Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 224)

Resumen:

Oriental Bank apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El foro primario fundamentó la desestimación en que Oriental Bank no diligenció el emplazamiento a los demandados, incluyendo a la señora Luisa Acta Durán y a los miembros desconocidos de la sucesión, dentro del término de 120 días. Oriental Bank había intentado emplazar personalmente y luego solicitó y obtuvo autorización para emplazar mediante edicto a los demandados originales y, tras enmendar la demanda por el fallecimiento de uno, a los miembros de la sucesión. La parte apelante argumentó que el plazo de 120 días para el emplazamiento por edicto se computa desde la fecha de su expedición o autorización. Tras evaluar el trámite procesal y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la revisión. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó la desestimación de la demanda fue revocada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Apelación en un caso de Daños y Perjuicios. Los apelantes, Marielie Morales Betancourt y Ryan David Hall Morales, buscaban revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia había declarado No Ha Lugar y desestimado con perjuicio su demanda contra Centro Médico del Turabo y Francisco Rivera Palacios. La demanda original alegaba negligencia, agresión y encarcelamiento ilegal relacionados con un incidente verbal en agosto de 2015. Los apelantes plantearon errores en la apreciación de la prueba y la aplicación del derecho por el foro de origen. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda tras un juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto ratifica la desestimación de las causas de acción presentadas por los apelantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Aneudy Resto Pérez. El apelante fue declarado culpable por un jurado en 2014 por asesinato y violaciones a la Ley de Armas, siendo sentenciado a 187 años de prisión. Un recurso de apelación inicial fue desestimado en 2015 debido a fallas procesales de su representación legal. En 2019, Pérez solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto la sentencia original y dictara una nueva para restaurar su derecho a apelar, lo cual fue concedido. El foro primario dictó una nueva sentencia el 6 de noviembre de 2019, imponiendo las mismas penas. El apelante presentó el presente recurso de apelación el 9 de diciembre de 2019, señalando errores relacionados con la imparcialidad del jurado en el juicio original. El Tribunal de Apelaciones determina que este recurso fue presentado de manera tardía. Por lo tanto, procede la desestimación del recurso de apelación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900317. La apelación fue presentada por Joanne Maldonado Colón contra el Dr. José Feliciano Pérez y su aseguradora, SIMED, entre otros codemandados iniciales. El caso original, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, era una demanda por daños y perjuicios basada en alegada impericia médica. La apelante reclamaba que el Dr. Feliciano incurrió en negligencia durante su tratamiento en agosto de 2007. Según la demanda, fue hospitalizada con dolor abdominal y de espalda, diagnosticada inicialmente con intoxicación por Coumadin, dada de alta y re-hospitalizada al día siguiente. Posteriormente, se le realizó cirugía que reveló la ruptura de un quiste ovárico con hemorragia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario.

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Arquelio Ruiz Rodríguez, condenado en 1991 por asesinato en primer grado y otros delitos, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando su sentencia. El Peticionario alegó obstrucción de la justicia, conspiración, fabricación de caso y que su sentencia era ilegal y desproporcionada. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había denegado una moción con planteamientos similares. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en el incumplimiento sustancial del Peticionario con los requisitos del Reglamento del Tribunal. Específicamente, no acompañó los documentos pertinentes del expediente ni formuló de forma coherente los errores alegados con la debida fundamentación. El Tribunal recordó que el litigante, aun por derecho propio, debe cumplir con las reglas procesales.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari en un caso sobre división de comunidad de bienes. Las partes involucradas son María L. Bonet Cardona, Judith Holahan, et al., y los peticionarios Ramiro Lladó Martínez, Lissette Marín Aponte y su sociedad legal de gananciales. Los peticionarios presentaron una moción solicitando el desistimiento del recurso. Fechada el 17 de enero de 2020, la resolución indica que el Tribunal examinó dicha moción. El Tribunal declaró "Con Lugar" la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se desestima el presente recurso. Esta desestimación se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que permite a la parte promovente desistir en cualquier momento. Finalmente, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso de epígrafe.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Alex Ramírez Sánchez. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez que declaró sin lugar su moción de desestimación. El TPI había determinado causa para juicio por violaciones al Código Penal y la Ley de Armas tras una vista preliminar. La prueba en la vista preliminar, incluyendo testimonios, vinculó al peticionario con los hechos imputados, señalándolo como el "dueño" de un punto de drogas y participante en la agresión a la víctima. Ramírez Sánchez alegó que la prueba no lo conectaba con el delito. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la moción en auxilio de jurisdicción. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción. La moción en auxilio de jurisdicción solicitando la paralización del juicio también fue declarada sin lugar.

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Luis Lebrón Laureano presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación del Comité de Clasificación de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso buscaba revocar la decisión del Comité de 26 de junio de 2019. El Tribunal, actuando como guardián de su jurisdicción, procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la presentación del recurso. Se determinó que el escrito adolecía de serios defectos procesales. Entre las deficiencias se encontraron la falta de un índice detallado, la omisión de una relación fiel de los hechos procesales, la ausencia de señalamiento y discusión de los errores alegados, y la falta de documentos necesarios para evaluar la jurisdicción. El Tribunal recordó que el comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento de las reglas procesales. Concluyó que el recurso incumplía sustancialmente con el Reglamento del Tribunal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el recurso por craso incumplimiento con sus reglas.

