Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 63)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de Certiorari presentado por Municipal Claims Management Services, Inc. (MCMS). MCMS impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para intervenir en un pleito entre el Consejo de Titulares del Condominio Valle Santa Cecilia (CTCVSC) y Triple S Propiedad, Inc. El caso original trataba sobre daños e incumplimiento de contrato de seguro por los huracanes Irma/María, donde CTCVSC demandó a Triple S. Las partes originales llegaron a un acuerdo transaccional para finalizar la controversia. MCMS, contratado por CTCVSC para servicios de tasación, alegó que se le adeudaba un porcentaje del monto recibido por el Appraisal Award. MCMS solicitó intervenir en el caso para proteger sus intereses propietarios sobre la cuantía transaccional. Triple S, a su vez, pidió al tribunal que obligara a CTCVSC y MCMS a litigar entre sí sobre la distribución de los fondos. El foro primario declaró No Ha Lugar tanto la solicitud de intervención de MCMS como la petición de Triple S. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, desestima el Certiorari presentado por MCMS.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es un cobro de dinero presentado por Servimetal, Inc. contra Abimael Padilla Negrón, Challenger Brass & Cooper Co. y otros. Los Peticionarios solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que permitiera la celebración de la Vista de Conferencia Con Antelación al Juicio mediante videoconferencia. Alegaron razones de salud de su abogada para justificar la solicitud. El foro primario denegó la petición inicialmente y luego la reconsideración, manteniendo la vista presencial. Inconformes, los Peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, argumentando que el foro primario abusó de su discreción. Señalaron que se expusieron razones meritorias de salud y que el mismo tribunal había permitido videoconferencias en casos similares. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los Peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico expidió un recurso de Certiorari solicitado por Silver Airways, LLC. La aerolínea impugnó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción en un caso de despido injustificado presentado por Héctor Mariano Grajales Figueroa. Silver Airways argumentó que existía un acuerdo de arbitraje firmado por el empleado con su predecesor, Seaborne Airlines, que obligaba a someter la disputa a arbitraje. El empleado se opuso, alegando que el acuerdo no aplicaba a Silver Airways, que fue recontratado bajo un nuevo contrato sin acuerdo de arbitraje, y que el acuerdo era oneroso. Silver Airways replicó que era el patrono sucesor y que el empleado fue restituido, no recontratado. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Eduardo Burgos Tañón. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido de corrección de sentencias. Las sentencias originales, dictadas en 2002, lo condenaron por robo de vehículo de motor y portación de armas sin licencia bajo leyes derogadas. Se le impuso reclusión perpetua por el robo debido a reincidencia habitual y veinte años por el delito de armas por reincidencia agravada. En 2022, Burgos Tañón pidió al foro primario corregir estas sentencias. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud en marzo de 2024. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar esta determinación. Tras evaluar el expediente, el panel confirmó el proceder del foro primario. En consecuencia, el peticionario debe seguir cumpliendo las sentencias impuestas originalmente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El Consejo de Titulares El Condominio La Cima de Torrimar y otros peticionaron la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños contra QBE Seguros (ahora Óptima Seguros). El litigio original se relaciona con el incumplimiento de una póliza de seguro de propiedad tras el Huracán María. Los peticionarios impugnaron la denegatoria de su moción de sentencia sumaria parcial. Dicha moción solicitaba el pago de \$829,808.12, argumentando que esta suma constituía una deuda líquida y exigible basada en el ajuste realizado por la propia aseguradora. Fundamentaron su solicitud en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria parcial. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

Un panel judicial considera dos recursos consolidados provenientes de un caso de daños y perjuicios por una caída. El Municipio Autónomo de Trujillo Alto y su aseguradora, MAPFRE, presentaron un recurso de certiorari contra la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria. Argumentaron que no tenían jurisdicción ni control sobre el lugar del accidente, una acera colindante con la carretera PR-199. Por otro lado, la sucesión de la persona afectada apeló la Sentencia Parcial que desestimó su reclamación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el DTOP. La sucesión sostuvo que la acción del Municipio de alterar la acera para estacionamientos no estaba cubierta por inmunidad. Ambos recursos, impugnando dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, fueron consolidados por el tribunal. Tras evaluar los fundamentos, el tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Municipio y MAPFRE. Asimismo, confirma la Sentencia Parcial apelada que desestimó la reclamación contra el Gobierno.

Resumen:

Kenneth Abraham Soto Cancel presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, relacionada con un caso de alimentos para los dos hijos procreados con Yesimar Rivera Acevedo. La resolución impugnada autorizó la matrícula del hijo mayor en un colegio privado y dispuso que los gastos escolares se pagarían conforme a dictámenes previos. El peticionario alega que el foro primario erró al autorizar la matrícula y ordenar el pago de gastos sin seguir las guías mandatorias para gastos suplementarios. También imputa errores en la apreciación de la prueba, incluyendo la determinación de consentimiento tácito y quién pagaba los gastos del colegio. La recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones a pesar de haber sido requerida. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la petición, deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari. El peticionario, Edgar J. García Ortiz, miembro de la Sucesión de Carlos Rafael Ortiz Sánchez, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su moción para desestimar con perjuicio una demanda presentada por el acreedor hipotecario. El peticionario, quien repudió la herencia, basa sus reclamos en su residencia en la propiedad, aunque no es el deudor. La parte recurrida presentó su oposición a la expedición del recurso. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional y extraordinaria del certiorari. El tribunal concluyó que el peticionario no demostró que el foro primario cometiera un error que justificara su intervención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202400178. La Resolución atiende una petición de Certiorari presentada por Paseo Las Palmas Homeowners Association, Inc. contra Allan Cao Jiménez y otros. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y trata sobre incumplimiento de contrato, entre otros asuntos. Tras examinar la petición de certiorari y el alegato de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari. Esta determinación se basa en las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La denegación no impide que los planteamientos de derecho sean presentados nuevamente en una eventual apelación. La Resolución fue acordada por el panel compuesto por los jueces Bermúdez Torres, Adames Soto y Aldebol Mora, siendo esta última la Juez Ponente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha resolución suspendió una vista señalada para el 3 de junio de 2024 debido a la incomparecencia del apelante, José D. Santiago Torres. El foro primario ordenó al señor Santiago Torres mostrar causa en cinco días por qué no debía desestimarse su demanda por incumplimientos constantes a las órdenes de comparecer representado por abogado. También le impuso el pago de un arancel de suspensión por su ausencia. El señor Santiago Torres había presentado una demanda en daños y perjuicios en 2019, representándose por derecho propio, relacionada con alegado trato indebido bajo la Ley de Salud Mental. Previamente, el TPI le había suspendido la autorrepresentación y ordenado contratar un abogado, decisión que el apelante recurrió sin éxito ante este Tribunal. Acogiendo el presente recurso como un *certiorari*, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la decisión recurrida. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal denegó la expedición del recurso de *certiorari* solicitado.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una Apelación Civil. La apelante, Karmín Rosado Martínez, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. El TPI concedió una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la parte apelada, Apolinar, LLC h/n/c La Hacienda Meat Center. La señora Rosado Martínez demandó a La Hacienda reclamando daños y perjuicios. Alegó que fue despedida injustificadamente de su empleo en el Banco Popular de Puerto Rico. Sostuvo que el despido se debió a información provista por La Hacienda sobre una alegada apropiación ilegal en su establecimiento. Reclamó indemnización por daños emocionales y pérdida de beneficios de retiro. La Hacienda negó que el despido fuera causado por su información, argumentando que resultó de una investigación interna del BPPR. La parte apelada también afirmó que su comunicación no identificó a la apelante y que esta admitió que sus daños provenían del despido del BPPR. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procedía la Sentencia Sumaria que desestimó la reclamación de la apelante.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una desestimación del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trataba sobre cobro de dinero e incumplimiento contractual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. La desestimación se basó en que la parte demandante no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120 días. El documento detalla los múltiples intentos fallidos de los demandantes para obtener y diligenciar los emplazamientos debido a errores procesales. El Tribunal de Primera Instancia advirtió repetidamente a los demandantes sobre el vencimiento del plazo. Al expirar el término sin que se lograra el emplazamiento, el Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar el caso. La parte demandante apeló esta decisión, y el Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la sentencia apelada.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Mandamus presentada por Glorymar Rodríguez Díaz contra la Junta Apelativa de la Autoridad de los Puertos. La peticionaria solicitó una orden para que la Junta adjudicara su apelación JA-22-05 y señalara vista para la apelación JA-22-09. La apelación JA-22-05 impugna la denegatoria de una reclasificación, y a pesar de haberse celebrado vista hace más de seis meses, la Junta no ha emitido decisión. La apelación JA-22-09 cuestiona una reclasificación y traslado posterior, alegado como represalia, cuya vista señalada fue cancelada indefinidamente por indisponibilidad de miembros de la Junta. El Tribunal determinó que la petición de Mandamus era procedente en cuanto a ambas apelaciones. Por consiguiente, el Tribunal declaró Ha Lugar el Mandamus, ordenando a la Junta Apelativa proceder con la resolución de ambos casos.

