Departamento de Asuntos del Consumidor v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (AFSCME)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la aplicabilidad del aumento salarial trienal establecido en la Ley 184-2004 a empleados públicos sindicalizados que aún no tienen un convenio colectivo aprobado. Se analiza si la negativa del patrono a conceder este aumento constituye una práctica ilícita en el trabajo bajo la Ley 45-1998. El caso se origina a partir de querellas presentadas por Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). SPU alegó que DACo cometió prácticas ilícitas al denegar el aumento a empleados por su afiliación sindical. La controversia también incluye determinar el alcance de la jurisdicción de la extinta Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. DACo argumentó que la Comisión carecía de facultad para interpretar las disposiciones de la Ley 184. La opinión del Tribunal resuelve estas importantes cuestiones de derecho laboral en el servicio público.