Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 278)

Resumen:

Brenda Nieves Vázquez apela una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió la Recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. El dictamen validó la pensión alimentaria fijada previamente y declaró No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración de ambas partes. El caso se origina de un divorcio en 2008 entre la apelante y José Juan Meléndez Cruz, con tres hijos procreados. Tras fijarse una pensión inicial, el padre solicitó una rebaja en 2017 alegando merma de ingresos. Durante el proceso, la madre intentó incluir dos corporaciones y descorrer el velo corporativo para determinar los ingresos del padre. El TPI denegó la petición de incluir las corporaciones como partes indispensables, decisión que no fue recurrida. Se celebró una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, quien emitió un informe con determinaciones de hechos. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso surge de una demanda presentada por Nosce Te Ipsum, Inc. contra Metro 214, LLC y otros. Nosce, dueña de una propiedad en Metro Office Park, alegó que Metro, dueña de una propiedad colindante, incumplió servidumbres y acuerdos sobre el uso compartido de estacionamientos. Nosce basó su reclamo en un acuerdo de 1995 con Canejas, el anterior dueño de la propiedad de Metro, que supuestamente establecía el uso compartido de estacionamientos de superficie y requería notificar a futuros compradores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Nosce en su totalidad al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Además, el foro primario impuso a Nosce el pago de honorarios de abogado por temeridad. Nosce solicitó la revisión de esta decisión mediante un recurso de certiorari. El panel judicial expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen recurrido. Tras la revisión, el panel judicial modificó parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Rafael Luis Reyes Almodóvar. El apelante impugna una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Firstbank Puerto Rico sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia apelada condenó a los demandados, incluyendo al apelante y su exesposa, al pago de cuantías adeudadas y ordenó la venta en subasta de la propiedad hipotecada. La acción de FirstBank se inició en julio de 2016, alegando incumplimiento de una hipoteca constituida en 2012 sobre un inmueble adquirido por los demandados. Los demandados se divorciaron en 2016, y la exesposa cedió sus derechos sobre la propiedad al apelante posteriormente. El proceso judicial incluyó la contestación del apelante, la rebeldía de la exesposa y una reunión de mediación conforme a la ley aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y/o incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por los apelados, un abogado y su esposa, contra los apelantes, quienes fueron sus clientes. El cobro se refería a honorarios contingentes acordados verbalmente por servicios legales prestados para ejecutar una sentencia previa. Las gestiones del abogado culminaron con la adjudicación de un inmueble a los apelantes. Los apelantes se negaron a pagar los honorarios acordados, argumentando que el pago dependía de la venta de la propiedad adquirida. En su apelación, los clientes impugnaron las determinaciones de hechos del tribunal primario, alegando falsedad en testimonio y parcialidad del juez. El Tribunal de Apelaciones determinó que los apelantes no cumplieron con los requisitos reglamentarios para impugnar prueba oral, al no solicitar la transcripción de los procedimientos. Ante la falta de perfeccionamiento del recurso en cuanto a la prueba, el Tribunal confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una orden de archivo administrativo emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca impugnó la decisión del foro primario de archivar administrativamente el caso. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo por considerar que el caso estaba relacionado con otro litigio cuya apelación estaba pendiente. El foro primario se reservó jurisdicción para reabrir el caso una vez culminaran los trámites apelativos del caso relacionado. El Tribunal de Apelaciones clarifica que el archivo administrativo es una resolución temporal, no una sentencia final, y es revisable bajo el estándar de abuso de discreción. Tras evaluar la actuación del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario actuó dentro de su discreción inherente para manejar el caso. No se encontró abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la orden de archivo administrativo.

Resumen:

Se presenta una Sentencia de un panel apelativo sobre un recurso de apelación. El apelante, Rafael D. Mojica Velázquez, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Querella laboral contra MVP Auto Corp. La Querella original reclamaba indemnización por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 y pago de vacaciones acumuladas según la Ley Núm. 180. El apelante alegó que fue obligado a firmar un Acuerdo y Relevo General de manera involuntaria. MVP Auto sostuvo que el apelante renunció libremente y era un empleado exento. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la Querella. El foro primario concluyó que el apelante firmó el Acuerdo y Relevo General de forma libre y voluntaria, aunque se sintiera obligado económicamente. La Sentencia apelada también incluyó hallazgos sobre la conducta del apelante, como causar pérdidas y crear un ambiente hostil. El documento detalla el historial procesal y los hechos probados por el Tribunal de Primera Instancia que fundamentaron su decisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. Las apelantes, demandantes en instancia, incumplieron reiteradamente con las órdenes del tribunal para anunciar y notificar su prueba pericial. Tras un recurso de apelación previo, el caso fue devuelto al TPI para que cumpliera con el procedimiento de apercibimiento de la Regla 39.2 antes de prohibir la prueba o desestimar. El TPI concedió un nuevo término final de 45 días para notificar el informe pericial, apercibiendo que el incumplimiento prohibiría la prueba. Las apelantes nuevamente incumplieron con esta orden, a pesar del apercibimiento expreso. Ante el incumplimiento, el TPI prohibió la presentación de prueba pericial, esencial para el caso. Posteriormente, el TPI desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de esta desestimación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que desestimó el caso con perjuicio.

Resumen:

El Túnel Auto Services, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó cumplir una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Sentencia apelada también impuso a El Túnel una multa administrativa de $500 y honorarios de abogado por temeridad. El caso se originó con una querella de Edwin Quintero Betancourt ante el DACo por incumplimiento en la reparación y daños a su vehículo en las instalaciones de El Túnel. Tras una vista administrativa, el DACo emitió una Resolución en 2011, posteriormente modificada en reconsideración. La Resolución final ordenó a El Túnel entregar el vehículo en las mismas condiciones en que lo recibió, reemplazando piezas faltantes o averiadas. También estableció un término para que el querellante retirara el auto, con penalidad por cada día de exceso. Esta Resolución del DACo fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2012. Ante el aparente incumplimiento, el DACo solicitó la ejecución de la orden ante el Tribunal de Primera Instancia, resultando en la Sentencia ahora apelada. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si la orden de cumplimiento, multa y honorarios fue correcta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Miguel Ángel Torres Rivera y su esposa tras un accidente laboral ocurrido el 1 de diciembre de 2014. Impugnan una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra su patrono no asegurado, E. Rivera Báez Trucking, Inc. El foro primario concluyó que la causa de acción contra el patrono había prescrito. Inicialmente, la demanda se presentó en febrero de 2015 contra otras partes, excluyendo al patrono. El caso fue paralizado en diciembre de 2015 pendiente del trámite ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Tras culminar el proceso de la CFSE y conocer que el patrono no estaba asegurado, los apelantes enmendaron la demanda en enero de 2017 para incluirlo. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas y el derecho aplicable. Revocó la sentencia parcial apelada y devolvió el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Municipio de Vega Baja apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia dejó sin efecto una Determinación Final del Municipio sobre el cobro de patentes municipales a Pfizer Pharmaceuticals, LLC. La controversia surgió cuando el Municipio re-computó el volumen de negocios tributable de Pfizer para el año fiscal 2013-2014. Pfizer había reportado su volumen de negocios según secciones específicas de la Ley de Patentes Municipales. El Municipio utilizó un método distinto, incluyendo ingresos financieros de Pfizer generados en otros municipios donde no operó ese año. Este cálculo municipal resultó en una supuesta deficiencia de \$731,679.00. Pfizer impugnó la determinación, alegando que el método del Municipio era incorrecto y contrario a la ley. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de sentencia sumaria a Pfizer, anulando la deficiencia. El panel de jueces revisó la apelación del Municipio. Por los fundamentos expuestos, la Sentencia Sumaria apelada fue confirmada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Consejo de Titulares del Condominio Villa Beatriz. El Consejo apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Lcda. María García Solá por prescripción. La demanda original imputaba a la notaria acciones u omisiones relacionadas con la constitución del régimen de propiedad horizontal y escrituras subsiguientes, alegando daños y la necesidad de escrituras correctivas. El Consejo argumentó que la reclamación no estaba prescrita, basándose en la naturaleza contractual o el momento del conocimiento del daño. La notaria sostuvo que la acción estaba prescrita, dado que los hechos alegados ocurrieron años antes y eran de conocimiento público por el Registro de la Propiedad. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. La decisión valida la desestimación de la causa de acción contra la notaria por fundamento de prescripción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Walgreens of Puerto Rico, Inc. y el Municipio Autónomo de Caguas. Walgreens apela una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que validó una reclamación del Municipio de Caguas por deficiencias en el pago de patentes municipales. La reclamación del Municipio cubría los años fiscales 2008-09 hasta 2014-15. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Walgreens y le ordenó pagar $1,655,335.00 por las patentes adeudadas. Walgreens impugnó la deficiencia preliminar notificada por el Municipio en 2012. Alega que el Municipio incluyó incorrectamente en el volumen de negocios ingresos provenientes de ventas y servicios a beneficiarios de programas federales (FEHBA, TRICARE, Medicare/Medicaid), los cuales considera exentos. Sostiene que, por ello, tiene derecho a un crédito por sobrepago. Además, argumenta que el método utilizado por el Municipio para calcular el volumen de negocio atribuible a Caguas fue incorrecto. Walgreens postula que debió aplicarse el método de prorrateo por pies cuadrados. El recurso busca la revocación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Una empleada presentó una querella contra PS Imports bajo la Ley Núm. 80 por despido injustificado. Alegó haber sido despedida sin justa causa tras 24 años de servicio como gerente. La empresa contestó negando la injusticia del despido, argumentando que este se debió a faltas graves cometidas por la empleada. Tras varias etapas procesales, la empresa solicitó sentencia sumaria, la cual fue denegada por el tribunal. El tribunal estableció hechos incontrovertidos, incluyendo que la empleada era gerente y había recibido el manual de la empresa. Se determinó que una investigación se inició tras una queja de una exempleada sobre irregularidades y temor a represalias. Durante una reunión, la gerente admitió haber solicitado a sus subordinadas que poncharan su hora de salida por ella. Estimó que esta práctica ocurrió durante varios meses, lo cual contravenía la política de la empresa sobre puntualidad y cumplimiento de horarios. El caso continuará para determinar si esta conducta constituyó justa causa para el despido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter. El Consejo apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda Contra Tercero y una causa de acción de su Reconvención Enmendada. Estas acciones legales se dirigían contra Alejandro Bellver, su esposa, y QMC Property LLC. El Consejo buscaba la nulidad de la venta de diez estacionamientos a los Bellver por parte de QMC. Alegaban que la venta violó los requisitos de notificación y tanteo del Artículo 14-B de la Ley de Condominios. La controversia surgió en el contexto de una demanda previa de los Bellver solicitando aprobación para renovaciones. El Consejo había reconvenido por daños y posteriormente impugnó la venta de los estacionamientos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación del Consejo sobre los estacionamientos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de las reclamaciones del Consejo relativas a la venta de los estacionamientos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Daniel Gómez Marrero solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso por falta de jurisdicción. La controversia se originó con una querella de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) contra Gómez, un Profesional Autorizado. La OGPe le imputó violaciones al emitir un permiso de uso discrecional para un negocio en una zona no permitida y por incumplimientos procesales y contractuales. Como resultado, la OGPe suspendió sus licencias de Profesional Autorizado, Inspector de Salud y de Bomberos por doce meses y le impuso una multa de $16,000. Gómez recurrió al Tribunal de Primera Instancia, cuestionando la suspensión de licencias no relacionadas con las imputaciones. Durante el proceso, la Ley 161-2009 fue enmendada, derogando la facultad de la OGPe sobre Profesionales Autorizados. El foro primario ordenó la restitución de algunas licencias pero, tras analizar la jurisdicción a la luz de las enmiendas, desestimó el pleito. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la sentencia apelada.

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Comparece José I. Marrero Núñez en apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de impugnación de filiación. El apelante había reconocido voluntariamente al menor Oscar Antonio Marrero Rodríguez, nacido en 2008 de su relación con Mariela Rodríguez Torres. Años después, tras recibir información que sembró dudas sobre su paternidad, presentó la demanda en 2015. Las demandadas, madre e hijo, residían en Estados Unidos y fueron emplazadas por edicto. Nunca contestaron la demanda ni comparecieron al proceso judicial. El Tribunal de Primera Instancia ordenó pruebas de ADN, a las cuales el apelante compareció, pero las apeladas no lo hicieron, a pesar de órdenes judiciales. El apelante solicitó en múltiples ocasiones la rebeldía de las demandadas por su incomparecencia y falta de respuesta. El Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del foro primario. La decisión del apelativo permite que el proceso de impugnación de filiación continúe, revirtiendo la denegatoria inicial.

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Comparece ante este panel una apelación contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el traslado de dos menores de Puerto Rico al Estado de Utah. La madre, apelada, solicitó la autorización para mudarse con sus hijos a Utah, donde reside su nuevo esposo y su familia. Los padres se divorciaron en 2014 y compartían la custodia de los menores en semanas alternas desde 2016. Tras los huracanes de 2017, se autorizó un traslado provisional de los menores a Utah con la madre. La solicitud de traslado definitivo fue objeto de oposición por parte del padre, apelante. El foro primario celebró vistas de impugnación de informes sociales, incluyendo uno interestatal, los cuales fueron favorables al traslado. La Resolución apelada se basó en hechos como la situación laboral de la madre en Puerto Rico, el apoyo económico de su esposo en Utah, y la residencia propuesta. El esposo de la madre trabaja en Utah y cubre los gastos de ella y los menores cuando están bajo su cuidado. La escuela de los menores en Puerto Rico presentaba problemas de ausentismo de maestros. Este recurso busca la revocación de la autorización judicial para el traslado permanente de los menores.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de daños y perjuicios, Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y salarios dejados de percibir. La demandante, empleada transitoria del Municipio de San Juan, alegó acoso laboral y que la no renovación de su contrato ocurrió mientras estaba bajo descanso médico ordenado por el Fondo del Seguro del Estado, violando su reserva de empleo. El Municipio solicitó la desestimación, argumentando que el empleo transitorio no generaba expectativa de continuidad y que la reclamación sobre la no renovación caía bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). El Tribunal de Primera Instancia desestimó sin perjuicio la reclamación relacionada con la no renovación del nombramiento transitorio, al entender que este asunto es competencia apelativa exclusiva de la CASP. No obstante, denegó la desestimación en cuanto a la acción de "acoso laboral", aclarando que, aunque no es una causa de acción independiente, puede tratarse como violación a la intimidad o integridad personal, sujeta a prueba. La decisión del foro primario se basó en la jurisprudencia que otorga a la CASP jurisdicción primaria y exclusiva sobre acciones de personal municipal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Sor Marangelis Ortiz Colón apeló la determinación del TPI que denegó su solicitud de intervención en un pleito. El caso original fue una acción de reivindicación presentada por Primera Iglesia Bautista de Las Piedras contra Centro de Consejería Jabes, Inc. para recuperar la posesión de un templo. Ortiz Colón intentó intervenir alegando ser la pastora y representante de la iglesia demandante. La iglesia se opuso a su intervención. El TPI denegó la intervención de Ortiz Colón tras su reiterado incumplimiento con las órdenes del tribunal para conseguir representación legal. El TPI le había apercibido que el incumplimiento resultaría en la desestimación de su solicitud. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y confirmó la determinación del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Iván González Serrano. El Sr. González Serrano apeló una Sentencia Mixta Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo declaró culpable y lo condenó por violaciones a la Ley de Armas, la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, y el Código Penal. Los cargos se relacionaban con un incidente donde se le acusó de entrar ilegalmente a una propiedad y causar la muerte de un perro. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de cárcel y posteriormente enmendó la sentencia para incluir restitución. El apelante presentó múltiples señalamientos de error, cuestionando la prueba y el proceso de enmienda. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Como resultado, el Tribunal decidió modificar la sentencia. La modificación consistió en revocar los fallos condenatorios por violación al artículo 5.05 de la Ley de Armas y al artículo 197(b) del Código Penal.

Resumen:

Aleida Concepción Torres presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El caso original trataba sobre un divorcio por consentimiento mutuo y una posterior modificación de pensión alimentaria. La resolución impugnada del Tribunal de Primera Instancia había declarado "Sin Lugar" una moción presentada por la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones ordenó al recurrido, Jesús López Villanueva, comparecer para ilustrar las razones por las cuales no debía expedirse el auto. El recurrido presentó un alegato en oposición al certiorari. Tras examinar los escritos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de ejercer su función revisora. Por lo tanto, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación por daños y perjuicios. Los apelantes, Pedro Castro Rosario y otros, impugnan una Sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda contra el Municipio de San Lorenzo y QBE, su aseguradora. La demanda original se basó en un accidente de tránsito sufrido por el señor Castro el 11 de enero de 2014. El accidente ocurrió al caer por un barranco en una carretera en San Lorenzo. El apelante alegó que la causa fue la falta de vallas de seguridad e iluminación. Se notificó al Municipio de San Lorenzo sobre la reclamación en marzo de 2014. La aseguradora QBE denegó la reclamación, argumentando que el municipio no era responsable del mantenimiento de la vía. Tras examinar los alegatos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia sumaria apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La parte Peticionaria, incluyendo a Universal Insurance Company, solicitó la expedición de un auto para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI, emitida el 11 de febrero de 2019, declaró No Ha Lugar una solicitud de paralización y/o desestimación presentada por los Peticionarios. El caso subyacente es una demanda de daños y perjuicios relacionada con un accidente de tránsito fatal ocurrido en 2014. Los demandantes originales (hoy Recurridos) reclamaron por la muerte de Claudia Camacho Martínez, alegando negligencia de uno de los Peticionarios. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. REMCO Group Inc. demandó a Alex Podgurski, Savannah Farmer y su sociedad legal de bienes gananciales por trabajos de remodelación impagados. REMCO solicitó y obtuvo autorización del Tribunal de Primera Instancia para emplazar a los demandados mediante edicto. La solicitud se basó en información que indicaba que los demandados no residían en Puerto Rico y supuestamente estaban encarcelados en California. Los demandados, posteriormente, presentaron una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud de relevo. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones REVOCÓ el dictamen del foro primario que denegó la solicitud de relevo de sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900281. La apelación fue presentada por Raúl Carrera Montalvo contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Educación. El asunto principal, originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, versaba sobre una reclamación de honorarios de abogado. El apelante presentó una moción informativa y de desistimiento ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal acogió dicha moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal de Apelaciones declaró con lugar el desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de la causa. La sentencia fue emitida el 30 de abril de 2019 por el Panel V del tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia de Archivo Administrativo en un caso sobre daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. La decisión surge a raíz de la solicitud del Comisionado de Seguros, informando sobre la liquidación de una de las partes demandadas, Royal Insurance Company a/c/c Real Legacy Assurance Company. Dicha aseguradora fue declarada insolvente por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de enero de 2019. La orden de liquidación dispuso la paralización por hasta seis meses de todo pleito pendiente en el que la aseguradora fuera parte. Esta paralización busca permitir a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos una defensa adecuada. En cumplimiento con el Código de Seguros, el Tribunal de Apelaciones ordena el archivo administrativo del caso. El archivo se extiende hasta el 28 de octubre de 2019. Transcurrido este término, el Comisionado de Seguros deberá informar al Tribunal sobre el estado de la liquidación y solicitar la reapertura o lo que proceda. El recurso se archiva y da de baja para fines estadísticos durante este periodo.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los apelantes-terceros demandados solicitando la revocación de una Sentencia sumaria parcial. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por PHDS Corp. Mediante la sentencia apelada, se decretó vencida una deuda reclamada y se condenó a los apelantes al pago de \$80,000 de principal, \$108,000 en intereses y \$4,000 en costas, gastos y honorarios. La controversia original surge de un pleito sobre incumplimiento de contrato iniciado por Lucas Villanueva Serrano y su esposa. El pleito se relaciona con un contrato de opción de compraventa sobre un predio de terreno a segregarse de una finca principal. Los demandantes originales alegaron incumplimiento por no solicitarse la segregación y por la posterior transferencia de la finca a otros demandados y finalmente a PHDS, a pesar de conocer la existencia del contrato. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la Sentencia sumaria parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recurso de certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden instruía al Departamento de Corrección y Rehabilitación a ubicar a José Á. Rivera Marrero en el área de menores. Rivera Marrero había estado previamente bajo custodia juvenil por medidas dispositivas. Sin embargo, se declaró culpable de un delito menos grave (agresión) y fue sentenciado a una multa. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la jurisdicción de menores no cesaba por esta convicción y ordenó su ubicación en el área juvenil. El Pueblo de Puerto Rico impugnó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.