Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 280)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una Resolución en el caso de certiorari KLCE201900397. La petición fue incoada por Lourdes Pilar Alemañy Pons, proveniente de un caso civil sobre liquidación de sociedad legal de gananciales y partición de herencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. La parte recurrida, compuesta por Maribel, Jaime Juan, María del Carmen Alemañy Pons y Catalina Pons Frontera, presentó un memorando en oposición. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal concluyó que procedía abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión fue adoptada el 25 de abril de 2019 por el panel integrado por los jueces Vizcarrondo Irizarry, Romero García y Torres Ramírez.

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Ernesto Ruiz Romero solicitó al Tribunal de Apelaciones paralizar una vista pautada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce para el 29 de abril de 2019. Dicha vista tenía como propósito determinar la condición de indigencia del señor Ruiz en relación con seis solicitudes para litigar *in forma pauperis*. El señor Ruiz argumentó que no estaba preparado y que no se habían citado partes indispensables, como profesionales de la salud mental, quienes le asistirían debido a una enfermedad mental. Presentó un recurso de *certiorari* y una Moción en Auxilio de Jurisdicción/Orden Paralización con estos fines. El Tribunal de Apelaciones resolvió declarar No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción/Orden Paralización. Asimismo, desestimó el recurso de *certiorari* instado por el señor Ruiz. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender la solicitud. La resolución fue emitida el 25 de abril de 2019.

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El Municipio Autónomo de Caguas solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria y/o Desestimación. El caso subyacente es una acción civil presentada por un matrimonio que reclama compensación por la alegada ocupación y enclavamiento de sus terrenos por obras de construcción previas a un proceso de expropiación inversa. El Municipio argumentó que la causa de acción estaba prescrita y que no era responsable por los daños reclamados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación al determinar que existían controversias fácticas sobre la responsabilidad y el estado de los predios. Inconforme, el Municipio presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó errores del foro primario en la aplicación del término prescriptivo y en la interpretación de su rol en las obras. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, desestima el recurso instado por el Municipio por falta de jurisdicción.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa demandó solicitando expresamente que el caso se tramitara por la vía ordinaria. Sin embargo, el foro primario determinó que el procedimiento debía seguir la Regla 60, un procedimiento sumario. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la forma de radicación y la supuesta falta de pago de aranceles para la vía ordinaria, a pesar de que la Cooperativa alegó estar exenta. Inconforme, la Cooperativa recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia y devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Primera Instancia consideró probados hechos clave en un litigio sobre propiedades rústicas en Rincón, Puerto Rico. Los demandantes son copropietarios por herencia de dos predios con cabidas de cuatro cuerdas y media y setenta y cinco céntimos de cuerda, con colindancias específicas. Para efectos contributivos, estas propiedades se agrupan en una sola finca de 4.90 cuerdas. En 1988, el Ingeniero Cesar A. Barreto Bosques mensuró las propiedades de los demandantes, determinando un área de 4.2541 cuerdas. Uno de los demandantes, Miguel Silva, declaró estar conforme con dicha mensura y las colindancias establecidas. La parte demandada posee una propiedad colindante de 9,513.121 metros cuadrados, también descrita con sus linderos, incluyendo uno con "Tano Silva". Estos hechos forman la base fáctica del caso presentado ante el tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José A. Rivera Aponte contra Hospital Menonita Cayey. El apelante recurre de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción por discrimen por razón de edad. Inicialmente, el apelante presentó una querella por despido injustificado y discrimen por edad tras ser despedido el 15 de septiembre de 2017. En una querella enmendada, presentada más de un año después, detalló alegaciones de discrimen por edad, incluyendo ser sustituido por empleados más jóvenes. El hospital apelado solicitó la desestimación de la reclamación por discrimen, argumentando que estaba prescrita bajo la Ley 100, cuyo término es de un año. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. La Sentencia apelada, que desestimó la causa de acción de discrimen por edad, es confirmada.

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Resolución judicial de un panel de jueces sobre una solicitud de auto de certiorari presentada por la Sra. Grace Monge La Fosse. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción sobre Ejercicio del Derecho de Retracto Crédito Litigioso. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de retracto argumentando que, al existir una sentencia previa en el caso, el crédito ya no era litigioso. Dicha sentencia, dictada en 2011, condenó a la peticionaria al pago de una deuda y ordenó la ejecución hipotecaria. La peticionaria había presentado la moción de retracto en 2018, años después de la sentencia. Tras revisar los escritos y el expediente, el panel judicial decide denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sra. Monge La Fosse.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por Banco Popular contra Anthony Ramos Molina y otros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por no haberse acreditado el emplazamiento dentro del término de 120 días. Previamente, el foro primario había denegado la solicitud de Banco Popular para emplazar por edicto, sugiriendo que el demandado trabajaba en Puerto Rico. Banco Popular apeló la desestimación, argumentando que su solicitud de emplazamiento por edicto fue presentada dentro del término. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, destacando la importancia del emplazamiento para adquirir jurisdicción. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. Se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda según lo resuelto por el apelativo.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre la apelación de una desestimación de un pleito de daños y perjuicios. El apelante, Daniel Rosario González, impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Carmen Margarita Quiñones-Nieves y otros. El foro primario desestimó la demanda contra dos codemandadas por no haber sido emplazadas dentro del término de 120 días establecido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Asimismo, desestimó la reclamación contra una tercera codemandada por falta de alegaciones en su contra, conforme a la Regla 10.2(5). La desestimación fue "con perjuicio" para la totalidad de la demanda. Esta desestimación con perjuicio se fundamentó en que el tribunal tomó conocimiento judicial de un caso anterior del mismo demandante contra las mismas partes que también fue desestimado por incumplimiento con la Regla 4.3(c). El recurso de apelación se centra específicamente en la desestimación con perjuicio por ser el segundo incumplimiento con la regla de emplazamiento. El apelante no imputó error alguno relacionado con la desestimación basada en la falta de alegaciones contra una de las demandadas. La sentencia detalla el historial procesal de los intentos y dificultades del demandante para diligenciar los emplazamientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de Certiorari presentado por Ángel D. Colón Colón. El peticionario, confinado, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre una moción de corrección de sentencia. El Tribunal de Apelaciones determina que el recurso no cumple con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Se señalan defectos como la falta de índice, una relación incompleta de hechos procesales y la omisión de señalar los errores del foro primario. Además, el peticionario no incluyó copia de la moción original ni de la orden denegatoria del tribunal inferior. Estos incumplimientos impiden al Tribunal de Apelaciones asumir jurisdicción y ejercer su función revisora. Aunque se permite la comparecencia por derecho propio, las partes deben cumplir con las reglas procesales. Por tanto, se deniega la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia de un panel apelativo revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de cánones de arrendamiento. La demanda original fue presentada por VS PR, LLC, una corporación foránea, contra Drift-Wind, Inc. Drift-Wind solicitó que VS PR prestara una fianza de no residente conforme a la Regla 69.5. El tribunal ordenó la fianza, pero VS PR no la prestó dentro del término de sesenta días. Ante el incumplimiento, Drift-Wind pidió la desestimación de la demanda con perjuicio y costas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, pero lo hizo sin perjuicio, al entender que la fianza se presentó tardíamente sin justificación. Drift-Wind apeló, alegando que la desestimación debió ser con perjuicio y con imposición de costas y honorarios. Tras revisar el recurso, el panel apelativo decidió modificar el dictamen de instancia.

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Este caso de daños y perjuicios se origina por un accidente en un ascensor sufrido por empleados de la Oficina de Administración de los Tribunales. Los demandantes presentaron inicialmente una demanda contra STZ Development, Inc., a quien creían responsable. Al determinar que STZ no era la propietaria, enmendaron la demanda para incluir a Oficinas de Carolina, S.E. y su aseguradora, Triple S Propiedad, Inc., como las verdaderas partes responsables. Oficinas de Carolina y Triple S Propiedad solicitaron la desestimación parcial de las reclamaciones de los cónyuges y las sociedades legales de gananciales por haber prescrito la acción en su contra. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de desestimación parcial. Oficinas de Carolina y Triple S Propiedad recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y determinó expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del foro primario que denegó la desestimación parcial por prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en un caso de pensión alimentaria. El padre solicitó ser relevado del pago de pensión para sus dos hijos, una hija mayor de edad y un hijo de 19 años. Respecto al hijo, alegó que este se unió al Ejército, no estudia y posee ingresos propios. El Tribunal de Primera Instancia concedió el relevo para la hija, pero denegó de plano la solicitud para el hijo de 19 años. En vez de evaluar los méritos de esta petición, el TPI refirió el caso para un ajuste de pensión basado únicamente en el relevo concedido por la hija. El padre recurrió esta determinación mediante un auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. Esto se hace con el fin de asegurar que el Tribunal de Primera Instancia evalúe en sus méritos la solicitud de relevo de pensión presentada por el padre en cuanto a su hijo de 19 años.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios por impericia profesional contra el licenciado Saúl Román Santiago. La demandante, Aleja Carmona Pizarro, alegó que el abogado incurrió en negligencia al representar sus intereses. El licenciado Román Santiago presentó una moción de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia, argumentando que la causa de acción estaba prescrita. El foro primario declaró no ha lugar dicha moción. Inconforme con esa determinación, el licenciado Román Santiago presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su petición, plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la demanda por estar prescrita. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones dispone del recurso de Certiorari, ejerciendo su facultad discrecional para prescindir de trámites ulteriores.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia revisando un recurso de apelación presentado por Massó & Olalla, Inc. La apelación impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria de Epifanio Vidal, S.E. Dicha sentencia de instancia desestimó con perjuicio la Demanda de Massó & Olalla, Inc. Massó & Olalla había demandado a Epifanio Vidal por interferencia torticera en negocios y daños y perjuicios. Alegaron que Epifanio Vidal interfirió con la venta de un local comercial de su propiedad a su arrendataria, Livona Corp. Sostuvieron que Epifanio Vidal, un condómine con derecho preferente, hizo contra-ofertas bajas, ejerció presión sobre los dueños de M&O y retrasó la transacción al retener una certificación de deuda necesaria. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos presentados en el recurso. Tras la revisión, el panel de jueces decidió CONFIRMAR el dictamen recurrido, sosteniendo la desestimación de la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre el recurso presentado por Benito Arroyo Rodríguez. El apelante solicitó la revisión de su veredicto de culpabilidad y sentencia de 26 años por actos lascivos, dictados por el Tribunal de Primera Instancia en septiembre de 2015. El recurso alegaba errores relacionados con la prueba, la acusación y la denegación de una solicitud de disolución de jurado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción antes de considerar los méritos. Se recordó la norma de que la falta de jurisdicción es insubsanable y que los tribunales deben asegurarse de tenerla. Conforme a la Regla 194 de Procedimiento Criminal y la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el plazo para apelar una sentencia criminal es de treinta días. El Tribunal determinó que el recurso de apelación fue presentado fuera de este término. Por consiguiente, el Tribunal carece de jurisdicción para entender en el recurso. El recurso es desestimado por falta de jurisdicción.

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Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso sobre nulidad de contratos por supuesto dolo. FSM, Corp. demandó a Scotiabank de Puerto Rico alegando que el banco no reveló un grave problema de inundación en una propiedad reposeída que le vendió. FSM sostiene que el banco conocía el defecto antes de la venta. Scotiabank argumenta que FSM compró la propiedad "as is" y relevó al banco de responsabilidad por vicios ocultos, además de negar conocimiento del problema específico o de un expediente administrativo municipal relacionado. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones surge de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a admitir dicho expediente municipal como prueba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la admisión tras varias solicitudes y reconsideraciones. El Tribunal de Apelaciones concluye que la decisión recurrida, relativa a la admisión de prueba, no está comprendida entre los asuntos revisables mediante certiorari bajo la Regla 52.1 en esta etapa procesal. Por tanto, se deniega el auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de un empleado en un caso de despido injustificado y daños y perjuicios. El empleado, Gustavo Javier Brodas Pérez, demandó a su patrono, Parrillada Argentina Gauchos, Inc., y a su dueño, Guillermo Gsottschneider, alegando despido injustificado, discrimen, represalias y daños, incluyendo una agresión física por parte del dueño. La querella detalló incidentes relacionados con una ausencia/tardanza del empleado y una confrontación violenta con el dueño que culminó en su salida. El Tribunal de Primera Instancia adjudicó a favor del empleado. El patrono apeló la decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. La confirmación se basó en que el patrono apelante no reprodujo la prueba oral del juicio, renunciando así a impugnar la apreciación de la misma por el TPI. Además, la agresión sufrida por el empleado fue incluida en las alegaciones de la demanda original, facultando al TPI a conceder un remedio al respecto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso original involucra una demanda de cobro de dinero presentada por Raymond Román Rivera contra SEJ Group Corp. por \$13,412.44. El TPI declaró con lugar la demanda luego de que SEJ no compareciera a la vista y se le anotara la rebeldía. SEJ apeló, argumentando que la prueba del señor Román era insuficiente y contradictoria, y que la notificación fue defectuosa, violando su debido proceso. El señor Román sostuvo que el TPI creyó su testimonio y prueba documental, y que la notificación fue válida. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del TPI. La decisión se fundamenta en la norma de deferencia a la apreciación de la prueba y credibilidad realizada por el juzgador de instancia.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Arnaldo Ayala Sánchez contra el Municipio de San Germán. El Sr. Ayala apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda por daños y perjuicios. En su demanda, el Sr. Ayala reclamaba el pago de salarios dejados de percibir, bonos y días de licencia correspondientes al periodo en que su nombramiento como líder recreativo fue anulado. Aunque fue reinstalado y se ordenó el pago de salarios atrasados, alegó que el Municipio retuvo indebidamente $27,800 por supuestos beneficios del PAN. El foro primario declaró nula una resolución administrativa, denegó la sentencia sumaria del apelante y desestimó su caso. El Tribunal de Apelaciones revisó dicho dictamen. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900379, una apelación presentada por Rey Santiago Ramos. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda de daños y perjuicios. Tras la desestimación, el Sr. Santiago Ramos presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para examinar los méritos de la apelación. Esta falta de jurisdicción se debe a la presentación tardía del recurso de apelación. La Regla 47 de Procedimiento Civil establece que una moción de reconsideración debe ser suficientemente específica para interrumpir el término para apelar. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la moción del apelante no cumplió con este requisito de especificidad. Por lo tanto, la moción de reconsideración no interrumpió el término para apelar. El término para apelar comenzó a correr desde la notificación de la sentencia original, haciendo que la apelación subsiguiente fuera extemporánea. Los tribunales tienen el deber de considerar la jurisdicción *motu proprio*.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante Certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una petición de relevo de sentencia presentada por un matrimonio demandado. La Asociación de Residentes Terra Señorial había demandado al matrimonio por cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas. Tras la incomparecencia de los demandados, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía. El matrimonio solicitó el relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2, alegando que la acción estaba impedida por la doctrina de cosa juzgada debido a un pleito anterior desestimado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, entendiendo que la defensa de cosa juzgada fue renunciada al no contestar la demanda y que la rebeldía no fue justificada. El matrimonio recurrió esta determinación mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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AP1 Trust y PRCF LLC comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. Solicitaron la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Humacao emitida el 5 de abril de 2019. Dicha Orden denegó una Moción de Reconsideración presentada por el peticionario. La moción buscaba el relevo de representación legal para AP1 Trust. El abogado había solicitado la renuncia alegando diferencias de criterios irreparables y que el cliente pidió el cese de la relación profesional. Previamente, el TPI había denegado la renuncia y ordenado a AP1 Trust proveer fechas para una deposición bajo apercibimiento de sanciones. El peticionario argumentó que el TPI erró al denegar la reconsideración del relevo. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso a la luz del derecho y las normas procesales aplicables. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari, el tribunal resolvió denegar su expedición. También se declaró No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada por el peticionario.

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Carlos A. Millán Maldonado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión de sentencia, la cual fundamentó en el principio de favorabilidad y enmiendas al Código Penal de 2014. Surge del expediente que esta fue la sexta ocasión en que el peticionario intentó obtener una revisión de su sentencia ante el TPI, siendo todas sus solicitudes previas denegadas. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado, el derecho aplicable y los autos originales del TPI. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones acordó desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por José Miguel Díaz Medina contra Wal-Mart Puerto Rico, Inc. El caso original era una reclamación por daños y perjuicios instada por Díaz Medina, empleado de Pan Pepín, por un accidente sufrido mientras trabajaba en una tienda Wal-Mart. Díaz Medina alegó negligencia de Wal-Mart. Wal-Mart solicitó la desestimación argumentando ser un patrono estatutario y estar cubierto por la inmunidad patronal bajo la Ley de la CFSE, dado que Pan Pepín era un patrono asegurado. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de Wal-Mart y desestimó la demanda. Inconforme, Díaz Medina apeló la Sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, determina que el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimará el recurso por falta de jurisdicción debido a su tardanza.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por South American Restaurants Corp. La empresa recurre la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente trata de una demanda por despido injustificado y represalias presentada por un empleado. El empleado alega que fue despedido en octubre de 2014, cinco meses después de denunciar una relación inapropiada de un supervisor. El patrono argumentó que el despido se debió a un patrón de violaciones a normas operacionales y deficiencias en el desempeño del empleado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar una controversia sobre si el despido constituyó una represalia por la queja del empleado. Consideró que la determinación dependerá de la credibilidad de los testigos en el juicio. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, declina intervenir con la decisión recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Iván Canabal Pérez. La petición busca dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia relacionada con un plan de pago para una deuda de alimentos acumulada. El foro primario había reservado jurisdicción sobre la deuda, incluso después de que la hija alcanzara la mayoría de edad. Las partes acordaron un plan de pago de \$800 mensuales para la deuda, el cual fue aprobado por el tribunal y advino final y firme al no ser apelado. Posteriormente, el peticionario protestó el acuerdo tras su hija cumplir 21 años y presentar una reclamación de alimentos entre parientes. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de ser relevado del acuerdo y reiteró la obligación del plan de pago en órdenes posteriores que también advinieron finales. El Tribunal de Apelaciones señala que la actuación judicial que el peticionario pretende revisar es inapelable.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de apelación presentado por Firstbank Puerto Rico contra Iván Rafael Díaz López. Firstbank apelaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria, desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, e impuso costas. El apelado solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegó que la notificación del recurso se realizó fuera del término estricto y que el apelante no certificó a tiempo un cambio en el método de notificación. Firstbank argumentó justa causa para el incumplimiento, citando una emergencia médica familiar que impidió la presentación y notificación oportuna. El apelado refutó la justificación, señalando las fechas de los documentos médicos y la falta de excusa para no enmendar la certificación. El Tribunal concluye que el recurso fue notificado fuera del término sin justa causa suficiente y que no se cumplió con el requisito de certificar cambios en la notificación. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900199. El apelante, José Edgardo Vega Martell, recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda de cobro de dinero y daños y perjuicios contra First Bank y Universal Insurance Company. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los escritos presentados por las partes. Se determinó que el apelante incumplió repetidamente con las Reglas del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, no presentó el apéndice de forma completa, ordenada, numerada y con índice, a pesar de varias advertencias y oportunidades para corregir las deficiencias. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso por estos incumplimientos. El Tribunal de Apelaciones, tras concederle términos adicionales al apelante, resolvió desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamentó en la persistente falta de cumplimiento del apelante con los requisitos procesales para la presentación del apéndice.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre la ejecución de una sentencia final y firme contra el Municipio de Toa Baja por negligencia, a favor de Enid Noelia Cintrón Castro. La cuantía original fue modificada en apelación conforme a la Ley de Municipios Autónomos. Intentos previos de ejecutar la sentencia mediante retención y embargo de fondos municipales fueron declarados ilegales por este foro en una sentencia anterior. Dicha sentencia previa estableció que el trámite de ejecución debe seguir el procedimiento provisto en la Ley de Municipios Autónomos. El Municipio de Toa Baja comparece ahora solicitando la revocación de una orden del foro primario que le exige incluir el importe de la sentencia en su próximo presupuesto anual. El Tribunal revisa la procedencia de este recurso y la validez de dicha orden.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por José Costa Rivera y otros. Solicitan la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó la demanda en su contra presentada por el Dr. Julio Santory. La demanda original fue incoada por daños y perjuicios por alegada impericia médica contra Ryder Memorial Hospital y otros. Los demandantes alegan que el Sr. Costa Rivera sufrió daños severos debido a un diagnóstico y tratamiento inadecuados en la sala de emergencias en marzo de 2015. El Dr. Santory fue incluido como codemandado en una enmienda posterior a la demanda. El Dr. Santory solicitó la desestimación bajo la Regla 10.2(5), argumentando que la demanda notificada no contenía alegaciones específicas en su contra. El TPI declaró Ha Lugar la moción del Dr. Santory y desestimó la demanda en cuanto a él, sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar el recurso y el estado de derecho aplicable para resolver la controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó su Reconvención contra los demandantes, Ismael L. Purcell Soler y Alys M. Collazo Bougeois. El caso principal se relaciona con una servidumbre predial para líneas eléctricas establecida en 1970 sobre la propiedad de los demandantes en Ponce. El proceso apelativo fue inicialmente paralizado y archivado administrativamente debido a la petición de quiebra de la AEE bajo PROMESA y la aplicación del "Automatic Stay". Los procedimientos se reanudaron luego de que los demandantes obtuvieran un relevo de la paralización de la Corte Federal de Quiebras. Las partes comparecieron y se permitió a la parte apelada enmendar su escrito de oposición. El Tribunal procederá a reseñar los hechos pertinentes y resolver la apelación sobre la desestimación de la reconvención de la AEE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por la Asociación de Residentes Estancias de Río Hondo III, Inc. La Asociación impugnaba una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Dicha Orden denegó una moción para venta en pública subasta de un inmueble embargado y requirió una nueva tasación. La Orden recurrida fue notificada el 5 de marzo de 2019. El término de 30 días para presentar el Certiorari vencía el 4 de abril de 2019. Sin embargo, el recurso fue presentado el 8 de abril de 2019. Al no haberse presentado dentro del término legal y sin justa causa, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestima el Certiorari presentado.