Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 325)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos apelaciones presentadas por el Hospital HIMA-San Pablo de Humacao, el doctor Israel González Cruz y el doctor Rafael Vicéns Rodríguez. Los apelantes impugnaban una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les declaró responsables por daños y perjuicios. La demanda original fue interpuesta por Normarie López Díaz y Efraín Robledo Rivera por la pérdida de su hijo no nacido, alegando impericia médica. La paciente acudió a la sala de emergencias del Hospital HIMA en su octavo mes de un embarazo de alto riesgo, presentando molestias que evolucionaron a dolor intenso y sangrado. Alegaron que no recibieron la atención médica adecuada, lo que resultó en la muerte fetal. El Tribunal de Primera Instancia encontró negligente al doctor González Cruz por no cumplir el estándar de cuidado. Tras revisar la prueba, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en cuanto a la responsabilidad del doctor González Cruz. No obstante, confirmó la sentencia en la parte que impuso responsabilidad al doctor Rafael Vicéns Rodríguez y al Hospital HIMA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios entre Carlos Soto Laracuente y Pilar Muñoz Nazario, exsocios en una oficina legal. Soto Laracuente demandó a Muñoz Nazario por una alegada deuda y daños relacionados con su práctica conjunta. Muñoz Nazario presentó reconvenciones derivadas de los mismos hechos. Soto Laracuente solicitó el desistimiento de su demanda sin perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia concedió el desistimiento y desestimó las reconvenciones de Muñoz Nazario sin perjuicio, invocando economía procesal. Muñoz Nazario apeló esta decisión, argumentando que deseaba continuar con sus reclamaciones reconvencionales. Tras revisar el dictamen apelado y los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, María Chamorro Ferrer, Edna Sálamo Olmedo y Gilberto Nieves Santiago, fueron atropellados en una acera por Carlos Reyes Martínez, quien conducía ebrio y sin licencia. El accidente ocurrió el 3 de agosto de 2008, cuando el vehículo invadió la acera donde caminaban las víctimas. El documento detalla las graves lesiones y el trauma sufrido por cada uno de los demandantes, incluyendo quedar atrapados bajo el auto y sufrir múltiples atropellos en las piernas. El Tribunal de Primera Instancia valorizó los daños en $250,000.00 y ordenó a los demandados, Carlos Reyes Martínez y Universal Insurance Company, a pagar dicha suma más gastos y costas. Los demandados están apelando esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Los hechos del accidente, tal como se describen, no están en controversia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones abordará la revisión de la determinación de daños y la orden de pago.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un caso de impericia médico hospitalaria. Las apelaciones fueron presentadas por el Hospital HIMA-San Pablo de Humacao, el doctor Israel González Cruz y el doctor Rafael Vicéns Rodríguez. Cuestionaban una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró responsables por los daños sufridos por Normarie López Díaz y otros debido a la pérdida de su hijo no nacido. La demanda original alegó negligencia en la atención de emergencia de la madre, quien presentaba un embarazo de alto riesgo. El Tribunal de Primera Instancia había encontrado negligencia en las actuaciones del doctor González Cruz, entre otros. Tras evaluar la prueba, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en cuanto a la responsabilidad del doctor González Cruz. No obstante, confirmó la sentencia apelada respecto a la responsabilidad del doctor Rafael Vicéns Rodríguez y del Hospital HIMA.

