Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 94)

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por la clase en el caso de Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación. Este pleito, iniciado hace más de 40 años, busca garantizar los servicios de educación especial. En 2002, se dictó una sentencia por estipulación que estableció requisitos y un programa de monitoría para el cumplimiento del Departamento. La controversia actual surge de una orden del Tribunal de Primera Instancia de finales de 2023. Dicha orden, inicialmente una sentencia parcial y luego enmendada a resolución, dispuso el archivo administrativo de once estipulaciones de la sentencia de 2002. El foro primario también denegó la solicitud de la clase para notificar a sus miembros sobre este cierre mediante edicto. La clase recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el archivo era prematuro y la denegación de la notificación errónea. El Departamento de Educación se opuso a la expedición del recurso. El panel del Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El señor Ángel Ginés Montes presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó sus mociones de sentencia sumaria. El caso subyacente fue incoado por el Municipio de Vega Baja contra el señor Ginés, buscando la restitución de fondos públicos, sentencia declaratoria y ejecución. El Municipio alega que el señor Ginés obtuvo fraudulentamente $225,000 en un caso previo de expropiación a la inversa al no informar que la propiedad objeto del pleito estaba hipotecada y fue ejecutada por un banco. Sostiene que el señor Ginés utilizó esos fondos para adquirir otra propiedad y constituyó un hogar seguro sobre ella, buscando la nulidad de dicho acto. El TPI denegó las solicitudes de sentencia sumaria del señor Ginés en el pleito iniciado por el Municipio. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resolvió denegar el Certiorari presentado por el señor Ginés.

Resumen:

Compareció ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por AAA Car Rental, Inc. h/n/c Allied Car & Truck Rental. La petición buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, dictada el 5 de diciembre de 2023. Mediante dicha Orden, el foro primario no autorizó la presentación de varias mociones de sentencia sumaria radicadas por Allied. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión en que las mociones fueron presentadas de forma tardía. Señaló que se radicaron más de un año después de culminado el descubrimiento de prueba y a menos de 60 días del juicio. Además, indicó que se presentaron sin la autorización previa del tribunal, contraviniendo la Regla 36.1 de Procedimiento Civil y retrasando los procedimientos. Este es el tercer recurso que llega a este Tribunal relacionado con controversias posteriores al descubrimiento de prueba en este caso laboral. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Por tanto, se confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no autorizar las mociones de sentencia sumaria tardías.

Resumen:

Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra a Milton F. Rivera Rodríguez (apelado) y Yari Rodríguez Benítez (apelante) en un procedimiento sumario de desahucio y cobro de dinero. La demanda original buscaba el lanzamiento de la apelante y el pago de rentas adeudadas por el arrendamiento de una propiedad en Mayagüez. La acción de desahucio fue desistida luego de que la apelante desalojara el inmueble. El foro primario ordenó a la apelante pagar \$1,200 por concepto de cánones de arrendamiento y \$1,000 por honorarios de abogado. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha Sentencia. La controversia se centró en los términos del contrato de arrendamiento, el cumplimiento de pagos, mantenimiento y reparaciones. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones procedió a modificar el dictamen apelado. Finalmente, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada, según las modificaciones realizadas por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Víctor J. Olivo Afanador y Verónica Morán (SLG OlivoMorán). Solicitaban revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en una demanda civil. La demanda fue incoada por Leslie Collazo Rivera por incumplimiento de contrato, interferencia contractual torticera, abuso del derecho, enriquecimiento injusto y daños. Collazo Rivera alegó tener un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre una propiedad que fue adquirida por VJOA, entidad vinculada a los peticionarios. SLG OlivoMorán argumentó que no debían responder personalmente al haber comprado la propiedad una entidad jurídica separada. La demandante se opuso, indicando que la reclamación incluía daños personales y alegaciones directas contra el matrimonio. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de SLG OlivoMorán. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó el Certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de mantener a SLG OlivoMorán como parte demandada en el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que rehusó dejar sin efecto la rebeldía anotada a un demandado en dos pleitos incoados por la Administración de Terrenos: uno de desahucio y otro de daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al no anular la rebeldía. Se determinó que el demandado demostró interés en defenderse desde el inicio de ambos casos y presentó defensas sustantivas, como la alegación de usucapión en el pleito de desahucio. Además, se señaló que, en una de las acciones, el TPI no apercibió al demandado sobre las consecuencias de la presentación tardía de su contestación ni impuso una sanción menos severa antes de anotar la rebeldía. El TPI también había reconocido un error previo al no convertir el caso de desahucio a un procedimiento ordinario desde el principio, lo que evidenciaba la complejidad y la necesidad de un proceso adecuado para ventilar las defensas. Por estas razones, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del TPI.

Resumen:

Viva Travel, LLC presentó un recurso de revisión judicial contra una determinación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La determinación de la agencia resolvió una querella presentada por clientes que reclamaban el reembolso de un viaje cancelado. La Compañía de Turismo, en reconsideración, ordenó a Viva Travel reembolsar \$45,256.30 en un término de treinta y seis meses. Los clientes querellantes presentaron una moción de reconsideración ante la agencia, impugnando el plazo de pago. Viva Travel presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones mientras la moción de reconsideración de los clientes aún estaba pendiente de resolución por la agencia. El Tribunal analizó los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme sobre el agotamiento de remedios administrativos. La presentación de un recurso de revisión judicial mientras una moción de reconsideración oportuna está pendiente ante la agencia impide el agotamiento de dichos remedios. Al no haberse agotado los remedios administrativos, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por Viva Travel, LLC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión judicial. Splash Learning Academy, Inc. impugnó la denegatoria de un permiso de uso por parte de la OGPe, tras haber agotado la vía administrativa. La corporación recurrente compareció ante el tribunal por derecho propio, representada por su presidenta. La OGPe solicitó la desestimación argumentando falta de capacidad representativa. El tribunal determinó que, conforme al derecho puertorriqueño, las corporaciones deben ser representadas por abogados admitidos a la profesión para comparecer en los tribunales. La comparecencia de una corporación por derecho propio a través de un oficial no abogado carece de eficacia legal. Al no estar representada por un abogado, el recurso presentado por Splash Learning Academy, Inc. no cumple con los requisitos jurisdiccionales. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender los méritos del caso. El recurso de revisión judicial fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. La petición fue instada por CheilInel Rodríguez Torres contra Anna Figueroa en un caso de desahucio y cobro de dinero. Se solicitó la revisión de una Minuta del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida el 9 de noviembre de 2023. En dicha Minuta, el foro primario indicó que había evaluado mociones presentadas ese día y notificaría las determinaciones por correo electrónico. La peticionaria alegó que el tribunal erró al no paralizar el caso conforme a la Orden Administrativa OAJP-2021-083. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 17 de enero de 2024, expone el trasfondo fáctico y procesal del caso. Detalla la demanda de desahucio, el contrato de arrendamiento, las alegaciones de incumplimiento y las actuaciones de las partes en el foro primario. Al abordar la controversia, el Tribunal de Apelaciones enfatiza la importancia fundamental de la jurisdicción para considerar y decidir casos. Se dispone a adjudicar el error señalado por la peticionaria, comenzando por las normas de derecho aplicables a la jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega la expedición de un auto de Certiorari solicitado por Carmen Margarita Fagot Bigas. La petición buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso sobre la adveración de un testamento ológrafo. El recurrido, Emilio Fagot Rodríguez, había iniciado el procedimiento para la adveración y protocolización del testamento. La peticionaria, hermana del causante, intervino en el caso tras enterarse del proceso. Presentó una moción de desestimación argumentando que el TPI carecía de jurisdicción por no haber sido debidamente citada al inicio del trámite. El TPI declaró No Ha Lugar la moción, resolviendo que el requisito de citación no era de naturaleza jurisdiccional y que la intervención de la peticionaria subsanó el incumplimiento. La peticionaria recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando errores del TPI al denegar su moción y mantener la vista de adveración. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su Resolución, deniega la solicitud de Certiorari y la petición en auxilio de jurisdicción.

Resumen:

Un ex agente de la Policía de Puerto Rico, Renardo Della Camera Navarro, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna la resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que desestimó su caso por prematuro. La Policía inició una investigación administrativa contra el agente por hechos de 2017, resultando en una Resolución Final de expulsión en julio de 2020. El agente apeló ante la CIPA en septiembre de 2020, argumentando violaciones al debido proceso y dilación en la investigación. La CIPA desestimó su apelación en mayo de 2023, decisión que fue recurrida ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la CIPA. La sentencia concluye revocando la resolución de la CIPA que había desestimado el caso del ex agente.

Resumen:

El Banco Popular de Puerto Rico presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una primera hipoteca contra la Sucesión de Ruth Inés Rivera Martínez. Tras obtener sentencia y celebrar subasta, la propiedad se adjudicó por una suma que generó un sobrante luego de cubrir la deuda de la primera hipoteca. El inmueble también estaba gravado con una segunda hipoteca, cuya acreencia fue adquirida por el Banco Popular. El Banco solicitó al Tribunal de Primera Instancia el retiro del sobrante de la subasta para cubrir la deuda de esta segunda hipoteca. El foro primario denegó la solicitud, requiriendo que el Banco radicara una acción separada para reclamar sobre la segunda hipoteca. Inconforme, el Banco Popular acude al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Banco alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al no permitir el retiro de los fondos sobrantes para satisfacer la deuda de la segunda hipoteca que ostenta. El Tribunal de Apelaciones revisa si el foro primario actuó correctamente al denegar la solicitud de retiro de fondos basada en la segunda hipoteca dentro del proceso de ejecución ya adjudicado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Teresa Soto Amadeo. La apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que desestimó su demanda. La demanda de la señora Soto Amadeo cuestionaba su destitución como Directora del Programa Head Start y Early Head Start del Municipio de Aguadilla. El Municipio no renovó su contrato, citando una clasificación de alto riesgo y señalamientos de auditoría. La apelante alegó que la notificación de destitución fue defectuosa y que el proceso no cumplió con la reglamentación aplicable del Programa, la cual exige un debido proceso y la intervención de la Junta de Gobierno. Solicitó al TPI un Mandamus y Sentencia Declaratoria para ordenar el proceso correcto de destitución. Tras la desestimación inicial y la denegación de reconsideración por el TPI, la apelante acudió al foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones evaluó los autos y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Se trata de una apelación presentada por Edwin Gadiel Pagán Burgos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante busca revocar una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños, libelo y calumnia contra Efraín Santiago Ortiz y otros. La causa de acción se originó por alegadas expresiones difamatorias hechas por el señor Santiago Ortiz en un programa de televisión en 2016. Estas expresiones aludían a la convicción del padre del apelante y sugerían la existencia de otras investigaciones, incluyendo una relacionada con el propio apelante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al determinar hechos supuestamente incontrovertidos y concluir que no se demostraron los elementos de la causa de acción. El apelante argumenta que el foro primario erró en la determinación de los hechos y en la apreciación de la prueba. Inicialmente, la demanda incluía al padre, pero su reclamo fue desestimado por prescripción, quedando solo el del hijo. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones evaluará si procedía la desestimación sumaria de la demanda del apelante.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Guayama en un pleito de injunction estatutario bajo la Ley Núm. 161-2009. El Municipio Autónomo de Salinas y el DRNA demandaron a Pablo Vergara Ramos y Judith Rivera Díaz por construcciones alegadamente ilegales sin permisos. Los demandantes solicitaron la paralización, demolición y costas. El Tribunal de Primera Instancia permitió a los demandados contestar la demanda y les concedió un término de 10 días para presentar una reconvención. Los peticionarios argumentaron que el procedimiento sumario de la Ley 161-2009 no contempla la presentación de reconvenciones. Alegaron que permitir una reconvención desvirtuaría el carácter expedito del pleito. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La corte revocó los dictámenes del Tribunal de Primera Instancia que permitían la reconvención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de daños y perjuicios. El Municipio de Guánica solicitó la revisión de la decisión que declaró con lugar una moción de sentencia sumaria parcial de los demandantes, determinando la negligencia de sus empleados y su responsabilidad vicaria. La demanda original alegaba que empleados municipales cortaron un árbol y dejaron el tronco, el cual cayó sobre uno de los demandantes al día siguiente. El Municipio negó responsabilidad y solicitó la desestimación sumaria del caso. El foro primario también denegó la solicitud de sentencia sumaria desestimatoria del Municipio. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Revoca la determinación sumaria de negligencia de los empleados municipales hecha por el foro primario. Confirma la parte de la Resolución recurrida que denegó la solicitud de sentencia sumaria desestimatoria del Municipio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con una apelación presentada por Enrique Vázquez Quintana. La apelación impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicho tribunal había desestimado, *motu proprio* y con perjuicio, la Demanda de Relevo de Sentencia presentada por el señor Vázquez Quintana. Este buscaba dejar sin efecto una sentencia de 2011 por impericia médica en su contra. Alegaba que nueva evidencia, una resolución de la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas, contradecía la determinación de causalidad del fallo original. La Demanda se fundamentaba en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que dicha regla no permite a una parte, en un caso final y firme, solicitar la sustitución de una adjudicación judicial con prueba pericial favorable. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la demanda de relevo de sentencia.

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Este es un caso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una demanda de alimentos entre parientes. La apelación fue presentada por Ramón L. Rivera Ortiz, el padre, contra la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una obligación de pensión alimentaria a su hija adulta, Aranza M. Rivera Santiago, quien cursa estudios profesionales. La hija demandó a su padre alegando necesidad económica para sus estudios y la capacidad económica de él. Posteriormente, la demanda fue enmendada para incluir a la madre, Halmerie Santiago Cancel, quien también fue obligada a pagar pensión alimentaria en la sentencia enmendada. El padre apeló, cuestionando la inclusión de la madre, la imposición de gastos de litigio y la determinación del monto de la pensión sin considerar los ingresos y ayudas de la hija. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado al padre pagar $400 mensuales y $3,000 en gastos de litigio, y en la sentencia enmendada, a la madre pagar $300 mensuales. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Por los fundamentos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Enmendada apelada.

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Edgardo Di Cristina Acevedo, quien se encuentra privado de libertad, presentó un recurso solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario cuestiona sus condenas de 2015 por violaciones a la Ley de Armas, resultantes de una alegación preacordada. Alega que su alegación no consideró una enmienda de 2013 a la Regla 72(7) y que la pena impuesta excede un límite legal. El Tribunal observa que el peticionario no fundamenta su posición y que esta parece contraria al texto de la Regla 72. Se destaca que el peticionario ya había impugnado estas sentencias previamente mediante certiorari, el cual fue denegado por falta de argumentos suficientes. El documento explica que el auto de certiorari es un remedio discrecional. La concesión del auto depende de la evaluación de criterios específicos establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Esta Resolución atiende la solicitud de certiorari presentada por el peticionario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Sr. Chandler Patton. El peticionario impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Humacao que denegó su Moción solicitando la desestimación de una demanda de divorcio y custodia. Dicha demanda fue presentada por la Sra. Mileandra Flores Concepción en Puerto Rico. La Sra. Flores Concepción solicitó el divorcio por ruptura irreparable y la custodia de los dos hijos menores de la pareja, alegando residencia en Puerto Rico con los menores. El TPI había emitido previamente una orden de custodia provisional de emergencia a favor de la madre y el regreso de los menores a la isla. El peticionario, residente en Florida, argumentó que el TPI carecía de jurisdicción para conocer del caso de divorcio y custodia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos del recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta determinación confirma la decisión del TPI de no desestimar la demanda y continuar con el proceso.

Resumen:

Un confinado, Carlos Rivera Román, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba la entrega de un colchón ortopédico que le fue ordenado médicamente en agosto de 2023. Tras presentar solicitudes administrativas y una reconsideración ante el Departamento por la demora, se le informó que el colchón fue ordenado a una compañía externa en octubre de 2023 y que su entrega estaba pendiente debido a los procesos. Insatisfecho con la respuesta, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones argumentando que el Departamento no atendió correctamente su reclamo. El Tribunal autorizó al recurrente a litigar como indigente. Al evaluar el recurso, el Tribunal aplicó el principio de deferencia a las determinaciones administrativas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución apelada emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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AIG Insurance Company solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria de AIG para desestimar una Demanda en su contra. La Demanda fue incoada por los esposos Suárez-Benítez por daños y perjuicios. Los demandantes alegaron negligencia de Hogar Posada La Victoria, Inc. tras la muerte de su hija, quien se evadió de sus instalaciones. La hija, con problemas de adicción, ingresó voluntariamente al centro de rehabilitación. Los esposos Suárez-Benítez incluyeron a AIG como parte demandada, alegando que aseguraba al Hogar. AIG presentó una moción de sentencia sumaria argumentando la falta de cubierta bajo su póliza. El TPI declaró No Ha Lugar dicha moción. Este tribunal revisó la determinación del TPI mediante auto de certiorari. Se determinó que el TPI erró, por lo que se revocó la Resolución recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Caja Grande, LLC. La peticionaria impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó cuatro enmiendas a la demanda en un caso de incumplimiento de contrato. El litigio original fue incoado por José Luis García Figueroa y otros contra Caja Grande, LLC, relacionado con la compra y transporte de contenedores. Los demandantes alegaron incumplimiento contractual y daños, mientras la demandada reconvino por gastos de almacenaje. Las enmiendas autorizadas por el foro primario incluyeron correcciones y nuevas causas de acción por inversión, aumento de valor de mercado y valor del trabajo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Procedió a modificar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. También dejó sin efecto la orden de paralización de los procedimientos que había emitido previamente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por Samuel Ayende Negrón y María Carolina Sutuj contra el Departamento de la Familia. Los recurrentes solicitaron la intervención del Tribunal en relación con una apelación que se encuentra actualmente ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Tras estudiar el escrito, el Tribunal determinó que carece de jurisdicción para atender el asunto. Se explica que la jurisdicción judicial se otorga por ley y solo procede la revisión de decisiones administrativas *finales*, una vez agotados los remedios ante la agencia. Dado que el asunto aún está pendiente ante la Junta Adjudicativa, no se ha emitido una decisión final ni se han agotado los remedios administrativos. En consecuencia, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso presentado por Carmen Rojas Cosme contra FirstBank Puerto Rico y Empresas Melco. La apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por fraude y embargo ilegal. En su demanda, presentada por derecho propio, alegó que se constituyó una hipoteca sobre su propiedad sin que se le desembolsaran los fondos, lo que llevó a un caso previo de ejecución hipotecaria y una orden de lanzamiento. La señora Rojas Cosme solicitó anular la hipoteca, detener el lanzamiento y reclamó millones de dólares en daños. El Tribunal de Primera Instancia denegó su petición de comparecer por derecho propio, le requirió representación legal y le impuso sanciones por continuar presentando escritos sin abogado. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la desestimación de la demanda y las actuaciones del foro primario, procediendo sin el alegato de la parte apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado y represalias. El querellante, Julio A. Vega Pacheco, demandó a Vieques Air Link, Inc. Tras un proceso de descubrimiento de prueba, el Sr. Vega presentó una moción para compeler contestaciones a interrogatorios y producción de documentos bajo la Regla 34. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción y solicitudes posteriores del Sr. Vega. El Sr. Vega recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, alegando que el TPI abusó de su discreción y no fundamentó adecuadamente su decisión al denegar la moción de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado por el Sr. Vega.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Miguel Colón Aponte. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que denegó la solicitud de hogar seguro del Sr. Colón. El caso subyacente trata sobre la división o liquidación de una comunidad de bienes hereditarios entre el Sr. Colón y los herederos de su difunta esposa. La propiedad en controversia es una estructura ganancial edificada sobre un solar privativo del Sr. Colón. El Sr. Colón reclamó un derecho de hogar seguro sobre la propiedad, amparado en la Ley Núm. 195-2011 y una escritura registrada, solicitando que prevaleciera sobre la liquidación. El Tribunal de Primera Instancia había dictado previamente una sentencia parcial que identificaba hechos no controvertidos y otros pendientes de determinación, pero denegó la solicitud de hogar seguro. El Sr. Colón acudió en certiorari para revocar dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por Don Sergio González Ríos y Doña Celia Chaparro Soto. Los apelantes recurrieron la desestimación de su petición de expediente de dominio sobre un solar en Aguada, no inscrito en el Registro de la Propiedad. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la petición sin perjuicio. Esta desestimación se fundamentó en el incumplimiento de los apelantes con los requisitos de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Durante el juicio, los apelantes no probaron la segregación formal del predio de una finca de mayor cabida. Tampoco demostraron el cumplimiento con las aprobaciones requeridas por la Oficina de Gerencia de Permisos para dicha segregación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la falta de esta prueba impedía la concesión del expediente de dominio. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Considerando correctos los fundamentos del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de certiorari presentada por los Peticionarios en un caso de reivindicación. Los Peticionarios solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración, la cual buscaba la desestimación de una Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por los Recurridos. El caso de reivindicación surge tras una disputa sobre la posesión de terrenos, previamente delimitados por una Sentencia por Estipulación en un caso de deslinde anterior. Los Recurridos alegan que los Peticionarios ocupan parte de su propiedad según los linderos establecidos en dicha estipulación. La Moción de Sentencia Sumaria de los Recurridos argumenta que no hay controversia sobre los linderos y que la ocupación está probada. El foro primario denegó la reconsideración de los Peticionarios sobre la desestimación de dicha moción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los Peticionarios. También declara No Ha Lugar una Moción en auxilio de jurisdicción instada por los Peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Los recurrentes, Manuel Ortiz García, Lumary Padilla López y Ortiz Group Engineering \& Construction Services Corp., impugnaron una resolución interlocutoria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha resolución denegó su moción de desestimación o resolución sumaria en un procedimiento administrativo. El DRNA había presentado una querella contra los recurrentes por supuestas infracciones a leyes ambientales, específicamente por corte y movimiento de terreno sin permisos que afectaba un cuerpo de agua. Los recurrentes argumentaron falta de jurisdicción del DRNA y cosa juzgada. La Secretaria del DRNA declaró no ha lugar la moción de los recurrentes. Inconformes, los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para revisar una resolución interlocutoria en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de certiorari presentados por Grace Monge La Fosse. La peticionaria impugnó dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre cumplimiento de contrato, daños y reconvención. El primer dictamen denegó una solicitud de extensión para oponerse a una moción de sentencia sumaria presentada por TPX T-SHIRT PRINT EXPRES, INC. El segundo dictamen declaró improcedente una moción de recusación contra el juez de instancia. La peticionaria había intervenido en el caso alegando ser cesionaria de una de las partes demandadas. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso sobre la extensión del término por falta de jurisdicción. Adicionalmente, deniega el recurso relativo a la moción de recusación.

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Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas sobre una acción de expropiación forzosa incoada por el Municipio Autónomo de Caguas. El tribunal de instancia desestimó la demanda al concluir que hubo falta de notificación adecuada durante el proceso administrativo de declaración de estorbo público. El Municipio apeló, argumentando que el tribunal erró al cuestionar la determinación administrativa. Varios apelados solicitaron la desestimación del recurso de apelación por no haberse notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), una de las partes, dentro del término. El Municipio admitió la falta de notificación al CRIM, pero sostuvo que no era necesaria ya que la sentencia apelada no afectaba sus derechos. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la desestimación del recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de notificación a una de las partes dentro del término de cumplimiento estricto. La oportuna notificación del recurso a las partes apeladas es necesaria para el perfeccionamiento y la jurisdicción del foro apelativo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para desestimar un Recurso Especial de Revisión Judicial para el Acceso a la Información Pública. Este recurso fue instado por Félix Arquer Román al amparo de la Ley de Transparencia (Ley Núm. 141-2019). El señor Arquer Román presentó la acción tras disputar facturas de alto consumo y solicitar información y documentos a la AAA. El Tribunal de Primera Instancia había permitido que el recurso de acceso a la información continuara. El Tribunal de Apelaciones evaluó el certiorari presentado por la AAA. El panel judicial determinó desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. La razón específica para la desestimación fue la academicidad del recurso.

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Un integrante de la población correccional recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando intervención sobre una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alegó que su hija de 20 años fue eliminada de su expediente de visitas porque era la parte perjudicada en su caso. Pidió al tribunal que ordenara al Departamento de Corrección que la incluyera nuevamente en la lista de visitas. El tribunal se centró en la cuestión de la jurisdicción, que debe ser acreditada por la parte recurrente. Determinó que el recurrente no demostró que el Departamento de Corrección hubiera emitido una decisión final revisable sobre el asunto. Tampoco acreditó que, de existir tal decisión, el recurso se presentara de forma oportuna. El tribunal recordó que comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Concluyó que, al no acreditarse la jurisdicción del tribunal sobre el asunto planteado, procedía desestimar el recurso.

Resumen:

Sentencia del 12 de enero de 2024 de un panel judicial de Puerto Rico. El Sr. Pablo Estevez González solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó reabrir su caso civil contra el Estado Libre Asociado y funcionarios. El foro primario basó su decisión en la paralización de litigios impuesta por el procedimiento de quiebras del ELA bajo el Título III, al no recibir evidencia de que la paralización se hubiera levantado. El caso original de Estevez, presentado en 2020 y enmendado en 2021, reclamaba daños por alegada segregación ilegal sin debido proceso. El ELA había solicitado inicialmente la desestimación por falta de agotamiento de remedios administrativos, moción que fue denegada por el foro primario. Posteriormente, el ELA notificó la existencia del injunction del caso de Título III. El tribunal revisor expidió el recurso de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reapertura del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El caso fue presentado por un miembro de la población penal, identificado como trans, quien solicitó continuar sus estudios y trabajo desde una unidad segregada. El DCR respondió trasladando al recurrente a otra unidad, pero no atendió su petición específica sobre el acceso a estudio y trabajo. El recurrente solicitó reconsideración, reiterando su reclamo y añadiendo alegaciones sobre seguridad y discriminación. El DCR denegó la reconsideración, sin abordar nuevamente la solicitud de estudio y trabajo, indicando que el recurrente se encontraba en una unidad de custodia máxima. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, señalando varios errores, incluyendo la falta de respuesta a su reclamo principal. La Oficina del Procurador General, representando al DCR, coincidió en que la agencia no había respondido a la solicitud medular de estudio y trabajo. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del DCR. El asunto fue devuelto a la agencia para que responda adecuadamente a la solicitud del recurrente sobre la provisión de estudio y trabajo.

Resumen:

El documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Distribuidora Lanzamientos S.L. solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero contra Distribución Integrated Services, LLC. El pleito original se basa en el incumplimiento de un contrato de distribución y una deuda alegada de más de \$500,000. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones surge de la alegada demora del Tribunal de Primera Instancia en resolver una Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada en junio de 2021. A pesar de varias gestiones de la parte demandante, el foro primario no emitió una decisión por un periodo prolongado. Esto llevó a la presentación del Certiorari en diciembre de 2023, argumentando que se excedió el término reglamentario para resolver. No obstante, la parte peticionaria informó al Tribunal de Apelaciones que, tras la radicación del recurso, el Tribunal de Primera Instancia finalmente denegó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el caso considerando este desarrollo procesal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Sr. José David Rivera Rodríguez solicitó la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI limitó la prueba en una vista evidenciaria a la alegada merma en la capacidad económica del peticionario para el pago de pensión excónyuge desde 2017. El TPI excluyó específicamente la presentación de evidencia sobre la capacidad económica de la señora Jiménez Tugues o su alegado concubinato. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para su consideración. Tras deliberar, el panel especial decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. La denegatoria se fundamentó en que no surgió del expediente que el TPI actuara con prejuicio, error manifiesto o craso abuso de discreción. Tampoco se encontraron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por tanto, la decisión del TPI de limitar el alcance de la vista evidenciaria se mantiene.

Resumen:

Se apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de acoso laboral, discrimen y represalias incoado bajo la Ley de Procedimiento Sumario Laboral (Ley 2). La apelante, Timna R. Saldaña Torres, impugna la decisión que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Clinical Medical Services, Inc. y desestimó su demanda con perjuicio. La apelada solicitó sentencia sumaria, a lo que la apelante se opuso inicialmente por tardía, aunque el foro primario permitió su presentación. Posteriormente, la apelante solicitó una prórroga para oponerse a los méritos de la solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia Sumaria sin resolver la solicitud de prórroga de la apelante para oponerse a los méritos. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con una apelación presentada por González Equipos, Inc. La apelación impugnaba una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. La acción original fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II, reclamando el reembolso de \$30,207.48 por alegados pagos duplicados bajo un contrato. González Equipos no presentó una contestación oportuna tras ser emplazado. Aunque se le concedió una prórroga para responder, González Equipos nuevamente incumplió el término. En consecuencia, el Consejo de Titulares solicitó que se le anotara la rebeldía. El foro primario accedió a la solicitud, dictando sentencia contra González Equipos por la suma reclamada más intereses. González Equipos solicitó reconsideración, alegando negligencia excusable debido a asuntos médicos de su abogado. El tribunal de instancia denegó la reconsideración, lo que motivó esta apelación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre dos recursos de certiorari consolidados presentados por Grace Monge La Fosse. Los recursos provienen de un caso del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, entre TPX T-SHIRT PRINT EXPRES, INC. y otros, incluyendo a la peticionaria como cesionaria. El litigio principal trata sobre sentencia declaratoria, cumplimiento de contrato, fraude y daños, con reconvenciones y demandas contra terceros por temas contractuales, derechos constitucionales y difamación. El recurso KLCE202301040 impugnaba una orden que denegó la solicitud de la señora Monge La Fosse para extender el término de oposición a una moción de sentencia sumaria hasta culminar el descubrimiento de prueba. El recurso KLAN202301025 solicitaba la revisión de una resolución que declaró improcedente una moción de recusación juramentada contra el juez de instancia. La señora Monge La Fosse intervino en el caso alegando ser cesionaria de Multi-Ventas y Servicios Inc., pero su interés fue cuestionado mediante moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos de la peticionaria en ambos recursos. Resolvió desestimar el recurso KLCE202301040 por falta de jurisdicción y denegó el recurso KLAN202301025.

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Esta es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de certiorari. Los peticionarios, Rafael Ángel Rivera Torres y otros, impugnaron una orden del Tribunal Superior de San Juan. El caso subyacente es una demanda de clase contra el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa y la Oficina de Administración de Tribunales, reclamando intereses acumulados sobre fondos bajo custodia judicial. La orden específica impugnada exigía a los peticionarios residentes en Puerto Rico comparecer a deposiciones. Los peticionarios argumentaron que la información solicitada en las deposiciones era impertinente al caso y que las deposiciones eran una táctica dilatoria. El foro primario había denegado previamente la solicitud de orden protectora de los peticionarios y les ordenó coordinar fechas para las deposiciones, bajo amenaza de sanciones. Los recurridos solicitaron posteriormente al tribunal que obligara a los peticionarios a comparecer a las deposiciones, alegando que no habían proporcionado fechas disponibles. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. El apelante, Ramón Díaz Gómez, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra los apelados, José Félix Torres Rivera y otros. La demanda original alegaba el incumplimiento de un contrato de arrendamiento por parte de los apelados. El apelante reclamaba el pago de cánones de arrendamiento atrasados, recargos, costos judiciales y daños a la propiedad. Sostenía que los apelados le adeudaban una suma total de $9,330.00 y se negaban a desalojar la propiedad. En la vista ante el foro primario, los apelados testificaron haber pagado la renta y haber desocupado el inmueble. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda del apelante. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación presentado por la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI). COSVI apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial a favor de Marianita Solivan Torres. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato de póliza de seguro de vida y daños presentada por la señora Solivan Torres contra COSVI. La señora Solivan Torres reclamaba el pago de beneficios como beneficiaria designada en la póliza de su hija fallecida. Según la demanda, la asegurada cambió los beneficiarios en 2016 para incluir a su madre, la señora Solivan Torres. COSVI denegó el pago a la señora Solivan Torres, alegando que los beneficios fueron pagados al beneficiario original y que la asegurada no estaba autorizada a realizar cambios. La señora Solivan Torres argumentó que la póliza mostraba a su hija como dueña y que COSVI no objetó el cambio de beneficiarios en su momento. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la señora Solivan Torres mediante sentencia sumaria parcial. Tras revisar el dictamen apelado, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la decisión del foro primario.

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Sentencia judicial de 11 de enero de 2024 emitida por un panel de jueces en Puerto Rico. Resuelve un recurso de apelación presentado por Ardín Terón Santiago contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, de 6 de marzo de 2023, confirmó la validez de los testamentos de Lorenzo Terón Del Rio y Ana Amelia Santiago Avilés. La acción original fue incoada por Anne Marie Terón Aguilú y otros para validar dichos testamentos. El apelante, Ardín Terón Santiago, reconvino solicitando la nulidad de los testamentos y la apertura de la sucesión intestada, alegando que eran mancomunados y nulos por incumplimiento notarial. Los apelados solicitaron sentencia sumaria parcial para validar los testamentos y desestimar la reconvención. Tras evaluar los fundamentos, este tribunal CONFIRMA la sentencia apelada, ratificando la validez de ambos testamentos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El Estado Libre Asociado solicitó un auto de certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que reabrió un pleito. El caso, presentado por José R. Capó Font contra entidades del ELA por un incidente en su residencia, había sido paralizado inicialmente bajo el interdicto permanente de la Orden de Confirmación del Título III de PROMESA. El Tribunal de Primera Instancia reabrió el caso tras determinar que aplicaba una Orden de Modificación posterior que eximía ciertas reclamaciones de daños bajo la Ley de Pleitos contra el Estado de dicho interdicto. El ELA presentó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. Tras examinar las posiciones de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Estado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. Gabriel J. Sicardó Ocasio impugnó la decisión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) que lo descalificó como aspirante a la alcaldía de Cataño. Alegó que el Directorio actuó de forma ultra vires y arbitraria, violentando su debido proceso al no notificarle la apelación ni concederle audiencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso, al entender que no existe reglamentación que exija la notificación de la apelación ante el Directorio ni la celebración de una vista. Consideró además que los argumentos ya habían sido presentados en la querella original. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud y el expediente. Confirmó la sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de Certiorari presentada por el Municipio de Luquillo. El Municipio buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó dos mociones de desestimación. Dichas mociones argumentaban falta de jurisdicción sobre la demanda presentada por Richport LLC contra el Municipio. El Municipio alegó incumplimiento por Richport del Artículo 1.051 del Código Municipal y la prescripción de la acción, al entender que aplicaba un término de un año por inexistencia de relación contractual directa. La demanda original de Richport contra Universal Properties Realty Government Services LLC y el Municipio se relaciona con un cobro de dinero por incumplimiento contractual en la adquisición de propiedades. Richport incluyó al Municipio alegando su deber de velar por los fondos públicos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega expedir el auto de Certiorari solicitado por el Municipio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Sunnova Energy Corp. recurrió la Orden del DACo que denegó su solicitud de desestimación o referido a arbitraje de una querella presentada por una consumidora. La querellante, María Nieves Cortés, alegó discrepancias entre un contrato de arrendamiento de placas solares y un contrato de compraventa con Sunnova, disputando su firma en este último. Sunnova argumentó que el DACo carecía de jurisdicción debido a una cláusula de arbitraje en el contrato. El DACo determinó que tenía jurisdicción sobre la controversia de compraventa e instalación de placas solares y que las cláusulas de arbitraje no son automáticamente exigibles en todos los escenarios. Sunnova apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error en la asunción de jurisdicción por parte del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión del DACo y los planteamientos de Sunnova. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal confirmó la Orden recurrida del DACo.

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