Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 53)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una Petición de Certiorari presentada por Julio A. Vega Pacheco. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que autorizó a Vieques Air Link, Inc., parte recurrida, a tomar la deposición de dos testigos anunciados por Vega Pacheco. El caso subyacente trata sobre alegaciones de despido injustificado, hostigamiento laboral y represalias bajo las Leyes 2, 80 y 115. Vega Pacheco argumentó que el TPI erró al permitir esta ampliación del descubrimiento de prueba en un procedimiento sumario regido por la Ley 2. Sostuvo que la autorización contravenía las protecciones de la Ley 2 y que la parte recurrida no demostró la necesidad excepcional requerida para las deposiciones. Vieques Air Link había solicitado las deposiciones alegando necesidad para su defensa y para impugnar la credibilidad de los testigos. Tras examinar el legajo y los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Consideró que no procedía revocar la decisión del foro primario de autorizar las deposiciones.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando la expedición de un auto de Certiorari. Los peticionarios, Edwin Pérez Hernández y el Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza, impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración sobre una Solicitud de Orden en Torno a Parte Adicional con Interés. El litigio subyacente se inició por alegaciones de los peticionarios de que los recurridos (Paseo Caribe y Las Brisas) estorban el acceso público al Camino al Fortín San Jerónimo del Boquerón. Los peticionarios sostienen que los recurridos usan el camino para estacionamiento, contraviniendo acuerdos previos. El caso ha pasado por varias enmiendas a la demanda, incluyendo reclamaciones de sentencia declaratoria, injunction, incumplimiento de contrato, y acciones de servidumbre. En la Tercera Demanda Enmendada, los peticionarios añadieron una causa de acción de Nulidad de Escritura de Enajenación de Inmueble de Uso Público. Argumentaron que la venta de la parcela del camino es nula por ser un bien de uso público y pidieron la nulidad de las escrituras de compraventa e hipoteca. La solicitud para añadir una parte adicional se presentó tras esta tercera enmienda. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la solicitud de Certiorari contra la decisión del TPI.

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Sentencia de un tribunal de apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. El caso involucra a Eduardo Rubio Cartaya demandando a Nancy Dolores Méndez González y Nancy Carolina Devesa Méndez por un alegado contrato de compraventa de dos apartamentos por $2,000,000. Rubio Cartaya buscaba obligar a las vendedoras a otorgar las escrituras correspondientes. En el Tribunal de Primera Instancia (TPI), ambas partes solicitaron sentencia sumaria, pero el tribunal denegó ambas mociones, encontrando controversias sustanciales sobre hechos materiales. Las vendedoras apelaron mediante Certiorari, argumentando que el TPI erró al incluir una alegación de hecho no estipulada en sus determinaciones. El tribunal de apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Modificó el dictamen del TPI únicamente para eliminar el cuarto hecho determinado. Así modificada, la decisión del TPI fue confirmada, y el caso continuará en el foro primario para resolver las controversias fácticas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de certiorari presentado por el Pueblo contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Resolución recurrida había desestimado las acusaciones presentadas contra Luireyca Robles Cintrón. Dicha desestimación se basó en la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal. Las acusaciones imputaban a la recurrida violaciones a los Artículos 182 (Apropiación Ilegal Agravada) y 184(d) (Ratería) del Código Penal. Los cargos se relacionaban con dos incidentes de apropiación de mercancía en una tienda Marshall's en Bayamón, ocurridos en junio y diciembre de 2023. En ambos casos, el valor de la propiedad excedía los novecientos dólares. El Pueblo solicitó la revisión de la decisión desestimatoria del foro primario. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega la expedición de un auto de Certiorari solicitado por One Alliance Insurance Corp. La aseguradora recurre de una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por CCVA, Inc. sobre reclamaciones de seguro por daños causados por el Huracán María. El foro primario había excluido informes infrarrojos y el testimonio del ingeniero Juan Goyco Graziani, perito de One Alliance, y dio por probado el informe pericial de la parte demandante respecto a los daños del techo. CCVA demandó a One Alliance alegando daños estructurales y pérdidas de negocio millonarias, e incumplimiento del Código de Seguros por la aseguradora. One Alliance contestó negando las violaciones, afirmando haber consultado expertos y realizado una oferta, y atribuyendo parte de los daños del techo a antigüedad y falta de mantenimiento. La aseguradora solicitó reconsideración de la exclusión de su peritaje, la cual fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la petición de Certiorari, manteniendo la exclusión de la evidencia pericial de One Alliance.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso presentado por Vur Jer, LLC contra la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. El recurso impugna dos determinaciones relacionadas con un proceso administrativo sobre la renovación de una licencia de cannabis medicinal. Específicamente, Vur Jer apela la denegatoria de una solicitud de inhibición contra la Oficial Examinadora. También recurre una determinación de la Oficial Examinadora que impidió el testimonio de la Directora Ejecutiva de la Junta por considerarlo oneroso. La parte recurrente había solicitado previamente la revisión de la determinación sobre el testimonio, pero ese recurso fue desestimado por prematuro al no constar la decisión por escrito. En esta ocasión, el Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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Se revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que declaró "No Ha Lugar" una Querella presentada por una titular de condominio. La querellante impugnó decisiones de una asamblea de titulares, específicamente la aprobación simultánea de una reparación y una modernización para el mismo elevador, junto con una derrama asociada. Argumentó que la aprobación de ambas obras era contradictoria y nula, y que el condominio no debía incurrir en gastos sin garantía mientras imponía una derrama cuantiosa. La Junta de Directores del Condominio Ashford 890 negó las alegaciones, afirmando que las obras fueron aprobadas legalmente. DACO, tras una vista administrativa, estableció que la asamblea aprobó tanto la reparación por hasta \$30,000 como la modernización por \$140,000, financiada esta última con una derrama de nueve meses. La querellante votó en contra de estas propuestas, pero fueron aprobadas por mayoría. A pesar de que la reparación ya se había realizado, la querellante mantuvo su argumento sobre la contradicción de aprobar ambos trabajos simultáneamente. DACO desestimó la querella. El tribunal, al revisar la decisión de DACO, confirma la Resolución recurrida.

