Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 110)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Erik Y. Rolón Suárez y otros. La parte peticionaria impugnó una Resolución y Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen primario había declarado sin lugar una solicitud de desestimación en un caso de alegado discrimen político. El foro primario concluyó que la demanda contenía alegaciones suficientes para configurar una causa de acción por daños en esa etapa procesal. La parte peticionaria solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones determinó no intervenir. La mayoría del panel consideró que la parte peticionaria no demostró un error del foro primario que justificara la expedición del auto en esta etapa. En consecuencia, se denegó la expedición del auto de certiorari. El Juez Rodríguez Casillas emitió un voto disidente, indicando que habría expedido el auto y modificado la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Los peticionarios, abogados, buscan el cobro de honorarios de la ACAA tras representar empleados en un caso laboral que culminó en un acuerdo transaccional sin pago de honorarios. Los abogados demandaron a la ACAA reclamando el 25% de los beneficios futuros estimados recibidos por los empleados (reinstalación). La ACAA se opuso, argumentando que los honorarios debían evaluarse bajo la doctrina de *quantum meruit* basada en horas trabajadas. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los abogados presentar un memorando detallando las gestiones, tiempo dedicado y valor razonable por hora para cada cliente. Los peticionarios recurrieron esta orden, alegando que el TPI erró al no aplicar un cálculo porcentual basado en los beneficios del cliente y al requerir un desglose por cliente y por hora. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari. Esto mantiene la orden del Tribunal de Primera Instancia de sustentar los honorarios reclamados con un desglose detallado por gestiones, tiempo y valor por hora para cada cliente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia en el caso entre Midland Credit Management Puerto Rico, LLC y Hefziba Ventura. La apelante, Hefziba Ventura, presentó una solicitud para archivar el caso por desistimiento estipulado entre las partes. El tribunal consideró dicha solicitud. Con fecha de 13 de octubre de 2021, el tribunal declaró "Ha Lugar" a la solicitud. En consecuencia, se dictó sentencia desestimando el caso con perjuicio. Se ordenó el cierre y archivo definitivo del procedimiento de apelación. La sentencia fue acordada por el panel integrado por las Juezas Dominguez Irizarry y Rivera Marchand, y el Juez Salgado Schwarz.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación. José Ismael Rivera Otero apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Dorado. El caso original fue una demanda de cobro de dinero presentada por la Asociación De Dueños De Quintas De Dorado, Villamar y Gable Breeze, Inc. La Asociación reclamaba cuotas de mantenimiento vencidas por la propiedad del Sr. Rivera. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la Asociación, ordenando el pago de \$4,466.32 más intereses, costas y honorarios. El Sr. Rivera solicitó reconsideración, la cual fue denegada, procediendo a apelar. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba documental y testifical presentada en el foro primario. Se determinó que el apelante estaba obligado al pago de las cuotas según las condiciones de su propiedad. La evidencia, incluyendo estados de cuenta y testimonio, sustentó la deuda reclamada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de una sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue desestimado porque el demandante, residente de Pensilvania, no cumplió con la orden de prestar una fianza de no residente requerida. Meses después de la desestimación, el demandante solicitó que se aclarara la sentencia y se declarara que la desestimación era sin perjuicio. El tribunal primario accedió a la solicitud, enmendando la sentencia para que la desestimación fuera sin perjuicio. El demandado apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso y los fundamentos legales. Concluyó que procedía revocar la sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia.

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Este recurso de apelación surge de una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Bello Horizonte, representado por su nueva presidenta, contra miembros de la junta anterior. La demanda buscaba detener una asamblea convocada por los demandados y validar la elección de la nueva junta, argumentando que el término de la junta anterior había expirado. Los demandados cuestionaron la legitimidad de la nueva junta y solicitaron la desestimación por falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia (TPI), alegando que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) tenía jurisdicción primaria. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción sin celebrar vista ni permitir a la parte demandante responder a la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen del TPI. Se determina que el TPI erró al desestimar el caso por falta de jurisdicción. El caso es devuelto al foro primario para que continúen los procedimientos.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. Owen Thomas Callahan apeló decisiones del Tribunal de Primera Instancia, incluyendo la desestimación de su reconvención y la denegación de convertir el procedimiento sumario a ordinario. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso como apelación. La corte se centró en determinar si poseía jurisdicción para atender el recurso. Tras revisar el expediente, encontró que el apelante presentó la apelación fuera del término jurisdiccional establecido. La Sentencia subraya la naturaleza fundamental de la jurisdicción y el deber de los tribunales de velar por ella. La presentación tardía del recurso priva al tribunal apelativo de autoridad para adjudicar el caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia entre Gaddiel Pérez Ortiz y Bessy E. Pérez Cartagena. La controversia central es la negativa del Tribunal de Primera Instancia a autorizar la actualización de un informe social forense. La señora Pérez Cartagena solicitó la actualización, argumentando que el informe original estaba desfasado y no reflejaba la realidad actual de las partes, crucial para determinar la custodia de la menor. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari presentado por la peticionaria y la oposición del recurrido. Se enfatiza que las decisiones de custodia deben basarse en el bienestar y los mejores intereses del menor. Un informe social desactualizado puede impedir una determinación adecuada basada en las circunstancias presentes. Por ello, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Se revoca la determinación del foro primario que denegó la actualización del informe social.

