Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 49)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Ivette M. Ortiz Torres apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La decisión recurrida denegó su solicitud para levantar una anotación de rebeldía y reconsiderar el relevo de representación legal. El caso original fue presentado por CUBE Business Solutions, LLC contra Ortiz Torres por daños y perjuicios, alegando incumplimiento de deber fiduciario. Ortiz Torres presentó su contestación y reconvención, negando las alegaciones y reclamando que la demanda es una represalia por el fin de una relación consensual. Ella solicitó la liquidación de una comunidad de bienes y compensación por despido injustificado, entre otros remedios. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía por la presentación tardía de la contestación. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro inferior. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expide el recurso y revoca el dictamen recurrido.

Resumen:

Apelantes recurren la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio. La acción legal original buscaba la revocación de un permiso de construcción otorgado por la OGPe a la apelada Ivelisse Jiménez López. Los apelantes alegaron que la construcción de un muro y verja en la colindancia fue inicialmente ilegal. Sostuvieron que el proceso de legalización ante la OGPe incumplió requisitos y que el permiso se basó en información incorrecta. Argumentaron que la estructura excede la altura permitida por ley y reglamento, constituyendo un peligro y afectando su propiedad. La OGPe y la apelada defendieron la validez del permiso, indicando que la obra fue legalizada. El tribunal de instancia desestimó la demanda por entender que el cuestionamiento a la legalidad del permiso era tardío. Sin embargo, el tribunal inferior indicó que la OGPe debía verificar el cumplimiento con el permiso. Los apelantes apelaron esta desestimación, manteniendo que hubo incumplimiento con el permiso y solicitando su revocación y la demolición de la parte no conforme.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una demanda por daños y perjuicios. La acción se originó por la caída de una persona en una acera frente a las facilidades del CESCO en Caguas. Los demandantes apelaron la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó el caso contra el Municipio Autónomo de Caguas y su aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio no era responsable porque la acera no estaba bajo su titularidad o control. Esta decisión se fundamentó en evidencia no controvertida que indicaba que la acera pertenecía al desarrollador de la zona industrial. Los demandantes no lograron refutar esta prueba sobre la falta de cesión de la acera al Municipio. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del tribunal inferior. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda. El récord demuestra de forma incontrovertida que el Municipio no es el titular de la acera donde ocurrió el accidente.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Freddy Santiago Alicea apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a 68 años de prisión y restitución por delitos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores. Los cargos se relacionan con alegados abusos contra las nietas menores de edad de su pareja. Durante el proceso en primera instancia, el apelante solicitó acceso a un informe del Departamento de la Familia, lo cual fue denegado. Esta denegatoria fue recurrida sin éxito ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo antes del juicio. Tras el juicio y la sentencia, el apelante presentó esta apelación principal. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La decisión del panel fue modificar la sentencia apelada y, así modificada, confirmarla.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Pura Energía, Inc. contra Akyna Pro, LLC. Pura Energía impugnó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación del caso. El litigio original de Akyna Pro contra Pura Energía versaba sobre incumplimiento de contrato para la instalación de un sistema fotovoltaico. Las partes suscribieron un acuerdo transaccional, pero surgió una disputa sobre su cumplimiento, particularmente respecto a supuestos daños causados durante la remoción de equipo. Previamente, el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia sumaria que desestimaba el caso, ordenando al foro primario dilucidar la eficacia del acuerdo. Tras el reenvío, Pura Energía solicitó nuevamente la desestimación, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Pura Energía. Esto implica que la decisión del foro primario de no desestimar el caso se mantiene. El proceso judicial continuará en el Tribunal de Primera Instancia para resolver las controversias pendientes, incluyendo la validez y cumplimiento del acuerdo transaccional.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión electoral. El apelante, Urayoán Hernández Alvarado, impugnó la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de no realizar un recuento en la primaria del Partido Nuevo Progresista para representante por el Distrito 26. Tras las primarias del 2 de junio de 2024, una certificación preliminar mostró una ventaja de 169 votos para el señor Luis (Josean) Jiménez Torres. El apelante solicitó un recuento argumentando que la inclusión de votos no reportados activaría el proceso según el Código Electoral. La CEE denegó la solicitud, decisión que el apelante pidió reconsiderar sin éxito. La certificación final del escrutinio reflejó una ventaja de 117 votos para el señor Jiménez Torres. El apelante presentó una querella ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual fue desestimada. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400571. Campo Caribe LLC apela la Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Solid Core Construction LLC. Solid Core demandó a Campo Caribe por cobro de dinero e incumplimiento de contrato, reclamando $574,416.89 más intereses, costas y honorarios. Tras no lograr el emplazamiento personal, Solid Core emplazó por edicto y solicitó la anotación de rebeldía y sentencia. El foro primario dictó sentencia en rebeldía condenando a Campo Caribe al pago de la suma reclamada. Campo Caribe solicitó levantar la rebeldía y apeló la sentencia, argumentando falta de notificación de los trámites procesales. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Se trata de una resolución judicial sobre una Petición de Certiorari presentada por Evertec Group LLC. Evertec busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de desestimación. La moción de desestimación se dirigía contra una Demanda contra tercero incoada por Paola N. Reymundí Vega y Axel Ortiz Weir. Esta demanda contra tercero surge de un pleito original donde una Cooperativa demandó a Reymundí Vega y Ortiz Weir por incumplimiento de contrato y daños. La Cooperativa alega que los demandados se apropiaron de fondos mediante un error técnico en dispositivos de punto de venta. Reymundí Vega y Ortiz Weir, a su vez, demandaron a Evertec, proveedora de los dispositivos, alegando su responsabilidad por las pérdidas debido al error. Evertec argumentó que no debía continuar en el pleito sin alegaciones que la involucraran. El tribunal denegó una solicitud inicial de Evertec para paralizar los procedimientos. Las partes han presentado sus argumentos sobre la expedición del auto de certiorari, y el tribunal procederá a resolver el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Ángel Sánchez Berríos. El peticionario solicitó la revisión de una Orden de Protección ex parte emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley 148-2015, a favor de Luzmaria Miranda Galarza. La orden inicial fue expedida en noviembre de 2023 y extendida repetidamente debido a la alegada imposibilidad de diligenciarla personalmente. El peticionario argumentó que el foro primario erró al extender la orden sin haber adquirido jurisdicción sobre su persona, violando su derecho al debido proceso. También sostuvo que las determinaciones de hecho no justificaban la emisión de la orden. Tras examinar el recurso y la respuesta de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia consolidando apelaciones del Municipio de Fajardo, Joint Venture of F&R-BLDM y el Departamento de la Vivienda. El caso surge de la impugnación por Joint Venture de arbitrios de construcción impuestos por el Municipio. Joint Venture realizó trabajos de reparación en Fajardo bajo el programa Tu Hogar Renace (THR) tras los huracanes Irma y María. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los trabajos estaban sujetos a arbitrios, pero el Municipio perdió el derecho a cobrarlos por no reclamarlos a tiempo. El Tribunal de Apelaciones revoca dicha sentencia. La disputa central es si los trabajos de reparación califican como "actividad de construcción" sujeta a arbitrios municipales. Joint Venture alegó una exención basada en su contrato con el Departamento de la Vivienda, al que el Municipio no fue parte. El Municipio reclamó una deficiencia de arbitrios de más de un millón de dólares. Joint Venture argumentó que los trabajos eran reparaciones menores y no actividad de construcción según la ley.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por David Efrón. El recurso busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio contra Madeleine Candelario del Moral. La Resolución recurrida, de 17 de abril de 2024, encontró al señor Efrón incurso en desacato por no pagar la suma de $50,000 mensuales ordenada a favor de la señora Candelario. El foro primario impuso una sanción de $10,000 por cada mensualidad futura no abonada y determinó una deuda acumulada de $28,303,287 más intereses. La obligación de pago mensual de $50,000 se originó en una orden de 2001, confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2006. El señor Efrón argumentó, entre otros puntos, la falta de ingresos, la necesidad de cuantificar la participación ganancial y la denegación de una vista por cambio de circunstancias. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Municipio de Carolina solicitó la revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante dicha resolución, el TPI determinó que poseía jurisdicción para atender un caso civil. El caso fue incoado por unos vecinos (González y Ocasio) contra otra vecina (Santana) solicitando la demolición de construcciones realizadas sin los permisos correspondientes. Los demandantes se opusieron a un permiso de construcción expedido por el Municipio a favor de Santana. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) revocó dicho permiso, determinando que el Municipio no cumplió con las disposiciones de ley. Santana argumentó inicialmente que el TPI carecía de jurisdicción debido a un trámite administrativo pendiente ante OGPe. Los demandantes sostuvieron que la determinación de OGPe era final y firme. Posteriormente, los demandantes enmendaron la demanda para incluir al Municipio como codemandado. El TPI, tras evaluar la madurez del caso y la jurisdicción primaria, afirmó su competencia. El Municipio recurrió esta determinación jurisdiccional ante el panel, el cual deniega expedir el recurso solicitado.