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Resuelve la apelación presentada por el Dr. José A. Piña Álvarez contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El caso original fue una demanda por incumplimiento de contrato y disolución de la corporación Servicios Visuales del Norte, presentada por el Dr. Carlos J. Rodríguez Torres contra el Dr. Piña. Ambos eran accionistas al 50% y surgieron diferencias irreconciliables, con alegaciones de conducta desleal por parte de Piña. Piña aceptó la disolución y presentó una reconvención, sobre la cual Rodríguez incurrió en rebeldía. El TPI nombró un comisionado especial para la liquidación y distribución de la corporación. La sentencia apelada acogió el informe final presentado por dicho comisionado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, determina revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre el recurso presentado por José E. Rivera Fernández, alias "Gallo". El apelante solicitaba la revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo halló culpable de múltiples delitos. Entre los cargos se encontraban dos asesinatos en primer grado, conspiración, destrucción de evidencia y varias violaciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados ocurrieron el 24 de diciembre de 2012 en Luquillo. El Tribunal de Primera Instancia encontró causa para arresto y celebró el juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos, el derecho aplicable y la transcripción de la prueba oral. La prueba incluyó el testimonio de un testigo que detalló la participación del apelante en los hechos, incluyendo la provisión de armas y la dirección de un tiroteo. Tras su análisis, el Panel X del Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación fue presentada por empleados y exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Demandaron a la AEE por daños y perjuicios alegando exposición a asbesto en el trabajo y conducta intencional. También reclamaron el pago por remoción privada de asbesto bajo un acuerdo entre la AEE y la unión UTIER. La AEE se defendió invocando inmunidad patronal y falta de legitimación activa para el reclamo del acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia consolidó los casos y desestimó las demandas con perjuicio. Un panel anterior de este Tribunal ya había desestimado la reclamación del acuerdo de pago. Los apelantes solicitaron la revocación de la sentencia de instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Se mantiene así la desestimación con perjuicio de las demandas por daños y perjuicios contra la AEE.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201300547. Se trata de una apelación presentada por Mc Leary 51, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia de instancia acogió una solicitud del Municipio de San Juan bajo la Ley 161 para que Mc Leary 51, Inc. cesara la operación de un "servi-carro" en su negocio "Yogen Fruz". El procedimiento especial fue iniciado por el Municipio a raíz de querellas ciudadanas. La controversia se centra en si la operación del "servi-carro" estaba autorizada por el Permiso de Uso obtenido por Mc Leary 51, Inc. La prueba presentada en instancia, incluyendo el testimonio de un funcionario municipal, demostró que los planos sometidos y aprobados para el permiso no mostraban la existencia de un "servi-carro" ni acceso para el mismo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la operación del "servi-carro" no fue considerada ni evaluada al momento de aprobar los planos. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la Sentencia que ordenó el cese y desista de dicha operación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso subyacente trata sobre partición de herencia, impugnación y nulidad de testamento. La peticionaria es una notaria pública, María Luisa Martínez López. Ella impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exige permitir a las partes en el pleito examinar un testamento contenido en su protocolo. Dicha orden fue emitida como parte del descubrimiento de prueba. La notaria presentó mociones en instancia oponiéndose a la inspección, las cuales fueron denegadas. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. La moción en auxilio de jurisdicción fue previamente declarada no ha lugar. Tras examinar el recurso discrecional de certiorari, el Tribunal de Apelaciones deniega su expedición. La resolución expone los fundamentos para esta denegatoria.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia relacionada con un permiso de construcción de valla publicitaria otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a Blue Media Advertising. Lamar Advertising, quien intervino en el proceso administrativo, impugnó el permiso y la forma en que fue notificado. Lamar alegó que la OGPe no consideró sus planteamientos, no emitió determinaciones de hecho/derecho, violó reglamentos y no proveyó una notificación adecuada. Blue Media solicitó la desestimación del recurso de Lamar, argumentando que la notificación recibida por Lamar era inoficiosa y carecía de los requisitos de debido proceso. El Tribunal concluyó que la notificación emitida por la OGPe a Lamar el 12 de marzo de 2015 era inoficiosa. Determinó que dicha notificación no cumplía con los requisitos de debido proceso de ley establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión presentado por Lamar. La Sentencia ordena devolver el expediente a la OGPe para que emita una notificación que cumpla con todas las exigencias legales. La decisión se basa en el defecto procesal de la notificación, sin resolver sobre la validez del permiso en sí.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso se origina en una querella de consumidores, Noemí Nazario Vélez y Carlos José Serpa, contra Oriental Bank & Trust y Nimay Auto Corp., Inc., sobre la compraventa de un vehículo de motor. DACO había declarado Ha Lugar la querella y nulo el contrato de compraventa a plazos. Oriental Bank apeló la resolución de DACO ante el Tribunal de Apelaciones, imputándole varios errores. El Tribunal emitió múltiples resoluciones requiriendo a Oriental preparar una transcripción de la vista administrativa y procurar su estipulación. Oriental incumplió repetidamente con estos requerimientos procesales a pesar de los recordatorios. Ante la inacción de Oriental, DACO presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por incumplimiento. Oriental no replicó a la moción de desestimación. La sentencia aborda la falta de cumplimiento procesal de la parte recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Total Petroleum Puerto Rico, Corp. apeló la desestimación con perjuicio de su demanda contra Aguadilla Paint Center, Inc. La controversia central gira en torno al incumplimiento reiterado de Total con el término legal para diligenciar el emplazamiento según la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Total presentó la misma reclamación por rentas adeudadas en tres ocasiones sucesivas. La primera demanda fue desestimada sin perjuicio por no emplazar a tiempo. La segunda demanda sufrió una desestimación con perjuicio debido a un segundo incumplimiento con el término de emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia determinó que esta segunda desestimación tuvo el efecto de una adjudicación final sobre los méritos. Consecuentemente, desestimó la tercera demanda también con perjuicio, lo que motivó la apelación de Total.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Roberto González Jiménez. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracción a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. El foro primario le impuso una pena de seis meses de cárcel y un arancel especial de $100. El apelante alegó que la pena correcta era de noventa días según una enmienda reciente al Código Penal (Ley 246-2014). También cuestionó la imposición del arancel especial por ser indigente, argumentando inconstitucionalidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de reconsideración sobre la pena y el arancel. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, ordenó la inmediata excarcelación del apelante. Determinó que la pena aplicable era de noventa días, la cual ya casi había cumplido. La Procuradora General se allanó al planteamiento sobre la pena. El documento detalla los fundamentos de la apelación, incluyendo el debate sobre la duración de la sentencia y la validez del arancel para personas sin recursos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201400767. La apelante, Liana I. Boada Rodríguez, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero presentada por Car Caribbean Radiators, Inc. La demanda se basó en el procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil y reclamaba gastos de almacenamiento de un vehículo. Existía una sentencia previa y final entre las mismas partes sobre el cobro por un período anterior de almacenamiento del mismo vehículo. La demanda actual reclamaba el pago por el almacenamiento posterior a la sentencia previa. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la deuda era líquida y exigible y ordenó el pago. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada, llevando al presente recurso de apelación. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial instado por Interspace Industries, Corp. contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo había ordenado la resolución de un contrato de obra y el pago de $1,650.00 a Reyna Pimentel Rocha. El Tribunal desestima el recurso de revisión por falta de jurisdicción para atender el caso. Se subraya la obligación de los tribunales de examinar su propia jurisdicción como cuestión de umbral. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y impide entrar a resolver los méritos del recurso. La jurisdicción para revisar decisiones de agencias administrativas se rige por la Ley de la Judicatura y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Al determinar la falta de jurisdicción, el Tribunal no evalúa los fundamentos de la decisión administrativa recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La peticionaria, Sandra Coral Garret, solicitó un auto de certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de sentencia sumaria para desestimar la petición de custodia compartida presentada por el recurrido, José Carlos Rodríguez Verle. El foro primario entendió que existían controversias de hechos esenciales que impedían resolver sumariamente y que el caso había sido referido a la Unidad Social. La peticionaria solicitó reconsideración, la cual también fue declarada no ha lugar. Tras examinar el recurso de certiorari y la oposición del recurrido, el Tribunal de Apelaciones aplicó el estándar de deferencia a las decisiones discrecionales del foro de instancia. Evaluando los criterios para la expedición del auto, el tribunal concluyó que no procedía intervenir en esta etapa. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Rosendo Rodríguez Meléndez. El peticionario solicitó la revisión de la denegatoria a su pedido de nulidad de una subasta judicial y la orden de lanzamiento relacionada. También buscó la revisión de la denegatoria a otros remedios. El caso surge de la ejecución de una sentencia previa por cobro de dinero, donde una propiedad del peticionario fue subastada y adjudicada. Rodríguez Meléndez argumentó que la subasta era nula por múltiples fallos procesales, incluyendo notificaciones defectuosas, descripción inadecuada de la propiedad y vicios en el acta de venta. Cuestionó la representación de los acreedores y la validez de la escritura de venta. Tras evaluar las posturas y el expediente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en considerar la petición académica.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una reclamación de pago de nóminas por parte de un confinado. Carlos Pillot Ocasio, un recluso, solicitó el pago por trabajos realizados como servidor de alimentos en 2014. Inicialmente presentó un remedio administrativo que resultó en una Resolución del 2 de octubre de 2014. Dicha resolución ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación realizar el pago de las nóminas reclamadas por los meses de marzo a junio de 2014. La resolución instruyó específicamente al oficial supervisor a gestionar una nómina especial para el pago. Pillot Ocasio acudió previamente al Tribunal de Apelaciones mediante un mandamus, el cual fue desestimado por no agotar los remedios administrativos tras la resolución favorable. Posteriormente, presentó múltiples solicitudes administrativas adicionales buscando el cumplimiento de la resolución de pago. Al no recibir el pago, presentó el recurso de revisión administrativa actual ante el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla este historial procesal administrativo y judicial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos M. Rivera Rodríguez contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El recurrente, empleado de la AAA por más de 28 años en el puesto de Asesor Técnico, solicitó un aumento salarial al máximo de la escala. Su reclamo se basó en el principio de igual paga por igual trabajo, al descubrir que empleados de reciente reclutamiento en la misma posición devengaban el salario máximo. La Oficina de Apelaciones de la AAA denegó su solicitud, resolviendo que la decisión del Presidente Ejecutivo de conceder salarios máximos por vía de excepción a los nuevos empleados estaba dentro de su discreción gerencial y no era ilegal. Rivera Rodríguez recurre ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la denegación administrativa incidió al no aplicar el principio constitucional de igual paga por igual trabajo. Cita el Artículo II, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico como fundamento legal. El tribunal revisa la resolución administrativa que denegó la equiparación salarial solicitada.

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El Municipio Autónomo de San Juan inició un proceso de expropiación forzosa sobre un terreno de María de Lourdes Balbás Ortiz y otros. Las partes transigieron el caso, acordando un valor total y quedando pendiente un pago de \$854,067.00. Se estipuló que esta suma se pagaría en dos plazos durante los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013. A pesar de una sentencia de 2012 ordenando la consignación, el Municipio incumplió con el pago. La parte recurrida solicitó la ejecución de la sentencia y la imposición de desacato en múltiples ocasiones. El Tribunal de Primera Instancia emitió varias órdenes requiriendo el pago. La orden del 4 de diciembre de 2014 concedió un término final de treinta días para consignar la suma adeudada. Dicha orden impuso sanciones económicas de \$1,000 semanales por cada semana de incumplimiento. El Municipio recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que las sanciones eran contrarias a derecho y un abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso para revisar y modificar la orden del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una demanda por daños y perjuicios. Los apelantes demandaron al Municipio de San Sebastián tras el fallecimiento de Waldestrudis Rivera Alicea, cuyo vehículo fue arrastrado por el Río Guajataca al intentar cruzar un vado inundado durante una fuerte lluvia. Alegaron negligencia municipal por la falta de vallas, barandas, letreros de advertencia y presencia de la Defensa Civil. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El TPI determinó que el vado carecía de medidas de seguridad, pero también que un pasajero advirtió al conductor del peligro y que el río estaba crecido y violento debido a la lluvia copiosa. Además, se encontró que el conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.04%. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. Procedió a confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de apelación presentado por Noel Collazo Rivera contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso. El escrito presentado por el recurrente carece de los requisitos mínimos para su revisión judicial. No incluye la determinación administrativa que se pretende revisar ni evidencia de una resolución final con fecha. Tampoco especifica los errores que el tribunal debe considerar. El documento solo menciona hechos sobre un registro y evidencia sin conexión clara con un error apelable. Además, el recurso no está firmado por el recurrente. Ante estas deficiencias, el tribunal concluye que la controversia es abstracta, inexistente y no justiciable. Por consiguiente, se desestima el recurso conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia aplicable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos Morales Díaz contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitó la revisión de una Resolución de la Junta del 22 de julio de 2014, notificada el 9 de septiembre de 2014, que pospuso la determinación en su caso por 180 días. El recurrente presentó su recurso el 3 de marzo de 2015. El Tribunal se enfoca en su jurisdicción para atender el caso, destacando que un recurso presentado fuera de término carece de ella. La Regla 57 establece un término jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito de revisión a partir de la notificación de la resolución final. En este caso, el término venció el 9 de octubre de 2014. Dado que el recurso fue presentado el 3 de marzo de 2015, se presentó fuera del término jurisdiccional. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar los méritos del recurso. La sentencia desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso presentado por José Javier Rosario Serrano contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico. El TPI dictó sentencia en rebeldía contra el apelante el 29 de noviembre de 2012, condenándolo al pago de una deuda y autorizando la ejecución. Dicha sentencia advino final y firme. Posteriormente, el apelante presentó mociones ante el TPI solicitando relevo de sentencia y nulidad de subasta, las cuales fueron declaradas No Ha Lugar por el foro primario el 5 de noviembre de 2013. El TPI también emitió una orden de lanzamiento el 23 de diciembre de 2013. El apelante presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 6 de abril de 2015, indicando apelar una decisión posterior del TPI sobre una reconsideración. Tras examinar los autos originales, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado tardíamente. La sentencia original y la resolución denegando las mociones de nulidad eran de 2012 y 2013, respectivamente, haciendo la apelación de 2015 extemporánea. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

Ana Quiñones Flores presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su reconsideración. La agencia reafirmó la sanción de privación de privilegios (comisaría, recreación, visita) por cuarenta días. La sanción fue impuesta por encontrarla incursa en la posesión de un teléfono celular. El incidente se originó por el hallazgo de un celular durante un registro en su celda. A pesar de que la recurrente negó la posesión y otra confinada reclamó ser la dueña, se le imputó el acto prohibido. Tras una investigación y vista disciplinaria, la oficial examinadora la encontró culpable de violación al código 109. La recurrente fue hallada incursa en poseer un teléfono celular, lo que motivó la sanción administrativa. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos para resolver la revisión judicial.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre alimentos. El apelante recurre de una Resolución sobre pensión alimentaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada presentó una moción de reconsideración de dicha Resolución. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de reconsideración por haber sido radicada fuera del término jurisdiccional de 15 días. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Constató que la moción de reconsideración fue presentada fuera de término. Al ser la reconsideración extemporánea, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los términos procesales establecidos para la presentación de mociones post-sentencia y recursos apelativos.

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Eliot Ayala Hernández, confinado en el Campamento Sabana Hoyos, presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugna resoluciones administrativas del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegaron sus quejas sobre el servicio de alimentos. El recurrente alegó que la cena se servía tarde, que no había supervisión adecuada en el área de servicio y que las condiciones sanitarias eran deficientes. También denunció la mala calidad de la comida proporcionada por la empresa contratada, Trinity Corp., describiendo problemas de sabor, textura y olor. Ayala Hernández argumenta que existe un patrón continuo de negligencia que altera el estado de calentamiento de los alimentos y es perjudicial para la salud. Solicita al tribunal que revoque las resoluciones, investigue la situación y considere la intervención de agencias de salud y monitores. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la solicitud del confinado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada declaró con lugar una demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria presentada por Doral Bank contra Rubén Alicea Marrero y Arlenne Ivette De la Cruz Pérez. Doral Bank alegó incumplimiento en el pago de la hipoteca desde octubre de 2011 y solicitó el pago de la deuda. Los apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria, argumentando que Doral Bank había entorpecido sus intentos de modificar o poner al día el préstamo. El foro primario inicialmente consideró insuficiente la oposición, pero refirió el caso a mediación compulsoria, la cual no prosperó. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia concedió a los apelantes un término adicional para oponerse antes de dictar la sentencia sumaria a favor de Doral Bank. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la sentencia sumaria apelada.

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Dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio. El apelante, Nelson Irizarry Morales, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de desahucio. La desestimación en primera instancia se basó en la existencia de un pleito pendiente de división de bienes sobre la misma propiedad. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el derecho aplicable, incluyendo la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio y el término jurisdiccional de cinco días para apelar establecido por la Ley Núm. 86 de 2011. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Por tanto, se ordenó la desestimación del recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó si las comunicaciones de los apelantes interrumpieron el término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Los apelantes demandaron a la CFSE por daños sufridos en una caída en diciembre de 2010, presentando la demanda en diciembre de 2012. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por prescripción, determinando que, aunque hubo comunicaciones interruptoras, la última fue enviada fuera del plazo establecido por la interrupción previa. Los apelantes recurrieron esta decisión, alegando que sus gestiones extrajudiciales sí interrumpieron el término. El Tribunal de Apelaciones revisó la aplicación de los artículos del Código Civil sobre prescripción y su interrupción. Tras considerar los fundamentos, el panel confirmó la sentencia apelada, validando la determinación del foro primario de que la acción estaba prescrita.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Néstor Román Yulfo solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de custodia compartida. El Tribunal de Primera Instancia evaluó prueba pericial y un informe social, concluyendo que el profundo conflicto entre los padres y la conducta del apelante, incluyendo su pobre introspección y el desprecio por recomendaciones de especialistas, afectaban emocionalmente al menor. Se determinó que la custodia compartida no era en beneficio del menor, ya que incrementaría la tensión y la injerencia del apelante contra las recomendaciones profesionales. La solicitud de custodia compartida fue declarada No Ha Lugar, acogiendo las recomendaciones del informe social. Tras denegarse una moción de reconsideración, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones identificó que la Resolución apelada es una determinación final que activa el término para apelar. Sin embargo, señaló que la notificación de la Resolución fue incorrecta, utilizando un formulario para órdenes interlocutorias que no apercibió al apelante de sus derechos postsentencia, como el de apelar.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso principal trata sobre la liquidación de la sociedad legal de gananciales entre Edna Lynn González Tobi y su exesposo, Ángel Figueroa Cruz. González demandó a Figueroa y posteriormente incluyó a la nueva esposa de este, Brenda M. Ramírez Torres, y su sociedad de gananciales, alegando que adquirieron bienes con fondos de la sociedad anterior. Ramírez negó las alegaciones y solicitó sentencia sumaria parcial para ser desestimada del caso. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la solicitud de Ramírez, determinando que existían controversias de hecho sustanciales y aspectos de credibilidad que requerían un juicio plenario. Entre las controversias identificadas por el TPI figuraba si Ramírez se benefició de los ingresos de la sociedad anterior o si se adquirieron bienes con dichos fondos. Inconforme, Ramírez presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega una petición de certiorari presentada por Tanya Marie Rodríguez Guido. La peticionaria buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la partición de fondos de la venta de un inmueble en Florida, parte de una herencia, conforme al derecho puertorriqueño en lugar de la lex situs. La resolución recurrida fue emitida el 13 de abril de 2015 y notificada el 16 de abril. La peticionaria presentó una moción de reconsideración oportuna ante el foro de instancia el 1 de mayo de 2015. A pesar de que dicha moción aún no ha sido resuelta por el Tribunal de Primera Instancia, la peticionaria presentó el recurso de certiorari alegando inacción del foro inferior. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. La presentación del certiorari es prematura, ya que la moción de reconsideración pendiente en el tribunal de instancia debe ser resuelta primero. Por tanto, el recurso es denegado sin entrar a discutir los méritos del planteamiento.

Resumen:

Se presentó una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de paternidad. La desestimación se basó en que el demandante no incluyó ni emplazó al menor dentro del término legal de caducidad. El Tribunal de Apelaciones determinó que la decisión del tribunal inferior constituía una sentencia final, no una resolución. Las sentencias deben notificarse utilizando el formulario OAT-704, pero en este caso se usó incorrectamente el formulario OAT-750. Una notificación defectuosa impide que comience a transcurrir el término para apelar. Por lo tanto, la apelación presentada es prematura. El Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para conocer de un recurso prematuro. En consecuencia, se desestima la apelación por falta de jurisdicción. Se destaca la importancia de usar los formularios de notificación correctos y se autoriza el desglose de las copias al apelante.

Resumen:

Alberto Santiago Falcón solicitó beneficios por desempleo tras abandonar su empleo por razones personales. El Negociado de Seguridad de Empleo denegó la solicitud al considerar que la renuncia no era atribuible al patrono. Tras agotar los recursos administrativos, el Secretario del Departamento del Trabajo confirmó la denegatoria mediante decisión notificada el 29 de enero de 2015. El recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 4 de marzo de 2015. El Tribunal examinó la fecha de presentación del recurso en relación con la notificación de la decisión administrativa final. Determinó que el recurso fue presentado fuera del plazo jurisdiccional de 30 días. La presentación tardía del recurso priva al Tribunal de jurisdicción para considerar los méritos del caso. Ante la falta de jurisdicción, el Tribunal ordenó la desestimación del recurso de revisión judicial.

Resumen:

Happy Productions Corp. presentó un recurso de revisión judicial contra la Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. La OMA había resuelto una querella por despido injustificado presentada por René Texidor Sánchez. El Sr. Texidor, quien trabajó para la empresa por una década, fue despedido en marzo de 2012. La OMA, tras celebrar una vista y evaluar la prueba, determinó que el despido careció de justa causa. En consecuencia, la OMA declaró con lugar la querella y concedió al empleado una mesada. Happy Productions Corp. apeló ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error en la apreciación de la prueba por parte de la OMA. El Tribunal revisó el expediente administrativo y el alegato del recurrido. Con base en el marco fáctico y jurídico, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden de la OMA. Se deja sin efecto la orden de paralización de los procedimientos administrativos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Ernesto Díaz Correa contra N.A.G. Safety Corp., originado por una reclamación de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El proceso se tramitó mediante el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido del querellante fue injustificado en una resolución parcial. N.A.G. Safety Corp. recurrió de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones reclasifica el recurso como un certiorari, al tratarse de una resolución y no una sentencia final. La corte deniega la expedición del certiorari solicitado por la parte patronal. Se discute la naturaleza del procedimiento sumario laboral, diseñado para la rápida adjudicación de reclamaciones de empleados y que impone cargas procesales más onerosas al patrono.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial de una resolución del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que denegó beneficios por desempleo. La recurrente, Cecilia E. Bustamante Reyes, solicitó la revocación de dicha resolución, la cual acogió las determinaciones de un árbitro del Negociado de Seguridad en el Empleo. El Negociado inicialmente había concedido los beneficios, pero la patrona apeló la decisión. Se pautaron varias vistas ante el árbitro, a las cuales la Sra. Bustamante Reyes no compareció. El árbitro celebró la vista en su ausencia y, basándose en la prueba de la patrona, determinó que el despido se debió a conducta impropia en el empleo, incluyendo tardanzas, ausencias sin notificar e incumplimiento de deberes. El Secretario del Trabajo confirmó las determinaciones del árbitro y revocó la concesión de beneficios. La recurrente apeló ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la evidencia y las determinaciones de hechos. El tribunal, aplicando el principio de deferencia a las decisiones administrativas, confirmó la resolución que denegó los beneficios de desempleo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una orden del foro primario sobre una propiedad subastada a base de una sentencia declarada nula. El caso se originó en un cobro de dinero donde se dictó sentencia en rebeldía contra los dueños originales por emplazamiento defectuoso. La propiedad fue subastada y adquirida por los recurrentes. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones declaró nula la sentencia original al determinar la falta de jurisdicción sobre los demandados. Ante la nulidad, el foro primario ordenó revertir el título de la propiedad a los dueños originales. Los compradores en subasta apelaron esta orden. El tribunal evalúa cómo proceder con la propiedad subastada bajo una sentencia nula y la aplicación de la Regla 51.8 de Procedimiento Civil. Se expide el auto de certiorari solicitado por los compradores en subasta. El caso se devuelve al foro primario para celebrar una vista conforme a lo resuelto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe había revocado una denegatoria del Municipio de San Juan a una solicitud de permiso de uso. La solicitud, presentada por "Mi Rincón de Paz, Inc.", buscaba operar un hogar de cuido de envejecientes en una zona clasificada como R-1. El municipio denegó el permiso, considerándolo vía excepción, citando oposición vecinal y preocupaciones sobre el impacto en la urbanización. La resolución municipal de denegatoria no detalló los fundamentos específicos. La OGPe, tras revisar el caso, determinó que el proyecto cumplía con certificaciones y que el municipio no probó que el uso afectara la seguridad, salud o bienestar, colocando el peso de la prueba en la parte recurrida (el municipio). El Municipio de San Juan apeló ante el Tribunal, alegando falta de jurisdicción de la OGPe, error en la asignación del peso de la prueba y aplicación incorrecta del reglamento. El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación de la OGPe.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación presentada por Mercedes Lara Arguello contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó la liquidación de la comunidad de bienes post ganancial. El proceso se originó con la demanda de José Luis Franco Mayoral tras el divorcio de mutuo consentimiento, alegando incumplimiento parcial de acuerdos y reclamando créditos privativos. La apelante, Sra. Lara Arguello, contestó y reconvino, reclamando diversos créditos por fondos privativos, uso de dinero ganancial y aumento de valor de bienes privativos del apelado. Ambas partes presentaron demandas enmendadas ampliando sus reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia resolvió previamente que una póliza de seguro por incapacidad era privativa, pero con crédito ganancial por las primas pagadas. Las partes estipularon la existencia de bienes y acreencias gananciales no incluidos en la sentencia de divorcio. Tras una vista en los méritos, el foro primario dictó sentencia decretando la liquidación y detallando los créditos y descuentos aplicables a cada parte.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta resolución en respuesta a una petición de certiorari. El recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre DLJ Mortgage Capital, Inc. y los demandados Castro M. Coll Del Río y Equidad, Inc. La controversia central gira en torno al derecho de retracto sobre el crédito litigioso que los demandados intentaron ejercer. Conforme al Artículo 1425 del Código Civil, este derecho caduca a los nueve días de que el cesionario reclame el pago. DLJ envió misivas de cobro en octubre y noviembre de 2013, mientras que los demandados informaron su deseo de retractarse en diciembre de 2013. El foro primario resolvió que la solicitud de retracto fue presentada fuera del término legal de nueve días, incluso considerando la fecha más favorable. Los peticionarios recurren alegando que no recibieron las cartas de cobro y que el plazo debió contarse desde la moción de sustitución de parte, haciendo su solicitud oportuna. El Tribunal de Apelaciones evalúa si el Tribunal de Primera Instancia erró al declarar la caducidad del derecho de retracto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201400614, una apelación presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La ACT solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había fallado a favor de Sandra Rivera Ponce de León en su demanda contra la ACT. La demanda alegaba hostigamiento sexual laboral, represalias y daños y perjuicios. La Sra. Rivera sostuvo que sufrió hostigamiento por un compañero, inacción de su supervisor y represalias tras presentar querellas. El TPI ordenó a la ACT pagar indemnización, costas y honorarios de abogado. La ACT argumentó haber actuado diligentemente. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Municipio de San Juan presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de expropiación forzosa iniciado en el año 2000. Buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le exigía enmendar su demanda para incluir a todas las partes con interés en la propiedad. La parte inicialmente identificada, Citizens Renovation & Development Corp., había informado sobre su estatus corporativo y accionistas. El Municipio argumentaba que el TPI ya había desestimado el caso al declarar "Con Lugar" una solicitud de reconsideración previa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Orden recurrida. Devolvió el caso al TPI para que celebre con premura una vista. El propósito de la vista es dilucidar el asunto de la acumulación de partes con interés en la acción. El Tribunal recordó que el peso de la prueba para identificar y traer a las partes con interés recae en el Municipio.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Bartolo Martínez Irizarry mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se basaba en la alegada prescripción del delito de homicidio negligente en su modalidad menos grave. El peticionario fue acusado por este delito tras un incidente de tránsito ocurrido el 10 de marzo de 2013. Aunque inicialmente se presentó una denuncia por la modalidad grave, tras varias vistas se determinó causa para acusar por la modalidad menos grave. El señor Martínez argumentó que este delito prescribe en un año, mientras el Estado sostuvo que prescribe en diez años. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el término de prescripción aplicable es de diez años, declarando sin lugar la moción. El peticionario imputa error al TPI por esta determinación. Examinados los escritos y el derecho, el Tribunal de Apelaciones acuerda denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de *certiorari* en un caso de alimentos. La controversia principal gira en torno a la jurisdicción para dirimir el asunto de la pensión alimentaria entre las partes, Carmen Elena Delgado Figueroa y Evelio Rivera Martínez. El Tribunal de Primera Instancia había fijado una pensión de \$1,096 mensuales en 2011. El peticionario solicitó una rebaja ante la ASUME en 2013, la cual emitió una resolución en rebeldía reduciendo la pensión a \$175. Posteriormente, la ASUME dejó sin efecto su resolución de rebaja en 2014 por notificación defectuosa, restituyendo la pensión original y ordenando reiniciar el proceso. La recurrida solicitó entonces al Tribunal de Primera Instancia que asumiera jurisdicción sobre el caso de alimentos. El peticionario se opuso, argumentando que la jurisdicción correspondía a la ASUME desde su solicitud inicial. El peticionario instó este recurso de *certiorari* cuestionando la jurisdicción del foro primario. Examinada la solicitud, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no procede expedir el auto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugnó la determinación de la agencia de que recibía los servicios de salud dental que precisaba. Alegó sufrir un defecto progresivo en la mordida que requería tratamiento definitivo, pero solo se le ofrecía una férula provisional. El Departamento de Corrección, tras un proceso de remedios administrativos, concluyó que se le estaban brindando los servicios necesarios. La agencia basó su decisión en que se habían tomado medidas para la férula y se habían programado citas de seguimiento. El confinado recurrió al Tribunal, argumentando que la agencia erró al confirmar que los servicios provisionales eran suficientes y que se le atendía adecuadamente. Mediante sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección.

Resumen:

Un confinado solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación el nombre de una doctora que alegadamente lo atendió en una institución carcelaria entre febrero y julio de 2014. El recurrente necesitaba esta información para iniciar una acción legal contra la profesional. La agencia respondió que el confinado estuvo en otro complejo correccional durante esas fechas y no pudo identificar a la doctora. Insatisfecho, el confinado solicitó reconsideración, la cual fue desestimada por la agencia como una solicitud fútil o insustancial. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. La corte analizó el Reglamento Núm. 8522, que rige las solicitudes de remedios administrativos de la población correccional. Dicho reglamento exige que las solicitudes sean claras, concisas y provean información necesaria, permitiendo la desestimación de peticiones sin méritos o que no cumplan los requisitos. El tribunal confirmó la decisión del Departamento, validando la desestimación de la solicitud del confinado por considerarla fútil o insustancial bajo las disposiciones del reglamento aplicable.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el doctor Edgar Vázquez mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. El caso original es una demanda de cobro de dinero presentada por Lantheus MI Radiopharmaceuticals, Inc. contra PR Nuclear y el doctor Vázquez por una deuda de \$16,729.82 por productos radiológicos. El doctor Vázquez alegó que él y PR Nuclear son personas jurídicas separadas y que la deuda corresponde únicamente a la corporación, negando haber contratado personalmente con Lantheus. Lantheus sostuvo que el doctor Vázquez es responsable como oficial y accionista de PR Nuclear. Tras la negación de una moción de desestimación, el doctor Vázquez presentó la moción de sentencia sumaria, reiterando la separación de entidades. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, acordó expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida.