Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 100)

Resumen:

Un confinado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la denegatoria del Departamento de Corrección a su reclamo por pertenencias extraviadas. El recurrente alegó que varios artículos personales no le fueron devueltos tras ser retenidos por la agencia durante un traslado médico. Inicialmente, Corrección denegó la solicitud administrativa sin realizar una investigación adecuada. Tras la presentación del recurso de apelación, la agencia inició una investigación sobre los hechos. Dicha investigación concluyó que procedía compensar al confinado por el valor de las pertenencias perdidas. Corrección emitió una resolución ordenando a dos funcionarios reponer al recurrente la suma de \$360.00. Aunque el recurso no era prematuro al presentarse, la acción posterior de la agencia resolvió la controversia. Al haberse concedido el remedio solicitado durante el trámite apelativo, el asunto se tornó académico. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de revisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los recursos consolidados KLAN202100745 y KLAN202100748. Ambos recursos apelan la misma sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso sobre daños por incumplimiento de contrato. La sentencia parcial apelada desestimó con perjuicio la demanda y una demanda de coparte contra el codemandado principal, Freddy Cruz Hernández. Sin embargo, previo a dictar dicha sentencia, el foro primario no resolvió una moción presentada por una de las partes apelantes (Santiago-Martínez). Esta moción planteaba un obstáculo jurisdiccional/procesal significativo relacionado con la falta de notificación al señor Cruz Hernández tras la eliminación de sus alegaciones. La omisión de notificar al demandado principal afectó el trámite judicial adecuado y el estado procesal del caso. El Tribunal de Apelaciones determina que el foro primario debió resolver primero la moción sobre el obstáculo procesal. Por tanto, se revoca la sentencia parcial apelada. Se ordena al Tribunal de Primera Instancia que, previo a cualquier otra determinación, disponga sobre la referida moción.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones dos recursos consolidados (KLAN202100745 y KLAN202100748) que impugnan la misma sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 19 de julio de 2021. La sentencia parcial apelada desestimó con perjuicio la demanda principal y una demanda de coparte contra el codemandado Freddy Cruz Hernández, sin exponer fundamentos jurídicos. Previo a esta sentencia, los apelantes Santiago-Martínez habían presentado una moción el 26 de enero de 2021, señalando un posible obstáculo jurisdiccional/procesal. Alegaron que el señor Cruz no había sido debidamente notificado de las actuaciones judiciales desde 2014, lo que podría afectar la validez del trámite. El Tribunal de Apelaciones observa que el foro primario dictó la sentencia parcial sin resolver previamente esta moción. Considera que la moción que plantea un posible defecto procesal o jurisdiccional debió ser atendida antes de dictar cualquier dictamen sobre el fondo o el estado procesal de las partes. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia parcial apelada. Ordena al Tribunal de Primera Instancia que disponga, en primer lugar, sobre la "Moción Respecto a Obstáculo Jurisdiccional/Procesal, Solicitando Conversión de Vista y sobre Otros Extremos".

