Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 260)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201801078, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El recurso fue presentado por Roshec Corporation y otros apelantes contra Banco Popular de Puerto Rico. La acción original fue de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, instada por el banco por incumplimiento de un contrato de préstamo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda a favor del banco. En dicha sentencia, el TPI determinó que los apelantes adeudaban solidariamente \$489,134.42 de principal, más intereses y \$55,000.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. Los apelantes recurrieron esta sentencia ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, una vez modificada, fue confirmada.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por miembros de la Sucesión de Alfonso Cruz Colón contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular solicitó la desestimación del recurso de apelación, alegando que la sentencia del TPI no había sido debidamente notificada a todos los demandados, específicamente a herederos desconocidos. La notificación adecuada de una sentencia es indispensable para que surta efecto y comiencen a transcurrir los términos procesales. El Tribunal de Apelaciones confirmó que la sentencia del TPI no había sido notificada correctamente a los herederos desconocidos. Por lo tanto, el recurso de apelación fue presentado prematuramente, antes de que la sentencia fuera efectiva para todas las partes. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. El recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por María Natividad Milián Carrasquillo y Marilyn Crespo Milián contra Banco Popular de Puerto Rico. El banco demandó alegando el incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia en Caguas dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular. Dicha sentencia condenó a las apelantes al pago de la deuda y ordenó la ejecución de la hipoteca. Las apelantes recurrieron, argumentando la existencia de controversias sobre hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, la oposición y la prueba documental. Tras su evaluación, el panel de apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión del foro primario que concedió la sentencia sumaria y ordenó el pago y la ejecución hipotecaria se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Rosa M. Negrón Machargo solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la deuda de pensión alimenticia de Hiram Burgos La Luz. La decisión recurrida fijó la deuda en $1,556.46 a noviembre de 2018 y estableció un plan de pago de $50 mensuales. La peticionaria impugna esta cuantía y el plan de pagos, alegando que el cálculo omitió pagos anuales de $100 para gastos escolares de los años 2012 a 2018. Según la peticionaria, la deuda real asciende a $2,256.46. El recurrido no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El documento procede a explicar el marco legal del recurso de Certiorari en Puerto Rico.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación. Se informa al tribunal que Integrand Assurance Company, aseguradora de uno de los apelados, ha sido puesta bajo una orden de rehabilitación por el Tribunal de Primera Instancia. Tanto la parte apelada como la Oficina del Comisionado de Seguros solicitaron la paralización de los procedimientos. El tribunal examina las mociones a la luz del Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico. Dicho artículo dispone la paralización automática de acciones donde el asegurador sea parte al emitirse una orden de rehabilitación. En consecuencia, el tribunal ordena la paralización y archivo administrativo del caso. La suspensión será por noventa días a partir de la orden de rehabilitación o por el tiempo adicional necesario. Las partes deberán notificar al tribunal el cese de la paralización para levantar el archivo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Las partes son Arcos Dorados de Puerto Rico, Inc. y la Asociación de Operadores de MCD P.R., Inc., con McDonald's Corporation y otras entidades como terceros demandados. La sentencia apelada resolvió sumariamente una reconvención de la Asociación. Dicha sentencia determinó que los apelantes estaban obligados a afiliarse a la Asociación y pagar aportaciones mensuales. El caso se inició por una demanda de Arcos Dorados sobre una aportación de mercadeo. La Asociación reconvino alegando retiro ilegal y reclamando aportaciones adeudadas y daños. Los terceros demandados fueron incluidos por supuesta responsabilidad e interferencia. Los apelantes argumentaron no estar obligados y ser entidades separadas, mientras la Asociación sostuvo ser tercero beneficiario y que la participación era obligatoria. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación, revocó la Sentencia Sumaria Parcial y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Centro Médico del Turabo, Inc. (CMT). CMT impugna la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda fue instada por Natashia L. Vélez Quiñones y Luis E. Acevedo Riso tras el deceso de Awilda Quiñones Ortiz. El foro primario declaró con lugar reclamos por sufrimientos de la paciente, gastos médicos y daños por incidentes administrativos, condenando a CMT al pago de honorarios por temeridad. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción principal por impericia médica al considerarla prescrita. CMT también apeló la resolución que autorizó el memorando de costas de la parte demandante. El Tribunal de Apelaciones revisa el voluminoso expediente, incluyendo la prueba testifical y documental presentada durante el juicio. La Sentencia detalla los antecedentes del caso y el proceso judicial que culminó en la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial en un caso sobre la denegación de un aumento salarial por cinco años de servicio a una empleada, debido a evaluaciones de desempeño insatisfactorias. El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la paralización del procedimiento administrativo ante la Junta, argumentando que estaba sujeto a la paralización automática bajo PROMESA por implicar una posible reclamación monetaria. La Junta de Personal bifurcó el caso, resolviendo que la controversia sobre el desempeño no estaba paralizada al no ser una reclamación monetaria. No obstante, la Junta sí paralizó la parte del caso relacionada con el pago del aumento salarial. Ambas partes solicitaron reconsideración de esta decisión, con el Director Administrativo reiterando que la paralización de PROMESA aplicaba a la totalidad del caso. El Tribunal de Apelaciones interviene para revisar y modificar el dictamen de la Junta de Personal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por una petición de adveración y protocolización de un documento presentado como testamento ológrafo. El peticionario, hijo del causante, alegó que un escrito de puño y letra de su padre contenía disposiciones testamentarias. El documento describía un acuerdo para que su hermana le pagara una suma anual tras la muerte del padre, relacionada con un premio de lotería. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición. Determinó que el escrito no constituía un testamento ológrafo válido. Concluyó que no evidenciaba la intención del causante de disponer de sus propios bienes, sino de los de un tercero. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Validó la decisión del foro primario de no adverar ni protocolizar el documento.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Centro Médico del Turabo, Inc. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La demanda original fue instada por Natashia L. Vélez Quiñones y Luis E. Acevedo Riso tras el fallecimiento de Awilda Quiñones Ortiz. El foro primario declaró con lugar gran parte de la demanda, concediendo daños por sufrimientos de la paciente, gastos médicos, incidentes administrativos y honorarios por temeridad, aunque determinó que la causa de acción por impericia médica estaba prescrita. Centro Médico del Turabo, Inc. solicitó la revocación de dicha sentencia y de una resolución posterior sobre costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación y certiorari presentados por el apelante. El tribunal revisó el voluminoso expediente, incluyendo la transcripción del juicio, testimonios de peritos médicos y partes, y prueba documental. Con base en este análisis, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver las controversias planteadas por el apelante respecto a las determinaciones y condenas del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelada, Cristie Pérez Rodríguez, fue despedida por St. Lukes Memorial Hospital tras un incidente con otra empleada. Reclamó que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 1976. El Tribunal de Primera Instancia falló a su favor, concluyendo que la agresión alegada no constituyó justa causa para el despido. El Hospital apeló esta decisión, señalando errores del tribunal primario al sustituir su criterio, aplicar la ley y apreciar la prueba. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de la apelación. Asimismo, expone el marco legal de la Ley 80-1976, la presunción a favor del empleado y los criterios para determinar la justa causa. Se discute la posibilidad de que una falta grave justifique el despido como primera sanción. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver el recurso presentado por el Hospital.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sucesión de Ramona Latorre Rodríguez y otros, solicitando la revocación de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI, emitida el 7 de mayo de 2019, desestimó una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. La desestimación se fundamentó en el reiterado incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del tribunal, específicamente en cuanto a la presentación de prueba pericial. El TPI había impuesto sanciones y concedido un término final para cumplir, advirtiendo que el incumplimiento conllevaría la prohibición de prueba pericial y la desestimación de la reclamación contra una codemandada. Ante el incumplimiento, el TPI desestimó la demanda en su totalidad, y posteriormente, mediante Sentencia Enmendada, aclaró que la desestimación era Con Perjuicio respecto a la Dra. Carmen Santiago Muñoz y mantenía la desestimación de las restantes causas de acción. La parte demandante presentó una moción de reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada No Ha Lugar por tardía. Inconformes, los apelantes presentaron este recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, determina que el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional. Por consiguiente, se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por CT Radiology Complex, Inc. contra Answer Medical Solutions, Inc. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia sobre nulidad de contrato y cobro de dinero relacionado con la compraventa de equipo médico. El TPI emitió una Sentencia Parcial desestimando la demanda de CT Radiology y declarando Con Lugar la reconvención de Answer Medical, ordenando el cumplimiento del contrato y el pago de la deuda. CT Radiology solicitó reconsideración de este dictamen, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Orden notificada el 22 de mayo de 2019. Inconforme, CT Radiology presentó un recurso de apelación el 24 de junio de 2019. El Tribunal de Apelaciones examinó el cumplimiento de los términos jurisdiccionales para apelar. Concluyó que el recurso de apelación fue presentado de forma tardía, excediendo el término de treinta días tras la notificación de la denegatoria de la reconsideración. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de cobro de dinero entre Medical Card System Advantage, Inc. y Joel D. González Méndez. El apelante impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una suma de dinero. El recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones. La Sentencia del foro primario fue notificada el 20 de mayo de 2019. El término jurisdiccional de 30 días para apelar vencía el 19 de junio de 2019. El apelante presentó su recurso el 20 de junio de 2019, un día después del vencimiento. La presentación tardía de un recurso de apelación constituye un defecto fatal de jurisdicción. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y considerar este asunto de oficio. Por haber sido presentado fuera del término legal, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso. En consecuencia, se desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por GEODATAPR INTERNATIONAL, INC. La empresa apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que descalificó su representación legal, el Lcdo. Edgardo Santiago Torres y su firma. Los apelados, AMAE, LLC. y Antonio A. Usero Quiñones, solicitaron la descalificación argumentando que el abogado había representado previamente a Usero Quiñones en un asunto relacionado, creando un conflicto de interés. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de descalificación tras una vista. GEODATAPR impugnó esta determinación, alegando la inexistencia de un conflicto o relación sustancial y errores en la apreciación de la relación abogado-cliente. El Tribunal de Apelaciones, acogiendo el recurso como certiorari, revisó el expediente. Finalmente, denegó la expedición del auto solicitado por GEODATAPR. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones confirma la descalificación del abogado y su firma previamente ordenada por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria por prescripción. La controversia se originó tras una expropiación en 1968 por la Autoridad de Terrenos, que alegadamente dejó una finca remanente enclavada. Los herederos de la propietaria original demandaron en 2002 a la Autoridad de Energía Eléctrica y luego a la Administración de Terrenos, reclamando daños por el enclavamiento y el incumplimiento de un supuesto acuerdo para construir un puente. La Administración de Terrenos argumentó que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de daños continuados y concluyendo que la acción no había prescrito. La Administración de Terrenos recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modificó la resolución recurrida y desestimó la demanda enmendada por entender que la acción estaba prescrita.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación y nulidad de una escritura de donación y compraventa otorgada en 1999. Los apelantes, Lilliam Echevarría Ferrer y Pedro Virtud Echevarría, demandaron la nulidad de la escritura, alegando que constituía un contrato simulado para defraudar a otros herederos y que carecía de formalidades esenciales. La Sucesión de John Echevarría Ferrer, representada por Annie Ortiz Toro, presentó una moción de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la moción y desestimó la demanda. El TPI fundamentó su decisión en que los demandantes habían reconocido que la escritura era simulada en fraude a terceros herederos, lo que les impedía ejercer la acción de nulidad bajo la doctrina de actos propios y el Artículo 1254 del Código Civil. Los apelantes argumentaron que la demanda también se basaba en otros defectos formales de la escritura. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Enmendada del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Enmendada apelada.

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Se resuelve una apelación presentada por David Nieves ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$2,000.00 a Norka M. Villanueva Reyes. La señora Villanueva había demandado a Nieves en cobro de dinero (Regla 60) reclamando la devolución de un depósito. Dicho depósito, por la suma de \$2,500.00, fue entregado para la confección e instalación de un rótulo para su negocio. La apelada testificó que el trabajo nunca se completó y que sus intentos por recuperar el dinero o que se realizara el servicio fueron infructuosos. El apelante admitió parcialmente la deuda y reconoció que el rótulo no fue culminado. Tras revisar el expediente y los testimonios presentados en la vista, el Tribunal de Apelaciones encontró mérito para confirmar la decisión del foro primario. Por tanto, se mantiene la condena al señor Nieves a pagar \$2,000.00, más intereses y costas, a la señora Villanueva.

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Procedimiento de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La reclamación original surge de un incidente de disparos ocurrido durante un evento en Bayamón el 26 de febrero de 2011, resultando en muertes y heridos. Los demandantes, familiares de las víctimas, demandaron a múltiples partes por negligencia, incluyendo al Municipio de Bayamón y New Era Entertainment. Universal Insurance Company, aseguradora de New Era, solicita la revisión de una Sentencia Parcial Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia determinó que la póliza de Universal estaba vigente, cubría el evento y que el Municipio y Spanish Broadcasting System eran coasegurados. El tribunal primario también encontró al Municipio y a SBS responsables por los hechos. Aunque hubo acuerdos transaccionales con otros codemandados, el pleito contra Universal como aseguradora de New Era persistió. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de Universal como certiorari y procederá a resolverlo sin requerir trámites adicionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación presentado por Eurípides Del Villar Rosario en un caso de desahucio. El apelante compareció por derecho propio y solicitó litigar como indigente, lo cual fue concedido. Aunque se reconoce el acceso a la justicia y la representación por derecho propio, el tribunal subraya la obligación de cumplir con las reglas procesales. Tras revisar el escrito, el tribunal lo encontró confuso y deficientemente perfeccionado. El recurso carecía de un dictamen específico del Tribunal de Primera Instancia para revisar, una relación de hechos, señalamientos de error y argumentos legales con referencias. Estas omisiones incumplieron la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ante la imposibilidad de aquilatar el reclamo o determinar su jurisdicción debido a estas deficiencias, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento craso con la obligación de perfeccionar adecuadamente la apelación, conforme a la Regla 83. Adicionalmente, se señaló que el recurso fue presentado en inglés, contraviniendo el principio de que los procedimientos judiciales deben ser en español.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso trata sobre liquidación de comunidad, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a los apelados por incumplir un acuerdo de transacción judicial previo. Dicho acuerdo estipulaba la cesión de interés sobre una propiedad y el pago de impuestos por ambas partes. Los apelantes alegaron que los apelados no cumplieron por dos años, generando gastos y daños. Los apelados no contestaron la demanda, anotándose la rebeldía en su contra. A pesar de la rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia celebró varias vistas donde los apelados realizaron algunos pagos pendientes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. El pleito fue incoado por los dueños de una imprenta contra el Municipio de San Sebastián. La reclamación surge de una inundación en un Head Start municipal ubicado sobre la imprenta, que causó daños por agua al negocio. Los demandantes alegaron que la inundación se debió a que personal del Head Start dejó llaves abiertas tras la reconexión del servicio de agua por la AAA. El Municipio negó negligencia y presentó demanda contra terceros, incluyendo a la AAA y a la Sucesión dueña del edificio. Argumentó que la AAA causó una sobrepresión o que la Sucesión falló en el mantenimiento del inmueble. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones fue solicitado por el Municipio para revisar una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución trataba sobre la eliminación de ciertas determinaciones de hechos no controvertidos para sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el certiorari para modificar el dictamen recurrido y, así modificado, confirmarlo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Los apelantes, Adam C. Sinn y entidades relacionadas, recurren una Sentencia Parcial Sumaria que les ordenó pagar a los apelados, Patrick y Mika De Man, \$690,847 por salarios y servicios no pagados, más honorarios de abogado. Los De Man demandaron alegando ser socios minoritarios a quienes se les adeudaba dinero tras su separación de las empresas. Los apelantes negaron la existencia de una sociedad, afirmando que De Man era solo un empleado al que no se le debía dinero. El recurso también consolida una petición de Certiorari contra una orden de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Parcial que ordena el pago a los De Man. Adicionalmente, el Tribunal expide el recurso de Certiorari y revoca la Resolución interlocutoria sobre el descubrimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El caso original trataba un interdicto posesorio y reclamación de daños. Los apelantes, esposos Rodríguez-Romero, demandaron a los apelados, esposos Curbelo-Rivera y Samuel Curbelo Rivera, alegando interferencia con la posesión pacífica de su propiedad. Los apelados admitieron haber colocado barreras físicas, pero sostuvieron ser los propietarios del terreno en controversia. Argumentaron que no procedía el interdicto posesorio ni los daños reclamados por los apelantes. Uno de los apelados presentó una reconvención por daños, alegando que la demanda era frívola. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes y sus reclamos de daños. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, detallándose en el documento el historial procesal del litigio.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Argumentan que la parte demandante, ACM Cayman, no presentó una fianza de no residente válida conforme a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Un panel anterior de este Tribunal había ordenado a la demandante acreditar el pago de dicha fianza. La demandante presentó un documento de fianza firmado por la aseguradora pero no por ella misma. A pesar de esto, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia indicando que la fianza había sido consignada. Los apelantes sostienen que la fianza era inoficiosa y que el caso debió permanecer en suspenso hasta el cumplimiento adecuado de la orden apelativa. La controversia central gira en torno a la validez de la fianza presentada y la actuación del foro primario al dictar sentencia.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, Panel I, proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la liquidación de bienes gananciales tras un divorcio. La Sentencia apelada excluyó el hogar seguro de los menores de la liquidación, manteniéndolo en indivisión con la hipoteca solidaria. Además, determinó que el apelante, Edgar Ramírez Rosario, adeuda a la apelada, Jeanette Rivera Santiago, la suma de \$11,467.00 por la liquidación post ganancial. El apelante impugnó la decisión alegando adjudicación de bienes privativos, falta de crédito por el salario de la apelada y rechazo de evidencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia. La confirmación se basó principalmente en que el apelante no cumplió con los requisitos reglamentarios para la transcripción de la prueba oral del juicio. Al no presentar la transcripción, el foro apelativo no pudo revisar las determinaciones de hecho del tribunal primario, las cuales se presumen correctas y se basan en la apreciación de la credibilidad de los testigos. La falta de perfeccionamiento del recurso impidió la revisión de los alegados errores fácticos.

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El caso se inició el 18 de julio de 2018 con una demanda presentada por WDC contra Tecnodisa, el Sr. Juan Ramón Gómez Díaz, su esposa y la sociedad legal de bienes gananciales. WDC reclamó el cobro de \$620,050.00 por la venta de cables, alegando el incumplimiento de un contrato de repago. La demanda adujo que la deuda era líquida y exigible, y que WDC sufrió daños directos por el incumplimiento. Se alegó además que se proveyó una fianza fraudulenta para garantizar el contrato. WDC sostuvo que el Sr. Gómez era el alter ego de Tecnodisa y solicitó descorrer el velo corporativo, reclamando responsabilidad solidaria de los codemandados por los daños. WDC pidió al tribunal ordenar el cumplimiento específico del contrato y condenar a los demandados al pago de la deuda, intereses y cuantiosos daños por incumplimiento y dolo. En respuesta, la Parte Apelada presentó una Moción de desestimación. Alegaron falta de jurisdicción o la aplicación de la doctrina *forum non conveniens*. Sostuvieron que la demanda debía desestimarse por no tener contacto con la jurisdicción de Puerto Rico.

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Pathfinders presentó una demanda contra BSPR, Professional y UBOSS alegando incumplimiento de contrato, interferencia culposa con obligaciones contractuales de terceros y daños. Sostuvo que BSPR permitió que Professional y UBOSS contactaran y contrataran a sus empleados, violando una cláusula contractual y causando daños bajo el Art. 1054 del Código Civil. Pathfinders también alegó que BSPR interfirió con sus relaciones laborales al retener empleados a través de las otras demandadas, constituyendo interferencia torticera bajo el Art. 1802 del Código Civil. Pathfinders solicitó sentencia sumaria sobre las causas de acción de incumplimiento e interferencia, el pago de una penalidad contractual por BSPR y una vista de daños. Las partes presentaron una moción conjunta estipulando hechos no controvertidos y solicitando la resolución sumaria. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución identificando 81 hechos esenciales no controvertidos. Sin embargo, el tribunal encontró que existía controversia sobre la intención de las partes de causar daño bajo la causa de acción de interferencia torticera.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de Certiorari presentado por William Iván Pérez Márquez. El peticionario impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a corregir su sentencia. Fue sentenciado en 1997 a 262 años por asesinato y Ley de Armas, incluyendo un término por reincidencia que fue enmendado en 1998. El documento detalla el extenso historial del peticionario, quien ha presentado múltiples mociones y apelaciones desde 2002 cuestionando su sentencia, representación legal y buscando la reducción o corrección de la pena. Todos sus intentos anteriores ante el TPI, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo fueron denegados. Su solicitud más reciente, denegada por el TPI bajo la Regla 185, buscaba eliminar la pena adicional por reincidencia. El peticionario alega que el TPI erró al no enmendar la sentencia para eliminar dicha pena, supuestamente impuesta ilegalmente. El Tribunal de Apelaciones revisa este recurso, haciendo notar el largo historial de impugnaciones previas y sin éxito del peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El caso fue iniciado por Dean Velázquez López contra Pep Boys of PR, Inc. por despido injustificado y represalias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella al conceder una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Pep Boys. Determinó que el señor Velázquez no controvirtió los hechos que justificaron su despido ni demostró los elementos de una causa de acción por represalias. El señor Velázquez apeló, alegando errores del TPI al declarar ha lugar la sentencia sumaria y desestimar sus reclamaciones bajo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 115. Pep Boys defendió la sentencia apelada. Tras revisar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Miguel González Algarín, sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado en 1979, solicitó la modificación de su sentencia a una determinada bajo la Ley Núm. 100 de 1980. Su propósito era cualificar para un programa de desvío. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud en febrero de 2019. Inconforme, González Algarín acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para revisar dicha determinación. El Procurador General se opuso al reclamo, argumentando la improcedencia de aplicar retroactivamente la Ley Núm. 100. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios aplicables, resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Ruiz \& Ortiz, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar. La apelante, dueña del restaurante Bistro Café, demandó a Bistro Isla Verde, Inc. y a Ismael Breban Bianchi por alegado uso indebido de su marca y representación falsa de asociación. Ruiz \& Ortiz argumentó tener derecho sobre la marca por uso previo desde 2011 y solicitó su registro en 2017, alegando confusión entre consumidores. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, denegó el injunction preliminar. Consideró que la apelante no probó sus daños ni la confusión gráfica, y que su solicitud de registro de marca estaba pendiente. También cuestionó la credibilidad del testimonio de la apelante sobre la contribución del codemandado Breban al negocio original. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Involucra a Patrick A.P. De Man y Mika De Man contra Adam C. Sinn y varias entidades relacionadas. De Man demandó reclamando salarios y servicios impagos por \$690,847 y alegando incumplimiento de acuerdos sobre participación societaria. Los demandados negaron que De Man fuera socio, admitieron que era empleado, pero disputaron la deuda. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Sumaria Parcial ordenando a los demandados pagar a De Man la suma reclamada más honorarios de abogado. También emitió una Resolución y Orden compeliendo a los demandados a producir información solicitada en descubrimiento. Los demandados apelaron la sentencia sumaria y presentaron un recurso de certiorari contra la orden de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos para revisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial, ratificando el pago de \$690,847 más \$103,627.05 en honorarios. No obstante, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari y revocó la Resolución interlocutoria recurrida sobre el descubrimiento.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación relacionada con la modificación de pensión alimentaria. El apelante, Edgar Ramírez Rosario, impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de rebaja de pensión. Ramírez Rosario había solicitado la revisión en 2016 alegando un cambio significativo en sus ingresos. El asunto fue referido a un Examinador de Pensiones Alimentarias, quien recomendó denegar la rebaja al encontrar que la pensión revisada era sustancialmente igual a la cuestionada. El Tribunal de Primera Instancia acogió la recomendación y denegó la rebaja en septiembre de 2018, decisión que mantuvo al denegar la reconsideración en marzo de 2019. El apelante argumentó que el TPI erró al aprobar una determinación contraria a derecho y a la prueba. El Tribunal de Apelaciones expone el estándar de revisión, indicando que no debe intervenir con las determinaciones de hechos del foro primario a menos que haya error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Se presume la corrección del tribunal de origen y el apelante tiene la carga de demostrar lo contrario. La deferencia se basa en la mejor posición del juez de instancia para evaluar la prueba y la credibilidad de los testigos.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de daños realizada por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original fue presentada por Toledo Boneta Dairy, Inc. contra Ganaderos Alvarado, Inc. y otros por daños y perjuicios debido a la pérdida de ganado causada por negligencia. Tras un juicio, el TPI inicialmente desestimó la demanda, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó al TPI cuantificar los daños. El TPI adjudicó sumas específicas por animales muertos, lucro cesante y tratamiento veterinario. Los demandados apelaron esta determinación, alegando errores en la valoración de los animales y el cálculo del lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones, aplicando el estándar de revisión para cuantías de daños, concluyó que las determinaciones fácticas del TPI sobre los daños sufridos no fueron claramente erróneas. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación sobre una demanda de retracto de colindantes y prohibición de enajenar. El apelante, José Ernesto Hernández Castrodad, buscaba ejercer el retracto sobre un apartamento penthouse en un condominio urbano. Alegó ser colindante y fundamentó su acción en artículos del Código Civil y el reglamento del condominio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda. El TPI determinó que la figura del retracto de colindantes invocada aplica exclusivamente a fincas rústicas, no urbanas. Además, el TPI impuso sanciones por temeridad al apelante. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el TPI. La confirmación valida tanto la desestimación de la demanda de retracto como la imposición de temeridad.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Marisol Báez Rodríguez para impugnar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Union Holding, Inc. Báez había demandado por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que trabajó como contratista independiente y se le adeudaban comisiones por clientes y renovaciones. Union Holding, Inc. sostuvo que Báez fue empleada que renunció y no tenía derecho a comisiones posteriores a su salida. Tras la presentación de prueba por parte de Báez en el juicio, el foro de primera instancia desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil (Non Suit), al considerar que la prueba desfilada no ameritaba la concesión de un remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y las alegaciones de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia de desestimación emitida por el tribunal de primera instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación de empleados de la Autoridad de los Puertos cuya demanda contra su patrono y su unión fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia. Los empleados alegaron que el convenio colectivo establecía escalas salariales discriminatorias, resultando en que empleados en escalas ocupacionales inferiores o con menos mérito recibían salarios superiores, violando su derecho a igual paga por igual trabajo. Reclamaron que la Autoridad fue negligente y discrimina al no corregir la disparidad y que la Unión incumplió su deber de representación justa al negociar y no revisar las escalas. Los empleados solicitaron la equiparación salarial y el pago de salarios dejados de percibir de la Autoridad, y compensación de la Unión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación. Concluyó que la reclamación contra la unión estaba prescrita. Además, el tribunal determinó que la demanda no alegó hechos suficientes para justificar la concesión de un remedio contra la Autoridad de los Puertos.

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Empresas Escudero, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El TPI fundamentó su denegatoria en que la solicitud no cumplió con los requisitos formales de la Regla 36.3, al no referenciar párrafos de los documentos probatorios. La demanda original fue presentada por Consolidated Waste Services, L.L.C. contra Empresas Escudero y EC Waste, Inc. Consolidated reclamó incumplimiento de contrato, cobro de dinero e interferencia torticera con relaciones contractuales. Alegó que Empresas Escudero terminó prematuramente un contrato de servicios de desperdicios para contratar a EC Waste. Empresas Escudero se defendió argumentando que el contrato era mes a mes y fue cancelado legítimamente. Empresas Escudero señaló errores del TPI al denegar la sentencia sumaria por defectos formales y otros fundamentos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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