Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 260)

Resumen:

Ruiz \& Ortiz, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar. La apelante, dueña del restaurante Bistro Café, demandó a Bistro Isla Verde, Inc. y a Ismael Breban Bianchi por alegado uso indebido de su marca y representación falsa de asociación. Ruiz \& Ortiz argumentó tener derecho sobre la marca por uso previo desde 2011 y solicitó su registro en 2017, alegando confusión entre consumidores. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, denegó el injunction preliminar. Consideró que la apelante no probó sus daños ni la confusión gráfica, y que su solicitud de registro de marca estaba pendiente. También cuestionó la credibilidad del testimonio de la apelante sobre la contribución del codemandado Breban al negocio original. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Marisol Báez Rodríguez para impugnar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Union Holding, Inc. Báez había demandado por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que trabajó como contratista independiente y se le adeudaban comisiones por clientes y renovaciones. Union Holding, Inc. sostuvo que Báez fue empleada que renunció y no tenía derecho a comisiones posteriores a su salida. Tras la presentación de prueba por parte de Báez en el juicio, el foro de primera instancia desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil (Non Suit), al considerar que la prueba desfilada no ameritaba la concesión de un remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y las alegaciones de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia de desestimación emitida por el tribunal de primera instancia.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio. La apelante, Agnes Vanessa García Nieves, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de una propiedad. La parte apelada, Lime Properties, LTD, inició el proceso alegando ser la propietaria y que la apelante ocupaba el inmueble sin pagar canon ni tener contrato de arrendamiento. El caso tuvo trámites previos, incluyendo una apelación anterior que revocó un dictamen inicial por falta de fianza de no residente. Tras la continuación del proceso en el foro primario, se celebró una vista donde se presentó prueba. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la apelada demostró ser la dueña y que la apelante no tenía derecho legítimo a la posesión, sin haber pagado renta alguna. Se constató que la apelante se negó a desalojar y a adquirir la propiedad. Por tanto, el tribunal primario declaró con lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la decisión apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por F \& R Contractors, Corp. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió una Moción de Sentencia Sumaria a favor de Atlas Roofing Contractors, Inc. Esto resultó en la desestimación de la Demanda Contra Tercero interpuesta por F \& R Contractors contra Atlas. El caso principal fue iniciado por el Consejo de Titulares del Condominio Millenium contra F \& R Contractors por defectos de construcción, incluyendo problemas de impermeabilización y techos. F \& R Contractors demandó a Atlas, su subcontratista de impermeabilización, alegando que Atlas era responsable de estos defectos si F \& R era hallado responsable. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Concluyó que el dictamen del Tribunal de Primera Instancia era correcto. Por tanto, se confirma la desestimación de la demanda contra tercero contra Atlas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria por prescripción. La controversia se originó tras una expropiación en 1968 por la Autoridad de Terrenos, que alegadamente dejó una finca remanente enclavada. Los herederos de la propietaria original demandaron en 2002 a la Autoridad de Energía Eléctrica y luego a la Administración de Terrenos, reclamando daños por el enclavamiento y el incumplimiento de un supuesto acuerdo para construir un puente. La Administración de Terrenos argumentó que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de daños continuados y concluyendo que la acción no había prescrito. La Administración de Terrenos recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modificó la resolución recurrida y desestimó la demanda enmendada por entender que la acción estaba prescrita.

Resumen:

Miguel González Algarín, sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado en 1979, solicitó la modificación de su sentencia a una determinada bajo la Ley Núm. 100 de 1980. Su propósito era cualificar para un programa de desvío. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud en febrero de 2019. Inconforme, González Algarín acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para revisar dicha determinación. El Procurador General se opuso al reclamo, argumentando la improcedencia de aplicar retroactivamente la Ley Núm. 100. El Tribunal de Apelaciones, considerando la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios aplicables, resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. El pleito fue incoado por los dueños de una imprenta contra el Municipio de San Sebastián. La reclamación surge de una inundación en un Head Start municipal ubicado sobre la imprenta, que causó daños por agua al negocio. Los demandantes alegaron que la inundación se debió a que personal del Head Start dejó llaves abiertas tras la reconexión del servicio de agua por la AAA. El Municipio negó negligencia y presentó demanda contra terceros, incluyendo a la AAA y a la Sucesión dueña del edificio. Argumentó que la AAA causó una sobrepresión o que la Sucesión falló en el mantenimiento del inmueble. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones fue solicitado por el Municipio para revisar una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución trataba sobre la eliminación de ciertas determinaciones de hechos no controvertidos para sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el certiorari para modificar el dictamen recurrido y, así modificado, confirmarlo.