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por el Municipio Autónomo de Guaynabo. El Municipio solicitó la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre servidumbres de paso y daños y perjuicios. La Orden del TPI dictaminó que la deposición del demandante, William H. López Garcés, se llevaría a cabo de manera remota o mediante la Regla 28 de Procedimiento Civil. Esta determinación del TPI se produjo ante las dificultades para realizar la deposición presencial debido a los problemas auditivos del señor López Garcés. El Municipio había presentado una moción de reconsideración de dicha orden, la cual fue denegada por el foro primario. El caso subyacente fue iniciado por López Garcés y Gladys Álamo Rodríguez contra Metro Avanti Corp. y el Municipio por la alegada obstrucción de un camino de acceso a su propiedad y reclamo de daños. Tras evaluar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Municipio.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) solicitando la revisión de una Sentencia y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia del TPI declaró Ha Lugar un Recurso Especial de Revisión Judicial para Acceso a Información Pública presentado por John W. Ferré Crossley contra la OIG. El TPI ordenó a la OIG entregar documentos solicitados por el Sr. Ferré bajo la Ley de Transparencia y anotó la rebeldía de la OIG por no comparecer. La OIG presentó una Moción de Relevo de Sentencia, alegando falta de notificación y justa causa para su incomparecencia. El TPI declaró no ha lugar la moción de relevo mediante Resolución. La OIG apeló esta denegatoria, recurso que el Tribunal de Apelaciones acoge como un auto de certiorari. La OIG señala errores en la decisión del TPI al no conceder el relevo de la sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones adelanta que denegará la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de retracto de colindante. La apelante, María de Lourdes Torres Babilonia, impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. El foro primario acogió la solicitud de desestimación de los codemandados, quienes alegaron que la acción estaba prescrita. Los codemandados argumentaron que el término de 30 días para el retracto comenzó con la presentación de la escritura de venta en el Registro de la Propiedad. La apelante sostenía que el término inició cuando tuvo conocimiento de la venta. El Tribunal de Apelaciones, sin evaluar el fondo del retracto o la prescripción, desestimó el recurso. La desestimación se debió a que la apelación fue presentada de manera prematura. Esta presentación prematura impidió al Tribunal de Apelaciones ejercer su jurisdicción revisora.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. Los apelantes, Millie Maldonado Pérez y Elvin Pérez Vargas, recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de una propiedad de Wilma Maldonado Rivera. La sentencia de instancia declaró Ha Lugar la demanda de desahucio tras determinar que los apelantes continuaban ocupando el inmueble tras el vencimiento del contrato de arrendamiento. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso presentado por los apelantes. La ley de Puerto Rico establece que para apelar una sentencia de desahucio, el demandado debe prestar una fianza cuyo monto fija el tribunal. Este requisito de fianza es de carácter jurisdiccional para la apelación. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia no fijó el monto de la fianza requerida para apelar. Los apelantes presentaron su recurso de apelación sin prestar la fianza mandatoria. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción al no cumplirse con el requisito de la fianza.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó un recurso de certiorari criminal presentado por Emmanuel Fuentes Enríquez contra El Pueblo, procedente del Tribunal de Primera Instancia. El recurso se relacionaba con una moción bajo la Regla 192.1 de procedimiento posterior a sentencia. Antes de considerar los méritos, el Tribunal evaluó su jurisdicción para atender el caso. Se determinó que el peticionario no cumplió con los requisitos reglamentarios para la presentación de un certiorari criminal. Específicamente, el recurso carecía del apéndice obligatorio que debe incluir la decisión recurrida y otros documentos esenciales del expediente de instancia. La omisión de estos documentos impidió al Tribunal ejercer su función revisora y lo privó de jurisdicción. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción debido a estas deficiencias procesales.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Roberto Guerrios Rivera. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida el 26 de octubre de 2021. Dicha Orden dispuso que las partes intercambiaran prueba sobre una posible deuda de pensión alimentaria. Además, ordenó al Sr. Guerrios Rivera firmar el permiso para la renovación del pasaporte de los menores procreados con Iris V. Rivera Torres. El caso subyacente trata sobre ruptura irreparable y disputas de pensión alimentaria fijada en 2015. Existieron alegaciones previas de incumplimiento y un recurso de certiorari anterior denegado por este Tribunal. Recientemente, la recurrida solicitó una vista de desacato por alegado impago de meses específicos. El peticionario se opuso, afirmando estar al día mediante pagos a través de ASUME, aunque uno reciente no se había reflejado. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso de certiorari sin requerir trámites adicionales.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de división de bienes gananciales post-divorcio. La apelante, Érika Rivera Ramos, recurre la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la moción del apelado, Emanuel Rechani Ayala. Tras el divorcio, la apelante demandó la división de la comunidad, incluyendo un plan de retiro, un crédito por mejoras a la residencia y la residencia misma. El apelado solicitó sentencia sumaria argumentando que solo quedaban las aportaciones a su plan de retiro como bien ganancial. Alegó que la residencia fue ejecutada y perdida durante el litigio, y que las deudas debían dividirse. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria del apelado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, decidió revocar la sentencia apelada. La disputa se centra en la correcta identificación y adjudicación de los bienes y deudas remanentes de la sociedad de gananciales disuelta.

Resumen:

Esta es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Aborda una apelación presentada por Eddie Javier Díaz Mercado. El señor Díaz Mercado buscaba revocar dos Sentencias del Tribunal Superior de Mayagüez. Fue declarado culpable de agresión sexual (Art. 142) y actos lascivos (Art. 144) bajo el Código Penal de 2004. Las convicciones se derivaron de alegados abusos contra su hijastra menor de edad ocurridos entre 2007 y 2011. El tribunal de instancia le impuso penas concurrentes de quince años y tres años y un día. La resolución resume testimonios clave del juicio, incluyendo el de una trabajadora social y una familiar en quien la víctima confió. Estos testimonios respaldaron las alegaciones de abuso. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó las Sentencias emitidas por el tribunal de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión de pensión alimentaria. La recurrente, Norma Z. Hernández Ramos, solicita revocar una resolución de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). ASUME había declarado sin lugar una solicitud de reconsideración o revisión presentada por la recurrente. La agencia determinó que la solicitud fue radicada fuera del término jurisdiccional de veinte días para residentes de Puerto Rico. La resolución original de ASUME sobre la pensión alimentaria se emitió el 9 de noviembre de 2018 y fue notificada en diciembre de 2018. La recurrente presentó su solicitud ante ASUME el 8 de enero de 2019. ASUME concluyó que este plazo excedía el término legal. La recurrente argumentó sin éxito que debía aplicarse el término de treinta días para no residentes. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, confirma que la moción presentada ante el foro administrativo transgredió el término estatutario para su presentación.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones presentado por Albi Fernández contra la Sucesión de Manuel Antonio García Escoto. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para convertir un procedimiento de desahucio sumario a ordinario. El caso original es un desahucio por falta de pago iniciado por la Sucesión, alegando el incumplimiento de un contrato de arrendamiento verbal. La peticionaria ha cuestionado la legitimación activa de la Sucesión y la titularidad sobre el inmueble, además de alegar la existencia de un documento privado. Se ha notificado a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada debido a la edad de la peticionaria. La peticionaria solicitó sin éxito un remedio en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. Este es el segundo recurso de certiorari presentado por la peticionaria en este caso ante el mismo panel. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Heriberto Reyes (Ebanistería Reyes) impugna una Resolución del DACO que le ordena reembolsar \$3,400 a Aida Torres y José Ortiz por trabajos de ebanistería defectuosos. Esta es la segunda vez que el caso llega al Tribunal, ya que una resolución previa de DACO fue revocada por violación al debido proceso. Tras la devolución a DACO, se realizó una nueva inspección que estimó los daños en \$375. No obstante, la nueva Resolución de DACO ordenó el reembolso de \$3,400, basándose en el informe de la primera inspección, que había sido invalidada. El recurrente alega que DACO erró al ignorar el segundo informe de inspección y al contradecir el dictamen previo del Tribunal. Argumenta que se violó nuevamente su derecho al debido proceso al basarse en evidencia previamente descartada. Los recurridos no presentaron alegato en oposición al recurso. El Tribunal procede a resolver la controversia planteada en esta segunda revisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Nixaliz Hernández Silva contra el Consejo de Titulares del Condominio Balcones Las Catalinas y Eliberto Nieves, presidente de una junta directiva alegadamente electa ilegalmente. La querella ante DACo cuestionaba la legalidad de asambleas de titulares que resultaron en la destitución de Hernández Silva y la elección de Nieves. DACo declaró ha lugar la querella, anulando las asambleas y la elección de Nieves, y ordenando la devolución de bienes del condominio. Eliberto Nieves recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que DACo violó su derecho al debido proceso. Argumentó que no fue debidamente notificado del señalamiento de vista administrativa ni de la resolución, ya que las notificaciones se enviaron a un correo electrónico controlado por la parte querellante. Sostuvo que la anotación de su rebeldía por incomparecencia fue errónea debido a la falta de notificación adecuada. El Tribunal de Apelaciones consideró los planteamientos del recurrente sobre los errores en la notificación y la violación al debido proceso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen emitido por el DACo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso principal es una revisión de pensión alimentaria entre Mari Mulero Díaz y Edwin Román Méndez. El Peticionario, señor Román