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Este caso de apelación se origina en una demanda por sentencia declaratoria, interferencia torticera y daños presentada por Ana M. Maldonado Flores contra Adecco Personnel Services, Inc. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, al determinar que las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional. La demandante apeló esta decisión luego de que su moción de reconsideración fuera denegada. La controversia principal en apelación se centra en si las comunicaciones por correo electrónico entre los abogados de las partes constituyeron un acuerdo vinculante. Los correos muestran una oferta de Adecco para evitar el litigio y la respuesta del abogado de la demandante indicando falta de autoridad para aceptar y la condición de su clienta de recibir compensación para desistir. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y la evidencia presentada. Finalmente, el panel resolvió revocar la Sentencia apelada. Esta determinación implica que el tribunal apelativo concluyó que las comunicaciones no configuraron un acuerdo transaccional válido que justificara la desestimación del caso en la instancia inferior.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de FirstBank Puerto Rico contra Carmen Rojas Cosme. La señora Rojas Cosme apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de mayo de 2024 que denegó su moción para anular una sentencia de ejecución de hipoteca de 2014/2015. En su moción ante el foro primario, alegó falta de notificación de la moción de sentencia sumaria original y fraude en la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia declaró que la sentencia de 2014/2015 era final y firme. En su apelación, la señora Rojas Cosme plantea errores relacionados con el debido proceso y la validez del contrato hipotecario. FirstBank Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso o su denegación si se acogía como Certiorari. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso, enfatizando su deber de verificar la jurisdicción. La resolución cita las reglas que permiten desestimar un recurso por falta de jurisdicción. El enfoque actual del tribunal es determinar si tiene autoridad para atender la apelación presentada tan tardíamente respecto a la sentencia original.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Denise Irizarry Pintor. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. Juan M. Peña Méndez y José M. Peña Muñiz demandaron a la señora Irizarry Pintor reclamando \$5,600 por cánones de arrendamiento impagados de una propiedad. Los demandantes alegan tener interés propietario en el inmueble por herencia y cesión. La demandada negó la deuda y la obligación de pago. Durante el juicio, la señora Irizarry Pintor solicitó la desestimación por falta de partes indispensables. El foro primario determinó que la Sucesión de Gilberta Muñiz era parte indispensable y ordenó su inclusión en el pleito. Inconforme, la señora Irizarry Pintor acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Roberto Palou Bosch y otros contra la Sucesión Jorge Morales Cruz y otros. La controversia principal gira en torno a un pleito sobre disolución de comunidad de bienes sobre una finca en Guaynabo. Los recurrentes, dueños del 50%, buscan la división de la propiedad donde opera el negocio "Macelo La Muda". Los recurridos, herederos de los otros dueños, se opusieron a la venta a terceros y presentaron una reconvención por daños. Previamente, este Tribunal confirmó la procedencia de la división de la comunidad. El recurso actual impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de los recurrentes. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari y revoca la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Jaime L. Nieves Vargas contra Angélica M. Vélez Lucca. El caso proviene de la etapa de ejecución de sentencia de un proceso de divorcio de 2013. La controversia principal gira en torno al incumplimiento alegado por la Sra. Vélez Lucca respecto al pago de \$25,000 por mejoras a una propiedad privativa del Sr. Nieves Vargas, acordado en la sentencia de divorcio. La Sra. Vélez Lucca solicitó la ejecución de sentencia, alegando que solo se le habían pagado \$5,000 del total. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar su solicitud y ordenó la ejecución. El Sr. Nieves Vargas recurrió en certiorari solicitando la revocación de la resolución del TPI que ordenó dicha ejecución. Tras evaluar la solicitud, la oposición y la prueba, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Puerto Rico Telephone Company (PRTC) solicitó la revisión de la denegatoria de su Solicitud de Sentencia Sumaria. La demanda original incluía reclamaciones por despido injustificado, discrimen por embarazo, daños por violación de derechos constitucionales y Ley del Seguro Choferil. El TPI desestimó las reclamaciones constitucionales pero permitió que las otras continuaran. Un punto central fue la contradicción entre la deposición de la demandante, donde dijo no estar embarazada al momento del despido, y una declaración jurada posterior afirmando estar embarazada de 26 semanas ese día. Esta declaración jurada introdujo hechos no cubiertos en el descubrimiento de prueba. El panel expidió el auto de certiorari. Se revoca la Resolución del TPI que denegó la sentencia sumaria sobre las reclamaciones restantes. El caso se devuelve al TPI para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Autoridad de los Puertos. La Autoridad buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que confirmó una revisión de un laudo de arbitraje. La Hermandad de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas figura como parte recurrida en este litigio sobre impugnación de laudo. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable, incluyendo disposiciones del convenio colectivo sobre reclasificación y reasignación de puestos. Tras su análisis, el Tribunal expidió el auto de certiorari. Finalmente, la Sentencia confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Esta decisión valida la determinación previa respecto a la revisión del laudo arbitral en cuestión.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un litigio sobre la liquidación de bienes gananciales, específicamente una vivienda. Tras el divorcio, la propiedad fue designada hogar seguro para una hija con discapacidad, y la exesposa asumió el pago de la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia adjudicó la vivienda a la exesposa y reconoció un crédito a su favor en la sentencia de liquidación. El exesposo no apeló esta sentencia, pero solicitó su relevo por presunta nulidad bajo la Regla 49.2. Inicialmente, el foro primario desestimó la solicitud por extemporaneidad, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó considerar el fondo del asunto. Al reevaluar, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud de relevo de sentencia. El exesposo recurrió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Este Tribunal expidió el auto solicitado y confirmó la Resolución del foro primario que denegó el relevo de sentencia por nulidad.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari sobre un caso de cambio de escuela. La peticionaria, con custodia provisional de su hija menor, impugna una resolución provisional del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que determinó la escuela de la niña. El TPI celebró una vista evidenciaria antes de emitir su determinación provisional. La peticionaria presentó el recurso de apelación, evaluado como Certiorari, contra dicha resolución provisional del TPI. Adicionalmente, solicitó remedios urgentes y transcripción en este foro apelativo, los cuales fueron declarados No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de Certiorari presentada por la peticionaria. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Charlie Car Rental, Inc. contra la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. La apelación surge de una demanda por sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Charlie Car Rental demandó a la Asociación tras la liquidación de su aseguradora, National Insurance Company. Alegó que la Asociación, al subrogarse, estaba obligada a proveerle defensa legal y cubierta en un caso previo. La Asociación negó la obligación, argumentando falta de solicitud oportuna y presentación de formularios, además de reclamar inmunidad. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de la Asociación y desestimó la demanda. Charlie Car Rental apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. La apelante, Julia M. Ortiz Falagán, impugna la desestimación de una demanda civil que presentó contra su madre. En su demanda, Ortiz Falagán solicitó una orden judicial para realizar una autopsia al cadáver de su padre, fallecido recientemente, alegando sospechas de maltrato. El Tribunal de Primera Instancia determinó que una demanda civil no era el recurso adecuado para este petitorio. Indicó que el procedimiento correcto era presentar una denuncia ante la Policía para que investigara y, de ser necesario, consultara con fiscalía para ordenar la autopsia. Conforme a ello, el foro primario desestimó la demanda sin perjuicio por no exponer una reclamación que justificara un remedio. La apelante recurrió, señalando errores en la desestimación sin ser oída y en la interpretación del trámite adecuado. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso, comenzando por la jurisdicción. La sentencia del Tribunal de Apelaciones indica que desestima el caso ante sí.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso entre el Estado Libre Asociado y Ravaro Construction Corp. Ravaro Construction Corp. recurrió una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de ejecución de sentencia, invocando la prohibición de embargo de fondos públicos. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un *certiorari*. La sentencia subraya la obligación de los tribunales de examinar su propia jurisdicción. Se explica que, cuando el Estado es parte, el término para presentar un *certiorari* es de treinta días desde la notificación de la orden. Este término es de cumplimiento estricto y solo puede prorrogarse por justa causa debidamente acreditada. El recurso de Ravaro Construction Corp. fue presentado el 20 de agosto de 2024, impugnando una orden notificada el 23 de febrero de 2024. Esto excede con creces el término jurisdiccional de treinta días. Dado que Ravaro no demostró justa causa para la dilación, el Tribunal carece de autoridad para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el *certiorari* por falta de jurisdicción.