Resumen:

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801388, una apelación sobre daños y perjuicios. Las partes son Irma Rosario Luna y otros como apelantes, y Academia Presbiteriana Villa Carolina, et als, como apelados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un Procedimiento de Rehabilitación para Integrand Assurance Company, parte demandada en el pleito original. El Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico dispone la paralización de acciones en las que el asegurador sea parte por 90 días durante la rehabilitación. En atención a la orden de rehabilitación, el Tribunal de Apelaciones instruye la paralización de este recurso. En consecuencia, se ordena el archivo administrativo del caso para fines estadísticos. La resolución fue emitida el 28 de junio de 2019.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201801078, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El recurso fue presentado por Roshec Corporation y otros apelantes contra Banco Popular de Puerto Rico. La acción original fue de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, instada por el banco por incumplimiento de un contrato de préstamo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda a favor del banco. En dicha sentencia, el TPI determinó que los apelantes adeudaban solidariamente \$489,134.42 de principal, más intereses y \$55,000.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. Los apelantes recurrieron esta sentencia ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, una vez modificada, fue confirmada.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Amneris Yvette González Díaz y Charles Elías, apelantes, buscando revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó su Demanda por Daños y Perjuicios contra Televicentro of Puerto Rico, LLC y otros. Los apelantes alegaron que una empleada de una tienda de teléfonos sustrajo fotografías familiares de un dispositivo móvil sin autorización. Posteriormente, el programa "Lo Sé Todo" de Televicentro publicó algunas de estas fotos, incluyendo una de su hija embarazada. Los apelantes reclamaron que la obtención y publicación ilegal de estas imágenes violó su derecho a la intimidad y dignidad, causándoles sufrimiento. Televicentro solicitó la desestimación, argumentando que la información publicada era veraz y obtenida legalmente, citando jurisprudencia sobre libertad de prensa. Los apelantes replicaron que el caso trataba sobre la obtención ilegal y publicación de datos privados, no sobre difamación, y que las fotos fueron alteradas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Tras examinar los escritos y el derecho, el Tribunal de Apelaciones acordó revocar la Sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación sobre una demanda de retracto de colindantes y prohibición de enajenar. El apelante, José Ernesto Hernández Castrodad, buscaba ejercer el retracto sobre un apartamento penthouse en un condominio urbano. Alegó ser colindante y fundamentó su acción en artículos del Código Civil y el reglamento del condominio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda. El TPI determinó que la figura del retracto de colindantes invocada aplica exclusivamente a fincas rústicas, no urbanas. Además, el TPI impuso sanciones por temeridad al apelante. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el TPI. La confirmación valida tanto la desestimación de la demanda de retracto como la imposición de temeridad.

Resumen:

Resumen:

Compañías farmacéuticas impugnaron deficiencias en el pago de patentes municipales notificadas por el Municipio de Gurabo para los años 2005-2011. Argumentaron tener derecho a tasas contributivas menores (0.3% y tasas escalonadas) basadas en un Decreto Municipal de 2004 y una Enmienda a Concesión de Exención Contributiva Municipal de 2008. Las peticionarias alegaron que el Municipio ignoró indebidamente estos acuerdos y aplicó la tasa estándar del 0.5%. También afirmaron que las deficiencias correspondientes a los años 2005-2006 y 2006-2007 estaban prescritas. Las compañías impugnaron las razones del Municipio para invalidar los decretos y la naturaleza de la enmienda. Además, reclamaron que el Municipio no aplicó créditos de un acuerdo final previo ni un descuento por pronto pago. Las peticionarias denunciaron que el proceso administrativo fue parcial debido a un asesor privado con un contrato a contingencia. La disputa central gira en torno a la validez y aplicación de exenciones y acuerdos contributivos municipales.

