Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 58)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un recurso de revisión administrativa presentado por Enrique H. Questell Alvarado, exalcalde de Santa Isabel. El Sr. Questell solicitó la revisión de una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG lo encontró responsable de violar el Artículo 5.6 de su Ley Orgánica por incumplir con un requerimiento de información financiera adicional. Dicho requerimiento se relacionaba con sus informes financieros de los años 2016 y 2017. La OEG solicitó detalles sobre su participación e ingresos en Aquamak Corp., cuentas bancarias, varias propiedades (algunas no reportadas) y deudas. La resolución de la OEG adoptó el informe de la Oficial Examinadora, imponiendo una multa de $5,500 y ordenando al Sr. Questell presentar la información requerida. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida de la OEG.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de revisión administrativa instado por AEQUITAS, LLC contra la Junta de Planificación. El recurso original impugnaba la validez del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había declarado nulo dicho reglamento mediante sentencia del 4 de marzo de 2020. La Junta de Planificación recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo mediante certiorari. El Tribunal Supremo expidió el auto el 21 de junio de 2023. La decisión del Supremo dejó sin efecto la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo ordenó la desestimación de la solicitud de revisión presentada por AEQUITAS, LLC. En cumplimiento con el mandato del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones desestima la Solicitud de Revisión.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. Deborah Lynn Lizza solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. El TPI dictaminó el 19 de marzo de 2024 que la señora Lizza quedó relevada de sus funciones como albacea desde el 22 de enero de 2024. Le concedió 45 días para presentar su informe final y ordenó a las partes designar un administrador de la herencia. El caso se originó por una demanda de la madre del causante (luego sustituida por sus hijos), co-herederos junto a la señora Lizza. La demanda solicitaba la remoción de Lizza como albacea por supuestas violaciones a sus obligaciones. El testamento designaba a Lizza como albacea "sin límite de tiempo". La parte demandante argumentó que el Código Civil impone un plazo de un año si no se fija uno, y Lizza había excedido ese término desde su aceptación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución del 12 de julio de 2024, denegó expedir el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de certiorari presentada por Yvette Marrero Rubio. Marrero Rubio busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El caso subyacente trata sobre la liquidación de una supuesta comunidad de bienes entre Marrero Rubio y el causante, Luis Fernando Martínez Yordán. Marrero Rubio alega derechos sobre bienes muebles e inmuebles adquiridos durante su convivencia con el causante. La recurrida, Beverly Yordán Segarra, madre y heredera del causante, niega la existencia de dicha comunidad de bienes. Yordán Segarra sostiene que los bienes fueron adquiridos únicamente por su hijo y la acusa de disponer de activos hereditarios. La controversia incluye un bien inmueble, un negocio y otros bienes muebles. Tras evaluar los antecedentes del caso, incluyendo las alegaciones y reconvención de las partes, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión mantiene la validez de la Orden del foro primario que rechazó el relevo de sentencia solicitado por Marrero Rubio.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La Cooperativa de Viviendas Rolling Hills solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina. El TPI había revocado la decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa de expulsar al socio Antonio A. Rivera Matos. Además, el TPI ordenó una nueva notificación y vista para el proceso de baja del socio. El trasfondo incluye una resolución previa de la Junta de Directores imponiendo penalidades y probatoria al socio por conducta indebida. Posteriormente, se le citó a una vista por incumplimiento de pago y violación de probatoria, a la cual no compareció. La Junta de Directores procedió con la expulsión (o acción relacionada con la unidad). El socio impugnó la decisión alegando falta de notificación y debido proceso. La Junta de Directores consideró su impugnación como reconsideración y la denegó. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la determinación del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en los casos consolidados KLCE202400618 y KLCE202400629. Los peticionarios, Yahaira Valentín Andrades y José G. Rodríguez Rodríguez, recurren mediante certiorari. Buscan dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró No Ha Lugar sus mociones de desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Los peticionarios enfrentan cargos por incumplimiento del deber (Art. 262 CP) y malversación de fondos públicos (Art. 264 CP). Sus mociones de desestimación alegaban que la determinación de causa para acusar fue contraria a derecho o careció de prueba. Argumentaron errores del foro primario en el manejo de la prueba, incluyendo conocimiento judicial y admisibilidad de informes de Contralor. También cuestionaron la configuración de elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega los recursos de certiorari presentados por ambos peticionarios.

Resumen:

Lighting Electric Energy Solar, Inc. (LEESI) solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona. La acción original fue presentada por Orlado Ortiz Báez contra Israel Ocasio y partes desconocidas, siendo LEESI añadida posteriormente mediante enmienda a la demanda. Tras intentos de emplazamiento personal y por edicto, se anotó la rebeldía de LEESI. LEESI presentó una moción alegando falta de jurisdicción por emplazamiento tardío y solicitando levantar la rebeldía. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de LEESI. LEESI recurrió esa determinación mediante un recurso de Certiorari ante este panel. El panel revisó la solicitud de LEESI. Por los fundamentos expuestos, se DENEGÓ el recurso de Certiorari presentado por LEESI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados (KLCE202400618 y KLCE202400629). Yahaira Valentín Andrades y José G. Rodríguez Rodríguez recurren la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha determinación declaró No Ha Lugar sus mociones de desestimación presentadas al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Los peticionarios enfrentan cargos por infracción a los Artículos 262 (incumplimiento del deber) y 264(b) (malversación de fondos públicos) del Código Penal de 2012, relacionados con hechos de marzo de 2016. Tras una vista preliminar, el foro primario encontró causa para acusar a ambos. Los peticionarios solicitaron la desestimación alegando que la determinación de causa fue contraria a derecho y hubo ausencia total de prueba de elementos del delito. El señor Rodríguez, en particular, argumentó sobre errores en el conocimiento judicial, pertinencia de la prueba, denegación de evidencia favorable y la configuración de los elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega los recursos de certiorari presentados por ambos peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Rolando Ferrao Rivera. El peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido para revocar su sentencia condenatoria de 2003. Arguyó que su convicción no fue producto de un veredicto unánime y que tenía derecho a la aplicación retroactiva de la norma establecida en *Ramos v. Louisiana*. También planteó violaciones al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari. La petición incumplió sustancialmente con las reglas de procedimiento relativas al contenido y forma de los escritos. El peticionario no proveyó documentación para verificar la oportunidad de la presentación ni incluyó documentos esenciales como la acusación o la sentencia. Además, sus propias aseveraciones sugieren que la sentencia es final y firme, lo que impide la aplicación retroactiva de la norma de unanimidad bajo el ordenamiento actual. Por tanto, el Tribunal no identificó fundamentos jurídicos para ejercer su facultad revisora.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Las partes apelantes, incluyendo JB International Corp. y Jorge Bared Rodríguez, recurren de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución denegó una moción de reconsideración presentada por los apelantes. El caso original fue una demanda de cobro de dinero presentada por Banco Popular de Puerto Rico basada en un pagaré. Los apelantes habían solicitado la desestimación argumentando que la deuda era de naturaleza mercantil y prescribía bajo el Código de Comercio. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación y la posterior moción de reconsideración. En apelación, los apelantes alegaron errores del foro primario al no clasificar la transacción como un acto de comercio y al considerar la prescripción. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso como un Certiorari. La parte apelada, Banco Popular, no presentó su posición. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico demandó a Agaia Latin America, Inc. y otros co-demandados por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecución de gravamen. La acción se basó en el alegado incumplimiento de Agaia en el pago de un financiamiento de \$706,800.00, garantizado solidariamente por los demás demandados. El BDE alegó que Agaia dejó de cumplir con los pagos mensuales y otras obligaciones contractuales, como la entrega de estados financieros o la cesión de cuentas por cobrar. Ante el incumplimiento, el BDE declaró la deuda vencida y procedió a reclamar su pago por la vía judicial. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en contra de los demandados. Estos apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras evaluar los fundamentos, el panel del Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión presentado por Deloitte \& Touche LLP. El recurso impugna una determinación relacionada con la solicitud de propuestas COR3-RFP-2024-01 para servicios profesionales de cierre de proyectos de recuperación por desastre. Las recurridas son la Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3) y la Autoridad de Alianzas Público Privadas. El Tribunal había concedido a las recurridas un término para oponerse a la expedición del auto, el cual venció sin que comparecieran. No obstante, el Tribunal denegó de plano el auto solicitado por Deloitte \& Touche LLP. La resolución fue emitida el 11 de julio de 2024 y hace referencia al Artículo 20(b) de la Ley de Alianzas Público-Privadas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión judicial procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurso fue presentado por Luis Freire Div. of K.M.A. Associate of PR, Inc., buscando revocar una Resolución del DACo que le ordenaba un pago de \$3,500.00 y realizar arreglos. La Resolución del DACo, notificada el 29 de abril de 2024, permitía solicitar reconsideración