Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 25)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una confiscación de vehículo. El Estado Libre Asociado apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró nula la confiscación de un vehículo Ford F-150. La confiscación se basó en alegadas violaciones a la Ley de Tránsito (regateo). El TPI concedió la sentencia sumaria a favor de Pentagon Federal Credit Union, propietario del vehículo, aplicando la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El foro primario determinó que, al haberse dictaminado "no causa para arresto" contra el conductor del vehículo en un procedimiento penal por la misma conducta, el vehículo no pudo haber sido utilizado en la actividad delictiva imputada. El ELA se opuso, argumentando que la determinación de "no causa" no impedía la confiscación civil y que la doctrina no aplicaba. El TPI denegó la reconsideración, reafirmando que el vehículo no estuvo envuelto en el delito imputado. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Eliezer Santana Báez presentó una Petición de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurso impugna una respuesta del DCR sobre el estado de su solicitud para participar en el Programa para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad y obtener pases familiares. El recurrente había solicitado la evaluación de su elegibilidad para el programa y la preparación de informes. El DCR le informó que su caso para referir a programas de desvío estaba en proceso de evaluación y que su expediente para pases familiares aún no había sido revisado. Inconforme, el Sr. Santana Báez alegó que el DCR no cumplió con el reglamento y basó sus determinaciones sin evidencia sustancial. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resuelve desestimar la petición de revisión.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Altea Properties, Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original involucra un contrato de arrendamiento entre Altea Properties y Bacoa Finca + Fogón que contenía una opción de compra sobre la propiedad arrendada. Bacoa demandó a Altea Properties por incumplimiento de contrato y daños, alegando que Altea terminó indebidamente el contrato tras Bacoa expresar su interés en ejercer la opción de compra. Altea Properties argumentó que la terminación fue válida debido a la falta de pago del canon de arrendamiento por parte de Bacoa y cuestionó la solvencia económica de Bacoa. Altea Properties también presentó una reconvención reclamando cánones de arrendamiento posteriores a la fecha de terminación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de Altea Properties, declaró Con Lugar la demanda de Bacoa, ordenó la celebración del contrato de compraventa y desestimó la reconvención de Altea. Altea Properties apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante Sentencia de 31 de enero de 2025, confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos consolidados. El primero es una revisión administrativa presentada por operadores de gasolineras y su asociación. Este recurso impugnaba la resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que aprobó una consulta de construcción para una estación de gasolina de VP Petroleum en Trujillo Alto. El segundo recurso es una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia del TPI había declarado Ha Lugar una moción de desestimación de la OGPe, desestimando una demanda/petición relacionada. El Tribunal de Apelaciones examinó ambos expedientes y el estado de derecho aplicable. Tras su análisis, el Tribunal confirmó ambos dictámenes recurridos. Con esta decisión, se valida la aprobación de la OGPe a VP Petroleum y la desestimación previa del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca apelado desde el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La apelación surge de una sentencia sumaria que declaró con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Fortaleza Equity Partners I, LLC. Los apelantes, Víctor Manuel Benitez Ortiz y otros, impugnaron la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, validando la actuación del TPI. Se determinó que la mediación no era necesaria bajo las circunstancias del caso. Además, se constató que, a pesar de los intentos, el proceso de mediación se dio por terminado sin acuerdos entre las partes. El Tribunal concluyó que los demandados no presentaron prueba documental ni de otra índole para controvertir los hechos alegados por la parte demandante en su moción de sentencia sumaria. Por estas razones, se ratificó la decisión del TPI de conceder la ejecución hipotecaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre impugnación de paternidad. El demandante, Emmanuel Rivera Rodríguez, apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha demanda buscaba impugnar la paternidad de un menor que él había reconocido en marzo de 2018. El demandante alegó que sus sospechas surgieron en julio de 2023 tras ver una publicación en redes sociales, lo que lo llevó a realizar pruebas de ADN negativas en agosto de 2023 y presentar la demanda en septiembre de 2023. La madre del menor planteó la defensa de caducidad de la acción. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda al concluir que el término para impugnar había expirado. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Determina que la prueba presentada en el juicio sustenta la conclusión del TPI respecto al punto de partida del término de caducidad para la presentación de la demanda de impugnación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso que enfrenta a detallistas de gasolina y entidades relacionadas contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y VP Petroleum, LLC. El litigio surge de la solicitud de consulta para establecer una estación de gasolina con tienda de conveniencia en Trujillo Alto, presentada por VP Petroleum. Los recurrentes impugnaron la Resolución de la OGPe que aprobó favorablemente dicha consulta. Adicionalmente, apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda y petición de interdicto estatutario relacionada con el mismo proyecto. El Tribunal de Apelaciones revisó ambos recursos, identificados con los códigos KLRA202400653 y KLAN202401157. Tras evaluar los expedientes y el estado de derecho, el panel judicial determinó confirmar ambos dictámenes recurridos. Esto valida la aprobación inicial de la OGPe y la desestimación del caso en el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Hogar Sanación, LLC. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que desestimó una demanda contra tercero. Dicha demanda fue instada por Hogar Sanación contra David Ramírez Rodríguez, Adalberto López Torres y su Sociedad Legal de Gananciales. La desestimación del foro primario se basó en la insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento y la alegada inexistencia de la SLG por estar casados bajo separación de bienes. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario. Se modifica la sentencia apelada. La modificación consiste en desestimar la demanda contra tercero, únicamente, en contra de la SLG. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia resolviendo tres recursos consolidados presentados por Alexis O. Hernández Arnaldy contra Engineered Parts and Services, Inc. Los recursos provienen de un litigio sobre incumplimiento de contrato, daños y despido injustificado, enfocado en la reclamación de comisiones impagadas. El apelante impugnó la desestimación de su reclamación de comisiones por el Tribunal de Primera Instancia, la imposición de honorarios de abogado y la imposición de costas. El foro primario desestimó la reclamación de comisiones al entender que el apelante intentó introducir una nueva teoría sobre su distribución durante el juicio, inconsistente con el caso. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial que desestimó la reclamación de comisiones. No obstante, revocó la Orden que impuso honorarios de abogado al apelante. Finalmente, confirmó la Orden del foro primario en cuanto a la imposición de costas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original trata sobre la nulidad de la institución de herederos, partición de herencia y daños y perjuicios tras el fallecimiento de Don Ricardo Cosme Rivera. Los demandantes originales impugnaron el testamento por preterición de herederos forzosos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) anuló la institución de herederos pero mantuvo las mandas y legados, declarando a los hijos y a la viuda como herederos en distintas porciones. Posteriormente, algunos herederos solicitaron al TPI que aclarara la distribución de los tercios de mejora y libre disposición y cómo la cuota viudal afectaba la herencia. La Resolución del TPI recurrida determinó que el tercio de mejora fue instituido universalmente a favor de Génesis Zolanis Cosme Maisonet, aplicándose a la totalidad del caudal. Además, resolvió que la cuota viudal usufructuaria de la viuda solo gravaría el tercio de libre disposición. Mildred Maisonet Torres y Génesis Z. Cosme Maisonet recurrieron esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto y revocar la determinación recurrida.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, la Sucesión de Emilio Ríos Dávila presentó un recurso de certiorari. La petición buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre sentencia declaratoria. Dicha determinación resolvió, parcialmente, una solicitud de descalificación de la representación legal de la parte demandante, Oliva Fernández Suárez y Nationwide Services Corp. El foro primario descalificó a la abogada solo de representar a la corporación, permitiéndole continuar como abogada de la accionista individual. La Sucesión peticionaria argumentó que el tribunal de instancia erró al no ordenar la descalificación total por existir serios conflictos de intereses. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones procedió a expresarse sobre la solicitud. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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Comparecen Jeromy Pietri Napoleoni y Ana Inés Napoleoni Medina apelando las sentencias de 139 años de prisión impuestas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Fueron declarados culpables el 17 de julio de 2023 por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022 en Ponce. Estos eventos resultaron en la muerte de Jancarlo Rivera Lugo y heridas a Jineyshka Cruz Bonilla. El Ministerio Público presentó siete acusaciones contra el señor Pietri Napoleoni y ocho contra la señora Napoleoni Medina. Las imputaciones contra Jeromy Pietri Napoleoni abarcan asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, delitos de armas de fuego y dos cargos de robo agravado. Se le acusa de ejecutar a Jancarlo Rivera Lugo por órdenes de su madre y de disparar y robar a Jineyshka Cruz Bonilla. La señora Napoleoni Medina fue acusada, entre otros cargos, de asesinato en primer grado por su participación concertada. La presente sentencia revisa la apelación y anticipa la confirmación de los pronunciamientos recurridos.

