Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 278)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201800307. Las apelantes B.P. S.E. y Bahía Park S.E. impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La disputa se origina en la Orden Ejecutiva OE-2004-49, que ordenó la designación de la Reserva Natural de la Ciénaga Las Cucharillas. Las apelantes alegaron que la interpretación estatal de esta orden impidió el desarrollo de sus propiedades, constituyendo una expropiación a la inversa sin justa compensación. Argumentaron que esto afectó sus terrenos a pesar de contar con permisos de desarrollo previos. Los apelados, incluyendo el Estado Libre Asociado y agencias como la Junta de Planificación y el DRNA, sostuvieron que la orden solo dispuso estudios y no fue una acción definitiva. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al DRNA y desestimó las reclamaciones de las apelantes. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por los demandados en un pleito civil iniciado en 2012. La parte peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de febrero de 2019. Dicha resolución mantuvo una sanción económica de \$5,000 impuesta a los peticionarios. La sanción se basó en el incumplimiento de una Orden previa del TPI. La Orden requería que los peticionarios tomaran la deposición de uno de los demandantes en Israel por videoconferencia en marzo de 2018. Los peticionarios se negaron a realizar la deposición, alegando que la quiebra de un codemandado paralizaba todo el caso. El TPI determinó que la paralización solo aplicaba a la entidad en quiebra, pero los peticionarios persistieron en su negativa. Un recurso de certiorari anterior de los peticionarios contra la orden de deposición fue denegado por el Tribunal de Apelaciones. El presente recurso se centra en la legalidad de la sanción económica impuesta por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Rubén Lugo Zambrana. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha resolución declaró ha lugar una solicitud de ejecución de sentencia presentada por Lillian I. Pérez Rivera. La ejecución se relaciona con la liquidación de bienes gananciales acordada en su sentencia de divorcio de 2008. Específicamente, la ejecución se basó en pagarés suscritos por el señor Lugo Zambrana a favor de la señora Pérez Rivera. El TPI determinó una deuda ascendente a \$505,515.18 y ordenó el embargo y venta en pública subasta de los bienes del señor Lugo Zambrana. El peticionario alegó que el TPI erró al celebrar la vista de ejecución sin su presencia o la de su abogado, quien se había excusado por enfermedad, violando el debido proceso. Tras considerar la comparecencia de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alimentos. El peticionario, Desi Meléndez Ortega, quien se encuentra confinado en prisión, solicitó ser eximido del pago de pensión alimentaria para su hijo durante su encarcelamiento. Argumentó que carece de recursos económicos debido a su reclusión. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud. El peticionario recurrió esta decisión, alegando que era arbitraria y lo condenaría a incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso pero confirmó la determinación del foro primario. Fundamentó su decisión en la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta norma establece que el encarcelamiento no constituye una causa válida para eximir a un padre de su obligación de pagar pensión alimentaria, buscando proteger a los menores y evitar el fomento del incumplimiento. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la orden recurrida estaba conforme a derecho.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división y liquidación de comunidad hereditaria. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Anulación de Sentencia. Previamente, el foro primario había desestimado la demanda inicial con perjuicio, fundamentado en la existencia de una transacción y finiquito extrajudicial entre las partes. Dicha sentencia desestimatoria advino final y firme. Meses después, los peticionarios solicitaron la anulación de esa sentencia, alegando la falta de inclusión de otros herederos y del contrato de transacción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la anulación solicitada. Los peticionarios acudieron en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra esta última denegatoria. Los recurridos se opusieron, argumentando que la moción de anulación fue presentada fuera del término legal de seis meses. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y/o incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por los apelados, un abogado y su esposa, contra los apelantes, quienes fueron sus clientes. El cobro se refería a honorarios contingentes acordados verbalmente por servicios legales prestados para ejecutar una sentencia previa. Las gestiones del abogado culminaron con la adjudicación de un inmueble a los apelantes. Los apelantes se negaron a pagar los honorarios acordados, argumentando que el pago dependía de la venta de la propiedad adquirida. En su apelación, los clientes impugnaron las determinaciones de hechos del tribunal primario, alegando falsedad en testimonio y parcialidad del juez. El Tribunal de Apelaciones determinó que los apelantes no cumplieron con los requisitos reglamentarios para impugnar prueba oral, al no solicitar la transcripción de los procedimientos. Ante la falta de perfeccionamiento del recurso en cuanto a la prueba, el Tribunal confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Rafael Luis Reyes Almodóvar. El apelante impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Firstbank Puerto Rico sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia apelada condenó a los demandados, incluyendo al apelante y su exesposa, al pago de cuantías adeudadas y ordenó la venta en subasta de la propiedad hipotecada. La acción de FirstBank se inició en julio de 2016, alegando incumplimiento de una hipoteca constituida en 2012 sobre un inmueble adquirido por los demandados. Los demandados se divorciaron en 2016, y la exesposa cedió sus derechos sobre la propiedad al apelante posteriormente. El proceso judicial incluyó la contestación del apelante, la rebeldía de la exesposa y una reunión de mediación conforme a la ley aplicable.

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Ángel M. Laboy Pica, un confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la corrección de una sentencia de 2012 emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Su petición se basó en la alegación de representación legal inadecuada durante su alegación de culpabilidad. Argumentó que esta deficiencia resultó en la imposición de penas consecutivas por múltiples delitos, sumando 20 años. Las penas fueron impuestas de forma consecutiva entre sí y con cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. El peticionario consideró que esto constituía un castigo cruel e inusitado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el caso. Tras examinar los autos originales y el escrito, el Tribunal emitió su sentencia. El Tribunal de Apelaciones modificó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido, pero en su forma modificada.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso surge de una demanda presentada por Nosce Te Ipsum, Inc. contra Metro 214, LLC y otros. Nosce, dueña de una propiedad en Metro Office Park, alegó que Metro, dueña de una propiedad colindante, incumplió servidumbres y acuerdos sobre el uso compartido de estacionamientos. Nosce basó su reclamo en un acuerdo de 1995 con Canejas, el anterior dueño de la propiedad de Metro, que supuestamente establecía el uso compartido de estacionamientos de superficie y requería notificar a futuros compradores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Nosce en su totalidad al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Además, el foro primario impuso a Nosce el pago de honorarios de abogado por temeridad. Nosce solicitó la revisión de esta decisión mediante un recurso de certiorari. El panel judicial expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen recurrido. Tras la revisión, el panel judicial modificó parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Brenda Nieves Vázquez apela una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió la Recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. El dictamen validó la pensión alimentaria fijada previamente y declaró No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración de ambas partes. El caso se origina de un divorcio en 2008 entre la apelante y José Juan Meléndez Cruz, con tres hijos procreados. Tras fijarse una pensión inicial, el padre solicitó una rebaja en 2017 alegando merma de ingresos. Durante el proceso, la madre intentó incluir dos corporaciones y descorrer el velo corporativo para determinar los ingresos del padre. El TPI denegó la petición de incluir las corporaciones como partes indispensables, decisión que no fue recurrida. Se celebró una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, quien emitió un informe con determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Se revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce sobre el cómputo y pago del exceso de licencia de enfermedad acumulado en 2017 por empleados municipales a jornada parcial. El foro primario estableció una metodología de cálculo, pero no adjudicó las cuantías individuales ni resolvió otras causas de acción, como daños y perjuicios. El Municipio Autónomo de Ponce, peticionario, sostiene que la fórmula adoptada contraviene la Ley de Municipios Autónomos. El panel apelativo ejerce su discreción para dilucidar el asunto en esta etapa procesal y evitar un fracaso de la justicia. El caso se originó con una demanda de empleados municipales solicitando, entre otras cosas, determinar la metodología de pago y ordenar el desembolso de las cantidades adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción de desestimación del Municipio que argumentaba falta de jurisdicción primaria y el incumplimiento de requisitos de injunction. Tras denegar la desestimación, el foro primario requirió a las partes presentar sus posiciones sobre la metodología de cálculo a utilizarse.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Juan E. Amador Colón. El peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso el lanzamiento de los ocupantes de una residencia ejecutada por Banco Popular de Puerto Rico. La propiedad pertenecía originalmente a Margarita Algarín Díaz, quien incumplió con la hipoteca. Amador Colón alegó ser el titular y ocupante actual, habiendo recibido la propiedad supuestamente como regalo de la demandada. Banco Popular inició el proceso de ejecución en 2012, obteniendo sentencia en rebeldía y, tras la subasta, solicitó el desalojo. Intentos previos del peticionario para intervenir en el caso o demandar al banco fueron desestimados. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el historial del caso. Concluyó que el peticionario carecía de legitimación para impugnar la orden de lanzamiento. Por consiguiente, desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción.

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Este documento es una sentencia de un panel judicial de apelaciones en Puerto Rico. Aborda un recurso de apelación presentado por Banco Cooperativo de Puerto Rico (BanCoop) contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado Con Lugar la demanda de Cooperativa de Ahorro y Crédito TuCoop (TuCoop). Dicho dictamen ordenó a BanCoop proceder a la reapertura inmediata de las cuentas de TuCoop. El panel de apelaciones indica que MODIFICA el dictamen recurrido. La controversia se originó cuando TuCoop presentó demanda contra BanCoop tras recibir una carta notificando la terminación de sus servicios bancarios. BanCoop adujo que la razón para la terminación era que la cuenta de TuCoop "ha estado experimentando actividad que no se ajusta al patrón de comportamiento". TuCoop alegó que dicha causa de terminación no estaba reconocida en los contratos suscritos. TuCoop sostuvo que la notificación de cancelación era arbitraria y constituía un incumplimiento de contrato. La sentencia detalla el trasfondo procesal y los argumentos de TuCoop sobre los términos contractuales y la alegada terminación inválida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Iván González Serrano. El Sr. González Serrano apeló una Sentencia Mixta Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo declaró culpable y lo condenó por violaciones a la Ley de Armas, la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, y el Código Penal. Los cargos se relacionaban con un incidente donde se le acusó de entrar ilegalmente a una propiedad y causar la muerte de un perro. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de cárcel y posteriormente enmendó la sentencia para incluir restitución. El apelante presentó múltiples señalamientos de error, cuestionando la prueba y el proceso de enmienda. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Como resultado, el Tribunal decidió modificar la sentencia. La modificación consistió en revocar los fallos condenatorios por violación al artículo 5.05 de la Ley de Armas y al artículo 197(b) del Código Penal.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público. El caso involucra a Mathew Cris McLeod López, acusado localmente bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas por portar o transportar un arma de fuego. Previamente, McLeod López fue procesado y sentenciado a nivel federal por posesión de municiones como convicto, basado en los mismos hechos. La controversia principal gira en torno a si el procesamiento local está impedido por la sentencia federal, según la doctrina de *Pueblo v. Sánchez Valle*. El Recurrido sostiene que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción al tratarse de los mismos hechos ya juzgados federalmente. El Ministerio Público argumenta que el delito local (portar arma) es distinto del federal (posesión de municiones) y que *Sánchez Valle* no prohíbe el procesamiento local por el cargo de portación. El Ministerio Público recurre una resolución del TPI que aparentemente favoreció la posición del Recurrido respecto a este conflicto jurisdiccional.

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Belinda González Quiñonez apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral contra Property Logistics Inc. y otros. La querella original alegaba despido injustificado, represalias por acudir al Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y falta de pago de horas extras. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido fue justificado por razones económicas y de reorganización. Concluyó que el patrono desconocía la visita de la querellante al CFSE al momento del despido, el cual ocurrió antes de dicha visita. Respecto a las horas extras, el foro primario encontró que la querellante cumplía con los requisitos de la figura del Administrador y estaba exenta de dicho pago. La apelante presentó cuatro señalamientos de error, cuestionando las determinaciones del TPI sobre la exención de horas extras, la existencia de un acuerdo de pago, la prueba de horas extras trabajadas y la justificación del despido. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos, el expediente y la prueba oral. Por los fundamentos que expresará, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de liquidación de sociedad de gananciales entre Elizabeth Galán Acevedo y Edwin José Toledo López. La apelante impugna una Sentencia Parcial emitida sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia determinó las aportaciones privativas del apelado a la extinta sociedad de gananciales. El foro primario concluyó que el apelado aportó \$82,000 de herencia a la sociedad, teniendo derecho a un crédito, e invirtió en una finca adquirida con caudal mixto. También determinó que otra finca fue adquirida totalmente con dinero privativo del apelado, siendo esta y su plusvalía exclusivamente suyas. La apelante se opuso a la sentencia sumaria, alegando controversia de hechos y error al conceder el crédito. No obstante, la oposición de la apelante incumplió repetidamente con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Primera Instancia encontró que los escritos de la apelante carecían de hechos específicos para refutar las alegaciones del apelado y contenían evidencia inadmisible. El Tribunal de Apelaciones revisa el dictamen aplicando los mismos criterios que el foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia parcial impugnada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Se revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó mociones de desestimación. La parte demandada solicitó la desestimación alegando que el emplazamiento no fue diligenciado dentro del plazo de 120 días. La parte demandante había intentado emplazar personalmente y, tras gestiones infructuosas, solicitó emplazamiento por edicto. La parte demandada se enteró del pleito a través de notificaciones por correo de escritos posteriores a la presentación de la demanda. El foro primario declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas por la parte demandada. La parte demandada recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la controversia. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos de Certiorari consolidados. El Comisionado de Seguros, actuando como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., solicitó la paralización de procedimientos en casos de daños y perjuicios. Estos casos fueron incoados en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo contra asegurados de Real Legacy. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de paralización presentadas por el Comisionado en los tres casos. El Comisionado recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que las sentencias eran idénticas y erróneas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los tres casos para su consideración conjunta. Las partes recurridas (demandantes en los casos originales) se opusieron a la paralización. Argumentaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente las acciones dirigidas únicamente contra el asegurado. Citaron jurisprudencia y señalaron que en algunos casos la aseguradora no era parte o solo proveía cubierta de representación legal. El documento detalla el historial procesal de las peticiones de Certiorari consolidadas ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos consolidados de certiorari. El Comisionado de Seguros, como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., recurrió las decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicho foro había denegado las mociones para paralizar procedimientos en casos de daños y perjuicios. Estos casos originales fueron incoados contra asegurados de Real Legacy. El Comisionado solicitó la paralización debido al proceso de liquidación de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones consolidó las peticiones de certiorari por tratarse de la misma controversia procesal. Las partes recurridas, demandantes en los casos originales, se opusieron a la paralización. Argumentaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente las acciones dirigidas únicamente contra el asegurado. Señalaron que Real Legacy no era parte en algunos pleitos o solo proveía cubierta de representación legal. El documento detalla el historial procesal y las posturas de las partes sobre la procedencia de la paralización.

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Esta es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres casos de certiorari consolidados. El Comisionado de Seguros, actuando como liquidador de Real Legacy Assurance Company, Inc., presentó las peticiones. El Comisionado buscaba revocar determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Dichas determinaciones declararon No Ha Lugar mociones para paralizar procedimientos en casos de daños contra demandados asegurados por Real Legacy. El Comisionado argumentó que la liquidación de la aseguradora requería la suspensión de estas acciones. Las recurridas, demandantes en los casos de daños, se opusieron a la paralización. Alegaron que la liquidación de la aseguradora no suspende automáticamente acciones incoadas solamente contra el asegurado. Las recurridas señalaron que Real Legacy no siempre era parte directa o solo proveía representación legal. El Tribunal consolidó los casos debido a la identidad de la controversia legal. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de las partes sobre la paralización de procedimientos durante la liquidación de la aseguradora.

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Este recurso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un caso de división de comunidad de bienes sobre un inmueble entre Mark Luthe y la sucesión de William Del Valle, representada por su hermana Nancy Del Valle. Una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, confirmada en apelación, declaró la copropiedad del inmueble y ordenó su venta. Tras el fallecimiento de William, Luthe solicitó al tribunal acceso a la propiedad para coordinar su limpieza y venta. Nancy Del Valle, heredera, se opuso a la moción, alegando falta de notificación adecuada y la necesidad de tiempo para remover pertenencias. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden concediendo a Luthe acceso inmediato a la propiedad, autorizando el cambio de cerraduras y la toma de posesión para fines de venta. Nancy Del Valle apeló esta Orden, argumentando que el tribunal prejuzgó el asunto, le negó una vista y la oportunidad de retirar bienes, y modificó la sentencia original. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de Certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal denegó la expedición del Certiorari. Esta decisión implica que la Orden del Tribunal de Primera Instancia que permite a Luthe acceder y controlar la propiedad para su venta se mantiene en vigor.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Sor Marangelis Ortiz Colón apeló la determinación del TPI que denegó su solicitud de intervención en un pleito. El caso original fue una acción de reivindicación presentada por Primera Iglesia Bautista de Las Piedras contra Centro de Consejería Jabes, Inc. para recuperar la posesión de un templo. Ortiz Colón intentó intervenir alegando ser la pastora y representante de la iglesia demandante. La iglesia se opuso a su intervención. El TPI denegó la intervención de Ortiz Colón tras su reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal para conseguir representación legal. El TPI le había apercibido que el incumplimiento resultaría en la desestimación de su solicitud. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y confirmó la determinación del TPI.

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Iván Rodríguez Rentas, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la designación de un abogado de oficio para su caso de daños y perjuicios. El peticionario había elevado la misma solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, pero este aún no se había expresado sobre la misma. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El recurso fue considerado prematuro al no existir una determinación judicial del foro primario que pudiera ser revisada. Para que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su jurisdicción revisora, debe existir un dictamen del tribunal sentenciador. El peticionario debe esperar la decisión del Tribunal de Primera Instancia antes de recurrir nuevamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte apelante, Antártica Ice Plant Corp. y otros, presentó un recurso de certiorari. Procuraban la revisión de órdenes post-sentencia, incluyendo la confirmación de adjudicación y la orden de lanzamiento. Estas órdenes surgieron de la ejecución de una sentencia por estipulación dictada en 2014 a favor de Oriental Bank. Triangle REO PR, Corp. adquirió la sentencia y procedió con la ejecución hipotecaria. Tras la subasta, Triangle REO se adjudicó la propiedad. Posteriormente, Antártica solicitó el relevo de la sentencia de 2014, alegando nulidad por falta de legitimación activa del demandante original debido a la securitización. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción de relevo. Antártica apeló esta determinación y las órdenes de ejecución. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Antártica.

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Se presenta un recurso de apelación por Ernesto Matos contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó una demanda de desahucio en precario presentada por Matos contra Noemi Maldonado Maldonado. Matos alegó que Maldonado ocupaba ilegalmente una propiedad tras incumplir un contrato de promesa de compraventa y dejar de pagar cánones mensuales. Maldonado argumentó que no era precarista debido al contrato existente y que la acción procedente era un pleito de incumplimiento contractual, asunto ya resuelto en un caso anterior. El TPI determinó que la acción correcta era un pleito ordinario de incumplimiento de contrato, no el desahucio en precario. Tras varias mociones y reconsideraciones, el TPI emitió la sentencia final reiterando su posición. El recurso de apelación busca revocar esta sentencia desestimatoria. El panel de apelación resuelve desestimar el recurso. La desestimación del recurso se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Reynaldo S. Genao Ventura, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda fue presentada contra agentes de la policía municipal y el Municipio de Rincón. Genao Ventura alegó que sufrió daños en un accidente causado por una persecución policial negligente mientras conducía una motora. Los apelados argumentaron que la persecución se inició porque el apelante violó leyes de tránsito y desobedeció órdenes de detenerse. Sostuvieron que los daños fueron resultado de los propios actos negligentes del apelante. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria, encontrando hechos incontrovertidos que demostraban que el apelante conducía ilegalmente, no se detuvo y perdió el control al mirar hacia atrás durante la persecución. El foro primario concluyó que la causa próxima del accidente fue la conducción temeraria del apelante y que la actuación de los agentes fue razonable. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo la desestimación de la demanda.

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Víctor Santana Ramos, un confinado, comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante un recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de hábeas corpus. En su hábeas corpus, Santana Ramos alegó detención ilegal, argumentando que ya cumplió su sentencia al considerar bonificaciones por buena conducta. El Tribunal de Primera Instancia determinó que debía agotar los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Santana Ramos imputa error al foro primario por no acoger el hábeas corpus como recurso civil y no investigar su reclamo. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso y la naturaleza del hábeas corpus, DENIEGA la expedición del recurso de certiorari. La resolución discute brevemente el fundamento constitucional y legal del auto de hábeas corpus en Puerto Rico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Ramón Ramos Díaz apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de desahucio contra Efraín Hernández. El Tribunal de Apelaciones centró su análisis en la jurisdicción para atender el recurso. Se recordó que los recursos de apelación en casos de desahucio deben presentarse en un término perentorio de cinco días a partir de la notificación de la sentencia. Este término reducido busca agilizar los procedimientos sumarios y no se interrumpe por mociones de reconsideración. En este caso particular, la notificación de la denegatoria de reconsideración ocurrió el 4 de abril de 2019. El apelante presentó su recurso el 15 de abril de 2019, once días después del vencimiento del término legal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLAN201900450. El recurso de apelación fue presentado por Myrna Rivera Rivera et als contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda por daños y perjuicios. Tras recibir la sentencia, los apelantes presentaron una solicitud de reconsideración ante el TPI, la cual se encontraba pendiente de resolución al momento de presentar la apelación. Según la Regla 47 de Procedimiento Civil, la presentación oportuna de una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar. Dicho término comienza a correr nuevamente solo después de que el tribunal de instancia resuelva la moción. Presentar un recurso de apelación mientras la solicitud de reconsideración está pendiente ante el TPI es prematuro. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal de apelaciones. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Latin American Roller Company y Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La apelación proviene de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia sobre incumplimiento de contrato y daños. El Tribunal de Apelaciones se limita a evaluar su jurisdicción para atender el recurso. Surge que la parte apelante presentó la apelación mientras tenía pendiente una Moción de Reconsideración sobre la misma Sentencia Enmendada ante el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada señaló esta bifurcación procesal. Posteriormente, la apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones la paralización de los procedimientos en auxilio de jurisdicción, citando la moción pendiente en el foro primario. El documento subraya la importancia fundamental de la jurisdicción y el deber de los tribunales de asegurarse de poseerla antes de adjudicar una controversia. La presentación de un recurso apelativo mientras pende una moción de reconsideración en el foro de origen plantea una cuestión jurisdiccional crucial para el tribunal apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la Demanda instada por Americas Leading Finance, LLC (ALF). ALF había solicitado entredicho provisional, interdicto y sentencia declaratoria contra E-Steps, LLC, buscando la continuación de servicios de localización GPS y dilucidar la titularidad de SIMs. El foro primario desestimó el caso al considerar que ALF tenía remedios legales adecuados disponibles en otro pleito pendiente y no demostró daño irreparable. ALF apeló, alegando errores como la falta de consolidación o traslado del caso, la existencia de otro remedio, la desestimación con perjuicio y la desestimación de la sentencia declaratoria. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada, validando la decisión del foro primario. Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la Moción de Auxilio de Jurisdicción presentada por ALF.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Carmen Julia Román Marzán apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha Sentencia resolvió un pleito sobre división de comunidad de bienes, consolidado con un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El TPI liquidó la comunidad, desestimó una reconvención y ordenó la desconsolidación de los casos. La apelante presentó una moción de reconsideración que fue declarada no ha lugar. Posteriormente, interpuso el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La Secretaría del Tribunal de Apelaciones certificó una deficiencia al no cancelarse el arancel de \$102 requerido por ley al momento de la presentación. Aunque el defecto fue corregido, esta situación plantea un problema jurisdiccional de umbral. El Tribunal debe determinar si el recurso fue presentado dentro del término jurisdiccional de 30 días, interrumpido por la moción de reconsideración. Asimismo, debe evaluar si la falta inicial de cancelación del arancel afecta la validez del recurso. El cumplimiento riguroso de los términos jurisdiccionales y el pago de aranceles son mandatos estatutarios esenciales para la revisión judicial.

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El Municipio Autónomo de Caguas compareció ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la sustitución de JRO Construction, Inc. por Enhancers, Inc. en un caso de incumplimiento de contrato. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari, pero el Tribunal Supremo revocó esa decisión, ordenando la expedición del auto por tratarse de un asunto de alto interés público. Devuelto el caso, JRO Construction, Inc. y Enhancers, Inc. comparecieron conjuntamente ante el foro apelativo. Ambas partes informaron que habían acordado allanarse a la solicitud del Municipio para dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Explicaron que esta decisión se basó en que dejaron sin efecto la cesión de crédito que había fundamentado la orden de sustitución de partes. En vista del allanamiento y la anulación de la cesión de crédito, el Tribunal de Apelaciones concedió el remedio solicitado por el Municipio. Consecuentemente, se expidió el auto de certiorari y se revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia del 1 de febrero de 2017. Se dejó sin efecto la sustitución de parte ordenada y se devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Comparece la Sucesión Hernández Santiago ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI, emitida el 31 de marzo de 2017, declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la Sucesión. El caso civil original, iniciado en 1999, trata sobre la rectificación de linderos, una alegada servidumbre sobre una escalera y el cierre de ventanas entre propiedades colindantes. La Sucesión, en su reconvención, reclamaba la titularidad de la escalera y el terreno. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias esenciales sobre la titularidad, construcción y ubicación de la escalera. Consideró que estas controversias requerían un juicio en su fondo, donde la credibilidad sería determinante. Además, el TPI señaló la necesidad de realizar un deslinde de las fincas para clarificar los límites y resolver sobre la titularidad de la escalera. La Sucesión presentó mociones posteriores argumentando que el deslinde no era necesario. El Tribunal de Apelaciones expedirá el auto de certiorari y confirmará la Resolución recurrida.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Adrián Mercado Jiménez y otros, solicitando mediante certiorari la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de 7 de diciembre de 2018. Dicha resolución denegó una Moción Suplementaria de los peticionarios sobre el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso al amparo del Artículo 1425 del Código Civil. Los peticionarios buscaban ejercer este derecho tras la transferencia del préstamo original de BBVA a Oriental Bank. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente esta solicitud en 2013, resolviendo que el Artículo 1425 no aplicaba a la transacción entre BBVA y Oriental, al tratarse de una fusión/compra de activos con intervención regulatoria. Cinco años después, los peticionarios presentaron la moción suplementaria, argumentando un error en la decisión previa. El foro primario denegó esta nueva moción por considerar que el asunto ya había sido atendido y resuelto. Ante el recurso de certiorari presentado contra esta última denegatoria, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Nosce Te Ipsum, Inc. contra Metro 214, LLC. Nosce impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para consolidar dos casos civiles entre las partes. Los litigios se relacionaban con disputas sobre acceso y derechos posesorios sobre estacionamientos. Nosce argumentó que la consolidación procedía por tratarse de las mismas partes, propiedades y remedios, y para evitar resultados inconsistentes. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de consolidación y la reconsideración posterior. Mientras el recurso de certiorari estaba pendiente, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en uno de los casos cuya consolidación se solicitaba. Ante este desarrollo, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari por falta de jurisdicción, al considerar que la controversia sobre la consolidación se tornó académica tras la sentencia emitida en el foro primario en uno de los casos.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenaba pagar una indemnización, penalidad y honorarios de abogado a José A. Arbelo Delgado. El Sr. Arbelo demandó a la AAA alegando despido injustificado y represalias por un accidente de trabajo. Argumentó que su contrato a tiempo determinado no fue renovado mientras recibía tratamiento, violando leyes de protección a empleados lesionados y contra represalias. La AAA se defendió indicando que la relación laboral cesó legalmente al expirar el contrato del empleado. Sostuvo que no estaba obligada a renovar el contrato y negó haber actuado con discriminación o represalias. El TPI había fallado a favor del empleado, concediéndole \$25,000 por despido, \$25,000 de penalidad y honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y determinaciones de hechos del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia apelada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El caso surge de una disputa entre la directora escolar María del C. Carrión y la maestra Carmen D. Rolón Rivera, bajo la Ley Contra el Acecho. La Sra. Carrión solicitó y obtuvo una Orden de Protección contra la Sra. Rolón en el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro determinó que las acciones de la Sra. Rolón, incluyendo faltas de respeto públicas y un incidente físico, causaron que la Sra. Carrión se sintiera acosada y amenazada. La Orden de Protección prohibió a la Sra. Rolón interferir con la Sra. Carrión y restringió su comunicación y acercamiento. Inconforme, la Sra. Rolón presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores del foro primario al expedir la orden sin cumplir los requisitos legales y actuando arbitrariamente. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y la evidencia presentada. La resolución concluye denegando la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sra. Rolón.

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Carlos Rubén Troche Madera, condenado tras un acuerdo de alegación pre acordada por múltiples delitos, incluyendo dos cargos de apropiación ilegal agravada bajo el Artículo 182 del Código Penal, solicitó al Tribunal de Primera Instancia una reducción del 25% de la pena impuesta por estos últimos cargos. El peticionario fundamentó su solicitud en el principio de favorabilidad y la posibilidad de reducción por circunstancias atenuantes según el Artículo 67 del Código Penal. El foro primario denegó la petición de reducción de sentencia. Ante esta negativa, el señor Troche Madera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha determinación. El recurso buscaba la intervención del tribunal apelativo para dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Tras examinar el expediente y la normativa aplicable, incluyendo la naturaleza discrecional de la reducción de pena y del recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado. La decisión confirma la negativa del foro primario a conceder la reducción de sentencia por los delitos de apropiación ilegal agravada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recurso de certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden instruía al Departamento de Corrección y Rehabilitación a ubicar a José Á. Rivera Marrero en el área de menores. Rivera Marrero había estado previamente bajo custodia juvenil por medidas dispositivas. Sin embargo, se declaró culpable de un delito menos grave (agresión) y fue sentenciado a una multa. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la jurisdicción de menores no cesaba por esta convicción y ordenó su ubicación en el área juvenil. El Pueblo de Puerto Rico impugnó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Procede de una acción declaratoria en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre un pagaré hipotecario supuestamente cancelado erróneamente. La parte demandante, Rup Corporation Inc., busca la restitución del gravamen. El peticionario, Melvin Rivera Castro, identificado como Administrador Judicial, junto al Fideicomiso Ayendez Facio, solicitó la desestimación de la demanda. El TPI denegó la desestimación y una moción de sentencia sumaria. El peticionario argumentó falta de emplazamiento, ausencia de parte indispensable (sucesión) y falta de legitimación activa de la demandante. El TPI determinó que el Administrador Judicial renunció tácitamente al emplazamiento y cuestionó la vigencia y alcance de su nombramiento. Aunque inicialmente no encontró evidencia de sucesión, el TPI luego reconoció a los Fideicomisos como herederos. El peticionario recurre la decisión del TPI, alegando errores al no desestimar la demanda por falta de capacidad, partes indispensables, jurisdicción y ataque colateral a sentencias previas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Manuel Antonio Manzano Maldonado y su esposa, recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El TPI había dejado sin efecto una Sentencia en Rebeldía dictada contra el codemandado Justo Muñoz Blanco. El foro primario concluyó que nunca adquirió jurisdicción sobre el señor Muñoz Blanco por no haberse diligenciado el emplazamiento correctamente. La demanda original surgió tras un asalto en una estación de gasolina operada por los apelantes, alegando incumplimiento reglamentario por parte de los demandados. El señor Muñoz Blanco impugnó el emplazamiento, afirmando que nunca recibió los documentos ni las notificaciones judiciales. El TPI celebró una vista evidenciaria e inspección ocular para dilucidar la controversia sobre el emplazamiento. Tras la evaluación, el TPI determinó que el emplazamiento fue defectuoso y relevó al señor Muñoz Blanco de la rebeldía y la sentencia. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la determinación del TPI, procede a revocar la Sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los apelantes-terceros demandados solicitando la revocación de una Sentencia sumaria parcial. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por PHDS Corp. Mediante la sentencia apelada, se decretó vencida una deuda reclamada y se condenó a los apelantes al pago de \$80,000 de principal, \$108,000 en intereses y \$4,000 en costas, gastos y honorarios. La controversia original surge de un pleito sobre incumplimiento de contrato iniciado por Lucas Villanueva Serrano y su esposa. El pleito se relaciona con un contrato de opción de compraventa sobre un predio de terreno a segregarse de una finca principal. Los demandantes originales alegaron incumplimiento por no solicitarse la segregación y por la posterior transferencia de la finca a otros demandados y finalmente a PHDS, a pesar de conocer la existencia del contrato. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la Sentencia sumaria parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Bautista Cayman Asset Company y Laderas CPDC PR Corporation. La parte peticionaria, Laderas CPDC PR Corporation, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden limitó el descubrimiento de prueba sobre la transacción entre la parte recurrida y la FDIC respecto al préstamo hipotecario. La información solicitada buscaba sustentar la oposición a una solicitud de sentencia sumaria. El foro primario emitió una orden protectora restringiendo la divulgación de los términos de adquisición de la cartera de préstamos y otras obligaciones no pertinentes. Tras denegarse una moción de reconsideración, la parte peticionaria acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó la procedencia del recurso bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla limita la revisión de órdenes interlocutorias a situaciones específicas. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.