por correo postal o presencialmente. La parte recurrente presentó su moción de reconsideración electrónicamente a través del sistema SIAC el 17 de mayo de 2024. La parte recurrida se opuso, alegando que la presentación electrónica no cumplía con los requisitos de la Resolución y que la agencia carecía de jurisdicción. No consta en el expediente una resolución del DACo sobre la moción de reconsideración. La parte recurrente instó el recurso de revisión asumiendo un rechazo tácito. El Tribunal determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se fundamenta en que los recursos presentados prematura o impropiamente adolecen de un defecto insubsanable que priva al tribunal de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución Final Parcial y Orden emitida por la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La controversia principal gira en torno a una reclamación de pago de horas extras presentada por empleados gerenciales de la Autoridad. La decisión de la Junta de Apelaciones desestimó la apelación de veintisiete empleados, pero ordenó que dieciséis empleados adicionales fueran incluidos en conversaciones transaccionales sobre sus reclamaciones. Este caso se remonta a 1994, cuando se presentó una apelación de clase alegando desigualdad en la jornada laboral y solicitando compensación por horas trabajadas en exceso de 7.5 diarias. El pleito ha tenido un largo historial administrativo y judicial, incluyendo intervenciones previas de este Tribunal. La Autoridad de Carreteras recurrió la resolución más reciente de la Junta de Apelaciones ante esta Curia. No obstante, el Tribunal de Apelaciones adelanta la desestimación de este recurso de revisión judicial. La base para esta desestimación es la determinación de falta de jurisdicción.

Resumen:

Víctor M. Ayala Tanco recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras la denegatoria de libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta denegó el privilegio el 11 de diciembre de 2023, citando, entre otras razones, antecedentes penales, falta de oferta de empleo y evaluación psicológica reciente. Ayala Tanco solicitó reconsideración a la Junta el 9 de enero de 2024. La Junta no emitió una determinación sobre la solicitud de reconsideración dentro del término legal. Ante la falta de respuesta, Ayala Tanco presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 29 de abril de 2024. La Junta recurrida solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el recurso fue presentado tardíamente, resultando en falta de jurisdicción del Tribunal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de desestimación. Finalmente, el Tribunal declaró Ha Lugar la solicitud de la Junta. En consecuencia, desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Resumen:

Se trata de una Solicitud de Revisión Judicial presentada por PROSOL-UTIER Capítulo Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. La parte recurrente impugna una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. En dicha determinación, el Secretario denegó la petición de PROSOL para ser certificada como organización bona fide. La certificación buscaba agrupar a cincuenta y cuatro (54) empleados del CRIM para autorizar el descuento de cuotas sindicales bajo la Ley Núm. 139 de 1961. El Secretario fundamentó su negativa en que el Director Ejecutivo del CRIM carece de facultad legal para realizar dichos descuentos. Argumentó que la Ley Núm. 139-1961 solo autoriza a los alcaldes para empleados municipales. Además, señaló que el Código Municipal trata al CRIM como entidad independiente y su Director no es "Autoridad Nominadora" para este fin bajo la ley aplicable. El DTRH, como parte recurrida, solicitó al tribunal confirmar la determinación del Secretario. El tribunal ha dado por perfeccionado el recurso con las comparecencias de las partes.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Diosdado González Rivera en revisión judicial contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna la denegación de su solicitud de remedio administrativo por parte del DCR. Dicha solicitud se originó tras un traslado institucional que, según alegó, interrumpió su plan de rehabilitación y afectó sus bonificaciones. Específicamente, sostuvo que el traslado le impidió continuar sus estudios universitarios en Caribbean University. Argumentó que la institución de destino no albergaba confinados de su clasificación de custodia mínima, lo que impidió su acceso a los servicios educativos. González Rivera solicitó la restitución de bonificaciones por el tiempo de estudio perdido y medidas para retomar su educación. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó sus reclamos. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La peticionaria buscaba paralizar los procedimientos en el foro primario y revocar una resolución que le negó la sustitución de su perito médico. Alegaron que su perito original no estaba disponible debido a que se mudó, padecía condiciones de salud y existían posibles conflictos de interés relacionados con el hospital codemandado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, considerando que las razones no eran convincentes ni existía un conflicto real. Argumentó que la sustitución era irrazonable a semanas del juicio, en un caso de 2018 con amplio descubrimiento y costos incurridos. El foro primario concluyó que la sustitución implicaría reabrir el descubrimiento, afectando la buena marcha del proceso. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que no se justificaba su intervención. Concluyó que no concurrían los criterios reglamentarios para expedir el auto de certiorari, denegando así la solicitud.

Resumen:

Resolución judicial del 11 de julio de 2024 que atiende un recurso de Certiorari presentado por Vladimir Ilich Vázquez Claudio. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón del 8 de abril de 2024. Dicha Orden le anotó la rebeldía al señor Vázquez Claudio y dispuso la continuación de los procedimientos ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias para una vista final en rebeldía. La rebeldía fue declarada por incumplimiento de órdenes previas del tribunal primario. La parte recurrida, Ana Yvette Cacho González, no presentó su posición sobre los méritos del recurso a pesar de haber sido notificada. Por ello, el tribunal da por perfeccionado el recurso. El caso subyacente se inició en mayo de 2021 con una petición de custodia monoparental y alimentos presentada por la señora Cacho González. Ella alegó violencia doméstica, falta de sustento económico por parte del padre y su incapacidad para ejercer la custodia. El señor Vázquez Claudio contestó la demanda negando las alegaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado en un caso de liquidación de comunidad de bienes tras un divorcio. El peticionario, Juan Carlos González Zayas, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de junio de 2024. La orden del TPI prohibía al peticionario disponer de un bien inmueble situado en la República Dominicana y le exigía permitir su tasación. La demandada, Lydia Alexandra Fullana Morales, había solicitado la orden alegando que la propiedad era ganancial. El caso de liquidación original involucraba la división de muebles, un reloj, deudas y mejoras. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal decidió expedir el auto solicitado. La sentencia del Tribunal de Apelaciones modifica la orden del TPI. Específicamente, declara nula la parte de la orden que prohibía al señor González enajenar el bien inmueble ubicado en la República Dominicana.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Ismaiva Rodríguez Mateo. La peticionaria impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia provisional de un menor y suspendió las relaciones maternofiliales. El tribunal apelativo, como asunto de umbral, procedió a examinar su propia jurisdicción para atender el recurso. Se constató que la peticionaria había presentado previamente una moción de reconsideración ante el foro primario. El recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue instado mientras la resolución sobre la moción de reconsideración aún no había sido notificada. La notificación de la resolución que denegó la reconsideración ocurrió al día siguiente de la presentación del certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que la presentación del recurso fue prematura. Por tanto, el tribunal concluyó que carece de jurisdicción para considerar los méritos del caso en este momento procesal. El recurso de certiorari es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Joseph Acevedo Maldonado, miembro de la población correccional, presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre su solicitud de recibir pan integral como parte de su dieta especial. El recurrente adujo que, aunque recibía su dieta alta en fibra y sin irritantes, le faltaba el pan integral en la cena. Inicialmente, el DCR desestimó su solicitud por fútil, alegando falta de referido médico. Tras una solicitud de reconsideración, el DCR confirmó la desestimación, indicando que el recurrente debía verificar si el área médica había renovado el referido de la dieta. Inconforme, el señor Acevedo Maldonado acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando, entre otras cosas, que se ordenara a la compañía de catering explicar la falta del pan. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo y la determinación del DCR. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la determinación recurrida del DCR.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por María Engracia Torres Collazo. La peticionaria impugna resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre acción de deslinde y reivindicatoria. El pleito original fue iniciado por Julio Ángel Meléndez Pagán contra su vecina Ricarda Rosario Santiago por alegada invasión de terreno. Torres Collazo, copropietaria de la finca de Meléndez Pagán, solicitó intervenir en el caso, alegando interés y ser parte indispensable. La solicitud de intervención fue denegada por el foro primario, considerando que ya estaba anunciada como testigo y no era parte indispensable. También se denegaron mociones para desestimar el caso por falta de otros colindantes como partes indispensables. Torres Collazo recurrió, alegando error al denegar su intervención y al no incluir a los otros colindantes. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Miguel N. Reyes Vélez. El peticionario, quien cumple una sentencia de 88 años por violaciones al Código Penal y la Ley de Armas, solicitaba la modificación de su pena por considerarla excesiva e inusual. Sin embargo, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se basó en el incumplimiento de los requisitos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El peticionario no identificó la decisión específica que solicitaba revisar, no incluyó una relación fiel de hechos procesales y materiales, y no acompañó su escrito con el apéndice requerido. Estas omisiones impidieron al tribunal evaluar el caso y llevaron a la desestimación del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de apelación contra Gracia Esther Cadilla Cumey, relacionado con la Ley Contra el Acecho. Tras recibir una moción informando el fallecimiento de la apelante, el Tribunal solicitó confirmación a la Oficina del Procurador General. La parte apelada suministró información que certifica el deceso de la apelante, quien se encontraba confinada. El Tribunal toma conocimiento judicial del fallecimiento. Conforme a la Regla 83 de su Reglamento, el recurso de apelación se declara inacadémico. Por consiguiente, la apelación es desestimada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en un caso de revisión de decisión administrativa sobre alimentos, procedente de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). El recurrente, Eliezer Cordero Ortiz, presentó un recurso de apelación solicitando la revisión de sentencias de ASUME en Aguadilla. Sin embargo, el escrito no especificó las decisiones apeladas ni incluyó documentos o apéndices. El recurrente solo señaló un error relacionado con la imputación de un salario devengado en Estados Unidos. El Tribunal determinó que el recurso estaba defectuoso por incumplir con los requisitos de contenido y perfeccionamiento. La falta de especificación de la decisión apelada y la ausencia de documentación impidieron al Tribunal identificar la controversia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, al considerar que el defecto impedía asumir competencia sobre el asunto. La parte recurrida no fue requerida a comparecer.

Resumen:

Comparece el Sr. Ángel A. Ocasio Martín mediante recurso de certiorari solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden, emitida el 19 de marzo de 2024, requirió al Peticionario a descubrir información solicitada bajo pena de sanciones económicas. La controversia principal en el foro primario es una demanda sobre división y liquidación de comunidad de bienes y daños presentada por el Sr. Miguel Ángel Montes Torres. El Recurrido reclama el valor de remodelaciones pagadas en una propiedad privativa del Peticionario antes del matrimonio. El Peticionario se opone, alegando capitulaciones matrimoniales y la intención de las partes. Tras varios trámites procesales, incluyendo una moción de desestimación declarada No Ha Lugar, el TPI emitió la orden de descubrimiento que motiva el recurso. El panel de jueces procede a denegar la expedición del recurso de certiorari. Por tanto, se mantiene la orden del TPI que compelió al Peticionario a cumplir con el descubrimiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, José Esteban Alicea Fernández, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha orden le impuso el pago de \$7,600 por concepto de honorarios de abogado a favor de la parte recurrida, Leilani Cruz Narváez. El caso principal es un pleito de divorcio por ruptura irreparable, que incluye reclamaciones de pensión alimentaria para dos hijos menores y gastos de litigio. La madre había presentado mociones urgentes alegando incumplimiento del padre con la pensión provisional establecida. El foro primario ordenó determinar una cuantía numérica para la pensión y que el padre mostrara causa por desacato. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. No obstante, confirmó la orden del Tribunal de Primera Instancia que impuso los honorarios de abogado al peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. El litigio se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez entre las sucesiones de Pascual Martínez Padró y Ana María Sepúlveda Perea. El foro primario desestimó sin perjuicio la demanda principal debido al incumplimiento reiterado de los demandantes con órdenes judiciales, particularmente sobre la representación legal. La Sucesión Ana María Sepúlveda Perea, parte apelante y demandada original, apeló esta decisión. Esta parte había presentado una reconvención solicitando la partición y un crédito por mejoras a la propiedad heredada. La apelante argumentó que el caso debía continuar a pesar de la desestimación de la demanda principal. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado contra la sentencia desestimatoria. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por considerarla prematura.

Resumen:

El Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, actuando en representación de un adulto mayor abandonado, solicitó al Tribunal de Primera Instancia una orden de protección ex parte. El Tribunal de Primera Instancia, en lugar de conceder la orden inmediata, citó a las partes a una audiencia. El Hospital apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la demora ponía en riesgo la salud del adulto mayor y solicitando auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones solicitó información al Departamento de la Familia y revisó la grabación de la audiencia celebrada en Primera Instancia. El Departamento de la Familia informó que estaba evaluando el caso y había identificado una institución de cuidado sustituto para el adulto mayor. Tras considerar los procedimientos y la información, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso de apelación se había tornado académico. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el Hospital.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una petición de certiorari. El peticionario, Juan Francisco Torres Huertas, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha decisión denegó la moción de supresión de identificación presentada por el peticionario. El señor Torres Huertas también acompañó su recurso con una moción urgente solicitando la paralización de los procedimientos. La resolución explica que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional para revisar decisiones del TPI. La decisión de expedir el auto se guía por criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió no ejercer su discreción para expedir el auto. Fundamenta su determinación en la ausencia de criterios que justifiquen intervenir con la resolución del TPI que denegó la moción de supresión. Por lo tanto, se deniega la expedición del auto de certiorari. Asimismo, se deniega la Moción urgente solicitando paralización de procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones recibió un recurso de certiorari presentado por Synergy, LLC y Ivelisse Estrada Rivero. Las peticionarias solicitan la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la enmienda de una demanda. La orden recurrida fue notificada el 4 de marzo de 2024, y la reconsideración fue denegada el 31 de mayo de 2024. Las peticionarias alegan que la solicitud de enmienda fue tardía, presentada en noviembre de 2021 sobre una demanda de 2018, tras extenso descubrimiento. Argumentan que la enmienda altera radicalmente el caso y requiere nuevo descubrimiento, a pesar de mociones de sentencia sumaria pendientes. La parte demandante justificó la enmienda basándose en información obtenida recientemente de otro caso y análisis de respuestas financieras. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso de certiorari como un vehículo discrecional para corregir errores de derecho. Se mencionan la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones sobre los criterios para expedir el auto. El panel, compuesto por los jueces Sánchez Ramos, Rivera Torres y Salgado Schwarz, decidió declinar la invitación a intervenir con la discreción ejercida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Certiorari. La petición fue presentada por el Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce y ASSMCA, buscando revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia relativa al proceso de ingreso involuntario de Marialis Muñiz Gómez bajo la Ley Núm. 408-2000. La señora Muñiz Gómez había sido declarada no procesable en procedimientos penales previos bajo la Regla 240 e ingresada en el hospital forense. El Departamento de la Familia solicitó tratamiento compulsorio bajo la Ley Núm. 408-2000. Sin embargo, el equipo interdisciplinario del hospital no recomendó dicho tratamiento compulsorio en esa etapa. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de tratamiento y también denegó la petición de ASSMCA de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Tras evaluar la petición y la evidencia, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Efraín González Droz, Yessenia Candelaria y su sociedad de gananciales. Buscan revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original fue incoada contra Organic Med Growers, Inc. (y su sucesora) y el Secretario de Estado. Los apelantes alegaron ser accionistas mayoritarios de OMG. Denunciaron acciones corporativas ilegales relacionadas con el cambio de directores y la presentación de resoluciones en el Departamento de Estado sin su consentimiento. Sostuvieron que estas acciones les causaron daños y perjuicios, incluyendo la negación de acceso a las facilidades de la corporación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una moción de desestimación presentada por la parte apelada. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación del dictamen apelado, manteniendo la desestimación de la demanda.

Resumen:

Un recurso de revisión judicial fue presentado por un confinado solicitando la revocación de una determinación administrativa. El recurrente alegó que se le negó un medicamento recetado para una condición de la piel por parte de Physician Correctional y el Departamento de Corrección. El Tribunal de Apelaciones autorizó al recurrente a litigar por derecho propio y como indigente. Sin embargo, el tribunal encontró que el recurso incumplía sustancialmente con los requisitos reglamentarios. Específicamente, el recurrente no incluyó la orden, resolución o providencia administrativa cuya revisión solicitaba. Tampoco presentó documentos del expediente administrativo sobre la determinación recurrida. El tribunal destacó que el apéndice es crucial para la revisión apelativa y que su omisión impide considerar el recurso. Ante el incumplimiento procesal, el tribunal carece de jurisdicción para entrar en los méritos, por lo que el recurso fue desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue presentado por un vendedor contra compradores de un inmueble por incumplimiento de contrato, daños y desahucio. El vendedor alegó falta de pago de plazos acordados y un préstamo para gastos de cierre, solicitando la resolución del contrato y la devolución de la propiedad. Los compradores negaron la cuantía adeudada y el préstamo, aunque admitieron cierto incumplimiento, y argumentaron que el vendedor no podía resolver el contrato sin garantía hipotecaria. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente, concluyendo que los compradores habían pagado más de lo alegado y que el vendedor no tenía derecho a resolver el contrato. El Tribunal de Apelaciones determina que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver el caso de forma sumaria. Señala que existen incertidumbres fácticas en el récord sobre la cantidad exacta de pagos realizados y el acuerdo sobre los gastos de cierre. Concluye que, dependiendo de la resolución de estas cuestiones fácticas, el vendedor podría tener derecho a cobrar la deuda o a obtener la resolución del contrato. Por tanto, el caso no podía ser resuelto por la vía sumaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es la parte recurrente. La AEE objeta dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que rehusaron desestimar recursos apelativos instados por varios de sus empleados. Los empleados impugnaron acciones de movilidad notificadas por la AEE el 30 de mayo de 2023. Ante la CASP, la AEE solicitó la desestimación de las apelaciones de los empleados alegando incumplimiento con el reglamento procesal. La CASP emitió una orden declarando no ha lugar a la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones para impugnar esta determinación de la CASP. El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos presentados por la AEE. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestima los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial solicitada por Joel Hernández Santos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente pedía que se ordenara al DCR proveerle tratamiento dental. El DCR respondió al recurrente el 11 de marzo de 2024, indicando que sería citado a la clínica dental y cómo proceder en casos de urgencia. El señor Hernández no presentó una moción de reconsideración ante la agencia. El 8 de mayo de 2024, presentó una solicitud de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal examinó el expediente administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley establece un término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión judicial tras una orden final de agencia, salvo interrupción por reconsideración. Dado que la respuesta del DCR fue el 11 de marzo de 2024 y la revisión se presentó el 8 de mayo de 2024, el término de treinta días había vencido. El recurso fue presentado tardíamente, por lo que el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado con lugar una demanda para hacer cumplir una determinación final y firme del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha determinación requería al apelante, Manuel Orsini, pagar una suma de dinero más intereses a la apelada, Marisol Lucre Quiñones. El apelante presentó tres señalamientos de error, argumentando principalmente que la decisión de DACo no era final y que el TPI carecía de jurisdicción. También impugnó la imposición de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente. Determina que no se demostró vicio alguno en el proceso administrativo que impidiera la ejecución de la decisión de DACo. Por tanto, se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Dos partes, Caribe Physicians Plaza Corp. (CMC) y DUI Incorporado (DUI), apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha Sentencia determinó que DUI incumplió un contrato con CMC, permitiendo a esta última terminarlo anticipadamente sin penalidad. Sin embargo, el foro primario no concedió indemnización a CMC por no probar la cuantía de los daños. Los recursos de apelación, KLAN202400109 (CMC) y KLAN202400111 (DUI), fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El tribunal gestionó la presentación de la transcripción de prueba oral y concedió términos para la radicación de alegatos. DUI presentó su alegato suplementario y en oposición a la apelación de CMC, argumentando que la terminación contractual fue indebida y solicitando compensación. El Tribunal de Apelaciones concedió a CMC un término para presentar su alegato en oposición a los argumentos de DUI, preparando los casos para su decisión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre contra determinaciones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP se negó a desestimar apelaciones presentadas por empleados de la AEE. Dichas apelaciones impugnaban acciones de movilidad notificadas por la AEE el 30 de mayo de 2023. Los empleados fueron transferidos a otras agencias gubernamentales bajo leyes de transformación. La AEE solicitó la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP denegó la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE apeló esta decisión de la CASP ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los recursos presentados por la AEE. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en casos consolidados donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) figuraba como recurrente. La AEE objetaba dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Dichos dictámenes de la CASP habían denegado solicitudes de desestimación presentadas por la AEE. Estas solicitudes buscaban desestimar recursos apelativos instados por varios empleados de la AEE. Los empleados impugnaban una acción de movilidad que les fue notificada el 30 de mayo de 2023. La AEE argumentó ante la CASP que los empleados incumplieron con requisitos procesales al no incluir el medio de notificación de sus recursos. La CASP determinó no desestimar las apelaciones de los empleados, dando paso a la revisión por parte del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, al revisar los casos, desestimó los recursos presentados por la AEE. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamentó en la falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP se negó a desestimar apelaciones presentadas por empleados de la AEE. Dichos empleados impugnaron una acción de movilidad notificada el 30 de mayo de 2023. Esta acción implicaba su transferencia a otras agencias gubernamentales bajo leyes específicas. La AEE solicitó la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP denegó la solicitud de desestimación de la AEE. La AEE apeló esta determinación de la CASP ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolida los recursos presentados por la AEE. La sentencia del Tribunal de Apelaciones desestima los recursos de la AEE por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en casos consolidados. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurre contra dictámenes de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Los dictámenes de la CASP denegaron la desestimación de recursos apelativos presentados por empleados de la AEE. Estos empleados impugnan una acción de movilidad notificada el 30 de mayo de 2023. La AEE había solicitado la desestimación ante la CASP alegando incumplimiento procesal por parte de los empleados. La CASP determinó no desestimar las apelaciones de los empleados. La AEE presentó recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones objetando la decisión de la CASP. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por referirse al mismo proceso de movilidad. Tras revisar los recursos, el Tribunal desestima las apelaciones de la AEE. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender los recursos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que denegó la renovación de la licencia de urbanizador y/o constructor a C & C Management Holdings Corp. La denegatoria de DACo se fundamentó en el incumplimiento de la corporación con órdenes de la agencia y sentencias judiciales. Estas resoluciones requerían la corrección de vicios de construcción en el proyecto Urbanización Veredas del Mar. Se identificaron cinco querellas específicas que resultaron en sentencias judiciales entre 2017 y 2019, ordenando pagos y/o reparaciones. La corporación argumentó que no pudo cumplir debido a la supuesta obstrucción de residentes y la falta de liquidez tras perder la licencia. DACo rechazó estos argumentos, señalando que las sentencias eran anteriores a la caducidad de la licencia. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de DACo, ratificando la denegación de la renovación de la licencia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por José Vargas contra el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). El Sr. Vargas impugna una decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que denegó su reconsideración. La controversia se relaciona con una determinación previa de inelegibilidad para beneficios de desempleo bajo la Ley de Seguridad de Empleo. El recurrente recibió y gastó fondos que el NSE ahora reclama, alegando que no solicitó ese dinero sino desempleo. Admite haber presentado una apelación tardía ante el Departamento del Trabajo. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Vargas. La desestimación se fundamenta en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Aunque se le eximió del pago de aranceles por indigencia, el recurso es archivado sin trámite ulterior. La decisión original del NSE confirmó la inelegibilidad inicial y la resolución de la División de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera un auto de certiorari presentado por Miguel Ángel Carrasquillo Ramos. El peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas. Dicha orden declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración. En la moción, el peticionario pedía convertir una Vista de Conferencia con Antelación a Juicio en una Vista de Estado de los Procedimientos. Esta solicitud surgió tras asumir su propia representación legal en un caso sobre acción reivindicatoria y otros. El TPI había aceptado su representación pero mantuvo la fecha y tipo de vista original. El Tribunal de Apelaciones procede a denegar el auto de certiorari solicitado. La denegación se fundamenta en el carácter discrecional del recurso y las limitaciones para revisar órdenes interlocutorias.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El dictamen apelado es una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE fue incluida en el pleito por Incom Investment Corp. como aseguradora de Cosme Group LLC. Incom demandó originalmente a Maridian y Cosme por daños y perjuicios derivados de trabajos de impermeabilización alegadamente deficientes. Estos trabajos defectuosos habrían causado filtraciones y pérdidas en propiedades de Incom. Incom argumentó que la póliza de MAPFRE emitida a Cosme cubría los daños reclamados. MAPFRE solicitó sentencia sumaria, alegando que el incumplimiento contractual y los daños reclamados no estaban cubiertos por su póliza. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE, entendiendo que el evento no estaba cubierto. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determina revocar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Ana Oquendo Fernández apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia desestimó su demanda sobre daños y perjuicios presentada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La desestimación en primera instancia se basó en la alegación del ELA de que la notificación previa requerida por ley no cumplió con el requisito de especificar el lugar exacto del accidente. La Sra. Oquendo Fernández se opuso, argumentando que la notificación era adecuada y que el ELA no sufrió perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamenta en la falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato. La apelación fue presentada por Doris González Bonilla contra Walixsa Torres Rodríguez. El litigio se originó por un Contrato de Opción de Compra y Venta de un inmueble en Ponce. La Sra. Torres Rodríguez demandó alegando que la Sra. González Bonilla incumplió el acuerdo al negarse a formalizar la venta. Por su parte, la Sra. González Bonilla reconvino reclamando el pago por la ocupación de la propiedad por la Sra. Torres Rodríguez. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante (Sra. Torres Rodríguez) y desestimó la reconvención. La Sra. González Bonilla apeló dicha determinación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión del foro apelativo valida el dictamen que declaró el incumplimiento de contrato por parte de la vendedora y denegó la reclamación de la vendedora por supuesta ocupación gratuita.