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Se revisa la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las causas de acción por acoso laboral bajo la Ley Núm. 90-2020. El apelante, Randy S. Hernández Acosta, demandó al Estado Libre Asociado y a dos supervisores del Negociado 911, alegando haber sido víctima de hostigamiento laboral por parte de sus supervisores. Denunció gritos, lenguaje soez, amenazas y un procedimiento disciplinario que consideró frívolo, resultando en daños emocionales. Los demandados negaron el acoso, afirmando que las acciones fueron medidas disciplinarias justificadas dentro de sus funciones oficiales. Argumentaron que el apelante no cumplió con los requisitos de la ley ni agotó trámites administrativos. Los apelados presentaron una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue concedida parcialmente por el TPI, desestimando las reclamaciones bajo la Ley 90-2020 contra el Gobierno y los supervisores en su carácter personal. El apelante recurrió esta decisión. El panel judicial revisó los fundamentos y confirma la Sentencia Parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un caso de cobro de dinero. El pleito original fue presentado por Caribbean Adjusters International, LLC contra el Consejo de Titulares del Condominio Ponciana y otros. Caribbean Adjusters reclama el pago del 10% de un acuerdo de seguro de \$4.9 millones por servicios de ajuste de reclamaciones por daños de terremoto. Los demandados, incluyendo el Consejo de Titulares, disputan la validez del contrato y la asamblea donde se aprobó. Los peticionarios ante el Apelativo impugnaron una orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió la intervención de Lcdo. Carlos Cabrera Colón y otros en el pleito. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de certiorari. La sentencia revoca la orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó dicha intervención.