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Un panel de jueces revisó un recurso especial presentado por Kenneth Montoya Martínez contra la denegatoria de beneficios de desempleo por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El recurrente fue despedido por Lufthansa Technik Puerto Rico tras un altercado físico con un compañero de trabajo. Las normas de conducta de la empresa sancionan el asalto físico con despido, incluso en un primer incidente. El Negociado de Seguridad de Empleo denegó los beneficios, concluyendo que el despido se debió a la violación de una norma perjudicial para el patrono. La División de Apelaciones y el Secretario del Trabajo confirmaron esta determinación tras revisar los hechos. El recurrente apeló, argumentando que fue un incidente único y su primera falta. Tras revisar el expediente administrativo, el tribunal confirmó la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Multinational Insurance Company. La aseguradora impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigió pagar \$109,840.03 al Consejo de Titulares del Condominio Villas del Mar. Este pago fue ordenado como un adelanto en una reclamación por daños causados por el huracán María en 2017. El Consejo de Titulares demandó a Multinational por incumplimiento de contrato y daños, reclamando \$12.5 millones. La aseguradora había ofrecido previamente \$192,654.28 como pago total, pero el Consejo lo rechazó como tal, aceptando un pago parcial de \$86,671.00. La orden del foro primario se basó en la diferencia entre la cantidad que Multinational admitió adeudar (\$192,654.28) y el pago parcial ya realizado. Multinational argumentó que la reclamación estaba sobrestimada y constituía fraude. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decide denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la orden del Tribunal de Primera Instancia de pagar el adelanto se mantiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Myrtha X. Pérez Robledo. La peticionaria impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de pago de intereses legales por temeridad. Dicha solicitud se refería a una sentencia previa que le concedió daños y perjuicios en un caso de accidente automovilístico contra Nelson López Santana y otros, incluyendo Mapfre. La sentencia original condenó a Mapfre al pago de daños, honorarios e interés legal. La controversia surgió cuando la peticionaria reclamó intereses adicionales por temeridad desde la fecha de la demanda, lo cual fue rechazado por el foro primario. Inconforme, presentó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, Mapfre, solicitó la desestimación del Certiorari por incumplimiento procesal. Alegó que la peticionaria no notificó el recurso a tiempo, enviándolo por correo al día siguiente de vencer el término. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido al incumplimiento de las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo, específicamente la notificación tardía a las partes.

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Se resuelve una petición de certiorari presentada por la Sra. Verónica Sastre Robles ante el Tribunal de Apelaciones. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de supresión de evidencia testifical. La evidencia testifical en cuestión corresponde a los testimonios de coacusados en su caso. La peticionaria argumentó que dichos testimonios eran fruto del árbol ponzoñoso, derivados de sus propias declaraciones previamente suprimidas. El Tribunal Supremo había ordenado la supresión del testimonio de la peticionaria por violación a su derecho contra la autoincriminación. Una sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones había revocado una denegatoria previa y ordenado una vista evidenciaria sobre la supresión de los testimonios de los coacusados. La resolución ahora recurrida, emitida tras ese proceso, volvió a denegar la supresión de los testimonios de los coacusados. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. En el caso subyacente, Zoraida Castro demanda a la Cooperativa y a otro por daños y perjuicios tras el fallecimiento de su hijo en un accidente. La señora Castro reclama daños morales y angustias emocionales. La Cooperativa argumentó en su solicitud de sentencia sumaria que su póliza de seguro no cubría los daños reclamados por la señora Castro, interpretando que la definición de "lesión corporal" excluía los daños morales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, entendiendo que existían controversias de hecho y que la inclusión de angustias mentales dentro de "lesión corporal" es compatible con el derecho local. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Cooperativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emite una Resolución sobre un recurso discrecional de Certiorari presentado por Karim Feliciano Acosta. La Peticionaria buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha decisión declaró No Ha Lugar su solicitud para que no se consideraran unas capitulaciones matrimoniales otorgadas posterior a una petición de revisión de pensión alimentaria. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó no expedir el auto de Certiorari solicitado. Aunque no están obligados a fundamentar la denegatoria, explican su decisión. Señalan que, si bien la sociedad de bienes gananciales responde por las pensiones, los regímenes económicos matrimoniales pueden cambiar. Tras evaluar el expediente, no encontraron indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Tampoco identificaron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a los criterios de discreción, por lo que se deniega la expedición del auto de Certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Cobra Acquisitions, LLC mediante una Petición de Certiorari. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitida el 24 de marzo de 2020. Dicha Orden requirió a Cobra contestar una reconvención presentada por el Municipio de Cayey. El litigio original inició con una demanda de Cobra contra el Municipio, AEE y ELA. Cobra buscaba una sentencia declaratoria sobre la ilegalidad de arbitrios de construcción y patentes municipales impuestos por el Municipio por trabajos para la AEE. Cobra alegaba exenciones legales y falta de jurisdicción municipal. El Municipio defendió su facultad impositiva y presentó la reconvención y una moción de remedio provisional. Cobra solicitó reconsideración de la orden del TPI, argumentando que la reconvención era compulsoria y tardía. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega el auto de certiorari solicitado por Cobra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari sobre alimentos. La peticionaria, Wanda Pérez Rodríguez, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le negó legitimación activa para reclamar el reembolso de deuda de pensión alimentaria acumulada. La deuda correspondía al sustento de su hijo con Manuel A. Vázquez Ortega mientras el menor estaba bajo su custodia exclusiva. El foro primario determinó que, al haber el hijo alcanzado la mayoría de edad, la deuda debía ser reclamada por él. La peticionaria argumentó que tenía derecho al reembolso por los gastos incurridos durante la minoría del hijo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al negar la legitimación activa a la madre. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un Recurso de Certiorari presentado por Axesa Servicios de Información y Caribe Media. Las peticionarias buscan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que denegó una solicitud de orden protectora. El caso original es una demanda por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, presentada por Yadira Abouomar Rivera. La demandante reclama daños, alegando que su despido no estuvo justificado. Axesa defiende el despido como necesario por reorganización y reducción de costos post-huracán María. Caribe Media alega no ser patrono de la demandante. La controversia apelada se centra en una disputa de descubrimiento durante una deposición. Las peticionarias impidieron preguntas sobre la compensación de una ejecutiva clave. La demandante argumenta que esta información es crucial para evaluar la defensa de reducción de costos. La Orden recurrida, al denegar la protección, permitió indagar sobre dicha compensación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202100356. La peticionaria, General Mechanical \& Plumbing Services Inc., recurre de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El caso original es una querella sobre salarios presentada por Israel Crespo Muñiz. Crespo reclamó el pago de comisiones adeudadas por negocios que alegó haber gestionado para la empresa. GMPS negó la existencia de la deuda y solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria, argumentando que Crespo carecía de prueba. El recurrido se opuso, señalando que el descubrimiento de prueba no había concluido y que GMPS no había producido documentos relevantes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al considerar que existían hechos controvertidos. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos de las partes y procedió a expedir y confirmar la Resolución recurrida, aunque ordenó su modificación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una controversia entre el Consejo de Titulares del Condominio Vista Verde y su aseguradora, Mapfre Praico Insurance Company, sobre daños causados por el huracán María. El condominio demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato, disputando la valoración de los daños. Mapfre ajustó la reclamación y ofreció un pago final de $898,737.05$, mientras el condominio estimaba los daños en una suma significativamente mayor. El condominio solicitó al Tribunal de Primera Instancia una sentencia sumaria parcial para ordenar el pago inmediato de la cantidad no controvertida según el propio ajuste de Mapfre. Mapfre se opuso, argumentando que el pago parcial requería que no hubiera controversia sobre las partidas reclamadas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud, ordenando a Mapfre pagar los $898,737.05$. Mapfre apeló esta decisión, alegando error al ordenar dicho pago parcial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por el Lcdo. Mario Ariel Mercado Galarza. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI había declarado Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial del propio apelante. En ese dictamen, el TPI determinó que el licenciado Mercado Galarza tenía derecho al pago de \$12,850.54 más intereses por honorarios legales. Estos honorarios correspondían a la representación del apelado, Alejandro Torres Arroyo, en un pleito laboral. El apelante argumentaba que se le adeudaba una suma mayor (\$264,000) basada en un contrato del 33% y el valor de un inmueble adjudicado al cliente en subasta para cobrar la sentencia laboral. El TPI basó su determinación en el 25% de la indemnización original concedida en el pleito laboral. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada. Esto valida la determinación del TPI sobre el monto de los honorarios adeudados.

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Una resolución judicial atiende la solicitud de la señora Wanda Ruiz Aponte para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Añasco. El TPI había resuelto que Midland Credit Management Puerto Rico, LLC la citó conforme a derecho en una acción de cobro de dinero bajo la Regla 60. La señora Ruiz alegó que la notificación fue defectuosa, argumentando falta de acuse de recibo personal y que no se encontraba en Puerto Rico en la fecha de entrega por correo certificado. Midland presentó evidencia de envío por correo certificado con confirmación de entrega. El TPI denegó la reconsideración solicitada por la señora Ruiz, reafirmando la validez de la notificación. La señora Ruiz presentó un recurso, acogido como certiorari, contra esta determinación interlocutoria del TPI. Midland no presentó alegato en oposición. El tribunal revisor, tras considerar el recurso, deniega la expedición del certiorari solicitado por la señora Ruiz.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió dos recursos de revisión administrativa presentados por Geovanny Ortiz Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Los recursos impugnaban la denegatoria de su solicitud para participar en el Programa para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El peticionario cumple una sentencia de 152 años por varios delitos, incluyendo infracciones a la Ley de Armas. La agencia denegó su solicitud basándose en que le restan más de cinco años para cumplir el mínimo de su sentencia (hasta 2044) y no ha cumplido la pena por la infracción a la Ley de Armas. Ortiz Pérez presentó una reconsideración ante la agencia y luego dos recursos de revisión judicial. El tribunal consolidó los recursos. Se desestimó el primer recurso por prematuro, ya que se presentó mientras la reconsideración ante la agencia estaba pendiente. El tribunal confirmó la resolución de la agencia en el segundo recurso, validando la decisión del DCR de excluir al peticionario del programa.

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Sentencia de un panel judicial sobre un recurso de revisión presentado por el Sr. Pablo E. García Vega contra una resolución de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP). La resolución de la JLBP, notificada el 10 de mayo de 2021, denegó la libertad bajo palabra al recurrente. Sin embargo, la JLBP pospuso una nueva consideración del caso para noviembre de 2021, pendiente de información adicional del Departamento de Corrección. Sorprendentemente, el recurrente solicitó en su recurso la confirmación de dicha resolución de la JLBP. Además, el recurrente no formuló señalamientos de error atribuibles a la JLBP en su apelación. El Departamento de Corrección, representado por el Procurador General, solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el foro carecía de jurisdicción porque el recurrente no impugnó la decisión ni alegó errores, y el recurso era prematuro al solicitar la confirmación. El tribunal acogió el argumento del Procurador General. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Condado 5, LLC (apelada) y Montano Corporation y otros (apelantes). Los apelantes recurren la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Condado 5. Condado 5 demandó alegando que adquirió facilidades de crédito de FirstBank otorgadas a los apelantes, quienes incumplieron y suscribieron un acuerdo de reconocimiento de deudas. La apelada reclamó una suma adeudada basada en dicho acuerdo y las facilidades adquiridas. Los apelantes se opusieron a la sentencia sumaria, argumentando que Condado 5 incumplió el acuerdo al no permitir la venta de vehículos que servían de garantía ni aplicar los pagos recibidos. Alegaron que la apelada se negó a liberar títulos de vehículos vendidos, impidiendo la satisfacción de la deuda y actuando de mala fe. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decide revocar la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Alejandro Berríos Rivera. El Sr. Berríos Rivera solicita la revocación de la sentencia de culpabilidad dictada por el Tribunal de Primera Instancia por tentativa de asesinato e infracciones a la Ley de Armas. El caso se originó por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2014, relacionados con un incidente de disparos. El apelante fue acusado bajo el Código Penal y la derogada Ley de Armas. El tribunal apelativo revisa el caso tras un juicio en su fondo celebrado en varias fechas entre 2018 y 2019. La sentencia inicia detallando el historial procesal, incluyendo una solicitud de fianza en apelación que fue denegada. Luego, presenta resúmenes de testimonios de la transcripción de la prueba oral del juicio. El testimonio de un agente técnico de escena criminal describe el lugar, un vehículo con múltiples impactos de bala y la evidencia recopilada. El testimonio de la víctima relata haber sido seguido y disparado mientras conducía el 31 de marzo de 2014. El documento expone los hechos iniciales y la evidencia presentada en el proceso apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que invalidó la confiscación de un vehículo. El TPI basó su decisión en que el proceso penal relacionado con los hechos que motivaron la confiscación fue desestimado por violación a los términos de juicio rápido. El Estado Libre Asociado apeló, argumentando que la desestimación penal no constituyó una determinación sobre si el vehículo fue utilizado en un delito. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al invalidar la confiscación únicamente por el desenlace del proceso penal. De conformidad con la Ley 119-2011, el resultado de un proceso penal relacionado, sin una adjudicación expresa de que el bien no fue utilizado en un delito, no tiene pertinencia para determinar la validez de la confiscación. Una desestimación por juicio rápido no equivale a tal determinación. Por lo tanto, la sentencia del TPI fue incorrecta al no considerar si el vehículo fue efectivamente utilizado en la comisión de un delito.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por C\&C Management Holding, Corp. contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró con lugar una demanda por vicios ocultos y daños presentada por Gladys Rossy Acevedo. La señora Acevedo alegó que la propiedad que adquirió, construida por C\&C, presentaba graves defectos de construcción debido a la falta de un estudio de suelo adecuado, lo que la hacía inhabitable. Enumeró múltiples vicios como grietas, filtraciones, moho y problemas estructurales que ponían en riesgo su seguridad. La demandante solicitó compensación por los daños a la propiedad, gastos incurridos y daños mentales. C\&C negó las alegaciones, argumentando que la propiedad no estaba inhabitable y planteando defensas como la prescripción y la visibilidad de los defectos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia apelada, ratificando la responsabilidad de C\&C por los vicios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. JML Investment, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El TPI había denegado la moción de desestimación de JML y fallado a favor de Gilbert J. López Delgado. López Delgado demandó a JML por una deuda relacionada con servicios de quiebras. JML argumentó que el TPI no tenía jurisdicción sobre ellos debido a un emplazamiento defectuoso. A pesar de la objeción, el TPI anotó la rebeldía de JML y ordenó el pago de la cantidad reclamada. JML apeló, señalando como error principal la actuación del TPI al dictar sentencia sin un emplazamiento válido. El Tribunal de Apelaciones, basándose en los fundamentos expuestos, revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Salinas. La apelación fue presentada por Mapfre Pan American Insurance Company contra el Consejo de Titulares del Condominio Paseo Horizonte I y otros. El caso original trata sobre reclamaciones de seguros por daños causados por los Huracanes Irma y María e incumplimiento de contrato. El Tribunal de Primera Instancia había concedido una solicitud de sentencia sumaria parcial de los apelados. Dicha sentencia ordenaba a Mapfre pagar la suma de \$254,412.23 como pago parcial de la reclamación. Los apelados basaron su solicitud en un informe pericial de Mapfre que estimaba los daños en \$341,034.30, argumentando que constituía una admisión de deuda parcial. Al revocar la sentencia, el Tribunal de Apelaciones devuelve el caso al foro primario. Los procedimientos deberán continuar conforme a lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Serenity By The Sea, Inc. (apelante) y Oriental Bank (apelada). Serenity apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su causa de acción por incumplimiento de contrato contra Oriental Bank. Tras la Sentencia Parcial, ambas partes presentaron mociones de reconsideración ante el TPI. Serenity solicitó que no se desestimara su reclamación, mientras que Oriental Bank pidió que la desestimación fuera con perjuicio. El TPI emitió una Resolución atendiendo solo la moción de Serenity, denegándola, pero no resolvió la moción de reconsideración de Oriental Bank. Serenity presentó entonces este recurso de apelación. Oriental Bank señaló en su oposición que su moción de reconsideración aún estaba pendiente ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en que el recurso es prematuro, ya que el TPI no ha resuelto la moción de reconsideración presentada por Oriental Bank, lo que impide que la sentencia sea final y apelable.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. El demandante, Jesús Rodríguez Rivera, reclamó daños a su propiedad causados por el Huracán María a su aseguradora, la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La aseguradora emitió cheques para cubrir los daños reclamados. Estos cheques contenían una advertencia clara en el área de endoso indicando que el endoso constituía la liquidación total y definitiva de la reclamación. El demandante endosó y cambió los cheques. Posteriormente, el demandante alegó que el pago era insuficiente y demandó a la aseguradora, afirmando haber cambiado los cheques "bajo protesto", aunque esta alegación se hizo después de haberlos cobrado. La aseguradora solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina de pago en finiquito ("accord and satisfaction"). El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia apelada.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El apelante, Jaime Enrique Toro Monserrate, solicitó el relevo de la pensión excónyuge a favor de la apelada, Vivian Vera Irizarry Rodríguez, alegando una reducción sustancial de sus ingresos. La sentencia de divorcio original, basada en un acuerdo mutuo, incluía una cláusula específica para casos de reducción de ingresos. Dicha cláusula estipulaba una reducción interina de la pensión a una cantidad mínima, no su eliminación total. El Tribunal de Primera Instancia evaluó la prueba y determinó que, si bien hubo reducción de ingresos, el apelante estaba obligado por los términos del acuerdo voluntario. Por tanto, el foro primario denegó el relevo total pero decretó una rebaja de la obligación conforme a lo pactado. El apelante recurrió esta decisión buscando la desestimación completa del pago de pensión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Resolución apelada. La sentencia del apelativo valida que el apelante está sujeto a los términos del acuerdo de divorcio, el cual solo permite una reducción de la pensión bajo las circunstancias de merma de ingresos, no su cese total.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa instado por Geovanny Ortiz Pérez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario solicitó ser evaluado para el Programa para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad, pero la agencia denegó su solicitud. La denegación se basó en que al peticionario le restan más de cinco años para cumplir el mínimo de su sentencia y no ha cumplido la pena por un delito de Ley de Armas. El peticionario presentó una reconsideración administrativa y, mientras esta estaba pendiente, instó un primer recurso de revisión judicial. Posteriormente, tras la denegación de la reconsideración, presentó un segundo recurso de revisión. El Tribunal consolidó ambos recursos. La agencia solicitó la desestimación del primer recurso por prematuro, lo cual el Tribunal concedió. Finalmente, el Tribunal confirma la resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el segundo recurso, validando la denegación de la solicitud del peticionario para el programa de pre-reinserción.