Resumen:

Los hermanos José y Jorge Cuevas Atiles apelan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Eva Feliberty Otero. La acción de daños se originó tras una declaratoria de herederos de su abuela, Sra. Consorcia Vera Nieves. Los apelantes alegaron que la apelada los omitió intencionalmente en dicho procedimiento, causándoles daños. Un panel anterior del Tribunal de Apelaciones ya había resuelto que la declaratoria de herederos, que nombró al hijo de la causante (padre de los apelantes) como único heredero, se ajustaba a derecho. Esto se debió a que el hijo estaba vivo al fallecer su madre, siendo el único llamado a heredar en ese momento. El panel anterior desestimó la impugnación de la declaratoria de herederos, pero devolvió el caso al foro primario para atender la acción de daños y la reconvención. En cumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de daños de los apelantes. La apelada argumentó que los daños reclamados se basaban en la supuesta omisión, cuya ilegalidad fue descartada por la sentencia apelativa previa. La presente apelación busca revocar la desestimación de la causa de acción por daños.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Western Building Management and Services, Inc. contra Won Management Inc. y otros en un caso de desahucio en precario. La apelante alegó ser dueña de un local comercial ocupado por los apelados bajo un contrato de arrendamiento vencido con el dueño anterior. Los apelados argumentaron que la titularidad del inmueble estaba en disputa en otro caso civil pendiente y solicitaron la consolidación o conversión a un procedimiento ordinario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de desahucio, ordenando a las partes continuar un pleito ordinario separado para dilucidar la controversia de titularidad, e impuso una fianza de \$500 para la apelación. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca el dictamen recurrido.

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Recurso de apelación, tratado como certiorari, contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El caso original fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Madrid contra Triple-S Propiedad por daños causados por el Huracán María. Durante el juicio, las partes llegaron a un acuerdo transaccional por \$1,200,000.00. El TPI ordenó el cierre del caso tras el acuerdo y requirió al Consejo de Titulares obtener la aprobación del mismo en asamblea según la Ley de Condominios. Slake, LLC y otros miembros de la Junta Directiva solicitaron intervenir en el pleito para dejar sin efecto el acuerdo, alegando vicios en el consentimiento de la presidenta. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de intervención, señalando incumplimiento procesal y la presunción legal de representación del presidente. Además, recordó la necesidad de la asamblea ya ordenada para validar el acuerdo. Slake, LLC apeló esta determinación, y el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de cobro de dinero. Candel Coop. apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. La controversia principal gira en torno a la cuantía de los honorarios de abogado concedidos. La Cooperativa alegó que el foro primario erró al no aplicar la cláusula contractual que pactaba un 33% de la deuda para honorarios. El Tribunal de Primera Instancia había concedido una suma menor a la estipulada en el pagaré. La apelante argumentó que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben respetarse. El Tribunal de Apelaciones consideró los principios sobre la validez de los contratos y las cláusulas penales. Se discutió la facultad judicial para atemperar dichas cláusulas bajo ciertas condiciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división y liquidación de herencia. La apelación fue presentada por José Luis Díaz Cotto y otros contra José Luis Díaz Polo. Los apelantes solicitaron la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia, emitida el 28 de febrero de 2024, autorizó el desistimiento sin perjuicio de la demanda instada por el apelado. La demanda original buscaba la liquidación del caudal hereditario de Margarita Polo Martínez. Las partes tenían controversias sobre la inclusión y valoración de bienes, incluyendo una propiedad donada. El Tribunal de Apelaciones evaluó los fundamentos presentados por las partes. Por los motivos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia impugnada del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de AAA Car Rental (Allied) contra Jenny Ortega Woltke. La apelación fue presentada por la señora Ortega Woltke para revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia se dictó en un caso de cobro de dinero y incumplimiento de contrato iniciado por Allied. Allied reclamaba a la señora Ortega Woltke la suma de \$17,637.60 por daños a un vehículo rentado tras un accidente. La demanda se basó en alegaciones de que la señora Ortega Woltke no presentó querella policial ni pagó el deducible, haciéndola responsable total según el contrato. Allied solicitó y obtuvo autorización para emplazar a la señora Ortega Woltke por edicto, alegando que estaba fuera de Puerto Rico. Tras la publicación del edicto y la falta de contestación, Allied solicitó y el TPI anotó la rebeldía y dictó sentencia. La señora Ortega Woltke solicitó reconsideración, la cual fue denegada, llevando al recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, decidió revocar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Dental Warehouse, Inc. y Whitehall International CORP. Las apelantes solicitaron la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda sobre Cobro de Dinero. La demanda original reclamaba una deuda de \$97,622.84 por la compraventa de productos dentales contra Nesco Health Care Corp., Nesco Dental Supply, LLC y Néstor Santiago Rivera. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Además, el Tribunal de Primera Instancia determinó temeridad por parte de las demandantes (ahora apelantes) e impuso el pago de \$5,000.00 en honorarios de abogados. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal del caso, incluyendo la celebración del juicio en su fondo. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Se consolidan dos recursos judiciales provenientes del mismo caso en el Tribunal de Primera Instancia: un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Trujillo Alto y MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY, y un recurso de apelación de la Sucesión de Don Orlando Olivera Rodríguez. El certiorari impugna la Resolución del TPI que denegó la solicitud de sentencia sumaria del Municipio y MAPFRE en una demanda por daños. La apelación impugna la Sentencia Parcial del TPI que desestimó con perjuicio la reclamación de la Sucesión contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento de Transportación y Obras Públicas). La demanda original fue presentada por la Sucesión tras una caída sufrida por Don Orlando Olivera Rodríguez. El Municipio y MAPFRE argumentaron falta de jurisdicción y deber legal sobre el lugar del accidente. La Sucesión alegó que el Municipio realizó un acto intencional al alterar la acera. El tribunal procede a consolidar ambos recursos. Se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Municipio y MAPFRE. Se confirma la Sentencia Parcial apelada que desestimó la reclamación contra el Gobierno.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial presentada por Luis G. Olivo Ortiz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Olivo Ortiz, compareciendo por derecho propio, busca la revisión relacionada con su sentencia impuesta por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Alega haber enviado una carta al Departamento solicitando su hoja de liquidación de sentencia y la aplicación de las Leyes 87-2020 y 85-2022. El recurrente sostiene que el Departamento no respondió a su solicitud ni le proveyó el documento. El Tribunal observa que el expediente no contiene una respuesta del Departamento a la carta del recurrente ni decisión administrativa alguna sobre el asunto. La sentencia procede a discutir la jurisdicción limitada del Tribunal, la cual se restringe a revisar decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos administrativos. Este análisis jurisdiccional es fundamental para la evaluación del caso por parte del Tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. El caso concierne la expulsión del ex agente Alex Cuevas Quiles del Negociado de la Policía. La expulsión se basó en un resultado positivo a THC en una prueba de dopaje. El recurrente alegó poseer autorización para el uso de cannabis medicinal. Apeló la decisión ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). El Negociado de la Policía solicitó y obtuvo una resolución sumaria de desestimación de la apelación ante la CIPA. La CIPA confirmó su decisión al denegar la reconsideración solicitada por el ex agente. El recurrente presentó entonces una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen de la CIPA.

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Julio Sotolongo Pérez, un confinado cumpliendo una sentencia de 33 años, apeló la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta evaluó su caso en enero de 2024 y emitió su decisión en febrero, basándose en varios factores. Entre las razones para la denegación se incluyeron un detainer federal de inmigración y una revaluación psicológica que recomendó tratamiento individual para áreas de riesgo. La Junta refirió a Sotolongo Pérez a tratamiento y programó una nueva evaluación para enero de 2025. Inconforme, el confinado presentó una moción de reconsideración, alegando que la Junta interpretó erróneamente la evaluación psicológica y que las terapias recomendadas no estaban disponibles. Al no obtener respuesta, acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la denegatoria. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Un miembro de la población correccional, Daniel Ruiz Rivera, solicitó revisión judicial de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Había solicitado servicios religiosos y artículos relacionados con su fe Santería y Palería, buscando específicamente un capellán y artículos religiosos como collares. El DCR respondió inicialmente que estas prácticas no eran religiones oficiales en Puerto Rico y carecían de representación, pero afirmó que le habían proporcionado algunos artículos como libros, imágenes, pulseras y collares. También indicaron que consultarían con la capellanía central sobre su solicitud de servicios. Ruiz Rivera solicitó reconsideración, y el DCR indicó que el recurso relevante no estaría disponible hasta mayo. Insatisfecho, apeló ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando esencialmente un capellán para su religión. El DCR informó al tribunal que la solicitud del collar había sido atendida y que los servicios religiosos estaban siendo gestionados. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión apelada del DCR.

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El caso trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre servicios de educación especial para la menor D.R.G. La madre de la menor solicitó la reactivación de su hija en el Programa de Educación Especial tras regresar a la isla. Ante la alegada falta de respuesta del Departamento de Educación (DEPR), presentó una querella administrativa. Se celebró una reunión del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) donde se ofrecieron alternativas de escuelas públicas, las cuales la madre rechazó, matriculando posteriormente a la menor en una escuela privada. El Foro Administrativo de Educación Especial desestimó la querella por falta de jurisdicción, argumentando que las leyes federales prohíben querellas cuando los padres matriculan unilateralmente a la menor en una escuela privada. La recurrente apeló esta decisión, alegando errores del foro administrativo al desestimar y al concluir sobre la oferta de ubicación sin vista evidenciaria. El DEPR, aunque argumentó sobre las leyes federales, informó que las reuniones de COMPU continuaron y propuso devolver el caso al foro administrativo. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Foro Administrativo que desestimó la querella y devolvió el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Ivonne Mojica Agosto contra el Negociado de la Policía. La señora Mojica Agosto recurrió la resolución del Negociado de la Policía que confirmó la revocación de su licencia de armas, permiso de portación y permiso de tiro al blanco. La revocación se basó en una convicción previa encontrada en los sistemas digitales del Negociado. La recurrente había obtenido previamente resoluciones judiciales en 2009 y 2018 ordenando la eliminación de su récord penal relativo a dichas convicciones. Tras una vista administrativa, el Negociado de la Policía mantuvo la determinación de revocar las licencias. La señora Mojica Agosto solicitó la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el dictamen recurrido. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Negociado de la Policía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202301097. BBS Developers S.E. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$24,018.74 por concepto de intereses moratorios a SM Electrical Contractors S.E. Esta controversia sobre intereses surgió tras una Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones (KLCE202300522) que confirmó la deuda principal de \$61,247.14 y remitió el caso al foro primario para adjudicar únicamente los intereses. El Tribunal de Primera Instancia, tras examinar los argumentos de las partes, declaró Ha Lugar la solicitud de SM Electrical para la imposición de intereses moratorios. BBS Developers alegó error al aplicar intereses, argumentando la cancelación unilateral del contrato por SM Electrical y la falta de pacto expreso sobre intereses para ciertas cuantías. SM Electrical sostuvo que los asuntos planteados por BBS Developers ya habían sido resueltos en la Sentencia apelativa anterior. Tras examinar los argumentos presentados en la apelación, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Un recurso de certiorari fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida en una Minuta. Dicha orden, dictada en un pleito sobre deslinde, reivindicación y daños, dispuso que el peticionario cesara de usar la entrada de la parte demandada. El foro primario advirtió sobre posible arresto en caso de incumplimiento de la orden. El peticionario solicitó reconsideración de la orden, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores relacionados con el debido proceso de ley y abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. La corte apelativa determinó que carecía de jurisdicción para atender la controversia planteada. Por consiguiente, el recurso de certiorari fue desestimado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una Revisión Administrativa presentada por Melvin Martínez Mercado. El recurrente impugnaba la decisión del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha decisión confirmó la denegatoria de beneficios de seguro por desempleo. La agencia determinó que el recurrente era inelegible según la Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo. La ineligibilidad se basó en su despido del Departamento de Educación por violaciones a normas laborales. Tras una audiencia ante un Árbitro, se confirmaron los hechos y la ineligibilidad. El Secretario del Trabajo ratificó esta determinación en apelación. El recurrente alegó despido injustificado y violación a su debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. Los peticionarios solicitaron la revisión de varias Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso ex-parte de administración judicial de bienes. El caso original trata sobre el nombramiento de un administrador para el caudal relicto de Víctor Armando Peralta Piccó. El Tribunal de Primera Instancia, al atender diversas mociones de los peticionarios, determinó que las controversias relativas a la cuota viudal usufructuaria y la partición final de la herencia debían ventilarse en un pleito independiente. También resolvió que las solicitudes de información o desembolso debían canalizarse a través de la administradora judicial o requerían el acuerdo de todos los herederos. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, examinó un Recurso de Certiorari presentado por Jorge Carlo Sánchez Marchosky contra FIRSTBANK DE PUERTO RICO. El recurso proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca del Tribunal de Primera Instancia. La parte peticionaria alegaba, principalmente, que el foro primario no había ordenado la mediación compulsoria. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que el peticionario no logró demostrar que el tribunal de instancia hubiera cometido error alguno que justificara su intervención. Se constató que el foro primario sí ordenó la mediación compulsoria en varias ocasiones. El proceso de mediación no se completó debido a que el peticionario presentó documentos insuficientes y no compareció a una vista. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Combe Products, Inc. Combe busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, incoado por Norma Iris Ortiz Silva. La señora Ortiz Silva fue despedida por alegado abandono de trabajo tras ausentarse, pero ella sostiene que envió una excusa médica por correo electrónico. Alegó que no pudo llamar a su supervisor debido a la falta de cobertura celular. Combe solicitó la producción de los registros telefónicos de la señora Ortiz Silva para verificar esta alegación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la petición de Combe para obtener dichos registros. Combe recurrió esta decisión interlocutoria mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari. La denegatoria se fundamenta en que la resolución recurrida es interlocutoria dentro de un procedimiento sumario de reclamaciones laborales bajo la Ley Núm. 2.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400097. Universal Insurance Company apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito que le declaró responsable por daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Cesarina Martínez Brito tras un accidente de tránsito ocurrido el 18 de julio de 2019. La señora Martínez Brito alegó haber sufrido daños mientras realizaba labores de mantenimiento en la carretera, siendo impactada por un vehículo asegurado por Universal. El Tribunal de Primera Instancia encontró negligente al conductor asegurado y declaró Con Lugar la demanda contra Universal. Aunque la reclamación contra el conductor y su esposa fue desistida parcialmente, el caso continuó contra la aseguradora. Universal también apeló una orden que aprobó el memorando de costas de la demandante. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia y la orden apeladas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que encontró a Universal responsable. Sin embargo, modificó la orden relacionada con el memorando de costas presentado por la señora Martínez Brito.

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Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, apelada por el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP). El TPI declaró inconstitucionales el Artículo 4(j) de la Ley 182-1996 y el Artículo 3 de la Ley 113-2005. Estas leyes exigen la colegiación compulsoria en el COPEP como requisito para ejercer la profesión de productor de espectáculos en Puerto Rico. El foro primario concluyó que dicho requisito infringe el derecho constitucional a la libertad de asociación. El caso se originó con una demanda de Brutal, LLC y Manuel Morales Lema, quienes cuestionaron la validez de la colegiación obligatoria. Los demandantes alegaron que la ley violaba sus derechos individuales y afectaba sus negocios. Solicitaron sentencia sumaria argumentando la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria por no estar justificada por un interés apremiante del Estado. El TPI determinó que la colegiación obligatoria infringe el derecho de libertad de asociación de los demandantes, quienes no desean continuar colegiados. La Sentencia del TPI fue notificada el 15 de diciembre de 2023.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación salarial iniciado en 2002. La demanda involucra a casi trescientos demandantes contra Ethicon. Los peticionarios, Armando Sosa Cruz y otros, junto al recurrido Ethicon, impugnan la determinación del TPI de señalar la Conferencia con Antelación al Juicio y la vista en su fondo para el mismo día, con solo una hora de diferencia. Las partes habían solicitado una vista de estatus para discutir un complejo proceso transaccional en curso que involucra a numerosos demandantes y requiere aprobación gubernamental. Argumentan que la decisión del TPI impide el avance de la transacción y viola la Regla 37.5 de Procedimiento Civil. Dicha regla exige que la Conferencia con Antelación al Juicio se celebre al menos treinta días antes del juicio. Los peticionarios alegan que el TPI erró al no permitir la sustanciación del proceso transaccional y al obligar a ir a juicio a quienes buscan transigir. El recurso busca la revisión de la actuación del TPI ante estas circunstancias procesales y el estado del proceso transaccional.

Resumen:

Comparece Saudy E. García Miranda ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para intervenir en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico. La señora García Miranda alegó ser propietaria de una porción del inmueble hipotecado, adquirida mediante compraventas privadas no inscritas que datan de 1991, previas a la constitución de la hipoteca en 2005. Argumentó que dicha porción no pertenecía al deudor hipotecario al momento de gravar la propiedad. Banco Popular se opuso a la intervención, señalando que las transacciones privadas no estaban inscritas y que la compraventa de porciones no segregadas era inválida, protegiendo su derecho como tercero registral. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de intervención. Tras una reconsideración denegada, la señora García Miranda acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa las Sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, contra Jessibeth Hilerio López. La apelación se relaciona con violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22). El foro primario declaró culpable a la señora Hilerio López por conducir sin licencia, manejo negligente que causó muerte, manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes y penalidades por ocasionar muerte en esa condición. Los cargos surgieron de un incidente en febrero de 2021 en Aguadilla, donde la apelante, con .174% de alcohol en la sangre y sin licencia, provocó un accidente fatal al realizar un viraje indebido y rebasar una luz roja, resultando en la muerte de su hijo. Tras un juicio celebrado en abril de 2022, el tribunal la encontró culpable. Las sentencias apeladas, dictadas en mayo de 2022, impusieron penas de encarcelamiento de 13 años, 8 años (más multa), 6 meses y 6 meses por los distintos cargos. Este documento presenta el trasfondo fáctico y procesal de la controversia que el Tribunal de Apelaciones evaluará.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Universal Insurance Company y Popular Auto LLC contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de confiscación. El caso se relaciona con la ocupación de un vehículo por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, que resultaron en convicciones criminales. Los peticionarios impugnaron la confiscación, alegando que la notificación fue tardía según la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de sentencia sumaria, concluyendo que la notificación se realizó dentro del término legal. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la determinación. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una demanda del Municipio de Salinas y el DRNA contra el Ing. Ángel Rodríguez Sánchez y Miguel A. Flores Torres. El TPI revocó el Permiso de Uso 2019-279203-PUS-06518, emitido por el Ing. Rodríguez Sánchez, y ordenó al señor Flores Torres demoler obras sin permisos. La decisión del TPI se fundamentó en un informe de auditoría de la Junta de Planificación. Este informe, previamente confirmado por otro panel del Tribunal de Apelaciones, concluyó que el permiso fue emitido sin jurisdicción. La propiedad se ubica en zonas protegidas como "Barrera Costera" y "Distrito PR", donde la construcción está restringida o prohibida. La Junta de Planificación determinó que el predio es una reserva natural y que el 98% está en una zona sin construcción permitida. El Ing. Rodríguez Sánchez apeló la sentencia del TPI. Tras revisar el recurso, este panel del Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante este tribunal la apelación presentada por Universal Insurance Company y Restaurante China Temple contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia declaró "Ha Lugar" la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Esther García Jurado. García Jurado reclamó indemnización tras sufrir una caída en el estacionamiento del restaurante, alegando negligencia por el mal estado del pavimento. El tribunal de primera instancia determinó que el restaurante no ejerció el debido cuidado, provocando la caída y los daños sufridos por la demandante. Consecuentemente, ordenó a la aseguradora el pago de $70,000 por daños físicos y $20,000 por daños emocionales. Los apelantes solicitaron la revisión de este dictamen. Este tribunal, tras considerar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Pep Boys. La empresa solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. Dicha solicitud se presentó en un caso de alegado despido injustificado bajo la Ley 80. La parte recurrida, María del Carmen Guilfu Ñeco, demandó a Pep Boys alegando que fue despedida injustificadamente en septiembre de 2020 tras 25 años de servicio. Su despido parece estar relacionado con una investigación que realizó sobre las horas de trabajo y ponches de una asistente de gerencia. La señora Guilfu Ñeco alega que, tras entregar su investigación, fue acusada de arreglar fraudulentamente los ponches de la asistente y tener un acuerdo con ella, lo cual negó. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al entender que existían hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari y revoca el dictamen recurrido del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Resolución. La Resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Rafael L. Rodríguez Parilla. El peticionario busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre liquidación de herencia. En dicha sentencia, el TPI denegó parte de las sumas que el peticionario reclamó como colacionables a Roberto Rodríguez Parilla. El peticionario alegó que el TPI cometió errores al no considerar ciertas solicitudes, cuentas, transacciones y reclamos. El documento detalla el historial procesal del caso en el TPI, incluyendo demandas, mociones, sentencias parciales y el juicio en su fondo. Tras examinar el recurso de certiorari y los errores alegados, el Tribunal de Apelaciones emite su determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Carlos Juan Ralat Avilés contra Ridemar Developers, Inc. El apelante buscaba la revisión de una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Minuta, emitida el 23 de abril de 2024, desestimó la demanda del apelante sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. La demanda original alegaba que el apelado adeudaba $\$270,000$ por servicios de arquitectura. El Tribunal de Apelaciones observa que la Minuta Resolución apelada, aunque firmada, expresamente indicaba que el foro primario emitiría una sentencia posterior fundamentando su determinación. El recurso de apelación fue presentado el 7 de junio de 2024, antes de que se emitiera la sentencia formal anunciada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones concluye que la apelación fue presentada de forma prematura. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en una apelación sobre un caso de desahucio y cobro de dinero. La apelante, Monserrate Rosario Rosario, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El apelado, Oscar Crespo Pagán, adquirió una propiedad ocupada por la Sra. Rosario, quien no tenía contrato de arrendamiento ni pagaba canon. Tras la compra, el Sr. Crespo notificó a la Sra. Rosario para que desalojara y le informó que sería responsable de un pago mensual de \$400 si permanecía. La Sra. Rosario no desalojó, lo que llevó al Sr. Crespo a presentar una demanda. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Sr. Crespo, ordenando el desahucio de la Sra. Rosario y el pago de \$1,600 por uso pasado más \$400 mensuales hasta que desalojara. El Tribunal de Apelaciones revisó las determinaciones de hechos del tribunal inferior, que establecieron la falta de derechos propietarios de la Sra. Rosario y su continua ocupación a pesar de la notificación. El tribunal apelativo decidió modificar la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el caso KLCE202400547, una acción reivindicatoria procedente del Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios, Tauny Socorro Cano Guerrero y Giuseppe Pandolfi de Rinaldis, presentaron un recurso de certiorari. Solicitaban la revocación de Órdenes del Tribunal de Primera Instancia de mayo de 2024. Dichas Órdenes les requerían cumplir con una Resolución previa emitida el 17 de febrero de 2024. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. La falta de jurisdicción se debe a que el recurso fue presentado tardíamente. La Resolución original fue notificada el 20 de febrero de 2024. El término para apelar venció el 21 de marzo de 2024. El certiorari fue presentado el 20 de mayo de 2024, fuera del término jurisdiccional. Por tanto, el Tribunal carece de autoridad para atender el caso en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa del Departamento de Educación. El caso concierne a un menor con autismo (D.L.P.) cuya madre solicitó servicios de terapia psicológica para el programa de verano extendido. La madre argumentó que la interrupción de la terapia causaría regresión en las destrezas socioemocionales de su hijo, basándose en un informe psicológico. El Comité de Programación y Ubicación (COMPU) del Departamento denegó la solicitud, citando las buenas calificaciones académicas del estudiante. La madre presentó una querella administrativa ante el Departamento, solicitando la autorización de las terapias. El Departamento denegó la querella, reiterando que el estudiante no mostró regresión académica durante el año escolar, criterio que utilizan para el servicio extendido. Tras una vista administrativa, la Jueza Administrativa mantuvo la denegatoria. La madre apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal concluye que procede revocar la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial presentada por Triple-S Salud, Inc. contra una resolución de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La OCS determinó que Triple-S violó la Ley para el pago puntual de reclamaciones a proveedores de salud y la Regla Núm. 73 del Reglamento del Código de Seguros. Estas violaciones surgieron de una investigación iniciada por solicitud del Centro Médico del Turabo, Inc., que denunció prácticas dilatorias y obstáculos en los procesos apelativos de reclamaciones de Triple-S. Entre los señalamientos se incluyeron la falta de fundamentos en las decisiones, el anonimato del foro apelativo y la imposición de términos indebidos. La OCS, tras investigar miles de reclamaciones, ordenó a Triple-S cesar las prácticas proscritas, ajustar sus procesos al ordenamiento legal y le impuso una multa de $50,000. Se encontró que Triple-S requería a los proveedores agotar mecanismos operacionales internos, como ajuste y reconsideración, antes de acceder al proceso formal de apelación. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la resolución de la OCS.

Resumen:

La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. ASUME solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que desestimó su alegación de falta de jurisdicción. El caso se relaciona con una pensión alimentaria originalmente establecida por un tribunal en Florida en 2008, ya que el padre residía en dicho estado. Años después, en un caso de divorcio en el TPI de Ponce, este foro emitió órdenes relacionadas con la pensión, incluyendo la fijación de una nueva pensión provisional en 2024. ASUME argumentó que el TPI de Ponce no tenía jurisdicción para dictar estas órdenes, ya que la jurisdicción exclusiva recaía en el tribunal de Florida que emitió la orden original. El TPI de Ponce declaró No Ha Lugar la moción de ASUME. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los dictámenes emitidos por ambos foros. Determinó que el TPI de Ponce carecía de jurisdicción para intervenir con la orden de alimentos. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari y revocó la Resolución recurrida del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños. Sunnova Energy Corporation solicitó mediante Certiorari la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó la Moción In Limine de Sunnova. Sunnova buscaba excluir prueba documental sobre daños especiales presentada por la parte demandante. Alegaba que estos daños no fueron debidamente detallados en la demanda original conforme a la Regla 7.4. La prueba en cuestión incluía facturas y un cheque relacionados con la adquisición e instalación de un generador eléctrico y estructuras asociadas. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de Certiorari. Esto valida, por el momento, la decisión del foro primario de permitir la prueba de daños especiales.