Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 294)

Resumen:

Se inició una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 2013. El demandado solicitó referir el caso a mediación compulsoria conforme a la Ley 184-2012, dado que se trataba de su residencia principal y no estaba en rebeldía. Las partes intentaron una modificación de hipoteca como mitigación de pérdidas, pero no tuvieron éxito. A pesar de la solicitud del demandado y su elegibilidad, el Tribunal de Primera Instancia no refirió el caso a mediación. El proceso continuó, incluyendo una moción de sentencia sumaria y una petición de quiebra que paralizó el caso temporalmente. Eventualmente, el Tribunal de Apelaciones expidió un auto de Certiorari. Declaró nula la orden de lanzamiento por haberse dictado sin jurisdicción. Dejó sin efecto los procedimientos habidos desde la sentencia y ordenó referir el caso a mediación, corrigiendo así el incumplimiento del foro primario con el requisito legal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero demandó a Adalberto Reyes Garced y Gladys Marie Rivera Rodríguez por incumplimiento de un pagaré hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia refirió el caso a mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012. La Cooperativa solicitó terminar la mediación, alegando haber cumplido, aunque el Centro de Mediación indicó que no brindó la orientación requerida. El TPI emitió una Resolución dando por terminado el proceso de mediación. Los peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, cuestionando la decisión del TPI y el cumplimiento de la ley por la Cooperativa. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución del TPI. Se expidió el auto de certiorari y se revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA impugnó la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI) a desestimar una acción civil por daños. La demanda fue incoada por un confinado, Julio Collazo Pérez, contra el ELA y otros. El ELA solicitó la desestimación alegando que el demandante no diligenció el emplazamiento dentro del término de 120 días tras presentar la demanda original. El demandante argumentó que la demora no le era atribuible como confinado y que el término debía contarse desde la demanda enmendada. El TPI denegó la moción de desestimación, considerando excusable la tardanza para el confinado y autorizando la expedición y diligenciamiento del emplazamiento. Tras la negativa de reconsideración por el TPI, el ELA acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó la Resolución del TPI, validando la denegatoria de la moción de desestimación del ELA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La demanda fue presentada por la familia Borrero Santiago contra Two J & T Corp. y su aseguradora, Universal Insurance Company. El caso se originó por una descarga eléctrica sufrida por Darlyn Borrero Santiago al usar una nevera en una gasolinera propiedad de Two J & T Corp. La familia alegó negligencia, mientras los demandados negaron responsabilidad y plantearon defensas, incluyendo negligencia comparada y una demanda de tercero. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la familia Borrero Santiago y condenó a los demandados a pagar daños. La familia apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La corte modificó la sentencia apelada. La modificación consistió únicamente en aumentar la suma concedida a Darlyn Borrero Santiago por sus daños a \$25,000. Así modificada, la sentencia del foro primario fue confirmada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por mutuo consentimiento. El peticionario, Wallace René Ocasio Jiménez, solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden instruyó a Popular Securities a vender activos de su cuenta de inversiones. El objetivo era obtener la suma de \$13,527 para ser entregada a la recurrida, Luz Nereida Pérez Lucena. Esta cantidad fue acordada en las estipulaciones de divorcio de 2012 como parte de la liquidación de bienes gananciales. La recurrida solicitó el cumplimiento de la estipulación años después, lo que llevó a la orden impugnada. El foro primario emitió la orden tras confirmar que los fondos estaban invertidos y requerían venta para el pago. El peticionario presentó un recurso de certiorari contra esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto discrecional solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Antonio Luis González Aguiar y Emilitza Rosario Rosario. La petición busca la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Scotiabank de Puerto Rico (luego Banco Cooperativo). El foro primario había dictado previamente una sentencia sumaria el 13 de enero de 2017, ordenando a los peticionarios el pago de la deuda hipotecaria pendiente, intereses y costas. El caso experimentó paralizaciones debido a la quiebra de los peticionarios, mediación compulsoria y evaluación para mitigación de pérdidas bajo la reglamentación RESPA. Ambas partes solicitaron la paralización de los procedimientos mientras se evaluaba la solicitud de mitigación de pérdidas. Posteriormente, el banco informó al tribunal que los peticionarios fueron evaluados pero declarados inelegibles para alternativas de mitigación de pérdidas. El banco solicitó entonces la continuación del caso y la re-notificación de la sentencia sumaria. Los peticionarios impugnaron una orden posterior del foro primario mediante este certiorari. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Wendy Fernández Rodríguez en un pleito de custodia contra Isaac Cotto Gómez. La peticionaria solicitó dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción en Petición de Crédito por Pago de Pensión. Reclamaba el reembolso de la pensión alimentaria pagada al recurrido durante cuatro meses en que la hija menor estuvo bajo su custodia provisional. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de crédito. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente y la naturaleza discrecional y extraordinaria del auto de certiorari. Determinó que la peticionaria no demostró que la decisión del foro primario fuera irrazonable o constituyera un abuso de discreción. Al no advertir prejuicio, parcialidad o error manifiesto que obligara a intervenir, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, examinó una petición de certiorari instada por Eliezer Rivera Lugo contra Santander Financial Services, Inc. El recurso provenía de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca in rem del Tribunal de Primera Instancia. La parte peticionaria solicitaba la revocación de una determinación del foro primario que permitía la continuación del proceso de ejecución de sentencia. Alegaba inconformidad con el procedimiento de mediación compulsoria bajo la Ley Núm. 184-2012. Tras considerar la petición y la oposición de la parte recurrida, el Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Adicionalmente, dejó sin efecto la Resolución previa que había ordenado la paralización de los procedimientos en el foro primario.

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La peticionaria solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su reconsideración. Dicha resolución previa había acogido la solicitud del recurrido para descalificar al abogado de la peticionaria. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por el recurrido contra la peticionaria por honorarios legales impagos. El recurrido pidió la descalificación del Lcdo. Orlando Aponte Rosario, abogado de la peticionaria, alegando un impedimento ético. Argumentó que previamente consultó con el Lcdo. Aponte Rosario sobre el caso y lo refirió a la peticionaria, convirtiéndolo en un potencial testigo. La peticionaria, a través de su abogado, se opuso a la descalificación, negando la relación previa y el conflicto. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Manuel Muñoz Barriento. El peticionario busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para reducir una pena de 58 años de reclusión, alegando la existencia de circunstancias atenuantes. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un recurso discrecional y que, aunque las partes comparezcan por derecho propio, deben cumplir con las reglas procesales. Para que el foro apelativo pueda revisar la actuación del tribunal de instancia, es indispensable que el recurrente perfeccione su recurso adecuadamente. En este caso, el peticionario no anejó documentos esenciales como la sentencia condenatoria, los términos de un posible acuerdo de alegación preacordada o información sobre una vista de atenuantes. Ante la falta de la documentación necesaria para evaluar los planteamientos, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, José J. Marrero Muñoz y Wanda I. Ríos Morales, junto a su sociedad legal de bienes gananciales (SLBG), recurren una orden de ejecución de sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Argumentan que el TPI nunca adquirió jurisdicción sobre la SLBG porque no fue emplazada debidamente. Señalan que el emplazamiento por edicto solicitado para la peticionaria Ríos Morales fue dirigido a ella individualmente, no en representación de la SLBG. Los peticionarios sostienen que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la falta de emplazamiento a la SLBG anula todos los dictámenes emitidos en su contra, incluyendo la orden de venta judicial. El TPI denegó la reconsideración de los peticionarios. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, adelanta que expedirá el auto de certiorari y revocará la decisión del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Alexis Israel Ríos Cruz, solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La acción original fue presentada por Karla Michelle Arill Massas, buscando el cumplimiento específico de un contrato y la liquidación de sociedades civiles. La demanda enmendada añade causas de acción, incluyendo el cumplimiento específico de las capitulaciones matrimoniales y daños por incumplimiento. Arill Massas alega que Ríos Cruz incumplió el acuerdo prenupcial al no pagarle \$1,000,000 más el 10% del aumento de sus activos netos tras el divorcio. Estima su participación en el aumento de activos en \$4,000,000, basándose en los ingresos de Ríos Cruz como beisbolista profesional y el crecimiento de otras inversiones. Adicionalmente, reclama la liquidación de una comunidad de bienes presuntamente constituida antes del matrimonio, solicitando no menos de \$4,000,000. Esta reclamación se fundamenta en la relación de larga data, convivencia y la dedicación de Arill Massas al cuidado familiar. El Tribunal de Apelaciones posee jurisdicción para revisar la determinación del foro primario.

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El documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso se origina en una demanda de desahucio presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar contra Jason Khan. El Consejo alegó que el Sr. Khan sustituyó sin autorización las barandas del balcón de su apartamento, alterando la fachada del edificio. El Sr. Khan contestó alegando que adquirió el apartamento con los cambios o que el Consejo había aprobado los trabajos, generando una creencia de aprobación. El Consejo solicitó sentencia sumaria, argumentando que el Sr. Khan nunca obtuvo consentimiento para el cambio de barandas. El Sr. Khan se opuso, presentando una carta que supuestamente confirmaba la aprobación de las barandas de cristal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, al encontrar una controversia real y sustancial sobre la alegada carta de autorización. Inconforme, el Consejo de Titulares acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Consejo plantea que el tribunal de instancia erró al determinar que existía una controversia sobre la autorización y al considerar la uniformidad de la fachada como un hecho material relevante. La resolución detalla los antecedentes procesales y los errores señalados por el peticionario.

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Sentencia en Reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la confiscación de una fianza. Tower Bonding & Surety Company prestó fianza para Javier Figueroa Cruz, quien se ausentó del proceso criminal. Figueroa Cruz fue convicto en ausencia, y el Tribunal de Primera Instancia ordenó la confiscación de la fianza. Tower Bonding apeló, argumentando errores en el procedimiento y la evaluación de sus gestiones. El Tribunal de Apelaciones, tras una denegación inicial, reconsideró su decisión. La sentencia detalla las obligaciones del fiador y el procedimiento de confiscación bajo la Regla 227 de Procedimiento Criminal. Esta regla exige una orden para mostrar causa y permite evitar la confiscación si el fiador justifica satisfactoriamente el incumplimiento y demuestra diligencia. El tribunal determinó que Tower Bonding cumplió con su obligación de mantenerse activa monitoreando al acusado. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones reconsidera su dictamen previo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201700271, una apelación presentada por William González Acosta. El apelante busca revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que lo declaró culpable de robo agravado de vehículo y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2015, cuando el apelante y otros tres individuos asaltaron el negocio Lucas Place. Durante el asalto, se le arrebató a la víctima, Sheilyn Rivera Mestei, dinero, un celular y su vehículo de motor. La víctima identificó al señor González Acosta como uno de los asaltantes que participó en el robo y tomó sus pertenencias. El Tribunal de Primera Instancia, tras juicio por tribunal de derecho, lo condenó a penas de reclusión consecutivas por los delitos imputados. La prueba del Ministerio Público incluyó el testimonio detallado de la víctima sobre el incidente y la identificación posterior del apelante. Tras revisar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Este documento detalla un recurso de certiorari presentado por FirstBank Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El banco busca la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero contra Christian Mercado Martínez. FirstBank demandó a Mercado Martínez por incumplimiento de un contrato de arrendamiento y financiamiento de un vehículo, reclamando una deficiencia adeudada tras la venta del auto. El demandado se opuso a la sentencia sumaria, alegando hechos controvertidos y cláusulas contractuales leoninas, e interpuso una demanda contra un tercero. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, indicando la existencia de hechos materiales en controversia y el incumplimiento de la regla procesal sobre la identificación de hechos. FirstBank apeló, argumentando que el tribunal inferior erró al no realizar las determinaciones de hechos esenciales controvertidos y no controvertidos requeridas por la regla. El Tribunal de Apelaciones inició el trámite del recurso, solicitando al recurrido que se expresara, pero este no respondió dentro del término concedido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. Ana T. Vázquez Pérez apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de sentencia declaratoria y acción reivindicatoria. La demanda fue presentada por Lydia Delgado Nieves y otras, quienes alegaron que la propiedad fue comprada con dinero ganancial por el causante, esposo de la señora Delgado, usando a la apelante como testaferro. El foro primario, basándose principalmente en la prueba testifical, determinó que las demandantes eran las verdaderas titulares y ordenó la inscripción del inmueble a nombre de la señora Delgado. La apelante solicitó la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la prueba y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La parte demandante es Puerto Rico Consumer Debt Management Co. Inc. y la demandada es Jesús Vargas Torres, su esposa y la sociedad legal de gananciales. El recurso proviene de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a una moción de desestimación. El demandado solicitó la desestimación alegando falta de parte indispensable, específicamente su esposa y la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción al constatar que la esposa y la sociedad de gananciales sí fueron incluidas y emplazadas. El demandado presentó reconsideración, la cual también fue denegada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de Certiorari presentado por el demandado. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la decisión de no desestimar la demanda por el fundamento de falta de parte indispensable. La sentencia fue emitida el 20 de febrero de 2019.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de auto de certiorari. El peticionario, Gariel A. Morales Figueroa, solicitó la aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia. Cumple una condena de 10 años por cinco violaciones a la Ley de Armas. Alegó que la Ley Núm. 246-2014, aprobada durante su reclusión, es más benigna en cuanto a la pena. El Tribunal examinó el recurso y los autos originales del Tribunal de Primera Instancia. Se explica el recurso de certiorari como vehículo procesal extraordinario y discrecional. Se detalla el principio de favorabilidad, consagrado en los Códigos Penales, que permite la aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. Se aclara que este principio no tiene rango constitucional y su aplicación depende de la discreción legislativa. Bajo el Código Penal de 2012, aplica a conductas delictivas posteriores a septiembre de 2012 si una ley posterior es más favorable. El Tribunal denegó la solicitud de auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa laboral entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA). La controversia se originó con la destitución de un empleado en 2001, lo que llevó a un proceso de arbitraje. Un primer laudo arbitral en 2013 ordenó la reinstalación del empleado, pero la AAA lo impugnó. El Tribunal de Primera Instancia revocó dicho laudo, entendiendo que el árbitro erró al emitir una resolución sumaria. Posteriormente, el caso fue reabierto y se llevaron a cabo nuevos procedimientos arbitrales. La Unión solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había dejado sin efecto el laudo arbitral. Tras evaluar los méritos del recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por José Gabriel Pino Martínez. El peticionario, actuando por derecho propio e in forma pauperis, solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución declaró No Ha Lugar su petición en casos criminales por delitos graves. El señor Pino Martínez buscaba ser eximido del pago de una pena especial de $300.00 por cada delito, alegando su condición de indigente. Argumentaba que cumplía los requisitos de exención conforme a la Ley Núm. 195-2000. El Tribunal de Apelaciones autorizó su comparecencia como indigente y procedió a resolver el recurso. Tras revisar el caso, el Tribunal expidió el auto de Certiorari. No obstante, confirmó la determinación recurrida del TPI.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Sucesión de Juana Almodóvar Pérez apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La demanda original era por daños y perjuicios contra Yadira Bruno d/b/a Hogar Huellas de Amor y su aseguradora. Los demandantes alegaron que la negligencia del hogar de cuidado, específicamente al darle alimentos fuera de su dieta, causó la muerte de Juana Almodóvar Pérez por obstrucción de vía aérea. En el foro primario, la demandada no contestó la demanda a tiempo, y se le anotó la rebeldía. Se celebró un juicio en su ausencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Demanda de daños y perjuicios. Los demandantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelante, Miriam I. Santiago Bermúdez, demandó a Mennonite General Hospital, Inc. tras ser cesanteada al no regresar a su puesto después de seis meses de licencia por incapacidad temporal. La Sra. Santiago alegó que el Hospital debió reservar su empleo por un período mayor conforme a la Ley Núm. 139, que establece hasta doce meses o el cese de la incapacidad. El Hospital defendió que su política de reserva era de seis meses bajo un programa interno y que estaba exento de la Ley Núm. 139. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella de la Sra. Santiago con perjuicio. La Sra. Santiago apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de un abogado de oficio para ser relevado de la representación en varios casos penales de un mismo acusado. El licenciado Gabriel García Maya fue designado para representar a Kevin Muñiz Martí en múltiples casos criminales por hechos distintos. El abogado argumentó que esta designación múltiple contravenía el reglamento de asignación de abogados de oficio, sobrecargándolo y afectando su capacidad para brindar una representación adecuada. Sostuvo que el reglamento limita la asignación a un caso por acusado, salvo justificación ausente en este caso. El Ministerio Público planteó que el tribunal apelativo estaba en mejor posición para interpretar el reglamento. Tras examinar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el recurso de certiorari. La corte procedió a revocar la decisión del foro primario. Esta determinación se fundamenta en el marco doctrinal aplicable a la asignación de abogados de oficio.

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Resolución de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, con fecha de 20 de febrero de 2019. Se resuelve sobre un recurso de *certiorari* presentado por el Sr. Santiago Chávez Trabal, la Sra. Carmen Miranda Galindez y su sociedad de bienes gananciales. Solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, emitida el 17 de agosto de 2018. Dicha Orden declaró Ha Lugar una solicitud de orden protectora presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. El caso original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada en 2011. La controversia surgió por un segundo pliego de descubrimiento de prueba cursado por la Parte Peticionaria a DLJ. DLJ se opuso y solicitó la orden protectora, alegando que el descubrimiento era repetitivo y que no se cumplieron las reglas procesales. La Parte Peticionaria se opuso a la orden protectora, argumentando que DLJ no contestó completamente el descubrimiento. El panel, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de *certiorari*.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La parte apelante demandó inicialmente a Metro Pavía Health System (MPHS) por lesiones sufridas en el Hospital Pavía Hato Rey. MPHS solicitó desestimación, indicando que Metro Hato Rey, Inc. era el operador del hospital al momento de los hechos. La parte apelante enmendó la demanda para incluir a Metro Hato Rey y desistió contra MPHS. Metro Hato Rey solicitó la desestimación por prescripción, argumentando que la demanda enmendada se presentó fuera del término de un año. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra Metro Hato Rey, concluyendo que la acción estaba prescrita. La parte apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia del foro de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari presentado por José Vega Vázquez. El recurso impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una moción de revisión de sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se fundamentó en que el certiorari fue presentado fuera del término de treinta (30) días establecido por la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicho término es de estricto cumplimiento y su incumplimiento, sin acreditar justa causa, priva al tribunal de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que impide al tribunal considerar los méritos del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. La apelación fue presentada por Ip Shu Wong y Elida Chan de Wong contra José Antonio Rivera Quiñones y la Sucesión de Irma Rivera Rodríguez. El caso original trataba sobre incumplimiento de un contrato de arrendamiento comercial, cobro de cánones adeudados y daños. La parte demandante alegó el impago de \$59,000 en rentas por 59 meses. Los demandados reconvinieron reclamando la devolución de la fianza y daños por fraude. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda, condenando a los demandados a pagar \$59,000 por rentas y \$3,000 por honorarios de abogado, y desestimó la reconvención. Los demandados apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada en todos sus extremos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE201900091. La División de Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión de instancia confirmó un laudo de arbitraje obrero-patronal. El laudo, emitido por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), validó una medida disciplinaria impuesta por el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEMPR). La medida consistió en una suspensión de empleo y sueldo de quince días al empleado Ónix Febres Nazario por ausencia no autorizada. La Unión había presentado la querella de arbitraje ante la CASP impugnando la sanción. El Tribunal de Primera Instancia, al confirmar el laudo, señaló que la querella original de arbitraje no planteó la controversia sobre la aplicación inmediata de la medida disciplinaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Unión.

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Este documento contiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación. La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia demandó al Municipio de Cabo Rojo y a las empresas Consolidated Waste Services (CWS) y Consolidated Waste Managers (CWM). La OAM alegó que una ordenanza municipal y un contrato entre el Municipio y CWS creaban un monopolio ilegal en la industria del recogido de desperdicios. Se argumentó que se restringía el libre comercio al obligar a los ciudadanos a comprar bolsas plásticas especializadas, distribuidas por las empresas demandadas, para la disposición de desperdicios sólidos. La OAM solicitó una sentencia declaratoria e interdictos para detener esta práctica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la OAM. Consolidated Waste Services, LLC apeló esta decisión de desestimación. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la sentencia de desestimación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Hiram Vázquez Botet contra Myrna E. Berrios Fernández. El caso versa sobre la liquidación de la comunidad de bienes gananciales tras su divorcio. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2018. Dicha resolución determinó que la sociedad legal de gananciales se extinguió el 12 de enero de 2018. Esta fecha corresponde al momento en que advino firme la Sentencia de Divorcio dictada originalmente el 8 de enero de 2015. La firmeza de la sentencia de divorcio se alcanzó tras un extenso historial procesal que incluyó apelaciones y una intervención del Tribunal Supremo. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó dictámenes previos, y que no fue recurrida, fue notificada el 13 de diciembre de 2017. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido sobre la fecha de extinción de la sociedad de gananciales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE201900151. Roberto Ortiz García solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de daños y perjuicios. El caso original fue instado por Manuel José Morell Martínez tras ser agredido en una discoteca en 2009. El TPI había determinado que el señor Ortiz, junto a otros codemandados, incurrió en actos culposos y era responsable solidariamente por los daños causados al señor Morell. El señor Ortiz alegó que el TPI erró al excluir su evidencia, al encontrarlo negligente y al declararlo responsable solidariamente. Argumentó que actuó en legítima defensa o para separar a las partes y que su intervención no causó los daños reclamados al rostro del demandante. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el señor Ortiz. Asimismo, declara No Ha Lugar la Moción Solicitando Orden de Paralización de los Procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Francisco Quirós López contra Bayer Puerto Rico, Inc., en un caso sobre despido injustificado. El peticionario solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que, según alega, eliminó la presunción de despido sin justa causa de la Ley 80 y le impuso la carga de la prueba. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción sobre el recurso presentado. Determinó que el recurso de certiorari fue presentado de manera prematura. Un recurso es prematuro cuando se presenta antes de que el foro de instancia haya resuelto finalmente la determinación que se pretende apelar. La presentación de un recurso prematuro priva al tribunal apelativo de jurisdicción para atenderlo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción. Esta desestimación se realiza sin entrar a considerar los méritos de la controversia planteada. La desestimación por prematuridad permite a la parte recurrir nuevamente una vez que el Tribunal de Primera Instancia emita una resolución final sobre el asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación presentada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La acción original fue una demanda de sentencia declaratoria incoada por Jerry's BBQ Corporation contra el Estado Libre Asociado y el DTOP. Jerry's BBQ alegó ser dueño de una finca y que el DTOP/Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ocupó parte de su propiedad durante un proyecto de construcción. Se mencionan pleitos anteriores relacionados, incluyendo un injunction presentado por la ACT contra Jerry's BBQ. Este último caso culminó en una estipulación que reservaba las reclamaciones por daños u ocupación de terreno para otro foro y caso. El DTOP solicitó la revocación de la resolución que denegó su moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto discrecional. Finalmente, el panel revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari de Fidelity International Resource Management, Inc. Fidelity impugnó la denegatoria del tribunal de primera instancia a su solicitud de sentencia sumaria en una disputa laboral. El caso fue presentado por Ohara García Flores y su esposa, alegando discrimen por edad y origen nacional, ambiente de trabajo hostil y represalias por parte de Fidelity. El Sr. García afirmó haber enfrentado un aumento de deberes, presión, comentarios despectivos, trato desigual y acciones disciplinarias injustificadas tras quejarse internamente y presentar un cargo ante la EEOC. Él y su esposa reclamaron daños sustanciales por alegados perjuicios económicos y emocionales. Fidelity negó las acusaciones, afirmando que cualquier acción correctiva fue neutral y objetiva y que los deberes del Sr. García no fueron alterados. El Tribunal revisa si el foro primario determinó correctamente la existencia de hechos materiales en controversia, justificando así un juicio en lugar de una sentencia sumaria a favor de Fidelity.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Aurora Industries LLC y otras contra Josué Santiago Vélez. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas y trata sobre alegaciones de represalia, despido injustificado y daños y perjuicios. Las peticionarias solicitan la revisión de la sentencia del TPI que desestimó la querella del Sr. Santiago Vélez sin perjuicio. El Sr. Santiago Vélez demandó a sus exempleadores alegando que fue despedido injustificadamente y en represalia por acogerse a beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tras una lesión. Las empresas negaron las alegaciones, atribuyendo el despido a ausentismo y problemas de conducta. Las peticionarias presentaron una solicitud de sentencia sumaria en el TPI. Los abogados del Sr. Santiago Vélez no pudieron contactarlo para preparar la oposición a la moción, ya que este se había mudado a Estados Unidos. Ante la falta de comunicación y oposición, los abogados solicitaron renunciar a la representación legal. El TPI desestimó la querella sin perjuicio, y las peticionarias recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación.