Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 89)

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y cobro de dinero. Las partes habían llegado a un Acuerdo de Transacción, aprobado por el TPI, que extendía el contrato de arrendamiento. Un punto clave del acuerdo estipulaba que la fianza de \$4,000 se acreditaría al último mes de arrendamiento, eximiendo a los arrendatarios del pago de renta ese mes. Surgió una disputa post-sentencia sobre la devolución de la fianza y un pago de renta erróneo realizado por los arrendatarios. Los arrendadores se negaron a devolver los fondos, interpretando que la fianza sustituía completamente el pago del último mes. Los arrendatarios solicitaron al TPI que ordenara la devolución. Ante la falta de oposición oportuna de los arrendadores, el TPI ordenó la devolución de \$4,000 y el pago de \$1,000 en honorarios por temeridad. Los peticionarios (arrendadores) recurren esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones adelanta que denegará expedir el auto de certiorari solicitado.

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MS Distributors, LLC presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una Orden Enmendada de injunction del foro primario. El pleito subyacente trata sobre reclamaciones al amparo de la Ley de Secretos Comerciales y otras causas de acción relacionadas. La orden impugnada eliminó una disposición que prohibía a los demandados confeccionar versiones modificadas o diluidas de los productos de MS Distributors. MS Distributors también solicitó auxilio de jurisdicción y trámite expedito, pidiendo la asignación a un panel específico. Los recurridos, José Luis Rodríguez Centeno, Yvonne Giselle Otero, su sociedad de bienes gananciales y Synergy Factory, LLC, se opusieron a esta solicitud. El Tribunal de Apelaciones denegó la moción de auxilio de jurisdicción de MS Distributors. Posteriormente, los recurridos presentaron una moción solicitando la eliminación de ciertos documentos del apéndice de la Petición de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones ordenó a MS Distributors que expusiera su posición respecto a esta moción. Esta resolución detalla los pasos procesales iniciales y las determinaciones sobre asuntos preliminares en el procedimiento de Certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa de la denegación de libertad bajo palabra a Antonio Ramos Cruz. El recurrente cumple múltiples sentencias de 99 años por asesinato en primer grado. La Junta de Libertad Bajo Palabra denegó su solicitud en junio de 2023. La Junta consideró factores a favor, como buena conducta institucional, terapias completadas y un plan de salida viable. Sin embargo, también tomó en cuenta la naturaleza de los delitos, la opinión de las víctimas y una evaluación psicológica vencida. La Junta concluyó que no cualificaba, pero ordenó reconsiderar el caso para marzo de 2024 con informes actualizados. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. La sentencia del Tribunal dispone devolver el asunto a la Junta de Libertad Bajo Palabra. La devolución es para que la Junta celebre una nueva vista de consideración para el recurrente en o antes de marzo de 2024.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Oriental Bank. El banco apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su causa de acción de ejecución de hipoteca. Oriental Bank había demandado a un matrimonio por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, alegando impago desde agosto de 2020. Los demandados contestaron afirmando haber pagado la totalidad de la deuda en septiembre de 2020 y disputando el balance reclamado. El caso fue referido a mediación, la cual no prosperó al no reconocer los demandados la deuda. Oriental Bank solicitó sentencia sumaria en el foro primario. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia Parcial apelada. La Sentencia Parcial, según modificada, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un Recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Iglesia de Dios Pentecostal Luz y Salvación de Cayey, Inc. contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Nulidad de Procedimientos Post Sentencia. El caso subyacente es una demanda de Ejecución de Hipoteca y Cobro de Dinero. La parte peticionaria argumentó que órdenes cruciales del TPI, incluyendo requerimientos para mostrar causa por la inacción de su abogado, fueron notificadas únicamente a dicho abogado. El Tribunal de Apelaciones determinó que la falta de notificación directa a la parte peticionaria, especialmente ante la inacción de su representación legal, constituyó un defecto procesal. Concluyó que el TPI debió asegurarse de que el cliente conociera lo que sucedía en el caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Revocó la Resolución apelada, invalidando los procedimientos afectados por la falta de notificación adecuada a la parte.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari. La petición buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso sobre liquidación de bienes hereditarios. La controversia principal giraba en torno a la titularidad de una estructura comercial de 912 pies cuadrados construida sobre una finca donada por los causantes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que dicha estructura, así como la finca alegadamente donada, formaban parte del caudal hereditario. La parte recurrida (otros herederos) había demandado reclamando la estructura y rentas para la sucesión. Presentaron evidencia de la escritura de donación donde los causantes se reservaron el dominio sobre la estructura y un contrato de arrendamiento de la misma. El peticionario, a quien se donó la finca, argumentó haber adquirido la estructura por usucapión, alegando que no se constituyó un derecho real de superficie. El panel del Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decidió denegar la solicitud de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de apelación KLAN202301060, presentado por Nicolás Kogan Eichberg contra Anabella Troconis Nery. La apelación se originó en un caso de divorcio por ruptura irreparable del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El apelante, Nicolás Kogan Eichberg, presentó ante el Tribunal de Apelaciones un aviso formal de desistimiento de su recurso. Tras evaluar la solicitud, el panel especial del Tribunal de Apelaciones resolvió declarar Ha Lugar el desistimiento presentado por la parte apelante. Esta decisión conlleva la orden de cierre y archivo inmediato del recurso de apelación bajo el epígrafe KLAN202301060. La sentencia fue emitida en San Juan el 13 de febrero de 2024.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Michael Cruz Guzmán contra la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). El señor Cruz Guzmán apeló una resolución de la OEG que lo encontró responsable de violar el inciso (g) del Artículo 4.2 de su Ley Orgánica. La OEG alegó que, como subdirector en el Municipio de Bayamón, supervisó y certificó asistencias y transacciones de su tío sin revelar el parentesco ni inhibirse. La querella inicial de la OEG imputaba violaciones a los incisos (g) y (s) del mismo artículo. Tras un proceso que incluyó una solicitud de sentencia sumaria por parte de la OEG, un oficial examinador emitió un informe. El informe concluyó que se probó la violación al inciso (g) y recomendó archivar la imputación del inciso (s). La OEG adoptó el informe, impuso una multa administrativa de \$3,000 por la violación al inciso (g) y desestimó la otra imputación. El señor Cruz Guzmán recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su sentencia, confirmó la Resolución recurrida de la OEG.

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Sentencia de un tribunal apelativo en Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revisión de la Resolución del TPI que desestimó casos criminales contra David Andino Vázquez y otros. La desestimación se basó en la alegada violación de los términos de juicio rápido según la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El recurso fue perfeccionado sin la oposición de la parte recurrida. El tribunal apelativo evaluó la solicitud y los autos del caso. Se expidió el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo revocó la resolución recurrida del TPI. El historial procesal mostró múltiples señalamientos de juicio donde el Ministerio Público no estuvo preparado con todos sus testigos. La defensa no renunció a los términos de juicio rápido en ningún momento. La decisión apelativa revoca la desestimación y reinstala los casos.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por LMD & ASSC, LLC y Luis M. Derry. Los peticionarios solicitan la revocación de una Resolución y una Orden dictadas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Resolución denegó la celebración de una vista evidenciaria previamente ordenada por este Tribunal en casos anteriores (KLAN202000999 y KLAN202200949). La Orden recurrida se relacionaba con la ejecución de sentencia por honorarios. El Tribunal de Apelaciones reitera que en dictámenes previos se había mandado al TPI a celebrar una vista para dilucidar controversias de hecho cruciales sobre la participación del señor Derry y las obligaciones de LMD. Al constatar que el TPI no acató dicho mandato y denegó la vista, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. En consecuencia, se revoca la Resolución del TPI que denegó la solicitud de vista evidenciaria.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se trata de una apelación presentada por Tekcel, LLC contra el Municipio de Ciales y su alcalde. Tekcel apela la desestimación de su Petición de Mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. La petición de Mandamus buscaba obligar al municipio a recibir y aceptar el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales. Estos pagos son un requisito de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la construcción de una torre de telecomunicaciones. Tekcel alega que el municipio se negó injustificadamente a recibir el pago, incumpliendo un deber ministerial. La apelante fundamenta su reclamo en regulaciones de la OGPe y disposiciones del Código Municipal. Cita artículos que establecen la obligación municipal de procesar las declaraciones de arbitrios de construcción en 15 días y no obstaculizar proyectos aprobados por agencias competentes.

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El caso surge de una demanda y reconvención por daños tras una colisión de embarcaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda original por falta de prueba de daños y determinó que los demandantes (apelados) fueron negligentes en la reconvención. Sin embargo, el foro primario denegó la concesión de daños a los demandados (apelantes) en la reconvención por no presentar evidencia del costo de reparación de su embarcación ni de angustias mentales. Inconformes con la denegatoria de daños, los demandados apelaron ante el Tribunal de Apelaciones. Su único señalamiento de error es que el TPI se equivocó al no permitir el testimonio de un testigo sobre sus certificaciones como investigador de accidentes de botes. Alegan que esta exclusión les impidió presentar evidencia de los daños materiales. El Tribunal de Apelaciones ha recibido la respuesta de los apelados y se dispone a resolver el recurso. El documento menciona brevemente las reglas de evidencia sobre la admisibilidad y exclusión de testimonio pertinente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y su Programa de Cine. La parte recurrente, Jorge Iván Rodríguez Aponte/Fishito Film, Corp., solicitó un "cash grant" bajo la ley ARPA para su proyecto fílmico "Forever Alone". El DDEC, a través de su Comisión de Cine, denegó la solicitud ejerciendo su discreción. Fishito Film apeló la decisión, argumentando haber cumplido con todos los requisitos del programa. El DDEC explicó que la aprobación dependía de la evaluación discrecional de un comité, más allá del cumplimiento de los requisitos básicos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del DDEC y su Programa de Cine.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por José L. Rivera Vázquez contra Popular Auto LLC en un caso de cobro de dinero. El apelante impugnó una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia ordenó al apelante pagar una deuda, intereses y costas relacionadas con un contrato de compraventa de vehículo. El apelante alegó que existían controversias de hechos materiales y que la sentencia se basó en prueba de referencia. La parte apelada argumentó que no había disputa real sobre el incumplimiento y que el apelante había admitido la deuda. El Tribunal de Apelaciones revisó los requisitos para dictar sentencia sumaria. Concluyó que la sentencia de instancia procedía. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por José Yamil Báez Meléndez. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso subyacente trata sobre una demanda de injunction y sentencia declaratoria presentada por María Angélica Pastor Escobar. La señora Pastor Escobar alega ser la heredera universal del dueño de Escotech, Inc. y reclama la titularidad de las acciones. El señor Báez Meléndez, empleado de la corporación, sostiene que el causante le donó verbalmente las acciones antes de morir. La controversia principal gira en torno a la validez de esta alegada donación verbal, particularmente si cumplió con el requisito de entrega simultánea de las acciones. El peticionario argumentó en su moción de desestimación que la demanda carecía de fundamento y que la donación fue válida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, entendiendo que la demanda planteaba controversias que requerían adjudicación. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. El apelante, Kamel Beirat, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de desahucio presentada por Ángel C. Díaz Díaz. La controversia se centró en el proceso llevado a cabo en la vista del foro primario. El apelante no compareció a la vista, aunque su representación legal sí lo hizo. Se informó que el apelante se encontraba hospitalizado, y una orden previa que permitía su comparecencia por videoconferencia no había sido notificada. El Tribunal de Primera Instancia continuó el proceso y requirió prueba de la condición médica bajo apercibimiento de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario no garantizó el debido proceso de ley al apelante. Por tanto, se revoca la Sentencia apelada. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que señale nuevamente la vista. El objetivo es asegurar que se garantice el debido proceso a las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por Rock Solid Technologies, Inc. contra el Municipio Autónomo de Bayamón. Rock Solid impugnaba la Resolución Núm. 39 de la Junta de Subastas municipal, que adjudicó la buena pro para la adquisición de un sistema de información integrado a Consulting 2 Success LLC e Interboro Systems Group. La recurrente alegaba defectos en la notificación y en la evaluación de las propuestas, señalando que las adjudicadas no eran responsivas ni representaban el mayor beneficio para el erario. Sin embargo, durante la tramitación del recurso, el Municipio canceló la adjudicación de la subasta impugnada. Esta determinación administrativa de cancelación advino final y firme al no ser impugnada por ningún licitador dentro de los términos legales. El Tribunal concluyó que este hecho posterior tornó en académicas las controversias planteadas por Rock Solid. Por tanto, el recurso de revisión judicial dejó de ser justiciable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. La apelación surge de una demanda por incumplimiento de contrato verbal y daños y perjuicios. Los apelantes alegaron un acuerdo verbal para adquirir una porción de terreno que los apelados compraron en 1997. Los apelados solicitaron la desestimación de la demanda por prescripción, argumentando que la acción se presentó más de quince años después de la compraventa. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Los apelantes recurrieron, alegando que se enteraron de la escritura de compraventa poco antes de demandar. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Deya Elevator Service, Inc. y Mapfre Praico Insurance Company. Las peticionarias solicitan la revisión de decisiones del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Manuel Reyes Fonseca tras un accidente con un elevador en el Hospital Episcopal San Lucas. Reyes Fonseca alega que la puerta del elevador golpeó y lesionó su brazo. Deya, encargada del mantenimiento del elevador, y su aseguradora Mapfre, fueron demandadas junto al hospital. Deya y Mapfre presentaron una moción de sentencia sumaria, argumentando que el demandante carecía de prueba suficiente de negligencia y peritaje. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción y una posterior solicitud de reconsideración. Las peticionarias recurrieron estas denegaciones ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Fideicomiso Quintana Pérez. El Fideicomiso solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El pleito subyacente es una demanda de cobro de dinero incoada por el Municipio de Barceloneta contra varias entidades, incluyendo el Fideicomiso. La demanda se relaciona con un contrato de obras públicas presuntamente obtenido mediante soborno por Israel Quintana Luciano, socio de la contratista original. El Municipio alega que Quintana Luciano transfirió activos al Fideicomiso tras su convicción para evadir la restitución de fondos públicos. El Fideicomiso argumentó que la demanda no formulaba alegaciones en su contra y que, como entidad separada, no respondía por los actos de la contratista. El Municipio se opuso, planteando la posible responsabilidad de socios en casos de corrupción gubernamental y transferencia de activos. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Fideicomiso.

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Se trata de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Santos Rodríguez Alsina, solicita la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron su solicitud de descubrimiento del informe pericial y las notas del siquiatra nombrado por el tribunal para evaluar su capacidad mental bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal. El peticionario argumenta que esta negativa viola su derecho al debido proceso de ley y a una representación legal adecuada en una etapa crítica del proceso penal. El Ministerio Público, parte recurrida, se allanó en apelación a que se le entregue al peticionario el informe pericial. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario considerando los argumentos del peticionario y la posición de la recurrida. El caso principal es por una alegada infracción a la Ley Contra el Acecho. La evaluación pericial es fundamental para la vista de procesabilidad del acusado. El tribunal superior también intervino para corregir problemas de notificación y ordenar la paralización de los procedimientos en la instancia inferior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Vur Jer, LLC impugnó una Resolución Final de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Dicha resolución denegó una Moción de Inhibición y Otros Extremos presentada por Vur Jer en un proceso administrativo sobre renovación de licencia. En su moción, Vur Jer solicitó la inhibición de la oficial examinadora del caso. Alegó un conflicto de interés y la exclusión indebida del testimonio de la directora ejecutiva de la Junta como testigo esencial. La oficial examinadora rindió un informe recomendando denegar la solicitud. La Junta acogió las conclusiones de la oficial examinadora y declaró No Ha Lugar la moción de Vur Jer. Inconforme, Vur Jer recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, mediante esta sentencia, revoca el dictamen recurrido de la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso de certiorari presentado por el Municipio de San Juan en un caso de daños y perjuicios. El Municipio solicitó la desestimación de la demanda alegando que el demandante no cumplió con el requisito de notificación previa dentro de 90 días, según exige el Código Municipal. El demandante argumentó que una querella administrativa presentada ante el Municipio poco después del incidente constituyó notificación suficiente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que el Municipio tuvo conocimiento oportuno de los hechos a través de la querella administrativa. El TPI determinó que las excepciones al requisito de notificación siguen siendo aplicables y que exigir la notificación formal no era necesario en este caso. Tras denegarse la reconsideración en primera instancia, el Municipio apeló. La resolución del Tribunal de Apelaciones indica que, bajo las circunstancias particulares del caso, no era indispensable que el demandante notificara al municipio en la forma y término que este pretendía. El caso aborda la interpretación del requisito de notificación previa a los municipios en reclamaciones por daños.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de certiorari en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La peticionaria, Lillian Victoria Más Rivera, solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le requería comparecer con representación legal, refería sus alegaciones de violencia doméstica a otra sala y declaraba que la reconvención por daños y perjuicios no era competencia de la Sala de Relaciones de Familia. La peticionaria argumentó que la separación de la causa de acción de daños iba en contra de la economía procesal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la orden recurrida. Una vez modificada, la orden del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada. Se prescindió de la comparecencia de la parte recurrida en este proceso apelativo.

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Se presenta una Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 10 de enero de 2024. Mediante dicho dictamen, el TPI denegó la solicitud de los peticionarios para contratar un nuevo perito agrimensor en una acción de deslinde. El caso subyacente, iniciado en 2011, posee una extensa y accidentada historia procesal, incluyendo una apelación previa que resultó en una orden de este tribunal para llevar a cabo el deslinde. Tras el reenvío al TPI, los peticionarios designaron un perito, pero incumplieron repetidamente con la orden de presentar su informe pericial, a pesar de extensiones y advertencias de exclusión. La denegatoria de contratar un nuevo perito se fundamenta en este historial de falta de cumplimiento con las órdenes del foro primario. Los peticionarios también solicitaron la paralización de los procedimientos ante el TPI debido a la fecha de juicio señalada para abril de 2024. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, decide prescindir de la comparecencia de la parte recurrida para lograr un despacho más justo y eficiente del caso.

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Comparece Wilberto Ortiz Ruiz apelando una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó su demanda contra Pep Boys Manny Moe \& Jack of PR. El señor Ortiz había demandado a Pep Boys por despido injustificado, represalias, difamación y daños. Pep Boys defendió el despido como justificado por violaciones a políticas de la empresa y negó que fuera en represalia. Argumentaron que el apelante no participó en actividad protegida bajo la Ley Núm. 115-1991. El señor Ortiz, en oposición, sostuvo que no violó normas, que las políticas no se aplicaron uniformemente y que el despido fue represalia por querellas contra su supervisor. Alegó que existía nexo causal entre sus querellas y el despido, constituyendo actividad protegida. Tras revisar los fundamentos, el panel de jueces emite su decisión. La Sentencia confirma la Sentencia Sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Inmobiliaria Galiani, Inc. contra LUMA Energy, Inc. La apelación impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños. El TPI había desestimado la demanda por supuesta falta de jurisdicción, entendiendo que el Negociado de Energía poseía jurisdicción primaria. Inmobiliaria Galiani presentó varios señalamientos de error contra la decisión del TPI. Durante el trámite apelativo, LUMA Energy solicitó la desestimación del recurso. LUMA argumentó que Inmobiliaria Galiani no notificó correctamente la apelación dentro del término legal. Inmobiliaria Galiani reconoció haber enviado la notificación inicial a una dirección errónea y haberla corregido posteriormente. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso apelativo. La desestimación se basa en la falta de notificación adecuada y oportuna del recurso a la parte apelada, lo que impide al Tribunal ejercer jurisdicción sobre la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por la Sucesión de Jorge Rodríguez Nazario. La Sucesión solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso original es una demanda de cobro de dinero incoada por el Municipio de Barceloneta contra varias partes, incluyendo la Sucesión. La demanda se relaciona con un contrato de obras públicas entre el Municipio y Cidra Excavation, S.E., alegadamente afectado por soborno de uno de sus socios. El Municipio busca la nulidad del contrato y la restitución de fondos públicos. La Sucesión argumentó que no se hicieron alegaciones específicas en su contra, que no fue parte del contrato y que la entidad tenía personalidad jurídica separada. También planteó la prescripción de la acción. El Municipio se opuso, alegando la responsabilidad de todos los socios por actos de corrupción. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Baldwin School of Puerto Rico, Inc. La petición buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por Baldwin School en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue instada por Luisa Guijarro Mieres contra el colegio. La señora Guijarro Mieres reclamó daños relacionados con la entrega de su hija al padre. Baldwin School argumentó que el caso debía ser desestimado y referido a arbitraje según un acuerdo entre las partes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la cláusula de arbitraje no aplicaba a la situación descrita en la demanda y retuvo jurisdicción. Tras denegar una moción de reconsideración, Baldwin School acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos y denegó la expedición del auto de certiorari.

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Un caso sobre daños por filtraciones de agua continuas en un apartamento de condominio llevó a una demanda. Los propietarios del apartamento afectado demandaron a sus vecinos de arriba. Estos últimos trajeron al pleito a la aseguradora de la Asociación de Titulares del Condominio, Multinational Insurance Company, como tercero demandado. Multinational solicitó sentencia sumaria, alegando que su póliza no cubría los daños porque las filtraciones comenzaron antes de su fecha de vigencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. Determinó que existía una controversia de hechos sobre si la naturaleza continua de los daños constituía una ocurrencia cubierta bajo la póliza de Multinational. Multinational presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el asunto. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado. La denegatoria se fundamentó en que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al identificar controversias de hechos no resueltas que requieren descubrimiento de prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80. Auto Supply del Norte, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró "Ha Lugar" la querella del empleado Luis E. Rivera Vega. El empleado fue despedido tras reembolsarse de la caja registradora el costo de una prueba de COVID-19, alegando que era una práctica autorizada. El patrono argumentó que la conducta constituía justa causa para el despido y señaló errores en el cómputo de la mesada y los honorarios de abogado concedidos por el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado al patrono pagar una indemnización de $12,675.77 y honorarios de abogado. Tras evaluar los señalamientos de error, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. La decisión ratifica que el despido fue injustificado y valida las cuantías otorgadas al empleado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por la parte peticionaria para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó una Moción de Desestimación Parcial presentada por la parte peticionaria en un caso sobre división o liquidación de comunidad de bienes hereditarios. La moción de desestimación alegaba falta de causa de acción o prescripción. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción y ordenó contestar la demanda. Tras evaluar el expediente, la Resolución recurrida y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones no encontró que el foro primario actuara con prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o que su determinación fuera manifiestamente errónea. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari. El caso fue devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Carmen Socorro Simón Valle. El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios contra Jennifer M. Quintero Garriga y Dwight Pastrana Betancourt. El caso original se relaciona con un incidente ocurrido el 27 de diciembre de 2022 en el Gran Parque El Dorado durante el evento Navitown. La apelante alega que ella y su nieta sufrieron daños al colapsar una machina de silla voladora. Durante el proceso de apelación, los apelados argumentaron que una co-demandada, Inter-Island Amusement, Inc., no fue emplazada a tiempo. La apelante refutó esta alegación presentando evidencia de que el emplazamiento sí se realizó dentro del término legal. El Tribunal de Apelaciones da por perfeccionado el recurso. El documento detalla el historial procesal relevante para la consideración de la apelación.

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Somed LLC presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio contra Hiram Guadalupe Pérez. Previamente, el TPI había dictado Sentencia declarando Ha Lugar el desahucio solicitado por Somed contra el señor Guadalupe. Tras advenir final y firme la Sentencia, Somed solicitó el lanzamiento del señor Guadalupe y/o cualquier otro ocupante de la propiedad. El señor Guadalupe se opuso a la solicitud de lanzamiento, alegando que ya había desalojado el inmueble. Argumentó además que cualquier tercero ocupando la propiedad lo hacía bajo un contrato de arrendamiento suscrito por la propia Somed a través de su vicepresidente. El TPI denegó la solicitud de lanzamiento de Somed, al considerar que la misma era inoficiosa dado que el recurrido había informado que ya no ocupaba la propiedad. El TPI también indicó que no tenía nada más que disponer, pues ya había emitido Sentencia contra el señor Guadalupe y no quedaban asuntos pendientes. Somed impugnó esta Resolución del TPI mediante el recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante la presente Resolución, deniega la Petición de Certiorari presentada por Somed.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes tras un divorcio. El apelante, Edwin Báez González, recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que desestimó sin perjuicio su demanda contra Nivia Celeste Rivera Martínez. La acción original buscaba la división de los bienes gananciales de las partes, quienes se divorciaron en 2019. El proceso en el foro primario incluyó una solicitud de fianza de no residente por la apelada, gestiones de descubrimiento de prueba por el apelante y una orden para mostrar causa por la que no debía desestimarse el caso. El apelante respondió a dicha orden, detallando sus esfuerzos procesales. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó revocar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Municipio de Adjuntas apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró inconstitucional la Ordenanza Municipal Núm. 05, Serie 2021-2011. Esta ordenanza prohibía el establecimiento de centros de cannabis medicinal en un cuadrante específico alrededor de la plaza de recreo municipal. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la ordenanza era redundante. Argumentó que la Ley Medicinal estatal ya prohíbe el consumo público, el acceso de menores y establece distancias mínimas de escuelas y centros de cuido. La ley estatal ya protege la salud y seguridad de la niñez y juventud en espacios públicos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. Esto confirma la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Estancias de Aragón. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó una demanda. Dicha demanda, interpuesta por el Consejo de Titulares contra Juan W. Howe Hernández, solicitaba un injunction preliminar, sentencia declaratoria y daños y perjuicios. La acción legal se basaba en alegados incumplimientos de una estipulación previa y conducta disruptiva del señor Howe Hernández en el condominio. El Tribunal de Primera Instancia no solo desestimó el caso, sino que también ordenó al Consejo de Titulares el pago de costas y honorarios de abogado. El documento detalla el trámite procesal de la apelación, incluyendo la presentación del apéndice y el alegato de oposición del apelado. El apelado argumenta, entre otras cosas, la falta de legitimación activa del Consejo de Titulares y la naturaleza frívola del pleito. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso perfeccionado y procede a su examen.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. Héctor Santana Hernández demandó al Municipio de San Juan y Óptima Seguros tras sufrir una caída en un residencial debido a una alcantarilla defectuosa. La demanda reclamaba daños físicos, mentales y especiales. Óptima Seguros solicitó sentencia sumaria, alegando que la caída fue responsabilidad del demandante basándose en su deposición. Argumentaron que el demandante conocía el área, pasaba frecuentemente y admitió que habría evitado la caída si hubiera mirado al frente. El apelante se opuso a la sentencia sumaria, negando algunos hechos presentados por Óptima y afirmando que la caída se debió al desperfecto de la alcantarilla. A pesar de la oposición del apelante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la sentencia apelada.

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Se presenta una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación. El apelante, Michael Esau Halow, impugna la desestimación de su demanda de mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original buscaba obligar al Negociado de la Policía a entregar la información utilizada para denegarle una licencia de armas. El Negociado denegó la solicitud basándose en supuestos antecedentes penales y prohibiciones federales, citando la Ley de Armas de 2020. El apelante alegó que la carta de denegatoria carecía de detalles o evidencia que justificara los incumplimientos, impidiéndole solicitar reconsideración adecuadamente. Solicitó al foro primario que ordenara al Negociado producir la información y cesar la práctica de denegar licencias sin el debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, entendiendo que la reclamación no justificaba el remedio de mandamus. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora dicha desestimación, contando con el alegato en oposición del Negociado. El caso gira en torno al derecho del apelante a conocer la base específica de la denegatoria de su licencia de armas.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Margarita Vega Vélez apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por Forest CC Corp. y otros codemandados. El TPI desestimó la demanda instada por la señora Vega Vélez en 2015, al concluir que la reclamación estaba prescrita y le aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Además, el TPI impuso a la apelante \$3,000 en concepto de honorarios de abogados por temeridad. La demanda original buscaba la rescisión de un contrato de compraventa de un apartamento, la devolución de prestaciones y el pago de daños por incumplimiento de la desarrolladora Forest CC Corp. Tras un extenso tracto procesal de casi ocho años, la desarrolladora solicitó la desestimación por prescripción. La apelante se opuso, argumentando un término prescriptivo mayor. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, decide desestimar el dictamen apelado. La razón fundamental para esta desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones es la falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una Apelación presentada por Daniel Rivera Quiles. El recurso solicita la revocación o modificación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha Sentencia declaró Con Lugar una demanda por daños por incumplimiento de contrato instada por Hani Nafez Ibrahim, quien subrogó los derechos de M.M. Service Station Inc. El caso se centra en el incumplimiento de un contrato de opción de compraventa de una propiedad comercial con estación de gasolina. El demandante alegó haber adelantado $160,000 y que la transacción no se completó porque el demandado no proveyó la información ambiental necesaria para el financiamiento. El demandado negó el incumplimiento y presentó una reconvención. El foro primario determinó que la falta de provisión del estudio ambiental por parte del demandado impidió la compraventa. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el expediente, anuncia que modificará la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Universal Insurance Company contra el Estado Libre Asociado. El recurso impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso sobre la confiscación de un vehículo. La policía ocupó un Toyota Yaris por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Universal Insurance, como cesionaria de los derechos del gravamen sobre el auto, demandó para impugnar la confiscación. La aseguradora solicitó sentencia sumaria invocando la doctrina del impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, interpretando que la Ley 287-2018 restringe la aplicación de dicha doctrina en casos de confiscación sin una adjudicación previa sobre el uso del bien. Universal apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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R\&V General Contractor, Corp. comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución de la Junta Revisora de Subastas. La Junta Revisora había desestimado por academicidad la controversia relacionada con la Subasta Núm. 23-SP-043 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Inicialmente, la subasta para mejoras en Arecibo fue adjudicada a R\&V General. Nieves \& Nieves Engineers And Contractors, Inc., otro licitador, solicitó revisión administrativa ante la Junta Revisora, alegando evaluación errónea y que su propuesta era la más baja. Tras una reevaluación, el Comité Evaluador y la AAA concluyeron que Nieves \& Nieves fue evaluado desacertadamente y recomendaron la adjudicación a su favor. La Presidenta Ejecutiva de la AAA aprobó la nueva adjudicación a Nieves \& Nieves. Ante esta nueva adjudicación, la Junta Revisora determinó que el recurso de revisión original se tornó académico. R\&V General apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso presentado por R\&V General. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Guaynabo. El Municipio impugnaba la denegatoria de una solicitud de desestimación por parte del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños. La solicitud de desestimación fue denegada en corte abierta durante una vista evidenciaria. El Municipio presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. Sin embargo, otras codemandadas en el caso también presentaron una moción de reconsideración sobre la misma denegatoria. Esta moción de reconsideración de las codemandadas aún no ha sido adjudicada por el Tribunal de Primera Instancia. Conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil, una moción de reconsideración oportuna interrumpe los términos para recurrir en alzada para todas las partes hasta que sea resuelta. Dado que la reconsideración de las codemandadas está pendiente, el recurso de certiorari del Municipio fue presentado prematuramente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos consolidados de revisión administrativa y apelación. Las recurrentes, Alverio Service Station, Inc., Estrella Services Station, Inc., y To Go Stores, LLC, impugnaron permisos de construcción y operación otorgados por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas a Sammy Odeh \& Sons, Inc. La revisión administrativa se dirigió contra una resolución de la DRA-OGPe que confirmó dichos permisos. La apelación provino de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de interdicto estatutario bajo la Ley 161-2009 relacionada con los mismos permisos e impuso honorarios. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para su consideración conjunta. Tras examinar los argumentos y la prueba, el Tribunal decidió confirmar los dictámenes recurridos. Esto valida los permisos emitidos para la reconstrucción de la gasolinera y tienda de conveniencia y sostiene la denegatoria del interdicto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por accidente de tránsito. La parte peticionaria solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El TPI entendió que existían controversias de hechos medulares que impedían resolver el pleito sumariamente. El caso surge de un accidente ocurrido en 2018 donde un peatón fue impactado por un vehículo. Los demandantes alegan negligencia, mientras los demandados imputan culpa al peatón. Las partes estipularon hechos esenciales, incluyendo que el peatón cruzó la carretera con la luz roja en su contra y el conductor tenía la luz verde a su favor. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el auto de certiorari y revocar la decisión del TPI. La sentencia revisa si, a la luz de los hechos estipulados, procedía la sentencia sumaria en el caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por PVE Development Corp. contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso subyacente es un pleito de cobro de dinero iniciado por PVE contra la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). PVE impugna la Resolución del TPI del 9 de enero de 2024 que permitió a la AEP enmendar sus alegaciones tras la conclusión del descubrimiento de prueba. La parte peticionaria alega que el TPI erró al autorizar la enmienda tardía, dado que la AEP nunca enmendó su contestación ni alegó incumplimiento de contrato previamente. Este recurso sigue a un certiorari anterior de PVE sobre la misma orden, desestimado por el Tribunal de Apelaciones por basarse en una minuta sin firma. La resolución recurrida formalizó la orden previa. PVE también solicitó una moción en auxilio del Tribunal para paralizar los procedimientos ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones, en ejercicio de su discreción, decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por El Pueblo de Puerto Rico en un caso criminal contra Aaron Vick y Juan Maldonado De Jesús. La controversia central gira en torno a la orden del Tribunal de Primera Instancia de entregar a la defensa un Informe de Investigación Preliminar por contener prueba exculpatoria. Tras un historial procesal complejo que incluyó una desestimación inicial de cargos y una revocación por el Tribunal Supremo, el caso regresó al foro primario. El Tribunal de Primera Instancia reiteró su orden de entrega del informe el 2 de febrero de 2024. El Estado presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia ese mismo día. Sin esperar la resolución de la reconsideración ni contar con una orden escrita, el Estado recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 6 de febrero de 2024. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. Considera que la petición es prematura. Además, determina que la determinación que se pretende revisar no es revisable en este momento procesal. La desestimación se basa en la facultad discrecional del tribunal y en la naturaleza prematura e ir revisable del recurso presentado.