Méndez, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su objeción a un descubrimiento de prueba. La Recurrida solicitó los estados de cuenta de ERM Contractor LLC, una entidad supuestamente propiedad del Peticionario. El señor Román Méndez objetó, alegando que ERM es una entidad separada y la información era irrelevante y privilegiada. El foro primario declaró No Ha Lugar la objeción y ordenó la entrega de los documentos. Tras denegarse una reconsideración, el Peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El recurso solicitaba revocar la orden que permitía indagar sobre las finanzas de la corporación no parte. El Tribunal de Apelaciones, con el beneficio de los alegatos de ambas partes, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por Miguel A. García Rosado y otros. Los peticionarios impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su defensa de cosa juzgada en un caso de cobro de dinero instado por Oriental Bank. Alegaron que la deuda reclamada ya había sido dilucidada en dos casos anteriores contra Scotiabank (predecesor de Oriental Bank). Oriental Bank argumentó que los casos previos eran acciones distintas de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre diferentes propiedades y deudas. Sostuvo que, aunque una hipoteca secundaria relacionada con la deuda actual fue cancelada en un caso anterior, la obligación personal de pago subsistía. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía la identidad de elementos (causa y cosa) necesaria para aplicar la doctrina de cosa juzgada. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel judicial sobre una apelación en un caso laboral. Ivette Mejías Feliciano apeló la desestimación sumaria de su querella contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana. La querella original alegaba despido injustificado (constructivo), discrimen por religión y represalias. La apelante, empleada desde 1979 hasta su renuncia en 2017, sostuvo que fue forzada a renunciar por actos hostiles y discriminatorios. Alegó que se le exigió trabajar domingos a pesar de sus creencias religiosas (Iglesia Pentecostal, dogma del séptimo día). Recibió amonestaciones escritas y amenazas de degradación o suspensión por negarse a trabajar domingos. También afirmó ser víctima de represalias por testificar en un caso de hostigamiento sexual contra el Presidente Ejecutivo. La Cooperativa negó las alegaciones, indicando que no fue notificada de la restricción religiosa. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado el caso mediante sentencia sumaria. El panel apelativo, tras revisar el caso, decidió revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Vega Baja. La Sentencia del TPI, notificada el 29 de marzo de 2021, resolvió acciones consolidadas de desahucio y de impugnación de título/daños. El TPI declaró Ha Lugar la demanda enmendada de los apelados, condenando al apelante, Sr. Benjamín García Valle, a pagar \$4,666.66 a cada apelado por concepto de daños y perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Adicionalmente, impuso costas y \$5,000.00 por honorarios de abogados al apelante. Paralelamente, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda de desahucio presentada por el Sr. García Valle. El caso tuvo una historia procesal previa con sentencias parciales y apelaciones desestimadas. El Sr. García Valle apeló la Sentencia final del TPI. Tras evaluar los planteamientos de las partes y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El peticionario, Ricardo Manuel Vélez Amador, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI denegó su solicitud de relevo de pago de pensión alimentaria para su hija menor. Vélez Amador alegó que la menor vivía con él y que la madre, Ingrid González Arce, había acordado no solicitar más la pensión. La madre controvirtió esta versión, afirmando que la menor siempre estuvo bajo su custodia. Tras una vista, el TPI dio mayor credibilidad al testimonio de la madre, concluyendo que ella ejercía la custodia. Por tanto, el TPI denegó el relevo de pensión y una solicitud de reconsideración posterior. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por Vélez Amador.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por José B. Morales Claudio contra COSSMA, INC. El apelante solicita revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella. El caso original incluía reclamaciones por discrimen en el empleo por razón de edad y sexo bajo la Ley 100, y despido injustificado bajo la Ley 80. El Dr. Morales Claudio alegó que fue discriminado en su salario respecto a doctoras más jóvenes recién contratadas y despedido injustificadamente sin causa a pesar de su buen desempeño. COSSMA, la apelada, sostuvo que el despido estuvo justificado por razones como bajo desempeño clínico, mala práctica, quejas de colegas, una investigación por hostigamiento sexual y tardanzas. Afirmaron que el despido siguió medidas correctivas y no fue discriminatorio. El foro primario falló a favor de COSSMA, lo que motivó esta apelación.

