorno del menor estaba en Puerto Rico. Tras una vista, el Tribunal de Primera Instancia determinó la patria potestad compartida, otorgó la custodia a la madre y estableció relaciones paternofiliales, refiriendo el asunto de la relocalización a la Unidad Social. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia autorizó provisionalmente el traslado, decisión que el padre apeló mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Finance of America Reverse, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Foro Primario desestimó el caso por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. La demanda original alegaba el incumplimiento de los demandados con la obligación de usar la propiedad hipotecada como residencia principal. Durante el proceso, el demandante, no residente, fue requerido a prestar una fianza. También enfrentó dificultades para emplazar a una de las codemandadas, Paula de Jesús Ruiz, titular registral de la propiedad. El tribunal denegó una solicitud inicial de emplazamiento por edicto hasta que se prestara la fianza. Aunque la fianza fue prestada posteriormente, el demandante no completó el emplazamiento de la señora de Jesús Ruiz. El Foro Primario denegó una solicitud de sentencia en rebeldía al no constar el emplazamiento de dicha codemandada. Esta falta de emplazamiento fue el fundamento para la desestimación del caso por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión y confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito original fue presentado por Bosco IX Overseas, LLC contra Ángel Luis Burguillo de León sobre una propiedad en Cataño. Tras dictarse sentencia sumaria y programarse una subasta, compareció Neiza Sánchez Guzmán. La señora Sánchez Guzmán solicitó intervenir en el caso, alegando ser co-propietaria y parte indispensable. Argumentó que la falta de su inclusión viciaba el procedimiento y solicitó el relevo de sentencia y la paralización de la subasta. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar su moción y la instruyó a presentar un pleito independiente. La señora Sánchez Guzmán recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Orden recurrida del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso presentado por Hernesto y Katherine Román. Los señores Román impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que los declaró incursos en desacato. El TPI les impuso una multa diaria por incumplir una orden previa dictada al amparo de la Ley Núm. 140. La orden original de diciembre de 2020 estableció un Estado Provisional de Derecho en una controversia con sus vecinos. Dicha controversia versaba sobre la reubicación de una pared, una antena y cámaras de seguridad, así como problemas de convivencia. Los señores Román alegaron que la sanción por desacato violó su debido proceso al no ser citados a la vista correspondiente. La parte recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en ejercicio de sus facultades, expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal revocó la Resolución del TPI que declaró a los señores Román en desacato.

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Héctor L. Torres Vega presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución enmendó sus sentencias dictadas en 2002, que originalmente incluían separación permanente de la sociedad por asesinato y otros delitos, además de penas por violaciones a la Ley de Armas. Aplicando el principio de favorabilidad, el foro primario cambió la separación permanente a una pena de 99 años y dispuso que algunas sentencias se cumplirían concurrentemente. No obstante, ordenó que las penas por infracciones a la Ley de Armas se cumplieran de forma consecutiva a las restantes sentencias. El peticionario se opuso a que las penas por Ley de Armas fueran cumplidas de forma consecutiva. Tras examinar el recurso y la oposición del Pueblo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el reclamo del peticionario resultaba improcedente. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

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Rubén De Jesús González Santiago demandó a Televicentro de Puerto Rico por difamación, alegando que una noticia del 6 de abril de 2019 lo identificó falsamente como un "ex convicto federal asesinado". Televicentro solicitó la desestimación del caso por prescripción, argumentando que el término de un año para demandar venció el 6 de abril de 2020. El demandante afirmó haber interrumpido el término enviando una carta extrajudicial el 3 de abril de 2020. Televicentro replicó que la interrupción no fue efectiva porque la carta fue recibida el 7 de abril de 2020, un día después de la fecha límite. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación, entendiendo que el término prescriptivo sí fue interrumpido. Inconforme, Televicentro acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. La petición cuestiona si el TPI erró al considerar interrumpido el término prescriptivo por una carta recibida tras su vencimiento. Esta resolución detalla los antecedentes procesales y los argumentos de las partes sobre la oportunidad de la demanda por difamación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Héctor Manuel García Villegas. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción bajo la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba corregir una sentencia impuesta por violación a la Ley 54 (violencia doméstica). El peticionario alegaba que su condena de siete años de prisión era ilegal. Argumentaba que la sentencia excedía el límite legal y no aplicaba correctamente la reducción por atenuantes concedida por el propio TPI. El TPI había declarado No Ha Lugar su solicitud de corrección de sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Consideró que el TPI incurrió en error al denegar la moción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.