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Se trata de la Sentencia de un recurso de apelación presentado por Javier Navarro Torres ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Navarro Torres solicitó la revocación de la determinación de culpabilidad y la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 20 de marzo de 2023. Los casos originales involucran cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, relacionados con hechos ocurridos el 4 de abril de 2015 que resultaron en la muerte de Carlos Castro Romero. El apelante fue acusado junto a otros coacusados, y su juicio se celebró por jurado entre abril de 2018 y octubre de 2022. La sentencia resume testimonios clave presentados durante el juicio, incluyendo agentes de policía y un testigo presencial que identificó al apelante como líder de un punto de drogas. Tras examinar los autos y los fundamentos expuestos, el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por el señor Joaquín García Torres. El señor García apeló una Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictada en un pleito de divorcio. Mediante dicha sentencia, el TPI le impuso el pago de $\$ 10,000.00$ por concepto de pensión pendente lite a favor de la señora Lourdes I. Arroyo Sánchez. El apelante alegó que el TPI cometió error de derecho al imponer la pensión, argumentando que era improcedente y que la apelada no cumplió con los requisitos ni presentó prueba de sus necesidades. También sostuvo que el TPI abusó de su discreción al fijar una cantidad excesiva sin base probatoria. El tribunal revisó los escritos, la prueba y el expediente. Se explica brevemente el derecho a la pensión alimentaria pendente lite bajo el Código Civil de Puerto Rico. Finalmente, el tribunal decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por el Municipio Autónomo de Salinas y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales contra Pablo Vergara Ramos y Judith Agnes Rivera Díaz. Buscaban revocar parcialmente una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de injunction estatutario. La Resolución del TPI denegó una solicitud de desestimación, señaló vista de injunction y ordenó expedir citaciones para testigos de la parte recurrida. Los peticionarios alegaron que el TPI erró al autorizar la expedición de más de diez citaciones en un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 161-2009 sin acreditar su pertinencia. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80-1976, tramitado por el procedimiento sumario de la Ley 2-1961. La parte peticionaria, Puerto Rico Supplies Group, Inc., solicitó la revisión mediante certiorari de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones examinó si poseía jurisdicción para atender este recurso interlocutorio bajo la Ley Núm. 2. Dicha ley establece un procedimiento sumario para reclamaciones laborales, diseñado para una rápida adjudicación y con interpretación favorable al empleado. Tras evaluar el derecho aplicable, el Tribunal determinó que la denegación de una sentencia sumaria no configura uno de los escenarios previstos por la Ley Núm. 2 para la revisión mediante certiorari ante este foro. Concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir en este asunto. Por consiguiente, el recurso de certiorari instado por la parte peticionaria fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, PR Recovery and Development JV, LLC, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una Moción en Cumplimiento de Orden Reafirmando la Solicitud de Ejecución de Sentencia. El TPI fundamentó su decisión en que había transcurrido el término para ejecutar la sentencia según la Regla 51.1 de Procedimiento Civil. El caso original fue iniciado por el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (luego sustituido por el peticionario) contra Paraíso Infantil, Inc. sobre cobro de dinero. En 2017, el TPI dictó una Sentencia aprobando una estipulación transaccional entre las partes. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones examinó una Solicitud de Certiorari presentada por Aura Beatriz Colón Figueroa. Dicha solicitud buscaba revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, emitida el 18 de junio de 2024. La orden impugnada, entre otros aspectos, aprobó la venta de una propiedad en controversia en un caso sobre aceptación, renuncia, remoción o sustitución del albacea. La parte recurrida, incluyendo a Wilma Judith Colón Figueroa y Abdo Luis Colón Figueroa, presentó un alegato en oposición. Tras un estudio del expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión se fundamenta en las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se dejó sin efecto la paralización de los procedimientos. El caso es devuelto al foro de origen para su continuación.

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El Sr. Gabriel Toro Curet presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una Orden de Protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo. Dicha orden fue solicitada por el Sr. Juan M. Aponte Castro al amparo de la Ley Contra el Acecho. Aponte Castro alegó que Toro Curet, pareja de su ex-esposa, lo acechaba y hostigaba cerca de su lugar de trabajo. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden ex parte y, tras una vista final, dictó una Orden de Protección por un año. El tribunal primario encontró un patrón de acecho basado en incidentes específicos. Toro Curet impugnó la orden, argumentando la falta de elementos legales y violaciones al debido proceso en la vista final. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y, por los fundamentos expuestos en su resolución, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Toro Curet.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por Puerto Rico Horse Owners Association, Inc. (PRHOA). PRHOA solicitó revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido para enmendar la demanda por tercera vez. La enmienda propuesta buscaba añadir una causa de acción bajo la Ley Antimonopolística de Puerto Rico. PRHOA alegó haber descubierto nueva prueba tras la contestación de una de las recurridas. Las partes recurridas se opusieron, argumentando que PRHOA conocía o debió conocer los hechos antes y que la enmienda alteraría sustancialmente el pleito. El foro primario denegó la solicitud de enmienda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó expedir el recurso de certiorari solicitado por PRHOA.

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Este documento es una Sentencia que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero entre EDL Construction LLC y Nellie Torres. La peticionaria, EDL Construction, impugna la determinación del TPI de no dar por admitidos sus requerimientos de admisiones, a pesar de que la recurrida, señora Torres, presentó sus contestaciones de forma tardía. El historial del caso muestra múltiples incumplimientos de la recurrida con los procesos de descubrimiento de prueba, incluyendo la producción de documentos, por los cuales su abogado fue sancionado económicamente en varias ocasiones. La peticionaria solicitó que se dieran por admitidos los requerimientos de admisiones debido a la tardanza en la contestación. Sin embargo, el TPI, ejerciendo su discreción, decidió aceptar las contestaciones tardías y no dar por admitidos los requerimientos, fundamentando su decisión en las sanciones económicas ya impuestas al abogado de la recurrida. EDL Construction alega que el TPI incurrió en abuso de discreción y error de derecho al aceptar las contestaciones tardías sin justificación adecuada. La Sentencia procede a analizar la procedencia del recurso de certiorari para revisar esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre dos recursos de certiorari consolidados en un caso civil por daños y violación de derechos civiles y constitucionales. Los peticionarios, Elsa y Gerardo Avilés Colón, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó la reclamación contra el entonces Comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, en su capacidad personal. El TPI justificó esta desestimación para evitar exceder el límite monetario de la Ley de Pleitos contra el Estado. Por otro lado, el Estado Libre Asociado (ELA) apeló otra resolución del TPI que permitió la continuación del caso en su contra, solicitando un archivo administrativo pendiente de los procedimientos de PROMESA en el Tribunal Federal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por los hermanos Avilés Colón. Revocó parcialmente la resolución del TPI del 23 de octubre de 2023, restableciendo la causa de acción contra el comisionado Escalera Rivera en su carácter personal. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el ELA.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados (KLCE202301314 y KLCE202301325). El caso original es una demanda por daños y perjuicios y violación de derechos civiles y constitucionales contra el Estado Libre Asociado (ELA) y varios funcionarios. Los demandantes, hermanos Avilés Colón, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación contra el excomisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, en su capacidad personal. El tribunal primario había tomado esta decisión para evitar exceder el límite monetario de la Ley de Pleitos contra el Estado. Por otro lado, el ELA solicitó la paralización del caso en su contra debido al proceso de reestructuración de deuda bajo PROMESA. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado por los hermanos Avilés Colón. Revocó parcialmente la resolución del tribunal primario para restablecer la causa de acción contra el comisionado Escalera Rivera en su carácter personal. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el ELA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un Recurso de Certiorari presentado por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Determinación Judicial. La solicitud buscaba enmendar una Orden de Confirmación de Venta Judicial de 2017. Dicha orden ratificó la adjudicación de una propiedad a BPPR en una subasta judicial celebrada en 2016. La controversia surge porque la Orden de Confirmación indicaba un precio de venta de \$100,000.00, mientras que la propiedad fue adjudicada a BPPR por \$66,666.67 en la segunda subasta. El Registro de la Propiedad identificó esta discrepancia como un defecto formal. BPPR solicitó al TPI corregir el precio en la orden, pero el TPI denegó la petición. La denegatoria del TPI se fundamentó en el incumplimiento de la Regla 51.7(a) de Procedimiento Civil. BPPR acude al Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por el Municipio de Isabela. El Municipio impugna una orden de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que denegó su moción para desestimar por incuria la apelación de Maribel Riollano Ramos. La señora Riollano Ramos fue expulsada de su puesto de Policía Municipal por el Municipio. Al notificarle la decisión, el Municipio le informó erróneamente que debía apelar ante la CIPA en lugar de la CASP. Tras apelar inicialmente ante el foro incorrecto y enfrentar dilaciones, la señora Riollano Ramos presentó su apelación ante la CASP. El Municipio argumentó que la apelación ante la CASP fue tardía y debía desestimarse por incuria. La CASP determinó que el término para apelar nunca comenzó a transcurrir debido a la notificación incorrecta del foro por parte del Municipio. Inconforme, el Municipio recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la orden de la CASP. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el Municipio de Isabela.

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Areliz Tineo Quiles presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones solicitando medidas para evitar el cierre de su caso de alimentos y resolver un conflicto jurisdiccional entre autoridades de Saint Thomas. La Recurrente alegó que las agencias de Saint Thomas se contradicen sobre la jurisdicción y que su caso fue cerrado allí al cumplir el hijo 18 años, a pesar de tener un caso abierto en ASUME Puerto Rico. ASUME indicó que la solución estaba bajo consideración de la corte de St. Thomas. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de acreditación de que el Tribunal tuviera jurisdicción sobre el asunto planteado. Además, se incumplieron otros requisitos reglamentarios aplicables. El Tribunal enfatizó que la jurisdicción no se presume y debe ser establecida. Por tanto, el Tribunal determinó que no podía atender las solicitudes específicas de la Recurrente.

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Sentencia de un panel judicial de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Municipio de San Juan (MSJ). El MSJ apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria de Premier Computer, Inc. (Premier). Premier demandó al MSJ por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando $6,218,046.30 por servicios de facturación médica prestados entre 2010 y 2014. El MSJ negó la deuda, cuestionó la validez de los contratos y presentó una reconvención por alegados servicios defectuosos, aumentando su reclamo a $12,000,000.00. Premier solicitó sentencia sumaria argumentando que la deuda estaba validada y sin pagar. El TPI ordenó al MSJ pagar a Premier la cantidad de $6,559,292.36 en concepto de principal e intereses. El panel judicial, compuesto por los Jueces Figueroa Cabán, Brignoni Mártir y Ronda del Toro, confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Natanael Olmeda Pérez solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden denegó su solicitud de representación legal. La denegatoria se basó en que el peticionario proveyó repetidamente una dirección postal incorrecta, resultando en la devolución de notificaciones. El peticionario alega que una notificación previa sí fue recibida en una dirección diferente que considera correcta. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por José L. Ortega Núñez en un caso de daños y perjuicios por accidente de tránsito instado por Yamille Ramírez Matos. Ramírez Matos demandó a Ortega Núñez por lesiones sufridas en un accidente donde este último presuntamente conducía bajo los efectos de alcohol. Ortega Núñez planteó como defensa afirmativa y base para mociones de desestimación y paralización que la demanda era prematura. Alegó que Ramírez Matos no había cumplido con el requisito de notificar a la ACAA ni probado que esta hubiera emitido una resolución firme, conforme a la Ley Núm. 111-2020. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación y paralización, interpretando esta última como discrecional. Inconforme, Ortega Núñez acudió en certiorari, argumentando que el TPI erró al no paralizar el caso, en contravención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en *Díaz Hernández v. MAPFRE Praico*. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El Municipio de Dorado apeló la resolución que declaró "Ha Lugar" una Moción de Relevo de Sentencia presentada por Luz D. Báez Román. La señora Báez Román demandó al Municipio por despido ilegal, discrimen, represalias y daños y perjuicios. Alegó haber sido despedida en agosto de 2020 tras 13 años como empleada irregular, sufriendo discrimen por edad, salud (COVID-19) y político. También reclamó falta de debido proceso y no haber sido clasificada como empleada de carrera. El Municipio había solicitado sentencia sumaria argumentando improcedencia de la acción, inaplicabilidad de leyes, prescripción y falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por el Municipio. Se revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que concedió el relevo de sentencia a la señora Báez Román. El caso versa sobre reclamaciones bajo leyes laborales y civiles de Puerto Rico.

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Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El peticionario, Aníbal Colón Seda, solicitó la revisión mediante auto de Certiorari. El TPI había desestimado sin perjuicio una Petición de Expediente de Dominio y/o Usucapión presentada bajo la Ley 118-2022. La desestimación se basó en el alegado incumplimiento del peticionario con órdenes de someter documentos específicos, como declaratorias de herederos y evidencia relacionada con ayudas por desastres. El peticionario había solicitado prórrogas y presentado mociones de cumplimiento parcial. El TPI emitió órdenes de mostrar causa y concedió términos finales antes de desestimar. El panel de jueces concluye que, por los fundamentos que expondrá, la Resolución del TPI debe ser revocada. La decisión principal es la revocación de la desestimación del caso por el tribunal inferior.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación administrativa de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Omara Martínez Delgado apeló la decisión de la ACAA de suspenderla de empleo y sueldo por treinta días. La suspensión se basó en cargos por abandonar su lugar de trabajo sin autorización, realizar comentarios irrespetuosos a su supervisora y mostrar falta de tacto con un compañero sobre un caso delicado. La ACAA formuló los cargos y celebró una vista administrativa informal. En la vista, Martínez Delgado argumentó que tenía autorización para irse temprano, que sufría acoso laboral y que su acomodo razonable fue revocado indebidamente. El Oficial Examinador consideró sus argumentos y evidencia antes de emitir una recomendación. La ACAA confirmó la suspensión tras la vista. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Giancarlo González Ascar solicitó la revisión de la decisión de la Oficina del Procurador del Ciudadano que denegó su certificación como candidato a representante del interés de los clientes en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Oficina del Ombudsman fundamentó su negativa en que el peticionario no acreditó pericia en asuntos de energía, requisito establecido por la Ley Núm. 83-1941. A pesar de presentar evidencia de su trasfondo académico y profesional, la Comisión de Nominaciones determinó que no cumplía con el criterio específico de pericia en energía. González Ascar solicitó reconsideración, argumentando que la decisión carecía de precisión y no definía adecuadamente el requisito de pericia ni analizaba su experiencia relevante. Presentó detalles sobre su trabajo en informática de la AEE, desarrollo de herramientas para averías y digitalización, y trabajo post-Huracán María. La Oficina del Ombudsman, al reconsiderar, mantuvo su determinación inicial, reiterando la falta de pericia requerida. Ante esto, González Ascar buscó revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari y, tras revisar el caso, confirmó la decisión administrativa de la Oficina del Procurador del Ciudadano.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una revisión administrativa instada por Jason F. Villalobos Milán contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la respuesta del Departamento a su solicitud de remedio administrativo relacionada con los servicios de un técnico sociopenal. El Departamento había notificado al recurrente una hoja de respuesta, pero la misma estaba en blanco. El recurrente argumentó que esta respuesta vacía era inadecuada y violaba el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones coincidió, determinando que el documento en blanco no constituía una orden administrativa final adecuada conforme a la ley. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que el recurso de revisión administrativa presentado era prematuro, al no existir una acción final válida de la agencia. Al carecer de jurisdicción sobre un recurso prematuro, el Tribunal desestimó el caso. El asunto fue devuelto al Departamento, ordenándole atender adecuadamente la solicitud original del recurrente y emitir una respuesta válida y conforme a Derecho. El recurrente podrá presentar un nuevo recurso una vez reciba una respuesta apropiada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una Revisión Judicial presentada por RK Rivera, LLC. El recurso impugna la decisión de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña de no seleccionar la propuesta de RK Rivera para la Solicitud de Propuestas Núm. 2024-017. Dicha solicitud buscaba la implantación de una plataforma de gestión de casos y portal de servicio al cliente. RK Rivera alegó errores en la notificación de la decisión, la selección de la propuesta y violaciones al debido proceso. El Tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. Se destaca la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para que un tribunal pueda adjudicar una controversia. Se menciona que la falta de notificación adecuada por parte de una agencia administrativa puede incidir en la jurisdicción del foro revisor.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión de una decisión administrativa del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP). El caso involucra a Ana Cristina Martínez Del Valle contra Pryco Movers II, Inc., originado por una querella ante el NTSP. La señora Martínez Del Valle alegó haber pagado por servicios de mudanza de Florida a Puerto Rico que no recibió. Pryco Movers II no compareció ni contestó en el proceso administrativo, declarándosele en rebeldía. El NTSP declaró Ha Lugar la querella y ordenó a Pryco Movers II pagar \$27,089.00 a la señora Martínez Del Valle por gastos y daños. La señora Martínez Del Valle recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando el cumplimiento de la orden del NTSP. El Tribunal de Apelaciones resolvió devolver el caso al NTSP. El NTSP deberá proceder de conformidad con lo resuelto por el Tribunal en esta sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. Puerto Rico Asphalt, LLC había impugnado una adjudicación de subasta realizada por la Junta de Subastas del Municipio de Guaynabo. La parte recurrente presentó el recurso el 8 de julio de 2024, buscando revisar una determinación notificada el 27 de junio de 2024. Posteriormente, el Municipio de Guaynabo solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el caso se había tornado académico, ya que la Junta de Subastas reevaluaría la adjudicación impugnada. Puerto Rico Asphalt se allanó a la solicitud de desestimación presentada por el Municipio. En virtud de lo manifestado por las partes, el Tribunal acogió la solicitud de desestimación. La desestimación se fundamentó en que el recurso se había convertido en académico, conforme a la Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, el Tribunal ordenó el archivo del recurso.

Resumen:

Se revisa una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Luna Acquisition III LLC demandó a la Sra. Grace Marín Cancel alegando incumplimiento de pago hipotecario desde noviembre de 2015 y solicitando la venta de la propiedad. La Sra. Marín, por derecho propio, contestó la demanda y presentó una reconvención. En su reconvención, alegó falta de partes, incumplimiento con la ley de mediación y daños por huracán, reclamando \$300,000. El foro primario declaró con lugar la demanda de Luna y desestimó la reconvención de la Sra. Marín. La Sra. Marín apeló esta determinación. Este panel judicial revisó los procedimientos y argumentos presentados por las partes. Tras la revisión, se confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Frankie Colón Virella y Mailyn Abaddy Yau Santiago contra Firstbank Puerto Rico. La apelación impugnaba una Sentencia Sumaria Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la demanda de Firstbank sobre ejecución de hipoteca y cobro de dinero y No Ha Lugar la reconvención de los apelantes. Firstbank demandó a los apelantes por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario de \$375,000 suscrito en 2010, garantizado con una propiedad en Gurabo. La institución bancaria alegó que los apelantes dejaron de pagar las mensualidades desde julio de 2020, declarando la totalidad de la deuda vencida. Los apelantes, por su parte, argumentaron que Firstbank incumplió al negarse a cooperar con su patrono, quien supuestamente iba a saldar la hipoteca como parte de un traslado. Alegaron que esta negativa impidió el pago por parte del tercero y les causó daños, presentando una reconvención por los pagos realizados y angustias mentales. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de *certiorari* presentada por la Sucesión de Leonor Ochoa García. La Sucesión Ochoa solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución primigenia declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Keileany Nicole Bula Rodríguez y Juan Manuel Pérez De Villamil Martínez. El caso original trata sobre un incumplimiento de contrato relacionado con un Contrato de Opción y Promesa de Compraventa de una propiedad en Dorado. Los recurridos (compradores) alegaron que la Sucesión Ochoa (vendedora) incumplió al no completar los trámites de segregación y obtener el tracto registral necesario para la venta. A pesar del incumplimiento inicial, los compradores habían ejercido su derecho a extender el contrato de opción. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como *certiorari* pero, tras considerarlo, DENEGÓ expedir el auto discrecional solicitado por la Sucesión Ochoa. Esto implica que la determinación del foro primario a favor de los compradores no será revisada en esta instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Ralph Rexach y otros contra Universal Insurance Company. La apelación impugnaba una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. En dicho dictamen, el foro primario declaró que la cubierta de "Additional Living Expenses" de la póliza de seguro no era aplicable. Además, determinó que la cláusula de exclusión por "Power Failure" aplicaba a las pérdidas reclamadas tras el Huracán María. El caso original se inició por los esposos Rexach-Subirá demandando a Universal por incumplimiento de contrato y sentencia declaratoria. Alegaban que Universal había reducido arbitrariamente la indemnización por daños a su residencia secundaria causados por el huracán. Universal solicitó la sentencia sumaria argumentando, entre otras cosas, que la propiedad no quedó inhabitable y que la exclusión por fallo eléctrico aplicaba debido a los daños a la red de la AEE. Los apelantes se opusieron, aunque admitieron varios hechos no controvertidos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó el dictamen apelado.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Magda Narah Martínez Salas, solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La disputa se origina en un caso de divorcio y concierne una propiedad designada como hogar seguro. El recurrido, Víctor Galán Fundora, reclamó un crédito por pagos hipotecarios realizados mientras la propiedad estuvo arrendada. Alegó que la propiedad perdió su carácter de hogar seguro por abandono y que hubo enriquecimiento injusto. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el hogar seguro cesó al abandonar la propiedad y concedió el crédito. La peticionaria solicitó reconsideración, planteando la dualidad del pago hipotecario según acuerdos previos. El TPI denegó la reconsideración sobre la eliminación del hogar seguro. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones para revocar la resolución que mantuvo estas determinaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso sobre deslinde y amojonamiento. El apelante, Juan Hernández Gómez, impugnó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2024. Dicho dictamen primario desestimó la demanda del apelante y le impuso el pago de honorarios y costas. El Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada. El litigio original, iniciado en 2011, alegaba que el apelado movió los puntos de colindancia, dejando la propiedad del apelante enclavada. Una Sentencia previa de este foro apelativo en 2020 ya había revocado una sentencia sumaria anterior, señalando controversias fácticas y la necesidad de realizar el deslinde y amojonamiento solicitado. Los trámites posteriores en el foro primario se centraron en la prueba pericial requerida para la acción de deslinde. El documento detalla las gestiones procesales relativas al perito del apelante y las órdenes judiciales al respecto. La revocación por este panel implica que la desestimación del TPI fue errónea.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El caso se origina en querellas presentadas ante el DACO por titulares de un condominio para dejar sin efecto un acuerdo que permitía alquileres a corto plazo. Antonio Quiros y José Betances solicitaron intervenir en el proceso del DACO, pero su solicitud fue denegada. Presentaron un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra la denegatoria de intervención. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción, considerando la orden del DACO interlocutoria. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa decisión, resolviendo que la denegatoria de intervención es revisable judicialmente. El Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones para que atendiera el recurso en los méritos. Tras el mandato del Supremo y la comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones emite su sentencia sobre la procedencia de la revisión judicial de la orden del DACO que denegó la intervención.

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Se presenta una Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Best Buds, LLC contra la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM). Best Buds impugna la Resolución de la JRCM que denegó su solicitud para anular infracciones y multas impuestas. Las infracciones se originaron tras una inspección en el establecimiento de Best Buds, motivada por un evento promocional. La JRCM identificó violaciones al Reglamento Núm. 9038, incluyendo fallas en el registro de visitantes y acceso a áreas restringidas. Posteriormente, se añadieron hallazgos relacionados con la presencia de armas de fuego, vaporización y acceso de menores. Por estas infracciones, la JRCM impuso cuantiosas multas graves y leves. Best Buds solicitó la revisión administrativa de estas sanciones, la cual fue declarada No Ha Lugar por la JRCM. La presente acción busca la revisión judicial de esa determinación administrativa. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma el dictamen recurrido de la JRCM.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa del Municipio Autónomo de San Juan. El recurrente, Edwin Hernández Torres, impugna una multa de \$2,000.00 impuesta por la Oficina de Permisos municipal. La multa se emitió el 6 de junio de 2023 por alegada construcción sin permiso en su residencia. Tras una solicitud de reconsideración denegada por el Municipio, el señor Hernández Torres presentó una revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones evalúa la controversia conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Se señala que el recurrente presentó posteriormente copia de un permiso de construcción. El Tribunal considera que está en posición de adjudicar el caso basándose en el expediente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de Certiorari presentado por Alina Vicente López. La peticionaria solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Orden, emitida el 17 de junio de 2024, dio por admitido un Requerimiento de Admisiones cursado por la parte recurrida, Carlos A. Mercado Rivera y Lilliam Maldonado Cordero, en un caso de Daños y Perjuicios. La controversia se originó cuando la parte recurrida alegó que la contestación inicial de la peticionaria al pliego de 119 admisiones fue tardía e incumplió con las reglas. La peticionaria había solicitado una orden protectora, argumentando que el pliego era opresivo y confuso, lo cual fue denegado por el TPI. Tras una moción de la parte recurrida, el TPI ordenó a la peticionaria contestar adecuadamente en 15 días bajo apercibimiento de tenerlas por admitidas. A pesar de una nueva contestación, el TPI determinó que persistía el incumplimiento y dio por admitidas las admisiones. La peticionaria acudió al Apelativo para impugnar esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras estudiar el expediente, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en San Juan, Puerto Rico, el 16 de agosto de 2024. El panel estuvo integrado por los jueces Figueroa Cabán, Bonilla Ortiz, Mateu Meléndez y Prats Palerm. La sentencia atendió la Moción de Respetuoso Desistimiento presentada por la parte recurrente, Autoridad de Transporte Integrado, el 19 de julio de 2024. En respuesta a dicha moción, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso de epígrafe. Este cierre se dispuso por desistimiento y con perjuicio, conforme a la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Adicionalmente, se examinó una Moción informativa de la Oficina de Gerencia de Permisos, presentada el 1 de agosto de 2024, sobre la cual el Tribunal determinó que no había nada que proveer. La sentencia fue acordada y mandada por el Tribunal, certificada por la Secretaria.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una recurrente solicitando la revisión de una Resolución Final del Departamento de Educación. La recurrente había presentado una querella pidiendo tiempo compensatorio de servicios educativos para su hija. La solicitud se fundamentó en la pérdida de tiempo lectivo durante los años académicos 2022-2023 y 2023-2024 debido a arreglos en la planta física y disminución del horario escolar. El Departamento de Educación declaró No Ha Lugar la querella. La agencia argumentó que el asunto no estaba relacionado con el Plan Educativo Individualizado (PEI) ni con la provisión de una FAPE bajo IDEA, y que carecía de jurisdicción. Insatisfecha, la recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de Revisión Administrativa. Alegó varios errores cometidos por el foro administrativo al denegar su reclamo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Resolución Final del Departamento de Educación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso enfrenta a Carmen V. Casillas Angleró contra J. A. Guzmán Corp., JAG Trailer y Capex Financial Company Inc. La controversia se originó por una querella de la señora Casillas Angleró ante el DACo sobre la compra de un trailer con defectos, principalmente filtraciones de agua. La consumidora solicitó la devolución del dinero pagado debido a que los problemas no fueron resueltos por el vendedor. El DACo emitió una Resolución declarando Ha Lugar la querella y decretando la resolución del contrato de compraventa del trailer. J.A. Guzmán Corp. presentó un Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión del DACo. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por un expolicía municipal de San Juan. El recurrente impugna la determinación de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que archivó su apelación por falta de jurisdicción. El expolicía fue expulsado de su puesto por el Municipio de San Juan y apeló la decisión ante la CIPA. La CIPA concluyó que no tenía jurisdicción para atender la apelación, indicando que el foro apelativo correcto, conforme al Código Municipal de 2020, era la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El recurrente argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que la CIPA sí poseía jurisdicción primaria y exclusiva. El Municipio de San Juan sostuvo que el Código Municipal vigente dirige las apelaciones de sanciones graves a la CASP. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de la CIPA. La sentencia valida que la CIPA carecía de jurisdicción para entender en la apelación de la expulsión del recurrente.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación en un caso sobre la división de una herencia. Los apelantes, Jorge Machado Guzmán y Mariel Machado Ruiz, impugnan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia acogió la moción de los apelados, Jorge Antonio Machado Ruiz y Eunice Machado Ruiz, para desestimar una reconvención. El pleito subyacente trata sobre la división del caudal hereditario de Hilda Esther Ruiz Acevedo, con el cónyuge supérstite y los hijos como partes. Los demandantes (apelados) iniciaron la acción para dividir la herencia, alegando que los demandados (apelantes) controlaban bienes y se beneficiaban de rentas. Los demandados (apelantes) se defendieron, argumentando la indignidad de los demandantes para heredar por abandono y otras acciones contra la causante. Sostuvieron que la herencia debía pasar a los nietos y que era necesaria la liquidación de la sociedad de gananciales. Los demandados también presentaron mociones para desestimar la demanda principal basadas en la alegada indignidad y falta de partes indispensables. Los demandantes enmendaron posteriormente su demanda inicial. La apelación se centra específicamente en la decisión del tribunal de instancia de desestimar la reconvención presentada por los apelantes.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una apelación en un caso de ejecución de hipoteca procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La apelante, Aída Minerva Arroyo Rivera, impugna dos órdenes del TPI: una que denegó su moción de nulidad de trámites post-sentencia y otra que concedió a Fannie Mae un nuevo mandamiento de lanzamiento. La apelante argumentó que la sentencia del TPI era nula por incumplimiento con la Ley de Mediación Compulsoria, lo que, a su juicio, privó al tribunal de jurisdicción. Fannie Mae se opuso, alegando que la parte demandada había renunciado expresamente al proceso de mediación en corte abierta. Tras revisar la grabación de la vista donde supuestamente ocurrió la renuncia, el Tribunal de Apelaciones confirmó que la representación de la parte demandada manifestó su desistimiento del procedimiento de mediación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de apelación presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400124, una apelación presentada por Héctor Benero Ramos y Lydia Ortiz Caraballo contra Hida Ramos Suárez. Los apelantes buscan revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda de la señora Ramos Suárez y No Ha Lugar la reconvención de los apelantes. La sentencia apelada decretó la nulidad de una Escritura Pública de Cesión en Pago de 2008. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el consentimiento de la señora Ramos Suárez estaba viciado por dolo e intimidación al ceder su propiedad a su hijo. Se ordenó reinscribir la propiedad a nombre de la madre y se le concedieron \$20,000 por daños mentales. Los apelantes alegaron que la transacción fue una cesión de derechos hereditarios a cambio de la propiedad y negaron maltrato. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada en su totalidad.

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Un señor López presentó una demanda por un accidente ocurrido en la rampa de acceso a una propiedad comercial en Aguada, alegando que la losa era resbaladiza y carecía de tiras anti resbaladizas. La demandada inicial, Aguada Emerald, contestó afirmando que la rampa sí tenía cintas anti resbaladizas y pasamanos, y que la losa era para exteriores. Posteriormente, el señor López enmendó la demanda para incluir al Fideicomiso González Román, al doctor Roberto H. González y su esposa, argumentando negligencia de todos los demandados por no mantener la rampa en buen estado. Aguada Emerald enmendó su contestación, alegando que el local arrendado no estaba bajo su control ni mantenimiento. Aguada Emerald también presentó una demanda contra coparte contra el Fideicomiso y el doctor González, señalándolos como dueños responsables del mantenimiento de la rampa. El doctor González y el Fideicomiso contestaron, sosteniendo que Aguada Emerald, como arrendataria, tenía el control y mantenimiento de la rampa y negando la condición peligrosa. Tras varios trámites, el Fideicomiso solicitó sentencia sumaria, alegando la inexistencia de controversias de hechos sustanciales, como su titularidad de la propiedad.