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Resolución de un panel de jueces sobre un recurso de certiorari presentado por Luis J. Vázquez Álvarez. El Peticionario impugna una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha resolución determinó que el Sr. Noel Morales Álvarez, testigo presencial clave, era un testigo no disponible conforme a la Regla 806 de Evidencia. El TPI autorizó la sustitución de su testimonio en juicio por su testimonio previo sujeto a contrainterrogatorio en vista preliminar. El caso principal involucra cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra el Peticionario. La cuestión de la disponibilidad del testigo surgió tras dilaciones en el proceso judicial. El Peticionario había solicitado previamente la desestimación de los cargos por violación al derecho a juicio rápido. El TPI denegó la desestimación pero ordenó una vista para resolver sobre la disponibilidad del testigo. El panel revisó el recurso de certiorari presentado por Vázquez Álvarez. Por los fundamentos expuestos, el panel denegó el recurso de certiorari.

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Luis Torres solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) la publicación electrónica de Opiniones antiguas del Tribunal Supremo y Sentencias del Tribunal de Apelaciones. La OAT denegó la solicitud electrónica por el gasto extraordinario que implicaba, pero indicó que la información estaba disponible físicamente en las bibliotecas judiciales. El señor Torres presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), alegando que su derecho constitucional de acceso a la información pública requería el formato electrónico. La OAT solicitó la desestimación, argumentando que no se negó el acceso, pues la información estaba disponible, y que la ley no exige un formato específico ni incurrir en gastos onerosos. El TPI desestimó la demanda en su totalidad, concluyendo que no hubo denegación de acceso. El señor Torres apeló esta Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión apelada del TPI. El caso gira en torno a si el derecho de acceso a la información pública obliga al Estado a proveerla en formato electrónico cuando está disponible físicamente, especialmente ante costos significativos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre el Consejo de Titulares del Condominio Las Gaviotas y One Alliance Insurance Corporation. El litigio se originó por una reclamación de daños tras el huracán María, donde el Consejo de Titulares demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato y otros daños. El Consejo reclamaba más de \$5 millones, mientras que One Alliance ofreció \$174,164.33 como pago total. El Consejo solicitó al Tribunal de Primera Instancia una sentencia sumaria parcial para que se ordenara el pago de los \$174,164.33 como adelanto, sin que constituyera finiquito. One Alliance se opuso, alegando que su oferta era un pago final y que existía controversia sobre la cuantía. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando Con Lugar la solicitud del Consejo y ordenando el pago de los \$174,164.33 como adelanto. One Alliance presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar dicha Sentencia Parcial. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por One Alliance. En consecuencia, se mantiene la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que ordena el pago de \$174,164.33 como adelanto al Consejo de Titulares.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación criminal. El apelante, Omar Amet Sepúlveda Vargas, impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de violar el Artículo 3.1 de la Ley Contra la Violencia Doméstica. La sentencia de culpabilidad fue dictada en corte abierta el 18 de octubre de 2021 y notificada por escrito el 27 de octubre de 2021. El apelante presentó su recurso de apelación el 18 de noviembre de 2021. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se fundamenta en que la apelación fue presentada de forma tardía. Un recurso tardío constituye un defecto insubsanable que priva al tribunal apelativo de autoridad para resolver el caso. La ausencia de jurisdicción hace que cualquier actuación sea ilegítima y la sentencia nula. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de apelación que impugna una sentencia y orden de un tribunal inferior relativas a la división de una herencia. Los apelantes, hijos de Juan Nectali Pujols Cardona, solicitan la revocación de la decisión que acogió un cuaderno particional de los bienes de su padre. El pleito original fue iniciado por María Adelaida Avilés Justiniano, esposa del causante, como una demanda de sentencia declaratoria sobre bienes gananciales. Tras el fallecimiento del Sr. Pujols Cardona, el caso continuó como una división de bienes hereditarios. El tribunal de primera instancia adoptó el informe del contador partidor designado, ordenando la partición y adjudicación de los bienes conforme a lo dispuesto. Los apelantes recurren esta decisión que aprobó el plan de partición. El documento detalla el tracto procesal, incluyendo la demanda inicial y la subsiguiente transformación del caso. También señala estipulaciones previas al juicio entre las partes sobre la clasificación de efectivo y el aumento de valor de inmuebles como gananciales o privativos. La cuestión central ante el tribunal apelativo es la validez de la partición de bienes aprobada por el foro primario.

Resumen:

Panel judicial confirma sentencia previa que desestimó una demanda por difamación. La demanda fue presentada por La Nueva Familia San Judas Tadeo, Inc. y María Elena Pérez Oyola contra Josué "Jay" Fonseca y Telemundo de Puerto Rico, LLC. Los demandantes alegaron que Fonseca transmitió información falsa y difamatoria sobre la muerte de una menor bajo su cuidado. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando protección constitucional por ser asunto de interés público y que la demanda carecía de detalles específicos. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación, encontrando las alegaciones insuficientes y conclusorias. La parte apelante se opuso, afirmando que las expresiones se basaban en hechos falsos y no tenían protección. Tras evaluar el expediente, el panel de apelación confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Juan Montes Ruiz. El apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda y denegó una solicitud de injunction. Montes Ruiz demandó a la Asociación Santa Teresita-Park Boulevard y al Municipio de San Juan. Su reclamo se basaba en un permiso municipal para la construcción de un control de acceso en la urbanización. Alegó que la obra frente a su residencia dificultaba el acceso, violaba sus derechos constitucionales y le causaba daño irreparable. Solicitó un injunction para detener la construcción en ese lugar específico. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso. Los apelados se opusieron a la apelación, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari presentada por Denyram Enterprises. La petición solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por FirstBank Puerto Rico. FirstBank demandó a Denyram Enterprises y William Denizard Flores por un pagaré y hipoteca de 2002, reclamando un balance de \$172,509.75 tras el cese de pagos en 2012. Denyram Enterprises planteó como defensa la falta de parte indispensable debido al fallecimiento de William Denizard Cortés, socio, cuya sucesión no fue incluida. FirstBank solicitó sentencia sumaria, refutando la defensa de parte indispensable y buscando el cobro de la deuda. La Orden recurrida permitió a FirstBank sustituir una parte, aceptó una demanda enmendada y suspendió una vista. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar dicha Orden a solicitud de Denyram Enterprises. Se señala que la parte recurrida, FirstBank, no compareció en el término reglamentario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa entre VUR-JER, LLC, operador de un dispensario de cannabis medicinal, y su exgerente y socia minoritaria, Gwen G. Black. VUR-JER demandó a Black solicitando la devolución de bienes, acceso a cuentas, daños y perjuicios, y la disolución de su participación, alegando que cometió irregularidades regulatorias y causó daños tras su despido. VUR-JER argumentó que las acciones de Black pusieron en riesgo su licencia de operación. Black negó las imputaciones, indicando que la propiedad estaba en el dispensario y atribuyendo los problemas regulatorios a los socios mayoritarios. Se opuso a la disolución de su participación basándose en el Acuerdo Operacional. Black presentó una reconvención alegando que VUR-JER la reportó falsamente a la Junta de Cannabis Medicinal, dañando su reputación profesional e impidiéndole conseguir empleo. También afirmó que VUR-JER permitió acceso no autorizado a sus instalaciones. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la separación de la reconvención y demanda contra tercero de Black. Este documento constituye la decisión del tribunal apelativo sobre el caso.

Resumen:

AMGEN Manufacturing Limited apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio la querella de despido injustificado instada por José R. García Cruz. La desestimación en primera instancia se produjo tras la inactividad del demandante y la renuncia de su representación legal, sin que anunciara nuevo abogado o mostrara interés en continuar el pleito. AMGEN recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado por AMGEN. La razón para esta desestimación fue la falta de jurisdicción del foro apelativo para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Juan Cortés Valle apeló la desestimación de su Querella contra United Food and Commercial Workers International Union 481 Local, Inc. La Querella original, presentada bajo el procedimiento sumario laboral, alegaba despido injustificado, represalias e incumplimiento de contrato. El apelante sostenía haber sido despedido sin justa causa tras perder las elecciones para la presidencia de la unión. Por su parte, la unión argumentó que el apelante no fue despedido, sino que no contaba con un puesto al cual regresar, habiendo él mismo eliminado dicha posición previamente. El foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria de la unión y desestimó la Querella. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Francisco Valdés Pérez acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le exige contratar representación legal en quince días bajo apercibimiento de desacato. El peticionario alega que esta determinación contradice una resolución previa del mismo foro que le permitía representarse por derecho propio. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para considerar la solicitud. Sin embargo, tras analizar el asunto, el panel resolvió rechazar la intervención en el caso. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del recurso de certiorari. Se mencionan los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que guían dicha discreción. El Tribunal de Apelaciones optó por no expedir el auto solicitado.

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Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Adrián Merced Cancel. El recurrente impugnó la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de desestimar una vista preliminar en alzada. Alegó que la vista no se celebró dentro del término reglamentario de 60 días según la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender la controversia. La jurisdicción es un requisito fundamental que debe ser auscultado por el tribunal. La falta de jurisdicción conlleva la nulidad de los dictámenes y la desestimación del recurso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico. El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula una Sentencia en Rebeldía previa. Dicha sentencia en rebeldía fue dictada en 2012 a favor de BPPR en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sucesión de Héctor D. Alejandro Arizmendi. La Sucesión demandó la nulidad de la sentencia de 2012, alegando que el tribunal original no adquirió jurisdicción sobre sus miembros. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la sentencia de 2012 fue dictada sin jurisdicción sobre la Sucesión. Consecuentemente, ordenó la restitución del inmueble a la Sucesión y ajustes monetarios entre BPPR, el comprador en venta judicial y el comprador posterior. Banco Popular apeló esta decisión de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para considerar el recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre María E. González Calderón y Miguel E. Abreu García. La peticionaria instó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución mantenía una pensión provisional a favor de la peticionaria hasta la celebración de la vista en su fondo. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el manejo del caso por el foro primario. Concluyó que la peticionaria no demostró que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido un error. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000556. Supermercados Máximo, INC. (Supermax) apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en su pleito contra BPP Retail Properties, LLC por incumplimiento de contrato y reclamación de daños. Supermax demandó a BPP, su arrendador, alegando falta de mantenimiento en un local comercial y reclamando daños por ingresos dejados de percibir debido al deterioro del estacionamiento. El TPI había autorizado previamente a Supermax a realizar reparaciones a costo de BPP y desestimado una reconvención de BPP. No obstante, el TPI desestimó la reclamación de daños restantes de Supermax, concluyendo que no probó el nexo causal ni cuantificó las pérdidas de ventas. Supermax apeló esta desestimación, señalando errores en la evaluación de la prueba y la aplicación del estándar probatorio por parte del TPI. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por Supermax y la oposición de BPP. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida del TPI.

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Anthony Barreto Cordero, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitaba que se ordenara al Departamento removerle un ponche de seguridad protectiva para permitir su traslado a una población general y a otra institución. Previamente, el señor Barreto Cordero había solicitado administrativamente el traslado, a lo que el Departamento respondió que su petición fue canalizada a través del Comité de Clasificación y Tratamiento. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para revisar la decisión del Departamento. Explicó que su capacidad revisora se limita a decisiones administrativas de carácter adjudicativo, no a asuntos puramente administrativos o discrecionales. La respuesta del Departamento fue meramente informativa y no adjudicó derechos u obligaciones. Por tanto, al no ser una decisión adjudicativa revisable, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal sugirió al Departamento ofrecer respuestas más fundamentadas en el futuro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta resolución en un recurso de revisión administrativa. Desarrolladores del Caribe impugna una resolución del DACO del 30 de julio de 2013. Dicha resolución del DACO declaró ruinosa una vivienda vendida por DC y decretó la nulidad del contrato de compraventa. También resolvió el contrato de préstamo hipotecario asociado a la propiedad. Desarrolladores del Caribe presentó el recurso judicial alegando múltiples errores cometidos por el DACO. El documento detalla el trámite procesal del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Esta resolución en particular atiende una moción sobre prueba incluida en el apéndice del caso. El tribunal determinó no considerar un documento impugnado. La decisión se fundamenta en que la agencia administrativa no utilizó dicho documento para su disposición final. Se adelanta en el documento que el recurso será desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Consejo de Titulares del Condominio Le Mans. El Condominio apeló la desestimación de su demanda civil contra las herederas de Juan G. Casasnovas Luiggi. La demanda buscaba la nulidad de la aceptación de herencia a beneficio de inventario por parte de las herederas. El Condominio alegó que las herederas ocultaron intencionalmente una deuda por cuotas de mantenimiento de tres unidades heredadas al solicitar el beneficio de inventario. Argumentó que esta omisión constituyó fraude al tribunal y que la solicitud se presentó fuera del término legal. El Condominio había demandado previamente a las herederas por dicha deuda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción del Condominio mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Wilson Ortiz Acosta. El peticionario impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimar un cargo bajo el Art. 6.14(d) de la Ley 20-2017. El cargo se basa en hechos del 21 de marzo de 2020, alegando que violó una orden ejecutiva de toque de queda mientras realizaba actividades ilícitas durante una emergencia. Ortiz Acosta argumentó que el cargo violaba el principio de legalidad, pues la conducta de violar un toque de queda no estaba tipificada en el Art. 6.14(d) en esa fecha. Sostuvo que dicha conducta fue criminalizada posteriormente mediante una enmienda que añadió el Art. 6.14(e). El Ministerio Público se opuso, afirmando que la conducta imputada sí estaba cubierta por el Art. 6.14(d). El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, DENIEGA la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del TPI de mantener el cargo contra el peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una revisión judicial presentada por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente reclamaba pagos incorrectos por labores realizadas en 2019 y salarios adeudados de 2020. Tras presentar solicitudes de remedio administrativo y reconsideración, el recurrente alegó que el DCR no atendió adecuadamente su reclamo completo, particularmente lo referente a los pagos de 2019. La agencia, por su parte, solicitó la confirmación de su determinación. El Tribunal procedió a evaluar el recurso y su jurisdicción. Concluyó que el recurso de revisión judicial era prematuro. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso presentado por el recurrente.

