Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 239)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Bella International, LLC h/n/c Honda de Ponce demandó a Brenda Luz Rodríguez Sambolín y otros por una deuda relacionada con un vehículo tomado en "trade-in". El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que Honda de Ponce cometió un error al verificar el balance de cancelación. Honda de Ponce apeló esta Sentencia. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El apelante presentó una moción de reconsideración ante el foro primario pero instó el recurso de apelación antes de que dicha moción fuera resuelta. Conforme a las reglas de procedimiento, el término apelativo no comienza a contarse de nuevo hasta la notificación de la resolución sobre la moción de reconsideración. Por tanto, el recurso fue presentado prematuramente, resultando en la desestimación por incumplimiento de los requisitos jurisdiccionales.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901109. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre la división de una comunidad hereditaria y reclamaciones de daños y perjuicios. Los apelantes impugnaron la Segunda Sentencia Enmendada del foro primario que realizó la partición de la herencia de Bonifacia Figueroa Solís y desestimó otras reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente del caso. Tras la evaluación, el tribunal determinó que carece de jurisdicción para conocer de la apelación presentada. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella por despido injustificado presentada por el Secretario del Trabajo en representación de Elsie Alicea Sánchez. La Sentencia apelada ordenó a Menonita General Hospital, Inc. pagar \$48,189.48 en indemnización. La señora Alicea alegó haber sido despedida sin justa causa tras trabajar para Comerío Medical y/o Menonita desde 1997 hasta 2015, argumentando que Menonita es responsable como adquirente de un negocio en marcha. Menonita apeló, negando el despido injustificado y la adquisición de un negocio en marcha, sosteniendo que la señora Alicea tuvo un contrato temporero con ellos y que solo compraron activos a Comerío Medical, que cesó operaciones. Comerío Medical, por su parte, alegó que la señora Alicea no era su empleada al momento del despido y que la corporación fue disuelta. Menonita solicitó sentencia sumaria, reiterando que no hubo traspaso de negocio en marcha, lo cual fue objetado por la señora Alicea, quien afirmó que persisten controversias fácticas sobre este punto. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los méritos del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Oriental Financial Services, Corp. demandó a su antiguo cliente, Francisco Fontánez Mulero, por incumplimiento de contrato. Oriental buscaba el cumplimiento específico de un alegado acuerdo transaccional verbal. Este acuerdo se habría alcanzado durante la mediación de una reclamación que Fontánez presentó contra Oriental ante FINRA por pérdidas en inversiones. Oriental alegó que pactaron un pago de \$110,000, pero Fontánez se negó a firmar el acuerdo escrito, exigiendo una suma mayor. El cliente solicitó la desestimación, argumentando que el TPI carecía de jurisdicción, pues FINRA requiere acuerdos escritos y las partes se sometieron a arbitraje. El TPI desestimó la demanda, concluyendo que la sumisión a FINRA impedía litigar el acuerdo en los tribunales. Oriental apeló, cuestionando los requisitos formales del acuerdo y la aplicación de las reglas de FINRA. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al desestimar, afirmando que sí tiene jurisdicción para determinar la existencia y el incumplimiento del alegado contrato verbal y proveer un remedio.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Scotiabank de Puerto Rico y una Asociación de Propietarios. La controversia surge por la responsabilidad del banco sobre cuotas de mantenimiento adeudadas tras adquirir una propiedad en subasta hipotecaria. Scotiabank alegó ser un adquiriente involuntario bajo la Ley 119-2016, exento de pagar deudas anteriores a su adquisición. La Asociación sostuvo que una condición restrictiva inscrita obliga a todo adquiriente a responder solidariamente por las deudas. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que Scotiabank era un adquiriente voluntario al adquirir en la primera subasta, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo. Determinó además que la Ley 119-2016 no aplicaba retroactivamente a la fecha de adquisición de la propiedad. Concluyó que Scotiabank debía pagar la totalidad de las cuotas de mantenimiento adeudadas. Scotiabank apeló, argumentando que el tribunal de instancia incurrió en error al aplicar jurisprudencia posterior a la adquisición mientras negaba la retroactividad de la Ley 119-2016. La apelación busca dejar sin efecto la sentencia que le impone el pago total de las deudas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación surge de la desestimación de la demanda contra Héctor O. González Ramos mediante la concesión de una solicitud de Non Suit. La demandante, Yelitza González Crespo, alegó haber sido víctima de maltrato físico y emocional por parte del demandado. Tras presentar su prueba en el juicio, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la evidencia era insuficiente y concedió el Non Suit. La apelante argumenta que el tribunal erró al aplicar el estándar de prueba y al conceder la desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisará si la prueba presentada por la demandante fue suficiente para establecer un caso prima facie. La sentencia discute la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil y el estándar para evaluar una moción de Non Suit. Se señala que la prueba del demandante debe ser considerada en su parte más favorable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre la apelación presentada por la Cooperativa de Viviendas Los Robles contra Lourdes Marie Navarro Marrero. La Cooperativa buscaba revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su caso sin perjuicio por haber sido instado prematuramente. El TPI determinó que la resolución interna de la Cooperativa no notificó adecuadamente a la señora Navarro Marrero su derecho a una vista ante la Junta de Directores. La notificación fue considerada vaga al no especificar si ella debía solicitar la vista o si la cooperativa la señalaría. El Tribunal de Apelaciones coincidió en que esta falta de claridad constituía una notificación inadecuada. Argumentó que, debido a la vaguedad, la decisión de la Cooperativa aún no había surtido efecto ni era ejecutable, y los términos para procedimientos posteriores no habían comenzado. Por lo tanto, la acción legal ante el TPI fue presentada antes de tiempo. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado, confirmando la desestimación del caso por prematuridad.

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Michael T. White apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato por parte de Mapfre en el manejo de una reclamación de daños tras el Huracán María. White reclamaba compensación por daños a su propiedad y sufrimientos mentales, argumentando que el pago recibido de \$10,210 era insuficiente y parcial. Mapfre sostuvo que la póliza solo cubría propiedad personal y que el cheque emitido por \$10,210 constituía un pago total y definitivo de la reclamación. La aseguradora presentó el cheque, cuyo reverso indicaba claramente que el endoso significaba la liquidación total de la obligación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el endoso y cobro del cheque por parte de White, sin objeción, constituyó una aceptación en finiquito. Por tanto, el TPI resolvió sumariamente el caso a favor de Mapfre. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de apelación de Luis M. De Jesús Cepeda, quien comparece por derecho propio tras ser convicto y sentenciado a 59 años de prisión. El apelante presentó un escrito solicitando revisión y abogado de oficio. Sin embargo, el Tribunal determinó que el escrito no cumple con la Regla 26(C) de su Reglamento. El documento carece de copia de alguna resolución o decisión del Tribunal de Primera Instancia que pueda ser objeto de revisión judicial. Tampoco elabora señalamientos de error ni discute dictamen alguno impugnado. El Tribunal reitera que, aunque se permita la comparecencia por derecho propio, los litigantes deben cumplir con las reglas procesales. La falta de los requisitos impide al Tribunal auscultar su jurisdicción e identificar el asunto a revisar. Por tanto, el Tribunal concluye que no puede atender el escrito ni brindar remedio alguno. Se desestima el escrito presentado conforme a la Regla 83(C) del Reglamento.

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El Tribunal de Apelaciones deniega expedir un auto de certiorari solicitado por los peticionarios Roberto Pérez Ramírez y otros. Los peticionarios buscaban la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar una Moción de Reconsideración en un procedimiento de ejecución de sentencia. El caso original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico. Tras la falta de contestación de los peticionarios, se dictó sentencia en rebeldía y se ordenó la ejecución. A pesar de varios intentos de los peticionarios para paralizar o reconsiderar el proceso, incluyendo una solicitud de desestimación y mociones de reconsideración, la subasta se llevó a cabo y la propiedad fue adjudicada al banco. La solicitud de certiorari se presenta para revisar una decisión posterior a la adjudicación relacionada con la ejecución. El Tribunal de Apelaciones concluye que no procede expedir el auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por 3RG Group, Corporation. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda de mandamus y sentencia declaratoria. La acción original buscaba compeler al Secretario de Hacienda a atender una solicitud de crédito contributivo. El Departamento de Hacienda (DH) denegó la solicitud antes de que el TPI resolviera. El TPI desestimó el caso por considerarlo académico, al haber la agencia actuado sobre la petición. Determinó que no le competía evaluar los méritos de la decisión administrativa y que el apelante debía agotar los remedios disponibles en la agencia. El apelante recurre, señalando que el TPI erró al aplicar la doctrina de academicidad y al no revocar la determinación de DH. La resolución discute la doctrina de academicidad y su aplicación en el contexto de la revisión judicial de actos administrativos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900545. El apelante, José Franco Vélez, solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha sentencia lo declaró culpable por infringir el Art. 7.02 de la Ley Núm. 22-2000, Ley de Vehículos y Tránsito, por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. La intervención inicial ocurrió por cruzar entre carriles, tras lo cual el agente notó signos de embriaguez. Aunque inicialmente se negó, una prueba posterior arrojó un 0.154% de alcohol en su organismo. El foro primario encontró causa probable y, tras juicio, lo declaró culpable. La sentencia incluyó multas sustanciales, un pago adicional por el exceso de alcohol, y referencia a charlas socioeducativas. Este documento presenta la introducción y los hechos que fundamentan la apelación ante el Panel IV del Tribunal de Apelaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por la Asociación de Empleados del AEELA (AEELA) contra Capitol Security Police, Inc. (Capitol). La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró válida una enmienda a un contrato de servicios entre Capitol y la AEELA. Capitol demandó a AEELA alegando incumplimiento contractual por terminar el contrato enmendado sin justa causa. AEELA argumentó que la enmienda era nula por falta de autorización de su Junta de Directores. Capitol sostuvo que la enmienda era válida, basándose en la autoridad del Director Ejecutivo y la conducta de AEELA. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la enmienda era válida. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario, Nemesio M. Miyar Del Río, obtuvo sentencia en rebeldía contra el recurrido, Raúl Figueroa Morales. Durante el proceso de ejecución, el Registrador de la Propiedad canceló los pagarés hipotecarios por prescripción. El peticionario solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara la reinscripción, alegando que la acción judicial interrumpió la prescripción según precedente del Tribunal Supremo. El Tribunal de Primera Instancia denegó repetidamente esta solicitud. El peticionario recurre de esta denegatoria, argumentando que impide la ejecución de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisará la orden post sentencia mediante certiorari, un recurso discrecional para corregir errores del tribunal inferior. El documento detalla la naturaleza y los criterios para la expedición de un auto de certiorari bajo la ley y las reglas de procedimiento de Puerto Rico.

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Ivelize Lugo Ortiz y Roberto Maldonado apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Insurance por incumplimiento de contrato. La demanda original alegaba prácticas desleales y dolo en el ajuste de su reclamación por daños del Huracán María. El TPI desestimó el caso mediante sentencia sumaria, acogiendo la defensa de pago en finiquito presentada por MAPFRE. Los apelantes argumentan que el TPI erró al desestimar sumariamente, pues existían controversias de hechos materiales sobre las alegadas prácticas desleales y el vicio en su consentimiento al aceptar el pago. Sostienen que la oferta de pago provino de actos contrarios a la ley que prohíbe las prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones. MAPFRE, por su parte, alega que cumplió sus obligaciones y que los apelantes cobraron el cheque con pleno conocimiento de que constituía el pago total y final de la reclamación. Los hechos clave incluyen que MAPFRE envió un cheque como pago final tras el ajuste, los apelantes solicitaron reconsideración pero luego cobraron el cheque, el cual contenía lenguaje de finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisa si la desestimación sumaria basada en el pago en finiquito fue apropiada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Consolidated Waste Services, LLC contra el Gobierno Municipal de Salinas. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la demanda original de Consolidated Waste por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La desestimación fue impuesta como sanción por la incomparecencia reiterada de la representación legal de Consolidated Waste a múltiples vistas y su incumplimiento con órdenes judiciales. A pesar de órdenes de mostrar causa, sanciones económicas y citaciones por alguaciles, la parte demandante continuó ausente. Consolidated Waste argumentó en apelación que la desestimación con perjuicio fue una sanción extrema y abusiva. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las demandas de Serrallés Hotel, Inc. contra el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El Hotel impugnó tasaciones de contribución sobre la propiedad, reclamando una exención del 90% para propiedades turísticas y una exoneración retroactiva. Alegó que sus propiedades calificaban como no tasadas previamente bajo el Artículo 3.01a de la Ley 83-1991. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar las acciones del Hotel mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la exención invocada no aplica a propiedades que ya estaban inscritas y tasadas en el CRIM al momento de la aprobación de la ley en 2010. Dicha exención buscaba incentivar el registro de propiedades *no* tasadas. Dado que las propiedades del Hotel ya estaban registradas y tasadas, la exención no era aplicable. El Hotel había pagado bajo protesta y reclamaba un sobrepago por años fiscales específicos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue una demanda de cobro de dinero y daños contractuales presentada por DDR del Sol LLC contra La Habichuela, Inc., arrendatario, y Francisco Cabello Domínguez, fiador solidario. DDR reclamó cánones de arrendamiento y rentas futuras tras la entrega prematura del local arrendado. Los demandados alegaron que el contrato dependía de financiamiento y que el local no fue entregado. DDR solicitó sentencia sumaria, argumentando que el contrato no estaba condicionado y que la entrega ocurrió. La Habichuela se acogió a quiebra y transigió con DDR. El señor Cabello argumentó que esta transacción extinguió su fianza solidaria por novación. DDR sostuvo que la obligación del fiador solidario persistía a pesar de la quiebra y transacción del deudor principal. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de DDR, determinando que no hubo novación ni extinción de la garantía. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Carmen Lebrón Torres y la Sucesión de René Soto Torres. La apelación busca revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La disputa se originó por una compraventa y constitución de hipoteca de una propiedad en 2010 entre las partes. Los demandantes alegaron incumplimiento en la forma de pago pactada originalmente. Las demandadas argumentaron que la forma de pago fue modificada y que estaban realizando pagos mensuales hacia la deuda. El foro primario ordenó a las demandadas continuar pagando \$800 mensuales hasta saldar una deuda de \$104,900. La parte apelante solicitó la revocación de esta orden. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación sobre la desestimación de una querella por despido injustificado. El apelante, Christian Olavarría León, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró prescrita su reclamación contra Pan Pepín, Inc. El foro primario aplicó el término prescriptivo de un año establecido en la Ley Núm. 4-2017, ya que el despido ocurrió en abril de 2018 y la querella se presentó en junio de 2019. El apelante argumenta que debió aplicarse el término de tres años de la Ley Núm. 80, invocando una disposición de la Ley Núm. 4 que preserva derechos para empleados contratados previamente. El Tribunal de Apelaciones analiza las enmiendas a la Ley Núm. 80 realizadas por la Ley Núm. 4. Explica que la Ley Núm. 4 redujo el término prescriptivo a un año para reclamaciones por despido injustificado. Aunque la Ley Núm. 4 generalmente preserva derechos previos, el Artículo 4.13 específicamente dispone que el término de un año aplica a los despidos ocurridos a partir de su vigencia. El Tribunal concluye que el texto del Artículo 4.13 es claro y aplica el término de un año a este caso.