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Comparecen Jeromy Pietri Napoleoni y Ana Inés Napoleoni Medina ante este tribunal apelativo solicitando la revocación de las Sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dichas sentencias, emitidas el 6 de septiembre de 2023, resultaron de fallos de culpabilidad el 17 de julio de 2023. Fueron condenados a cumplir 139 años de prisión por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022 en Ponce. Estos hechos incluyeron el asesinato de Jancarlo Rivera Lugo y la tentativa de asesinato contra Jineyshka Cruz Bonilla. El señor Pietri Napoleoni enfrentó múltiples cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas y robo agravado. La señora Napoleoni Medina fue acusada de asesinato en primer grado, actuando en concierto con su hijo y ordenando la muerte de la víctima. El tribunal de primera instancia los encontró culpables mediante un Tribunal de Derecho. Este tribunal apelativo anticipa confirmar las Sentencias recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que impuso una multa a un funcionario. La OEG sancionó al funcionario por intervenir en la otorgación de cuatro contratos a su prima hermana mientras era administrador de ASSMCA. Esta acción se consideró una infracción al Artículo 4.2(h) de la Ley 1-2012, al no solicitar autorización previa de la OEG. El funcionario negó una relación cercana, afirmó desconocer que ella era contratista y alegó que no intervenía directamente en las contrataciones. Durante el proceso administrativo, el funcionario objetó los requerimientos de descubrimiento de prueba de la OEG. Ante su reiterado incumplimiento con las órdenes de la OEG, se le anotó la rebeldía. La OEG procedió por la vía sumaria e impuso la multa. El Tribunal de Apelaciones validó la anotación de rebeldía por el incumplimiento del recurrente. Además, determinó que el funcionario no presentó una defensa viable en derecho sobre los méritos de la imputación. Por tanto, la sentencia confirma la multa impuesta por la OEG.

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Martel, Inc. presentó una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la adjudicación de la Subasta Núm. 2025-026 por parte del Municipio de Trujillo Alto. Martel alegó errores en el proceso de licitación y la puntuación de las propuestas. El Municipio solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que la Junta de Subastas había cancelado la adjudicación original de la subasta después de que Martel presentara su impugnación. Esta cancelación, según el Municipio, tornaba el caso en académico. Martel se opuso a la desestimación. El Tribunal analizó la doctrina de la academicidad, que impide resolver controversias cuya solución no tendría efectos prácticos. Determinó que la cancelación de la adjudicación eliminó la controversia que Martel buscaba revisar. Concluyó que el recurso se había vuelto académico. Por tanto, el Tribunal desestimó la revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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Se trata de una Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones presentada por Ada Nieves Fernández contra el Departamento de la Familia. El caso surge de una reclamación del Departamento por beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibidos en exceso por la señora Nieves Fernández, ascendiendo a más de \$28,000 por un periodo extenso. La reclamación se originó, en parte, por no notificar la mudanza de su hija. Tras apelar la reclamación, se celebró una vista administrativa ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Oficial Examinadora emitió su informe y la Junta Adjudicativa confirmó la reclamación de cobro. La recurrente impugna la resolución de la Junta Adjudicativa, alegando principalmente que esta incumplió los términos reglamentarios y legales para emitir el informe del Oficial Examinador y la resolución final. Señala que el informe se emitió 500 días después de la última vista, superando con creces los 30 y 90 días establecidos en el Reglamento Núm. 7757 y el término general de 6 meses de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver la controversia planteada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Ónix Ramón Barreto Torres. Barreto Torres recurrió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de múltiples delitos. Los cargos incluían Asesinato en Primer Grado, Secuestro Agravado y varias infracciones a la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2019, involucrando un ataque y secuestro. El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a un total de 237 años de reclusión. La prueba desfilada en el juicio incluyó el testimonio de un testigo que identificó al apelante a pesar de llevar una máscara. Tras revisar el caso, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Michelle G. Miller. La peticionaria solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de relevo de sentencia en rebeldía y paralización de ejecución. La sentencia en rebeldía fue dictada en un caso de cobro de dinero iniciado por Urbana General Contractor, LLC. La demandante solicitó emplazamiento por edicto tras alegados intentos fallidos de servicio personal. La peticionaria argumentó que había comunicado al emplazador que contactara a sus abogados. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía y dictó sentencia en su contra. Posteriormente, el foro primario declaró no ha lugar su solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de Certiorari y revoca la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso presentado por RedMane Technology, LLC contra el Departamento de Salud (DSPR) y D2Sol, Inc. RedMane impugnó la adjudicación de la propuesta número 2024-PRMP-MES-EE-004, mediante la cual el DSPR otorgó a D2Sol la buena pro para el control y operación del sistema Cúram del Programa Medicaid. RedMane alegó que D2Sol no era un proponente responsable ni responsivo. Al examinar la notificación de adjudicación emitida por el DSPR, el Tribunal encontró que esta no cumplió con las exigencias del debido proceso de ley para este tipo de notificaciones. Debido a este incumplimiento procesal, el Tribunal determinó que el recurso de revisión judicial era prematuro. Por tanto, se desestimó el recurso presentado por RedMane. El caso fue devuelto al DSPR. El organismo administrativo deberá emitir y notificar nuevamente la adjudicación del Request for Proposal concernido, cumpliendo con los requisitos legales aplicables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en sentencia del 31 de enero de 2025, atendió una revisión administrativa instada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La CFSE solicitaba revocar una resolución de la Comisión Industrial que reconoció a la Sra. Palmira O’Neill González el derecho a recibir beneficios por Incapacidad Total Permanente debido a una condición emocional. La Sra. O'Neill presentó su reclamación en 2010 por una enfermedad ocupacional que incluía síntomas orgánicos y emocionales. La CFSE otorgó inicialmente incapacidades parciales por ambas condiciones, determinando que se había alcanzado el pago máximo de compensación. Insatisfecha, la Sra. O'Neill apeló ante la Comisión Industrial, la cual, tras evaluar el caso y obtener informes médicos, le reconoció la incapacidad total permanente por la condición emocional. La CFSE recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por la Comisión Industrial.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Norfe Group Corp. apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso original trataba sobre una demanda de Norfe contra QBE Insurance Corp. y Óptima Seguros por incumplimiento de contrato de seguros tras los daños causados por el Huracán María y actos de vandalismo. En primera instancia, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Óptima Seguros y desestimó la causa de acción de Norfe. Norfe presentó su apelación buscando revocar dicha sentencia. Sin embargo, Norfe incumplió con el requisito de notificar al foro primario dentro del término estricto de setenta y dos horas tras presentar el recurso, según la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ante este incumplimiento procesal, el Tribunal de Apelaciones desestimó la Apelación presentada por Norfe. La sentencia detalla el tracto procesal en el foro primario, incluyendo las mociones de sentencia sumaria presentadas por Óptima Seguros y Norfe. La desestimación de la apelación se basó en un tecnicismo procesal, no en los méritos de la reclamación original sobre el contrato de seguros.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Enrique Alejandro Figueroa solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimación. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por José Oscar Hernández Crespo y Yeisha Margarita Morales Ferrer. La controversia principal gira en torno a la validez y oportunidad del emplazamiento del señor Figueroa, particularmente mediante edicto. Existió un recurso previo ante este Tribunal y el Tribunal Supremo que revocó una autorización inicial para emplazar por edicto por diligencias insuficientes. Tras agotarse los recursos sobre esa decisión, la parte demandante solicitó nuevamente emplazar por edicto, alegando un nuevo término para emplazar y que el demandado se ocultaba. El señor Figueroa se opuso y pidió la desestimación del caso, argumentando que la sentencia previa impedía un nuevo intento de emplazamiento y que el término había expirado. El TPI denegó la solicitud de desestimación del señor Figueroa. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por el señor Figueroa. Sin embargo, confirma la resolución del TPI que denegó la desestimación, permitiendo la continuación del caso.

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El Tribunal de Apelaciones deniega un auto de certiorari presentado por Carlos Augusto Mojica Cotto y Ruth Esther Rodríguez Pagán. El recurso surge de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por FirstBank, donde se dictó sentencia en rebeldía contra los peticionarios. Dicha sentencia resultó en la ejecución hipotecaria de su vivienda tras alegada incomparecencia a mediación y emplazamiento. Los peticionarios solicitaron relevo de sentencia en el foro primario, argumentando falta de notificación, inexistencia de la deuda y su condición de adultos mayores. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de relevo y la reconsideración. Los peticionarios recurrieron en certiorari, imputando errores al tribunal de instancia por no conceder el relevo, no proteger su hogar y validar la sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por Popular Auto LLC contra Brian Santos Ortiz. Santos Ortiz, demandado por incumplimiento de un préstamo de auto, presentó una Demanda Contra Tercero contra Christian Concepción De Jesús. Alegó que acordó venderle el vehículo a Concepción De Jesús, quien asumiría el pago de la deuda con Popular Auto, pero este incumplió y desmanteló el auto. Concepción De Jesús solicitó la desestimación de la demanda en su contra, argumentando que el acuerdo era ilícito y sin consentimiento del acreedor. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la Demanda Contra Tercero con perjuicio, concluyendo que el pacto entre Santos Ortiz y el tercero demandado era contrario a la ley y carecía del consentimiento de Popular Auto. Inconforme, Santos Ortiz apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia sobre la aprobación de una consulta de construcción para una estación de gasolina en Dorado. El Municipio Autónomo de Dorado y Dorado Health Group, LLC apelaron una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que confirmó la aprobación inicial. Integrated Commercial Developers, LLC solicitó la consulta para el proyecto en un distrito industrial liviano. Dorado Health Group objetó la proximidad a su proyecto de hospital/escuela, alegando incumplimiento con distancias reglamentarias y posible impacto en acreditaciones. El Municipio de Dorado también se opuso, argumentando que el proyecto no cumplía con las distancias aplicables a una Ruta Escénica colindante. La Junta Adjudicativa de la OGPe había determinado que el uso era ministerial y que el proponente demostró cumplimiento con todas las disposiciones, incluyendo las distancias al proyecto de hospital que no estaba radicado al momento de la consulta. La resolución de la OGPe confirmó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Resolución de Revisión Administrativa recurrida.

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Christian M. Bello Colón, confinado, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su solicitud de reconsideración de sentencia. El peticionario alegó que su pena de cinco años por infringir la Ley de Armas (Art. 5.04) fue excesiva, pues desconocía una pena más favorable de dos años bajo la Regla 72 de Procedimiento Criminal al momento de su alegación de culpabilidad. Sostuvo que la sentencia obviaba este término menor. El foro primario denegó la reconsideración indicando que la pena se dictó conforme al acuerdo entre las partes. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, notando la ausencia de la sentencia y el acuerdo en el apéndice. Tras revisar el escrito, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante Certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal contra Alfonso Torres Torres. Torres Torres enfrenta cargos por violación al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito, relacionados con embriaguez. La intervención inicial se basó en una supuesta infracción al Artículo 6.06 (conducir entre carriles). Torres Torres solicitó la supresión de la prueba de embriaguez, alegando falta de motivos fundados para la detención. El agente interventor testificó haber observado al vehículo de Torres Torres desplazarse en zig-zags y cruzar la línea divisoria en una carretera de dos vías. El Tribunal de Primera Instancia denegó la supresión, concluyendo que el agente tuvo motivos fundados basados en la observación de la conducta del vehículo. Torres Torres recurre, argumentando que el propio testimonio del agente indica que la carretera en el punto de la intervención no tenía los carriles debidamente marcados requeridos por el Artículo 6.06. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la detención inicial fue legalmente justificada.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación sobre una demanda de nulidad de disolución de sociedad civil y compraventa de inmueble. El demandante alegó que sus socios vendieron indebidamente una propiedad de la sociedad sin su consentimiento unánime, incumpliendo deberes fiduciarios. La demanda incluyó a los socios, la sociedad, el comprador, entidades financieras y otros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones contra algunos demandados relativas a la validez de la compraventa basándose en las alegaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar dichas reclamaciones. El Tribunal razonó que la disputa interna entre los socios sobre la venta no afecta la validez de la transacción misma. Por tanto, la única causa de acción viable concierne a la relación interna y los deberes entre los socios de la entidad vendedora. El juicio confirma la desestimación de las reclamaciones que impugnaban la validez de la transacción frente a terceros.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia sobre recursos de revisión administrativa presentados por el Municipio Autónomo de Dorado y Dorado Health Group, LLC. Los recursos impugnaban una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la OGPe que confirmó la aprobación de una consulta de construcción. Dicha consulta, solicitada por Integrated Commercial Developers, LLC, buscaba permiso para desarrollar una estación de gasolina en Dorado. Los recurrentes se opusieron al proyecto, alegando Dorado Health Group que la proximidad afectaría su proyecto hospitalario y el Municipio que no cumplía con distancias reglamentarias cerca de una Ruta Escénica. La Junta Adjudicativa de la OGPe determinó que el uso era ministerial y que el proyecto cumplía con las disposiciones aplicables, incluyendo las distancias a la escuela proyectada como parte del hospital. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de Revisión Administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Dicha resolución denegó una solicitud de relevo de sentencia presentada por Alacena Marina LLC y Carlos J. Zayas Pérez. El caso original es un cobro de dinero instado por B2B Factoring Investments LLC. Las partes habían presentado inicialmente una petición conjunta para que se dictara una sentencia por consentimiento, basada en el incumplimiento de contratos de compraventa de ingresos futuros y garantía personal. El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia por consentimiento solicitada. Posteriormente, los peticionarios buscaron dejar sin efecto esa sentencia. Al ser denegada su solicitud de relevo, acudieron al Tribunal de Apelaciones, el cual expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.

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Recurso de apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una moción de sentencia sumaria en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La apelante, Sarah Soto Pérez, solicita la revocación de dicha Sentencia que le ordenó el pago de la deuda hipotecaria. Un punto central de la decisión apelada fue determinar que el inmueble hipotecado no era la residencia principal de la apelante, concluyendo que no estaba cubierta por la mediación compulsoria de la Ley Núm. 184-2012. El Tribunal de Apelaciones considera que la aplicación de esta ley plantea un asunto jurisdiccional prioritario. El historial procesal incluye la demanda original, la solicitud de mediación por la apelante, el referido a mediación por el TPI, y la conclusión de la mediación por desistimiento. También se presentó una solicitud de sentencia sumaria por el acreedor, a la cual la apelante buscó oponerse solicitando documentos. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, tras evaluar los asuntos, resolverá Revocar la Sentencia apelada.

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Ante el Tribunal de Apelaciones comparece Kristen Meyer Easiley mediante certiorari para dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha Orden, emitida el 15 de enero de 2025, aceptó la fianza prestada por Ismael Mena Velázquez, la parte recurrida, a pesar de que la peticionaria alegó que fue presentada fuera de los términos establecidos. El caso original es un pleito de desahucio en precario iniciado por Mena Velázquez, quien reclama ser dueño de una propiedad en Isabela ocupada por Meyer Easiley sin su consentimiento desde 2021, solicitando el desalojo y daños. En el curso del proceso, la peticionaria solicitó que el recurrido, como no residente, prestara una fianza para garantizar costas y honorarios, conforme a la Regla 69.5. El foro primario ordenó al recurrido prestar una fianza de \$1,000, paralizando los procedimientos. El recurrido intentó cumplir solicitando la transferencia de una fianza de un caso previo, a lo que la peticionaria se opuso. La Orden recurrida aceptó la fianza del recurrido. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega el recurso de certiorari presentado por la peticionaria.

Resumen:

Víctor David Rodríguez Rivera apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Sentencia apelada declaró Ha Lugar una solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Oriental Bank. El caso original es de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Oriental Bank contra el apelante. El proceso en instancia incluyó la alegación responsiva del apelante, incidencias sobre su representación legal y un intento de mediación que no tuvo éxito. Tras fracasar la mediación, el foro primario procedió a adjudicar la moción de sentencia sumaria. El TPI emitió la Sentencia que concedió la sentencia sumaria a favor de Oriental Bank, la cual fue notificada el 15 de noviembre de 2024. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su Sentencia del 29 de enero de 2025, desestima el recurso de apelación instado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La peticionaria, Clinical Medical Services, Inc., solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de acoso laboral y daños incoado por Norma Vélez Soto. La demandante alegó discrimen y represalias por solicitar una exención médica. La decisión recurrida, emitida el 22 de octubre de 2024, extendió el término para el descubrimiento de prueba. Sin embargo, dicha decisión limitó la cantidad de deposiciones que la parte peticionaria podía tomar. Clinical Medical Services, Inc. argumentó que la demandante había dilatado la entrega de documentos necesarios para las deposiciones. La peticionaria había solicitado previamente compeler el descubrimiento y extender los términos. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la producción de documentos y autorizado una deposición. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por Clinical Medical Services, Inc. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y alimentos. El apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda, ordenó la entrega de una menor a la apelada y autorizó a esta a regresar con la niña a Massachusetts, disponiendo que futuras controversias se resolvieran allí. El apelante presentó simultáneamente un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y una solicitud de reconsideración ante el foro primario. Al momento de presentarse la apelación, la solicitud de reconsideración aún no había sido resuelta por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones determina que el recurso es prematuro, ya que la controversia no está madura al estar pendiente la reconsideración en el foro primario. La pendencia de la reconsideración priva de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones para revisar la sentencia apelada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación y la solicitud de auxilio de jurisdicción. Esta desestimación no impide la presentación de un nuevo recurso una vez el tribunal de instancia resuelva la solicitud de reconsideración.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión judicial instada por Carmelo Cariño Figueroa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, sentenciado a 99 años bajo el Código Penal de 1974, reclama que el DCR no le ha aplicado bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Alega que estas bonificaciones deberían reducir su mínimo de sentencia para elegibilidad a libertad bajo palabra de 25 a 20 años. Tras agotar los remedios administrativos, donde el DCR denegó su petición indicando que la Ley 85-2024 fue aplicada pero su mínimo es 25 años, acude al Tribunal. El recurrente solicita la aplicación de la Ley Núm. 85-2024 y la Ley Núm. 87-2020. El Tribunal examina el caso considerando el Artículo 11 del Plan de Reorganización 2-2011, enmendado por la Ley 87-2020. Dicho artículo regula las bonificaciones, pero contiene una exclusión específica para las condenas de noventa y nueve (99) años. La sentencia detalla el historial del caso y el marco legal relevante para resolver la controversia sobre la aplicación de bonificaciones a la sentencia del recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre un recurso de revisión administrativa procedente del Departamento de Estado. El caso subyacente involucra una disputa sobre cancelación de marca y el descubrimiento de prueba. La parte recurrente impugna una resolución parcial del Departamento de Estado que resolvió desacuerdos sobre requerimientos de admisiones. La controversia en el foro administrativo giró en torno a la aplicabilidad de la cosa juzgada a dichas admisiones. El Departamento de Estado emitió una orden parcial sobre el asunto, la cual fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones tras denegarse la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisa su facultad para conocer de decisiones administrativas. Concluye que su jurisdicción se limita a órdenes o resoluciones administrativas finales, conforme a la ley y la jurisprudencia aplicable. Determina que la resolución apelada es de carácter parcial y no final, pues no resuelve la totalidad del procedimiento administrativo. Al no tratarse de una decisión final, el Tribunal carece de jurisdicción para revisarla en este momento. Por tanto, el recurso de revisión administrativa es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Miguel A. Mejías Ortiz, miembro de la población correccional, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras ser denegada su solicitud de participación en un Programa de Reinserción Comunitaria por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La denegación se basó en que las víctimas del delito aún no habían sido entrevistadas, requisito establecido en la reglamentación pertinente. El recurrente argumentó que no debía ser afectado por la falta de entrevista a las víctimas y que el intento de contacto debía ser suficiente para su evaluación. El Tribunal aplicó deferencia a la decisión administrativa, la cual se presume correcta. Tras revisar el Reglamento del Programa, el Tribunal concluyó que la interpretación del Departamento, que requiere entrevistar a la víctima cuando aplique antes de determinar la elegibilidad, es correcta y razonable. Por tanto, el Tribunal confirmó la decisión impugnada al no encontrar razón para intervenir con la determinación administrativa.

