Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 35)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia se origina en una derrama de más de $300,000 aprobada en enero de 2022 por el Consejo de Titulares de The Residence at the Park. Dicha derrama tenía como fin la modernización de los elevadores y el sistema de cámaras del condominio, ante problemas de seguridad con los ascensores. En una Asamblea de Titulares, tras presentaciones técnicas y propuestas, se votó la moción para la derrama. El resultado fue de 11 votos a favor y 1 en contra, emitido por Seven Three Seventeen, LLC. Seven Three presentó una querella ante el DACo, argumentando que la derrama era para mejoras y requería unanimidad, siendo ilegalmente impuesta. El DACo desestimó la querella y ordenó su archivo. Seven Three apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del DACo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Gerardo Colón Mejías contra Island Recycling Corp. Island Recycling apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le encontró responsable por un accidente de tránsito. El señor Colón Mejías demandó a Island Recycling por daños y perjuicios sufridos en un choque ocurrido el 9 de abril de 2021. Alegó que un camión de la compañía invadió su carril, causando el incidente. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda. Ordenó a Island Recycling pagar \$45,000 por daños y angustias mentales y \$3,000 por honorarios de abogado. Island Recycling negó negligencia y los daños reclamados. Tras revisar la prueba documental y testifical presentada en el juicio, el Tribunal de Apelaciones emite su fallo. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II. Se refiere a un recurso de Certiorari presentado por José Enrique Ortiz Reyes contra Carmen Margarita Colón Rudón. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Coamo, y trata sobre la liquidación de una comunidad de bienes. El Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, consideró el recurso. En la resolución fechada el 21 de noviembre de 2024, el Tribunal denegó la expedición del recurso de Certiorari. La decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que permite denegar la expedición sin necesidad de justificar la decisión.

Resumen:

Se presentó una petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico impugnando una resolución del tribunal de primera instancia. Los peticionarios buscaban revocar la decisión del foro primario que declaró Ha Lugar el memorando de costas presentado por los recurridos. El caso subyacente trataba sobre reclamaciones de daños y perjuicios y obras colindantes, donde los peticionarios no tuvieron éxito tras un juicio. Como parte vencedora, los recurridos solicitaron el reembolso de gastos de litigio, incluyendo honorarios periciales sustanciales. Los peticionarios se opusieron a las costas, argumentando que el perito fue innecesario y contratado por insistencia de los recurridos. El tribunal de primera instancia concedió las costas, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite discreción para conceder honorarios periciales según su naturaleza y utilidad. Tras evaluar la petición que impugnaba esta decisión sobre las costas, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Dos peticiones de Certiorari, KLCE202401149 y KLCE202401181, fueron presentadas para impugnar una misma Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La primera petición, radicada por Alpha Demolitions y otros, buscaba revocar la denegatoria de su moción de sentencia sumaria parcial en un pleito de daños y perjuicios. La segunda petición, presentada por Bayside Builders y sus aseguradoras, solicitaba revocar la negativa del TPI a desestimar el pleito en cuanto a ellos. Ambas peticiones se originan en un caso de daños y perjuicios incoado por la Sucesión de Israel Kopel Amster tras un accidente de tránsito. La parte recurrida solicitó la consolidación de ambos recursos por tratar sobre la misma resolución. El tribunal ordenó la consolidación de los casos KLCE202401149 y KLCE202401181. Posteriormente, la parte recurrida presentó una oposición a la expedición de los autos consolidados. Habiendo recibido las comparecencias de las partes, el tribunal considera perfeccionados los recursos consolidados para su atención.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La demandante, Socorro Teresa Mora Díaz, reclamó contra la Dra. Ivelisse González Esteban. La alegación surge de una evaluación médico-pericial realizada por la doctora para una aseguradora en un caso previo, no de una relación médico-paciente de tratamiento. La señora Mora Díaz sostuvo que la doctora manipuló su brazo izquierdo de forma abrupta durante la evaluación, causándole daños. La doctora González Esteban solicitó sentencia sumaria, argumentando la ausencia de relación médico-paciente, un consentimiento informado con relevo de responsabilidad y un acuerdo transaccional previo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. La doctora recurrió de esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y revocó la Resolución del foro primario.

Resumen:

Se presentan dos Peticiones de Certiorari, radicadas bajo los alfanuméricos KLCE202401149 y KLCE202401181. Ambos recursos impugnan una misma Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 9 de agosto de 2024. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de sentencia sumaria parcial y rechazó desestimar el pleito respecto a ciertas partes en un caso de daños y perjuicios. Los peticionarios en el primer recurso incluyen a Alpha Demolitions, Inc. y otros, mientras que en el segundo figuran Bayside Builders, LLC y sus aseguradoras. La parte recurrida es la Sucesión de Israel Kopel Amster, demandante en el pleito original. A solicitud de la parte recurrida, ambos casos fueron consolidados por tratar sobre el mismo dictamen del foro primario. El pleito de daños y perjuicios se originó en 2020, reclamando responsabilidad por la muerte de la señora Josefina Manuela Ballester Cabrera tras un accidente de tránsito. La parte recurrida presentó una oposición a la expedición de los autos solicitados, y los recursos consolidados se consideran perfeccionados.

Resumen:

Se presenta un recurso de Certiorari por Rolando Barreiro Vázquez solicitando la intervención del Tribunal de Apelaciones sobre reclamos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario alega no haber obtenido respuesta sobre el estatus de su caso a pesar de vistas previas. El Tribunal explica que el Certiorari es un vehículo procesal extraordinario para corregir errores de derecho de un foro inferior, sujeto a la discreción del tribunal apelativo. Sin embargo, esta discreción está limitada por la jurisdicción, la cual es un requisito fundamental e insubsanable. Los tribunales deben desestimar recursos si carecen de jurisdicción. Para presentar un Certiorari, se deben cumplir requisitos específicos de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, incluyendo la citación de la base jurisdiccional y la discusión de errores. El Tribunal Supremo ha enfatizado la necesidad de cumplir estas reglas. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari presentado por el Sr. Barreiro Vázquez. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, bajo certiorari, se relaciona con un litigio sobre partición de herencia, pago de legado y cuota viudal. La peticionaria busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 2024. En esa resolución, el foro primario determinó, entre otras cosas, que los herederos pueden conmutar la cuota viudal que exceda de $5 millones mediante una renta vitalicia. También resolvió que la valoración de acciones para calcular el usufructo viudal se hará a valor en libros, no a valor de mercado. La resolución también trató sobre el nombramiento de peritos y el contador partidor. El caso tiene un historial que data de 2017, involucrando disputas sobre las disposiciones testamentarias del causante respecto al usufructo de la viuda. Tras considerar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. Los peticionarios recurrieron una orden del Tribunal de Primera Instancia que descalificó a su abogado, Lcdo. José R. Santos Cruz. La parte recurrida solicitó la descalificación alegando conflicto de interés. Argumentó que el abogado actuó como notario en escrituras de donación, compraventa y cesión relacionadas con bienes del caudal relicto, las cuales son objeto de controversia en el litigio. El foro primario inicialmente denegó la solicitud por prematura, pero la concedió posteriormente tras un descubrimiento de prueba y nuevos argumentos. Los peticionarios solicitaron reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Presentaron entonces un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida presentó su alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los argumentos, decidió expedir el auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que descalificaba al abogado.

Resumen:

La Cooperativa de Seguros Múltiples comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria de Seguros Múltiples en un caso de acción de clase. El pleito fue instado por Lynette Rodríguez Flores, quien impugna la práctica de Seguros Múltiples de aplicar un descuento por depreciación a las piezas de vehículos en reclamaciones por pérdida parcial. La demandante alega que esta práctica incumple el contrato de seguro y viola la Ley de Acción de Clase del Consumidor. Sostiene que la póliza no autoriza la depreciación o que el reemplazo de piezas no constituyó una mejora. Seguros Múltiples argumentó que la depreciación es una práctica válida y que la demandante aceptó el pago. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria sin resolver la legalidad de la depreciación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones adelantará la denegación de la expedición del auto de certiorari solicitado por Seguros Múltiples.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Michael Eligio Berrios de León. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para reducir su sentencia en un 25%. Argumentó que procedía la aplicación atenuada de forma compulsoria por haber sido sentenciado como menor de edad. En 2013, Berrios de León se declaró culpable de asesinato atenuado, tentativa y Ley de Armas, recibiendo una sentencia total de 30 años mediante un acuerdo. El Ministerio Público se opuso a su solicitud, alegando que fue presentada fuera de los términos de las Reglas 185(a) y 192.1 de Procedimiento Criminal. Sostuvieron que la sentencia original era legal y el tribunal tenía jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó expedir el recurso de certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Nancy Cardenales, peticionaria en un caso de liquidación de comunidad de bienes contra Herminio Cardenales. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que reiteró su determinación de dar por admitido un Requerimiento de Admisiones cursado por el recurrido. El caso original versa sobre la división de bienes postgananciales, incluyendo dinero y una propiedad inmueble. La controversia surgió luego de que la representación legal de la peticionaria solicitara varias prórrogas para contestar el requerimiento de admisiones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la última prórroga solicitada. Ante la falta de contestación oportuna, el recurrido solicitó que las admisiones se dieran por admitidas. El Tribunal de Primera Instancia emitió la orden recurrida, reiterando la admisión de las aseveraciones. Examinado el recurso de certiorari presentado por la señora Cardenales. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emite una Resolución en un caso de impericia médica. El peticionario, Gabriel Berríos Vélez, solicitó un auto de certiorari para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Orden reguló los honorarios del perito del peticionario para una deposición, fijándolos en $300 por hora con tres horas garantizadas, una reducción significativa de los $1,000 por hora solicitados inicialmente por el perito. El peticionario argumentó que el tribunal primario erró al fijar los honorarios sin prueba de que fueran irrazonables y sin que los recurridos demostraran falta de medios económicos, lo que le imponía una carga financiera indebida. Los recurridos, Dr. Antonio Yulián Valentín y Puerto Rico Medical Defense Insurance Company, se opusieron al recurso. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Ada Inés Carmona Rivera apeló una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). En el DACo, Carmona Rivera había presentado una querella contra la Presidenta de la Junta de Directores del Condominio La Arboleda, Total Administration, Inc., y otros. La querella alegaba incumplimientos a la Ley de Condominios, específicamente cuestionando la falta de permiso de DACo de un supuesto administrador. El DACo desestimó la querella sumariamente, argumentando falta de jurisdicción por no incluir al Consejo de Titulares y falta de legitimación pasiva de los querellados. Carmona Rivera argumentó en apelación que el DACo erró al desestimar sin permitir enmendar la querella para incluir al Consejo de Titulares y al determinar que los administradores carecían de legitimación pasiva. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. La sentencia revoca la resolución emitida por el DACo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Estado Libre Asociado, el Departamento de Recreación y Deportes y la Administración de Terrenos (peticionarios) solicitaron dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios contra Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. (CDRC). El caso original busca la reversión de la titularidad de terrenos cedidos a la CDRC. Los peticionarios alegan que la Ley Núm. 67-2022 y el incumplimiento de condiciones en la escritura de donación de 1975 justifican la reversión. La CDRC, por su parte, cuestiona la constitucionalidad de la Ley Núm. 67-2022 y niega haber incumplido las condiciones. El foro primario había determinado previamente que la controversia principal era el cumplimiento de las condiciones, requiriendo prueba en un juicio. También afirmó la legitimación activa de la CDRC para su reconvención. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la solicitud, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria a favor de los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de incumplimiento de contrato entre Benjamin Blad, Kevin Gan y Carla Elena Coletti. La controversia central giró en torno a la negativa del foro primario a levantar la anotación de rebeldía contra la Sra. Coletti. Los demandantes solicitaron emplazamiento por edicto, alegando que la Sra. Coletti residía en California, y se anotó la rebeldía al no contestar la demanda. La Sra. Coletti solicitó dejar sin efecto la rebeldía, argumentando que residía en Puerto Rico en la propiedad arrendada y que su dirección era conocida por los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de levantamiento de rebeldía. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto solicitado. Concluyó que procedía revocar la resolución apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de Universal Group, Inc. para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Universal y ordenó la continuación del caso. La acción original fue presentada por Jackeline Butter Matos contra Universal por represalias en el empleo y despido constructivo. La señora Butter alega que Universal la indujo a renunciar mediante condiciones de trabajo onerosas y vejámenes. Universal niega las alegaciones, sostiene que la señora Butter renunció voluntariamente y que la prueba no sustenta sus reclamaciones. Universal buscaba la desestimación del caso mediante sentencia sumaria. La señora Butter se opuso, alegando la existencia de hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó expedir el auto solicitado.

Resumen:

Procede un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones instado por Altitude West, LLC en un caso de daños. El peticionario solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la paralización del juicio en su fondo. Dicha denegatoria ocurrió tras el TPI notificar una Resolución declarando no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria de Altitude. Altitude argumentó que forzar el juicio antes de agotar sus derechos apelativos constituía una violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y, mediante Resolución previa, paralizó provisionalmente el juicio pautado. En esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones evalúa los fundamentos del recurso. Concluye que procede expedir el auto. Por tanto, revoca la Orden del TPI que denegó la solicitud de aplazamiento del juicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Resolución de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas que suspendió la licencia del señor Juan A. Santiago Candelaria. La suspensión se basó en el incumplimiento del recurrente con el requisito de educación continua de ocho horas para el año 2023, según lo dispuesto por la ley. El Colegio de Peritos Electricistas notificó al señor Santiago Candelaria su incumplimiento y certificó la lista de electricistas morosos a la Junta. A pesar de que el recurrente presentó evidencia de haber completado las horas posteriormente, la Junta determinó que el incumplimiento existía a la fecha límite. La Junta emitió una resolución declarando procedente la suspensión de la licencia. El señor Santiago Candelaria solicitó reconsideración y luego acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando falta de jurisdicción de la Junta por incumplimiento procesal del Colegio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución emitida por la Junta Examinadora.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un recurso de revisión judicial presentado por American Roofing of Puerto Rico. La recurrente solicitó la revocación de la Resolución de Adjudicación Enmendada de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). American Roofing alegó arbitrariedad, prejuicio y parcialidad en la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-13341. Dicha subasta buscaba establecer contratos de selección múltiple para la impermeabilización de techos para entidades gubernamentales. Se presentaron 16 ofertas, y la Junta de Subastas adjudicó la buena pro a cinco licitadores para distintas zonas geográficas. La evaluación se basó en el precio, el cumplimiento con 39 partidas de términos y condiciones, y el "mejor valor" para el Gobierno, no limitándose al precio más bajo. American Roofing, al no ser seleccionada, impugnó el resultado. Tras evaluar los argumentos de la recurrente, el Tribunal determinó que estos no superaban los criterios deferenciales para la revisión de determinaciones administrativas. Por consiguiente, el Tribunal decidió Confirmar la Resolución recurrida.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Cardinal Health P.R. 220, LLC, impugnando la adjudicación de una subasta por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. La subasta era para la adquisición de un analizador de cultivos de sangre. Cardinal Health presentó la oferta económica más baja. No obstante, la Junta de Subastas rechazó su propuesta. La Junta de Subastas justificó el rechazo señalando deficiencias en la oferta de Cardinal Health, como requisitos de mantenimiento, falta de personal técnico y especialistas en Puerto Rico, y aspectos de eficiencia y automatización. La subasta fue adjudicada a otro licitador con una oferta de mayor costo. Cardinal Health solicitó una revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas, argumentando que su oferta representaba el mejor valor e interés público. La Junta Revisora confirmó la decisión de la Junta de Subastas. Inconforme, Cardinal Health recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari en un caso de custodia, patria potestad y alimentos. La peticionaria solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia emitida en corte abierta y transcrita en una "Minuta". Al examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones observó que la "Minuta" impugnada carecía de la firma del juez de instancia. Conforme a las reglas procesales, una "Minuta" que contiene una resolución u orden emitida en corte abierta debe estar firmada por el juez y ser notificada a las partes para que se activen los términos para recurrir. Dado que la "Minuta" no estaba firmada, no se consideró debidamente notificada. Por consiguiente, los términos para apelar la determinación no habían comenzado. El Tribunal de Apelaciones determinó que, al no haberse activado los términos apelativos, carecía de jurisdicción para revisar los méritos de la controversia. Por los fundamentos expuestos, el recurso de certiorari presentado fue desestimado.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por María Milagros Charbonier Laureano. Ella solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en un caso civil. El Estado la había demandado por daños y perjuicios y enriquecimiento injusto bajo el Código Anticorrupción, basándose en su convicción federal por corrupción. La Sra. Charbonier Laureano argumentó que la acción civil era prematura porque el caso federal aún no era final y firme, lo que significaba que el asunto carecía de la madurez necesaria para una adjudicación judicial. El Estado replicó que el Código Anticorrupción no exigía una convicción final como requisito previo para presentar la acción civil, y que el caso podía probarse mediante preponderancia de la prueba. El TPI estuvo de acuerdo con el Estado y denegó la moción de desestimación, ordenando a la Sra. Charbonier Laureano contestar la demanda. Luego de que el TPI denegara la reconsideración, ella presentó esta petición de Certiorari, alegando que el TPI erró al asumir jurisdicción sobre un asunto no maduro. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la petición de Certiorari sin trámite ulterior.

Resumen:

FirstBank Puerto Rico solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de FirstBank para desestimar la demanda enmendada presentada por Mesh Suture, Inc. Mesh Suture demandó a FirstBank por daños y perjuicios e interdicto permanente, alegando que el banco actuó negligentemente al permitir que una persona no autorizada abriera cuentas a nombre de la corporación, facilitando la apropiación ilegal de fondos. FirstBank argumentó que la acción estaba prescrita y que la demanda no exponía una reclamación válida, negando obligaciones bajo leyes federales y señalando que las cuentas originales ya estaban cerradas. Mesh Suture se opuso, indicando que su reclamo se basaba en negligencia civil bajo el Código Civil, que no estaba prescrito y que nuevas cuentas justificaban el interdicto. El Tribunal de Primera Instancia rechazó los argumentos de FirstBank y ordenó continuar con el pleito. Inconforme con esta determinación, FirstBank presentó la petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, denegó la expedición del auto solicitado por FirstBank.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión judicial solicitada por la Policía de Puerto Rico. La Policía recurrió una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Dicha resolución de la CIPA había declarado Ha Lugar la apelación del exagente Ronald Riopedre Flores. La CIPA revocó la resolución previa del Comisionado de la Policía que impuso la medida disciplinaria de expulsión al exagente. La expulsión se basó en imputaciones de infracciones a la Ley de Violencia Doméstica y otras faltas graves en 2020. La CIPA también ordenó el pago de salarios y haberes dejados de percibir por el exagente. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por la CIPA. Esto valida la decisión de revocar la expulsión del exagente y ordenar su compensación.

Resumen:

Un miembro de la población correccional presentó una Moción de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones solicitando una cita médica dental. El tribunal emitió una resolución requiriendo al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informar sobre el estado de la cita. El DCR cumplió, certificando que el peticionario tuvo su cita dental en una fecha posterior a la presentación de la moción. El Tribunal consideró la doctrina de academicidad, que establece que los tribunales no deben resolver controversias que han perdido vigencia. Dado que el asunto solicitado por el peticionario fue atendido, la controversia se tornó académica. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso.

Resumen:

El Gobierno de Puerto Rico, representando al Negociado 911 y Seguridad Pública, solicitó al Tribunal de Apelaciones un auto de certiorari. Buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la paralización de un caso de daños y perjuicios. El Gobierno argumentó que el caso, basado en hechos de 2021, estaba sujeto al interdicto permanente del Plan de Ajuste de Título III y que los demandantes no presentaron una reclamación administrativa a tiempo. Los demandantes, Laura Maldonado Caetani et al., se opusieron, alegando que su reclamación por conducta torticera y negligencia crasa caía bajo una excepción del Plan que permite la continuación de tales acciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de los demandantes y denegó la paralización. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Gobierno.

Resumen:

Joselito Cruz Campos presentó una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso buscaba revocar una comunicación del Departamento sobre su solicitud para ser evaluado para el Programa de Pase Extendido. La comunicación del 23 de septiembre de 2024 indicaba que la solicitud se encontraba bajo la consideración de la Autoridad Nominadora. El Departamento también explicó el procedimiento a seguir, incluyendo la notificación a víctimas, cuando el Comité de Derechos de las Víctimas no está constituido. El recurrente alegó que el Departamento actuó irrazonablemente al no emitir una determinación final tras más de dos meses. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. Concluyó que el recurso fue presentado de forma prematura. La comunicación apelada no constituía una determinación final sobre la solicitud de pase extendido. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Puerto Rico Council of Boy Scouts of America, Inc. (BSA) para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por BSA en un caso de Expediente de Dominio y Usucapión. En el caso original, el matrimonio Crespo-Ortega demandó a BSA y otros, reclamando la propiedad de una finca rústica por usucapión tras más de 78 años de posesión. BSA solicitó la desestimación alegando que la demanda original incumplía múltiples requisitos procesales para este tipo de acción, lo que, a su juicio, privaba al tribunal de jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y Revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Puente de Williamsburg, Inc. apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre una solicitud de información pública al Departamento de Educación. La solicitud, bajo la Ley Núm. 141-2019, pedía récords de cancelaciones de clases por escuela desde 2015 debido a emergencias, eventos atmosféricos y falta de servicios. El Puente consideró que la respuesta inicial del Departamento fue insuficiente, al no proveer detalles específicos sobre los días perdidos por escuela. Ante la falta de la información detallada, El Puente presentó un recurso especial en el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó el recurso de El Puente mediante una Sentencia. El Tribunal de Apelaciones acogió la apelación como un recurso de certiorari, señalando que la decisión de instancia debió ser una Resolución. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y confirmó la Sentencia recurrida.

Resumen:

Este caso se origina en un pleito bajo la Ley 121 sobre el cuido de adultos mayores. Un hijo solicitó una orden de protección para sus padres contra una hermana, alegando problemas de cuido y manejo financiero. El Tribunal de Primera Instancia denegó la orden de protección, pero estableció un plan detallado para el cuido de los padres, involucrando a los hijos y cuidadoras. El tribunal advirtió que el incumplimiento del plan constituiría desacato civil. Posteriormente, el peticionario fue encontrado incurso en desacato civil por alegado incumplimiento del plan y se le impuso una multa de \$250. El peticionario recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la Resolución y Orden por Incumplimiento dictada por el foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Liz Grisel Rojas Pérez contra el Negociado de Seguridad de Empleo. La recurrente solicitó beneficios de desempleo, PUA y asistencia por pérdida de salarios tras suspender su segundo empleo como corredora de bienes raíces debido a la pandemia. Simultáneamente, mantenía un empleo en el Municipio de Cayey. El Negociado de Seguridad de Empleo realizó varias determinaciones de elegibilidad basadas en su salario municipal. Una investigación posterior reveló que la recurrente continuó recibiendo su salario del municipio durante el periodo en que recibió beneficios. Esto llevó al Negociado a determinar que existían sobrepagos significativos en sus cuentas de Seguro por Desempleo, PUA y Asistencia por Pérdida de Salarios. La División de Apelaciones y el Secretario del Trabajo confirmaron la inelegibilidad y los sobrepagos. La recurrente apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó los argumentos y resolvió confirmar la determinación administrativa recurrida. Se ratifica así la inelegibilidad de la recurrente para los beneficios y los hallazgos de sobrepago.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera si un contratista privado que trabaja para una entidad gubernamental debe pagar arbitrios de construcción municipal. Super Asphalt Pavement Corp. apeló la decisión que le impuso arbitrios y una penalidad por una obra realizada para la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) en el Municipio Autónomo de Cayey. El Municipio notificó a Super Asphalt una deuda que incluía arbitrios de construcción y una penalidad por no pagarlos antes de iniciar la obra. Super Asphalt solicitó una vista administrativa, alegando estar exenta del pago de arbitrios al ser la ACT la dueña del proyecto. El Oficial Examinador municipal confirmó la imposición de la multa, aunque redujo su monto. Super Asphalt recurrió al Tribunal de Primera Instancia, que confirmó la determinación municipal y ordenó el pago de la multa. La compañía apeló esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal concluye que Super Asphalt, como entidad privada, sí está obligada a pagar los arbitrios de construcción por la obra contratada con la ACT en Cayey. Esta decisión se basa en el estatuto municipal aplicable, la jurisprudencia y la ley habilitadora de la ACT. La sentencia detalla el historial procesal que llevó a esta apelación.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, José A. Castillo Rodríguez, impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mediante un recurso de Certiorari. La disputa se centra en la forma en que el DCR liquidó su sentencia. El señor Castillo Rodríguez solicitó que su pena fuera computada al 50% bajo el Código Penal de 1974. El DCR denegó su solicitud administrativa y reconsideración, indicando que la liquidación era correcta tras una revocación de libertad bajo palabra. Según el DCR, el reglamento exige cumplir dos años desde la revocación para que la Junta de Libertad Bajo Palabra readquiera jurisdicción. El recurrente alega errores del DCR al no aplicar la computación del 50% y al interpretar incorrectamente la normativa. El Tribunal de Apelaciones evalúa el caso para resolver la controversia.

Resumen:

MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY, aseguradora del Municipio de San Juan, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. La demanda original de Ana Oquendo Fernández alegó daños por tropezar con un tubo en una acera, atribuyendo negligencia al ELA y DTOP. Posteriormente, enmendó la demanda para incluir al Municipio y MAPFRE, alegando negligencia municipal por falta de iluminación debido a un poste dañado cerca del lugar del tropiezo. MAPFRE argumentó que el Municipio tenía inmunidad ya que la acera y el poste estaban en una carretera estatal fuera de su jurisdicción. La demandante se opuso, indicando que la reclamación contra el Municipio era por la iluminación del poste, no por la condición de la acera, y que existían hechos en controversia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, concluyendo que había hechos en disputa sobre la propiedad y mantenimiento del poste y la causalidad de la caída. El foro primario también señaló que la inmunidad municipal por aceras estatales no es absoluta. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó expedir el auto de certiorari.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Rafael Luciano Quiñones y Rafael Almanzar. Impugnaron una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Loiza (TPI) en un caso presentado en su contra por Brenda Gelabert Ortiz sobre la alegada apropiación ilegal de propiedades e ingresos por alquiler. Gelabert Ortiz había solicitado al TPI que ordenara a Almanzar, quien alquilaba las propiedades, consignar los pagos de alquiler en el tribunal. El TPI interpretó esta solicitud como una moción de embargo y pautó una vista para el 25 de noviembre de 2024. En respuesta, los peticionarios buscaron revocar la orden del TPI y solicitaron una paralización de los procedimientos al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, denegó expedir el auto de Certiorari. En consecuencia, el Tribunal también declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción de los peticionarios, que buscaba detener los procedimientos del tribunal de instancia y la vista pautada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de reconsideración de Andeno, Co. El caso se originó como un cobro de dinero de Andeno contra Ángel Manuel Carbonell Vélez por un préstamo impagado. Tras una sentencia en rebeldía, se emitieron órdenes de embargo de salario y cuentas bancarias. El señor Carbonell compareció alegando que se había embargado una cantidad excesiva y solicitó la liberación de fondos y el cese de los embargos. Andeno no respondió a la moción del señor Carbonell en el plazo otorgado. Ante esta situación, el foro primario ordenó la devolución de los fondos embargados en exceso al señor Carbonell y dejó sin efecto los embargos. Andeno solicitó la reconsideración de esta orden, la cual fue declarada No Ha Lugar por el tribunal de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y confirma la resolución recurrida, validando la decisión del foro primario.

Resumen:

Comparece Colegio Mi Cuido y Educación, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de $6,489.30 en costas y honorarios de abogado por supuesta temeridad en la etapa apelativa. La imposición de costas surge de un litigio previo iniciado por la Junta de Planificación, donde el Colegio intervino y apeló un acuerdo transaccional entre las partes originales hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones había desestimado la apelación previa del Colegio sin determinar temeridad. Los demandados solicitaron costas y honorarios tras la firmeza de los dictámenes apelativos, alegando argumentos frívolos y conducta impropia del Colegio. El TPI acogió la solicitud y ordenó el pago por temeridad apelativa. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el auto de certiorari y modificar la Orden impugnada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Manuel R. Rodríguez Meléndez. El apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama del 28 de agosto de 2024. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar la Demanda del apelante sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones notó que la sentencia apelada no resolvió las reconvenciones pendientes presentadas por los apelados, R & L DEVELOPMENT S.E. y Jesús Manuel Rodríguez Fuentes. El apelante confirmó que el foro primario no se había expresado sobre las reconvenciones. El documento detalla la génesis del caso, incluyendo la demanda original y las reconvenciones presentadas por los apelados, una de ellas solicitando desalojo y cánones de arrendamiento, y la otra reclamando una suma sustancial de dinero. También menciona contestaciones a las reconvenciones y sentencias parciales previas. El punto central es que la sentencia apelada no dispuso de todas las causas de acción en el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400948, un recurso de apelación presentado por Milagros Vargas Pagán contra Carlos Rivera Ríos. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que desestimó con perjuicio una demanda sobre sentencia declaratoria, rectificación de cabida, interdicto permanente y daños. La parte apelante impugnó la desestimación y varias determinaciones del foro primario sobre linderos y cabida de propiedades. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución ordenando a la apelante notificar el recurso a la parte apelada y al tribunal de instancia, además de someter copias del apéndice. Se apercibió que el incumplimiento resultaría en la desestimación del recurso. La parte apelante no cumplió con lo ordenado dentro del término concedido. Ante dicho incumplimiento, el Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, al no haberse cumplido con los requisitos procesales establecidos y ordenados por el Tribunal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso de incumplimiento de contrato de seguros por daños de huracanes. La controversia es entre PR Asset Portfolio (PRAPI) y One Alliance Insurance Corporation. PRAPI demandó a One Alliance luego de que la aseguradora se retractara de una oferta de ajuste acordada para la segunda parte de la reclamación de PRAPI, a pesar de la aceptación por parte de esta. One Alliance alegó que propiedades incluidas en un pago anterior carecían de interés asegurable y exigió un reembolso parcial y una reclamación reducida para la segunda presentación. PRAPI argumentó que One Alliance estaba legalmente impedida de retirar la oferta y actuó de mala fe. El tribunal de primera instancia dictó sentencia sumaria a favor de PRAPI, ordenando a One Alliance pagar la cantidad reclamada, intereses pre-sentencia y post-sentencia, y $25,000 por honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de interdicto posesorio. El apelante, José Domingo Soto Pacheco, presentó la acción original contra los apelados, Jorge Meléndez, Dorka Cruz y su sociedad de gananciales. Soto Pacheco solicitó un injunction posesorio el 8 de julio de 2021. Alegó ser propietario de una finca en la Urbanización Sultana de Mayagüez, producto de la agrupación de los solares 9-M y 10-M. Proporcionó las descripciones registrales y el historial de adquisición de su propiedad. Sostuvo que los apelados poseen una finca remanente en la misma urbanización. Indicó que la propiedad de los apelados incluye el solar 11 y parte de la Calle Alhambra. La acción legal busca proteger la posesión del apelante sobre su inmueble.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, sobre una acción de nulidad de contrato. Las apelaciones impugnan una Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc que declaró nula una transacción de acciones corporativas. La transacción involucra acciones de Refrigerama, Inc. y su subsidiaria, parte de la sociedad legal de gananciales de un matrimonio. Tras el fallecimiento de la esposa, su testamento legó su parte de las acciones a sus hijos. Posteriormente, el esposo contrató la venta de su 50% de las acciones a su nieto y la esposa de este. El tribunal de instancia determinó la nulidad de dicha transacción, ordenando la devolución de las acciones a la comunidad hereditaria y el pago de un crédito. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma en parte y revoca en parte la Sentencia Parcial recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas procedentes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso principal es una acción de nulidad de contrato, daños y perjuicios, entre otros. La disputa se centra en la validez de una transacción de acciones corporativas de Refrigerama, Inc. y Empresas R y D de Puerto Rico, Inc. Las acciones pertenecían a la sociedad legal de gananciales de un matrimonio, uno de cuyos cónyuges falleció en 2006. El cónyuge sobreviviente vendió su participación en las acciones a su nieto y la esposa de este antes de la división formal de la herencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró nula la transacción desde su inicio y ordenó la devolución de las acciones a la comunidad hereditaria, con un crédito por las prestaciones recibidas. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc emitida por el tribunal inferior. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó en parte y revocó en parte dicha sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre apelaciones consolidadas en un caso de acción de nulidad de contrato. Los recursos provienen de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró nula una transacción de acciones corporativas. Dicha sentencia de instancia ordenó la devolución de las acciones a la comunidad hereditaria y el pago de un crédito por las prestaciones recibidas. El litigio se centra en acciones de Refrigerama, Inc. y su subsidiaria, que formaban parte de una sociedad legal de gananciales. Tras el fallecimiento de la esposa, quien legó acciones a sus hijos, el esposo viudo vendió su participación en las acciones a su nieto y la esposa de este antes de la liquidación de la herencia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión de instancia. Finalmente, la sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma en parte y revoca en parte la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Panel de Jueces revisa una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó la reconsideración de Edgardo Ortiz Febus para obtener dicho privilegio. El recurrente cumple una sentencia de 47 años por homicidio y ley de armas, habiendo cumplido el mínimo de sentencia en diciembre de 2021. Desde enero de 2023, se encuentra en pase extendido con supervisión electrónica por condición de salud. La Junta denegó inicialmente la libertad bajo palabra en febrero de 2024, argumentando que Ortiz no aceptaba la comisión del delito ni mostraba arrepentimiento, a pesar de su clasificación de custodia mínima, buen ajuste y plan de salida. Ortiz solicitó reconsideración, destacando su excelente conducta, rehabilitación y permanencia en la comunidad. Un documento interno de la Junta posterior a la denegación inicial indicó que, por error, se le notificó una denegación cuando debió ser una concesión. Por estos fundamentos, el Tribunal REVOCA el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

Compareció ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por Lynnette Y. Garcés Rivera contra el Departamento de la Familia. La Recurrente solicitó la revocación de una Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Resolución confirmó una determinación previa de la Administración de Familias y Niños (ADFAN). La determinación de ADFAN concluyó que dos referidos sobre maltrato institucional (físico y emocional) contra la señora Garcés Rivera, involucrando a una menor estudiante, estaban "con fundamento". Tras la notificación inicial, la señora Garcés Rivera apeló ante la Junta Adjudicativa, donde se celebró una vista adjudicativa. El Oficial Examinador emitió un informe que fue adoptado por la Junta Adjudicativa, confirmando la determinación de maltrato. La Recurrente presentó una moción de reconsideración argumentando falta de prueba directa y dependencia en prueba de referencia, la cual fue declarada "No Ha Lugar". El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones buscaba revertir estas decisiones administrativas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución emitida por la Junta Adjudicativa.

Resumen:

Comparece ante este foro la Sra. Karilyn Bonilla Colón para revisar una Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG determinó que la señora Bonilla, como exalcaldesa de Salinas, violó la Ley Núm. 1-2012. Se le imputó haber nombrado a una persona sin cumplir los requisitos académicos y de experiencia como directora interina de finanzas. Además, se le acusó de autorizar pagos diferenciales a esta funcionaria por dicho interinato, sumando \$15,914.42. La OEG le impuso multas administrativas por \$4,000 y ordenó la restitución de los fondos desembolsados. La señora Bonilla negó las alegaciones, argumentando que la designación fue investigada previamente sin señalamientos de violaciones éticas o malversación. Tras revisar el caso, el panel judicial emite una sentencia. El dictamen administrativo recurrido de la OEG es revocado por este foro.

Resumen:

Sentencia emitida por un panel judicial en Puerto Rico con fecha de 15 de noviembre de 2024. Resuelve un recurso de Apelación presentado por Advance Technologies contra el Gobierno Municipal de Cataño. Advance Technologies apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños relacionados con un contrato para la instalación de cámaras de seguridad. Advance Technologies argumentaba que el Municipio le cobró indebidamente arbitrios de construcción por un contrato de servicios. El TPI, aunque desestimó la demanda principal, ordenó al Municipio devolver las partidas cobradas por concepto de arbitrios. Advance Technologies solicitaba la revocación de la Sentencia del TPI. Tras evaluar los escritos y el expediente, el panel judicial confirma el dictamen apelado.