Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 85)

Resumen:

Miguel A. Borrero Vargas apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra LUMA Energy Service, LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica. En su demanda, Borrero Vargas cuestionó la existencia y legalidad de una servidumbre de paso a favor de la AEE sobre su propiedad y la legitimación activa de LUMA. El apelante buscaba una sentencia declaratoria y un interdicto para legalizar una construcción sin permiso que, según LUMA, invadía la alegada servidumbre. LUMA solicitó la desestimación, argumentando tener legitimación y que el TPI carecía de jurisdicción sobre la legalización de la construcción, competencia de la OGPe. El Tribunal de Primera Instancia reconoció la legitimación de LUMA pero desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. El TPI determinó que la servidumbre existía válidamente, gravando la propiedad del apelante al provenir de fincas matrices donde sí constaba registrada. Concluyó que no procedía un interdicto para proteger un derecho dudoso o controvertido. El recurso ante este panel solicita la revocación de dicha sentencia desestimatoria.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Mariceli Rodríguez Soler contra Eagle Industries del Caribe, Inc. La apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió una Moción de Sentencia Sumaria a favor de Eagle Industries. El caso original trata sobre reclamaciones de despido injustificado bajo la Ley 80 y despido por discrimen por edad bajo la Ley 100. La apelante alegó haber sido despedida sin justa causa y reemplazada por un empleado más joven. La empresa apelada justificó el despido argumentando que la empleada tomó propiedad de la compañía sin autorización, conducta que fue admitida por la apelante. Eagle Industries solicitó sentencia sumaria, argumentando la inexistencia de hechos materiales en controversia y que el despido fue justificado. La apelante se opuso, alegando controversia sobre la intención y la práctica permitida de usar tela "decomisable", además de requerir juicio para el discrimen por edad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el pleito mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada que desestimó las reclamaciones.

Resumen:

Comparecen Crocs Puerto Rico, Inc. y Crocs Retail, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones solicitando un auto de certiorari. Buscan revocar una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de diciembre de 2023. En dicha resolución, el foro primario no permitió a Crocs presentar prueba sobre ciertas defensas afirmativas en la contestación a la reconvención. El Tribunal de Primera Instancia consideró que estas defensas ya habían sido adjudicadas en una Sentencia Parcial previa de 2022. La Sentencia Parcial desestimó la demanda original de Crocs PR contra Medawar. Determinó que Crocs PR incumplió los requisitos contractuales para terminar un contrato de arrendamiento tras los huracanes Irma y María. Por tanto, concluyó que los pagos de cánones no fueron indebidos. El Tribunal de Apelaciones ya había confirmado esta Sentencia Parcial en una apelación anterior en enero de 2023. Ahora, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Crocs. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no permitir la prueba sobre las defensas afirmativas consideradas previamente resueltas.

Resumen:

Lista de varios casos judiciales identificados por números únicos (KLCE2024xxxx). Todos los casos son procedimientos de Certiorari originados en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como parte recurrente en la mayoría de ellos. Las partes recurridas incluyen a varios municipios de Puerto Rico, como Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. La Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico también son partes frecuentes. Los asuntos en controversia abarcan Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El documento presenta un índice de estos casos específicos.

Resumen:

El documento lista varios casos judiciales, principalmente procedimientos de Certiorari. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Cobra Acquisitions, LLC aparece consistentemente como la parte Peticionaria. Las partes Recurridas son diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado. Los temas centrales de los litigios incluyen Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada detalla el número de caso original y las partes específicas involucradas. Este listado consolida información sobre múltiples disputas legales entre Cobra Acquisitions y entidades gubernamentales locales y estatales.

Resumen:

El documento presenta un listado de varios casos judiciales, identificados por números únicos (KLCE2024xxxx). La mayoría de los casos son procedimientos de Certiorari originados en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de SAN JUAN. Un litigante recurrente es COBRA ACQUISITIONS, LLC, que figura principalmente como Peticionario. Los Recurridos son diversos municipios de Puerto Rico, frecuentemente junto a la Autoridad de Energía Eléctrica y/o el Estado Libre Asociado. Los asuntos principales de estos casos incluyen Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada detalla las partes, el número de caso original y la materia en controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso apelativo presentado por UDAI Healthcare LL.C. contra NOGAMA Construction Corp. UDAI apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo que desestimó su demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. La desestimación del TPI se fundamentó en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. El foro primario había ordenado el descubrimiento de prueba con fechas límite específicas. Tras varias extensiones y advertencias, el TPI concedió un término perentorio a UDAI para cumplir con las contestaciones juradas a los interrogatorios. Ante el incumplimiento de dicho término, NOGAMA solicitó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal y los fundamentos de la desestimación. Por los motivos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Edwin Lugo Cardoza. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se basó en la alegada violación del derecho a juicio rápido, específicamente el término de sesenta días para la celebración de una vista en alzada. Esta vista fue solicitada por el Ministerio Público tras una determinación inicial de "No Causa" en una vista preliminar por una infracción de tránsito. El peticionario argumentó que la vista en alzada se celebró más de sesenta días después de la determinación inicial, incumpliendo la Regla 64(n)(7). El Ministerio Público se opuso, alegando que la tardanza no fue injustificada y que el peticionario se ocultó para evitar ser citado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, considerando las circunstancias de la notificación y la ausencia de perjuicio. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decidió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en recursos de certiorari consolidados. Los recursos provienen de un caso de daños y otros incoado en el Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios, Eduardo Feliciano López, Fabrixs Industrial Laundry Corporation y Fabrics Industrial Laundry Corporation, impugnaron resoluciones que denegaron sus solicitudes de desestimación. Dichas solicitudes se fundamentaban en la alegada invalidez del emplazamiento por edicto. El demandante, Bryan Siamak Afshar, había presentado una demanda por incumplimiento de contrato y daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal relacionado con los intentos de emplazamiento y las enmiendas a la demanda. Se consolidaron los casos KLCE202400105 y KLCE202400158 para su consideración conjunta. El Tribunal encontró mérito en los recursos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió los autos de certiorari y revocó las dos resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una reclamación por daños de huracán presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Costa Brava contra Triple-S Propiedad, Inc. Previamente, este tribunal ordenó a Triple-S el pago de una suma líquida de \$270,806.79, correspondiente a un ajuste parcial no controvertido, mientras continuaba el litigio sobre el resto de la reclamación. Triple-S acude nuevamente en certiorari impugnando dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Primero, recurre de la exclusión de las transcripciones de siete deposiciones que presentó, la cual el foro primario ordenó por incumplimiento con las reglas de notificación, aunque permitió el uso de los audios. Segundo, objeta la imposición en su contra de honorarios de abogado e intereses legales, argumentando que dicha imposición era prematura al no existir una sentencia final sobre todas las causas de acción. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de los recursos de certiorari solicitados por Triple-S.

Resumen:

Este documento presenta un listado de varios casos judiciales identificados con números KLCE. La mayoría de los casos son procedimientos de Certiorari. Todos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El peticionario principal en la mayoría de estas acciones es COBRA ACQUISITIONS, LLC. Los recurridos incluyen a diversos municipios de Puerto Rico, como Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. Frecuentemente, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico también figuran como recurridos. Los asuntos legales tratados en estos casos abarcan Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El listado proporciona el número de caso original del Tribunal de Primera Instancia para cada procedimiento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Judith Sánchez Santiago contra el Municipio de Juncos. La apelación busca revocar una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por discrimen por impedimento y represalias en el empleo. La demandante, una empleada municipal con trastorno bipolar, alegó que su supervisor hizo comentarios inapropiados y que el municipio se negó a extenderle una licencia médica recomendada por un psicólogo y la CFSE. Sostuvo que esta negativa la obligó a renunciar o enfrentar abandono de empleo, constituyendo discrimen y represalia por una reclamación ante la CFSE. El municipio negó las alegaciones, afirmando que concedió la licencia reglamentaria y que la empleada no regresó al trabajo tras concluir su tratamiento. El foro primario desestimó la demanda sumariamente al concluir que la demandante no presentó un caso prima facie de discrimen ni de represalia. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Presenta un listado de varios casos judiciales. Todos los casos son procedimientos de Certiorari. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de SAN JUAN. Un litigante recurrente es COBRA ACQUISITIONS, LLC, que figura como Peticionario o Recurrida en la mayoría de las entradas. Las partes contrarias incluyen a varios municipios de Puerto Rico, como Utuado, Arroyo, Guayama, Ceiba, Gurabo, Guaynabo y Yabucoa. Algunas disputas también involucran a la Autoridad de Energía Eléctrica y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los asuntos principales de estos casos son Sentencia Declaratoria, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El listado parece ser un índice o registro de casos relacionados, identificados por números internos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda. La apelante, Lydia Esther Reyes Ramos, había demandado a United States Department of Agriculture Rural Development y a Héctor Núñez. Su demanda solicitaba daños y perjuicios, un interdicto permanente y una sentencia declaratoria. La base de su reclamación era que, al momento de la demanda de ejecución de hipoteca original en 2014, ella se encontraba mentalmente incapacitada y requería representación legal. Esta nueva acción surge tras un proceso de ejecución hipotecaria iniciado en 2014 por Rural Development. Dicho proceso culminó en una sentencia, subasta y orden de lanzamiento de la propiedad. La apelante había intentado previamente detener la subasta y anularla, sin éxito en los tribunales inferiores y el Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación de la nueva demanda por el foro primario fue incorrecta.

Resumen:

El documento contiene un listado de varios casos judiciales, en su mayoría procedimientos de Certiorari provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La parte principal involucrada en la mayoría de estos litigios es COBRA ACQUISITIONS, LLC, figurando generalmente como peticionario. Las partes recurridas incluyen a diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los asuntos principales de estos casos son Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. Cada entrada en el listado proporciona un número identificador único (KLCE), el número de caso del tribunal de origen (SJ), las partes y la materia del pleito. Este compendio parece ser un registro o índice de casos relacionados.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Darryl Lampitt. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió un término a las partes para responder a su moción de reconsideración. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Espacio Residential contra José Rivera Rodríguez, luego sustituido por Cielo Vivienda. Tras una sentencia, la propiedad hipotecada fue vendida en subasta a Nice Realty Group. Nice Realty Group obtuvo una orden de lanzamiento contra los ocupantes. Lampitt, alegando ser un arrendatario no notificado del proceso, solicitó paralizar el desalojo y presentó la moción de reconsideración en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones consideró el certiorari y una moción urgente en auxilio de jurisdicción relacionada con el desalojo. El panel del Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de certiorari. Asimismo, declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por el peticionario.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari en un caso de filiación. El padre solicitó restablecer inmediatamente las relaciones con su hija de 9 años, alegando obstrucción por parte de la madre. Tras vistas evidenciarias, el Tribunal de Primera Instancia denegó provisionalmente la solicitud del padre. En su lugar, ordenó visitas supervisadas en una institución específica, requiriendo psicoeducación para el padre. El tribunal de instancia basó su decisión en la custodia responsable de la madre, la falta de destrezas protectoras del padre y el riesgo de maltrato o negligencia para la menor durante las relaciones paternofiliales. El padre recurrió al Tribunal de Apelaciones, impugnando las determinaciones sobre maltrato y enajenación parental, y la denegación de prueba pericial. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición conforme a los criterios aplicables. El tribunal apelativo decidió no intervenir con el dictamen provisional del Tribunal de Primera Instancia. Esta determinación se fundamenta en la ausencia de error de derecho y en que el peticionario no impugna la razonabilidad del dictamen.

Resumen:

Este documento presenta un listado de varios casos judiciales identificados por números únicos (KLCE202400118, etc.). Cada entrada corresponde a un procedimiento de Certiorari originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de SAN JUAN. COBRA ACQUISITIONS, LLC figura como parte principal en la mayoría de los casos, a menudo como peticionario. Las partes recurridas incluyen a diversos municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Estado Libre Asociado. Los asuntos en disputa abarcan Sentencias Declaratorias, Arbitrios de Construcción y Patentes Municipales. El listado detalla el número de caso original del tribunal inferior y las partes involucradas en cada procedimiento. Sirve como un registro de estas acciones legales específicas.

Resumen:

Toyota Credit de Puerto Rico recurre al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original es una impugnación de confiscación de un vehículo bajo la Ley Núm. 119-2011. Toyota Credit, como acreedor con interés registrado, alegó la nulidad de la confiscación. Su moción de sentencia sumaria se fundamentó en la notificación supuestamente tardía de la confiscación. Argumentó que la notificación excedió el término de treinta días dispuesto en la Ley de Confiscaciones. El Estado Libre Asociado había confiscado el vehículo por su presunto uso en violación de leyes de sustancias controladas, penal y de tránsito. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de Toyota Credit. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión mantiene la determinación del foro primario de no resolver el caso sumariamente por el argumento de notificación tardía.

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Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por John J. Meldon y Diana B. FitzGerald contra Ljubinka Markovic. Los apelantes buscan la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y cobro de dinero. Dicha sentencia parcial declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la apelada (ordenando el desahucio) y No Ha Lugar la de los apelantes. Los apelantes alegaron errores en la interpretación de una cláusula de opción de compra y la oportunidad de su ejercicio. El Tribunal de Apelaciones había requerido a los apelantes justificar por qué el recurso no era prematuro, dado que la sentencia parcial apelada no impuso fianza según la jurisprudencia aplicable. Tras considerar los argumentos, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, se desestima la apelación.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente, Edmanuel Guerra Guzmán, impugnó la denegatoria de su solicitud de libertad bajo palabra por parte de la Junta. El señor Guerra Guzmán cumple una pena de quince años por agresión sexual y actos lascivos contra una menor. Tras una vista en julio de 2023, la Junta denegó la libertad bajo palabra en noviembre de 2023, concluyendo que no cualificaba "en este momento" y fijando una nueva consideración para noviembre de 2024. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la Junta erró al no considerar la totalidad del expediente, llegar a conclusiones irrazonables y basar la denegatoria en incumplimientos fuera de su control. El tribunal recibió el recurso y el escrito de la Oficina del Procurador General en representación de la Junta. Procede a analizar el caso bajo el estándar de revisión judicial de decisiones administrativas, que otorga deferencia a las agencias a menos que sus determinaciones carezcan de evidencia sustancial, apliquen erróneamente la ley o sean arbitrarias. La Sentencia confirma la Resolución de la Junta que denegó el privilegio de libertad bajo palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la denegatoria de libertad bajo palabra solicitada por el confinado Luis Ferrer Campis. El recurso de revisión judicial se presentó contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El Sr. Ferrer Campis cumple una sentencia consolidada de 26 años por delitos graves, incluyendo agresión sexual y secuestro agravado. La Junta de Libertad Bajo Palabra le denegó el privilegio de salir a la libre comunidad en noviembre de 2023. La Junta basó su decisión, en parte, en la necesidad de una reevaluación por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, ya que la evaluación anterior databa de 2018. La Junta dispuso que el caso podría ser reevaluado en septiembre de 2024, sujeto a la presentación de un nuevo informe de ajuste y progreso. El confinado solicitó la revisión judicial de esta denegatoria y la posterior denegatoria de reconsideración. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Grupo Atabaya, LLC apeló una decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Utuado que adjudicó un contrato de servicios de planificación a Abexus Analytics. Atabaya había sido el adjudicatario inicial del contrato (RFP 2022-RFP-003), pero el Municipio canceló el acuerdo posterior, alegando incumplimiento contractual. Tras la cancelación, la Junta de Subastas procedió a adjudicar la buena pro a Abexus como segundo licitador. Atabaya impugnó esta segunda adjudicación, argumentando errores procesales y la existencia previa de un contrato. El Municipio solicitó la desestimación del recurso, sosteniendo que la controversia era de naturaleza contractual y no administrativa, por lo que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción. El Tribunal examinó su facultad revisora sobre decisiones administrativas conforme a la ley. Concluyó que el asunto planteado no se ajustaba a los criterios para la revisión judicial de decisiones administrativas finales. Por tanto, el Tribunal determinó que no tenía jurisdicción para atender el recurso. En consecuencia, desestimó la revisión judicial presentada por Grupo Atabaya, LLC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Hotel Horizonte (HH) contra Genaro Cautiño Jordán. El caso principal trata sobre el alegado incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario suscrito por HH a favor de Cautiño. HH adquirió el 50% de una finca de Cautiño para un proyecto de extracción de relleno, garantizando el pago diferido con dicho pagaré. Cautiño demandó a HH por no pagar el pagaré tras su vencimiento. HH se defendió y reconvino, alegando que la obligación de pago estaba sujeta a una condición suspensiva relacionada con el desarrollo del proyecto, la cual Cautiño supuestamente no cumplió. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) falló a favor de Cautiño en la demanda principal y desestimó la reconvención de HH. HH apeló la sentencia del TPI solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso, incluyendo determinaciones previas del TPI sobre el vencimiento del pagaré y el inicio del devengo de intereses. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso presentado por Ángel Luis Andino Falú, actuando a través de su apoderada no abogada, Angelis Andino Ayala. El recurso buscaba revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca, así como órdenes relacionadas con la representación legal. La apoderada había sido advertida previamente sobre su falta de autorización para comparecer en el pleito. La Secretaría del Tribunal de Apelaciones notificó deficiencias en el epígrafe del recurso. La parte apelada solicitó la desestimación por incumplimiento con las normas de perfeccionamiento. El Tribunal concluye que existe un incumplimiento craso con la Regla 16 de su Reglamento. Por tanto, desestima el recurso por falta de jurisdicción, enfatizando la obligación de las partes de observar rigurosamente las normas apelativas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios. Las apelantes demandaron a Texas de Brazil y su aseguradora, alegando haber sufrido intoxicación alimentaria tras consumir en el restaurante. Una de las demandantes experimentó severos padecimientos estomacales que requirieron hospitalización. Los demandados solicitaron sentencia sumaria, argumentando la ausencia de un nexo causal entre los alimentos servidos y los daños reclamados. Alegaron que las apelantes habían consumido otros alimentos poco antes de visitar el restaurante. Además, señalaron que el propio perito de las apelantes no pudo descartar que los alimentos consumidos previamente fueran la causa de la condición. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria, desestimando la demanda al concluir que los demandados probaron la falta de nexo causal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la decisión del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Tripoli Construction Corporation. El recurso impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de la demandante, María Valderrama Figueroa, para eliminar alegaciones de la demanda. El caso original trata sobre daños y perjuicios sufridos por la demandante al caerle encima un portón de acero en un estacionamiento de ASSMCA. Tripoli Construction fue incluido como codemandado al ser identificado como el suplidor e instalador del portón. La orden recurrida, emitida el 17 de octubre de 2023, fue objeto de una solicitud de reconsideración por parte de Tripoli Construction, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar dicha orden. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Re Synth New Horizons LLC contra Pedro Diaz Ortiz. El recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. La decisión recurrida dejó sin efecto una resolución previa que había dado por admitidos requerimientos de admisiones no contestados. El TPI basó su decisión en que el caso estaba pendiente de otro recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Re Synth argumenta que la pendencia de dicho recurso no paralizaba el caso en el TPI y que las admisiones debieron considerarse admitidas. El recurrido alega que entendió que los procedimientos estaban paralizados. La Resolución expone los argumentos de las partes y el marco legal sobre el certiorari y los requerimientos de admisiones. El documento describe el trasfondo del caso y las posiciones, pero el texto provisto no contiene la determinación final del Tribunal de Apelaciones sobre el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Dewberry Engineers, Inc. y otros. La petición buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Dewberry. El caso subyacente fue incoado por John Edward Herzog, quien reclama despido ilegal, despido en represalia, daños por una caída en el trabajo, despido injustificado y compensación por horas extras y alimentos. Herzog alega que Dewberry no refirió su accidente laboral a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Dewberry negó las alegaciones y presentó defensas como la inmunidad bajo el Defense Base Act y que Herzog era un empleado exento. El foro primario denegó la sentencia sumaria al entender que existían controversias de hechos materiales que requerían un juicio. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari para revisar la determinación. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de negligencia y servicios. Revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de desestimación por prescripción. La parte peticionaria, One Alliance Insurance Corporation, solicitó la desestimación de la demanda en su contra. Arguyó que los recurridos la incluyeron en el pleito fuera del término prescriptivo, tras identificarla como aseguradora de The X Shop. Los recurridos se opusieron, alegando que la incluyeron tan pronto conocieron su identidad y que los daños continuos afectaban el cómputo del término. El Tribunal de Primera Instancia había determinado que la acción contra One Alliance no estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por One Alliance. Procedió a revocar la Resolución y Sentencia Parcial del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Christian M. Bello Colón, quien se encuentra confinado. El peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez del 19 de enero de 2024. Dicha Orden concluyó que la solicitud de nuevo juicio del confinado, amparada en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ya había sido resuelta previamente. La decisión anterior a la que se refiere el foro primario es una Orden del 24 de agosto de 2022, que denegó una moción similar del Sr. Bello Colón. El Tribunal de Apelaciones eximió al peticionario de presentar el formulario para comparecer *in forma pauperis* debido a su condición de confinado. Tras examinar el recurso, el Tribunal expidió el auto de certiorari pero confirmó la Orden recurrida. La confirmación se basa en que el peticionario debió recurrir la Orden del 24 de agosto de 2022 en su momento, y atender la petición actual iría en contra de las reglas procesales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202400240, relacionado con un procedimiento de Alimentos entre Parientes. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Juan Marcos Joaquín Hidalgo. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 25 de enero de 2024. Dicha Orden había declarado No Ha Lugar una Moción sobre Falta de Jurisdicción presentada por el peticionario en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición y el expediente, concluyó que el peticionario no logró establecer que el tribunal de instancia hubiese incurrido en error. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado. La resolución fue emitida el 28 de febrero de 2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Olga Méndez Olivieri, apeló la desestimación de su querella por el DACo contra la Junta y el Consejo del Condominio Surfside Mansions. La querella original ante el DACo trataba sobre daños en su apartamento alegadamente causados por problemas estructurales en una pared comunal tras el huracán María. El DACo realizó una inspección que confirmó los daños. La agencia concedió a las partes un término para informar si llegaban a un acuerdo transaccional. El DACo desestimó la querella al no recibir dicha notificación dentro del término. La recurrente argumentó que la desestimación por esta razón fue un error. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del DACo que desestimó la querella. Se ordenó la continuación de los procedimientos administrativos ante la agencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de *certiorari* presentada por Jonathan D. Sánchez Santiago. Sánchez Santiago solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para ser eliminado del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales. Fue convicto en 2008 por actos lascivos (Art. 144(b) CP 2004) en un caso que involucró a una menor, tras acusaciones originales por agresión sexual. Como parte de su sentencia, se le ordenó inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales. Argumentó que su convicción específica no requería la inscripción bajo la ley actual y que el TPI erró al considerar las acusaciones originales en lugar de la convicción. El TPI lo clasificó como Ofensor Sexual Tipo II y determinó que no cumplía con el término legal para la eliminación del registro. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo a Sánchez Santiago en el Registro de Ofensores Sexuales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Alexis Hernández Rivera. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que denegó una moción suya bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El señor Hernández Rivera cumple una sentencia de 30 años por delitos de la Ley de Armas, resultado de una alegación de culpabilidad en 2006. En su moción ante el foro primario, argumentó que su sentencia era ilegal y abusiva, alegando doble castigo por el mismo delito y violación de derechos constitucionales. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud de alivio post-sentencia. Mediante el recurso de Certiorari, el peticionario solicitó la revisión y revocación de esa Orden. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Freddy Matos Torres. El Peticionario solicitó un nuevo juicio y la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia emitida en agosto de 2011. Dicha sentencia lo condenó a cinco años y medio de cárcel, con sentencia suspendida, por apropiación ilegal agravada en cuarto grado. El Peticionario alegó que su caso fue fabricado, hubo falta de investigación, abuso de poder y discriminación. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar si poseía jurisdicción para atender el recurso. Se reitera la norma de que la falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que impone el deber de desestimar el recurso. Tras evaluar la petición, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, se desestimó el auto de certiorari presentado por el Peticionario.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del Negociado de Energía de Puerto Rico que desestimó una querella presentada por Caribbean Produce Exchange, LLC. Caribbean objetó facturas de servicio eléctrico emitidas por la Autoridad de Energía Eléctrica desde el año 2006, alegando que eran excesivas y que nunca recibió una determinación final sobre sus objeciones iniciales. Años después, tras intentos fallidos de resolver el asunto con LUMA Energy, Caribbean acudió al Negociado solicitando una orden para ajustar las facturas. El Negociado desestimó la querella por entender que carecía de jurisdicción para atender la reclamación sobre facturas históricas. Caribbean apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Negociado. La sentencia valida la determinación del Negociado de no tener competencia para adjudicar la controversia sobre las objeciones de facturas que datan de 2006.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de certiorari. Sergio Albino Lozada y Marta Vega Figueroa solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su petición para resolver un contrato de transacción previamente acogido por el tribunal. El caso original versaba sobre desahucio y cobro de dinero relacionado con un contrato de opción de compra de una propiedad. Los peticionarios alegaron incumplimiento del recurrido con los pagos y la entrega de la propiedad, reclamando penalidades. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional que fue aprobado por el foro primario mediante sentencia. Posteriormente, los peticionarios intentaron dejar sin efecto dicho acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no procedía la resolución del contrato de transacción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari para revisar esta determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, validando la decisión del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. El recurso fue presentado por Guadalupe Cruz Santana y Jesenia Cruz Rodríguez contra Maritza Mojica Sanabria, Kristal Cruz Mojica y William G. Cruz Mojica. El caso original versaba sobre sentencia declaratoria y liquidación de comunidad hereditaria de Francisca Rodríguez García. Los apelantes impugnaron una escritura de cesión de derecho de superficie otorgada por el Sr. Cruz Santana a su fenecido hijo (causante de los apelados) sobre una propiedad en la que su fenecida esposa era cotitular. Alegaron la nulidad de la escritura por no comparecer todos los herederos de la Sra. Rodríguez García. La Sentencia Sumaria Parcial apelada declaró Ha Lugar la causa de acción de sentencia declaratoria y No Ha Lugar la de liquidación de comunidad hereditaria. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar dicho dictamen. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por Karen Lugo Ruíz. La peticionaria solicitó la revisión de una Sentencia de Paralización por Quiebra emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia, dictada el 8 de noviembre de 2023, ordenó la paralización y archivo sin perjuicio de un caso civil. El pleito original versaba sobre liquidación de masa post-ganancial, nulidad de negocio jurídico y daños. La paralización fue ordenada porque uno de los demandados, Raúl Santiago Martínez, presentó una petición de quiebra. El Tribunal de Primera Instancia se reservó la jurisdicción para reabrir el caso si la paralización cesaba. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción, al haberse presentado el recurso tardíamente.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Guayanilla. El municipio impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso de revisión judicial. Dicho caso de revisión fue iniciado por LT Automation, Inc. para controvertir una determinación de deficiencia en el pago de un arbitrio de construcción notificada por el municipio. El punto central de la controversia es si la acción de revisión judicial requería el emplazamiento formal del municipio conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil o si bastaba la notificación por correo certificado con acuse de recibo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la notificación por correo certificado era suficiente y denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. Sostiene que, dada la naturaleza del recurso de revisión, no aplica la Regla 4 sobre emplazamiento, siendo válida la notificación al municipio por correo certificado con acuse de recibo.

Resumen:

El señor Héctor Rivera Vega, condenado por asesinato en segundo grado en 1994 y sentenciado como reincidente habitual, solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) la eliminación de dicha reincidencia. Argumentó, mediante un petitorio bajo la Regla 192.1, que el sistema penal falló en implementar políticas de rehabilitación y que su sentencia era atacable colateralmente. El TPI denegó su solicitud mediante Resolución. En desacuerdo con esta determinación, el señor Rivera Vega presentó una Petición de Auto de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó a este foro intermedio que revocara la Resolución del TPI. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito del peticionario y los documentos anejados. Tras considerar la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y los criterios para su expedición, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por L\&S, LLC y Robert M. Lavie. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó parcialmente su demanda. Dicha desestimación afectó a Consuelo Santos Cárdenas y Paradise Real Estate Group, LLC. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la falta de diligenciamiento del emplazamiento personal dentro del término de 120 días. Los apelantes argumentaron que solicitaron el emplazamiento por edicto dentro del plazo y que el TPI calculó erróneamente el tiempo transcurrido. El Tribunal de Apelaciones determina que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar las reclamaciones. Por tanto, revoca la Sentencia Parcial apelada. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces de apelación en Puerto Rico. El Sr. Javier E. Calcaño Brignoni apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que lo condenó a ciento veintinueve (129) años de cárcel. La condena se impuso por delitos de asesinato en primer grado, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos se relacionan con el asesinato del Sr. Edgardo Rivera Osorio ocurrido en enero de 2016. El apelante fue arrestado en agosto de 2016 y, tras recibir las advertencias de ley, admitió su participación en los hechos. Posteriormente, rindió una confesión escrita y jurada ante la fiscal a cargo. El documento detalla el proceso de advertencia de derechos previo a la confesión. El panel de apelación procede a confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión presentado por Luis A. Rivera Siaca. El recurso impugnaba una resolución de la Junta Revisora de Subastas que confirmó la cancelación de la Subasta Núm. (OC) 2023-004 del Departamento de Educación. Dicha subasta buscaba establecer un contrato de arrendamiento para oficinas administrativas centrales. El señor Rivera Siaca fue el único licitador en la subasta, la cual fue cancelada por alegado incumplimiento con las especificaciones de costo. Tras la confirmación de la cancelación por la Junta Revisora, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores como la violación al debido proceso y el incumplimiento de términos reglamentarios por parte de la Junta de Subastas. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

Se trata de una acción de cobro de dinero iniciada por Banco Popular de Puerto Rico, cedida posteriormente a Granted Recovery Group, LLC, contra Margarita Negrón Pagán. En 2011, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra la señora Negrón Pagán por una deuda de tarjeta de crédito. Granted Recovery Group, como cesionario de la sentencia, solicitó y obtuvo la ejecución de la misma sobre un inmueble de la peticionaria. La propiedad fue vendida en pública subasta en 2016 y adjudicada a Granted. Posteriormente, la señora Negrón Pagán presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la nulidad del proceso de ejecución y venta judicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción y su posterior reconsideración. La señora Negrón Pagán acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari para revisar la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el expediente, deniega la petición de certiorari presentada.

Resumen:

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024, un panel judicial emitió una sentencia en un Recurso de Revisión Judicial. La Sra. Rosana Rivera Ortiz solicitó la revisión de una Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) del 8 de noviembre de 2023. Mediante dicha resolución, la OEG determinó que la recurrente incurrió en cuatro violaciones al Art. 4.2(b) y dos violaciones al Art. 4.4(d) de la Ley Núm. 1-2012. Las imputaciones detalladas incluyeron intervención indebida en casos de contribuyentes, uso de propiedad pública para gestiones ajenas a sus funciones y asesoría a otros empleados en asuntos personales. Como resultado, la OEG le impuso multas administrativas por un total de \$7,500. La recurrente impugnó este dictamen ante el tribunal. Tras considerar los fundamentos, el panel judicial decidió confirmar la resolución emitida por la OEG.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, un confinado, impugna una respuesta administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La respuesta administrativa se refiere a su solicitud para participar en el programa de terapias "Aprendiendo a Vivir Sin Violencia". El DCR había resuelto que el recurrente no había solicitado participar en el programa a la sección correspondiente (SPEA). También indicó que el área de servicios sociales no tenía potestad para calendarizar las fechas del programa. El recurrente alegó que sí había solicitado participar previamente y que el programa es requisito para cualificar a ciertos privilegios correccionales. Argumentó que el DCR erró en sus determinaciones sobre su solicitud y la autoridad para calendarizar. El recurso fue presentado fuera de término, pero el recurrente solicitó una extensión por indigencia. El Tribunal decidió atender el recurso sin requerir la comparecencia del DCR. La resolución detalla los antecedentes procesales del caso.