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Recurso de revisión judicial presentado por Carmelo Ramos Soto contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna la desestimación por parte de la División de Remedios Administrativos del DCR de una solicitud suya por falta de jurisdicción. Dicha solicitud administrativa cuestionaba la suspensión de su trabajo antes de la celebración de una vista disciplinaria. El DCR desestimó la solicitud inicial argumentando que el trámite disciplinario aún no había culminado. Posteriormente, se celebró la vista disciplinaria, resultando en una amonestación por una de las faltas imputadas, decisión que el recurrente no recurrió administrativamente. En su revisión judicial, el recurrente alega que la desestimación de su solicitud administrativa fue errónea, dado el supuesto incumplimiento del DCR con el proceso disciplinario. El DCR, por su parte, sostiene que el recurrente no agotó los remedios administrativos pertinentes a la determinación disciplinaria final. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Puerto Rico Hardwood Floors, Inc. solicitando la revisión de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo surgió de una querella presentada por Edna Dumas por incumplimiento en un contrato de instalación de piso de madera. El DACo decretó la resolución del contrato y ordenó a Hardwood Floors pagar $20,000 a la Sra. Dumas por los trabajos defectuosos. Hardwood Floors recurrió, alegando que el DACo no garantizó el debido proceso de ley, particularmente en relación con un informe de inspección y el estimado de costos. También argumentó que las determinaciones del DACo no estaban sostenidas por la evidencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del DACo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Sandra Ivelisse Alcaide López contra Mapfre Praico Insurance Company. La apelación proviene de una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe relacionada con una reclamación de seguro por daños del huracán María. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había desestimado la demanda con perjuicio. La desestimación del TPI se basó en la alegada falta de interés de la demandante y el incumplimiento de las órdenes de manejo del caso. La Sra. Alcaide López apeló la decisión del TPI, solicitando su revocación. Tras revisar los antecedentes del caso y el proceso judicial en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de Certiorari Criminal presentado por Francisco Luis Cartagena Figueroa. El peticionario impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una acusación por asesinato en segundo grado bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Cartagena Figueroa alegó que la prueba presentada en la vista preliminar no demostró los elementos del asesinato en segundo grado, sino los de un asesinato atenuado, argumentando la ausencia de malicia premeditada. El Ministerio Público se opuso, afirmando que la prueba sí estableció todos los elementos del delito imputado. El Tribunal de Primera Instancia, tras revisar los testimonios, concluyó que hubo prueba suficiente para determinar causa por asesinato en segundo grado, considerando que el acto fue cometido temerariamente y causó la muerte. La corte de instancia detalló las acciones del peticionario, como buscar el arma, ignorar advertencias y disparar a la víctima. En esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por el peticionario.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La resolución atiende una petición de certiorari presentada por Otto Palacios. El señor Palacios impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El foro primario determinó que existían hechos controvertidos que requerían un juicio en su fondo. La parte peticionaria alegó que el tribunal de instancia erró al denegar la sentencia sumaria y al omitir discutir un planteamiento de derecho. Tras examinar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el peticionario no demostró que el foro primario cometiera un error que justificara su intervención en esta etapa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una moción urgente en auxilio de jurisdicción en un caso de alimentos. El peticionario solicitó paralizar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba y una moción de reconsideración. El peticionario argumentó que la abogada no pudo completar el descubrimiento debido a un contagio de COVID-19. La orden recurrida mantuvo una vista señalada y ordenó cumplir con el intercambio de prueba previo. El Tribunal de Apelaciones desestima la moción. Fundamenta su decisión en que la Regla 79 de su Reglamento requiere la preexistencia de un recurso principal para poder emitir órdenes en auxilio de jurisdicción. Dado que el recurso de Certiorari aún no había sido presentado, el Tribunal carece de jurisdicción para considerar la solicitud de paralización.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en un recurso de Certiorari instado por Supermercado Máximo y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM). Impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la ejecución de una Sentencia previa. La Sentencia original condenó a Supermercado Máximo e Integrand Assurance Company al pago de daños y perjuicios por una caída. Integrand, la aseguradora, se encuentra en proceso de liquidación conforme al Código de Seguros. La parte peticionaria argumentó que el pago debe regirse por las normas de liquidación, no por la ejecución ordinaria. La parte recurrida solicitó la ejecución ordinaria, alegando que el término para reclamaciones en la liquidación había vencido. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la ejecución. El Tribunal de Apelaciones expide el Certiorari. Modifica el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia y, así modificado, lo confirma.

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El Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de certiorari. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó permitir la inspección de sus instalaciones por la Junta de Planificación. La Junta había solicitado la orden judicial tras recibir una querella por supuesta construcción sin permisos y serle negado el acceso a la propiedad. El foro primario emitió una orden *ex parte* autorizando la inspección. Como resultado de la inspección, la Junta expidió un boleto de multa administrativa. El Concilio solicitó reconsideración al Tribunal de Primera Instancia, argumentando que la orden de registro violaba garantías constitucionales y no cumplía los requisitos para un registro administrativo. El foro primario denegó la reconsideración, indicando que el estándar para órdenes de registro administrativo es menos riguroso. Inconforme, el Concilio acudió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la expedición de la orden sin determinar causa probable y la violación de protecciones constitucionales. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, DENEGÓ expedir el auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de adopción consolidado con privación de patria potestad. La peticionaria, Yolanda Morales Velázquez, abuela materna de la menor, impugnó mediante Certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden eximió al Departamento de la Familia de realizar el estudio social requerido para su solicitud de adopción. El foro primario basó su decisión en que la menor no residía con la abuela, según alegó el Departamento. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. La corte determinó que la exención del estudio social fue incorrecta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso principal involucra la privación de patria potestad de los padres biológicos y la solicitud de adopción por parte de un matrimonio que ostenta la custodia física. La abuela argumenta que la custodia de terceros no fue legal y que su adopción es en el mejor interés de la menor, con quien mantiene lazos afectivos y cuya hermana reside con ella.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Carlos Erazo Santana, miembro de la población correccional, impugnó una respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba una bonificación por actos heroicos. Alegó haber asistido a un oficial correccional que sufrió un percance de salud en octubre de 2019, brindando primeros auxilios y alertando a otros. Realizó múltiples gestiones administrativas para obtener el reconocimiento y la bonificación. La respuesta administrativa recurrida, emitida en junio de 2021, indicaba que ya había sido orientado sobre su petición. Inconforme, el señor Erazo acudió al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente, el Tribunal resolvió confirmar la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Paisajes del Escorial y otros contra MAPFRE Praico Insurance Company. La petición buscaba revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción para eliminar defensas afirmativas de MAPFRE. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños, donde el Consejo de Titulares reclama que MAPFRE no compensó adecuadamente los daños causados por el huracán María. MAPFRE, en su contestación, presentó defensas alegando fraude, daños no cubiertos, incumplimiento de condiciones de póliza y prescripción. El Consejo de Titulares argumentó que MAPFRE había renunciado a estas defensas al no plantearlas en tiempo razonable. El TPI denegó la moción, indicando que las defensas planteaban cuestiones sustanciales de derecho que requerían prueba y no eran inmateriales. El Consejo de Titulares recurrió en certiorari, alegando que el TPI erró al no reconocer la renuncia de MAPFRE a dichas defensas. Tras recibir la oposición de MAPFRE, el Tribunal de Apelaciones resolvió no expedir el auto de certiorari solicitado.

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Comparecen los señores José Pedraza González y Luis Espada Rosado apelando una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia declaró vigente un Contrato de Inversión suscrito con JRO EVENTS, INC. y ordenó a los apelantes el pago de \$15,000 por mensualidades adeudadas y una suma equivalente al 7% de los ingresos brutos del apelante Pedraza por combates. La sentencia del TPI fue dictada en rebeldía tras la incomparecencia de los apelantes en el pleito original. Los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. En apelación, alegaron que el TPI erró al dictar sentencia en rebeldía sin celebrar una vista, privándoles de su día en corte. El panel de jueces revisó los escritos y documentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo confirma la sentencia recurrida.

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Un confinado, Jonathan Santiago Torres, impugnó ante el Tribunal de Apelaciones la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El CCT ratificó su nivel de custodia máxima, a pesar de obtener una puntuación para custodia mínima, basándose en factores discrecionales como el historial de violencia, la gravedad del delito y la extensión de la sentencia. El recurrente alegó que el CCT aplicó erróneamente estos criterios. El DCR solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La agencia argumentó que el acuerdo del CCT no constituye una resolución final sujeta a revisión judicial, al carecer de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El Tribunal de Apelaciones examinó su facultad revisora, limitada a órdenes o resoluciones administrativas finales. Citando la Ley de la Judicatura y la LPAU, el Tribunal determinó que la decisión recurrida no cumplía con los requisitos de una resolución final para ser objeto de revisión judicial. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del 8 de octubre de 2021 dictada por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones. El señor Cesar Gómez Ruiz apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón del 12 de febrero de 2021. Dicha sentencia reconoció su filiación con la menor MTC pero otorgó la custodia exclusiva a la madre, señora Lisette Casas Galbán. El pleito se originó cuando el Apelante presentó una demanda de filiación e interdicto, buscando una prueba de ADN y evitar que la madre saliera de Puerto Rico con la menor. El Tribunal de Primera Instancia ordenó no retirar a la menor de la jurisdicción y que las partes acordaran un laboratorio para la prueba de ADN. Surgieron disputas sobre el cumplimiento de la madre con estas órdenes y la ubicación del laboratorio. El Apelante solicitó varias veces el cumplimiento de la madre y su información de contacto. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decide confirmar la Sentencia recurrida.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso presentado por un confinado, Rey O. Arroyo Belén, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente reclama la pérdida de pertenencias personales durante un traslado entre instituciones correccionales. Tras agotar remedios administrativos, acudió previamente a este Tribunal en el recurso KLRA201900131. En aquel caso, el Tribunal ordenó al DCR devolver o reponer las pertenencias extraviadas. A pesar de la Sentencia firme emitida en junio de 2019, el DCR no cumplió con el mandato judicial. El recurrente presenta ahora este nuevo recurso (KLRA202000184) solicitando que se ordene la ejecución de la Sentencia anterior. El documento detalla el historial del caso, incluyendo los intentos fallidos del recurrente por recuperar sus bienes o ser compensado. Se expone la alegada negligencia del DCR en el manejo de sus reclamos. La Sentencia actual se emite para atender la solicitud de cumplimiento del fallo previo.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un caso de divorcio, custodia y relaciones materno/paterno filiales. La madre, Pamela M. Rodríguez Hernández, presentó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución mantuvo la custodia provisional de los menores con el padre, Erick S. Hernández Figueroa, y ordenó continuar las intervenciones familiares en un instituto de terapia. La madre alegó acciones constitutivas de maltrato y peligro inminente por parte del padre custodio. La custodia de los menores fue inicialmente de la madre, modificándose en 2016 a favor del padre. El foro primario refirió el caso a un instituto para evaluar la dinámica familiar y emitir recomendaciones. El instituto informó sobre un alto nivel de conflicto y problemas en el proceso, incluyendo incidentes con el padre. Ante el recurso de la madre, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari. El Tribunal de Apelaciones procedió a modificar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Un empleado, el señor Torres, presentó una querella contra su empleador, PR Industries, por despido. PR Industries negó las alegaciones, afirmando que el despido ocurrió tras no superar el periodo probatorio debido a violaciones de políticas. La empresa solicitó sentencia sumaria, argumentando que no había controversia de hechos materiales y que el despido estaba justificado, sin relación con una queja previa del empleado contra un supervisor. El señor Torres se opuso, aceptando algunos hechos pero alegando controversias materiales, sosteniendo que era empleado regular y que el despido pudo ser represalia. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la solicitud de sentencia sumaria. El TPI encontró dudas sobre la naturaleza del empleo (probatorio o regular), la firma de contratos, el desempeño del empleado, la queja contra el supervisor y la verdadera razón del despido. Concluyó que la prueba no era suficiente para determinar si el despido fue justificado o por represalias. Inconforme con esta decisión, PR Industries presentó un recurso de Certiorari.