Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 268)

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Christine M. Cortés Rodríguez apeló la sentencia que la declaró culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce el 6 de noviembre de 2015. La acusación se basó en la muerte de su hija de 62 días de nacida, atribuida a un patrón de omisiones intencionales y maltrato físico. Se imputó que la falta de alimentación adecuada y cuidado médico, junto con lesiones físicas, causaron la muerte de la menor por desnutrición, deshidratación y síndrome del niño maltratado. Tras un juicio por tribunal de derecho, fue hallada culpable y sentenciada a noventa y nueve años de prisión. La apelante argumentó errores relacionados con la suficiencia de la prueba, la duda razonable, la intención y la admisibilidad de evidencia. Luego de revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Jerry Betancourt Molina, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de cese de hogar seguro. La disputa surge tras un cambio en la custodia de la menor procreada con la recurrida, Ivelisse Figueroa Mejías. Inicialmente, la residencia de la madre fue designada como hogar seguro en el divorcio de 2005. Aunque la custodia fue otorgada al padre en 2017, la designación de hogar seguro no se modificó. El padre solicitó el cese de la designación original en 2019, pero el TPI lo denegó. La madre se opuso, indicando que la menor residía con ella y que buscaba un cambio de custodia. El peticionario alegó error del TPI al no cesar la designación a pesar de tener la custodia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a un recurso presentado por Vigilantes Inc. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido de Blanca González Santiago bajo la Ley Núm. 80. El caso original se tramitó bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La parte apelada, González Santiago, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegó que la apelación se presentó fuera del término jurisdiccional de diez (10) días que establece la sección 9 de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones prioriza la evaluación de este asunto jurisdiccional. Se destaca que los términos jurisdiccionales son fatales, improrrogables e insubsanables. La sección 9 de la Ley Núm. 2 dispone específicamente un término de diez días para apelar sentencias en este tipo de procedimientos. El tribunal debe determinar si la apelación fue presentada a tiempo conforme a esta disposición legal.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de división de herencia. La apelante es la síndico del caudal de quiebra de Eliseo Morales García y Maribel Mena Meléndez. La apelación impugna una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de intervención de Morales García y Mena Meléndez y declaró resueltos sus contratos con los apelados. Morales García y Mena Meléndez participaron en la demanda original de 1999, reclamando derechos basados en opciones de compra de participaciones hereditarias. Sin embargo, la sentencia final del TPI de 2000 sobre la división de herencia no les reconoció derecho alguno, fallo que se convirtió en final y firme. Una decisión previa del Tribunal de Apelaciones en 2005 también confirmó que solo los herederos identificados en la sentencia de 2000 eran reconocidos. La apelación actual se centra en la validez de la decisión del TPI sobre su intervención y contratos, a la luz de los antecedentes del caso y fallos anteriores. La síndico busca revocar la denegatoria de intervención y la resolución contractual dictada por el TPI.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende el recurso presentado por Wal-Mart Puerto Rico Inc. Wal-Mart solicita la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró responsable por daños. Los daños derivan de la cancelación unilateral de un contrato de arrendamiento suscrito en 2004 con Columbia Enterprises Associates, S.E. El contrato, un Ground Lease, era para un local donde Wal-Mart operaría un Supermercado Amigo. Las obligaciones de Wal-Mart estaban sujetas a condiciones, incluyendo la aprobación por su Comité de Bienes Raíces en Estados Unidos y la obtención de permisos finales. Columbia, como arrendador, debía obtener permisos preliminares en 18 meses. El contrato permitía a Wal-Mart resolver el arrendamiento si Columbia no obtenía los permisos en el término pactado o su extensión. La apelación se centra en la determinación de la responsabilidad de Wal-Mart por la cancelación del contrato.

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Peticionarios Priscilla González Avilés y Ángel Rivera Martínez solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se basaba en la alegada falta de partes indispensables en el pleito. El caso original fue incoado por varias corporaciones, incluyendo MMM Holdings y MSO, contra González y Rivera. Las corporaciones alegaron que los demandados incumplieron acuerdos de confidencialidad y deberes fiduciarios, usurpando oportunidades de negocio para beneficio personal y creando entidades propias. Reclamaron \$500,000 por los daños causados. González y Rivera argumentaron que otras corporaciones y un individuo eran partes indispensables, ya que las alegaciones involucraban acciones a través de ellos. Las demandantes se opusieron, sosteniendo que sus reclamos eran personales contra los demandados por sus actos fraudulentos y que las otras partes no eran necesarias. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación de Island Portfolio Services, LLC. La apelación surge de la desestimación de una demanda de cobro de dinero por el Tribunal de Primera Instancia. El TPI desestimó el caso porque Island Portfolio no prestó una fianza de no residente de $1,000, ordenada bajo la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. La orden del TPI suspendió los procedimientos hasta la prestación de la fianza. Island Portfolio, una corporación doméstica, actuaba como agente de Jefferson Capital Systems, LLC. Island Portfolio apeló, alegando que el TPI erró al exigir fianza de no residente a una corporación local. La Regla 69.5 aplica a reclamantes no residentes o corporaciones extranjeras. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia desestimatoria del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de división y liquidación de bienes gananciales. El apelante, Julio Iván Román Moreno, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que aprobó el cuaderno particional. El pleito se inició tras el divorcio de las partes para dividir la comunidad post ganancial. Se designó un contador partidor para asistir en la división de los bienes. Las partes no lograron un acuerdo transaccional debido a desacuerdos sobre la naturaleza de ciertos bienes y créditos. El contador partidor sometió el cuaderno particional al tribunal. El apelante solicitó una prórroga para presentar su oposición al cuaderno, alegando la falta de documentos esenciales. La apelada se opuso a dicha solicitud de prórroga. El Tribunal de Primera Instancia aprobó el cuaderno particional. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó revocar la sentencia apelada.

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Mennonite General Hospital apeló una sentencia del tribunal de primera instancia que desestimó su demanda contra entidades de MSO. El hospital había demandado buscando una sentencia declaratoria y cobro de dinero relacionado con la política de readmisiones hospitalarias de MSO y reclamaciones denegadas por \$1,800,000. El tribunal de primera instancia desestimó la acción, concluyendo que la controversia estaba cubierta por cláusulas de arbitraje en los contratos de las partes y denegó una solicitud de injunction preliminar. En apelación, Menonita argumentó que el tribunal primario interpretó erróneamente las cláusulas de resolución de disputas, alegando que un paso previo era condición para el arbitraje y que MSO había renunciado a este. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por ambas partes. El tribunal apelativo modificó la sentencia del tribunal de primera instancia únicamente para ordenar que la controversia se someta al proceso de arbitraje. Así modificada, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario de que la disputa correspondía al arbitraje y no al foro judicial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La Sucesión Ángel Ramos Nadal impugna donaciones realizadas por el causante a María Eneida Figueroa Méndez. La Sucesión alega la nulidad de las donaciones por incumplimiento notarial de requisitos contributivos, falta de titularidad total del donante sobre un inmueble, o por ser inoficiosa. La parte recurrida se opuso, cuestionando la legitimación activa y alegando buena fe. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción de sentencia sumaria por existir hechos en controversia. Posteriormente, el foro primario ordenó a la Sucesión presentar documentos específicos relacionados con herencias y bienes. La Sucesión recurrió la resolución del Tribunal de Primera Instancia del 14 de enero de 2019, que denegó una solicitud y le impuso una sanción económica por incumplimiento de una orden previa. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. La resolución recurrida es modificada por el Tribunal de Apelaciones. Así modificada, la resolución del foro primario es confirmada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre patria potestad y custodia. La apelante, madre del menor, recurre contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió el plan de relaciones paterno-filiales propuesto por el apelado, padre del menor. La sentencia del TPI fue dictada tras una vista a la que la apelante no compareció. La apelante alegó violación al debido proceso de ley, argumentando que entendió que la vista había sido suspendida y que no se le permitió impugnar el informe social. Tras la sentencia, el TPI señaló una nueva vista para que la apelante pudiera impugnar el informe social. La apelante apeló la sentencia inicial y solicitó al Tribunal de Apelaciones paralizar la nueva vista señalada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones autorizó la celebración de la nueva vista. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por la madre.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 2 de 1961. El Tribunal de Primera Instancia había anotado la rebeldía a la parte querellada, MIAA INC. DBA Farmacia Yary Am, y dictado sentencia a favor del querellante, Wilmer Andújar Sepúlveda. La decisión del foro primario se basó en que la contestación a la querella fue presentada tres días fuera del término de diez días establecido por la ley. La Farmacia recurrió, alegando que su contestación fue presentada a tiempo, el 25 de marzo de 2019, dentro del término que vencía ese día. Argumentó que el foro primario erró al determinar la tardanza y al no considerar causa justificada o conceder prórroga. También señaló error al dictar sentencia en rebeldía sin vista y sin alegaciones de hechos específicos. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. United Parcel Services (UPS) apela una decisión previa que determinó que el despido de su empleado, José A. Quiñones Oyola, fue sin justa causa. El empleado, chofer desde 1985, fue separado permanentemente en marzo de 2011 tras un accidente automovilístico con un vehículo de la empresa. UPS justificó el despido alegando que el accidente fue previsible y causado por la inobservancia del empleado a las reglas de seguridad de la compañía, específicamente en intersecciones. El caso fue llevado inicialmente a arbitraje. El árbitro debía determinar si el despido estuvo justificado conforme al convenio colectivo y la prueba presentada. Se celebraron vistas donde se escuchó testimonio del empleado, un supervisor y un testigo ocular. UPS argumentó ante el árbitro que el despido se basó en el accidente prevenible por no seguir las reglas de seguridad. El documento introduce el recurso apelativo de UPS contra la conclusión de que el despido careció de justa causa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una resolución el 6 de junio de 2019 en un caso de alimentos. El recurso llegó al Tribunal de Apelaciones como un certiorari incoado por Héctor Colón Vélez contra Adelmarie Sarkis-Farah Cambier, procedente del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal evaluó la petición de certiorari presentada por la parte peticionaria y la oposición a su expedición por la parte recurrida. Tras considerar ambos escritos, el Tribunal concluyó que no procedía ejercer su jurisdicción revisora en este caso. Por lo tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Héctor Colón Vélez.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso de certiorari presentado por Tower Bonding & Surety Co. La compañía recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la confiscación de una fianza de \$50,000. La fianza fue prestada para asegurar la comparecencia de Wilson Rivera Flores, quien no se presentó a la lectura de acusación ni al juicio. Tower Bonding argumentó que el foro primario erró al ordenar la confiscación, alegando incumplimiento del Estado con la supervisión electrónica y la necesidad de extradición al encontrarse el acusado fuera de la jurisdicción. El Tribunal recordó que la fianza garantiza la presencia del acusado y la sumisión a las órdenes judiciales. La incomparecencia sin justificación razonable es causa suficiente para la confiscación de la fianza. El Tribunal denegó la solicitud de Tower Bonding de revocar la orden de confiscación.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de la impugnación de la confiscación de un vehículo propiedad del peticionario. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente declaró nula la confiscación y ordenó la devolución del vehículo, encontrando que el Estado Libre Asociado (ELA) no probó el uso ilegal y causó daños mientras estaba bajo su custodia. Al solicitarse la ejecución de dicha sentencia, el TPI la denegó argumentando que el vehículo ya había sido asignado a un municipio. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al denegar la ejecución de la sentencia. Señala que la disposición del vehículo ocurrió a pesar de una orden previa del TPI que lo prohibía. Además, la reglamentación aplicable permite expresamente la devolución del bien confiscado en estos casos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del TPI que impidió la ejecución de la sentencia original.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en un pleito de cobro de dinero. T&T Environmental Solutions LLC apeló la decisión que favoreció a Leighton O'Brien Global PTY LTD. El foro primario había condenado a T&T a pagar $110,882.74 más intereses y costas por servicios profesionales prestados. T&T argumentó que la demanda debió ser desestimada porque LOB no estaba autorizada para hacer negocios en Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento, concluyendo que LOB sí estaba autorizada al contratar y que un cambio de nombre no afectaba sus derechos. Además, consideró que el presidente de T&T fungía como agente residente de LOB. La Ley General de Corporaciones, citada en el caso, establece que la falta de autorización de una corporación foránea no menoscaba la validez de sus contratos. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel I, emitió una Sentencia el 6 de junio de 2019 en el caso KLAN201900568. Este recurso de apelación fue presentado por María M. Piñeiro Montes y otros contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY y otras entidades. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre incumplimiento de contrato, mala fe y dolo. La parte apelante presentó un escrito titulado "Aviso de Desistimiento" el 30 de mayo de 2019. El Tribunal de Apelaciones atendió dicho aviso y determinó que procedía. En consecuencia, autorizó el desistimiento presentado por la parte apelante. A tenor con la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal ordenó el archivo del recurso de apelación. La decisión fue tomada por el panel integrado por los Jueces Ramírez Nazario, Candelaria Rosa y Cancio Bigas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, fechada el 5 de junio de 2019. El caso, KLAN201601213, es una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, sobre impericia médica. Las partes son Hilda Lupiañez, et al. como demandantes-apelados, y Hospital General Menonita de Aibonito, et al. como demandados-apelantes. El panel del Tribunal de Apelaciones estuvo integrado por las Juezas Coll Martí, Lebrón Nieves y Brignoni Mártir, siendo esta última la Juez Ponente. La sentencia se dicta en consideración a un acuerdo transaccional alcanzado entre las partes. Como resultado de dicho acuerdo, el Tribunal desestima el recurso de apelación. La desestimación se efectúa con perjuicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900514. El apelante Pascual Ríos Matías presentó un recurso contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia desestimó su causa de acción sobre la revocación de un permiso de construcción otorgado a la apelada IWG, LLC, declarando con lugar la solicitud de sentencia sumaria de esta última. El apelante solicitó la revocación de esta decisión ante el foro apelativo. No obstante, el recurso fue presentado sin el apéndice requerido por el Reglamento de Apelaciones, faltando documentos esenciales como la sentencia apelada. Las partes apeladas solicitaron la desestimación por incumplimiento de las Reglas 14(B) y 16(E). El Tribunal de Apelaciones concedió un término para mostrar causa, pero la respuesta no evitó la sanción. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción debido al incumplimiento craso de las normas procesales apelativas. La decisión subraya la obligación de las partes de cumplir rigurosamente los requisitos reglamentarios para la presentación de recursos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN201900519. La apelación se originó en un procedimiento de cobro de dinero del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Las partes involucradas son Sunnova Energy Corporation, Edwin Hernandez Cortez y Máximo Solar Industries, Inc., siendo esta última la apelante. Máximo Solar Industries, Inc. presentó una Moción Solicitando Desistimiento de Apelación. El Tribunal declaró Con Lugar dicha moción. Consecuentemente, se dictó Sentencia de Desistimiento Con Perjuicio. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo definitivo del presente procedimiento de apelación.

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Recurso de apelación instado por la Asociación de Propietarios Paseo Las Olas, Inc. contra Banco Popular de Puerto Rico. La controversia principal gira en torno a la responsabilidad del Banco por cuotas de mantenimiento vencidas de una propiedad adquirida en subasta hipotecaria. La Asociación reclamó el pago de más de \$10,000, argumentando que el Banco era un adquirente voluntario. El Banco sostuvo ser un adquirente involuntario al adquirir la propiedad en la primera subasta para proteger su crédito. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del Banco, declarándolo adquirente involuntario y eximiéndolo de responsabilidad solidaria por las cuotas vencidas. La Asociación apeló esta decisión, destacando que el Banco no esperó a que las subastas fueran declaradas desiertas. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria dictada por el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari. Los peticionarios, Gamalier Colón Morales, Daniel Díaz Torres y Aneudi Joel López Torres, impugnaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Los casos criminales involucran cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Los peticionarios solicitaron la supresión de evidencia, argumentando que fue obtenida ilegalmente sin orden judicial ni sospecha fundada. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista donde un agente testificó sobre la vigilancia y las expresiones escuchadas. Dicho tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión de evidencia. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación mediante el auto de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Considera un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico. El recurso busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución acogió una moción de supresión de evidencia presentada por Joshua J. Rodríguez Cortés. Rodríguez Cortés enfrenta cargos por posesión de sustancia controlada, incendio agravado y destrucción de pruebas. El Ministerio Público argumentó que la intervención policial que llevó a la incautación de evidencia estuvo justificada por una situación de emergencia (un incendio). La prueba desfilada incluyó el testimonio de un sargento sobre la respuesta a alarmas de fuego y humo, la entrada forzada a un apartamento y el hallazgo de una lata quemándose en la bañera. Tras revisar el expediente y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de suprimir la evidencia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Carmen G. Szendrey Ramos contra First Bancorp y First Bank P.R. La apelación busca revocar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la señora Szendrey Ramos. Dicha demanda se relaciona con su despido del Banco en octubre de 2005, alegando sentencia declaratoria, despido, discrimen, represalias y daños y perjuicios. La señora Szendrey Ramos, quien era Vicepresidenta Senior y Asesora Legal General, fue despedida tras investigar irregularidades y violaciones al Código de Ética del Banco por parte de altos oficiales. La investigación involucró documentos antedatados y fue seguida por acciones de la SEC contra el Banco y sus ejecutivos. El Tribunal de Primera Instancia había acogido el informe de un Comisionado Especial y desestimado el caso. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de certiorari consolidados (KLCE201700094, KLCE201700105, KLAN201700141). Los recursos solicitan la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero. La Asociación de Salud Primaria y otros proveedores demandaron al Estado Libre Asociado (ELA) por el reembolso de gastos de Medicaid no cubiertos federalmente. Tras sentencias parciales a favor de los demandantes, el ELA invocó la Ley Núm. 66-2014 para el pago de la deuda. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones confirmó la aplicabilidad de dicha ley pero revocó el plan de pago inicial, devolviendo el caso al foro primario para establecer un plan conforme a la ley. Los presentes recursos buscan la revisión de la resolución subsiguiente del Tribunal de Primera Instancia que estableció dicho plan de pago. El Tribunal de Apelaciones ejerce su facultad discrecional de certiorari para evaluar la actuación del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. El apelante, Nevenjaris Medina, demandó a su patrono, Sun Products Corporation (adquirida por Henkel Corporation), tras ser despedido en marzo de 2017. Medina alegó que su despido fue sin justa causa y reclamó indemnización bajo la Ley Núm. 80. El patrono contestó que el despido fue justificado debido a la eliminación del puesto del señor Medina. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, concluyó que el despido estuvo justificado y desestimó la querella. El señor Medina presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar los fundamentos y la prueba desfilada en el foro primario, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión final ratifica que el despido del señor Medina fue considerado justificado por los tribunales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, en el caso KLAN201900484. La apelación fue presentada por Héctor Alberto Aldarondo Rodríguez contra GILA LLC. (AUTO EXPRESO); ET ALS, relacionada con un caso de daños y perjuicios originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El apelante, Héctor Alberto Aldarondo Rodríguez, presentó una "Moción de Desistimiento Voluntario" el 30 de mayo de 2019. El Tribunal, mediante sentencia de 31 de mayo de 2019, declaró Con Lugar dicha moción. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del caso por desistimiento, conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra una decisión sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original buscaba anular un endoso para control de acceso y evitar el pago de cuotas relacionadas. Los demandantes son un esposo y los herederos de su esposa fallecida, co-titulares de una propiedad en una urbanización con control de acceso. Alegaban la invalidez del endoso firmado solo por el esposo, argumentando que la esposa no lo firmó. El TPI desestimó la demanda sumariamente, validando el endoso y la obligación de pago. El TPI concluyó que el esposo podía firmar por la esposa incapacitada o como acto de administración, que la acción para impugnar estaba prescrita, y que los herederos eran adquirentes voluntarios bajo la Ley 182-2016. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del TPI. Determina que el endoso es válido y los demandantes están obligados al pago de las cuotas. Destaca que la propiedad nunca fue gravada de forma real por el endoso. La apelación impugna, entre otros puntos, la fecha en que se firmó el endoso.