Resumen:

Empresas Escudero, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El TPI fundamentó su denegatoria en que la solicitud no cumplió con los requisitos formales de la Regla 36.3, al no referenciar párrafos de los documentos probatorios. La demanda original fue presentada por Consolidated Waste Services, L.L.C. contra Empresas Escudero y EC Waste, Inc. Consolidated reclamó incumplimiento de contrato, cobro de dinero e interferencia torticera con relaciones contractuales. Alegó que Empresas Escudero terminó prematuramente un contrato de servicios de desperdicios para contratar a EC Waste. Empresas Escudero se defendió argumentando que el contrato era mes a mes y fue cancelado legítimamente. Empresas Escudero señaló errores del TPI al denegar la sentencia sumaria por defectos formales y otros fundamentos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, NDA Services Corp. y D.N.A. Auto Corp., impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso subyacente es una acción de clase por cobro de dinero y otros reclamos. La controversia principal giró en torno a la validez del emplazamiento. Los demandantes intentaron emplazar a ambas entidades con un solo documento, identificándolas bajo nombres comerciales comunes. Este emplazamiento fue rehusado. Los peticionarios argumentaron que un solo emplazamiento para dos personas jurídicas distintas era nulo e insuficiente. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el recurso de certiorari y revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios apelado desde el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelante impugnó una decisión que le encontró responsable. Durante la apelación, se notificó al tribunal que Integrand Assurance Company, aseguradora del apelante, estaba bajo una Orden de Rehabilitación. Tanto el apelante como el Comisionado de Seguros solicitaron la paralización de los procedimientos. La Sentencia se fundamenta en el Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico. Dicho artículo dispone una paralización automática de 90 días o más para casos donde un asegurador parte esté en rehabilitación. Dado que Integrand fue puesta bajo rehabilitación el 31 de mayo de 2018, la paralización automática aplica a este caso. El tribunal, por tanto, reconoce y ordena la paralización obligatoria de los procedimientos apelativos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El caso fue iniciado por Dean Velázquez López contra Pep Boys of PR, Inc. por despido injustificado y represalias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella al conceder una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Pep Boys. Determinó que el señor Velázquez no controvirtió los hechos que justificaron su despido ni demostró los elementos de una causa de acción por represalias. El señor Velázquez apeló, alegando errores del TPI al declarar ha lugar la sentencia sumaria y desestimar sus reclamaciones bajo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 115. Pep Boys defendió la sentencia apelada. Tras revisar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Los apelantes, Adam C. Sinn y entidades relacionadas, recurren una Sentencia Parcial Sumaria que les ordenó pagar a los apelados, Patrick y Mika De Man, \$690,847 por salarios y servicios no pagados, más honorarios de abogado. Los De Man demandaron alegando ser socios minoritarios a quienes se les adeudaba dinero tras su separación de las empresas. Los apelantes negaron la existencia de una sociedad, afirmando que De Man era solo un empleado al que no se le debía dinero. El recurso también consolida una petición de Certiorari contra una orden de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Parcial que ordena el pago a los De Man. Adicionalmente, el Tribunal expide el recurso de Certiorari y revoca la Resolución interlocutoria sobre el descubrimiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Rosa M. Negrón Machargo solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la deuda de pensión alimenticia de Hiram Burgos La Luz. La decisión recurrida fijó la deuda en $1,556.46 a noviembre de 2018 y estableció un plan de pago de $50 mensuales. La peticionaria impugna esta cuantía y el plan de pagos, alegando que el cálculo omitió pagos anuales de $100 para gastos escolares de los años 2012 a 2018. Según la peticionaria, la deuda real asciende a $2,256.46. El recurrido no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El documento procede a explicar el marco legal del recurso de Certiorari en Puerto Rico.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por miembros de la Sucesión de Alfonso Cruz Colón contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular solicitó la desestimación del recurso de apelación, alegando que la sentencia del TPI no había sido debidamente notificada a todos los demandados, específicamente a herederos desconocidos. La notificación adecuada de una sentencia es indispensable para que surta efecto y comiencen a transcurrir los términos procesales. El Tribunal de Apelaciones confirmó que la sentencia del TPI no había sido notificada correctamente a los herederos desconocidos. Por lo tanto, el recurso de apelación fue presentado prematuramente, antes de que la sentencia fuera efectiva para todas las partes. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. El recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Las partes son Arcos Dorados de Puerto Rico, Inc. y la Asociación de Operadores de MCD P.R., Inc., con McDonald's Corporation y otras entidades como terceros demandados. La sentencia apelada resolvió sumariamente una reconvención de la Asociación. Dicha sentencia determinó que los apelantes estaban obligados a afiliarse a la Asociación y pagar aportaciones mensuales. El caso se inició por una demanda de Arcos Dorados sobre una aportación de mercadeo. La Asociación reconvino alegando retiro ilegal y reclamando aportaciones adeudadas y daños. Los terceros demandados fueron incluidos por supuesta responsabilidad e interferencia. Los apelantes argumentaron no estar obligados y ser entidades separadas, mientras la Asociación sostuvo ser tercero beneficiario y que la participación era obligatoria. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación, revocó la Sentencia Sumaria Parcial y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por María Natividad Milián Carrasquillo y Marilyn Crespo Milián contra Banco Popular de Puerto Rico. El banco demandó alegando el incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia en Caguas dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular. Dicha sentencia condenó a las apelantes al pago de la deuda y ordenó la ejecución de la hipoteca. Las apelantes recurrieron, argumentando la existencia de controversias sobre hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, la oposición y la prueba documental. Tras su evaluación, el panel de apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión del foro primario que concedió la sentencia sumaria y ordenó el pago y la ejecución hipotecaria se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial en un caso sobre la denegación de un aumento salarial por cinco años de servicio a una empleada, debido a evaluaciones de desempeño insatisfactorias. El Director Administrativo de los Tribunales solicitó la paralización del procedimiento administrativo ante la Junta, argumentando que estaba sujeto a la paralización automática bajo PROMESA por implicar una posible reclamación monetaria. La Junta de Personal bifurcó el caso, resolviendo que la controversia sobre el desempeño no estaba paralizada al no ser una reclamación monetaria. No obstante, la Junta sí paralizó la parte del caso relacionada con el pago del aumento salarial. Ambas partes solicitaron reconsideración de esta decisión, con el Director Administrativo reiterando que la paralización de PROMESA aplicaba a la totalidad del caso. El Tribunal de Apelaciones interviene para revisar y modificar el dictamen de la Junta de Personal.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación relacionada con la modificación de pensión alimentaria. El apelante, Edgar Ramírez Rosario, impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de rebaja de pensión. Ramírez Rosario había solicitado la revisión en 2016 alegando un cambio significativo en sus ingresos. El asunto fue referido a un Examinador de Pensiones Alimentarias, quien recomendó denegar la rebaja al encontrar que la pensión revisada era sustancialmente igual a la cuestionada. El Tribunal de Primera Instancia acogió la recomendación y denegó la rebaja en septiembre de 2018, decisión que mantuvo al denegar la reconsideración en marzo de 2019. El apelante argumentó que el TPI erró al aprobar una determinación contraria a derecho y a la prueba. El Tribunal de Apelaciones expone el estándar de revisión, indicando que no debe intervenir con las determinaciones de hechos del foro primario a menos que haya error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Se presume la corrección del tribunal de origen y el apelante tiene la carga de demostrar lo contrario. La deferencia se basa en la mejor posición del juez de instancia para evaluar la prueba y la credibilidad de los testigos.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Sucesión y otra parte para solicitar la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre división de comunidad. La sentencia recurrida reconoció el derecho de la demandante a rentas de un inmueble, ordenó su venta en pública subasta e impuso costas. El Tribunal de Apelaciones determina que, al no haberse completado la división de la comunidad hereditaria, las determinaciones del foro primario son interlocutorias. Por tanto, el recurso presentado como apelación es acogido y tramitado como una petición de certiorari. El pleito original, iniciado en 2013, versa sobre la partición del caudal relicto de los padres de la demandante y sus hermanos. La controversia principal gira en torno a un inmueble específico en San Germán. La demandante reclama una proporción de la propiedad y rentas acumuladas, solicitando la liquidación de la comunidad. Los demandados negaron las alegaciones en su contestación.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que resuelve un recurso de certiorari presentado por el Sr. Carlos Figueroa Ortiz. El Sr. Figueroa solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de reducción de una pena impuesta en una sentencia de 2009. Dicha sentencia original fue por un delito de maltrato bajo la Ley Núm. 54, reclasificado de tentativa de asesinato, imponiendo prisión. El Sr. Figueroa basó su solicitud de reducción en el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 y las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, particularmente sobre una alegada pena especial de \$800. Argumentó que, siendo indigente y confinado, no tenía capacidad de pago y solicitó una reducción del 25%. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su moción. El panel judicial expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Sin embargo, tras la revisión, el panel confirmó el dictamen recurrido del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por una petición de adveración y protocolización de un documento presentado como testamento ológrafo. El peticionario, hijo del causante, alegó que un escrito de puño y letra de su padre contenía disposiciones testamentarias. El documento describía un acuerdo para que su hermana le pagara una suma anual tras la muerte del padre, relacionada con un premio de lotería. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición. Determinó que el escrito no constituía un testamento ológrafo válido. Concluyó que no evidenciaba la intención del causante de disponer de sus propios bienes, sino de los de un tercero. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Validó la decisión del foro primario de no adverar ni protocolizar el documento.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Centro Médico del Turabo, Inc. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La demanda original fue instada por Natashia L. Vélez Quiñones y Luis E. Acevedo Riso tras el fallecimiento de Awilda Quiñones Ortiz. El foro primario declaró con lugar gran parte de la demanda, concediendo daños por sufrimientos de la paciente, gastos médicos, incidentes administrativos y honorarios por temeridad, aunque determinó que la causa de acción por impericia médica estaba prescrita. Centro Médico del Turabo, Inc. solicitó la revocación de dicha sentencia y de una resolución posterior sobre costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación y certiorari presentados por el apelante. El tribunal revisó el voluminoso expediente, incluyendo la transcripción del juicio, testimonios de peritos médicos y partes, y prueba documental. Con base en este análisis, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver las controversias planteadas por el apelante respecto a las determinaciones y condenas del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolida tres recursos de apelación presentados por El Bosque de Torrimar, Ing. José Fojo, Nevares & Villavicencio Construction, CNA Casualty y Western Casualty. Los apelantes impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el cumplimiento de una Resolución administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo, emitida en diciembre de 2015, fue previamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo tras recursos apelativos anteriores. El caso en el foro primario se inició con una Petición del DACo para hacer cumplir su orden. Los apelantes intentaron desestimar la acción alegando que la decisión administrativa no era final y firme, pero sus recursos fueron denegados en todas las instancias judiciales. La Sentencia apelada fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia al conceder una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el DACo. Los apelantes plantean múltiples errores relacionados con el procedimiento de sentencia sumaria y la validez de la Resolución original del DACo. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los argumentos presentados en los recursos consolidados.

Resumen:

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sucesión de Ramona Latorre Rodríguez y otros, solicitando la revocación de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI, emitida el 7 de mayo de 2019, desestimó una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. La desestimación se fundamentó en el reiterado incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del tribunal, específicamente en cuanto a la presentación de prueba pericial. El TPI había impuesto sanciones y concedido un término final para cumplir, advirtiendo que el incumplimiento conllevaría la prohibición de prueba pericial y la desestimación de la reclamación contra una codemandada. Ante el incumplimiento, el TPI desestimó la demanda en su totalidad, y posteriormente, mediante Sentencia Enmendada, aclaró que la desestimación era Con Perjuicio respecto a la Dra. Carmen Santiago Muñoz y mantenía la desestimación de las restantes causas de acción. La parte demandante presentó una moción de reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada No Ha Lugar por tardía. Inconformes, los apelantes presentaron este recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, determina que el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional. Por consiguiente, se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre partición de herencia. El recurso surge de un caso en el Tribunal de Primera Instancia entre la sucesión de Carmen María Cruz Reyes y Carlos M. Reyes Reyes y otros. La controversia principal concierne la liquidación de la sociedad legal de gananciales entre Carlos M. Reyes Reyes y la causante, quienes se divorciaron en 1975 pero no liquidaron sus bienes. Durante el matrimonio, adquirieron un terreno y construyeron una casa. Tras el fallecimiento intestado de Carmen M. Cruz Reyes en 2010, Carlos M. Reyes Reyes vendió la propiedad ganancial en 2016 a los co-apelantes. La sucesión de la causante reclama la partición de estos bienes. La Sentencia detalla el historial procesal de la apelación y los hechos fácticos relevantes que llevaron al litigio.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Centro Médico del Turabo, Inc. (CMT). CMT impugna la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda fue instada por Natashia L. Vélez Quiñones y Luis E. Acevedo Riso tras el deceso de Awilda Quiñones Ortiz. El foro primario declaró con lugar reclamos por sufrimientos de la paciente, gastos médicos y daños por incidentes administrativos, condenando a CMT al pago de honorarios por temeridad. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción principal por impericia médica al considerarla prescrita. CMT también apeló la resolución que autorizó el memorando de costas de la parte demandante. El Tribunal de Apelaciones revisa el voluminoso expediente, incluyendo la prueba testifical y documental presentada durante el juicio. La Sentencia detalla los antecedentes del caso y el proceso judicial que culminó en la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelada, Cristie Pérez Rodríguez, fue despedida por St. Lukes Memorial Hospital tras un incidente con otra empleada. Reclamó que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 1976. El Tribunal de Primera Instancia falló a su favor, concluyendo que la agresión alegada no constituyó justa causa para el despido. El Hospital apeló esta decisión, señalando errores del tribunal primario al sustituir su criterio, aplicar la ley y apreciar la prueba. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de la apelación. Asimismo, expone el marco legal de la Ley 80-1976, la presunción a favor del empleado y los criterios para determinar la justa causa. Se discute la posibilidad de que una falta grave justifique el despido como primera sanción. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver el recurso presentado por el Hospital.

Resumen:

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación. Se informa al tribunal que Integrand Assurance Company, aseguradora de uno de los apelados, ha sido puesta bajo una orden de rehabilitación por el Tribunal de Primera Instancia. Tanto la parte apelada como la Oficina del Comisionado de Seguros solicitaron la paralización de los procedimientos. El tribunal examina las mociones a la luz del Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico. Dicho artículo dispone la paralización automática de acciones donde el asegurador sea parte al emitirse una orden de rehabilitación. En consecuencia, el tribunal ordena la paralización y archivo administrativo del caso. La suspensión será por noventa días a partir de la orden de rehabilitación o por el tiempo adicional necesario. Las partes deberán notificar al tribunal el cese de la paralización para levantar el archivo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida tres recursos de apelación (KLAN201900360, KLAN201900427, KLAN201900474). Los recursos impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 11 de marzo de 2019. Dicha Sentencia ordenó el cumplimiento de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 29 de diciembre de 2015. La Resolución del DACo había sido previamente confirmada por este Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo tras múltiples impugnaciones de los apelantes. A pesar de las confirmaciones previas, los apelantes argumentaron en Primera Instancia que la decisión del DACo no era final y firme, cuestionando la jurisdicción para su cumplimiento. Esta contención fue desestimada por el foro primario, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo en trámites anteriores. Posteriormente, el DACo solicitó sentencia sumaria para hacer cumplir la Resolución, la cual fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes recurren ahora esa Sentencia, planteando errores relacionados con el procedimiento de sentencia sumaria y la validez de la Resolución original del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario de ordenar el cumplimiento de la orden administrativa mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por CT Radiology Complex, Inc. contra Answer Medical Solutions, Inc. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia sobre nulidad de contrato y cobro de dinero relacionado con la compraventa de equipo médico. El TPI emitió una Sentencia Parcial desestimando la demanda de CT Radiology y declarando Con Lugar la reconvención de Answer Medical, ordenando el cumplimiento del contrato y el pago de la deuda. CT Radiology solicitó reconsideración de este dictamen, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Orden notificada el 22 de mayo de 2019. Inconforme, CT Radiology presentó un recurso de apelación el 24 de junio de 2019. El Tribunal de Apelaciones examinó el cumplimiento de los términos jurisdiccionales para apelar. Concluyó que el recurso de apelación fue presentado de forma tardía, excediendo el término de treinta días tras la notificación de la denegatoria de la reconsideración. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por José Gualberto Ortiz Camacho. El apelante solicitó la revisión y revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Un jurado lo había declarado culpable de infringir los Artículos 106 y 285 del Código Penal y el Artículo 5.05 de la Ley de Armas. La sentencia original impuesta fue de 124 años, 6 meses y 22 días de prisión. Tras evaluar los alegatos de las partes y las transcripciones del juicio, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo los cargos relacionados con hechos ocurridos en Caguas y Villalba en diciembre de 2011. También describe el proceso judicial, la prueba presentada y comienza a relatar el testimonio de testigos de cargo, como el hermano de una de las víctimas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de cobro de dinero entre Medical Card System Advantage, Inc. y Joel D. González Méndez. El apelante impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una suma de dinero. El recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones. La Sentencia del foro primario fue notificada el 20 de mayo de 2019. El término jurisdiccional de 30 días para apelar vencía el 19 de junio de 2019. El apelante presentó su recurso el 20 de junio de 2019, un día después del vencimiento. La presentación tardía de un recurso de apelación constituye un defecto fatal de jurisdicción. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y considerar este asunto de oficio. Por haber sido presentado fuera del término legal, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso. En consecuencia, se desestima la apelación por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por GEODATAPR INTERNATIONAL, INC. La empresa apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que descalificó su representación legal, el Lcdo. Edgardo Santiago Torres y su firma. Los apelados, AMAE, LLC. y Antonio A. Usero Quiñones, solicitaron la descalificación argumentando que el abogado había representado previamente a Usero Quiñones en un asunto relacionado, creando un conflicto de interés. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de descalificación tras una vista. GEODATAPR impugnó esta determinación, alegando la inexistencia de un conflicto o relación sustancial y errores en la apreciación de la relación abogado-cliente. El Tribunal de Apelaciones, acogiendo el recurso como certiorari, revisó el expediente. Finalmente, denegó la expedición del auto solicitado por GEODATAPR. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones confirma la descalificación del abogado y su firma previamente ordenada por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados presentados por Abraham García Santiago e Industrial & Marine Service y Stanley J. Castro Sánchez. Las apelaciones provienen de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre reivindicación de bien mueble y daños y perjuicios. El caso se centra en la posesión de un "food truck" que un contratista construía para el Sr. García Santiago y que fue abandonado en una propiedad arrendada a los demandados. El contratista dejó de pagar la renta y abandonó el local, dejando el vehículo allí. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda reivindicatoria del Sr. García Santiago. Además, le concedió \$15,000 por daños morales y \$5,000 en honorarios de abogado por temeridad contra los demandados. Ambas partes recurrieron la sentencia inicial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado en su totalidad.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de expropiación a la inversa. Los demandantes alegaron que obras de control de inundaciones construidas por el Estado Libre Asociado, como parte de un proyecto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., constituyeron una expropiación constructiva de su propiedad. Sostuvieron que un dique cercano a su terreno lo incluyó en un área inundable, inutilizándolo y requiriendo justa compensación. El Estado argumentó que el proyecto fue diseñado por el Cuerpo de Ingenieros, que no identificó la propiedad de los demandantes para expropiación, y que el terreno ya era propenso a inundaciones. El Estado también sostuvo que el proyecto no impidió el uso de la propiedad, aunque alteró el acceso. El caso había sido apelado previamente por un desestimación procesal, la cual fue revocada. El tribunal de primera instancia luego falló en contra de los demandantes sobre el fondo de su reclamo de expropiación inversa. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión final. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia, denegando así la solicitud de expropiación inversa de los demandantes.

Resumen: