Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 88)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por MFP Development, LLC contra la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Toa Alta. MFP Development, LLC impugnó la adjudicación de una subasta informal para un proyecto de reparación de calle. La subasta fue otorgada a Sven LLC, siendo MFP Development, LLC uno de los licitadores. El recurrente alegó errores en la notificación de la adjudicación y el presunto incumplimiento de requisitos por el licitador ganador. El tribunal revisó el recurso y los fundamentos presentados por la parte recurrente. La sentencia ordena la desestimación del recurso de revisión judicial. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal, al considerar que el recurso fue presentado de forma prematura o tardía.

Resumen:

El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Oficina del Procurador General, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de desestimación en un caso iniciado por PRERAC, INC. (Enterprise Rent-A-Car). Dicho pleito versa sobre sentencia declaratoria, injunction y nulidad de gravámenes por infracciones de movimiento. El Tribunal de Apelaciones recordó que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional para revisar determinaciones de tribunales inferiores. Explicó que solo intervendrá con resoluciones interlocutorias discrecionales si existe pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Tras examinar los escritos y el expediente, incluyendo una estipulación de las partes, el tribunal no encontró ninguna de estas condiciones en la Resolución recurrida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que no procedía intervenir con la decisión del foro primario. En consecuencia, se denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por el Gobierno.

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SENTENCIA Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación presentado por el Estado contra Popular Auto LLC. El caso se relaciona con la impugnación de la confiscación de un vehículo Mercedes Benz. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) había declarado Ha Lugar la demanda de Popular Auto, ordenando la devolución del vehículo o el pago de su tasación, al determinar que la notificación de la confiscación se realizó fuera del término legal. El vehículo fue ocupado por la Policía tras una intervención por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y posesión de un arma sin licencia. La controversia principal gira en torno a la interpretación del término para notificar la confiscación según la Ley Núm. 119-2011, específicamente si aplicaban los 30 días desde la ocupación o los 30 días posteriores a una investigación de hasta 90 días. El TPI basó su decisión en que la Orden de Confiscación no indicaba que el vehículo fuera incautado para fines de investigación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la Sentencia del TPI y devuelve el caso para que continúen los procedimientos.

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Los señores Julio Ángel Bonilla Vega y Julio César Eusebio Hernández apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Bernard A. González, Ineabelle M. González Acevedo y su sociedad legal de gananciales. La demanda original, presentada en 2012, alegaba que los demandados, como socios de una corporación, les solicitaron servicios de construcción y les prometieron una participación en una sociedad a cambio de inversión en materiales y mano de obra. Al no concretarse el acuerdo, los demandantes reclamaron el pago por los trabajos realizados. El matrimonio González-González solicitó la desestimación, argumentando que solo responderían como socios de la corporación, no personalmente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra ellos personalmente bajo la Regla 10.2(5), al entender que no se exponía una reclamación que justificara un remedio en su contra. Los apelantes argumentan que la demanda sí contenía alegaciones suficientes para demostrar la responsabilidad personal del matrimonio González-González por las gestiones realizadas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, ordena el archivo administrativo del presente caso.

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AJM Management LLC apeló una resolución del Departamento de Hacienda de Puerto Rico relativa a una exención contributiva bajo la Ley Núm. 168 de 1968. AJM solicitó beneficios como operador de una unidad hospitalaria, habiendo construido y manteniendo una facilidad para el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), quien operaría los servicios médicos. La Secretaría Auxiliar de Política Contributiva (SAPC) denegó la solicitud, argumentando que AJM no operaba la unidad hospitalaria según la ley. AJM impugnó esta decisión ante la Secretaría Auxiliar de Procedimiento Adjudicativo (SPA), que confirmó la denegatoria. SPA determinó que las funciones de AJM (construcción, mantenimiento, limpieza) no cumplían con el requisito de "operación" de una unidad hospitalaria bajo la Ley Núm. 168, la cual implica operar con una licencia del Departamento de Salud. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia sobre la interpretación del concepto de operación. El Tribunal revocó parcialmente la resolución de SPA, específicamente en cuanto a los incentivos del artículo 1(b) de la Ley Núm. 168. Con esta modificación, el Tribunal confirmó la decisión principal de denegar la exención contributiva.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un miembro de la población correccional, impugna una sanción disciplinaria colectiva. Tras el hallazgo de contrabando en su módulo, se suspendieron varios privilegios, incluyendo las visitas, a todos los confinados del área por un periodo inicial de diez días, luego extendido. El recurrente solicitó un remedio administrativo, argumentando que el Departamento no podía cancelar visitas como sanción colectiva. La División de Remedios Administrativos del Departamento respondió que no tenía jurisdicción sobre sanciones colectivas impuestas bajo la Regla 9. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. Solicita que se ordene al Departamento abstenerse de imponer la cancelación de visitas como medida disciplinaria colectiva, alegando que contraviene el ordenamiento jurídico. El tribunal examina el expediente y el trasfondo normativo aplicable, incluyendo la deferencia judicial a las resoluciones administrativas.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. El caso versa sobre un interdicto posesorio instado por Julio Pagán Rodríguez contra Vicente Pagán Vega y otros. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda del señor Pagán Rodríguez, ordenando a los apelantes remover ganado y barreras de un terreno poseído por el apelado. El señor Pagán Rodríguez alegó poseer pacíficamente el terreno desde 2002, heredando la posesión de su padre. Denunció que los apelantes lo despojaron violentamente de la posesión, bloquearon el acceso a través de un camino vecinal e introdujeron ganado que dañó sus cultivos. Los apelantes, por su parte, argumentaron que el apelado nunca poseyó el predio como dueño y que la titularidad correspondía a una sucesión. Tras revisar los antecedentes fácticos y procesales, incluyendo la vista celebrada en el TPI, el Tribunal de Apelaciones emite su decisión. El Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de gravamen mobiliario. La apelación fue presentada por Awilda Alméstica Rosario contra Popular Auto, LLC. Se recurre de una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El TPI había declarado Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por Popular Auto. Como resultado, se ordenó a la señora Alméstica Rosario pagar a Popular Auto la suma de \$40,689.16 por concepto de deuda más intereses y cargos, y \$12,206.75 por honorarios de abogado. El caso original se basó en un contrato de arrendamiento de vehículo suscrito por Sugrim J. Alméstica Rosario, cuya sucesión es demandada tras su fallecimiento. La señora Alméstica Rosario, madre y heredera única, fue interpelada judicialmente y se presumió que aceptó la herencia, haciéndose responsable de las cargas. La demanda fue enmendada para incluir a un tercero debido a un traspaso de título no autorizado del vehículo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de la clasificación de custodia de Joel Hernández Santos. Hernández Santos, quien cumple una sentencia de 315 años por tres asesinatos en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento de mantenerlo en custodia mediana. Previamente clasificado a custodia máxima, fue reclasificado a mediana en 2022, ratificada en 2023. Una apelación anterior resultó en la devolución del caso al Comité para evaluar su plan institucional. El Comité reevaluó, asignó 2 puntos en factores objetivos, pero utilizó la gravedad de los delitos como factor discrecional para ratificar la custodia mediana. Hernández Santos apeló nuevamente, alegando error al basarse únicamente en la gravedad del delito y un error en el cálculo de su sentencia mínima. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso administrativo. La sentencia confirma la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones José A. Sabat Esquilín, convicto y cumpliendo penas por infracciones a la Ley de Armas y el Código Penal. El peticionario solicitó al Tribunal de Primera Instancia que se le abonara a su pena carcelaria el tiempo que estuvo declarado no procesable bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, durante el cual recibió tratamiento clínico bajo custodia estatal. El foro primario denegó esta solicitud mediante orden del 23 de octubre de 2023. Inconforme, el peticionario presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, el Pueblo de Puerto Rico, se allanó a lo solicitado por el peticionario durante el trámite apelativo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Con esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones concede la petición del recurrente.

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Heriberto González García, un confinado cumpliendo sentencia por violencia doméstica, presentó una petición ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando una reducción de su condena. Fundamentó su solicitud en haber cumplido seis meses y participado en programas de rehabilitación. El tribunal advirtió que el peticionario no había pagado los aranceles de presentación ni solicitado litigar en forma pauperis. Se le concedió un término de diez días para someter la declaración de indigencia y los documentos pertinentes, incluyendo el dictamen recurrido. El señor González García incumplió con esta orden dentro del término establecido. El tribunal también señaló que el escrito inicial adolecía de serios defectos procesales. Considerando su deber de verificar la jurisdicción y la falta de cumplimiento del peticionario con los requisitos reglamentarios y la orden emitida, el tribunal determinó que no podía asumir jurisdicción ni atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se trata de una revisión de una decisión de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) en un caso de filiación y alimentos. La recurrente, Xiomara Santana Mora, impugna una orden de la ASUME que requirió al recurrido, Freddie L. Gary, someterse a pruebas genéticas de paternidad. Santana Mora sostiene que las pruebas son innecesarias porque Gary reconoció voluntariamente la paternidad en un contrato previo. Ella solicitó a la ASUME que declarara a Gary padre basándose en dicho contrato, independientemente de las pruebas. La ASUME denegó su petición y ordenó las pruebas genéticas. Ante el Tribunal de Apelaciones, Gary solicitó la desestimación del recurso, alegando que la orden de la ASUME era interlocutoria y el tribunal carecía de jurisdicción en esa etapa. También presentó argumentos oponiéndose a los méritos de la revisión. El tribunal ha recibido las posturas de ambas partes sobre la desestimación y los méritos del recurso. El panel está ahora en posición de emitir su decisión final sobre la revisión.

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Israel O. Crespo Ortiz instó un recurso solicitando un auto de mandamus contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El propósito era compeler a la Junta a atender su solicitud de reconsideración, la cual surgió tras la denegación de libertad bajo palabra en marzo de 2022. Un recurso anterior ante este Tribunal de Apelaciones (KLRA202200315) había ordenado a la Junta a considerar los méritos de dicha solicitud de reconsideración. No obstante, la Junta ha pospuesto la evaluación del caso. La Junta ha indicado que la demora se debe a la falta de información requerida por parte del Departamento de Corrección. Resoluciones de la Junta en abril y agosto de 2023 confirmaron la necesidad de recibir estos documentos para poder evaluar el caso del Recurrente. Ante la persistente demora, el Recurrente presentó el presente recurso. El Tribunal de Apelaciones acogió la petición como certiorari. Mediante esta Sentencia, el Tribunal desestimó el auto de mandamus solicitado por el Recurrente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La señora Vibeke Lorraine Betances Lacourt solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de reconsideración en un caso de cobro de dinero. El caso fue iniciado por C&C Management Holding Corp. por cuotas de mantenimiento impagas. C&C Management solicitó sentencia sumaria basándose en la falta de respuesta de la señora Betances Lacourt a requerimientos de descubrimiento. El foro primario ordenó a la peticionaria oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. La señora Betances Lacourt solicitó reconsideración, alegando que no podía completar el descubrimiento porque la demandante no había respondido a sus requerimientos. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Leonardo J. Rivera Méndez, impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha resolución le ordenó pagar \$43,544.99 a Javier Almeyda Vargas por incumplimiento de un contrato de obras y servicios. La querella original en el DACO también incluyó a United Surety \& Indemnity Company como parte coquerellada. Ante el Tribunal de Apelaciones, surgió una controversia sobre la adecuada notificación del recurso a todas las partes, particularmente a USIC. El recurrido solicitó la desestimación del recurso por falta de notificación oportuna a USIC. El Tribunal resuelve desestimar el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, basada en los fundamentos procesales expuestos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en el caso SAN-2019-004587. El recurrente, Héctor Sierra H/N/C Bayamón Auto Computer, solicitó dejar sin efecto la resolución que le ordenó devolver dinero, pagar daños e intereses al recurrido, Leomar Estrada Cruz. Sierra alegó que DACo carecía de jurisdicción porque su negocio no es un taller de reparación de vehículos de motor y que no fue debidamente notificado de la vista administrativa ni de la resolución. DACo había dictado la resolución tras encontrar prácticas engañosas, presumiendo notificación al no comparecer Sierra a la vista. Sierra solicitó relevo de la resolución ante DACo, lo cual fue denegado, dando paso al recurso de revisión judicial. El Tribunal evaluó los argumentos del recurrente sobre la falta de jurisdicción y la notificación defectuosa. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Roberto L. Capella Casellas. El apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable de dos cargos de resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Los hechos ocurrieron durante una intervención de tránsito por exceso de velocidad, donde el apelante se negó a entregar su licencia y registro. Los agentes testificaron que el apelante mantuvo una actitud retante, se negó a cooperar y resistió físicamente el arresto. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció al pago de multas. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Capella Casellas. Tras la revisión, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. Fanny Hernández Sáez apeló una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión de pensión alimentaria impuesta a Rubén López Valentín. La pensión final se había fijado en diciembre de 2022 en $458.09 mensuales. La apelante solicitó la revisión en noviembre de 2023, argumentando un cambio sustancial en los ingresos del padre alimentante. Presentó evidencia de su caso de quiebras federal, donde reportó un ingreso mensual de $4,000, superior al informado previamente. Alegó que este aumento justificaba la revisión antes del plazo legal de tres años. El foro primario denegó la solicitud indicando que las necesidades del menor no habían cambiado. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari, evaluó los argumentos y revocó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación KLAN202300582. Palatine Hill Association Corporation apeló una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aguada. El caso original versaba sobre cobro de dinero por alegada violación de condiciones restrictivas de propiedad por parte de Adam Balducci y otros. Palatine Hill reclamaba multas acumuladas por el uso de áreas no permitidas para estacionamiento, según sus condiciones restrictivas y reglamento. Los Apelados se defendieron alegando que las condiciones no les eran oponibles o que las enmiendas al reglamento eran contrarias a derecho. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial a favor de los Apelados y la denegó a Palatine Hill. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Alejandro Ovalle Mejías, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación la aplicación de la Ley Núm. 85-2022 a su liquidación de sentencia. Tras gestiones administrativas infructuosas, incluyendo una solicitud de reconsideración denegada, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. Durante el proceso administrativo, el recurrente recibió clemencia ejecutiva por el mínimo de su sentencia. El Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó la desestimación del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que la clemencia ejecutiva había tornado la controversia académica. El Tribunal procedió a examinar su jurisdicción sobre el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la controversia.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta un caso originado por una demanda sobre violación de condiciones restrictivas voluntarias. José Manuel Rachier Cintrón y otros demandaron a Carlos Rocky Arroyo Carrero y otro, propietarios de fincas sujetas a las mismas restricciones en Añasco. La demanda buscaba un interdicto preliminar y permanente, además de daños, para detener y revertir construcciones que supuestamente incumplían las cláusulas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) celebró vistas de interdicto preliminar y permanente. Como resultado, el TPI emitió una Sentencia Parcial el 17 de agosto de 2023. Dicha sentencia concedió el interdicto permanente solicitado por los demandantes. No obstante, la decisión reservó la reclamación de daños emocionales para procedimientos posteriores. La parte demandada-apelante reaccionó presentando una Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho Adicionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación civil. El recurso fue presentado por San Sebastián Properties, LLC, Sonia I. Ocasio Espino y Crimson Development Group, Inc. Apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia a favor de Oriental Bank en un caso sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria contra los apelantes. Les ordenó pagar a Oriental Bank la suma de \$1,422,285.86 por incumplimiento de un préstamo, con la advertencia de ejecución hipotecaria de no realizar el pago. Los apelantes habían presentado defensas y una reconvención alegando dolo y mal manejo del préstamo por parte del banco. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina en una demanda de cobro de dinero presentada por una cooperativa contra la señora Noelia Jiménez Molina. La cooperativa solicitó y obtuvo permiso para emplazar a la señora Jiménez por edicto tras intentos infructuosos de notificación personal. Ante la incomparecencia de la demandada, el foro primario dictó sentencia en rebeldía en su contra. Posteriormente, la cooperativa procedió con la notificación de la sentencia por edicto y solicitó su ejecución, incluyendo la anotación en el Registro de la Propiedad. La señora Jiménez solicitó la nulidad de la sentencia en rebeldía ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro declaró No Ha Lugar la solicitud de nulidad. La señora Jiménez recurrió esta decisión ante el presente foro. Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se REVOCA el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Félix González Ríos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, confinado, solicitó un pase extendido por condiciones de salud amparado en la Ley 25. Evaluaciones médicas realizadas por el DCR y un panel médico recomendaron la concesión del pase debido a sus severas condiciones de salud. Tras una investigación de campo, que incluyó la evaluación del hogar propuesto y la consulta a víctimas, el DCR denegó el privilegio. La denegación se fundamentó en la existencia de un supuesto proceso penal pendiente, derivado de una sentencia mixta que requería una evaluación para libertad a prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación administrativa. La corte concluyó que la razón esgrimida por el DCR para denegar el pase era errónea, pues no existe un proceso penal pendiente en el sentido que impediría el beneficio. Por tanto, el Tribunal revocó la determinación del DCR. El asunto fue devuelto a la agencia para que continúe la evaluación de la elegibilidad del recurrente para el programa de pase extendido.

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Rafael Riverol presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dictada el 4 de diciembre de 2023. En dicha resolución, el foro primario denegó la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Sociedad Legal de Gananciales presentada por el señor Riverol. El pleito original fue incoado por Milagros Melgarejo contra Riverol, su esposa Carmen Rivera Ríos, y la Sociedad Legal de Gananciales por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Melgarejo desistió voluntariamente de la reclamación contra la señora Rivera Ríos tras dificultades para emplazarla, continuando el caso contra Riverol. Posteriormente, el caso fue convertido de trámite sumario a ordinario a solicitud de Riverol, quien también presentó una reconvención. El recurso de Certiorari busca la revisión de la determinación del Tribunal de Primera Instancia de mantener a la Sociedad Legal de Gananciales como parte demandada. El panel del Tribunal de Apelaciones está integrado por las Juezas Lebrón Nieves, Barresi Ramos y Santiago Calderón, siendo la Jueza Barresi Ramos la ponente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari relacionado con la liquidación de bienes gananciales tras un divorcio. El peticionario, Daniel Velázquez Delgado, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria parcial. La controversia principal gira en torno a si el peticionario tiene derecho a un crédito de $65,000 en la liquidación de la comunidad de bienes. El peticionario alegó que este dinero provino de la venta de un inmueble privativo (Inmueble B) y fue invertido en la adquisición de un bien ganancial (Inmueble A). La recurrida, Doania Delgado Díaz, argumentó que el Inmueble B fue adquirido con un préstamo pagado por la sociedad de gananciales, por lo que era un bien ganancial y la sociedad tenía un crédito. El foro primario denegó la sentencia sumaria parcial al encontrar controversias de hechos esenciales sobre el origen de los fondos del Inmueble B y la adquisición del Inmueble A. El peticionario presentó una moción de reconsideración que también fue denegada. El recurso de Certiorari buscaba revisar estas determinaciones, pero el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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El recurso fue instado por Emmanuel Fuentes Enríquez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, relacionado con un incentivo federal (Covid). Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones notó que el recurrente no pagó los aranceles ni solicitó litigar en forma pauperis. Tampoco presentó los documentos pertinentes al recurso. Mediante resolución, se le concedió un término de 10 días para cumplir con estos requisitos. Sin embargo, el recurrente no compareció ni subsanó las deficiencias dentro del término concedido. En consecuencia, el Tribunal se vio forzado a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en el craso incumplimiento del recurrente con las leyes y reglamentos aplicables. La falta de perfeccionamiento del recurso impide que el foro apelativo adquiera jurisdicción para entender en el mismo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un caso presentado bajo la Ley Núm. 140. El peticionario intentó utilizar este estatuto para recuperar la posesión de su mascota, una gata, de la recurrida. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud, determinando que no existía una controversia adjudicable bajo la Ley 140. El peticionario recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. La Ley 140 tiene como propósito proveer un procedimiento rápido y económico para resolver provisionalmente tipos específicos de controversias del diario vivir. El Tribunal de Apelaciones examinó el alcance del Artículo 2 de la Ley 140, que enumera las materias cubiertas. Dicha lista incluye controversias entre vecinos, custodia de menores, asuntos de arrendamiento, reclamaciones salariales, y crianza de animales en distritos residenciales, entre otras. Sin embargo, la recuperación de una mascota no figura entre los tipos de controversias que la Ley 140 faculta a los tribunales a atender. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al determinar que el asunto no era adjudicable bajo dicho estatuto. Se confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de archivar el caso.

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Sentencia del 15 de febrero de 2024 sobre una Petición de Certiorari presentada por Cobra Acquisitions, LLC. Cobra impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2023. Dicha orden concedió un embargo preventivo solicitado por el Municipio de Maunabo contra Cobra. El embargo instruye a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a retener pagos a Cobra por más de $9 millones. Este embargo surge de una demanda de 2018 del Municipio contra Cobra por arbitrios de construcción y patentes municipales. Cobra solicitó auxilio de jurisdicción para paralizar el embargo, lo cual fue denegado por el tribunal. El Municipio se opuso al auxilio y, tras una prórroga, presentó su alegato sobre los méritos del certiorari. El tribunal ha perfeccionado el recurso con las comparecencias de las partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelante, Sol Angélica París Calderón y otros, presentó una demanda de sentencia declaratoria e interdicto permanente contra Estrella Homes II, LLC, sucesor del acreedor hipotecario original. La acción se fundamenta en alegaciones relacionadas con un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado en 2014, donde se dictó sentencia en rebeldía contra los apelantes. Los apelantes habían intentado previamente anular la sentencia original y cuestionar actuaciones posteriores, incluyendo una reclamación bajo la Ley de Transacciones Comerciales tras la sustitución del acreedor. Dichos intentos, realizados mediante mociones en el caso original y recursos de apelación y certiorari, fueron denegados. La nueva demanda fue desestimada con perjuicio por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los fundamentos de la desestimación. Se confirma la Sentencia apelada que ordenó la desestimación de la Demanda.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de liquidación de comunidad de bienes tras un divorcio. La apelante, Awilda González Cruz, impugnó una Sentencia Parcial Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial determinó que 30 acciones de Refrigerama, Inc. y 36 acciones de Empresas R&D de Puerto Rico, Inc. eran bienes privativos del apelado, Pedro José De Pedro Martínez. El foro primario concluyó que el apelado adquirió estas acciones mediante donación de su padre, basándose en la evidencia presentada. La apelante se opuso, alegando la existencia de controversias sobre el carácter de los bienes. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial Sumaria. Así, se ratificó la determinación de que las acciones en controversia constituyen propiedad privativa del apelado.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por ACTSS, LLC contra CBL REALTY, SE. La apelación impugnaba una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. ACTSS alegó que el tribunal inferior desestimó su demanda y lo anotó en rebeldía respecto a una reconvención. El Tribunal de Apelaciones ordenó a ACTSS presentar dos copias del apéndice de su recurso en quince días. ACTSS incumplió esta orden al no presentar los apéndices dentro del término. CBL REALTY solicitó la desestimación del recurso debido a dicho incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones decidió desestimar la apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para conocer del recurso. La Sentencia subraya la naturaleza fundamental de la jurisdicción y el deber del tribunal de auscultarla, indicando que su ausencia conlleva la inmediata desestimación.

Resumen:

Se trata de una apelación presentada por un confinado, Nelson Rivera Cruz, quien reclamaba el pago de los estímulos económicos federales por la pandemia de Covid-19. El apelante inició un Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) alegando no haber recibido los pagos, enfocándose en el tercer incentivo de $1,400. El Estado, representando al Departamento de Hacienda y Corrección, informó que los primeros dos pagos ($1,800) ya habían sido remitidos al DCR para el apelante. Explicó que el tercer pago requería que el apelante presentara la planilla de contribución sobre ingresos de 2021. Tras recibir evidencia del pago de los primeros dos incentivos, el TPI desestimó el caso por académico. Inconforme, el apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, reiterando su reclamo por el tercer pago. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso original era una demanda por daños y perjuicios presentada por José D. Santiago Torres contra el Comité Quintas de Altamira, Inc. por la alegada obstrucción de una carretera. El TPI desestimó la acción civil sin perjuicio, invocando la Regla 39.2(a) por la aparente dejadez y falta de interés de las partes. El demandante solicitó reconsideración de la sentencia, pero el foro primario denegó su petición. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al no considerar documentos que demostraban diligencia y al no cumplir sus deberes judiciales. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de alimentos. José Antonio Roche Negrón interpuso un recurso de Certiorari contra dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia. La primera orden le impuso sanciones económicas por incomparecer a una vista de desacato. La segunda orden señaló una nueva vista de desacato. El recurrente alegó que las notificaciones de ambas órdenes, enviadas por correo electrónico a su abogado, fueron inadecuadas y violaron el debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia había notificado las órdenes a los abogados de ambas partes por correo electrónico. El recurrente solicitó la revocación de las órdenes y la paralización de los procedimientos en primera instancia, lo cual fue denegado. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega la expedición del Certiorari solicitado por José Antonio Roche Negrón.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Edmundo Ramírez Santos contra Salón de Estrellas, Inc., y otros. El apelante recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La demanda original reclamaba indemnización por los daños causados por un incendio que se propagó desde el local de los demandados al del demandante. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda al entender que la parte demandante no presentó prueba sobre el acto u omisión negligente. En consecuencia, desestimó la demanda y concedió costas a los demandados. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo la presentación de la demanda, la contestación y las incidencias relacionadas con la prueba testifical propuesta por el demandante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) sobre la compraventa de un vehículo de motor usado. La querellante alegó que el vehículo presentaba desperfectos y tenía un motor que no le correspondía. El DACo determinó que el número de serie del motor no coincidía con el del vehículo y pertenecía a otro auto registrado a nombre de una aseguradora. Esta situación, no informada por el concesionario, hacía que el vehículo no fuera apto para circular. El DACo decretó la resolución del contrato de compraventa e impuso responsabilidad solidaria al concesionario y a la financiera, Popular Auto. Popular Auto solicitó la revisión administrativa de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. Se revocó el dictamen del DACo, pero únicamente a los efectos de eliminar la responsabilidad solidaria impuesta contra Popular Auto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Anthony R. Negrón Burgos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Corrección suspendió privilegios a un grupo de confinados en Ponce Adultos 1000 por 10 días, extendiéndolos luego por 90 días adicionales, invocando la Regla 9 como medida de seguridad institucional. La acción se justificó por el hallazgo de confinados en estado crítico por aparente sobredosis y la presentación de informes disciplinarios. El recurrente impugnó la extensión, alegando que la Regla 9 se usó disciplinariamente, la sanción era excesiva y se violó el debido proceso. La Regla 9 permite la suspensión de privilegios estrictamente como medida de seguridad ante riesgos institucionales, no como sanción disciplinaria. El Tribunal concluyó que la determinación de Corrección bajo la Regla 9 no es revisable directamente ante esta instancia. Por tanto, se desestimó el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una apelación presentada por el Municipio de Utuado contra la Legislatura Municipal. La disputa se originó por la impugnación del presupuesto municipal para el año fiscal 2023-2024, aprobado por la Legislatura. El Municipio, representado por su Alcalde, argumentó que las reducciones significativas realizadas por la Legislatura a partidas esenciales violaban el Código Municipal. Alegó que estas modificaciones presupuestarias impedían la operación del municipio y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía. La Legislatura Municipal defendió su actuación, sosteniendo que el Código Municipal la faculta para aprobar el presupuesto, incluso con objeciones del Alcalde. Explicó que las modificaciones se basaron en recomendaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que identificó partidas infladas. El Tribunal de Primera Instancia había resuelto previamente que la Legislatura Municipal tenía la facultad para aprobar el presupuesto. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Revisión Judicial presentada por Rolando Martell Bartolomey contra una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente alegó que se le denegó la libertad bajo palabra por inviabilidad de su vivienda propuesta. El Tribunal resolvió desestimar el recurso por falta de jurisdicción. Se fundamenta la desestimación en que el recurrente no anejó copia del dictamen de la Junta ni otros documentos necesarios del expediente administrativo. Las reglas procesales exigen la inclusión de estos documentos para perfeccionar el recurso y demostrar que se agotaron los remedios administrativos y que el recurso es oportuno. El incumplimiento de estos requisitos impide al Tribunal ejercer su facultad revisora. El Tribunal reitera su deber ministerial de examinar la jurisdicción y la necesidad de acatar rigurosamente las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. La falta de perfeccionamiento adecuado conlleva la desestimación del recurso.

Resumen:

Lacuas LLC solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una sentencia en rebeldía. El foro primario había declarado Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia de Angela Marie Torres Colón. Lacuas había presentado una acción civil contra la Sra. Torres Colón para exigir el cumplimiento de un contrato y obtuvo sentencia en rebeldía por falta de contestación. La Sra. Torres Colón solicitó el relevo de sentencia alegando incapacidad mental al momento de ser emplazada y de incurrir en rebeldía. Presentó evidencia médica que acreditaba diagnósticos de desorden bipolar y daño cerebral, así como su ingreso en una facilidad correccional bajo un procedimiento relacionado con salud mental. También mencionó que el principal de Lacuas había sido su tutor legal previamente. El Tribunal de Primera Instancia concedió el relevo de sentencia basándose en estos argumentos y evidencia. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la petición de Lacuas, denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de anular la sentencia en rebeldía contra la Sra. Torres Colón.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en revisión administrativa. El recurso fue presentado por Flash Auto Imports, Inc. (FAI) contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La querella original fue radicada por Paola S. Rodríguez Díaz, quien adquirió un vehículo usado de FAI. La Sra. Rodríguez Díaz alegó que el vehículo presentaba desperfectos y tenía un motor que no le correspondía. El DACo determinó que FAI no registró el motor ni informó a la compradora sobre esta anomalía. Concluyó que el vehículo no podía usarse en vías públicas debido a este defecto fundamental. Por ello, el DACo decretó la resolución del contrato de compraventa. Ordenó a FAI y Popular Auto la restitución de pagos y el pago de daños y honorarios. FAI recurrió la decisión, argumentando desconocimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirmó el dictamen del DACo.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por Edwin A. Avilés Pérez en un caso de cobro de dinero y daños. La demanda original fue incoada por Comtec PR, Inc. y Adalberto Rivera Colón por incumplimiento de contrato. El peticionario argumentó que la demanda debía desestimarse por cosa juzgada o impedimento colateral. Alegó que esta era la tercera demanda presentada por los mismos hechos y partes. La primera demanda fue desistida voluntariamente por los demandantes. La segunda demanda fue desestimada sin perjuicio por el tribunal por incumplimiento con la regla de emplazamiento. El peticionario sostuvo que la segunda desestimación, aunque sin perjuicio, debía considerarse con perjuicio por ser el segundo incumplimiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Central Parking System of Puerto Rico, Inc. contra Wanda Lisette Durán Monge. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre reclamaciones de despido injustificado y discrimen por edad. Central Parking System apeló una Sentencia Sumaria Parcial del TPI que había declarado con lugar las causas de acción de la señora Durán Monge. La señora Durán Monge, exempleada de CPS, fue reubicada por acomodo razonable antes de que la pandemia de COVID-19 afectara su nuevo lugar de trabajo. Esto resultó en cambios en sus asignaciones laborales y eventual separación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del dictamen apelado. Tras su análisis, el panel especial determinó revocar la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el TPI. El asunto es devuelto al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos conforme a lo dispuesto por el Apelativo.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Gloribel Rivera Frets. La apelante impugna una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, que desestimó su demanda contra el abogado notario Eduardo J. Navarro Pluguez. La apelante demandó al notario alegando negligencia en una escritura de compraventa de 2007. Sostuvo que el notario no describió adecuadamente los linderos de la propiedad, omitiendo distancias, lo que le impide determinar los límites y requiere una acción de deslinde, causándole daños. El notario argumentó que cumplió su deber al usar la descripción registral existente y que la responsabilidad de verificar linderos en una venta a precio alzado recaía en la compradora. También planteó que la reclamación podría estar prescrita. La apelante se opuso a la sentencia sumaria, alegando controversia de hechos sobre la fecha de conocimiento del daño y las advertencias del notario. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procedía la desestimación de la demanda contra el notario mediante sentencia sumaria.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico El Pueblo de Puerto Rico mediante petición de certiorari. Se solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha Resolución desestimó los cargos contra Steven Sáez Feliciano por infracción al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 (violencia doméstica). La desestimación se basó en una presunta violación a los términos de juicio rápido. El Ministerio Público argumentó que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción y erró al desestimar sin celebrar una vista evidenciaria ni consignar fundamentos escritos, contrario a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. El Recurrido no presentó alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Los apelantes, incluyendo a Ramón Valentín y los miembros de la sucesión de Victorina Santana, demandaron a Doctor's Center Hospital, al Dr. Fernando Rivera Cruz y otros. La demanda original alegaba negligencia en el tratamiento de la señora Santana por coledocolitiasis, incluyendo la alegada negativa a realizar cirugía y el alta médica a pesar de su condición. La Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia desestimó varias causas de acción presentadas por los apelantes, como la de daños heredados y ciertas reclamaciones de la sucesión. Sin embargo, el dictamen de instancia denegó la solicitud de desestimación presentada por algunos de los demandados. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de Apelación y Certiorari presentados por las partes contra dicha Sentencia Parcial. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari incoado por Rafael Carrasquillo Martínez. Carrasquillo solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su memorando de costas. El TPI basó su denegatoria en que el pleito principal de cobro de dinero aún no había concluido con una sentencia final sobre los méritos. Carrasquillo presentó el memorando de costas tras haber prevalecido en un recurso de certiorari anterior ante el Tribunal de Apelaciones, donde se revocó una orden interlocutoria del TPI. En su recurso actual, Carrasquillo argumenta que el TPI interpretó incorrectamente las reglas de procedimiento civil relativas a la concesión de costas a la parte prevaleciente en apelación o revisión. Señala además que el TPI violó su derecho al debido proceso al no permitirle presentar una réplica a la oposición al memorando de costas. Tras evaluar los planteamientos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Carrasquillo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia ordenó la excarcelación de Juan Carlos Vidal Rosa, quien estaba detenido preventivamente por cargos de robo, agresión a la autoridad y violación a la Ley de Armas. Vidal Rosa fue arrestado el 24 de marzo de 2023 y no prestó la fianza impuesta. Durante el proceso, la defensa solicitó en dos ocasiones evaluaciones de procesabilidad mental bajo la Regla 240. El imputado argumentó que el término constitucional de 180 días para la detención preventiva expiraría, justificando su excarcelación por habeas corpus. A pesar de que el foro primario inicialmente indicó que el tiempo bajo la Regla 240 se descontaría, luego ordenó la excarcelación. La Oficina del Procurador General impugnó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó la sentencia que ordenaba la excarcelación de Vidal Rosa.

Resumen:

La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari. Los Peticionarios buscaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la junta de directores de un condominio. La demanda surgió tras daños estructurales al edificio y la exclusión de los Peticionarios de las asambleas por cesar pagos de mantenimiento, impugnando acciones de la junta. El foro de primera instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción, determinando que la Ley de Condominios confiere jurisdicción primaria y exclusiva al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) para atender controversias sobre actuaciones de juntas. Los Peticionarios recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente, el Tribunal concluyó que la actuación del foro inferior no fue irrazonable ni constituyó un abuso de discreción. Afirmó que la ley aplicable otorga efectivamente jurisdicción primaria y exclusiva al DACo sobre la materia en cuestión. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari, confirmando la desestimación judicial y la remisión al foro administrativo.