Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 82)

Resumen:

Este caso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una disputa sobre las relaciones entre abuelos paternos y su nieto. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) estableció en 2020 visitas alternas los domingos para los abuelos. Casi tres años después, los abuelos solicitaron la ampliación de estas relaciones a fines de semana. La madre del menor se opuso a la ampliación y a la realización de un nuevo informe social. El TPI acogió un informe social forense y dictó una Resolución en enero de 2024 manteniendo las relaciones según lo establecido en 2020. La madre recurrió esta decisión mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado, modifica la Resolución recurrida y, así modificada, la confirma. El caso se devuelve al TPI para que calendarice la celebración de una vista evidenciaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de liquidación de bienes gananciales. La Resolución del TPI desestimó una Moción Solicitando Relevo de Sentencia por Nulidad. El TPI concluyó que la moción se presentó expirado el término de seis meses de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y que, por ello, carecía de jurisdicción. La moción de relevo buscaba anular una Sentencia previa del TPI que adjudicó una propiedad a la recurrida. El peticionario argumentó que el término de seis meses no aplica a las solicitudes de relevo basadas en la causal de nulidad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó el dictamen recurrido del TPI. La decisión implica que el TPI erró al aplicar el término de seis meses a la solicitud de relevo por nulidad, permitiendo su consideración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una determinación de la Junta de Planificación contra el Ing. Ángel Rodríguez Sánchez. La Junta había suspendido su credencial de Profesional Autorizado por dos años y le impuso una multa de \$25,000. Esta sanción se originó por la expedición de un permiso de uso para una propiedad. Dicha propiedad se encontraba en una zona restringida, específicamente una barrera costera y Reserva Nacional de Investigaciones Estuarina de Bahía de Jobos. La Junta determinó que el ingeniero falló al aprobar el permiso sin verificar la existencia de permisos previos requeridos, como el permiso único y de construcción. Además, se basó en documentación de titularidad incompleta. El ingeniero Rodríguez Sánchez apeló, argumentando que sus acciones no fueron mal intencionadas y que cumplió con la ley. Sin embargo, el Tribunal evaluó el recurso y la oposición. Finalmente, confirmó la decisión administrativa de la Junta de Planificación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por OT Rehabilitation Services PSC contra Israel Carrión Cotto e Iluminada Rivera Benítez. OT Rehabilitation solicitó la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero (caso CG2023CV02197) presentada por los recurridos. Argumentó que las controversias eran idénticas a las de un caso previo (CG2021CV03250) entre las mismas partes, donde los recurridos eran demandados, y que los reclamos debieron presentarse como reconvención. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expide el certiorari. Revoca la determinación del foro primario. Ordena la consolidación del caso CG2023CV02197 con el caso CG2021CV03250.

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El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de injunction, estorbo público y desvío ilegal de aguas. La acción fue iniciada por vecinos contra los apelantes, quienes realizaban obras de desarrollo en su propiedad en Lajas sin los permisos correspondientes. La finca en cuestión está clasificada como Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola y forma parte de un área de drenaje natural. Los apelados alegaron que la deforestación y el relleno no autorizados elevaron el terreno, afectando su propiedad colindante y provocando inundaciones. La Junta de Planificación investigó y confirmó la falta de permisos, emitiendo órdenes de cese y desista que los apelantes desacataron. Ante la continuación de los trabajos ilegales, los vecinos demandaron solicitando la paralización de las obras, demolición, remoción del relleno y que se declarara la obra como estorbo público y desvío ilegal de aguas. El foro primario falló a favor de los demandantes, y el Tribunal de Apelaciones ratifica dicha determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Antonio A. Reyes Rodríguez y Virginia de Lourdes Vizcarrondo Lorenzo. Los apelantes solicitan la revisión de una sentencia previa que desestimó su demanda contra tercero contra Tri-Stella Development Group, Inc. La demanda contra tercero surgió en el contexto de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Scotiabank (luego Oriental Bank). Los apelantes alegaron que la desarrolladora Tri-Stella actuó con dolo al no culminar el proyecto de vivienda Caminos Verdes II según lo promocionado. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda contra tercero, concluyendo que los apelantes no probaron que Tri-Stella se comprometiera a completar el proyecto tras la quiebra del banco financiador. Los apelantes presentaron una moción de reconsideración, argumentando que sí se probó el engaño de la desarrolladora. Tras ser denegada la reconsideración, apelaron, señalando error en que se les exija pagar por la propiedad proyectada sin imponer responsabilidad a la desarrolladora por no completarla. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, sin oposición de la parte apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Javier Sierra Rodríguez presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnaba la denegación de su solicitud administrativa para corregir el cómputo de su liquidación de sentencia. Alegaba que el DCR no consideró un periodo de un año y medio en "doble status" para los beneficios de libertad bajo palabra. Tras agotar los remedios administrativos, acudió al tribunal apelativo. El DCR, al responder, planteó la desestimación del recurso por incumplimiento de requisitos procesales, como la falta de pago de sellos. El Tribunal de Apelaciones evaluó la comparecencia de las partes. La sentencia concluye que el recurso debe ser desestimado. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal. Esta falta de jurisdicción surge del incumplimiento del recurrente con las reglas que rigen los recursos apelativos. El tribunal reitera que el incumplimiento procesal impide la revisión judicial.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de Certiorari. El caso se origina de una demanda presentada por Mariette Irizarry Martínez contra Restaurante El Viejo Almacén y Alfredo Juncos por hostigamiento sexual y represalias. Surgió una cuestión procesal clave sobre la admisibilidad del testimonio pericial del doctor Gastón Ricci Gómez, un profesional de salud mental de Uruguay presentado por la demandante. Los demandados solicitaron excluir su testimonio, argumentando que carecía de licencia para ejercer en Puerto Rico. La demandante replicó que el doctor Ricci no estaba ejerciendo medicina, sino proporcionando un análisis pericial independiente sobre su estado mental para el caso. El tribunal de primera instancia denegó la moción de los demandados, resolviendo que la falta de una licencia local no impedía automáticamente su testimonio, ya que su función era la observación y análisis para un informe, no el diagnóstico o tratamiento. Inconformes con esta decisión, los demandados incoaron un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por los herederos de Lorenza Cruz Morales. El caso se origina de una ejecución de hipoteca instada por Banco Popular de Puerto Rico. Tras la subasta, se generaron fondos sobrantes que fueron depositados en el tribunal y posteriormente transferidos al Departamento de Hacienda. Los herederos solicitaron la devolución y distribución de estos fondos, incluyendo los intereses acumulados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la devolución del principal y una cantidad específica de intereses. Los peticionarios cuestionaron el cálculo de los intereses y pidieron información adicional o una vista. El tribunal de instancia denegó su solicitud, indicando que los cheques ya incluían los intereses. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Procedió a expedir el auto de certiorari y revocar la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó un auto de certiorari solicitado por Héctor y Carmen Ledey Velázquez. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. La controversia se originó en un Expediente de Dominio presentado por Winoc Robles y Wanda Lugo sobre una propiedad en Peñuelas. Robles y Lugo alegaron posesión por más de 30 años y solicitaron la inmatriculación de la finca. Los hermanos Ledey Velázquez comparecieron al caso, argumentando que la propiedad pertenecía a la sucesión de su abuela. En su moción de desestimación, alegaron que los peticionarios originales intentaban usurpar los terrenos y cuestionaron la relación familiar de Winoc Robles con una colindante citada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decidió no expedir el auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de desestimación presentada por el Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Villa Caparra. La solicitud de desestimación surgió de una Querella instada bajo la Ley 140 por un residente y arrendatario, quienes alegaron que la administración del Condominio removió el servicio eléctrico para un cargador de vehículo eléctrico en un estacionamiento privado. Los Peticionarios argumentaron que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ostenta jurisdicción primaria y exclusiva sobre disputas con juntas de condominios bajo la Ley de Condominios, no el tribunal bajo la Ley 140. Los Recurridos se opusieron, sosteniendo que la Ley 140 aplica a perturbaciones en el uso de la propiedad y que la Ley de Condominios permite remedios provisionales bajo la Ley 140. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión judicial presentado por NeoDeck Holding Corp. contra una determinación del Negociado de Normas del Trabajo. El Negociado había ordenado a NeoDeck pagar \$8,640.00 al señor José Antonio Torres Pérez por alegado despido injustificado. NeoDeck impugnó esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debió a que la notificación de la determinación del Negociado no cumplió con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley exige que las órdenes finales de las agencias adviertan sobre el derecho a revisión judicial y los términos aplicables. Las comunicaciones enviadas por el Negociado, solicitando el pago, no constituyeron una orden final debidamente notificada conforme a la ley. Por tanto, el tribunal no pudo ejercer su poder para adjudicar la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación relacionada con la validez de varios fideicomisos de votos. La disputa surge entre los herederos de Don Santos y Doña Iris Alonso Rodríguez, fundadores de corporaciones como Supermercados Mr. Special y Mayagüez Resort & Casino. Los padres habían constituido fideicomisos de votos sobre las acciones de estas empresas. Tras su fallecimiento, uno de los hijos, Edwin Alonso Rodríguez, impugnó la validez de los fideicomisos. La controversia legal se centra en si estos fideicomisos, creados bajo la Ley General de Corporaciones, requieren además ser inscritos en el Registro Especial de Fideicomisos de la ODIN, conforme a la Ley de Fideicomisos. El Tribunal de Primera Instancia declaró nulos los fideicomisos por no cumplir con el requisito de inscripción. Los apelantes argumentaron que dicha inscripción no era necesaria para los fideicomisos de votos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se ratifica así la nulidad de los fideicomisos de votos debido a la falta de su inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ingrid Rodríguez Cosme contra Boys \& Girls Club of Puerto Rico, Inc. La apelante recurre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones. Originalmente, la señora Rodríguez Cosme demandó por despido injustificado, discrimen, hostigamiento por razón de género y represalias. Alegó que su supervisor tomó acciones en su contra tras radicar una queja interna de acoso y discrimen. Boys \& Girls Club sostuvo que el despido se debió a su pobre desempeño y al incumplimiento de normas. La entidad apelada presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando la falta de nexo causal entre la queja y el despido. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando las causas de acción. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por la señora Rodríguez Cosme. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de Daños y Perjuicios. La apelación fue presentada por Darangelys Yantín Luberza, Carmen I. Colón Pérez, et al., contra José Nieves Pagán, et als., incluyendo al doctor Millán J. García Cuevas. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la causa de acción contra el doctor García Cuevas por prescripción. El caso original surge de un accidente de tránsito fatal en 2015, donde se alegó que el conductor responsable estaba bajo los efectos de medicamentos negligentemente recetados. El doctor García Cuevas fue incluido como codemandado en 2021, acusado de prescribir negligentemente medicamentos controlados al conductor. El doctor solicitó la desestimación por prescripción, a lo que los apelantes se opusieron argumentando la teoría cognoscitiva del daño y ocultación de evidencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación contra el doctor por prescripción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma el dictamen apelado.

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Se presenta una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones por un miembro de la población correccional contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre una bonificación de buena conducta. El recurrente impugna una respuesta de la División de Remedios Administrativos del DCR. El Tribunal procedió a evaluar su jurisdicción para atender el recurso. Se explica que la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones sobre decisiones administrativas se limita a órdenes o resoluciones finales, una vez agotados todos los remedios provistos por la agencia. El Reglamento del DCR establece un proceso de remedios administrativos que incluye la posibilidad de solicitar reconsideración si el confinado no está conforme con la respuesta inicial. El Tribunal determina que la respuesta impugnada no constituye una decisión final de la agencia, ya que el recurrente no agotó el remedio de reconsideración disponible. Al no haberse completado el proceso administrativo ni existir una decisión final, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar el caso. Por consiguiente, el recurso de revisión administrativa se desestima por prematuro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y custodia con implicaciones internacionales. La parte apelante, Taili Tee Thula Tovar, recurrió de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida el 4 de diciembre de 2023, relacionada con la pensión alimentaria. El caso se inició en 2020 con una demanda de divorcio en Puerto Rico, pero el apelado, Asdrúbal Simón Mata Cabello, argumentó falta de jurisdicción y solicitó el retorno de los menores a Colombia bajo el Convenio de la Haya. Resoluciones previas determinaron que la residencia habitual de los hijos es Bogotá, Colombia, y que la apelante los sustrajo ilícitamente. Aunque los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción bajo el Convenio de la Haya, se concluyó que los tribunales de Colombia son los competentes para atender el divorcio, custodia y alimentos. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces sobre una apelación presentada por el Municipio de Guánica. El Municipio apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso contra la Asociación de Empleados del ELA (AEELA). La controversia principal giraba en torno a si la AEELA y su contratista debían pagar arbitrios de construcción al Municipio por trabajos de demolición. La AEELA argumentó estar exenta de dichos pagos bajo el Artículo 42 de la Ley Núm. 9-2013. El TPI determinó que la AEELA estaba exenta por ley y extendió dicha exención al contratista. El Municipio, responsable de cobrar los arbitrios, solicitó la revocación de esta sentencia. El caso se originó tras los daños sísmicos sufridos por el Centro Vacacional Playa Santa de la AEELA, que requirieron demolición. La AEELA instó una demanda solicitando una sentencia declaratoria sobre su exención. Tras revisar los fundamentos, el panel de jueces decidió confirmar la Sentencia apelada. Esto valida la exención de la AEELA y su contratista del pago de arbitrios de construcción al Municipio de Guánica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Nicky Hernández Gaya. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación de cargos menos graves. Dicha moción se fundamentó en la alegada violación a su derecho a un juicio rápido, conforme a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. Argumentó que había transcurrido en exceso el término de 120 días para la celebración del juicio por los delitos menos graves imputados desde la determinación de causa para arresto. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El peticionario recurrió ante el foro apelativo intermedio, señalando error en la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud, el expediente y el derecho aplicable. Se expidió el auto de Certiorari solicitado por el peticionario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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Un panel del Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de los Peticionarios para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha resolución del foro primario había declarado No Ha Lugar una Moción de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. Luego de deliberar sobre los méritos del recurso, el tribunal apelativo determinó no intervenir con la decisión recurrida. El panel concluyó que no surgía del expediente que el Tribunal de Primera Instancia actuara mediando prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. Tampoco se divisaron fundamentos jurídicos que motivaran la expedición del auto instado al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Basado en lo anterior, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Arcadis Caribe, PSC en un caso de despido injustificado incoado por Efraín Calderón Tovar bajo la Ley Núm. 80, tramitado por la vía sumaria de la Ley Núm. 2. La controversia principal surgió durante el descubrimiento de prueba, específicamente sobre las contestaciones de Arcadis a un pliego de interrogatorios. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Arcadis presentar contestaciones completas en cinco días, bajo apercibimiento de eliminar alegaciones y anotar rebeldía. Arcadis recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la orden del foro primario sobre el descubrimiento de prueba, su alcance, el privilegio abogado-cliente y la juramentación. El Tribunal de Apelaciones denegó la moción urgente de auxilio de jurisdicción solicitando paralización. Posteriormente, ordenó a Arcadis mostrar causa por la cual el recurso no debía ser desestimado por tratarse de una revisión de un dictamen interlocutorio no revisable. Con el beneficio de la comparecencia de Arcadis, el Tribunal resuelve según intimado, en consonancia con la naturaleza sumaria y el propósito de rápida adjudicación de los procedimientos bajo la Ley Núm. 2.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Comercial Sabaneño, Inc. recurrió la decisión que le ordenó responder por daños a Julio H. Jusino. Los daños se relacionan con defectos de construcción e incumplimiento de contrato en la adquisición de una casa prefabricada. El Sr. Jusino contrató a Comercial Sabaneño para los materiales, planos y servicios de ingeniería/supervisión. Comercial Sabaneño seleccionó a un ingeniero basándose principalmente en el costo y sin participación del consumidor. Además, Comercial Sabaneño recomendó a MFS Contractors Corp. para la construcción, una empresa vinculada familiarmente a sus directivos. El Sr. Jusino contrató separadamente a ambas entidades. Tras surgir problemas, el DACo encontró responsable a Comercial Sabaneño. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirmó la resolución emitida por el DACo.

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Comparece Rubén Martínez Rivera ante el Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La querella original ante el DACo fue presentada por el señor Martínez contra el Consejo de Titulares del Condominio Ocean Point. El recurrente solicitó una orden de cese y desista para evitar la demolición de una construcción en su terraza y alegó trato discriminatorio. El Consejo de Titulares argumentó que el asunto fue dilucidado en una asamblea general donde se decidió que el señor Martínez debía modificar su estructura según el plano aprobado. El Consejo solicitó al DACo la desestimación de la querella por academicidad, al considerar que la asamblea resolvió la controversia y el recurrente no impugnó dicha determinación en el foro administrativo. El DACo acogió la moción del Consejo y desestimó la querella por academicidad. El señor Martínez recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones, imputando errores al DACo.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en un caso entre Planet Solar Antillas, LLC (Recurrente) y Miguel Olivencia (Recurrido). Planet Solar impugna la decisión del DACo que decretó la resolución de un contrato de compraventa de un sistema fotovoltaico. La resolución del DACo ordenó a Planet Solar reembolsar \$27,388.00 al Sr. Olivencia y remover el equipo instalado a su costo. El Sr. Olivencia presentó una querella alegando que el sistema no funcionaba correctamente debido a fluctuaciones de voltaje y que Planet Solar no resolvió el problema ni entregó un regulador prometido. Planet Solar argumentó haber atendido las llamadas, que el problema era de voltaje externo, y que el DACo carecía de jurisdicción, además de la falta de partes indispensables. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución emitida por el DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de T-Boards, LLC contra el Departamento de Recreación y Deportes. T-Boards demandó al Departamento por incumplimiento de un contrato de arrendamiento para una valla publicitaria, alegando que el Departamento arrendó el mismo terreno a un tercero. El Departamento solicitó la desestimación, argumentando que T-Boards incumplió el contrato al no obtener los permisos necesarios ni informar sobre su gestión durante cinco años. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que T-Boards también incumplió el contrato por su falta de diligencia en la obtención de permisos y la ausencia de informes. T-Boards apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación. Fundamenta su decisión en que T-Boards no negó su falta de diligencia en la gestión de permisos. Además, T-Boards incluso sugirió que los permisos requeridos podrían no ser legalmente viables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución en el caso de Certiorari KLCE202400228. Este recurso fue instado por Pedro Nevárez Bruno contra Jorannie Cruz Nieves. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, sobre la liquidación de una comunidad de bienes. El peticionario solicitó la revocación de una resolución que incluyó el negocio Nevárez Ambulance como parte del haber común a liquidar. Además del certiorari, el peticionario presentó una Moción de Auxilio de Jurisdicción. La parte recurrida presentó un Alegato en Oposición. El Tribunal examinó las presentaciones de ambas partes. Mediante la Resolución del 13 de marzo de 2024, el Tribunal declaró No Ha Lugar a la solicitud de auxilio de jurisdicción. En cuanto a los méritos del certiorari, el Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari, sin perjuicio de que los planteamientos puedan presentarse en una eventual apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación en un caso civil entre Sabanera Residential Hold LLC y Caonabo Anthony Ortiz / Nataliya Vitaliiva Preiss. La acción original ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, trataba sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con un contrato de arrendamiento residencial. Sabanera, la parte apelada, alegó que los apelantes incumplieron el contrato al no realizar pagos de renta y abandonar la propiedad, reclamando cánones adeudados y daños. Los apelantes, por su parte, negaron el incumplimiento, argumentando un acuerdo de pago diferente y una rescisión mutua del contrato. La apelación impugnaba una Sentencia Sumaria dictada por el tribunal de primera instancia. Dicho tribunal había declarado Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de Sabanera y No Ha Lugar la de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones, con ponencia del Juez Hernández Sánchez, examinó los fundamentos del dictamen recurrido. Tras su análisis, el panel determinó que la sentencia apelada debía ser modificada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen y, así modificado, lo confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de certiorari presentada por GlaxoSmithKline Puerto Rico Inc. La empresa recurre una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida el 16 de noviembre de 2023. Dicha orden prohibió a Glaxo realizar gestiones de descubrimiento de prueba e interferir con un testigo de la parte recurrida, Liz Archilla Betancourt. El caso principal trata sobre una reclamación de despido injustificado y discrimen presentada por Archilla Betancourt contra Glaxo. Archilla Betancourt presentó una declaración jurada de José Diez Sánchez, un antiguo gerente, como testigo. Alegó que los abogados de Glaxo intentaron interferir con Diez Sánchez, invocando un supuesto acuerdo de confidencialidad. El foro primario acogió la solicitud de Archilla Betancourt y emitió la orden restrictiva. Glaxo pidió reconsideración, argumentando que Diez Sánchez era una extensión de la empresa. Archilla Betancourt se opuso, señalando que Diez Sánchez ya no era empleado y tenía su propio abogado. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Glaxo.

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Elliot Rivera Nazario presentó una Petición de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugnaba la Resolución de la Junta del 29 de noviembre de 2023 que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su decisión en la inviabilidad del plan de vivienda propuesto por su proximidad a las víctimas y en una evaluación psicológica que reflejaba pobre introspección y control de impulsos. El señor Rivera Nazario solicitó reconsideración a la Junta, la cual fue declarada No Ha Lugar. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones alegando que la Junta abusó de su discreción y violó el debido proceso al considerar evidencia ex parte. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

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Un panel de jueces revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de disolución de jurado. El peticionario, Ángel Torres Feliciano, enfrenta cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas y optó por un juicio por jurado. Durante el juicio, una testigo ocular y madre del occiso hizo expresiones perjudiciales e inadmisibles ante el jurado tras concluir su testimonio. La testigo mencionó supuestos motivos para el crimen, como una relación extramarital y deudas de drogas. El juez de instancia instruyó inmediatamente al jurado para que no considerara dichas manifestaciones. El peticionario solicitó la disolución del jurado argumentando que las expresiones comprometieron su imparcialidad. El Ministerio Público se opuso, sosteniendo que la instrucción del juez subsanó cualquier posible perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, concluyendo que la instrucción fue suficiente para curar la irregularidad, especialmente dado que la testigo ya había declarado haber presenciado el disparo. El panel apelativo confirmó la decisión del foro primario, validando la denegatoria de la disolución del jurado.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Lorna Ivonne Reyes Rosario, buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la condenó a pagar \$22,400 por angustias mentales y \$2,000 en honorarios de abogado a la apelada, Wanda Rodríguez Castro. La demanda original alegaba que la apelante inició un patrón de hostigamiento, amenazas e imputaciones falsas contra la apelada, una vendedora de bizcochos, a raíz de una disputa por un bizcocho. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el bizcocho fue entregado en perfectas condiciones y que los daños ocurrieron después, siendo las acciones de la apelante la causa directa de las publicaciones falsas y las llamadas intimidatorias. El foro primario encontró creíble el testimonio de la demandante sobre las amenazas y el impacto en su tranquilidad y reputación. La sentencia apelada concluyó que las publicaciones eran falsas y que la apelante fue responsable de iniciar la cadena de eventos perjudiciales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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José J. Rondón Cotto, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que le denegó la participación en los programas de desvío Religiosos y Hogar CREA. El DCR fundamentó su denegatoria en que Rondón Cotto no cumplía con los criterios de elegibilidad del Reglamento #9488. Señaló que el confinado no ameritaba tratamiento por uso de sustancias controladas o alcohol, habiendo completado terapias institucionales y manifestado no utilizarlas. Rondón Cotto argumentó que el DCR aplicó erróneamente el criterio de elegibilidad relacionado con el historial de uso de sustancias. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa del DCR, aplicando el estándar de deferencia a las decisiones de las agencias. Tras evaluar el caso, el tribunal determinó que la actuación del DCR no fue arbitraria ni ilegal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida del DCR.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la parte peticionaria, Wanda Pierluisi Tirado, solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso original versa sobre la partición y liquidación de la comunidad de bienes de las sucesiones de Guillermo Pierluisi del Busto y Candelaria Tirado Toyens. La resolución recurrida dispuso la apertura de la sucesión intestada sobre el caudal hereditario de Candelaria Tirado Toyens. El recurso, acogido como certiorari, revisa la denegatoria de tres solicitudes de sentencia sumaria presentadas en el foro primario. La demanda inicial fue incoada por Wanda Pierluisi Tirado y otros contra múltiples recurridos, herederos de los causantes. Se identifican varios bienes inmuebles como parte del caudal hereditario en controversia. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari, modifica el dictamen recurrido y, así modificado, lo confirma. La disputa central gira en torno a la división de los bienes heredados entre los descendientes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia de la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del Departamento de Hacienda. El caso involucra al Colegio Otoquí, Inc. y su solicitud de prescripción de deudas de contribución sobre ingresos para los años 2001 a 2011. El Colegio había operado bajo la creencia de ser una entidad exenta, presentando planillas informativas. Tras descubrir que no figuraba como exento, presentó planillas de contribución sobre ingresos para los años en cuestión en marzo de 2016. Hacienda tasó una deuda contributiva basada en estas planillas y denegó la solicitud de prescripción del Colegio. Hacienda argumentó que la deuda no estaba prescrita porque la tasación se realizó dentro del término legal de cuatro años desde la radicación de las planillas en 2016. La Secretaría de Procedimiento Adjudicativo confirmó la determinación de Hacienda, declarando que las deudas eran exigibles. El Colegio recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen recurrido. Por lo tanto, se mantiene la denegatoria de la solicitud de prescripción de la deuda contributiva.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Josean Ayala Díaz. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Ayala Díaz enfrenta cargos por posesión de marihuana cerca de un área recreativa, según el Artículo 411-A de la Ley de Sustancias Controladas. Su defensa argumentó que la pequeña cantidad incautada (0.19 gramos) constituía una "conducta insignificante" bajo el Artículo 34 del Código Penal, no mereciendo procesamiento. El Ministerio Público se opuso, señalando que la posesión en dicho lugar y hora desestabiliza el orden público, independientemente de la cantidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la solicitud de desestimación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Sin embargo, confirma la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del foro primario de no desestimar el caso basándose en la defensa de conducta insignificante.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. mediante un recurso de revisión judicial. La empresa impugna la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Florida de no adjudicarle el Renglón 12 de una subasta general para servicios de asfalto. La Junta de Subastas notificó a TRA que no fue seleccionada y que el contrato fue adjudicado a PR Disposal 4 Contractor Service, Inc. por ser el licitador más económico. TRA argumentó que la notificación de no adjudicación era defectuosa por no especificar la aplicación del porciento preferencial para la industria puertorriqueña. Alternativamente, alegó que la adjudicación violó la regla del precio más bajo según la ley aplicable. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por TRA. Tras considerar los argumentos y el derecho aplicable a las subastas públicas, el panel judicial emitió su sentencia. El Tribunal confirmó el dictamen recurrido de la Junta de Subastas del Municipio de Florida.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Steven Medina Mendoza mediante Certiorari. Impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que lo relevó de la autorrepresentación en un caso de incumplimiento de contrato. El foro primario justificó su decisión en la alegada falta de conocimiento legal, procesal y evidenciario del señor Medina Mendoza. Se le ordenó buscar representación legal en 45 días o demostrar indigencia. El señor Medina Mendoza solicitó reconsideración de dicha determinación, la cual fue declarada no ha lugar. Ante ello, recurrió al Tribunal de Apelaciones señalando como error la negativa a reconsiderar y la decisión de relevarlo de la autorrepresentación. La parte demandante-recurrida, Kevyn Omar Rivera Alicea, presentó oposición a la expedición del auto. El Tribunal de Apelaciones ha evaluado el expediente y las comparecencias de las partes. Se encuentra en posición de resolver el Certiorari presentado.

Resumen:

Comparece ante este foro la Sra. Dayna Ayala Ríos mediante recurso de apelación, acogido como certiorari, solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su solicitud de relevo de sentencia presentada al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El caso original se inició con una querella de la señora Ayala contra Tocars Toyota por violación a la Ley de Protección de Madres Obreras. Ella alegó haber sido despedida injustificadamente al día siguiente de informar su embarazo. Tocars Toyota negó el despido injustificado, afirmando que la terminación ocurrió durante su periodo probatorio debido a negligencia y bajo desempeño. La parte apelada presentó una solicitud de sentencia sumaria basada en el alegado incumplimiento de funciones de la apelante. El foro primario ordenó a la apelante reaccionar a dicha solicitud. Mediante esta sentencia, el panel de jueces expide el auto de certiorari. Finalmente, el tribunal confirma el dictamen recurrido que denegó el relevo de sentencia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre una revisión administrativa solicitada por Roberto Quiñones Rivera, un miembro de la población correccional. El recurrente impugnó la desestimación por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de una solicitud de remedio administrativo. Dicha solicitud original versaba sobre no desear contacto visual con otro confinado. El DCR desestimó la solicitud inicial basándose en que el recurrente no había intentado resolver el asunto previamente con el personal de la institución, según el reglamento. Tras la desestimación, el recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR. Posteriormente, el recurrente presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó el expediente administrativo y las comparecencias de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión instado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad post ganancial entre Jaime Carrero Avilés y Eredia Nieves Galarza. El asunto principal gira en torno a la administración del negocio Funeraria y Floristería Jalvin, Inc., propiedad de la extinta sociedad de gananciales. El señor Carrero solicitó la revisión judicial de varias órdenes interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Estas órdenes resolvieron que la señora Nieves no renunció a la administración del negocio y mantuvo la coadministración, además de incluir una orden para mostrar causa por desacato y una sanción económica contra el señor Carrero. El Tribunal de Apelaciones acogió los recursos de apelación como *certiorari* y los consolidó. Las partes se imputan mutuamente la mala administración y obstrucción del negocio tras el divorcio. Luego de evaluar los expedientes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición de ambos recursos de *certiorari*.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un grupo de treinta y cinco policías jubilados apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Los apelantes habían presentado una demanda de sentencia declaratoria contra el Negociado de la Policía, el Estado Libre Asociado y la Junta de Retiro. Alegaron que la Ley Núm. 80-2020 discriminaba ilegalmente en su contra al concederles un porciento de pensión menor que a otros policías. Sostuvieron que esta diferencia violaba el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. Buscaron una interpretación estatutaria y trato igualitario en el cálculo de sus pensiones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de legitimación activa de los demandantes. Los policías jubilados recurrieron en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Inversiones M & M Inc. contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La apelación impugnaba una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar de M & M. M & M buscaba la reinstalación del servicio de agua a su restaurante, alegando que la AAA lo suspendió indebidamente por un balance disputado y sin seguir el debido proceso ni la Ley 33-1985. El foro primario desestimó la acción de injunction al determinar que no había daño irreparable, pues la Ley 33-1985 ofrece un procedimiento administrativo para objetar la suspensión y existían remedios ordinarios como la reclamación de daños. La apelante solicitó reconsideración, argumentando el incumplimiento de la AAA con la Ley 33-1985, pero esta fue denegada. La AAA, en su defensa, indicó que la suspensión se debió al incumplimiento de un plan de pago por una deuda distinta a la disputada transferencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación del injunction por la disponibilidad de otros recursos legales para la controversia.

Resumen:

Se presenta una revisión judicial por Carlos L. Cáceres Pizarro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario impugna una resolución del 4 de noviembre de 2022 que extendió la suspensión de privilegios impuesta por medidas de seguridad. Dicha suspensión había comenzado el 26 de octubre de 2022. El señor Cáceres Pizarro presentó su solicitud de intervención judicial el 1 de enero de 2024. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso sin requerir alegato a la parte recurrida. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece un término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión judicial de una orden final de agencia. El tribunal determinó que la solicitud del peticionario fue presentada fuera de este término. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el caso. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Banco Popular de Puerto Rico. El recurso buscaba la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación. Dicha moción fue presentada por Banco Popular en una acción reivindicatoria iniciada por Antonio Leal González y otros contra Mearkle Group, Inc. Banco Popular fue acumulado al pleito como parte indispensable debido a un gravamen hipotecario sobre la propiedad objeto de litigio. Banco Popular argumentó que no se configuraba una causa de acción en su contra y que el desenlace del pleito no afectaba su derecho hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, lo que motivó el recurso de certiorari. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se basa en la naturaleza discrecional del recurso y los criterios para su concesión, buscando evitar el fraccionamiento indebido del litigio.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La parte peticionaria, Island Portfolio Services, LLC, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden le impuso una sanción de \$100.00 por no informar las gestiones realizadas para emplazar al recurrido, José R. Ortiz Solis. El caso se convirtió a procedimiento ordinario tras no lograrse la notificación inicial. El foro primario ordenó a la peticionaria reportar sus esfuerzos de emplazamiento personal, lo cual no cumplió a tiempo. A pesar de una moción de reconsideración, el tribunal de instancia mantuvo la sanción y reiteró la orden de informar las gestiones. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, denegó el certiorari solicitado por Island Portfolio Services, LLC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso surge de una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60, incoada por un Consejo de Titulares contra una Sucesión. La parte demandada-peticionaria compareció especialmente para impugnar la jurisdicción y solicitar la desestimación. Argumentó que la notificación por correo bajo la Regla 60 no cumple con el debido proceso para demandados desconocidos o con direcciones no conocidas. También planteó que todos los titulares son partes indispensables y la falta de jurisdicción sobre uno impide continuar el caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, validando la notificación realizada por el Consejo. La peticionaria recurrió en Certiorari ante el foro apelativo para revisar dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones presenta el trasfondo fáctico y procesal, detallando los errores señalados por la peticionaria respecto a la validez de la notificación y la indispensabilidad de las partes en el litigio.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad post ganancial entre Jaime Carrero Avilés y Eredia Nieves Galarza. El Sr. Carrero solicitó la revisión judicial de varias órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Estas órdenes se referían a la administración del negocio Funeraria y Floristería Jalvin, Inc., un procedimiento de desacato civil y una sanción económica. El Tribunal de Apelaciones consolidó dos recursos de apelación presentados por el Sr. Carrero (KLAN202400052 y KLAN202400189). Determinó que el vehículo procesal correcto era el certiorari, acogiendo las apelaciones como tales. El conflicto subyacente gira en torno a la coadministración del negocio tras el divorcio, con alegaciones mutuas de interferencia y mala gestión. El Sr. Carrero impugnaba, entre otras cosas, la decisión de mantener a la Sra. Nieves como administradora y las acciones relacionadas con el desacato. Tras evaluar los expedientes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición de ambos recursos de certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el ex agente Edward David Vélez Negrón. Se solicita la revisión judicial de una resolución administrativa final. El recurrente impugna la decisión de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que confirmó su expulsión de la Policía de Puerto Rico. La expulsión se originó por un resultado positivo a metabolito de marihuana en una prueba de sustancias controladas en enero de 2020. Tras la prueba, se le notificó una suspensión sumaria y cargos en agosto de 2020. Se celebró una vista administrativa, resultando en una Resolución Final de Expulsión en febrero de 2022. El señor Vélez Negrón apeló esta determinación ante la CIPA. La CIPA, en febrero de 2023, declaró no ha lugar la apelación y sostuvo la expulsión. El presente recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca la revisión de esa determinación de la CIPA. El documento expone el trasfondo fáctico y procesal que llevó el caso a esta instancia judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en revisión de una decisión administrativa del DACO. El caso surge de una querella presentada por los esposos Hernández Allende contra el contratista Alfredo Román Correa y su aseguradora MAPFRE PRAICO. Los querellantes contrataron al Sr. Román Correa para realizar reparaciones extensas en una propiedad adquirida mediante un préstamo FHA 203k. Se acordó un presupuesto de $18,095.00 para los trabajos, con un plazo de 30 días para su culminación. DACO encontró que el contratista incumplió su obligación de realizar una obra satisfactoria. La agencia ordenó al Sr. Román Correa pagar a los querellantes sumas por incumplimiento, daños y honorarios de abogado, con responsabilidad subsidiaria para MAPFRE PRAICO. El contratista apeló la resolución de DACO ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la resolución recurrida. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de DACO, una vez modificada.