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Un médico cuya licencia fue revocada permanentemente por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. La Junta recurrida planteó la falta de jurisdicción del tribunal. Alegó que el recurrente no solicitó reconsideración ante el foro administrativo, requisito establecido por ley. La sentencia analiza la naturaleza de la jurisdicción y el requisito de agotar los remedios administrativos. Explica que, aunque la reconsideración mandatoria fue eliminada generalmente, sigue siendo jurisdiccional si una ley posterior así lo dispone expresamente. La Ley Núm. 139-2008, que rige a la Junta, establece en su Artículo 26 que se debe solicitar reconsideración a la Junta antes de acudir en revisión judicial. Este requisito es jurisdiccional para la revisión de una revocación de licencia médica. Al no haberse cumplido con este paso, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Firstbank Puerto Rico contra el Condominio Jardines de Guayama. El caso surge de una disputa sobre la cuantía adeudada por cuotas de mantenimiento de un apartamento adquirido por Firstbank mediante ejecución hipotecaria. El Condominio reclamó una deuda total, mientras Firstbank ofreció un pago parcial, alegando ser un adquirente involuntario responsable solo por los últimos seis meses previos a la adquisición y los posteriores. El Condominio sostuvo que Firstbank era un adquirente voluntario y, por tanto, solidariamente responsable por todas las deudas anteriores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de consignación de Firstbank, declarándolo adquirente voluntario y responsable por la totalidad de la deuda. Firstbank apeló esta decisión. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones adelanta que revoca la Sentencia apelada. La controversia central gira en torno a la clasificación de Firstbank como adquirente y la aplicación de las leyes de condominios y control de acceso en relación con la responsabilidad por deudas de gastos comunes.

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Este caso se origina en una apelación presentada por David J. García Muñiz contra Supermercados Econo Rial, impugnando la desestimación de su demanda por despido injustificado en el Tribunal de Primera Instancia. Ante el Tribunal de Apelaciones, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso alegando que no fue debidamente notificada de la apelación por el apelante. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución requiriendo al apelante que acreditara el cumplimiento con las reglas de notificación, específicamente la Regla 13(B), bajo apercibimiento de desestimación. El apelante no cumplió con la orden del Tribunal dentro del término concedido. Consecuentemente, la parte apelada reiteró su solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso apelativo por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del apelante con el requisito de notificar el recurso a la parte apelada, una exigencia de estricto cumplimiento para el perfeccionamiento de la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por Sheila M. Torres Matías contra una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos. La peticionaria impugnaba una orden que autorizaba a un trabajador social a comunicarse con el médico de la menor para preparar un informe con recomendaciones sobre la custodia física. La señora Torres argumentaba que la orden violaba el privilegio médico-paciente y requería su autorización como madre con patria potestad. El Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de Certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en que, en casos donde la información médica es necesaria y neurálgica para la determinación de custodia, los tribunales pueden autorizar tales comunicaciones para que el trabajador social cumpla su función ministerial. Concluyó que la determinación del foro primario fue correcta en derecho y no encontró indicio de actuación arbitraria, abuso de discreción o error legal. Por tanto, denegó la expedición del auto y devolvió el caso al tribunal de origen para la continuación de los procedimientos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la señora Laura María González Colón mediante recurso de certiorari. Solicita dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación y convirtió el caso en un procedimiento ordinario. El pleito original es un cobro de dinero presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra varios codemandados, incluyendo a la peticionaria, bajo la Regla 60. El caso tuvo un trámite previo en apelación relacionado con la notificación, que resultó en un reenvío al foro primario para continuar bajo la Regla 60. Tras el reenvío, la peticionaria solicitó la desestimación por inactividad procesal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y, de oficio, cambió el procedimiento a uno ordinario. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de certiorari presentado por la señora González Colón. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para entender en el recurso.

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Nélida Ramos Santos presentó una demanda por daños y perjuicios contra la Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, alegando lesiones corporales y angustias mentales tras un accidente de tránsito. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que la demandante había firmado un relevo de responsabilidad a cambio de un pago de $1,324.23. Según la aseguradora, este relevo constituía un acuerdo total y final que la exoneraba de responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda al considerar que el relevo firmado por la demandante era válido y la eximía de cualquier reclamación. La demandante, Nélida Ramos Santos, apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia emitida por el foro primario. Tras evaluar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Nancy I. Valentín Cordero contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La recurrente impugnó la decisión de la AAA que confirmó la validez de sus facturas de consumo de agua, las cuales consideraba excesivas. Tras una vista administrativa, la AAA determinó que las facturas eran correctas basándose en las lecturas del contador e investigaciones realizadas. La AAA denegó una solicitud de reconsideración presentada por la señora Valentín Cordero. Inconforme, la recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha determinación. El Tribunal procedió a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción se debió al incumplimiento por parte de la recurrente con las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso de revisión administrativa. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso.