Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 265)

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Puerto Rico Sales & Medical Services, Inc. demandó a Rinor Corporation y Hospital Hermanos Meléndez por cobro de \$60,904.40 por equipo y materiales médicos vendidos entre 2015 y 2016. La demandante presentó facturas y acuses de recibo firmados como evidencia de la deuda. Los demandados admitieron haber recibido los materiales y deber dinero, pero se opusieron a una moción de sentencia sumaria, alegando que la suma exacta estaba en controversia y el descubrimiento de prueba incompleto. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, determinando que la demandante había probado una deuda vencida, líquida y exigible con evidencia no controvertida. El tribunal rechazó el argumento de prematuridad, señalando que los demandados no habían solicitado extensiones de descubrimiento ni identificado evidencia pendiente. El TPI ordenó a los demandados pagar la cantidad total más intereses legales. Esta sentencia es objeto de la apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación contra una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, un grupo de individuos, demandaron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ACE Insurance Company por daños y perjuicios. Alegaron que la negligencia de la AEE al mantener una línea de alto voltaje cerca de una residencia provocó dos accidentes con descargas eléctricas. Estos incidentes resultaron en la muerte de una persona y quemaduras severas a otras dos. El foro primario desestimó la demanda principal mediante sentencia parcial. Los demandantes apelaron dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos entre parientes. La demandante, Alessandra G. Costello Serrano, reclamó a su padre, Gregory A. Costello Antolloti, el pago de pensión para cubrir gastos de sus estudios posgraduados en medicina. Solicitó que se ordenara a su padre continuar el pago de una pensión previamente fijada que él había descontinuado. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al padre pagar \$2,250.00 mensuales retroactivo y cubrir el 90% de matrículas y cuotas específicas de la universidad. El padre apeló esta decisión tras denegarse su reconsideración. Sus argumentos de apelación se centraron en la suficiencia de la prueba presentada por la demandante y supuestos errores procesales en la fase de descubrimiento y presentación de evidencia. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia planteada por el apelante. Se discute el marco legal de la obligación de alimentos en Puerto Rico, incluyendo la provisión para hijos mayores de edad que lo necesiten para su sustento y educación.

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Roberto Castro Hiraldo e Irma Dieppa apelan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones por incumplimiento de contrato y despido injustificado contra Cooperativa Seguros Múltiples y Grupo Cooperativo Seguros Múltiples. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La solicitud se basa en que los apelantes incumplieron con la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones al no notificar la presentación de la apelación al Tribunal de Primera Instancia en el término de 72 horas. Los apelantes admitieron el incumplimiento, alegando falta de perjuicio y una excusa relacionada con la licencia médica de su secretaria. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la solicitud de desestimación. El tribunal enfatiza la importancia primordial de considerar el aspecto jurisdiccional en toda situación legal. Se reitera que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y atender estos asuntos de manera preferente. La corte analizará si el incumplimiento con la notificación reglamentaria afecta su jurisdicción para conocer del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Salicrup Construction Group LLC, demandó al Municipio de San Juan para el cobro de \$14,300 por trabajos de demolición realizados en enero de 2018. Salicrup alegó la existencia de un contrato verbal para la obra, ejecutada bajo circunstancias de emergencia, y reclamó enriquecimiento injusto. El Municipio, al no encontrar contrato escrito u orden de compra, solicitó la conversión a la vía ordinaria y luego presentó una moción de sentencia sumaria. Argumentó que la apelante admitió la inexistencia de un contrato escrito, dejando solo una cuestión de derecho sobre la validez de la contratación gubernamental sin las formalidades requeridas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la decisión del foro primario.

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Fernando Santiago Morales apeló las sentencias que lo declararon culpable por infracciones a la Ley de Armas y al Código Penal, imponiéndole una pena total de diecinueve años y tres meses. El Tribunal de Primera Instancia dictó fallo de culpabilidad el 7 de febrero de 2019 y sentencia el 25 de abril de 2019. El apelante presentó una moción de reconsideración de la sentencia el 8 de mayo de 2019. Al momento de radicar el recurso de apelación el 30 de mayo de 2019, esta moción de reconsideración de la sentencia aún no había sido resuelta por el foro de instancia. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso era prematuro. Un recurso es prematuro cuando se presenta mientras una determinación, como una moción de reconsideración, está pendiente ante el tribunal apelado. La presentación de un recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción al haber sido presentado antes de que la moción de reconsideración de la sentencia fuera resuelta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. Se revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el embargo de cuentas bancarias de Gierbolini Consulting Group, Corp. y Saaggezza, LLC. Dicho embargo fue solicitado por Jannette Santiago Ortiz para ejecutar una estipulación de pago de una sentencia de divorcio contra Luis A. Gierbolini Rodríguez. Las corporaciones peticionarias, ajenas al pleito de divorcio original, impugnaron la orden de embargo. Alegaron que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción sobre ellas y que se violó su derecho al debido proceso de ley al ordenar el embargo sin vista ni oportunidad de ser oídas. También cuestionaron la denegatoria de su derecho a representación legal. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de los peticionarios. Determinó expedir el auto de certiorari. Finalmente, revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizaba el embargo de las cuentas corporativas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Harold Lidin Mercado. El peticionario solicitó la revisión de una infracción de tránsito ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual declaró No Ha Lugar su petición inicial y la posterior solicitud de reconsideración. Inconforme, el señor Lidin Mercado acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Departamento de Transportación y Obras Públicas solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones reitera la obligación de los tribunales de examinar su jurisdicción. Se discuten las reglas de procedimiento civil relativas a la notificación de sentencias y resoluciones y su efecto en los términos para recurrir. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una exempleada contra su antiguo patrono en una reclamación de cobro de salarios y beneficios bajo la Ley 2-1961. La apelante reclama el pago de partidas correspondientes a cuentas de gastos, bono de navidad y arrendamiento de auto, sumando más de \$31,000. El patrono se opuso, alegando que las cuentas de gastos requerían facturas y que el arrendamiento de auto no fue incurrido. El caso llegó al Tribunal de Primera Instancia mediante moción de sentencia sumaria. Dicho tribunal emitió una sentencia sumaria que concedió algunas partidas reclamadas pero denegó otras. El TPI basó su decisión en la interpretación del contrato de empleo, señalando que ni la oferta ni los manuales excluían expresamente la liquidación de ciertos beneficios acumulados al terminar el empleo. La apelante recurre en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Orlando Marini Román y otros, recurren la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original fue presentada contra los abogados María Montalvo Vera y Salvador Antonetti Zequeira. Los apelantes alegaron que los abogados les causaron daños al representarlos en litigios previos donde se les imputó fraude sin contar con prueba. Reclamaban pérdidas económicas y de reputación debido a estas acciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio y les impuso \$10,000 en honorarios de abogado por temeridad. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal modifica la Sentencia apelada. La modificación consiste en reducir los honorarios de abogado de \$10,000 a \$1,000. Así modificada, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900554. Jorge Letriz Cordero apela la desestimación de su demanda contra Mapfre Insurance Company por incumplimiento de contrato. La demanda original reclamaba daños a la propiedad tras el Huracán María y alegaba que Mapfre no ofreció compensación justa. Mapfre solicitó la desestimación basándose en la doctrina de "pago en finiquito", argumentando que la obligación había sido extinguida. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de Mapfre y desestimó la demanda con perjuicio. El apelante imputa al foro primario haber errado al desestimar sumariamente a pesar de existir controversias de hechos materiales. Alega que el tribunal no consideró argumentos sobre vicio en el consentimiento bajo la modalidad del dolo. Sostiene que se aplicó incorrectamente la defensa de pago en finiquito sin considerar la política pública sobre prácticas desleales en seguros. El Tribunal de Apelaciones revisa la aplicación de la Regla 10.2(5) y la Regla 36 de Procedimiento Civil en este contexto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de paternidad. Kevin Lewis Cotto Cotto demandó para impugnar la paternidad de un menor que había reconocido voluntariamente. Alegó que pruebas de ADN realizadas en 2016 arrojaron un 0% de probabilidad de paternidad. La madre del menor, Mercedes de la Caridad Rodríguez Plaza, apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda. La apelante argumentó que la acción estaba caducada, pues el apelado conocía la posible inexactitud filial desde antes del nacimiento del menor en 2012 o mucho antes de demandar en 2017. El apelado sostuvo que la duda surgió a finales de 2016. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la alegación de caducidad y concedió la impugnación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El recurso fue presentado por Juan Manuel Brunet Rivera contra una sentencia que declaró Con Lugar una demanda contra coparte instada por Luis A. Sánchez Figueroa. El caso original fue iniciado por Sandra Navarro Cruz para la liquidación de la sociedad legal de gananciales con Brunet Rivera y la comunidad de bienes. Sánchez Figueroa fue incluido como demandado y presentó una reclamación contra Brunet Rivera. Sánchez Figueroa alegó ser copropietario de L&M Guaynabo, Inc. con Brunet Rivera y que, tras adquirir su participación, cualquier responsabilidad frente a Navarro Cruz recaía en Brunet Rivera. Brunet Rivera fue declarado en rebeldía en el foro primario respecto a esta demanda contra coparte. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de Sánchez Figueroa, imponiendo costas a Brunet Rivera. Tras examinar el expediente y el tracto procesal, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Cardtronics USA, Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue una demanda de cobro de dinero interpuesta por Fernando Cruz Herrera contra Cardtronics por la suma de $11,972.28. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de dicha cantidad más intereses legales. Cardtronics apeló, alegando errores al declarar con lugar la demanda, omitir los términos de un acuerdo transaccional alcanzado en corte abierta e imponer intereses. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y la prueba oral. Resolvió modificar el dictamen apelado. Así modificado, se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La modificación atiende probablemente los términos del acuerdo transaccional anunciado por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de relaciones filiales. El recurrido, confinado por delitos sexuales contra la madre de un menor, solicitó el reconocimiento de paternidad y relaciones paterno-filiales con el niño. La madre y su hija (madre del menor) se opusieron, alegando que los delitos fueron cometidos contra la hija y cuestionando los motivos del recurrido. El Tribunal de Primera Instancia ordenó pruebas de ADN, cuyo costo el recurrido alegó no poder sufragar. Se designaron defensores judiciales para la madre del menor y para el niño. La parte peticionaria apeló una resolución del TPI que permitió al recurrido solicitar evidencia adicional el día del juicio para la admisibilidad de un documento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida.

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Este documento narra el historial procesal de un caso de división de comunidad post-ganancial entre José R. Sánchez de Jesús y Yolanda Martínez González tras su divorcio en 2015. Sánchez de Jesús demandó la división de bienes, el valor rentable de la residencia conyugal ocupada por Martínez González y el reembolso de gastos. Martínez González se opuso, alegando la inoficiosidad de las capitulaciones matrimoniales y que actuaron bajo un régimen de gananciales. El caso incluyó solicitudes de sentencia sumaria y una apelación previa ante este foro, que revocó una sentencia sumaria inicial y ordenó ventilar prueba. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de Sánchez de Jesús, adjudicándole el inmueble y ordenando a Martínez González pagar el valor rentable. Martínez González apeló esta última sentencia, argumentando errores en la interpretación de una cláusula de las capitulaciones sobre gastos y en las conclusiones numéricas del tribunal. Sánchez de Jesús solicitó la desestimación o denegación del recurso de apelación.

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La Sucesión Ernesto David Aguirre Rivera demandó a Oriental Bank, sucesor de BBVA, impugnando la validez de un contrato de opción y compraventa otorgado por el causante. Alegaron que éste carecía de capacidad mental para consentir y presentaron reclamaciones por vicios ocultos y saneamiento. Oriental Bank solicitó la desestimación, argumentando que la acción de nulidad no se transmitió a los herederos y que las acciones de saneamiento no procedían. El Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente la demanda, declarando prescritas las acciones por vicios ocultos y saneamiento por evicción. Sin embargo, mantuvo viva la acción de nulidad por vicio del consentimiento, entendiendo que sí se transmitió a los herederos. Ambas partes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La Sucesión específicamente apeló la desestimación de las causas de acción por vicios ocultos y saneamiento. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso, centrándose en las obligaciones de saneamiento del vendedor y la prescripción de las acciones correspondientes. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo dicho recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Ramírez Fas Incorporado, impugna la desestimación de su demanda de desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra Rafael Asencio Márquez, et als. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, basándose en un caso previo entre las mismas partes. El apelante argumenta que la posesión continuada sin pago de canon de arrendamiento genera una nueva causa de acción, haciendo inaplicable la cosa juzgada. La apelación plantea errores en la desestimación de la demanda y en la imposición de costas y honorarios de abogado. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la demanda original, la defensa de cosa juzgada de los apelados y la oposición del apelante. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar si la aplicación de la doctrina de cosa juzgada por el foro primario fue correcta. La sentencia inicia su análisis legal citando la disposición del Código Civil sobre la cosa juzgada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La apelante, Gineska M. Ambert González, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de divorcio. La desestimación se fundamentó en la existencia de un caso de divorcio previo radicado por su esposo, buscando evitar la duplicidad de procedimientos. La apelante argumentó que lo procedente era consolidar ambos casos y que la desestimación perjudicó sus reclamaciones de pensión alimentaria y litis expensas. El documento detalla la cronología de las dos demandas de divorcio presentadas por las partes. Se menciona que la apelante presentó contestación y reconvención en el caso original de su esposo, incluyendo peticiones similares a las de su demanda desestimada. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por haberse tornado académico. Esto implica que las cuestiones planteadas en la apelación ya no son pertinentes, presumiblemente porque la apelante puede ventilar sus reclamaciones en el caso inicial.

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Se presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. Entre las partes demandadas se encuentra Transporte Rodríguez Alfalto, Inc., cuya representación legal recae en su aseguradora, Integrand Assurance Company. Se informa que Integrand Assurance Company está bajo una orden de rehabilitación judicial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Conforme al Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, esta orden paraliza automáticamente toda acción civil en la que la aseguradora sea parte o deba defender a una parte. El Comisionado de Seguros, actuando como Rehabilitador, solicitó la paralización de los procedimientos apelativos en este caso. El Tribunal de Apelaciones concluye que la orden de rehabilitación activa la paralización de los trámites. En consecuencia, ordena el archivo administrativo del caso por noventa días, o el tiempo necesario, para que el Rehabilitador obtenga representación legal adecuada. El Comisionado deberá informar al tribunal sobre el estado del caso transcurrido dicho término.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. Se examinó una Moción Urgente solicitando la paralización de los procedimientos. La moción se presentó al amparo del Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico. El Tribunal determinó declarar Con Lugar la solicitud. Se decreta la paralización de este caso por un término de 90 días. Este término comienza a contar desde la fecha de la Orden de Rehabilitación contra Integrand Assurance Company. Vencido dicho plazo, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico deberá comparecer. Su comparecencia es para informar el estado del caso.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari presentado por Calidad Auto Sales Corp. contra Michelle Rodríguez Lozada. El recurso buscaba revisar una Orden de Ejecución de Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La desestimación se fundamentó en la presentación tardía del recurso de apelación. La orden apelada fue notificada el 6 de diciembre de 2018. Aunque se presentó una solicitud de reconsideración, esta se radicó el 11 de enero de 2019, fuera del término de 15 días. Dicha solicitud tardía no interrumpió el plazo de 30 días para el certiorari. El recurso de certiorari fue presentado el 13 de febrero de 2019, excediendo el término que vencía el 8 de enero de 2019. Al no acreditarse justa causa para la dilación, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación en un caso de reclamación laboral por despido injustificado. El apelante, David Cáliz Díaz, demandó a su empleador, Roche Operations LTD, tras ser despedido. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, dictó sentencia sumaria a favor de Roche, concluyendo que el despido de Cáliz fue justificado debido a un patrón de conducta impropia, insubordinación e intimidación. Inconforme con esta decisión, Cáliz apeló, argumentando que existían hechos materiales en controversia que impedían la resolución sumaria del caso y que su conducta no constituía justa causa para el despido según la ley y la jurisprudencia. Roche, por su parte, defendió la sentencia sumaria, afirmando que los autos demostraban el cumplimiento con las reglas procesales y sustantivas. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar las posiciones de ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. Luis Augusto Bigott Velázquez apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Diego Ramírez Bigott. La demanda original buscaba declarar inoficiosa una donación y reclamar rentas de un inmueble. El apelado alegó que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional en julio de 2016 que resolvía la controversia. Tras una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera Instancia determinó que existió un contrato de transacción válido que disponía de la totalidad de la demanda. El apelante impugnó esta determinación, argumentando errores en la apreciación de la prueba y la validez del acuerdo. El Tribunal de Apelaciones examinó los documentos y, aplicando principios de derecho contractual, confirmó la sentencia apelada. La decisión valida el hallazgo del foro primario sobre la existencia y efecto del acuerdo transaccional entre las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Margarita González. La petición impugnaba una orden de protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia al amparo de la Ley 284-1999. El foro primario determinó que la señora González intervenía, insultaba, comentaba y vigilaba constantemente a la señora Zoraida Pabón, causándole temor, y expidió una orden por seis meses. Inconforme, la señora González acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la concesión de la orden. Para evaluar los señalamientos, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la peticionaria presentar la transcripción de la prueba oral desfilada en la vista. La señora González no compareció ni presentó la transcripción requerida. Tras examinar el recurso y los documentos disponibles, el Tribunal no encontró fundamento para expedir el auto solicitado. La falta de presentación de la transcripción impidió aquilatar la prueba y evaluar la determinación del foro primario. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó la apelación presentada por Raúl Ramos Silva e Ineabell Pagán Rivera contra Roosevelt Cayman Asset Company. La apelación impugnaba una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la ejecución de hipoteca de los apelantes y desestimó su reconvención. El caso original era una ejecución de hipoteca ordinaria iniciada tras el incumplimiento de pago de los apelantes sobre un préstamo hipotecario modificado. Los apelantes argumentaron una pérdida de valor de la propiedad y solicitaron la modificación de la hipoteca bajo leyes federales o la doctrina *rebus sic stantibus*. El Tribunal de Primera Instancia desestimó estos argumentos y dictó sentencia sumaria a favor de la parte demandante, ordenando la venta judicial de la residencia. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos de apelación consolidados. Los apelantes, Héctor Henríquez Rivera y Yicauri Urbáez Mateo, solicitan la revisión de sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Henríquez Rivera fue sentenciado por violaciones a la Ley de Armas, Código Penal y Ley de Vehículos y Tránsito. Urbáez Mateo fue sentenciado por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas. Los recursos KLAN201600888 y KLAN201600892 fueron consolidados para su adjudicación. El Tribunal procede a exponer los fundamentos para su decisión. Como resultado de la revisión, el Tribunal de Apelaciones revoca las sentencias apeladas. Se detallan los hechos que dieron origen a los casos, comenzando con una intervención de tránsito por tintes en los cristales de un vehículo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos de apelación consolidados presentados por Héctor Henríquez Rivera y Yicauri Urbáez Mateo. Ambos apelantes solicitaron la revisión de sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Henríquez Rivera fue sentenciado por cargos bajo la Ley de Armas, el Código Penal y la Ley de Vehículos y Tránsito. Urbáez Mateo fue sentenciado por cargos bajo la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas. Los casos se originaron a partir de una intervención de tránsito por infracción a la Ley Núm. 22. Durante la intervención, los agentes observaron a los ocupantes, lo que derivó en las acusaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para su adjudicación conjunta. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal determinó revocar las sentencias apeladas.

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Una Sentencia judicial evalúa la solicitud de pensión ex-cónyuge presentada por la Sra. Felicita Ortiz Rivera contra su ex-esposo, el Sr. Alberto Miranda Arroyo. Las partes se divorciaron por mutuo consentimiento en 2003, tras siete años de matrimonio y con dos hijos en común, estableciéndose custodia para la madre y pensión alimentaria. Años después, en 2015, la Sra. Ortiz Rivera solicitó apoyo económico alegando severos problemas de salud física y mental que la incapacitan para trabajar y sostenerse. Manifestó depender de ayudas gubernamentales y que su salud empeoró tras un pleito de liquidación de vivienda instado por el Sr. Miranda Arroyo. El Sr. Miranda Arroyo se opuso a la solicitud, negando maltrato y señalando que el divorcio fue de mutuo acuerdo. Argumentó haber cumplido con sus obligaciones económicas hacia los hijos y que ella era hábil para trabajar al momento del divorcio. Se celebraron vistas evidenciarias donde la Sra. Ortiz Rivera testificó sobre múltiples y graves condiciones de salud que limitan su movilidad y capacidad de autocuidado. La disputa se centra en la procedencia de una pensión ex-cónyuge basada en la alegada incapacidad de la solicitante para generar ingresos.

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