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La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó una demanda presentada por la Asociación contra el Estado Libre Asociado, la Junta de Retiro y MetLife. En la demanda original, la Asociación solicitaba que se declararan inconstitucionales ciertos artículos de la Ley del Sistema de Retiro. Argumentaban que el seguro de incapacidad compulsorio con una compañía privada violaba derechos constitucionales. MetLife solicitó la desestimación alegando que la Asociación ya había presentado y desistido voluntariamente de la misma causa de acción en dos ocasiones previas. La Asociación sostuvo que uno de los desistimientos fue un error inadvertido. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, efectivamente, la Asociación había desistido voluntariamente de pleitos anteriores con la misma reclamación y partes. Por ello, el TPI desestimó la demanda actual en su totalidad. Tras revisar los argumentos y los autos, el panel apelativo confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Así, se ratifica la desestimación de la demanda de la Asociación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Nolliam Asencio Vélez. La peticionaria impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de convertir su querella laboral, radicada bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, a un trámite civil ordinario. La querella original alega acoso laboral en su empleo, lo que la llevó a renunciar y reclamar compensación por salarios, lucro cesante y daños emocionales, entre otros. La peticionaria argumentó que el foro primario erró al abusar de su discreción al ordenar la conversión sin fundamentación adecuada. Los recurridos se opusieron, indicando que la complejidad del caso, la necesidad de descubrimiento de prueba amplio y la naturaleza de las reclamaciones justificaban el trámite ordinario. El Tribunal de Primera Instancia había convertido el caso a la vía ordinaria y denegado la reconsideración de la peticionaria. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado. Con esta denegatoria, se confirma la determinación del foro primario de que el caso continúe por la vía civil ordinaria.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una sentencia desestimatoria en un caso de cancelación de hipoteca por pagaré extraviado. Los demandantes, dueños de la propiedad, alegaron que el pagaré se les extravió a ellos después de recibirlo de los anteriores acreedores. El Tribunal de Primera Instancia les requirió reiteradamente incluir a los anteriores acreedores como partes indispensables según la Regla 122.1 del Reglamento Inmobiliario. A pesar de las enmiendas y mociones de reconsideración de los demandantes, el foro primario desestimó la demanda sin perjuicio. La desestimación se basó en el incumplimiento con la Regla 122.1 y la falta de emplazamiento en el término de 120 días. Los demandantes apelaron, argumentando que el tribunal interpretó erróneamente la Regla 122.1 al exigir la inclusión de los anteriores acreedores y que erró al desestimar por la regla de los 120 días. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis del primer señalamiento, indicando que el Tribunal de Primera Instancia no cometió error en su interpretación inicial.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una controversia sobre el recobro de costas tras una transacción judicial. El caso se originó por una demanda de una asociación de residentes contra una aseguradora por daños causados por el huracán María. Luego de trámites judiciales y un pago parcial ordenado por el Tribunal de Primera Instancia (confirmado en apelación), la aseguradora presentó una oferta de sentencia por $600,000 adicionales, la cual fue aceptada por la asociación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia incorporando la suma transigida e imponiendo a la aseguradora el pago de las costas. La asociación presentó un memorando de costas solicitando el recobro de gastos, incluyendo honorarios de peritos y costos de deposiciones. El Tribunal de Primera Instancia aprobó dichas partidas, considerándolas razonables y necesarias. La aseguradora recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la actuación del Tribunal de Primera Instancia. Considera que las partidas solicitadas, como gastos de perito y toma de deposiciones, son típicamente recobrables. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al determinar que dichos gastos fueron razonables y necesarios para que la demandante prevaleciera mediante la transacción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Víctor Rodríguez Márquez en revisión judicial contra una resolución de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). La OASE declaró No Ha Lugar la apelación del recurrente, quien solicitó estatus permanente en el Departamento de Educación (DE) en 2016. Inicialmente, el DE denegó la solicitud, llevando al recurrente a apelar ante el foro administrativo. Durante el proceso administrativo, el DE concedió el estatus permanente al recurrente en 2022. Sin embargo, el recurrente argumentó que la permanencia debía retrotraerse a 2016, fecha en que cumplió los requisitos. El DE se opuso, alegando academicidad y que la retroactividad era un intento inoportuno de enmendar la apelación original. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la determinación de la OASE.

Resumen:

Luis Alberto Mercado Rolón presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. La determinación impugnada decretó el cese de la designación de hogar seguro, pero estableció que su efectividad sería el 30 de septiembre de 2024. El hogar seguro fue concedido originalmente para el hijo menor de las partes. El peticionario solicitó el cese porque el hijo alcanzó la mayoría de edad y es independiente. La recurrida pidió una extensión porque el hijo adulto residía con ella bajo condiciones de probatoria que culminaban en septiembre. El Tribunal de Primera Instancia justificó la extensión hasta septiembre para proteger el interés familiar. El peticionario alegó que la suspensión de la efectividad carecía de base legal y que la recurrida no tenía legitimación para pedir la extensión para un hijo mayor de edad. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El caso se origina en una demanda sobre división de comunidad de bienes hereditarios instada por la viuda del causante contra sus hijas. Las demandadas reconvinieron y solicitaron medidas para asegurar la sentencia, incluyendo la consignación de fondos y la restricción sobre cuentas 401K. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la viuda consignar cantidades específicas de dinero provenientes de cuentas bancarias, liquidación de patrono y venta de propiedad, así como abstenerse de alterar los balances de las cuentas 401K. La viuda solicitó dejar sin efecto la orden, alegando falta de jurisdicción sobre bienes regidos por leyes de otro estado. El foro primario reiteró su orden de consignación, apercibiendo de desacato en caso de incumplimiento. La viuda recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari. La peticionaria plantea que el TPI erró al ordenar embargos sobre bienes fuera de su jurisdicción y violó sus derechos constitucionales al emitir una orden ex parte.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400659. Jeyleen Ortiz Ortiz apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El foro primario desestimó con perjuicio su demanda contra Ponce Health Sciences University (PHSU) y Hospital Menonita. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños relacionados con la expulsión de la apelante de un programa universitario. El TPI concedió sentencia sumaria a favor de PHSU y desestimación a favor del Hospital Menonita. La apelante argumentó que el TPI erró al desestimar el caso y que PHSU no siguió sus reglamentos. PHSU solicitó la desestimación del recurso de apelación por incumplimiento procesal de la apelante. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Este caso es una apelación presentada por Carlos W. Santiago Rivera contra el Municipio Autónomo de Ponce ante el Tribunal de Apelaciones. El apelante impugna una resolución de la División Legal del municipio que le impuso el pago total de una multa de tránsito más una penalidad. Este proceso surge tras un recurso de revisión inicial de la multa en el Tribunal de Primera Instancia, que fue declarado No Ha Lugar. Una apelación previa ante este Tribunal (KLCE202301079) fue desestimada por falta de jurisdicción, ya que el apelante cuestionaba la negativa del municipio a aplicar un descuento, no la validez de la multa decidida por el foro primario. La resolución municipal ahora apelada, emitida después de la desestimación anterior, indicaba expresamente que la revisión judicial debía solicitarse ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para revisar directamente una resolución administrativa municipal. La vía procesal correcta para impugnar dicha determinación era, según lo dispuesto por el propio municipio, un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, el Tribunal desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo la apelación presentada por Taili Tee Thula Tovar. La apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de pensión alimentaria para menores y excónyuge contra Asdrúbal Simón Mata Cabello. El apelado solicitó la desestimación argumentando que las reclamaciones eran idénticas a las de un caso previo (SJ2020RF00274). Dicho caso anterior ya había sido desestimado por el foro primario en diciembre de 2023 y confirmado por este Tribunal de Apelaciones en marzo de 2024. El apelado también planteó la práctica de "forum shopping" por parte de la apelante. La apelante se opuso a la desestimación, alegando fraude y solicitando remedios provisionales. También informó sobre un recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo relacionado con el caso previo. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda.

Resumen:

Comparece Wilton R. Dueño Jesurún ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución, emitida el 16 de mayo de 2024, ordenó el cierre y archivo de su querella contra René Jr. Auto Repair. El DACo fundamentó su decisión en la alegada incomparecencia y falta de interés del querellante. La querella original alegaba daños a su vehículo, una multa y la pérdida de la llave por parte del taller, cuyos servicios contrató en junio de 2020. Adujo que el taller demoró la reparación y dejó el vehículo en la calle donde sufrió daños y recibió una multa. El proceso administrativo incluyó notificación de la querella, enmienda, inspección y una vista en la que el querellante presentó su prueba. El taller solicitó una suspensión para contratar abogado, y posteriormente se celebró una vista de estado con ambas partes representadas. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Resolución del DACo que cerró el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Roberto Quiñones Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugnó la determinación administrativa que le exigía esperar seis meses para ser elegible a un nuevo trabajo en la institución correccional. Quiñones Rivera fue removido de su trabajo anterior y se le aplicó el periodo de espera basado en el Artículo 10 del Reglamento 9497. Alegó que dicho artículo solo aplica a remociones por actos prohibidos de Nivel I o II, no por una supuesta "medida de seguridad". Tras agotar los remedios administrativos, donde se confirmó la decisión original, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consideró los argumentos de ambas partes. Finalmente, el Panel Especial desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por considerar el caso "académico".

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la determinación de la Junta de Subastas del Municipio de San Juan en la Subasta Núm. 2024-036. Automatic Equipment, Inc. impugnó la adjudicación de esta subasta, destinada a la adquisición de un generador de emergencia para el Hospital Municipal, a favor de Antilles Power Depot, Inc. La subasta, financiada por FEMA, requería, entre otras cosas, que el generador tuviera una clasificación de "Continuous Duty". Automatic ofreció un generador "Standby", mientras que Antilles Power ofreció uno "Continuous Duty". Aunque Automatic presentó una oferta de menor costo y menor tiempo de entrega, la Junta de Subastas determinó que incumplió con el requisito fundamental del tipo de operación del generador. Por el contrario, consideró que Antilles Power cumplió con las condiciones esenciales de los pliegos. La Junta, por tanto, adjudicó la buena pro a Antilles Power. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirma la determinación de la Junta de Subastas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación administrativa del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles del Gobierno (CEDBI). El Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH) recurrió la descalificación de su propuesta para adquirir el plantel escolar en desuso Jesús María Quiñones en San Juan. El CEDBI descalificó la propuesta inicialmente por la falta de entrega de la totalidad de documentos requeridos, específicamente la solicitud de compra. Además, consideró que la propuesta de adquirir la propiedad por un dólar no constituía un negocio jurídico aceptado por la reglamentación aplicable. CRH solicitó reconsideración, alegando haber entregado los documentos necesarios y que el precio de un dólar era admisible. El CEDBI denegó la reconsideración, reiterando que faltó el formulario de compra y que la oferta de un dólar contravenía principios de libre competencia y allegar recursos al erario. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del CEDBI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a un recurso de revisión. El recurso fue presentado conjuntamente por Roberto Rivera Santos y Ashlee Ann Díaz Alejandro. Buscaban la revisión de resoluciones separadas de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa confirmó que el señor Rivera Santos recibió \$3,691.00 en beneficios pagados en exceso. También confirmó que la señora Díaz Alejandro recibió \$5,543.00 en beneficios pagados en exceso. Ambos recurrentes habían presentado apelaciones y solicitudes de reconsideración individuales ante la Junta, las cuales fueron denegadas. A pesar de los casos separados, presentaron un único recurso de revisión judicial conjunto ante el Tribunal. El Tribunal revisó el historial procesal de los casos individuales ante la Junta. Finalmente, el Tribunal decidió desestimar el recurso de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso presentado de esta manera.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Lorenzo Delgado Torres contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia resolvió una demanda por daños y perjuicios por difamación incoada por Pablo Colón Santiago. Colón Santiago demandó a Delgado Torres por publicar información y videos presuntamente falsos y difamatorios sobre él en una página web. El foro primario declaró ha lugar la demanda y condenó a Delgado Torres al pago de $50,000 por daños a la reputación y $25,000 por angustias mentales. Delgado Torres apeló esta decisión, negando gran parte de las alegaciones y argumentando que la publicación fue en respuesta a comentarios de Colón Santiago, quien era una figura pública. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos expuestos, decidió confirmar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Ángel Cruz Cabrera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó una corrección a su Hoja de Liquidación de Sentencia, alegando errores en el cómputo. Presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante el DCR en marzo de 2024. El DCR respondió en abril de 2024, indicando que se le orientaría y entregaría una nueva hoja en los próximos días. Inconforme, el recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR en julio de 2024, reiterando que la hoja estaba en proceso. El recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error que el DCR denegara su solicitud mientras admitía que la liquidación estaba pendiente. El Tribunal evaluó la solicitud y el expediente, considerando principios de jurisdicción y recursos prematuros. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso presentado basándose en los fundamentos expuestos en la sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. La Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) impugna una resolución de la Junta Revisora de Subastas. La Junta Revisora encontró deficiencias en la notificación y contenido del aviso de adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-08274 emitido por la ASG. Determinó que, por ello, los términos para solicitar revisión no habían comenzado a decursar. La Junta Revisora ordenó devolver el caso a la Junta de Subastas para una notificación adecuada. La Junta de Subastas apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Licitantes interesados solicitaron la desestimación del recurso, argumentando que fue presentado tardíamente según nuevos términos jurisdiccionales. La Junta de Subastas sostuvo que su recurso fue oportuno bajo el término anterior. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso. La desestimación se basa en la ausencia de jurisdicción, por fundamentos distintos a los planteados por las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una petición de certiorari presentada por Lacuas LLC contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la reconsideración de órdenes previas en un caso de incumplimiento de contrato sobre un negocio de arrendamientos a corto plazo. El litigio se centra en la administración y uso de un inmueble. El foro primario emitió una orden inicial prohibiendo a ambas partes realizar mejoras o construcciones en la propiedad. Posteriormente, autorizó a la parte recurrida, Angela Marie Torres Colón, a realizar labores de mantenimiento necesarias para la conservación del inmueble. Lacuas cuestionó esta autorización, argumentando que constituía un remedio provisional improcedente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de nulidad y luego la reconsideración, aclarando que la autorización de mantenimiento buscaba evitar el deterioro y no era un remedio provisional. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Lacuas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una Sentencia Sumaria que desestimó una demanda laboral. La apelante, Elizabeth Rivera Luna, demandó a Mennonite General Hospital por despido injustificado, discrimen por edad, represalias y violación al derecho de reserva de empleo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor del hospital. Determinó que el hospital estaba exento de la Ley 139-1968 (SINOT) y podía ofrecer un plan privado con seis meses de reserva de empleo. Concluyó que el despido fue justificado porque la empleada no estaba apta para reincorporarse tras ese periodo. La apelante sostiene que el hospital no podía acortar el término de reserva de doce meses establecido por la Ley 139-1968, por ser contrario a la política pública. El hospital afirma su exención y la validez de su plan privado de seis meses. El Tribunal de Apelaciones indica que no le persuade el argumento de la apelante.

Resumen:

Se revisa la decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la inelegibilidad de Edwin Tirado González para recibir beneficios del seguro por desempleo bajo la ley CARES (PUA). El Sr. Tirado González solicitó beneficios PUA en septiembre de 2020 y fue inicialmente determinado elegible monetariamente. Posteriormente, el Negociado de Seguridad de Empleo le requirió verificación de empleo, a lo que respondió alegando ser cuidador principal de sus hijos debido a la educación virtual y la labor esencial de su esposa. No obstante, el NSE emitió una determinación no monetaria declarándolo inelegible. La ineligibilidad se basó en que los documentos presentados no acreditaron que tuviera un empleo o trabajo por cuenta propia previo afectado por la emergencia del COVID-19. Esta determinación fue confirmada por un árbitro y luego por el Secretario del Trabajo. El Sr. Tirado González apeló esta decisión ante el tribunal. Tras revisar el recurso, el panel judicial decide confirmar el dictamen recurrido.

Resumen:

Recurso de Apelación presentado por Eduardo Cora Colón y María de los Ángeles Hernández Viera contra Grupo Ferrer Rangel (GFR Media, LLC). Solicitan la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por difamación y daños y perjuicios. La demanda se basó en noticias publicadas por El Nuevo Día que identificaron erróneamente al señor Cora Colón como acusado en un caso federal, a pesar de que los cargos en su contra habían sido desestimados previamente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación del señor Cora Colón por falta de prueba sobre los daños reales sufridos. Respecto a la señora Hernández Viera, el foro primario determinó que sufrió daños emocionales por la negligencia de GFR, pero desestimó su causa de acción. La desestimación de la señora Hernández Viera se fundamentó en que la reclamación de un tercero por difamación a otra persona solo procede si la acción principal es declarada con lugar. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada. La confirmación implica que se sostiene la desestimación de la demanda por difamación contra GFR Media.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelación fue presentada por Linda Báez Fernández contra Sunnova Energy Corporation. Sunnova demandó a la señora Báez en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, por el impago de mensualidades de un contrato de venta a plazos de un sistema fotovoltaico. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda y condenó a la apelante al pago de \$2,983.07. La señora Báez apeló, alegando principalmente que no hubo contrato válido entre las partes debido a un vicio en el consentimiento o firma. También había solicitado sin éxito la conversión del trámite procesal a ordinario y la imposición de fianza a Sunnova. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la prueba presentada por ambas partes en el juicio. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

José Correa Rosa solicitó revisión judicial de dos decisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante estas decisiones, el DCR le denegó el acceso a los programas "Religiosos y Seculares" y "Pase Extendido con Monitoreo Electrónico". El DCR fundamentó su negativa en que dichos programas no existían al momento de la sentencia del recurrente en 1988 por asesinato y fuga. Correa Rosa alegó que el DCR erró al denegarle el acceso basándose en la inexistencia de los programas al momento de los hechos. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del DCR bajo el estándar de si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. Tras examinar el recurso, el tribunal concluyó que la decisión del DCR no fue arbitraria ni constituyó un abuso de discreción. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó las decisiones recurridas del DCR.