Resumen:

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra el Sr. Elí Díaz Atienza, expresidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Se le imputó violar la Ley Orgánica de la OEG al supuestamente autorizar a un subalterno a usar un vehículo oficial para transportarse entre su residencia y lugar de trabajo. La OEG alegó que esto resultó en la pérdida de fondos públicos por gastos de peaje, gasolina y mantenimiento. Ambas partes, OEG y el Sr. Díaz Atienza, solicitaron sentencia sumaria a su favor. El Sr. Díaz Atienza negó haber autorizado uso personal, argumentó que la autorización fue para un fin público y cuestionó la interpretación legal de la OEG y su responsabilidad fiscalizadora. La OEG sostuvo tener evidencia suficiente de las conductas imputadas. La Oficial Examinadora determinó que existían controversias de hechos esenciales, particularmente sobre la jornada laboral del empleado y aspectos de su puesto. Por ello, la Oficial Examinadora denegó las solicitudes de sentencia sumaria, concluyendo que el caso requería una vista evidenciaría para su resolución.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia parcial en un pleito de liquidación de comunidad de bienes entre Alexandra López Santos y Adrián García Santos. La controversia principal surgió sobre el régimen económico aplicable a la división de un inmueble adquirido durante un matrimonio bajo separación de bienes. El señor García Santos presentó una reconvención alegando que el matrimonio se comportó como una sociedad de gananciales y buscando incluir una corporación en la liquidación. La misma alegación sobre la corporación estaba pendiente en otro caso. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el régimen aplicable era el de separación de bienes. Posteriormente, desestimó la reconvención sobre la corporación por duplicidad con el otro pleito. El señor García Santos apeló, argumentando errores al desestimar la reconvención, no consolidar los casos y excluir la corporación como bien divisible. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario, considerando las reglas sobre consolidación de pleitos y la discreción judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de Certiorari presentado por Omar Sánchez Molina. El Peticionario impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción al amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal. Dicha moción solicitaba un nuevo juicio tras su convicción en 2006 por asesinato en primer grado y otros delitos. Sánchez Molina argumentó que la prueba no justificaba el veredicto, que los testimonios fueron preparados y que hubo parcialidad judicial. El foro primario denegó la solicitud de nuevo juicio mediante Resolución de 24 de noviembre de 2024. Inconforme, el Peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones señalando varios errores relacionados con la suficiencia de la prueba y la imparcialidad del proceso original. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de Certiorari. Considerando la naturaleza discrecional de este remedio, el Tribunal resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Gisela Ferrer Álvarez contra Ezequiel Rodríguez Rivera. La petición impugnaba una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, en un caso sobre custodia, relaciones paternofiliales y alimentos. La Orden recurrida dispuso que las partes recibieran terapia para mejorar su comunicación. La controversia original inició con la demanda de la peticionaria solicitando custodia monoparental, alegando problemas de comunicación y fallas del recurrido. El recurrido presentó reconvención, enfocándose en la disputa sobre el cambio de escuela de la menor. El foro primario había referido previamente el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia para evaluación. Tras considerar la Petición de Certiorari que cuestionaba la orden de terapia, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico instó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce. El Pueblo solicitaba revocar una Minuta de vista en la que el TPI denegó su petición para revocar la probatoria de Roberto Rodríguez Calderín en un caso bajo la Ley 54. Alegó que el TPI abusó de su discreción al no revocar la probatoria a pesar de la prueba de incumplimiento. El señor Rodríguez Calderín presentó una oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el certiorari. La desestimación se basa en consideraciones jurisdiccionales relacionadas con la naturaleza de la Minuta como documento recurrible. El Tribunal explica que, conforme a la Regla 32(b), una Minuta solo activa los términos para recurrir si incluye una resolución u orden firmada por el juez y es debidamente notificada a las partes. Se enfatiza el deber del tribunal de velar por su jurisdicción.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Lina P. Del Toro Zapata y Raymond Frías, quienes solicitan un recurso de Certiorari. Piden la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó sus solicitudes de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Humberto Vizuete Lorenzo y Loalys Ramos Rosario por incumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción de compra y daños y perjuicios. Los demandantes alegaron que los peticionarios impidieron la compraventa de mala fe, mientras que los peticionarios reconvinieron solicitando el desahucio. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria, argumentando sobre la caducidad de la opción y la existencia de mala fe. El foro primario declaró No Ha Lugar ambas peticiones al encontrar controversias de hechos esenciales. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, denegó expedir el recurso de Certiorari.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un proceso de cobro de dinero iniciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quebrada contra Javier Cordero Torres y otros. Tras obtener sentencia a su favor en 2015, la Cooperativa solicitó y obtuvo autorización para ejecutarla mediante embargo. Años después, en 2024, la Cooperativa pidió continuar los trámites de ejecución y presentó un nuevo señalamiento de bienes, alegando gestiones infructuosas para identificar activos. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente autorizó nuevamente la ejecución y desglosó los bienes señalados. Sin embargo, posteriormente emitió otra orden declarando No Ha Lugar el señalamiento de bienes, argumentando que habían transcurrido más de cinco años desde la sentencia original. La Cooperativa recurrió en certiorari, señalando la inconsistencia de las decisiones del foro primario. El recurrido no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y revoca la determinación recurrida que denegó el señalamiento de bienes.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Marla Bonilla González. La Peticionaria impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que levantó una anotación de rebeldía contra The Elevance Health Companies of Puerto Rico, LLC d/b/a MMM. La rebeldía se anotó porque MMM no contestó a tiempo una querella laboral por acoso y represalias bajo la Ley Núm. 2-1961. El caso experimentó un traslado temporal a un foro federal, regresando luego al tribunal estatal. MMM argumentó que la rebeldía fue anotada sin jurisdicción mientras el caso estaba en el foro federal. El Tribunal de Primera Instancia levantó la rebeldía y permitió a MMM presentar su contestación. La Peticionaria recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto valida la decisión del foro primario de levantar la anotación de rebeldía contra la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de división de herencia. La Peticionaria, Myriam Valderrama Corez, presentó un recurso de "Certiorari" contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden denegó su solicitud de reconsideración sobre el archivo del caso. El Recurrido, Samuel Valderrama Corez, había solicitado el archivo sin perjuicio de su demanda original. El Tribunal de Primera Instancia concedió el archivo, dejando sin efecto los trámites. La Peticionaria argumentó en su reconsideración que sus reconvenciones por indignidad contra el Recurrido debían subsistir y que su conducta merecía sanción. Tras la denegatoria de reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual, mediante esta Resolución, deniega el recurso de "Certiorari".

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La apelación fue interpuesta por Saint Mary Investments, LLC contra Wilfredo Denton Morales y otros. Saint Mary había demandado por incumplimiento de un contrato de opción de compraventa sobre dos inmuebles. Alegó que el contrato original de un año fue prorrogado mediante acuerdos posteriores debido a problemas registrales. Saint Mary reclamaba cumplimiento específico, daños y costos por mejoras. Los demandados solicitaron la desestimación, argumentando que el contrato había caducado antes de la presentación de la demanda. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de desestimación. Saint Mary apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Este caso revisa la impugnación de una subasta de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) para adquirir carros de documentación. Universal Care, que presentó una oferta más económica y con mayor garantía, recurrió la decisión de ASEM de adjudicar la subasta a G-Med. ASEM justificó su decisión basándose en la supuesta inefectividad del tiempo de respuesta de Universal Care en reclamaciones de garantía de compras anteriores. Universal Care argumentó que los problemas pasados se debieron a una marca de equipo diferente a la ofrecida en esta subasta y que el servicio para la marca relevante había sido eficiente. El Tribunal de Apelaciones encontró que ASEM adjudicó la subasta a un licitador que no fue el más económico ni ofreció la mayor garantía. La corte determinó que ASEM no proporcionó una explicación razonable para su decisión. Por lo tanto, el tribunal concluyó que la determinación de la agencia debía ser dejada sin efecto. La sentencia revoca la adjudicación de la subasta.