Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 66)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en el caso de Jonathan D. González Cruz. González Cruz solicitó la revocación de la resolución del DCR que lo encontró responsable de violar las reglas disciplinarias Código 141 (extorsión, chantaje o intimidación) y Código 222 (abuso o mal uso de privilegios). Los hechos se originaron en una querella presentada por una dietista, quien alegó que González Cruz se le acercó en un área no autorizada de la cocina y le hizo comentarios que ella percibió como intimidantes. El DCR, tras una vista disciplinaria, determinó que la conducta de González Cruz constituyó intimidación y que abusó de su privilegio de trabajar en la cocina al acercarse a la querellante sin motivo legítimo. Aunque el DCR desestimó otras imputaciones, mantuvo las de intimidación y abuso de privilegios. González Cruz recurrió la decisión, argumentando que la prueba no demostró los elementos de los cargos y que la querella inicial era insuficiente. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución recurrida del DCR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202400078. National Building Maintenance Corp. recurrió la Resolución de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales. Dicha resolución adjudicó la Subasta Formal 24J-03358 a Perfect Integrated Solutions, Inc. La subasta buscaba contratar servicios de mantenimiento y limpieza para hospitales psiquiátricos. La Junta de Subastas evaluó seis propuestas, incluyendo la del recurrente y la de PIS. La Junta adjudicó la buena pro a PIS por ser el licitador con el precio más bajo y haber demostrado mejora en su desempeño pasado según referencias. La oferta de National fue rechazada por incluir una condición de precios garantizados solo hasta el 30 de junio de 2024. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión instado por National por falta de jurisdicción.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Sr. Manuel Rosario Quiñones, quien solicitó la celebración de un nuevo juicio. El Tribunal, tras examinar el recurso y el derecho aplicable, decidió desestimarlo por falta de jurisdicción. Se explica que es indispensable que los recursos apelativos se perfeccionen rigurosamente según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal. Las partes tienen la responsabilidad de observar estrictamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para perfeccionar los recursos. El incumplimiento con las normas jurídicas pertinentes priva al Tribunal de jurisdicción para atender el caso. Comparecer por derecho propio no justifica el incumplimiento con las reglas procesales. El Tribunal tiene el deber ministerial de examinar su propia jurisdicción. Se hace referencia a la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones sobre el contenido de la solicitud de certiorari, implicando que el recurso no cumplió con sus requisitos esenciales.

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Mediante recurso de apelación, la Sra. Grace Díaz Cuadrado solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para constituir la residencia privativa del Sr. Edward Cruz Galarza, padre de su hijo menor, como hogar seguro para este. La apelante argumentó que vivía en la propiedad desde 2017, carecía de recursos económicos y otra vivienda, y deseaba que el menor permaneciera en su entorno familiar estable. Manifestó que el apelado proveía voluntariamente pagos para la casa y pensión, y que ella no trabajaba debido a la condición del niño. Durante el proceso, admitió no haber buscado otras propiedades y la existencia de una orden de protección en su contra. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, denegó la solicitud de hogar seguro. El panel de apelación, luego de considerar los escritos y la transcripción de la prueba oral, resuelve confirmar el dictamen apelado.

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Matthew Winter presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra Kimberly Winter. El recurso buscaba la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. Dichas órdenes dispusieron la realización de un estudio social por la Unidad Social del Tribunal. El estudio debía evaluar la custodia compartida, las relaciones paterno-filiales y el traslado del menor fuera de Puerto Rico por la madre. El peticionario alegó que el TPI erró al ordenar el estudio sobre el traslado. Argumentó que la madre no contaba con una determinación de custodia monoparental permanente, requisito que consideraba indispensable bajo la Ley Núm. 102. La señora Winter presentó su alegato en oposición al recurso. Tras revisar el recurso y la comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación, acogido como certiorari. El caso se origina de una Petición sobre Declaratoria de Herederos presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria solicitó la declaratoria de herederos de su madre. El foro primario ordenó perfeccionar la petición en 20 días, requiriendo certificaciones negativas de testamento bajo todos los nombres conocidos de la causante y el certificado de defunción de su cónyuge. Al no cumplirse con los requisitos en el término, el Tribunal de Primera Instancia desestimó y archivó la petición sin perjuicio. La peticionaria recurrió la desestimación, alegando error del foro primario al desestimar prematuramente y al requerir el certificado del cónyuge. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la resolución de desestimación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en el caso KLAN202300956, una apelación presentada por Auto Moll, Inc. contra Amílcar Morales Prado. Auto Moll demandó al Sr. Morales por incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y enriquecimiento injusto. La disputa surgió de un intento de contrato de venta condicional de un vehículo Porsche que requería financiamiento bancario. A pesar de que Auto Moll entregó la posesión del vehículo y vendió un "trade-in", el financiamiento nunca se concretó. El Sr. Morales devolvió el Porsche al no materializarse la venta. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Auto Moll, determinando que el contrato condicional nunca se perfeccionó y le impuso el pago de costas. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). La CSA solicitó la revisión y revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia había confirmado un Laudo arbitral emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje. El Laudo determinó que la separación de empleo de un trabajador, representado por la Unión General de Trabajadores, no estuvo justificada. La árbitro concluyó que el periodo probatorio del empleado era improrrogable según el convenio colectivo. Por ello, el Laudo ordenó la reposición del trabajador y el pago de haberes dejados de percibir. La CSA impugnó el Laudo ante el Tribunal de Primera Instancia, que lo confirmó. Inconforme, la CSA acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar la petición y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto.

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Sonnell Transit Service, LLC presentó una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Toa Baja. El recurso impugnaba la adjudicación de la Solicitud de Cotización Número 14-AF-2023-2024, relativa al arrendamiento de vehículos para movilidad urbana. La Junta de Subastas había adjudicado la cotización a favor de la empresa AMR Trucking and Construction, LLC. Sonnell alegó que la notificación de dicha adjudicación fue defectuosa y no activó el plazo para recurrir. El Tribunal de Apelaciones evaluó la controversia, centrándose en si tenía jurisdicción para atender el recurso. Determinó que la notificación de la adjudicación de la subasta fue defectuosa. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer del caso. En consecuencia, se desestimó el recurso de revisión administrativa presentado por Sonnell.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La parte peticionaria, Palmas del Mar Homeowners Association, Inc. (PMHOA), solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución descalificó motu proprio al licenciado Antonio M. Cuevas Delgado, abogado de PMHOA. El foro primario fundamentó la descalificación en que el abogado era testigo de la controversia medular sobre la representación de Palmas del Mar Architectural Review Board, Inc. (PMARB). La confusión surgió cuando el abogado compareció inicialmente a nombre de PMARB, creyendo representar a una entidad similar pero distinta. PMARB argumentó no haber autorizado dicha representación y solicitó la desestimación. El abogado intentó corregir el error y llegar a un acuerdo con la parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba la descalificación del abogado.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari en un caso de liquidación de comunidad de bienes gananciales. El peticionario, Orlando José Aponte Rosario, impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a ordenar la tasación del valor rentable de la antigua residencia conyugal. Dicha propiedad ha sido designada como el hogar seguro de los hijos menores de edad de las partes. El peticionario reclama una compensación por haber sido privado de su uso y disfrute, alegando que el TPI erró al denegar la tasación. La recurrida, Elizabeth Torres Alvarado, se opuso a la solicitud, enfatizando el derecho de los menores a un hogar seguro y cuestionando la base legal del reclamo del peticionario. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que no procedía la tasación del valor rentable mientras la propiedad fuera el hogar seguro de los hijos. El recurso de certiorari busca que el Tribunal de Apelaciones revise si un comunero puede reclamar compensación por el valor rentable de una propiedad ganancial utilizada como hogar seguro para menores durante el proceso de liquidación. La corte evalúa su discreción para revisar esta resolución interlocutoria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Sucesión Ramón Antonio Ponce Fantauzzi y otros. El recurso buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre impugnación de testamento. La Orden recurrida, dictada el 11 de marzo de 2024, denegó implícitamente una solicitud de sentencia por las alegaciones presentada por la parte demandante, Ramón Ponce Fantauzzi. En su lugar, el foro primario ordenó la continuación de los procedimientos y la celebración de una conferencia inicial. El Tribunal de Apelaciones concedió a la parte recurrida un término para mostrar causa. Una de las codemandadas llamó la atención sobre la falta de comparecencia de la recurrida y solicitó la expedición del auto. Tras evaluar la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El apelado, Jesús de Jesús Rosario, demandó al apelante, Yamil Colón Almenas, por no completar la venta de una propiedad ni devolver un depósito de $4,000. El apelante alegó que la venta no se concretó por falta de fondos del apelado y que este causó daños a la propiedad, presentando una reconvención. El apelante también afirmó haber devuelto $2,000 del depósito, lo cual el apelado negó. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al apelante pagar los $4,000 y desestimó la reconvención, en parte porque el apelante no presentó evidencia del supuesto pago de $2,000 tras ser requerido. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones considera un recurso presentado por la Sucesión Javier Alonso García y otros contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia favoreció a Banco Popular de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, condenando a la Sucesión al pago de una deuda y autorizando la subasta de la propiedad. Tras la presentación de la apelación, Banco Popular solicitó su desestimación. El banco alegó que la Sucesión incumplió las reglas del Tribunal de Apelaciones al no notificar el recurso simultáneamente al banco ni al Tribunal de Primera Instancia dentro de los términos. El Tribunal de Apelaciones requirió a la Sucesión mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. La Sucesión explicó que presentó la apelación a tiempo pero no pudo notificarla por correo certificado esa noche debido al cierre inesperado de la oficina postal. Añadieron que intentaron notificar electrónicamente pero tuvieron problemas técnicos con su equipo. Finalmente, notificaron por correo certificado a primera hora del día siguiente y aseguran haber notificado al TPI dentro del plazo de 72 horas. La Sucesión argumenta que existió justa causa para la demora en la notificación simultánea.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. 607-609 Condado St., LLC demandó a Vanessa De Lourdes Maldonado O'Neill y otros por cuotas de mantenimiento impagas de unidades de condominio. La demandante reclamó una deuda acumulada por cuotas, intereses y penalidades. La demandada contestó y reconvino, alegando que las propiedades eran privativas, las cuotas ilegales y reclamando daños por deterioro del edificio. También planteó la falta de jurisdicción por alegada ausencia de emplazamiento adecuado a la Sociedad Legal de Gananciales. Tras una moción de sentencia sumaria de la demandante, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda. El foro primario determinó que carecía de jurisdicción porque la Sociedad Legal de Gananciales no fue emplazada conforme a derecho, requiriendo el emplazamiento de ambos cónyuges. La demandante solicitó reconsideración, insistiendo en que las propiedades eran privativas y el esposo no era parte indispensable, o alternativamente, solicitando permiso para enmendar y emplazarlo. Este documento detalla el historial procesal y los argumentos de las partes en la instancia original que dan paso a la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a la petición de Graciela Rivera Muñoz. La peticionaria solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la descalificación del abogado de las demandantes recurridas, Carmen Virginia y Emma M. Muñoz Buitrago. El litigio original trata sobre la liquidación de una comunidad de bienes hereditarios entre coherederas. La solicitud de descalificación se basó en un alegado conflicto de interés del abogado, quien fue identificado por una clienta como representante de las sucesiones, aunque él afirmó bajo juramento solo representar a las recurridas. La peticionaria argumentó una violación a los Cánones de Ética Profesional. El abogado se opuso, negando representar a las sucesiones y aclarando su rol. El foro primario declaró sin lugar la descalificación y ordenó continuar el caso. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia de permitir que el abogado continúe representando a las recurridas.

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Sentencia del panel apelativo revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Caleb Transport Inc. apeló la desestimación de su demanda por incumplimiento de contrato contra el Municipio de San Lorenzo. La demanda original reclamaba el pago por alquiler de equipo pesado, personal y recogido de escombros tras el Huracán María. Caleb Transport alegó que el Municipio se negó a pagar la cantidad total adeudada por trabajos realizados bajo contratos registrados. El Municipio contestó que no se negaba a pagar, pero solo la cantidad legalmente correcta, no excesos o trabajos no contratados. Las partes estipularon parcialmente que el Municipio adeudaba \$125,902.29, dejando \$97,426.96 como única controversia. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda respecto a la cantidad en controversia. El panel apelativo revisó esta decisión y la CONFIRMÓ.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El Consejo de Titulares del Condominio Metro Medical Center apeló la desestimación de su reconvención. La demanda original fue presentada por varias entidades que impugnaron acuerdos de una asamblea extraordinaria. Las demandantes alegaron que se les impidió votar por tener solo dos meses de atraso en cuotas, lo cual contraviene la Ley de Condominios y el Reglamento del Condominio que restringen el voto a partir de tres meses de atraso. También cuestionaron la aprobación de una derrama en dicha asamblea. El Consejo de Titulares contestó la demanda y presentó una reconvención. En la reconvención, alegaron que las demandantes, dueñas de aproximadamente el 50% del condominio, conspiraron para crear una crisis presupuestaria al retener pagos. El Consejo reclamó daños por más de \$1,300,000 y solicitó descorrer el velo corporativo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención sin perjuicio. Este tribunal confirma la Sentencia Parcial apelada, manteniendo la desestimación de la reconvención.

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El Tribunal de Apelaciones expide un auto de Certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que anotó la rebeldía al Consejo de Titulares del Condominio The Residences. La rebeldía fue anotada en un caso de daños y perjuicios y cobro de dinero presentado por Gustavo Lectora Laurrari y esposa. El foro primario declaró la rebeldía porque el Consejo de Titulares no contestó la demanda tras ser emplazado a través de la administradora del condominio. El Consejo de Titulares solicitó relevo de la rebeldía, alegando que la administradora no les notificó del emplazamiento y que se enteraron de la demanda por un co-demandado. Presentaron una comparecencia especial y solicitud de prórroga el mismo día que se anotó la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración solicitada por el Consejo de Titulares. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, decide expedir el auto y revocar la Orden de anotación de rebeldía.

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Este es un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Josué Laguna Ríos. El recurrente impugna una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que, aunque resolvió un contrato de compraventa de vehículo y ordenó reembolsos, denegó una partida por daños y perjuicios. El señor Laguna Ríos solicitó reconsideración ante el DACo, pero la agencia no actuó sobre la moción dentro del término reglamentario de quince días. Esto provocó que la moción fuera rechazada de plano, iniciando el término jurisdiccional de treinta días para acudir al Tribunal de Apelaciones el 22 de marzo de 2024. El recurrente presentó su recurso de revisión judicial el 28 de mayo de 2024. La parte recurrida, United Surety & Indemnity Company, presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y su reglamento, determinó que el recurso fue presentado tardíamente. El término de treinta días para solicitar revisión judicial es jurisdiccional y su incumplimiento impide al Tribunal considerar el caso. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Ricardo Almodóvar García recurre la decisión de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan que archivó su solicitud de reconsideración de una multa administrativa. La multa de $2,000 le fue impuesta por operar un taller sin los permisos requeridos. La Oficina de Permisos archivó la solicitud al considerar que Almodóvar incumplió el término jurisdiccional de 20 días para su presentación. Almodóvar sostiene que su solicitud fue radicada dentro del término legal, argumentando sobre la fecha efectiva de notificación de la multa. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación administrativa. Se discuten los principios de revisión judicial de decisiones de agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, destacando la revisión de las conclusiones de derecho. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen de archivo emitido por la Oficina de Permisos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa en un caso de alimentos. El recurrente, Francisco J. Ortiz Nieves, impugna una resolución de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). ASUME le ordenó pagar $1,370.00 por gastos escolares y médicos suplementarios de la menor. La recurrida, Ileanisse Román Torres, solicitó el reembolso de estos gastos, relacionados con la condición de salud de la menor. El recurrente alega que ASUME erró y excedió su facultad al ordenar el pago de partidas no incluidas en la pensión alimentaria original de 2009. Dicha resolución de 2009 estableció una pensión básica y un porcentaje para ciertos gastos suplementarios. El documento detalla el historial procesal y la base fáctica de la controversia. Además, expone la norma legal de deferencia que el Tribunal de Apelaciones aplica al revisar las decisiones de agencias administrativas como ASUME. La revisión judicial se centra en determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Jennifer Pacheco Cordero solicitó la revisión de la desestimación de su querella contra LUMA Energy sobre una factura de servicio eléctrico. El NEPR desestimó la querella por falta de jurisdicción, al concluir que la señora Pacheco Cordero no agotó los remedios administrativos ante LUMA. La recurrente argumentó que el NEPR erró al determinar que una comunicación de LUMA constituyó el inicio de la investigación y que ella no solicitó reconsideración del resultado. El NEPR había sostenido que la carta de LUMA del 23 de junio de 2023 notificó el inicio de la investigación y que la señora Pacheco Cordero no solicitó la reconsideración del resultado emitido el 22 de agosto de 2023. Por tanto, el NEPR concluyó que no se agotaron los remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del NEPR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución el 6 de junio de 2024. La resolución considera una Solicitud de Certiorari presentada por la parte peticionaria, Ford Motor Company, Inc. Dicha solicitud proviene del caso de daños PO2023CV02493, originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Las partes en el litigio principal incluyen a Luis E. Ramos Rodríguez como demandante y a Caguas Expressway Motors, Inc. y otros como demandados-recurrido. El Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por Ford Motor Company, Inc. La decisión se tomó conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla permite al Tribunal de Apelaciones denegar la expedición de un certiorari sin necesidad de fundamentar su decisión.

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La Junta de Libertad Bajo Palabra denegó el privilegio de libertad bajo palabra al confinado Alcidy Maldonado Santana mediante Resolución notificada el 20 de enero de 2024. Maldonado Santana presentó una Moción de Reconsideración el 7 de febrero de 2024, la cual la Junta no atendió. Inconforme, el confinado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones el 5 de abril de 2024. El Tribunal determinó que el recurso fue instado tardíamente. Según el calendario procesal, el recurso debió presentarse antes del 25 de marzo de 2024. Sin embargo, fue redactado el 26 de marzo y presentado el 5 de abril. Al haber transcurrido más de treinta días desde la notificación de la Resolución impugnada, el recurso está tardío. La presentación tardía priva al Tribunal de jurisdicción para atender el caso, por lo que desestima el recurso de revisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una solicitud de certiorari presentada por Israel Galarza Vega. El peticionario buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que adoptó un Acta-Informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La resolución recurrida le impuso el pago de \$643.71 por gastos escolares pendientes del hijo menor de edad. El caso subyacente es una demanda de divorcio y fijación de pensión alimentaria iniciada por Angelira González Torres. Durante el proceso ante la EPA, el señor Galarza Vega aceptó tener capacidad económica para cubrir las necesidades del menor. Surgieron disputas sobre la cuantificación de los gastos del menor, donde la EPA determinó que, ante la aceptación de capacidad, solo se evaluarían las necesidades del alimentista, no la Planilla de Información Personal y Económica (PIPE). El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta decisión confirma la validez de la determinación del TPI al adoptar el informe de la EPA y ordenar el pago de los gastos escolares.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación criminal. El apelante, Luis A. Ramírez Cacho, fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de Ciales. Se le encontró responsable del delito de Alteración a la Paz, tipificado en el Artículo 241 del Código Penal. La sentencia original le impuso una pena de doscientos dólares de multa. Tras denegarse una moción de reconsideración, el Sr. Ramírez Cacho apeló la decisión. Alegó, entre otros errores, que la prueba no demostró su culpabilidad más allá de duda razonable y que la denuncia original no imputaba delito. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos y la prueba. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. La peticionaria, Carmen Iris Cruz Figueroa, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución eliminó sus alegaciones en un caso sobre liquidación de bienes, injunction y daños, por alegado incumplimiento con órdenes de descubrimiento de prueba. El recurrido, Juan Marcos Joaquín Hidalgo, presentó una moción solicitando la desestimación del recurso de apelación. Alegó que la peticionaria incumplió con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones al no notificar al foro primario la presentación del recurso dentro del término de setenta y dos horas. La peticionaria intentó justificar el retraso aduciendo problemas con el sistema de radicación electrónica. El Tribunal de Apelaciones evaluó la moción de desestimación y la respuesta de la peticionaria. Determinó que la notificación al Tribunal de Primera Instancia fue radicada fuera del término reglamentario. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación. El recurso de certiorari fue desestimado por falta de jurisdicción debido al incumplimiento procesal.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un caso de hostigamiento sexual. El caso involucra a la empleada Elena Méndez Carrero y a su empleador, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La CFSE apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El asunto subyacente surge de alegaciones de hostigamiento sexual entre Méndez Carrero y un compañero de trabajo, Amaury Román Santiago, tras el fin de su relación. La CFSE inició una investigación interna al recibir el informe inicial de Méndez Carrero sobre sentirse amenazada. La investigación incluyó entrevistas a ambos empleados, quienes presentaron versiones contradictorias y contra-alegaciones de conducta inapropiada. Méndez Carrero inicialmente dudó en presentar una querella formal, pero luego decidió hacerlo, mientras que Román Santiago también presentó una querella contra ella. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de denegar la sentencia sumaria. El Tribunal expidió el auto solicitado por la CFSE y revocó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de seguros por daños de huracán. PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (PRAPI) demandó a One Alliance Insurance Corporation (One Alliance) por incumplimiento de contrato y mala fe. PRAPI reclamó el pago de más de \$9 millones por daños causados por el huracán María a propiedades aseguradas por One Alliance. Las reclamaciones se agruparon en tres presentaciones (1st, 2nd, 3rd Claim Submissions). One Alliance pagó la primera reclamación, pero redujo drásticamente su oferta para la segunda tras una oferta inicial mayor. La tercera reclamación aún no ha sido atendida por la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. PRAPI recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto y revoca la resolución del foro primario. El pleito original también enfrentó un cambio procesal al ser fraccionado por región judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre retracto de colindantes. El apelante impugna la segunda desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario fundamentó la desestimación en la Regla 39.2(b) por inactividad procesal de más de seis meses. El caso había sido previamente desestimado y reinstaurado por este mismo Tribunal de Apelaciones. Tras la reinstauración, las partes realizaron varios trámites, incluyendo gestiones de descubrimiento de prueba y solicitudes de prórroga por motivos de salud. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y constató que hubo actividad en el expediente dentro del período relevante. Consideró que el foro primario abusó de su discreción al aplicar la Regla 39.2(b) bajo estas circunstancias. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia desestimatoria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios. La apelación fue presentada por CCAR Sales, Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar \$861,862.30 a Yolanda Bonano Hernández. La demanda original se basó en una caída sufrida por la señora Bonano Hernández en una oficina de CCAR en 2001, alegando negligencia por un escalón sin advertencia. La sentencia del foro primario incluyó compensación por daños físicos, sufrimientos mentales, lucro cesante y gastos médicos. Dicha sentencia se dictó tras anotarse la rebeldía a CCAR por no conseguir representación legal. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y su historial procesal. Como resultado de la apelación, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia recurrida. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada una vez modificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión previa. La apelación fue presentada por la parte demandada-apelante, Ivonne M. Delgado Díaz. Se solicitó la revisión de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El foro de instancia había declarado parcialmente Ha Lugar una demanda sobre cobro de dinero y daños y perjuicios. Dicha demanda fue presentada por la parte demandante-apelada, Terrako Darryl Stallings. El caso original se relaciona con la venta de un apartamento con alegados vicios ocultos tras el Huracán María. Los demandantes reclamaron indemnización por los daños y por dolo en la contratación. También reclamaron la suma de una indemnización de seguro del condominio destinada a reparar daños de la unidad. La demanda fue enmendada para incluir a aseguradoras y aclarar las reclamaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Se presenta un recurso de certiorari por Sa. María Velázquez Ayala para impugnar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación exige que la peticionaria se someta a una deposición presencial en Caguas. El foro primario justificó su orden indicando que Caguas es accesible desde San Juan y que el certificado médico no acreditaba incapacidad para comparecer físicamente. La peticionaria argumenta que la deposición podría ser virtual, expresa temor hacia el demandante y alega que un caso criminal relacionado justifica paralizar la deposición por su derecho a la no autoincriminación. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional. Se detallan las reglas y criterios legales que rigen la expedición del auto, incluyendo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La intervención con la discreción del Tribunal de Primera Instancia solo procede ante un craso abuso, prejuicio, error manifiesto o para evitar un perjuicio sustancial. La resolución establece el marco legal bajo el cual el tribunal evaluará si procede expedir el auto solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Ángel Aníbal Maldonado Sáez solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, dictada en un caso de divorcio con hijos menores, determinó que el peticionario adeudaba $2,595.53 por concepto de pensión alimentaria y gastos extracurriculares. El Tribunal de Primera Instancia encontró al señor Maldonado Sáez incurso en desacato por dicho incumplimiento. Como consecuencia, el foro primario ordenó un plan de pago y dejó en suspenso el ingreso del peticionario hasta que cumpliera con lo ordenado. La deuda reclamada por la señora Lee Anette De León Díaz, parte recurrida, se originó por la falta de pago de la pensión alimentaria fijada previamente. Tras varios trámites procesales y una vista de mostrar causa, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no había evidencia del pago ni de la falta de recursos del peticionario. El señor Maldonado Sáez acude al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para impugnar esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el litigio entre PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (PRAPI) y One Alliance Insurance Corporation. La disputa se origina por una reclamación de PRAPI a One Alliance por daños causados por el huracán María a propiedades aseguradas. One Alliance se retractó de parte de su oferta de pago, alegando dudas sobre el interés asegurable de PRAPI, lo que llevó a PRAPI a demandar por incumplimiento y mala fe. El Tribunal de Apelaciones previamente revocó una decisión del foro primario, ordenando a One Alliance pagar por ciertas propiedades en la región de Fajardo. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial y Órdenes subsiguientes. Estas decisiones instruyeron a One Alliance a pagar los 1st y 2nd Claim Submissions y ajustar/pagar reclamaciones pendientes, incluyendo un embargo. One Alliance recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que las determinaciones del foro primario contradicen el mandato apelativo previo. Alega que se ordena el pago de reclamaciones ya satisfechas o no debidamente ajustadas, y que se adjudicaron mociones sin el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones evalúa este recurso de One Alliance contra las acciones del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Calidad de Vida Vecinal, Inc. (CVV) impugnó un permiso de construcción otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a T-Boards, Inc. El permiso autorizaba la construcción de una valla publicitaria con pantallas digitales en Ocean Park, San Juan. CVV argumentó que la ubicación se encuentra en una Zona de Interés Turístico (ZIT), lo que requería un trámite discrecional con vista pública, no la aprobación ministerial concedida por OGPe. La organización señaló la falta de recomendación de la Compañía de Turismo y el Municipio de San Juan. Además, CVV expresó preocupación por la posible contaminación lumínica, el impacto en la anidación de tortugas y la seguridad pública. A pesar de admitir a CVV como parte interventora, OGPe aprobó el permiso sin celebrar la vista pública solicitada. El Tribunal de Apelaciones revisó los escritos presentados por las partes. El tribunal revocó la resolución de OGPe que concedió el permiso. Se ordenó la celebración de una vista pública para evaluar adecuadamente la solicitud.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Bluewater Defense, Inc. El peticionario buscaba revocar la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria por parte del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente fue iniciado por Damaris Crespo Vázquez y otros, alegando despido injustificado (modalidad constructiva), represalias, hostigamiento laboral y discrimen por impedimento. La querellante renunció, aduciendo trato hostil y la recepción de cartas de despido mientras estaba acogida a SINOT. Bluewater negó las alegaciones, afirmando que la renuncia fue voluntaria y cuestionando la jurisdicción sobre el reclamo de acoso laboral. El foro primario denegó la sentencia sumaria, al entender que existían hechos en controversia, particularmente en cuanto al despido constructivo y las represalias. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

Peticionarios en un caso civil contra el señor Carlos Elyd Colón Burgos solicitaron acceso al expediente confidencial de su caso de divorcio. Inicialmente, pidieron inspeccionar y obtener copia del expediente completo al Tribunal de Primera Instancia (TPI), solicitud que fue denegada por la confidencialidad de los casos de familia. Posteriormente, los peticionarios limitaron su solicitud a porciones de grabaciones de vistas del divorcio donde el señor Colón Burgos declaró sobre su relación laboral. El TPI reiteró su denegatoria a esta petición modificada. Inconformes, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones evalúa la solicitud discrecional de certiorari conforme a los criterios reglamentarios. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos de las decisiones del TPI. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar el recurso discrecional solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400498, apelación presentada por The Perfect Toy Imports, LLC contra Optima Seguros, Inc. El apelante recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda original se relacionaba con la denegatoria de una cubierta de seguro por desperfectos mecánicos en un vehículo. Tras un juicio, el foro primario concluyó que la avería se debió a uso y desgaste/mantenimiento deficiente, causas excluidas por la póliza, y desestimó el caso. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó una Notificación de Apelación y Solicitud de Prórroga ante el Tribunal de Apelaciones, un día antes de vencer el término jurisdiccional. La solicitud de prórroga se fundamentó en la clausura del Centro Judicial de San Juan. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso, destacando la naturaleza jurisdiccional del término de treinta días para apelar. Se señala que un recurso tardío priva al foro revisor de jurisdicción y resulta en una desestimación fatal. El tribunal procederá a evaluar el caso, considerando la cuestión de la jurisdicción por la presentación del recurso.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Standard Refrigeration Company apelando una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La demanda original reclamaba daños por incumplimiento de un contrato para la rehabilitación de una estación de bombas. Standard solicitaba compensación por gastos de permisos, sellos, extensiones de tiempo bajo Órdenes de Cambio B y C, e IVU. La AAA argumentó que Standard era responsable de permisos y arbitrios según la propuesta, aunque reconoció el derecho a compensación por extended overhead, disputando el monto. El foro primario denegó a Standard una extensión para rendir informe pericial, eliminando dicha prueba tras seis años de litigio. Standard recurrió sin éxito esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Posteriormente, el TPI dictó sentencia sumaria a favor de la AAA. El Tribunal de Apelaciones procede a modificar el dictamen recurrido y, así modificado, lo confirma.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una petición de Habeas Corpus presentada por un imputado cuya fianza fue revocada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La revocación se basó en alegaciones del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) sobre violación de las condiciones de libertad bajo fianza. El TPI ordenó el arresto e ingreso del imputado sin celebrar una vista evidenciaria, denegando luego una solicitud de reconsideración. El imputado argumentó que tenía derecho a una vista para confrontar las alegaciones y presentar prueba, la cual debía celebrarse dentro de las 48 horas de su arresto. El Ministerio Público, al comparecer, admitió que el TPI estaba obligado a celebrar dicha vista para dilucidar si hubo incumplimiento de las condiciones. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al no celebrar la vista requerida. Por tanto, ordenó al Tribunal de Primera Instancia celebrar la vista evidenciaria sobre las alegaciones de violación de fianza a la mayor brevedad, estableciendo como fecha límite el 6 de junio de 2024.

Resumen:

Este recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una solicitud de variación en lotificación denegada por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). Los recurrentes, Elías Nieves y Eddie Nieves, impugnaron la determinación desfavorable de la OGPe. Al presentar su recurso, solicitaron litigar como indigentes. El Tribunal denegó dicha solicitud y les concedió un término de tres días para pagar los aranceles correspondientes. Los recurrentes no acreditaron el pago de los aranceles dentro del término otorgado. La sentencia subraya la importancia de la jurisdicción y el requisito legal del pago de aranceles para la validez de un recurso judicial. Conforme a la Ley de Aranceles, un escrito presentado sin los sellos requeridos es nulo y sin valor. Dado que los recurrentes no cumplieron con el pago tras la denegación de su solicitud de indigencia, el Tribunal carece de jurisdicción. Por tanto, el recurso es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Una decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una revisión administrativa (KLRA202400123) que involucra a Southwest Health Corp. (Hospital Metropolitano de San Germán) como recurrente contra ASES y Triple-S Salud, Inc. El hospital recurrió la desestimación por parte de ASES de su querella contra Triple-S. La querella buscaba el cobro por 10 días de hospitalización de una paciente pediátrica que Triple-S había denegado, argumentando que solo 2 días eran médicamente necesarios. El panel del Tribunal de Apelaciones que revisó el recurso administrativo se encontró igualmente dividido. Debido a esta división, el Tribunal dictó Sentencia confirmando el dictamen emitido previamente por ASES. Este resultado sostuvo la desestimación de la reclamación de cobro del hospital contra Triple-S. Dos jueces del panel emitieron un voto particular detallando los antecedentes del caso y su desacuerdo con la confirmación. Los otros dos jueces también disintieron, pero sin opinión escrita.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por José Ángel Guilloty Ramos y Carmen María Soto Bosques contra Bosco Overseas, LLC. Los apelantes recurrieron una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que les ordenaba pagar una deuda hipotecaria. Bosco demandó por incumplimiento de pago desde noviembre de 2017. Los apelantes invocaron las leyes de protección al deudor hipotecario (Ley 184-2012 y Ley 169-2016), solicitando paralización y mediación. El Tribunal de Primera Instancia refirió a mediación pero denegó la paralización y una solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, revoca la Sentencia Sumaria apelada. La decisión se basa en los fundamentos que se detallarán, probablemente relacionados con el manejo procesal de las leyes de protección al deudor y la mediación.

