Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 102)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Norberto Colón Canales. El Peticionario cumple una condena de 117 años por asesinato y delitos de armas desde 1999. En 2019, solicitó un nuevo juicio alegando que un informe de accidente de tránsito contenía prueba exculpatoria. El Tribunal de Primera Instancia denegó inicialmente la solicitud, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó una vista para evaluar la prueba. Tras la vista, el TPI volvió a denegar el nuevo juicio, concluyendo que el informe no era prueba exculpatoria y no habría cambiado el veredicto. El Peticionario recurre nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la denegación del nuevo juicio y en el manejo de la prueba y testigos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Barceloneta contra Mapfre Praico Insurance Company. El Municipio solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que permitió el descubrimiento de prueba sobre el Sr. Scott M. Favre. El Sr. Favre fue contratado inicialmente por el Municipio como ajustador público y anunciado como perito en su reclamación de seguros contra Mapfre por daños de huracanes. Mapfre alegó fraude basado en las estimaciones de daños de Favre y buscó deponerlo después de que el Municipio cancelara su contrato. El Municipio argumentó que Favre debía ser considerado un perito consultor protegido del descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia no acogió este argumento y autorizó el descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición del Municipio impugnando esta determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Esta denegación valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de permitir el descubrimiento relacionado con el Sr. Favre.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en dos recursos de certiorari (KLCE202100709 y KLCE202100710). Los recursos provienen de un caso de liquidación de particiones hereditarias y cuota viudal usufructuaria. Se solicitaba la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Una orden (3 de mayo de 2021) declaró ha lugar una moción oponiéndose a la representación legal del Lcdo. Gerardo Casanova Tirado. La otra orden (6 de abril de 2021) denegó su solicitud para representarse a sí mismo y a dos hermanos. Estas órdenes abordan disputas sobre la representación legal de las partes en el litigio sucesorio. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, denegó la expedición de los autos de certiorari solicitados. El documento menciona determinaciones previas del TPI sobre la representación del albacea por otro abogado, indicando que no había conflicto si solo representaba al albacea.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión judicial de la expulsión de un socio de una cooperativa de viviendas. El socio fue expulsado tras un incidente con un arma de fuego en su unidad. Demandó a la cooperativa en el Tribunal de Primera Instancia, alegando violación a su debido proceso de ley. La cooperativa argumentó que cumplió con las garantías procesales, notificó al socio y le dio oportunidad de ser oído, pero este no participó plenamente. Defendió que el incidente no era aislado y que el socio representaba un riesgo para la comunidad. El Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de expulsión. La cooperativa apeló esa determinación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró. Determinó que la cooperativa brindó las debidas garantías procesales y que su decisión sobre la conducta del socio merecía deferencia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El Consejo de Titulares del Condominio Chalets de San Fernando impugna la denegatoria de su moción de sentencia sumaria parcial por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La moción buscaba que se declarara la obligación de Triple-S Propiedad de pagar una suma específica ($263,533.45) que el Consejo alegaba fue ofrecida y no estaba en controversia en un caso de incumplimiento de contrato de seguros. Triple-S se opuso, argumentando que el documento citado era interno, no una oferta, y que existían controversias de hecho. El TPI denegó la moción, resolviendo que el documento era una comunicación interna y que la suma no era líquida ni exigible al no haber sido aceptada. El Consejo de Titulares recurrió, alegando error del TPI. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, Panel VII, fue presentado por Integrand Assurance Company en el marco de su procedimiento de rehabilitación. Integrand solicitó la descalificación del licenciado Juan Moldes Rodríguez, designado como Comisionado Auxiliar Especial en dicho proceso. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, mediante resolución del 17 de febrero de 2021, declaró No Ha Lugar la petición de descalificación. Integrand recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en su Sentencia del 30 de noviembre de 2021 (KLCE202100741), desestimó la causa de acción. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso. Este caso se origina en el procedimiento de rehabilitación iniciado por el Comisionado de Seguros al amparo del Capítulo 40 del Código de Seguros.

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Se presenta un recurso de certiorari por el Sr. Carlos Erazo Santana solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución dispuso "Nada que disponer" respecto a una solicitud del peticionario relacionada con la notificación de una Sentencia previa en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El peticionario había acudido previamente a este Tribunal de Apelaciones alegando falta de notificación de la Sentencia y solicitando una orden al foro primario. Este Tribunal remitió el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que examinara la notificación. El foro primario resolvió que la Sentencia había sido notificada a la dirección conocida del peticionario y no fue devuelta. Mediante el presente recurso, el peticionario impugna esa resolución y reitera su solicitud de notificación adecuada. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del certiorari, DENEGA el recurso presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de Certiorari presentado por Oriental Bank contra Jaime J. Serrano Cardona y varias corporaciones. Oriental Bank solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en una demanda por daños y perjuicios. El recurrido, señor Serrano, alegó que Oriental Bank cerró unilateralmente sus cuentas bancarias y las de sus negocios sin previo aviso en marzo de 2016. Sostuvo que el banco se negó a honrar cheques y le impuso cargos, contraviniendo la buena fe y la práctica bancaria de notificar con antelación. Además, afirmó que Oriental Bank instigó una querella falsa en su contra en agosto de 2016, lo que llevó a la revocación temporal de su fianza federal y arresto domiciliario. El señor Serrano y sus corporaciones reclamaron daños por estas acciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la moción de sentencia sumaria. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó en parte y revocó en parte la resolución recurrida.

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Este tribunal revisa dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia que denegaron solicitudes de relevo de anotación de rebeldía. Las solicitudes fueron presentadas por Maritza Ortega Ramos, Alexandra Marcano Ortega, Josué M. Marcano Ortega y Puerto Rico MC Concrete Contractor, Corp. Estos fueron demandados por Condado Key, Inc. en un pleito sobre fraude de acreedores, alegando traspaso de bienes para defraudar una acreencia previa. El TPI anotó la rebeldía contra los demandados por no comparecer tras ser emplazados, algunos por edictos y la corporación mediante un codemandado. Los demandados solicitaron dejar sin efecto la rebeldía, argumentando defectos en el emplazamiento y falta de conocimiento oportuno de la demanda, citando razones como la pandemia de COVID-19 y residencia fuera de Puerto Rico. El TPI declaró no ha lugar las solicitudes, concluyendo que no se evidenció justa causa para la incomparecencia. Los demandados presentaron reconsideración ante el TPI y luego acudieron a este tribunal mediante certiorari. El tribunal expide el certiorari y revoca las órdenes del TPI.

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Maritza Ortega Ramos, Alexandra Marcano Ortega, Josué M. Marcano Ortega y Puerto Rico MC Concrete Contractor, Corp. solicitaron la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI). En dichas órdenes, el TPI había declarado no ha lugar sus solicitudes para dejar sin efecto anotaciones de rebeldía en su contra. Condado Key, Inc. los demandó por fraude de acreedores, alegando traspasos fraudulentos de bienes para defraudar una acreencia. Los demandados fueron declarados en rebeldía por no contestar la demanda dentro del término legal. Posteriormente, solicitaron el relevo de la rebeldía argumentando defectos en el emplazamiento, desconocimiento reciente del pleito y dificultades para acceder a la información debido a la pandemia de COVID-19. El TPI denegó sus solicitudes, concluyendo que no evidenciaron justa causa para su incomparecencia. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari solicitado. Finalmente, revoca las órdenes del TPI que denegaron el relevo de las anotaciones de rebeldía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de certiorari presentados por el Hospital Auxilio Mutuo. El Hospital impugnó sentencias del Tribunal de Primera Instancia que confirmaron laudos de arbitraje emitidos por el Negociado de Conciliación y Arbitraje. Los casos, consolidados bajo los números KLCE202000412, KLCE202000499 y KLCE202100860, versan sobre la impugnación o confirmación de laudos arbitrales. Una controversia central fue la arbitrabilidad de querellas laborales, argumentando el Hospital falta de jurisdicción arbitral por no existir un convenio colectivo formalmente vigente. La Unión sostuvo que los términos implementados unilateralmente por el Hospital tras un "impasse" incluían el procedimiento de quejas y agravios. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las controversias eran arbitrables y confirmó los laudos. El Tribunal de Apelaciones revisó las decisiones del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias recurridas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos entre parientes. Alessandra G. Costello Serrano recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una orden de arresto por desacato civil contra su padre, Gregory Costello Antolloti. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había ordenado al padre pagar una pensión mensual, el 90% de los gastos de estudio de medicina de su hija y honorarios de abogado. A pesar de que esta sentencia fue confirmada en apelación, el padre cesó los pagos y acumuló una deuda significativa. La hija solicitó una orden de arresto por desacato ante el incumplimiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud. Mediante recurso de certiorari, la hija solicitó la revisión de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la orden de arresto por desacato civil.

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Carlos Crespo Collazo inició un caso de alimentos contra Denisse Rosado Padilla para fijar pensión a favor de su hija menor. Tras la incomparecencia de la madre a una vista, la Examinadora de Pensión Alimentaria recomendó una pensión provisional de $260 mensuales y que el padre cubriera el 50% de gastos de educación y médicos no cubiertos. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta recomendación. El padre presentó múltiples mociones oponiéndose a la responsabilidad del 50% de los gastos de educación privada, alegando incapacidad económica y falta de información. La madre solicitó se declarara al padre incurso en desacato por incumplimiento de pago y se opuso a sus reclamos sobre los gastos escolares, argumentando consentimiento previo y represalias. Controversias sobre descubrimiento de prueba y gastos educativos quedaron pendientes. Una vista final fue reseñalada para abordar estos asuntos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso, acogido como apelación, proviene de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia ordenó el archivo sin perjuicio de la demanda contra los codemandados Francisco Gómez Goytía y Jesús R. Ramos Puca. La decisión del tribunal de instancia se basó en la falta de emplazamiento diligente por parte de la peticionaria, Ana Nidia Blondet Torres. La peticionaria no logró emplazar a estos demandados dentro del término original ni de la extensión de 120 días concedida. Aunque presentó una demanda enmendada y solicitó nuevos emplazamientos, el Dr. Gómez Goytía pidió la desestimación por emplazamiento tardío. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción contra Gómez Goytía y denegó el emplazamiento por edicto contra Ramos Puca. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado, validando la decisión de archivar la demanda contra ambos demandados por incumplimiento de los términos de emplazamiento.

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Sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sra. Carmen Flores Torres solicitó la revisión de la desestimación de su querella contra Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. La querella alegaba despido injustificado y discrimen por condición de salud, supuestamente ocurrido el 9 de febrero de 2019. La Sra. Flores presentó su querella judicial el 21 de diciembre de 2020, tras haber radicado un cargo administrativo ante el EEOC el 5 de diciembre de 2019. Servicios Legales argumentó que las reclamaciones estaban prescritas por haberse presentado la querella judicial fuera del término de un año. Sostuvo que la presentación ante el EEOC no interrumpió la prescripción al no haberse notificado debidamente. La Sra. Flores replicó que la radicación ante el EEOC constituyó notificación e interrupción. El TPI desestimó la querella por prescripción. El panel de jueces confirma la Sentencia del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emitió una Resolución denegando un recurso de Certiorari presentado por José Luis Narváez Rodríguez. El Peticionario buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso penal. Dicha moción argumentaba que la acusación por maltrato a persona de edad avanzada, bajo el Artículo 127(A) del Código Penal, padece de vaguedad. Específicamente, alegaba que la ley no define quién es una "persona de edad avanzada", violentando el principio de legalidad. El Tribunal de Apelaciones consideró los criterios para la expedición discrecional de un certiorari y la doctrina de vaguedad. Se recordó que, fuera del contexto de libertad de expresión, la impugnación por vaguedad debe ser según aplicada a las circunstancias, no de su faz. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal determinó denegar la expedición del auto de certiorari. La resolución fue firmada por el panel compuesto por los Jueces Figueroa Cabán, Brignoni Mártir y Ronda Del Toro.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve recursos de certiorari presentados por el Hospital Español Auxilio Mutuo de PR. Los recursos impugnan sentencias del Tribunal de Primera Instancia que confirmaron laudos arbitrales del Negociado de Conciliación y Arbitraje. La controversia principal detallada se centra en la arbitrabilidad de una querella presentada por la Unión en representación de un empleado suspendido. El Hospital argumentó la falta de un convenio colectivo vigente al momento de la suspensión para negar la arbitrabilidad. La Unión sostuvo que la implementación unilateral de la propuesta final del Hospital tras un impasse estableció el procedimiento de quejas y agravios. Tanto el Árbitro como el TPI determinaron que la controversia era arbitrable. El Hospital recurrió esta decisión ante este tribunal. Los recursos fueron consolidados por tratarse de la misma controversia y el tribunal confirma las sentencias recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en el recurso de revisión judicial presentado por Gabriel Cruz López contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la denegatoria de un remedio administrativo relacionado con la alegada pérdida de cigarrillos y un PlayStation tras un traslado institucional. La División de Remedios Administrativos del Departamento había denegado la reconsideración sobre los cigarrillos por falta de evidencia (recibo), aunque confirmó la disponibilidad del PlayStation. Al evaluar el recurso, el Tribunal identificó deficiencias procesales, incluyendo la ausencia de la fecha de notificación de la determinación administrativa recurrida. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. Se enfatizó que la jurisdicción es un requisito de umbral que no puede ser presumido ni conferido por las partes. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Este caso se origina en una acción de división de comunidad postganancial presentada por Luis F. Delgado Robles contra Jeannette Toledo Rodríguez tras su divorcio en 2004. La disputa central es la naturaleza ganancial de un negocio de laboratorio clínico y su división. El Sr. Delgado alegó que este y otros bienes no fueron incluidos en la sentencia de divorcio. La Sra. Toledo se opuso, argumentando la finalidad de la sentencia y falta de jurisdicción. Tras un extenso historial procesal, incluyendo una apelación previa que llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el laboratorio era un bien ganancial. La Resolución del TPI de 8 de octubre de 2020 estableció la participación del Sr. Delgado en la plusvalía y frutos, ordenando descubrimiento de prueba y nombramiento de un Comisionado Especial. La Sra. Toledo impugnó esta determinación mediante un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en su Resolución de 30 de noviembre de 2021, denegó expedir el auto solicitado. Esta decisión permite que el caso continúe en el TPI para la valoración y división del laboratorio.

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Sentencia de un panel judicial sobre un recurso de revisión presentado por Venegas Construction, Corp. (VCC). VCC impugnó la adjudicación de la subasta CDBG-DR-IFB-2021-01 por la Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda. La Junta descalificó a VCC y adjudicó la buena pro a otros licitadores. VCC alegó que la Junta erró al descalificarla y al emitir un aviso de adjudicación defectuoso. Previamente, VCC presentó una moción de reconsideración ante la Junta, la cual fue acogida por la Junta Revisora. Posteriormente, VCC instó el recurso de revisión judicial. La Junta recurrida solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción y por ser prematuro. El panel judicial analizó el caso a la luz de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. La corte desestimó el recurso de revisión. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por considerar que el recurso fue presentado de forma prematura.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un caso de revisión administrativa. El proceso fue iniciado por Laboratorio Clínico Irizarry Guasch, Inc. contra el Departamento de Salud. El litigio versaba sobre una solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia para la reubicación del laboratorio. La parte recurrente presentó una Moción Urgente Solicitando Desistimiento sin Perjuicio. El Tribunal consideró la solicitud. Como resultado, se ordenó el archivo y cierre del caso. La determinación se basa en el desistimiento solicitado por la parte recurrente. El archivo se efectúa según lo dispuesto en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El señor Harry Martell Rodríguez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud para que el Departamento de Corrección corrigiera su hoja de liquidación de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el señor Martell no había agotado los remedios administrativos ni había instado su reclamo ante el Tribunal de Apelaciones conforme a derecho. Inconforme, Martell acudió al Tribunal de Apelaciones buscando revocar la sentencia y ordenar la corrección de la hoja para reflejar créditos por estudio y trabajo. El Departamento de Corrección argumentó que el asunto era académico porque ya había corregido la hoja, aunque Martell no la aceptó. El Tribunal de Apelaciones no pudo evaluar los cómputos ni desestimar por academicidad. Sin embargo, concluyó que el señor Martell instó el recurso incorrecto (mandamus en Primera Instancia) y fuera del término jurisdiccional. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme requiere una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro de 30 días de la disposición final de la agencia. Dado que el recurso fue presentado fuera de este término, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción y confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución de un panel judicial sobre una Petición de Certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. La peticionaria impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito por incumplimiento de contrato de seguros post-huracán María. El punto central de la controversia es la validez de una cesión de reclamación realizada por el asegurado (Villas de Mayagüez) a un tercero (Attenure) después de la pérdida, sin consentimiento de la aseguradora. MAPFRE argumentó que esta cesión violaba una cláusula de incedibilidad de la póliza y que el cesionario carecía de legitimación activa. Los recurridos sostuvieron que las cesiones post-pérdida son válidas a menos que la póliza las prohíba expresamente, lo cual, a su juicio, no hacía la cláusula en cuestión. El TPI declaró no ha lugar la moción de desestimación de MAPFRE, concluyendo que la cesión post-pérdida era válida, que el asegurado no incumplió el contrato y que Attenure tenía legitimación activa. Tras una reconsideración denegada, MAPFRE acudió en Certiorari alegando error del TPI al validar la cesión post-pérdida. El panel judicial examinó la petición y los documentos. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto solicitado. Esto confirma la determinación del TPI sobre la validez de la cesión post-pérdida y la legitimación del cesionario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La apelación proviene de un caso de fraude civil y daños iniciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Municipales de Arecibo. El recurso impugnaba una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que había sido dictada a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. La parte apelante alegaba errores en la aplicación de normas de seguros, exclusiones de fianza y la póliza de directores y oficiales. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión. El Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Un recluso, William Pérez Márquez, presentó una reclamación administrativa ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) alegando que no se le acreditaron días de bonificación por estudio, trabajo y tiempo en preventiva a su sentencia de 24 años. La división administrativa del DCR le indicó que verificara los cómputos con su trabajadora social, ya que el área de récord criminal solo realizaba cálculos matemáticos tras concederse las bonificaciones. Inconforme con la respuesta y la denegación de su solicitud de reconsideración, Pérez Márquez acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Mandamus. En su petición judicial, reiteró sus alegaciones sobre errores en el cómputo de bonificaciones adeudadas y tiempo en preventiva no acreditado. El tribunal revisa el recurso, considerando el reglamento interno del DCR sobre bonificaciones, que define y regula la concesión de reducciones de sentencia por diversos conceptos. La sentencia del Tribunal de Apelaciones busca resolver la controversia planteada por el recurrente respecto a los créditos de sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari dos Órdenes del Tribunal de Primera Instancia que impusieron sanciones económicas al peticionario, Edgar Abner Reyes Colón. Estas órdenes surgieron en el contexto de un caso de divorcio donde se dilucida la pensión alimentaria de la hija menor. La recurrida, Sheila Li Benabe González, solicitó órdenes para obtener información sobre los ingresos del peticionario de terceros, a lo que él se opuso. El foro primario emitió las órdenes de descubrimiento y, posteriormente, una orden requiriendo a las partes agotar esfuerzos de buena fe para dirimir controversias. El Tribunal de Primera Instancia sancionó al peticionario con \$150.00 por incumplir esta última orden en relación con disputas de descubrimiento. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar dichas sanciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. Finalmente, el foro apelativo determinó revocar los dictámenes del Tribunal de Primera Instancia que impusieron las sanciones económicas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de incumplimiento de contrato de seguros relacionado con daños del Huracán María. El Consejo de Titulares del Condominio Kingsville demandó a su aseguradora, One Alliance Insurance Corporation, por la gestión de su reclamación. Tras estimar los daños en más de \$1.3 millones, One Alliance ofreció un ajuste final de \$117,044.45. El Consejo de Titulares solicitó sentencia sumaria parcial por esta cantidad admitida por la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial, ordenando a One Alliance el pago inmediato de los \$117,044.45. One Alliance apeló, alegando que existía controversia sobre la cuantía y que la oferta era parte de un finiquito rechazado. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Al evaluar la procedencia de la sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones determinó que la cantidad ofrecida por One Alliance constituía una deuda admitida y líquida. Por tanto, confirmó la sentencia parcial apelada que ordenó el pago inmediato de dicha suma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100561. El recurso de apelación fue presentado por Calrincón, Corp. contra Rincón Blue Water, LLC. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, sobre ejecución de hipoteca de propiedad comercial. La parte apelante, Calrincón, Corp., presentó un Aviso de Desistimiento el 15 de noviembre de 2021. En dicho aviso, manifestó su interés en desistir del recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones acogió la moción de desistimiento. Por tanto, declaró el recurso presentado como desistido con perjuicio. Se ordenó el archivo del caso con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan el 29 de noviembre de 2021.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación presentado por Tommy Alexander Ortiz Solano. El apelante busca la revocación de una Resolución sobre pensión alimentaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en enero de 2021. Dicha resolución acogió un informe de examinador que le imputó capacidad económica. El foro primario le impuso el pago de \$2,000 mensuales por concepto de pensión alimentaria. Además, se le ordenó pagar \$227.36 mensuales durante 72 meses para saldar una deuda retroactiva de \$19,969.74. También se le impuso el pago de \$700 en honorarios de abogado. El caso se originó con una solicitud de revisión de pensión en 2019 por parte de Zuleika Doñe Montero. El tracto procesal incluyó problemas de notificación al apelante, quien reside en Texas, y la incomparecencia a una vista ante el examinador.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda. La demanda original fue incoada como acción de clase por cobro de dinero y daños contra varias entidades, incluyendo NDA Services Corp. y D.N.A. Auto Corp. El caso presenta una compleja historia procesal relacionada con el diligenciamiento de los emplazamientos a estas dos corporaciones. Inicialmente, se intentó emplazarlas con un solo documento, lo cual fue impugnado por ser entidades separadas. Aunque el Tribunal de Primera Instancia ordenó nuevos emplazamientos, estos se diligenciaron fuera del término reglamentario de 120 días desde la demanda original. Un panel previo del Tribunal de Apelaciones había desestimado la demanda contra estas partes, pero sin perjuicio, debido al emplazamiento tardío. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia autorizó a los demandantes a enmendar la demanda y re-emplazar a las corporaciones. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia finalmente desestimó la demanda contra NDA y D.N.A. con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda con perjuicio.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende apelaciones y un certiorari consolidados. El caso surge de una demanda presentada por operadores de máquinas de juegos contra la Compañía de Turismo (CTPR) y la Comisión de Juegos (CJGPR). Los demandantes impugnaron dos reglamentos de la CTPR sobre máquinas de juegos de azar en ruta, alegando que la CJGPR tenía jurisdicción exclusiva bajo la Ley Núm. 81-2019. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró nulos los reglamentos de la CTPR. La CTPR y la CJGPR apelaron esta sentencia. Los demandantes presentaron un certiorari sobre una resolución procesal del TPI. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Petición de Injunction Enmendada. El apelante, El Canario by the Lagoon Hotel, buscaba detener la construcción de un edificio contiguo a su propiedad por parte de Condado Blú y revocar los permisos otorgados. El Canario alegaba que los permisos eran nulos y que la construcción le causaba daños. Este recurso se presentó luego de un intento previo de injunction que fue desestimado por no agotar los remedios administrativos, decisión que fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones. El foro primario denegó la petición de injunction enmendada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de PREPA Networks, LLC contra Integrand Assurance Company. PREPA apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato de seguros y daños. La demanda original de PREPA buscaba el pago de pérdidas de ingresos y gastos incurridos tras el huracán María bajo una póliza de seguros con Integrand. PREPA alegó que Integrand cerró su reclamación sin realizar pago ni ajuste formal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda basándose en que Integrand se encontraba bajo un proceso de liquidación judicial. El tribunal primario ordenó a PREPA presentar su reclamación ante el liquidador de Integrand, conforme al Código de Seguros y la orden de liquidación. PREPA solicitó reconsideración, argumentando que la orden de liquidación no era final y firme, pero fue denegada. La apelación ante el Tribunal de Apelaciones cuestionó la desestimación por considerar que la orden de liquidación no justificaba tal acción. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por academicidad.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. El recurrente, un confinado, impugna la determinación administrativa que lo encontró culpable de infringir el Código 107 del Reglamento Disciplinario por posesión de armas. Tras una vista disciplinaria, se le impuso una sanción de suspensión de visitas, comisarías y recreación por 50 días. El recurrente solicitó reconsideración, negando los hechos y alegando errores procesales, pero fue denegada. Posteriormente, presentó una revisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión administrativa bajo el estándar de evidencia sustancial para los hechos y revisión completa del derecho. La sentencia confirma la resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202100806. La apelación fue presentada por Carmen V. Rivera Cruz contra Capitol Security Police y otros, relacionada con una reclamación de daños y perjuicios. El caso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La parte apelante, Carmen V. Rivera Cruz, presentó una moción solicitando el desistimiento de la apelación. El Tribunal de Apelaciones declaró con lugar dicha moción de desistimiento. En consecuencia, la revisión judicial fue tenida por desistida y archivada. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se ordena la notificación de la Sentencia a todas las partes involucradas en el proceso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados (KLAN202100671, KLAN202100757, KLCE202101188). Las partes involucradas son la Compañía de Turismo (CTPR), la Comisión de Juegos (CJGPR) y operadores de máquinas de juegos de azar en ruta. El litigio se originó con una demanda de los operadores impugnando dos reglamentos (Núm. 9174 y 9175) emitidos por la CTPR. Los demandantes alegaron que la Ley Núm. 81-2019 transfirió la jurisdicción exclusiva sobre estas máquinas a la CJGPR, invalidando los reglamentos de la CTPR. El Tribunal de Primera Instancia declaró nulos los reglamentos de la CTPR. La CTPR y la CJGPR apelaron esta decisión, mientras los operadores presentaron un certiorari. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones determinó que los reglamentos de la CTPR impugnados no eran nulos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por el Sr. Walter Rodríguez Vélez. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Reconvención. Dicha Reconvención fue presentada en un pleito original sobre incumplimiento de contrato incoado por la Sra. Blanca Rosa Bermúdez Crespo, posteriormente sustituida por su Sucesión. El foro primario desestimó la Reconvención al concluir que no se emplazó a tiempo a la Sra. Blanca Maldonado Bermúdez, considerada parte indispensable en la reclamación reconvencional contra la Sucesión. El apelante había negado contratar con la demandante original y alegado incumplimiento por su parte, reclamando daños. Tras el fallecimiento de la demandante original, el TPI ya había desestimado previamente la demanda y la reconvención contra ella por falta de sustitución de parte. La Sentencia apelada ahora desestimó la Reconvención contra la Sucesión por el defecto de emplazamiento mencionado. El Tribunal de Apelaciones revisó el trasfondo fáctico y procesal del caso. Por los fundamentos expuestos, el panel confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la Reconvención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre apelaciones presentadas por la Compañía de Turismo y la Comisión de Juegos del Gobierno. Los recursos buscaban revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia de instancia había declarado nulos los Reglamentos Núm. 9174 y 9175 de la Compañía de Turismo. Estos reglamentos regulaban la fiscalización y licenciamiento de máquinas de juegos de azar en ruta. Operadores de dichas máquinas demandaron, alegando que la Comisión de Juegos poseía jurisdicción exclusiva sobre la materia según la Ley Núm. 81-2019. El Tribunal de Primera Instancia les dio la razón a los operadores y anuló los reglamentos. El Tribunal de Apelaciones consolidó las apelaciones y un recurso de certiorari relacionado. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

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Un recluso, Alfredo Rolón Narváez, comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial. Impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que ratificó su clasificación de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del DCR reconoció la adaptación y madurez del recurrente. No obstante, basó su decisión en una modificación no discrecional del reglamento. Esta regla exige que los confinados con más de 15 años restantes para ser elegibles a libertad bajo palabra sean ubicados en custodia mediana. El recurrente argumentó que la decisión fue mecánica y arbitraria, ignorando su progreso y violando principios de rehabilitación. El DCR defendió la aplicación obligatoria de la regla no discrecional y solicitó deferencia judicial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió confirmar la resolución administrativa impugnada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. SIMED, como asegurador de los médicos demandados, solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sucesión del causante demandó originalmente a los médicos, el hospital y aseguradoras desconocidas. El hospital presentó una demanda contra tercero contra SIMED, la cual fue desestimada con perjuicio por el TPI por prescripción. La Sucesión, al identificar a SIMED como la aseguradora desconocida, solicitó enmendar su demanda original para incluirla. La Sucesión pidió reconsideración de la desestimación y permiso para enmendar, pero el TPI denegó su solicitud tras una larga espera. SIMED recurrió en certiorari la denegatoria de reconsideración del TPI. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del TPI.

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El Consejo de Titulares del Condominio Le Rivage demandó a Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato de seguros y mala fe relacionado con daños causados por el Huracán María. Durante el proceso judicial, Triple-S solicitó descubrimiento de prueba, incluyendo interrogatorios y producción de documentos. El Condominio Le Rivage se opuso a la solicitud, alegando que era excesiva, irrelevante o protegida, y pidió una orden protectora. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Condominio Le Rivage a contestar interrogatorios específicos y producir ciertos documentos. El Condominio Le Rivage presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme con la decisión, el Condominio Le Rivage recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Certiorari. El Condominio Le Rivage argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al permitir el descubrimiento solicitado por Triple-S y al denegar la orden protectora. El Tribunal de Apelaciones, actuando en su discreción, denegó el auto de Certiorari solicitado por el Condominio Le Rivage. La resolución del Tribunal de Apelaciones mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia respecto al descubrimiento de prueba en este caso.

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Resolución de un panel especial de jueces sobre una Petición de Certiorari presentada por el Sr. Héctor I. Cabán Avilés. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se basaba en la alegación de que se violaron sus derechos constitucionales durante una vista preliminar en alzada. Argumentó que la vista, realizada por videoconferencia, impidió escuchar y observar adecuadamente al testigo de cargo, afectando su derecho a confrontación y debido proceso. El foro primario denegó la moción, concluyendo que las deficiencias fueron corregidas, el abogado estuvo presente y no se violó el derecho a la confrontación. El peticionario recurrió en certiorari, alegando error en esa determinación. Este foro revisor, tras evaluar los fundamentos, DENEGA el certiorari solicitado.

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Este es un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por Karimar Construction, Inc., contra una decisión parcial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso original en DACO fue iniciado por los Sres. Wilden Franqui Mercado y esposa, propietarios de una residencia construida por Karimar Construction y vendida por Hacienda Miramar, Inc. Los querellantes alegaron desperfectos en la propiedad, como desprendimiento de losetas y problemas de agua, enmarcados bajo el concepto de "ruina" del Artículo 1483 del Código Civil de 1930. La querella fue enmendada para incluir a Karimar Construction y la naturaleza del reclamo. DACO realizó una inspección técnica y celebró procedimientos administrativos. Karimar Construction presentó una moción de desestimación ante DACO. La Juez Administrativa de DACO emitió una resolución parcial denegando la desestimación solicitada por Karimar Construction respecto a los reclamos principales. Karimar Construction apeló esta resolución parcial ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso se considera perfeccionado para adjudicación final debido a la falta de comparecencia de la parte recurrida. El Tribunal procederá a analizar los hechos y controversias del caso.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Francisco Valdés Pérez. El apelante solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La demanda original se dirigía contra varias partes, incluyendo a la Jueza María Teresa Rivera Corujo, por alegadas actuaciones arbitrarias y de mala fe en un procedimiento judicial previo. El TPI desestimó la reclamación contra la Jueza Rivera Corujo aplicando la doctrina de inmunidad judicial. El apelante argumenta que el TPI erró al aplicar dicha inmunidad. Sostiene que las acciones de la jueza y otra funcionaria fueron maliciosas, ilegales y excedieron sus funciones. Alega que estas acciones violaron sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso de ley. La apelación busca que se revoque la decisión del TPI que desestimó el caso basándose en la inmunidad judicial.

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Damman Development Corporation solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar tres Resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dichas resoluciones declararon con lugar el escrito de oposición de la señora Brenda Camacho Pérez a una moción presentada por Damman. La moción de Damman, fundamentada en las Reglas 6.2 y 8.2 de Procedimiento Civil, impugnaba la contestación a la demanda presentada por la señora Camacho. El litigio original versa sobre incumplimiento de contrato de arrendamiento, cobro de dinero y daños, incoado por Damman contra Automax HV, Inc., el señor José Homar Vicentí Irizarry y la señora Camacho. Damman argumentó que las contestaciones de los demandados presentaban defectos procesales. El Tribunal de Primera Instancia, mediante las resoluciones recurridas, desestimó la solicitud de Damman respecto a la contestación de la señora Camacho. Ante la petición de certiorari de Damman para revisar estas determinaciones, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una solicitud de Certiorari. El peticionario, Miguel Gavino Hernández, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de acusaciones penales. La solicitud de desestimación se basaba en una alegada violación a su derecho constitucional a un juicio rápido. El acusado argumentó que la dilación significativa en su juicio por jurado, iniciado en agosto de 2019 y aún inconcluso, perjudicaba su capacidad de defensa. Alegó que la demora afectaba la memoria del jurado sobre los testimonios y limitaba la efectividad de posibles testigos de defensa. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud pero declinó intervenir en la decisión del tribunal inferior. El Tribunal determinó que la defensa no había demostrado el perjuicio específico, real y sustancial requerido por ley para justificar la desestimación. Calificó los argumentos de la defensa sobre la memoria del jurado y la efectividad de los testigos como genéricos y especulativos. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en un caso de cobro de dinero. La Junta Administrativa del Fondo de la Industria de la Carne de Res demandó a José N. Vélez Rosado, su esposa Milagros Chaparro Colón y la sociedad legal de gananciales, entre otros. La deuda original proviene de un caso anterior de 2011 contra Vélez Rosado por aportaciones impagas de un matadero. En aquel caso de 2011, se dictó sentencia parcial contra Vélez Rosado, pero no se incluyó a su esposa ni a la sociedad de gananciales. Un intento de ejecutar la sentencia de 2011 contra los bienes gananciales fue denegado. La Junta presentó entonces el caso de 2018 para cobrar la misma deuda, incluyendo a la esposa y la sociedad de gananciales como demandados. El Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez dictó sentencia a favor de la Junta, ordenando a los apelantes el pago de la deuda, intereses, costas y honorarios. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la decisión apelada.

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Una apelación impugna una Sentencia Parcial Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que ordenó el desahucio de Anddie Rivera Rivera de una propiedad comercial. La acción fue instada por Inés Allende Romero alegando incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción a compra, específicamente por falta de pago de cánones y vencimiento del término. El Sr. Rivera se defendió argumentando la nulidad del contrato por no ser la Sra. Allende la titular del inmueble. El procedimiento sumario inicial fue convertido a ordinario debido a la complejidad relacionada con la titularidad y la ocupación parcial por un tercero. La Sra. Allende presentó una demanda enmendada solicitando desahucio en precario y el pago de rentas adeudadas. El foro primario finalmente declaró Ha Lugar el desahucio, determinando que el incumplimiento en el pago privó al Sr. Rivera de su derecho a ocupar la propiedad. La corte concluyó que, al no existir conflicto de titularidad entre las partes, procedía la acción de desahucio. El Sr. Rivera apeló esta decisión, y la Sra. Allende presentó su oposición ante el Tribunal de Apelaciones, que ahora revisa el recurso.

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Un panel especial del Tribunal de Apelaciones resolvió sobre un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Manatí. El Municipio solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó dos mociones suyas: una Moción de Desestimación y una Moción para que se Dicte Sentencia por las Alegaciones. La controversia principal surge de una demanda presentada por el Municipio contra Triple-S por incumplimiento de contrato de seguros y dolo relacionado con los daños del Huracán María. El Municipio reclamaba el pago de cuantías millonarias por daños a propiedades municipales. Triple-S contestó la demanda y presentó una reconvención, alegando fraude por parte del Municipio al sobrevalorar los daños y propiedades, buscando la anulación de la póliza. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar las mociones del Municipio dirigidas a desestimar la reconvención de Triple-S o a obtener sentencia basada en las alegaciones. Ante esto, el Municipio recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos expuestos, el panel denegó el recurso de certiorari presentado por el Municipio de Manatí.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por José Fernando Boyles Pont. Impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que acogió el informe de la Examinadora de Pensión Alimentaria. Dicho informe fijó la pensión alimentaria final en beneficio del menor hijo de las partes, Hilda Angelie López Rodríguez y el Peticionario. La pensión final se estableció en diferentes cuantías para distintos periodos, ajustándose a los ingresos imputados a ambos progenitores. El Peticionario había solicitado la reconsideración de la resolución, siendo referida la controversia a la EPA. La EPA detalló en su informe la imputación de ingresos de la madre (\$13,569.47 mensuales) y del padre (\$7,440.82 netos mensuales). El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria valida la determinación de pensión alimentaria final adoptada por el foro primario.