Casos del Tribunal Supremo (Página 48)

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la aplicabilidad del aumento salarial trienal establecido en la Ley 184-2004 a empleados públicos sindicalizados que aún no tienen un convenio colectivo aprobado. Se analiza si la negativa del patrono a conceder este aumento constituye una práctica ilícita en el trabajo bajo la Ley 45-1998. El caso se origina a partir de querellas presentadas por Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). SPU alegó que DACo cometió prácticas ilícitas al denegar el aumento a empleados por su afiliación sindical. La controversia también incluye determinar el alcance de la jurisdicción de la extinta Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. DACo argumentó que la Comisión carecía de facultad para interpretar las disposiciones de la Ley 184. La opinión del Tribunal resuelve estas importantes cuestiones de derecho laboral en el servicio público.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 26 de marzo de 2012. Esta resolución aborda la extensión de términos judiciales. El motivo es la concesión del 5 de abril de 2012, Jueves Santo, como día libre por el Juez Presidente. Dicho día libre se concedió con cargo a la licencia de vacaciones. Para el cómputo de los términos procesales, el 5 de abril de 2012 será considerado día feriado. Esto se realiza conforme a los Artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Consecuentemente, cualquier término que expire en esa fecha se extenderá. La extensión será hasta el próximo día laborable. El próximo día laborable es el 9 de abril de 2012. La medida se fundamenta en la facultad del Tribunal para reglamentar los procedimientos judiciales.

Resumen:

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la conducta profesional de la abogada Hilda María Martínez Class. El Tribunal reitera la obligación de los abogados de responder a los requerimientos judiciales y mantener información de contacto actualizada. Se detallan antecedentes de incumplimiento, incluyendo el impago de la fianza notarial en dos ocasiones, aunque subsanado. La abogada solicitó la cesación voluntaria de la notaría en 2009 e informó en 2010 su intención de renunciar a la profesión. A pesar de ello, la Oficina de Inspección de Notarías presentó una moción en 2011 indicando problemas con la entrega e inspección de su obra notarial. El Tribunal destaca la imposibilidad de contactar a la abogada y su falta de respuesta a las órdenes. Como resultado de estos incumplimientos y la dificultad de comunicación, se ordena su suspensión del ejercicio de la abogacía. La suspensión es efectiva a partir de la fecha de notificación.

Resumen:

Este documento presenta una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 21 de marzo de 2012. Los casos consolidados, CC-2011-718 y CC-2011-722, involucran a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Calidad Ambiental y varios ciudadanos. La materia principal abordada es el Derecho Administrativo, centrándose en la legitimación activa, o "standing". Específicamente, el Tribunal analiza los requisitos para tener legitimación en procedimientos administrativos tramitados bajo la Ley 76-2000. La opinión es emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES. El Tribunal inicia su análisis considerando la jurisprudencia previa, incluyendo lo resuelto en el caso Fund. Surfrider. Esta decisión es crucial para definir quiénes pueden participar y recurrir decisiones dentro del ámbito administrativo regido por dicha ley.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 21 de marzo de 2012. Constituye las Salas de Verano para el receso judicial de 2012, conforme a la Regla 4(d) de su Reglamento. Se establecen tres salas, cada una operando durante un mes distinto: julio, agosto y septiembre. Cada sala está compuesta por tres jueces, designándose un Presidente para cada periodo. La sala de julio será presidida por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, la de agosto por la Hon. Liana Fiol Matta, y la de septiembre por el Hon. Federico Hernández Denton. Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir jueces y convocar al Pleno si es necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Resumen:

Este documento corresponde a un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, identificado con los números CC-2009-303 y CC-2009-591, con fecha del 21 de marzo de 2012. Las partes demandantes-recurridas incluyen a Juan Adolfo Vilanova Díaz, quien comparece por sí y en representación de varias empresas como Superior Paints Manufacturing Company, Inc., representado a su vez por su tutora. Las demandadas-peticionarias son Diana Velia Vilanova Serrano, actuando como fiduciaria y ejecutiva corporativa, y Iris Belia Serrano Cruz. También figuran numerosos otros demandados, incluyendo individuos, fideicomisos y compañías de seguros. El caso proviene del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. La materia legal principal aborda temas de sucesiones, específicamente la reivindicación de bienes, el nombramiento de un administrador judicial para la comunidad hereditaria y la expedición de cartas testamentarias a favor de un albacea. Este registro es un documento oficial del Tribunal Supremo (2012 TSPR 53, 184 DPR).

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende a un abogado del ejercicio de la abogacía por incumplir con órdenes previas del Tribunal. El licenciado Rafael Cirino López había sido suspendido indefinidamente del ejercicio de la notaría en junio de 2010. Dicha suspensión notarial se debió a que no mantuvo vigente su fianza notarial desde noviembre de 2008, en violación de la Ley Notarial. A pesar de habérsele concedido un término para mostrar causa, el licenciado no compareció. La orden de suspensión notarial también dispuso la incautación de su sello y obra notarial. La presente decisión de marzo de 2012 se fundamenta en el incumplimiento del abogado con la orden de suspensión notarial y la entrega de sus documentos. El Tribunal reitera la obligación de los letrados de cumplir fielmente con los cánones de ética y las órdenes judiciales. La suspensión del ejercicio de la abogacía es efectiva a partir del 25 de abril de 2012.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 19 de marzo de 2012 en el caso In re Nelson Ramos Hernández. La materia principal de la decisión es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. La resolución hace referencia a una suspensión previa de tres meses impuesta al Sr. Ramos Hernández mediante una Opinión Per Curiam y Sentencia del 7 de diciembre de 2011. Habiendo transcurrido el término de dicha suspensión, el Tribunal accedió a la Moción en Solicitud de Reinstalación presentada. Con esta decisión, se permite al Sr. Nelson Ramos Hernández retomar el ejercicio de ambas profesiones. La reinstalación es efectiva a partir de la notificación de la presente Resolución.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si las determinaciones judiciales sobre pensiones alimentarias de excónyuges son apelables. La cuestión surge en un caso donde un excónyuge solicitó la terminación de la pensión acordada en una sentencia de divorcio de 2003. El acuerdo original establecía un pago mensual de \$3,500 a la excónyuge. El peticionario argumentó que las circunstancias habían cambiado, pues los hijos comunes ya eran mayores de edad y la excónyuge trabajaba. La recurrida se opuso, alegando que la pensión formaba parte de un acuerdo transaccional incorporado a una sentencia firme y constituía cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de terminación de la pensión. El Tribunal Supremo debe dilucidar si la norma que permite apelar modificaciones de alimentos y custodia de menores se extiende a las pensiones entre excónyuges. La decisión busca clarificar el procedimiento apelativo aplicable a este tipo de determinaciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 13 de marzo de 2012. Mediante este acto, se designa a la Lcda. Ygri Rivera de Martínez como miembro de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. La designación se realiza de conformidad con la Regla 1, inciso (a) (1) y (2) del Reglamento de dicha Comisión. La Lcda. Rivera de Martínez, quien previamente sirvió como jueza del Tribunal de Apelaciones, asumirá su cargo a partir del 1 de abril de 2012. Su nombramiento es por un término de cuatro años. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaría.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Edwin Belén Trujillo. Se ordena su suspensión inmediata por un término de tres meses del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 23 de mayo de 2012, fecha de notificación. Esta acción surge de una queja presentada en 1999 por conducta antiética. Un informe de la Oficina de Inspección de Notarías de 2001 concluyó que el licenciado infringió los Cánones 21, 35 y 38, así como el Artículo 15(j) de la Ley Notarial. Los cargos formales fueron presentados en 2009. La decisión destaca que las actuaciones del abogado se apartaron de las normas éticas que rigen la profesión. El licenciado Belén Trujillo había sido suspendido previamente en 1990 por hechos distintos. La decisión fue emitida el 13 de marzo de 2012.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 13 de marzo de 2012. Trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía del Lcdo. Luis A. Nieves Nieves. El peticionario había sido suspendido por un término de un año mediante Opinión Per Curiam del 7 de marzo de 2011. Tras evaluar su moción de reinstalación, el Tribunal autoriza su regreso a la profesión. No obstante, la resolución ordena al Procurador General reactivar la queja AB-2008-0170. Dicha queja había sido archivada administrativamente durante el período de suspensión del abogado. Se concede al Lcdo. Nieves Nieves un término de 30 días para presentar su contestación a la referida queja reactivada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución con fecha de 12 de marzo de 2012. Mediante este documento, el Tribunal agradece y reconoce la labor de varios miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. Se expresa gratitud a los Lcdos. Flavio E. Cumpiano Villamor, Carlos E. Ramos González y Dora T. Peñagarícano. Se destacan sus valiosas aportaciones, dedicación y compromiso inquebrantable. Estos individuos sirvieron como Comisionados Asociados en dicha comisión. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una resolución (EM-2012-2) para establecer reglas sobre la exclusión o reasignación de jueces seleccionados para presidir o fungir como alternos en las Comisiones Locales de Elecciones. La selección inicial se realizó en enero de 2012 mediante un proceso aleatorio transparente, conforme al Código Electoral vigente. Tras la notificación de los resultados, varios jueces solicitaron ser exonerados de esta función. Las razones invocadas incluyeron motivos de salud, relaciones personales con funcionarios electorales o de partidos, y otras causas que pudieran afectar su imparcialidad o la confianza pública. Dado que la resolución previa no regulaba estas solicitudes, el Tribunal procede a atender el asunto. Se establecen criterios específicos para la exclusión, como padecer una enfermedad severa certificada. También se definen situaciones para la reasignación, como tener prejuicio o parcialidad hacia participantes en la comisión asignada. Se instruye a la Directora Administrativa de los Tribunales a considerar estas solicitudes basándose en las reglas promulgadas.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución de 12 de marzo de 2012, designó a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. La designación se realizó en virtud de la Regla 12 de Disciplina Judicial. Se nombró a la Hon. Aída N. Molinary de la Cruz como Presidenta de la Comisión. También se designaron cinco Comisionados Asociados y dos Comisionados Alternos. Los Comisionados Asociados nombrados fueron el Lcdo. Ángel F. Rossy García, Lcda. Delia Lugo Bougal, Lcdo. José Miranda de Hostos, Lcda. Evelyn Benvenutti y Sra. Eneida Sierra Corredor. La Lcda. Lourdes Velázquez y el Dr. Juan Salgado fueron designados como Comisionados Alternos. Los miembros ocuparán sus cargos por un término de cuatro años. Estos nombramientos entraron en vigor inmediatamente. El Tribunal Supremo agradeció a los miembros su disposición a servir.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 7 de marzo de 2012 en el caso In re Carlos J. Nazario Díaz. La Resolución atendió una Moción para Solicitar Reinstalación a la Notaría. El Tribunal declaró ha lugar la moción, autorizando la reinstalación del Lcdo. Carlos J. Nazario Díaz al ejercicio de la notaría. Sin embargo, se activó la queja AB-2005-282 que el licenciado tiene pendiente ante el Tribunal. Se ordenó a la Oficina del Procurador General cumplir con una Resolución previa del 6 de junio de 2008. Dicha Resolución anterior autorizó la formulación de cargos contra el licenciado conforme al informe del Procurador General. Se instruyó a la Secretaria del Tribunal acompañar copia de la Resolución del 6 de junio de 2008.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró la conducta profesional del Lcdo. Antonio Reyes Vidal. La acción disciplinaria se inició tras recibir copia certificada de una sentencia de un tribunal de Texas. Dicho tribunal desaforó al licenciado Reyes Vidal por infringir las Reglas Disciplinarias de Conducta Profesional de Texas. Los hechos probados en Texas revelaron que el abogado falsificó un documento para retener $5,000.00 de un cliente, dinero que debía ser devuelto tras finalizar un asunto migratorio. El tribunal de Texas determinó que esta conducta implicó deshonestidad, fraude, engaño o falsa representación. Como resultado, el licenciado Reyes Vidal fue desaforado indefinidamente de la práctica de la abogacía en Texas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico impuso una sanción disciplinaria correspondiente. La suspensión del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico es efectiva a partir del 19 de marzo de 2012.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la conducta del Lcdo. Luis Vázquez Pérez. Se le requirió inicialmente mostrar causa por tener su fianza notarial al descubierto desde 2010. A pesar de las resoluciones emitidas en junio y octubre de 2011, que le concedieron términos para responder y cumplir, el licenciado Vázquez Pérez no contestó de forma contumaz. El Tribunal considera esta falta de cumplimiento de sus órdenes disciplinarias como una conducta inaceptable para un miembro de la profesión jurídica. Se enfatiza la obligación de todo abogado de observar el mayor respeto y diligencia hacia los tribunales, respondiendo a sus requerimientos. La indiferencia demostrada ante los apercibimientos constituye una falta grave. No cumplir de forma diligente con lo ordenado por el Foro es razón suficiente para imponer sanciones. Ante la contumacia y la falta de respeto a la autoridad judicial, el Tribunal impone la sanción más severa. Se ordena el desaforo del Lcdo. Luis Vázquez Pérez del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 2 de marzo de 2012 en el caso de Héctor A. Tosado Arocho. La resolución evaluó las mociones presentadas por el peticionario solicitando su reinstalación. El Tribunal consideró las peticiones para la práctica de la abogacía y la notaría. Como resultado de la evaluación, el Tribunal ordenó la reinstalación del Sr. Tosado Arocho al ejercicio de la abogacía. No obstante, la solicitud para su reinstalación a la práctica de la notaría fue declarada no ha lugar.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Apelaciones que desestimó un recurso de apelación. La peticionaria, Helen Silva Colón, impugnó la desestimación de su apelación por supuestamente tardía. El Tribunal de Apelaciones determinó que una moción presentada por la peticionaria tras la sentencia criminal no constituyó una reconsideración válida, no interrumpiendo el término apelativo. Este caso permite al Supremo delimitar los contornos de una moción de reconsideración en el ámbito penal y profundizar sobre las mociones de rebaja de sentencia bajo la Regla 185. Tras examinar los argumentos, el Tribunal Supremo confirma la desestimación de la apelación. No obstante, la confirmación se basa en un fundamento distinto al del foro apelativo intermedio. El Supremo concluye que la apelación no fue tardía, sino prematura. La controversia surge de la convicción de la señora Silva Colón por infracciones a la Ley Uniforme de Valores.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 29 de febrero de 2012 en el caso identificado como TS-9508 y 2012 TSPR 36. La materia principal del documento es la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. La solicitud fue presentada por María J. Busó Aboy. Tras examinar la petición, el Tribunal ordenó la reinstalación de María Busó Aboy a la práctica legal. La decisión fue acordada por el Tribunal. El Juez Presidente Hernández Denton se inhibió, y los Jueces Asociados Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez no intervinieron en este asunto.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso CC-2007-95, IFCO Recycling, Inc. v. Autoridad de Desperdicios Sólidos, el 27 de febrero de 2012. El recurso requirió la interpretación del Artículo 21 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1978 y el Reglamento Núm. 5880. La cuestión central era determinar el procedimiento para solicitar créditos contributivos por inversión en facilidades de reciclaje. Específicamente, se analizó la solicitud de créditos para la renovación o expansión sustancial de una facilidad ya existente y previamente certificada. También se debía resolver si la cuantía invertida en dichos proyectos era elegible para recibir los créditos solicitados conforme a las disposiciones legales. IFCO Recycling, Inc. había sido certificada como facilidad exenta en 1997. La opinión aborda un asunto de interpretación legal no analizado previamente por el Tribunal Supremo.

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Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2007-483, que involucra a Trans-Oceanic Life Insurance Company y Victory Insurance Company contra Oracle Corporation y sus subsidiarias. El litigio se origina en una demanda por incumplimiento de contrato y daños relacionada con la implementación de un sistema informático. El Tribunal Supremo se propone aclarar la norma sobre cómo adjudicar una moción de desestimación por falta de jurisdicción *in personam* sobre una corporación no domiciliada, según la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Además, examina si un tribunal puede rehusarse a resolver una controversia por no existir aún una norma pautada por el Tribunal Supremo. La opinión concluye que el Tribunal de Apelaciones erró en sus determinaciones sobre ambas cuestiones. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un caso disciplinario contra el abogado y notario Daniel Muñoz Fernós. Una clienta lo contrató en 2006 para realizar un expediente de dominio sobre una propiedad heredada, pagando \$3,100 por el servicio. En lugar de completar el expediente de dominio, el licenciado confeccionó un contrato privado de compraventa para la propiedad. Existe una disputa sobre quién sugirió la compraventa en lugar del expediente de dominio. El contrato privado, autenticado por el notario, indicaba que la vendedora era dueña en pleno dominio por herencia, sin que se hubiera completado el proceso registral. El caso resalta la obligación de los notarios de cumplir con la Ley Notarial y las posibles violaciones legales y éticas que surgen al ignorar sus preceptos. La decisión del Tribunal Supremo aborda la conducta profesional del licenciado Muñoz Fernós en este asunto particular.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para enmendar su Reglamento. Se extiende a sesenta (60) días el término para que el Procurador General o el Director de la Oficina de Inspección de Notarías rindan informe y recomendación sobre quejas y asuntos disciplinarios referidos por el Tribunal. Además, la Resolución aborda el procedimiento para presentar quejas contra abogados o notarios. Se aclara que las quejas deben presentarse directamente ante el Tribunal Supremo. Se ordena al Procurador General instruir a las personas a seguir este procedimiento. Esta medida busca evitar la duplicidad y la sobrecarga de recursos que implica la presentación directa en la oficina del Procurador General. No obstante, el Procurador General deberá atender y resolver las quejas que ya fueron presentadas directamente en su oficina y que están pendientes a la fecha de la Resolución.

Resumen:

Este es un voto de conformidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitido el 21 de febrero de 2012, en relación con la aprobación de reglas para investigaciones especiales independientes y la designación de una comisión. El voto responde a las opiniones disidentes publicadas en la misma fecha. Critica el enfoque de las disidencias, que, según los firmantes, recurre a la retórica, el ideario colectivo y una "verdadera Constitución" en lugar del texto claro y la intención de la Constitución de Puerto Rico. Específicamente, refuta la interpretación disidente de que la Constitución creó dos entes separados dentro del Tribunal Supremo: un Pleno colegiado y un Juez Presidente independiente con poderes plenarios. El voto de conformidad defiende el proceder de la mayoría del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico separó indefinidamente al Lcdo. Salvador Acosta Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta determinación se basa en su grave y prolongado incumplimiento con los requerimientos del Foro, a pesar de múltiples oportunidades. El letrado había solicitado baja voluntaria en enero de 2011 tras más de cuarenta años de práctica. Sin embargo, no cumplió con las exigencias de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) relacionadas con la entrega de su obra notarial. Específicamente, retuvo protocolos de los años 2007 y 2008, su registro de testimonios y su sello notarial. Adicionalmente, no corrigió deficiencias identificadas en la parte de la obra que entregó, como la falta de encuadernación e índices adeudados. La ODIN informó al Tribunal sobre este incumplimiento. Ante la falta de cumplimiento con las obligaciones notariales y los requerimientos del Tribunal, se impuso la separación indefinida.

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Una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que aborda una controversia novedosa en el ámbito del contrato de arrendamiento financiero (leasing). El caso involucra a un arrendatario, José A. Andréu Fuentes, y al arrendador, Popular Leasing, Inc., en relación con el arrendamiento de un vehículo. La cuestión central es determinar si la devolución del bien arrendado debido a desperfectos mecánicos compensa adecuadamente al arrendador. Esto es particularmente relevante cuando el contrato de arrendamiento transfiere todas las garantías del vendedor al arrendatario y exime al arrendador de responsabilidad por dichos defectos. El acuerdo específico implicó la compra de un vehículo Audi A6 por Popular Leasing para arrendárselo al Sr. Andréu, con un pronto, pagos mensuales y opción de compra. El contrato estipulaba que cualquier reclamación por defectos debía dirigirse únicamente contra el vendedor, JP Motors. El Tribunal busca clarificar las consecuencias legales para la responsabilidad del arrendatario y la compensación del arrendador ante un incumplimiento o resolución unilateral del contrato motivada por el estado del vehículo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido revisar el funcionamiento de su Programa de Educación Jurídica Continua, implementado en 2005. Tras más de cinco años de operación, se considera necesario examinar si el programa cumple sus objetivos y responde a las necesidades de los profesionales del Derecho. Mediante esta Resolución, se crea una Comisión Especial encargada de realizar una investigación profunda sobre el programa y su reglamento. La Comisión deberá presentar recomendaciones para su mejoramiento y celebrar vistas públicas en todas las regiones judiciales para escuchar a los abogados. Estará compuesta por representantes de diversas asociaciones de abogados y letrados de los sectores público y privado. El personal del Secretariado de la Conferencia Judicial brindará apoyo logístico y administrativo. Una vez completada su labor, la Comisión rendirá un informe al Tribunal Supremo. Se nombra al Presidente y a algunos miembros iniciales, solicitando los nombres restantes a las entidades correspondientes.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC). La cuestión principal es determinar si la ASC puede distribuir ganancias provenientes de la inversión de sus activos o si solo puede repartir las generadas por el negocio de suscripción. La OCS investigó a la ASC y concluyó que esta última distribuyó ganancias de inversión basándose en la prima devengada, interpretando que solo las ganancias de suscripción eran distribuibles. La ASC, por su parte, argumentó que cumplió con la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio y la Regla LXX al limitar la distribución de ganancias de inversión a un por ciento. La decisión del Tribunal Supremo busca clarificar la interpretación correcta de la ley y el reglamento aplicables a la distribución de ganancias por parte de la ASC.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión el 10 de febrero de 2012. La decisión se refiere a la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la señora Mercedes M. Barreras Soler. Tras examinar la petición, el Tribunal determinó que ha lugar. Por consiguiente, se autoriza la reinstalación de la señora Barreras Soler. Este documento oficial certifica la decisión del Tribunal Supremo en este caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 10 de febrero de 2012. Esta resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por el Lcdo. Elías Arroyo Rivera. El Tribunal examinó la Moción Informativa Sobre Correcciones y Aprobación de la Obra Notarial Incautada de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías. También consideró la propia petición de reinstalación del abogado. Tras evaluar estas mociones, el Tribunal determinó reinstalar al Lcdo. Elías Arroyo Rivera. La decisión fue publicada oficialmente.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra la Lcda. Josefina López de Victoria Picornell. La acción se debió a que la abogada no pagó la fianza notarial requerida, la cual venció en diciembre de 2010. El Colegio de Abogados informó al Tribunal sobre esta falta. El Tribunal emitió una resolución concediendo a la abogada un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida de la notaría. Dicha resolución le fue notificada personalmente. A pesar del tiempo transcurrido y la notificación, la licenciada no compareció ni respondió ante el Colegio o el Tribunal. En vista de su incumplimiento, el Tribunal decretó su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta decisión subraya la obligación de los abogados de cumplir rigurosamente con los requerimientos del Tribunal.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó un nuevo Reglamento en noviembre de 2011. La Regla 4(b) de este Reglamento permite al Tribunal organizarse en una o más salas para el despacho de asuntos, excluyendo aquellos que la Constitución requiera un número mínimo de jueces. Cada sala debe estar compuesta por al menos tres jueces, presidida por el juez de mayor antigüedad o el Juez Presidente si forma parte de ella. Los jueces integrantes deben intervenir en el despacho y decisión de los asuntos, identificando las resoluciones con la sala y sus miembros. Para recomendar la expedición de un auto, se requiere el voto de al menos la mitad de los jueces de la sala. Las salas refieren al Pleno del Tribunal los autos cuya expedición recomiendan, siendo el Pleno quien decide finalmente. El Juez Presidente interviene para resolver empates o designa sustitutos según reglas de antigüedad. Las mociones de reconsideración de decisiones de sala son resueltas por una sala distinta, salvo excepciones, y las mociones subsiguientes por una sala diferente a las anteriores.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 3 de febrero de 2012. El caso, número TS-4767, trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía de Eduardo Grau Acosta. Tras examinar los informes pertinentes del Procurador General y la Comisión de Reputación, así como la moción del querellado, el Tribunal autorizó la reinstalación del Sr. Grau Acosta a la práctica de la abogacía. No obstante, con relación a su solicitud de reinstalación a la notaría, se ordenó a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías que se exprese en un término de treinta días. La decisión fue acordada por el Tribunal, certificada por la Secretaria, y dos jueces no intervinieron en la misma.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la contratación por la Directora de la OAT de un abogado para investigar el uso de fondos públicos en la Rama Judicial, tras denuncias contra el Juez Presidente. Esta acción se considera potencialmente interferente con otras investigaciones y suscita interrogantes legales y constitucionales. Para investigar adecuadamente la situación, se crea una Comisión Especial Independiente. La Comisión está compuesta por cinco miembros con probada idoneidad y experiencia en auditoría y gerencia. Su encomienda es investigar el uso de fondos y recursos públicos de la Rama Judicial, incluyendo los desembolsos de la OAT y su Directora. La Comisión operará bajo las reglas establecidas, sin interferir con la jurisdicción de otras ramas y cooperando con investigaciones concurrentes. En protección de la investigación de la Comisión, se ordena a la Directora de la OAT dejar sin efecto de inmediato el contrato con el abogado contratado y prohibir el pago con fondos públicos. Esta medida busca asegurar la transparencia y la integridad del proceso investigativo dentro de la Rama Judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la situación generada por una investigación iniciada por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), dirigida por la Directora Administrativa bajo la aprobación del Juez Presidente. Dicha pesquisa, contratada externamente por una suma considerable, se relaciona con el alegado dispendio de recursos de la Rama Judicial y surge de una querella contra el propio Juez Presidente, asuntos que también investigan el Senado y el Departamento de Justicia. El Tribunal señala que esta investigación se realizó sin consulta previa al Pleno. Afirma que la Constitución confiere al Tribunal Supremo en su totalidad la facultad de adoptar reglas para la administración de los tribunales y que la OAT carece de autoridad constitucional para investigar la conducta de los Jueces del Tribunal Supremo, cuya destitución es competencia de la Asamblea Legislativa. Ante estas circunstancias y para asegurar procedimientos adecuados, el Tribunal aprueba las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam sobre la conducta profesional del Lcdo. Thomas Jimmy Rosario Martínez. Se determinó que el abogado incurrió en un serio patrón de incumplimiento con los requerimientos del Foro. Este patrón incluyó desatender múltiples solicitudes del Colegio de Abogados y una orden directa del Tribunal Supremo en relación con una queja. Ante esta conducta, el Tribunal decidió separarlo indefinidamente del ejercicio de la profesión. La suspensión es efectiva a partir del 9 de febrero de 2012.

Resumen:

Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 27 de enero de 2012 en el caso CC-2008-975. El recurso aborda la legalidad de un aumento de sueldo concedido al exalcalde de Villalba en 1997 mediante Ordenanza Municipal. Se plantea si era mandatorio aprobar un reglamento previo y aplicar criterios mínimos de evaluación según la Ley de Municipios Autónomos para dicho aumento. El caso surge de una demanda del Estado Libre Asociado contra el exalcalde, su esposa, el Municipio y la Asamblea Municipal. La demanda buscaba una sentencia declaratoria, la restitución de fondos públicos por pago indebido y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión. Los peticionarios acuden al Supremo para revisar la determinación del Apelativo. Además, se discute si procede la restitución de los fondos si el aumento fue ilegal. Finalmente, se analizan cuestiones de jurisdicción de los tribunales inferiores y la legitimación activa del Estado para iniciar la acción.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en resolución del 27 de enero de 2012, atendió una "Moción en Cumplimiento de Orden". Esta moción fue presentada por la Oficina de Inspección de Notarías. Mediante esta resolución, el Tribunal ordenó la reinstalación de la Lcda. Dayra del Carmen Amill Acosta. La reinstalación se refiere específicamente a la práctica de la notaría. El caso se identifica con el número TS-11314. La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina el alcance de la doctrina de los dos desistimientos bajo la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. El caso involucra a Pramco CV6, LLC como peticionario y a José Delgado Cruz y Otros como recurridos. La controversia principal es si procede desestimar con perjuicio una tercera demanda tras dos desistimientos previos sin perjuicio. La primera acción fue desestimada por orden judicial por falta de interés (Regla 39.1(b)). La segunda acción fue desistida voluntariamente por aviso del demandante (equivalente a Regla 39.1(a)(1)). El Tribunal de Apelaciones desestimó la tercera demanda con perjuicio, aplicando la Regla 39.1(a)(1). El Tribunal Supremo debe determinar si la combinación de un desistimiento por orden judicial y uno voluntario por aviso activa la regla que convierte un segundo desistimiento voluntario por aviso en una adjudicación en los méritos. La opinión busca clarificar la aplicación de esta norma procesal en casos con historial de múltiples desestimaciones de distinta naturaleza.

Resumen:

La resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In re María del Carmen Blanes García aborda su solicitud de readmisión al ejercicio de la abogacía. La peticionaria había solicitado baja voluntaria el 16 de febrero de 2006, la cual fue autorizada mediante resolución de 2 de junio de 2006. El 20 de enero de 2012, Blanes García presentó una Moción de Solicitud de Activación al Ejercicio del Derecho. Habiendo presentado la Certificación de Cumplimiento requerida por el Programa de Educación Jurídica Continua, el Tribunal Supremo autorizó su reinstalación. Esta decisión fue tomada el 26 de enero de 2012.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 25 de enero de 2012. La resolución atiende la "Moción Solicitando la Reinstalación a la Práctica de la Notaría" presentada por el Lcdo. David V. Barbosa Alameda. Dicha moción fue radicada el 23 de enero de 2012. Mediante esta resolución, el Tribunal Supremo resuelve reinstalar al Lcdo. David V. Barbosa Alameda. La reinstalación le permite retomar el ejercicio de la práctica notarial. La decisión fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Fernando E. Betancourt Medina. La Resolución aborda la solicitud de reinstalación del Sr. Betancourt Medina al ejercicio de la abogacía. Tras examinar la Solicitud de Reconsideración y otros documentos presentados, el Tribunal autorizó su reinstalación. No obstante, la Corte también refirió el asunto al Procurador General. El Procurador General deberá realizar una investigación y rendir el informe correspondiente. El Juez Asociado Martínez Torres expresó que no habría autorizado la reinstalación en esta etapa. La decisión fue certificada por la Secretaría del Tribunal Supremo el 25 de enero de 2012.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta el alcance del Art. 42 de la Ley de Condominios y determina si una acción de daños y perjuicios de un titular contra el Consejo de Titulares o su Junta de Directores se subsume en el procedimiento ordinario para impugnar decisiones de la Junta. Se analiza si un Tribunal de Primera Instancia adquiere jurisdicción sobre reclamaciones de un condómino contra la Junta o el Consejo mediante una reconvención compulsoria, invocando el principio de economía procesal. La controversia surge a raíz de un desbordamiento de agua en un apartamento que causó daños al elevador de servicios del Condominio Victoria Plaza. El Consejo de Titulares reclamó el costo de la reparación al titular responsable. Este caso aborda la vía procesal adecuada para que un titular reclame daños y perjuicios al Consejo o la Junta en el contexto de un litigio iniciado por el Consejo. La opinión establece doctrina vinculante sobre la aplicación de la Regla 11 de Procedimiento Civil en estos escenarios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso CC-2011-0071. El recurso fue presentado por el Departamento de la Vivienda y la Junta de Reestructuración Fiscal contra Rosa Belén Cruz Parrilla. La controversia surge de la impugnación de la cesantía de la recurrida, efectuada bajo la Ley 7-2009. El Tribunal de Apelaciones había revocado una decisión administrativa que desestimó la apelación de la empleada. La cuestión principal a resolver es si el término de treinta días establecido por la Ley 7 para impugnar la Certificación de Antigüedad de un empleado puede ser interrumpido por justa causa. El Tribunal Supremo adelanta que considera este término de naturaleza jurisdiccional. La recurrida recibió su certificación de antigüedad en abril de 2009 y no la impugnó dentro del plazo de treinta días. La decisión determinará la validez del plazo de impugnación bajo la Ley 7 en el contexto de cesantías.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abordó si la declaración de incapacidad de los padres, necesaria para reclamar alimentos subsidiarios de los abuelos, requiere un procedimiento judicial previo. La Corte determinó que dicha declaración puede realizarse en el mismo pleito que se presente contra los abuelos, contestando la interrogante en la negativa. El caso se originó cuando una madre demandó a la abuela paterna de sus cuatro hijos menores solicitando alimentos subsidiarios. La madre basó su reclamo en la alegada incapacidad económica del padre debido a problemas de salud y una reducción drástica en la pensión alimentaria. La madre también indicó que no trabaja y enfrenta serias dificultades financieras para el sostenimiento de los menores. La abuela paterna solicitó la desestimación de la demanda, argumentando la falta de una declaración judicial previa sobre la incapacidad de los padres. La decisión establece que no es necesario un pleito separado para determinar la incapacidad de los padres antes de demandar a los abuelos por alimentos subsidiarios.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución el 13 de enero de 2012 en el caso In re: Yesenia Vázquez Torres. La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría por parte de la Lcda. Vázquez Torres. El Tribunal examinó la moción de reinstalación presentada por la peticionaria. También consideró una moción informativa de la Oficina de Inspección de Notarías sobre correcciones y aprobación de obra notarial incautada. Tras evaluar ambas presentaciones, el Tribunal autorizó la reinstalación de la Lcda. Yesenia Vázquez Torres. Esta decisión se fundamenta en que ha transcurrido el término de separación previamente impuesto. La autorización permite su regreso al ejercicio profesional tanto de la abogacía como de la notaría.

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 13 de enero de 2012. Se refiere al caso Ex Parte Carisa López Galib, identificado con el número TS-12,782. La materia principal es la reinstalación al ejercicio de la abogacía. El Tribunal examinó una Moción presentada por la Lcda. Carisa López Galib. Dicha moción solicitaba dejar sin efecto una baja voluntaria y notificaba un cambio de dirección. El Tribunal declaró ha lugar la moción. Como resultado, se ordena la reinstalación de la Lcda. Carisa López Galib al ejercicio de la abogacía. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaría.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el método para seleccionar jueces que participarán en procesos electorales bajo el nuevo Código Electoral (Ley Núm. 78 de 2011). El nuevo código exige un método de selección aleatoria para los jueces que manejen asuntos como la posible destitución de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, acciones judiciales electorales y la presidencia de comisiones locales de elecciones. El Tribunal encargó a un perito estudiar y proponer un método adecuado. Tras la presentación y recomendaciones del perito, el Tribunal decidió adoptar el método de selección aleatoria simple con reposición (SASR). Este método es ampliamente utilizado, sencillo y sirve de base para otras técnicas de muestreo probabilístico. Asegura la selección sin sesgos previos y otorga igual probabilidad a todos los candidatos potenciales en selecciones consecutivas. La técnica aprobada empleará una "función aleatoria" en lenguajes de programación, adaptando métodos tradicionales de selección aleatoria a la tecnología.