Resumen:

Viewpoint at the Park, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFVPR). Viewpoint solicitó una sentencia declaratoria sobre la vigencia de un Joint Development Agreement (JDA) con la ACT para el desarrollo de una propiedad. Alegó que la ACT rescindió unilateralmente el contrato sin cumplir los requisitos y que este permanecía vigente. También sostuvo que la AFVPR interfirió torticeramente al no concederle un préstamo. La ACT solicitó la desestimación argumentando que el JDA era provisional y había vencido sin cumplimiento por Viewpoint. La AFVPR pidió la desestimación indicando que una solicitud de préstamo no crea obligación y que no interfirió con el contrato entre Viewpoint y la ACT. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar las mociones de desestimación por no exponer Viewpoint una reclamación que justificara un remedio. Impuesto el pago de honorarios de abogado a Viewpoint. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparecen Humberto Torres Barriera y otros apelantes solicitando la revocación de una Sentencia Parcial de Desestimación. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó con perjuicio la causa de acción de los apelantes contra Antilles Insurance Company y Anglo Puerto Rican Insurance Corporation. Los apelantes habían presentado una demanda alegando que las reclamaciones por daños estaban cubiertas por una póliza de seguro de responsabilidad pública expedida por las aseguradoras a favor del Municipio de Peñuelas. Identificaron la póliza como la número CSP 524974. Las aseguradoras apeladas solicitaron la desestimación, argumentando que dicha póliza fue expedida exclusivamente para cubrir daños a las propiedades comerciales del asegurado, no la responsabilidad pública hacia terceros. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de las aseguradoras y desestimó la reclamación en su contra. Mediante esta sentencia, el panel apelativo confirma la Sentencia Parcial de Desestimación apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Rubén D. Dávila Torres (Techos Ruben), impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró con lugar una querella presentada por Betty A. Mullins Matos. La querella de Mullins Matos alegaba que los servicios de sellado de techo contratados no se realizaron correctamente. Tras una inspección y vista administrativa, el DACo ordenó la devolución del dinero a la consumidora. Dávila Torres solicitó reconsideración ante el DACo, la cual fue denegada. Inconforme, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, en su sentencia del 31 de mayo de 2024, determinó desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en las razones que el Tribunal expondrá, comenzando con el análisis de su jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por el Dr. Gabriel Padilla Villanueva contra una Resolución de la Junta Dental Examinadora. Dicha Resolución encontró causa suficiente para iniciar un proceso disciplinario formal contra el Dr. Padilla Villanueva. La acción de la Junta Dental se originó por una queja de un paciente sobre alegada impericia profesional y conducta impropia. Aunque la Junta desestimó algunas alegaciones, determinó que existía base para un procedimiento formal por conducta negligente o impropia. El Recurrente impugnó las determinaciones de la Junta que llevaron a encontrar causa para el proceso disciplinario. El Tribunal, como cuestión de umbral, evaluó si poseía jurisdicción para revisar la decisión administrativa. La sentencia concluye que el Tribunal carece de la autoridad jurisdiccional necesaria para atender el recurso en esta etapa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por el Dr. Padilla Villanueva.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de exención contributiva solicitada por Christian Bilingual Academy. La Academia apeló la resolución del Departamento de Hacienda que confirmó la decisión de la Secretaría Auxiliar de Política Contributiva (SAPC). La SAPC denegó la solicitud de exención bajo el Código de Rentas Internas, presentada en 2017, por considerar que la Academia operaba como un negocio para beneficio privado de sus miembros. Hacienda señaló que la Academia utilizaba una licencia originalmente otorgada a Fajardo Christian School, Inc. Una solicitud de exención previa de Fajardo Christian School había sido denegada en 2013 por operar para beneficio de sus dueños, incluyendo al propietario de la Academia. Esa denegatoria anterior fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2015. El requisito fundamental para la exención es que la organización no opere para beneficio privado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de Hacienda que denegó la exención contributiva a Christian Bilingual Academy.