Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 80)

Resumen:

Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Glorinid Candelaria Colón, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mervin Marrero Gutiérrez. El litigio se centra en una propiedad adquirida en común por las partes durante una relación consensual, la cual está gravada por una hipoteca. La apelante recibió un pago de $50,000 por su participación en la propiedad. Sin embargo, presentó la demanda solicitando la liquidación formal de la comunidad y su liberación de la responsabilidad hipotecaria. Alegó que el apelado se negaba a completar los trámites notariales y bancarios necesarios, lo que afectaba su crédito y derecho de hogar seguro. El apelado argumentó que el tribunal no podía liberarla de la hipoteca sin el consentimiento del acreedor y que estaba gestionando dicho consentimiento. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó un auto de certiorari solicitado por el Dr. Ricardo Fontanet Sánchez, Puerto Rico Medical Defense Insurance Company y el Hospital de La Concepción. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar sus solicitudes de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por impericia médica presentada por Edwin Torres Vega. El señor Torres Vega sufrió una fractura de patela, fue operado por el Dr. Fontanet Sánchez en el Hospital, y posteriormente desarrolló una embolia pulmonar bilateral tras no recibir tratamiento anticoagulante. La demanda alega que el Dr. Fontanet Sánchez no tomó medidas preventivas de tromboembolismos y que el Hospital no cuidó adecuadamente al recurrido tras un colapso. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias sobre el manejo del Hospital y la necesidad de prescribir anticoagulantes. Los peticionarios argumentaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al evaluar los hechos y no desestimar al Hospital. El recurrido sostuvo que persisten controversias sobre la transferencia y el consentimiento informado. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no procedía revocar la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre custodia de una menor. El peticionario, el padre, impugna la decisión del foro primario que acogió un Informe Social Forense. Dicho informe recomendó que la madre continuara ostentando la custodia de la hija menor. La resolución recurrida también reafirmó la custodia materna y reiteró una orden para que la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del Departamento de la Familia presentara un informe. Este informe de la UIE se relaciona con un referido sobre el padre y fue considerado "medular" por la trabajadora social que preparó el informe forense. El padre se opuso al informe social argumentando que no debía ser finalizado sin contar con los hallazgos de la UIE. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Procedió a modificar la Resolución impugnada del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central gira en torno a la validez de la decisión de custodia sin el informe completo de la investigación pendiente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Peticionaria, María de los Ángeles Colón, solicitó un auto de certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción sobre derecho de propiedad o posesión de un instrumento negociable. Además, la resolución del foro primario ordenó la continuación de los procedimientos y la expedición del mandamiento de ejecución a favor de Lending Advisors, Inc. El caso original data de 2003 y ha tenido trámites procesales, incluyendo una apelación previa que modificó la sentencia inicial respecto a cargos y la responsabilidad de la Peticionaria. La Peticionaria había argumentado previamente que la adquisición del crédito por Lending constituía un crédito litigioso, lo cual fue denegado por el foro primario. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Peticionaria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Los peticionarios, Luis Trigo Vela y otros, solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso civil subyacente se origina en una disputa de desarrollo de propiedades y un litigio entre Villas de Montellano Associates (VMA) y White Construction. Para levantar un embargo, VMA obtuvo una fianza judicial de United Surety and Indemnity Company (USIC). La fianza fue garantizada inicialmente con un Certificado de Depósito, luego transferido a una cuenta de valores en UBS a nombre de Vivienda Social, Inc. como colateral para USIC. Se detallan los acuerdos de garantía y la participación de las distintas entidades. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los antecedentes fácticos relacionados con la fianza y el colateral, concluye que procede denegar el recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declaró con lugar una Moción de Sentencia Sumaria. Dicha sentencia determinó las cuantías adeudadas por Manuel R. Prats Vega a Branda Cruz Díaz conforme a una estipulación previa. Esta estipulación fue presentada y aprobada en el Tribunal Federal de Quiebras en el caso Núm. 09-08785, resolviendo controversias pendientes entre las partes sobre pensión alimentaria y división de bienes. Años después, en un segundo caso de quiebras de Prats Vega, Cruz Díaz presentó una reclamación por deudas alegadas bajo la estipulación. El Tribunal de Quiebras dejó la adjudicación de esta reclamación sujeta a la determinación del Tribunal Estatal. Prats Vega entonces presentó una demanda de sentencia declaratoria en el TPI para que se adjudicaran las cuantías. El TPI emitió la sentencia sumaria apelada, interpretando y cuantificando las obligaciones de la estipulación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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Recurso de apelación presentado por Delwin Berrios Navarro contra una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. El apelante presentó el recurso y notificó a la Fiscalía de Distrito y al tribunal apelado. Sin embargo, omitió notificar a la Oficina del Procurador General dentro del término jurisdiccional de treinta días. El Tribunal de Apelaciones requirió al apelante acreditar dicha notificación, pero la Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso por falta de notificación. Conforme a la Regla 194 de Procedimiento Criminal y la Regla 23 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la notificación de la apelación al Fiscal de Distrito y al Procurador General es un requisito jurisdiccional de cumplimiento estricto. La falta de notificación al Procurador General dentro del término priva al tribunal de jurisdicción para atender el recurso.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400058. La apelación fue presentada por To Go Stores, Inc. contra Test Environmental, Inc., y proviene de una disputa contractual sobre incumplimiento y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia había dictado Sentencia Enmendada declarando Con Lugar la Demanda de Test Environmental, condenando a To Go Stores al pago de \$288,717.73, y desestimando la Reconvención de To Go Stores. Además, el TPI había declarado Con Lugar el Memorando de Costas de Test Environmental por \$2,195.00. To Go Stores apeló ambas decisiones, alegando errores en la aplicación del derecho contractual y la desestimación de su reconvención. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Enmendada y la Resolución sobre costas apeladas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia había declarado que Lemuel Velilla Reyes adquirió por usucapión el 50% de una propiedad inmueble. La apelante, Hermelinda Cabrera Rivera, solicitó la revocación, alegando que su incomparecencia y la sentencia en rebeldía se debieron a la negligencia crasa de su representación legal previa. Argumentó que contrató y pagó a una abogada que nunca compareció en el pleito y la mantuvo desinformada. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente su solicitud de nuevo juicio. Ante las alegaciones de negligencia profesional, el Tribunal de Apelaciones determinó la necesidad de una investigación más profunda. Ordenó al foro primario celebrar una vista evidenciara para dilucidar la veracidad de las imputaciones contra la abogada. La anotación de rebeldía y la sentencia dictada quedarán sujetas al resultado de esta vista. Si se prueban las alegaciones de negligencia, la rebeldía y la sentencia serán dejadas sin efecto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de una demanda presentada por Sayra García Muñoz, por sí y en representación de su hijo menor, reclamando compensación por la muerte del padre del menor, quien falleció tras ser disparado por el demandado. La parte apelante alegó que el demandado actuó negligentemente e intencionalmente. Luego de un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. La parte apelante recurrió esta determinación, señalando errores en la apreciación de la prueba, la causalidad y el procedimiento judicial. Tras recibir los alegatos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Resolución de la Junta de Subastas del Municipio de Aguada que adjudicó la Subasta Informal Núm. 11, Serie 2023-2024, a Velocity, LLC. La recurrente, HM General Solutions Group, LLC, impugnó esta decisión tras ser descalificada. La Junta de Subastas determinó que HM General Solutions Group, LLC, aunque presentó todos los documentos, utilizó el pliego de subastas equivocado. Por ello, la buena pro fue otorgada a Velocity, LLC, el segundo mejor postor que cumplió con los requisitos del pliego correcto. HM General Solutions Group, LLC, argumentó que la descalificación fue errónea, especialmente al tener la propuesta más baja y haber presentado toda la información requerida. El Tribunal, aplicando el criterio de deferencia a las decisiones administrativas, evaluó la razonabilidad de la actuación de la Junta. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Resolución de la División de Revisiones Administrativas (DRA) de la OGPe que denegó la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por L.I. Petroleum Corp. La recurrente impugnaba la aprobación por parte de la OGPe de una consulta de construcción para una estación de gasolina solicitada por VP Petroleum, LLC. L.I. Petroleum Corp. intervino en el proceso original ante la OGPe, participando en vistas públicas. Tras la aprobación inicial por la OGPe, L.I. Petroleum solicitó la revisión administrativa ante la DRA, la cual confirmó la decisión original. Ante el Tribunal de Apelaciones, L.I. Petroleum alega que la DRA erró al confirmar la aprobación a pesar de supuestos incumplimientos reglamentarios, como la falta de lotificación previa y la no demostración de infraestructura disponible, además de un estudio de viabilidad incompleto. El Tribunal, tras considerar las posiciones de las partes, procede a confirmar la Resolución recurrida.

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José Texidor Pérez, un miembro de la población correccional, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que le negó la tenencia física de dos sellos de Rentas Internas, valorados en $180, que le fueron enviados por correo. El DCR denegó la solicitud inicial y la posterior reconsideración, indicando que los sellos serían custodiados y se le harían disponibles al momento de radicar escritos legales. La agencia fundamentó su decisión en que los sellos son para uso judicial y en la discreción del superintendente sobre la posesión de propiedad que excede los $25. El recurrente alega que la denegatoria afecta su derecho a una defensa adecuada y que no existe reglamento que impida la posesión de los sellos. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión administrativa, aplicando el principio de deferencia a las agencias a menos que su actuación sea arbitraria, irrazonable, ilegal o no sustentada por evidencia. El caso involucra la interpretación y aplicación de reglamentos sobre la correspondencia y propiedad de los confinados.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de Certiorari. El Lcdo. Mikael del Valle Rodríguez, abogado de oficio, impugna la denegatoria de su tercera moción de relevo de representación legal. El abogado representa a Flor Benítez III en un caso penal. Argumentó diferencias irreconciliables, conducta hostil del cliente y pérdida de confianza como motivos para ser relevado. Detalló que el cliente mostró actitud desafiante, incumplió con la supervisión electrónica y compareció con otro abogado en una vista previa. El foro primario había denegado sus solicitudes de relevo en dos ocasiones anteriores y nuevamente la tercera. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Lcdo. del Valle.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. D'Lending Business Solution impugnó la adjudicación de un contrato de servicios de auditoría externa por parte del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa del Departamento había confirmado previamente la decisión de otorgar el contrato a la firma CPA Díaz Martínez, CSP. D'Lending solicitó la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores procesales en la tramitación ante la Junta Adjudicativa. El recurso fue presentado el 8 de marzo de 2024, tras la notificación de la resolución de la Junta Adjudicativa el 1 de febrero de 2024. El Tribunal de Apelaciones analizó la solicitud de revisión. Mediante esta sentencia, el Tribunal desestima el recurso presentado por D'Lending Business Solution. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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MTPR Warehouse Victoria LLC presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de MTPR para que el desahucio contra Trampoline Park, LLC se atendiera mediante injunction o vista sumaria. El TPI fundamentó su decisión en que MTPR contaba con remedios legales para la posesión y daños, y que los daños alegados no constituían daño irreparable. Además, consideró que la existencia de una controversia genuina sobre la renovación del contrato justificaba el trámite ordinario. En su recurso, MTPR alegó que el TPI erró al denegar los remedios sumarios sin una vista evidenciaria sobre daño irreparable y al no tramitar el caso de forma sumaria. Trampoline Park se opuso a la expedición del auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar las comparecencias de ambas partes, deniega el recurso de certiorari presentado por MTPR.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una Petición de Certiorari presentada por María de los Ángeles Colón Morel contra Lending Advisor, Inc. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de enero de 2024. Dicha resolución del TPI ordenó la venta en pública subasta de una propiedad inmueble y concedió a Lending Advisor una suma para gastos, costas y honorarios de abogado en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito original fue iniciado en 2003 y ha tenido un historial procesal extenso, incluyendo una apelación previa que modificó aspectos de la sentencia inicial, como los cargos por demora y la responsabilidad de la peticionaria. Posteriormente, tras la adquisición del crédito por Lending Advisor, los demandados intentaron ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso, lo cual fue denegado por el TPI en 2019. La presente petición impugna la orden de venta y costas subsiguiente. El panel del Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega el recurso de certiorari presentado por la señora Colón.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, emitió una resolución en un caso de custodia y traslado de una menor. La peticionaria, Mónica Echevarría García, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión, del 13 de diciembre de 2023, denegó su solicitud de custodia y traslado de la menor ZME. El recurrido, Emilio F. Morris Rosa, se opuso a la expedición del auto de certiorari y presentó documentos adicionales. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso, la oposición y la documentación pertinente. La controversia principal radicaba en si el foro primario erró al no reiniciar la evaluación de la relocalización de la menor, a un año de haber denegado una solicitud previa. Tras su análisis, el Tribunal concluyó que procedía denegar la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 21 de marzo de 2024.

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Master Paints and Chemicals Corp. presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba revisar la decisión de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Mayagüez. Dicha decisión descalificó a Master Paints de la Subasta Núm. 2024-039 para el suministro de pinturas. Master Paints alegó que la descalificación fue ilegal, argumentando que su certificación del Registro Único de Licitadores (RUL) vigente debió ser aceptada en lugar de un certificado de deuda municipal. El documento detalla el proceso de la subasta y el señalamiento de error presentado por la recurrente. También describe las mociones subsiguientes presentadas por ambas partes ante el tribunal, relacionadas con la notificación y representación legal. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en que la controversia planteada se tornó académica.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202301012. El recurso de apelación fue presentado por el Municipio de San Juan contra Manuel Florencio Vega Marrero y otros, relacionado con un caso de daños y perjuicios originado en el Tribunal de Primera Instancia. El Municipio de San Juan, en su carácter de apelante, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso. Dicha moción fue radicada el 18 de marzo de 2024. El Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, declaró ha lugar la solicitud de desistimiento. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, el Tribunal ordenó el cierre y archivo del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Bienvenida Quiñones Concepción y otros. Los peticionarios solicitan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar una petición de relevo de sentencia. El caso subyacente es una ejecución de hipoteca revertida instada por Reverse Mortgage Funding LLC. Los peticionarios alegan que el foro primario nunca adquirió jurisdicción sobre ellos por falta de notificación adecuada de una enmienda a la demanda. La demanda original de ejecución fue presentada en 2019 por incumplimiento de un préstamo hipotecario revertido. RMF solicitó y obtuvo autorización para emplazar por edicto tras alegar imposibilidad de emplazamiento personal. Posteriormente, RMF enmendó la demanda para incluir a la sucesión de un codemandado fallecido. La controversia principal gira en torno a la alegada falta de notificación de esta enmienda a los peticionarios.

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La acción original buscaba un interdicto para detener o demoler una construcción ilegal realizada por el demandado en una propiedad de la comunidad post ganancial. La demandante alegó que la construcción carecía de los permisos requeridos por ley. El Tribunal de Primera Instancia desestimó inicialmente la demanda, exigiendo prueba de daño irreparable y sugiriendo otros remedios. El Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión previamente, aclarando que la Ley 161 permite este tipo de interdicto basado únicamente en la falta de permisos, sin necesidad de probar daño irreparable. A pesar de la sentencia previa, el TPI volvió a desestimar el caso, argumentando la existencia de otros remedios y la competencia de la OGPe. La demandante apeló nuevamente, señalando que el TPI no aplicó la Ley 161 según lo instruido y erró al no ordenar la demolición. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró en derecho, ya que no hay controversia sobre la falta de permisos, lo cual es suficiente para el interdicto estatutario bajo la Ley 161.

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El Tribunal de Apelaciones revisó dos dictámenes administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) solicitados por Antonio Beltrán Martínez. El recurrente impugnó la desestimación de su primera solicitud de remedio administrativo, donde alegaba represalias y agresión por parte de oficiales correccionales. El DCR había desestimado esta primera solicitud por haber sido presentada tardíamente. La segunda solicitud del recurrente, basada en los mismos hechos, pedía la radicación de un informe PREA. El DCR denegó esta segunda petición, concluyendo que no existían los elementos para un informe PREA. Ante el Tribunal, Beltrán Martínez argumentó que el DCR erró al desestimar su primera reclamación por falta de jurisdicción y al denegar el informe PREA. El DCR defendió sus decisiones, reiterando la tardanza de la primera solicitud y la ausencia de elementos PREA en la segunda. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la primera solicitud administrativa por tardanza. Asimismo, el Tribunal desestimó la revisión de la segunda determinación administrativa relativa al informe PREA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG impuso una multa de $7,500 al recurrente, Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo. La multa se basó en tres supuestas violaciones al Artículo 4.3(d) de la Ley Orgánica de la OEG. Las violaciones alegadas consistían en no obtener autorización previa para otorgar tres contratos. Los contratos fueron extendidos a Ángel Rafael Negrón Reyes, hijo de una servidora pública municipal. Estos contratos se realizaron durante la pandemia de COVID-19 para servicios pagados con fondos relacionados a la emergencia. García Padilla apeló la decisión de la OEG. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y el proceso seguido por la OEG. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal decidió revocar la resolución de la OEG.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, una titular de condominio, impugna la denegatoria de su solicitud de honorarios de abogado por parte del DACo. La querella original ante el DACo versó sobre un aumento en la cuota de mantenimiento y una derrama aprobados por el Consejo de Titulares. La recurrente solicitó un plan de pago a la Junta de Directores debido a dificultades económicas tras perder su empleo por la pandemia. Alegó que la Junta no ofreció un plan de pago adecuado y solicitó documentación financiera excesiva. El DACo denegó la solicitud de honorarios de abogado al amparo del Artículo 65 de la Ley de Condominios. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución en Reconsideración y la Orden del DACo. El tribunal apelativo modificó el dictamen recurrido y, así modificado, lo confirmó. El caso aborda la aplicación de la Ley de Condominios en disputas sobre cuotas, derramas, planes de pago y recobro de honorarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión judicial. Edwin Martínez Fernández y Alberto L. Ortiz Molina recurrieron la aprobación de un permiso de construcción. El permiso fue otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a QMC Telecom, LLC. Autorizaba la construcción de una torre de telecomunicaciones de 180 pies en Ceiba, cerca de un complejo residencial y una reserva natural. Los recurrentes y otros interesados intervinieron ante la OGPe, oponiéndose al proyecto por incumplimiento reglamentario, proximidad a la reserva y riesgos para la salud. La OGPe expidió el permiso sin resolver las objeciones sustantivas de los interventores. Posteriormente, la agencia denegó solicitudes de intervención adicionales por considerarlas a destiempo tras la emisión del permiso. Los recurrentes solicitaron la revisión judicial de la determinación administrativa. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la OGPe, validando la aprobación del permiso.

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Garaje Colón Hijo, Inc. apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Calesa Motors, Inc. La demanda reclamaba \$9,826.10 por servicios de reparación de vehículos prestados entre 2012 y 2015. Calesa Motors solicitó la desestimación alegando que la acción era mercantil y había prescrito bajo el término de cinco años del Código de Comercio. Argumentó que los vehículos reparados eran para reventa, confirmando la naturaleza comercial. Garaje Colón Hijo se opuso, sosteniendo que aplicaba el término de quince años del Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión y anticipa confirmar el dictamen apelado, validando la desestimación por prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones deniega un auto de certiorari solicitado por Natalia Albertorio Rivera y Health Herb Medical, LLC. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación en un caso sobre nulidad de contrato, dolo y daños y perjuicios. La moción de desestimación argumentaba la nulidad del diligenciamiento del emplazamiento por edicto. Los peticionarios alegaban que la demandante conocía sus direcciones reales pero utilizó un método y dirección incorrectos para la notificación por edicto. Sostenían que esto incumplía la Regla 4.6 de Procedimiento Civil y privaba de jurisdicción al tribunal. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento. Ahora, el Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, deniega la solicitud de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio La Cima de Torrimar y otros contra QBE Seguros. Los peticionarios demandaron a QBE por daños e incumplimiento de una póliza de seguro relacionada con los daños causados por el Huracán María. Alegaron que QBE se negó a pagar los daños estimados y actuó de mala fe. En el curso del litigio, los peticionarios solicitaron descubrimiento de prueba sobre la suscripción de la póliza, las reservas de la reclamación y el reaseguro, entre otros. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción para compeler descubrimiento, considerando que dicha información no era pertinente. Los peticionarios recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La sentencia modifica el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Esta modificación se relaciona con el primer error señalado por los peticionarios respecto a la denegatoria del descubrimiento.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los padres apelantes solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra sus hijos apelados. La demanda original buscaba revocar donaciones de acciones corporativas hechas a los hijos, alegando ingratitud y causales de desheredación. Los padres argumentaron que los hijos incurrieron en ingratitud al presentar demandas judiciales contra ellos, imputarles actuaciones falsas y cometer supuestos actos de maltrato y abandono. Los hijos apelados solicitaron la desestimación, argumentando que las alegaciones no cumplían los requisitos legales de ingratitud o desheredación bajo el Código Civil. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación, concluyendo que las alegaciones, aun tomadas como ciertas, no configuraban los supuestos de indignidad o desheredación necesarios para revocar las donaciones. El foro primario determinó que las desavenencias familiares y los litigios relacionados con asuntos corporativos no constituían el maltrato, abandono o injurias graves requeridos por la ley. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida, validando la decisión del foro primario de desestimar la demanda con perjuicio.

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María I. Bey Vázquez presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Añasco. Dicha resolución denegó su solicitud de supresión de evidencia en un caso por violación al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. La peticionaria argumentó que el agente no tenía motivo fundado para la intervención, pero el TPI determinó que sí existían motivos fundados tras una audiencia. En apelación, la señora Bey Vázquez alega que el TPI erró al denegar la supresión, pues la prueba oral demostró que el motivo de intervención era falso. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso. El Pueblo aduce que la peticionaria no incluyó la transcripción de la prueba oral de la audiencia de supresión, documento indispensable para la revisión. El Tribunal de Apelaciones se encuentra evaluando el expediente y las posturas de las partes para resolver sobre la procedencia del certiorari y la solicitud de desestimación. El documento también expone las normas legales que rigen el recurso de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Sunnova Energy Corporation. Sunnova solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha Sentencia acogió una Moción de Sentencia Sumaria presentada por el demandado y reconveniente, Edgardo J. Silva Jiménez. Originalmente, Sunnova demandó a Silva Jiménez por cobro de dinero relacionado con un contrato de paneles solares. Silva Jiménez contestó la demanda y presentó una reconvención, alegando incumplimiento contractual por parte de Sunnova y que las facturas no cumplían con la ley. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Sunnova y declaró Ha Lugar la reconvención de Silva Jiménez. Sunnova apeló esta decisión tras denegarse una moción de reconsideración. Antes de evaluar el señalamiento de error sobre los méritos, el Tribunal de Apelaciones debe verificar su jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. Los recurridos demandaron a MAPFRE por incumplimiento de seguros y daños relacionados con el huracán María. Alegaron que MAPFRE emitió incorrectamente una póliza multilínea personal a nombre del condominio en lugar de los titulares individuales y pagó las reclamaciones al condominio, impidiendo la reparación de daños. La Oficina del Comisionado de Seguros había determinado previamente que MAPFRE violó sus manuales y el Código de Seguros al emitir la póliza. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando que la demanda se presentó más de cinco años después de la pérdida, incumpliendo una cláusula de la póliza que requiere iniciar acciones dentro de un año. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, revocó la Resolución recurrida y desestimó con perjuicio la demanda contra MAPFRE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución atendiendo una petición de certiorari presentada por José R. Velázquez Ayuso. Velázquez Ayuso procuraba revocar una decisión del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La demanda original es contra Garage Isla Verde y Mercedes-Benz Financial Services por alegados defectos en un vehículo Mercedes-Benz adquirido. El peticionario reclamó daños, dolo y resolución de contrato, argumentando que el vehículo presentó fallos poco después de la compra a pesar de estar garantizado. Los demandados negaron las reclamaciones, indicando que el vehículo tenía garantías y se atendieron las quejas. Velázquez Ayuso solicitó sentencia sumaria, alegando la ausencia de hechos en controversia. Los demandados se opusieron, identificando controversias medulares que impedían la adjudicación sumaria. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación y denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión confirma que el caso requiere un juicio en sus méritos debido a las disputas fácticas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa en un caso de alimentos. La persona custodia recurrió la resolución del Departamento de la Familia que declaró con lugar el recurso de revisión presentado por la persona no custodia. El caso se originó con una petición de revisión de pensión alimentaria por la persona custodia en 2019. Tras un largo periodo de inactividad, la ASUME modificó la pensión retroactivamente en abril de 2023, resultando en atrasos significativos. La persona no custodia impugnó esta determinación ante la Sala Administrativa. La Sala Administrativa emitió una resolución en noviembre de 2023 favorable a la persona no custodia. La persona custodia apeló esta última resolución ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó la solicitud, el expediente y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión presentado por la persona custodia.

Resumen:

La jurisdicción es un poder fundamental de los tribunales, cuya ausencia obliga a la desestimación de un caso, siendo nula una sentencia dictada sin ella. El Tribunal de Apelaciones revisa decisiones administrativas finales mediante recurso de revisión judicial, siempre que se hayan agotado los remedios provistos por la agencia. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) permite presentar una moción de reconsideración ante la agencia dentro de veinte días de la notificación de la resolución final. La agencia debe resolver la reconsideración en noventa días, prorrogables por treinta días adicionales por justa causa. Si la agencia no resuelve la moción dentro del término legal (90 o 120 días), pierde jurisdicción sobre la misma. En ese supuesto, el término para solicitar la revisión judicial comienza a contarse desde la expiración del plazo de la agencia. La falta de presentación oportuna de la solicitud de revisión administrativa priva al foro apelativo de jurisdicción para evaluar el caso.

Resumen:

Un miembro de la población correccional impugnó su remoción de una asignación de trabajo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Presentó una solicitud de remedio administrativo y recibió una respuesta inicial de una Evaluadora. Solicitó reconsideración de dicha respuesta, pero presentó un recurso de revisión judicial sin esperar la resolución de la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para revisar la respuesta inicial de la Evaluadora. Según el reglamento de la agencia, la decisión final y revisable judicialmente es la resolución emitida por un Coordinador tras la solicitud de revisión. Al no haber obtenido la resolución del Coordinador, el recurrente no agotó los remedios administrativos. Por tanto, no existe una decisión final de la agencia que pueda ser objeto de revisión judicial. El recurso de revisión fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Rigoberto Beabraut Flores, un miembro de la población correccional, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente alega que le corresponden dos días adicionales de Bonificación Extraordinaria por labores realizadas en una brigada municipal, para un total de treinta y cinco días. Inició el proceso administrativo ante el DCR en octubre de 2023 solicitando el ajuste en su bonificación. El DCR le informó que su solicitud para los dos días adicionales había sido referida para evaluación y aprobación. Inconforme con la respuesta, Beabraut Flores presentó varias solicitudes de reconsideración y un nuevo remedio administrativo sobre el mismo asunto. El DCR desestimó las solicitudes posteriores por considerarlas repetitivas, indicando que ya se le había dado respuesta. Ante la denegatoria administrativa, Beabraut Flores acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordene al DCR completar sus bonificaciones a treinta y cinco días. El Tribunal revisa las decisiones administrativas para determinar si fueron dictadas dentro de las facultades legales de la agencia y si son legales y razonables, otorgando deferencia a la experiencia del organismo. Este documento detalla el historial procesal administrativo que llevó al recurso de revisión ante el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. El caso original trataba sobre una demanda de cobro de dinero presentada por Héctor N. Galloza Serrano contra Centro de Desarrollo Académico, Inc. (CDA) y Carlos Morales Vázquez. La reclamación inicial alegaba que CDA adeudaba compensación al Sr. Galloza Serrano por sus servicios como presidente. Una demanda enmendada buscó responsabilizar personalmente al Sr. Morales Vázquez mediante la teoría de descorrer el velo corporativo. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, ordenando a CDA y al Sr. Morales Vázquez pagar \$80,000.00 al Sr. Galloza Serrano. No obstante, el tribunal de instancia determinó que no procedía descorrer el velo corporativo y desestimó la reconvención de CDA. CDA y el Sr. Morales Vázquez apelaron esta Sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. DLJ Mortgage Capital, Inc. demandó a David Santiago Martínez y Diana Ortiz Borges por una deuda garantizada con hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de DLJ, ordenando el pago y la ejecución hipotecaria. Los demandados apelaron, alegando que DLJ carecía de legitimación activa porque el pagaré hipotecario había sido cancelado. DLJ explicó que la cancelación se debió a una sentencia previa que fue posteriormente revocada. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI actuó correctamente. Determinó que el acreedor presentó prueba documental no controvertida que demostraba su derecho a cobrar y la existencia y exigibilidad de la garantía hipotecaria. La sentencia del TPI condenó a los apelantes a pagar más de \$1.1 millones y ordenó la ejecución de la hipoteca de no cumplirse el pago.

Resumen:

Se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha sentencia declaró "Con Lugar" la petición del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) para hacer cumplir una Resolución y Orden contra Caguas Senior Living. La Resolución del DACo había declarado "Con Lugar" una querella presentada por Norma I. Lizardi Del Valle. La Sra. Lizardi Del Valle solicitó la devolución de \$2,000.00 pagados a Caguas Senior Living por el cuido de su esposo. Ella retiró a su esposo del centro de cuido pocos días después de ingresarlo debido a un incidente. El DACo determinó que procedía la devolución parcial del pago. El TPI, al hacer cumplir la resolución del DACo, ordenó a Caguas Senior Living pagar a la Sra. Lizardi Del Valle la cantidad de \$1,666.66 con intereses legales. Este panel judicial confirma la orden del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Zaida Colón Justiniano. La peticionaria solicita revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Supresión de Evidencia. El caso principal involucra imputaciones por infracciones a los artículos 7.02 y 7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22). La peticionaria argumentó que la prueba de sangre se obtuvo sin su consentimiento, a pesar de su alegada negativa no verbal, y sin una orden judicial que pudo haberse solicitado. También cuestionó la validez de las advertencias de ley y el cumplimiento de reglamentos al tomar las muestras. El TPI celebró una vista de supresión donde el Ministerio Público presentó prueba testifical y documental. La peticionaria buscaba que el Tribunal de Apelaciones ordenara la supresión de la prueba de sangre. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega expedir el recurso de certiorari solicitado. El documento detalla el historial procesal y comienza a resumir la prueba presentada en la vista de supresión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. Los peticionarios impugnaron la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia. Argumentaron que la demandante, Bautista Cayman Asset Company, no estaba registrada para hacer negocios en Puerto Rico ni tenía licencia bancaria. Solicitaron la desestimación del pleito por falta de jurisdicción. Bautista Cayman replicó que entablar un proceso judicial no constituye "hacer negocios" sujeto a autorización previa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden recurrida. Validó así la decisión del foro primario de mantener la jurisdicción sobre el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Cristopher Aaron Cannon. El peticionario buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución renunció a ejercer jurisdicción sobre la solicitud de Cannon para reducir o relevarse de la pensión excónyuge. Esta obligación de $15,000 mensuales por diez años surgió de un divorcio por mutuo consentimiento en 2015. Cannon alegó que sus circunstancias económicas cambiaron drásticamente debido a un pleito federal de la FTC que congeló sus activos y suspendió sus ingresos. Previamente, las partes habían acordado suspender la controversia sobre la pensión excónyuge hasta la conclusión del litigio federal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que denegó su solicitud para consolidar el juicio de Michael A. García Fernández con el de Joseph García Fernández. El foro primario denegó la consolidación por considerarla tardía, potencialmente dilatoria y perjudicial para los acusados debido a posibles defensas encontradas. El Pueblo argumentó que la consolidación era apropiada dado que los actos fueron cometidos en concierto y existe un interés social en acumular las causas. Tras examinar el recurso bajo los criterios discrecionales para la expedición de un certiorari, el Tribunal de Apelaciones no encontró justificación para intervenir. Consideró que los argumentos del Pueblo eran insuficientes para demostrar un abuso de discreción por parte del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso surge de una demanda de impugnación de filiación de una menor presentada por la madre, Lizmayra Epsteins Morales. La demanda busca invalidar la paternidad previamente reconocida por Kennette Flores Rupiza y establecerla con Leoncio Alonso González. El señor Flores Rupiza, el padre reconocido, presentó una moción solicitando la desestimación del pleito. La Defensora Judicial designada para la menor se opuso a la desestimación, argumentando la oportunidad de la acción. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación, acogiendo la posición de la Defensora Judicial. El señor Flores Rupiza recurrió dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el recurso y revocar la orden recurrida. La controversia principal es la negativa del foro primario a desestimar la demanda de impugnación de paternidad.

Resumen:

Franklin Credit Management Corporation instó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Grabiel Cintrón González, Gloriana Molina Sánchez y su sociedad legal de gananciales. Franklin Credit alegó haber realizado gestiones infructuosas para emplazar a los demandados y solicitó emplazamiento por edicto. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial. Dicho dictamen declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación en cuanto al señor Cintrón. No obstante, declaró Ha Lugar la desestimación de la señora Molina y la sociedad de gananciales por falta de emplazamiento conforme a derecho. El matrimonio Cintrón-Molina presentó un recurso de certiorari y Franklin Credit un recurso de apelación contra esta Sentencia Parcial. Ambos recursos fueron consolidados para su revisión. El tribunal acogió el recurso como apelación por ser el mecanismo adecuado. Finalmente, el tribunal MODIFICA el dictamen apelado, REVOCANDO en parte y CONFIRMANDO en parte.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari sobre liquidación de comunidad de bienes. La señora Mayra Aponte García demandó al señor Samuel Fuentes Miranda para liquidar bienes adquiridos durante 34 años de convivencia consensual, incluyendo propiedades, vehículos y un premio de lotería de \$13 millones. El señor Fuentes Miranda negó la existencia de una comunidad de bienes, alegando que no hubo pacto válido, en parte por ser menores al inicio de la relación, y que los bienes le pertenecían exclusivamente. Presentó una solicitud de sentencia sumaria, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal primario determinó que el caso dependía de la credibilidad del testimonio de las partes sobre la existencia de la comunidad. Se establecieron hechos no controvertidos como la larga convivencia, el inicio de la relación siendo menores, la adquisición de bienes y deudas, y el premio de lotería ganado por el señor Fuentes Miranda.

Resumen:

El Departamento de Educación (DE) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia del TPI había declarado No Ha Lugar un recurso de revisión judicial del DE y confirmado un Laudo de Arbitraje de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Laudo de la CASP dejó sin efecto la destitución de la Sra. Ramonita Arce Ruberté, ordenando su reinstalación y el pago de salarios dejados de recibir. La CASP concluyó que el DE no presentó prueba suficiente para justificar la medida disciplinaria impuesta a la Sra. Arce Ruberté. El DE impugnó el Laudo ante el TPI, alegando intervención irrazonable de la CASP y aplicación incorrecta de la prueba. El TPI confirmó la decisión de la CASP. Ante esto, el DE acudió al Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado por el Departamento de Educación. Esta denegatoria mantiene vigente la decisión del TPI que confirmó el Laudo arbitral a favor de la Sra. Arce Ruberté.