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Este caso es una revisión judicial solicitada por William Rivera Martínez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la decisión del Comité de Clasificación de mantenerlo en clasificación de mediana seguridad. Tras agotar los recursos administrativos, incluyendo una apelación y una reconsideración, ambas denegadas, presentó el recurso judicial. La denegación de la reconsideración le fue notificada el 18 de septiembre de 2019. El recurso de revisión judicial fue presentado el 22 de octubre de 2019. El Tribunal de Apelaciones examinó la jurisdicción para atender el recurso. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la Regla 57 del Tribunal de Apelaciones, el término para solicitar revisión judicial es de treinta días desde la notificación de la decisión final o la denegación de reconsideración. Este término es jurisdiccional e insubsanable. Dado que el recurso fue presentado fuera del término de treinta días, el Tribunal carece de jurisdicción. Por tanto, se desestima el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por Juan M. Rivera Vázquez. El peticionario solicitó la revisión de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de acreditar tiempo de detención preventiva a su sentencia estatal. Rivera Vázquez fue arrestado por cargos estatales, prestó fianza, pero fue inmediatamente detenido por ICE sin derecho a fianza federal. Posteriormente, la fianza estatal fue cancelada. Al dictarse sentencia estatal, solicitó que se le acreditara el tiempo detenido en el MDC, lo cual fue denegado por el foro de origen. El tribunal sentenciador argumentó que el peticionario se encontraba bajo fianza estatal, a pesar de que esta había sido cancelada previamente. El Pueblo de Puerto Rico se opuso al recurso, argumentando que la ley local no obliga al juez a ordenar dicho abono, siendo una gestión administrativa ante el Departamento de Corrección. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, DENIEGA el recurso de Certiorari presentado por el peticionario.

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Este caso de apelación surge de una revisión judicial de una decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa de Viviendas Los Robles. Alex Rafael Rivera Portela solicitó la revisión tras serle denegada la condición de socio y ordenado su desalojo del apartamento 305-B. El interés en el apartamento provenía de su abuela, socia fundadora, a través de una supuesta transferencia de su madre, la heredera declarada. La Cooperativa determinó que Rivera Portela no era socio ni miembro familiar al fallecimiento de la abuela, ni heredero directo. Se inició un proceso de revisión judicial donde se acordó paralizar el desalojo provisionalmente, condicionado al cumplimiento de reglamentos por Rivera Portela. Posteriormente, la Cooperativa presentó una querella contra Rivera Portela por múltiples infracciones al reglamento. A pesar de ser notificado, Rivera Portela no compareció a la vista de la Cooperativa ni impugnó sus determinaciones. La Junta dictó una resolución final probando las infracciones y ordenando el desalojo. El Tribunal de Primera Instancia decretó que la inacción de Rivera Portela ante las determinaciones posteriores de la Cooperativa tornó académico el caso de revisión judicial inicial. En consecuencia, el TPI dejó sin efecto los remedios provisionales, archivó el caso y Rivera Portela apeló dicha sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca y gravamen mobiliario. Condado 6, LLC. demandó a Primavera Zero, Corp. y Adalberto Mercado Alvarado por el impago de un préstamo comercial. Este préstamo fue originalmente otorgado por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, y Condado 6 adquirió posteriormente el interés en el mismo. Los demandados apelaron una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el pago de la deuda y la ejecución de las garantías. En su apelación, los demandados, Primavera Zero y Mercado Alvarado, cuestionaron la legitimidad de la transferencia de la deuda a Condado 6. El Tribunal de Primera Instancia había concedido la sentencia sumaria a favor de Condado 6, al entender que la existencia y cuantía de la deuda no fueron efectivamente controvertidas. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía confirmar la sentencia sumaria emitida por el foro primario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a un recurso de certiorari presentado por los peticionarios contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La parte recurrida presentó previamente una moción de reconsideración parcial sobre la misma resolución. El Tribunal de Apelaciones observa que esta moción de reconsideración aún no ha sido resuelta por el foro primario. Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, la presentación oportuna de una moción de reconsideración interrumpe los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos no vuelven a correr hasta que se notifica la resolución de la moción de reconsideración. Un recurso presentado mientras la reconsideración está pendiente es considerado prematuro. El Tribunal Supremo ha establecido que un recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Dado que el recurso de certiorari fue presentado antes de que se resolviera la moción de reconsideración, es prematuro. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por José Lorenzo Hernández contra Isabel Hernández Hernández y otros. El recurso buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de División de Comunidad. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge del incumplimiento del Peticionario con los requisitos de notificación. El Peticionario admitió no haber notificado el recurso a la parte recurrida y otras partes, según exige la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Alegó que la rebeldía anotada contra los demandados en Primera Instancia lo relevaba de esta obligación conforme a la Regla 67.1 de Procedimiento Civil. El Tribunal rechaza este argumento, subrayando la obligación estricta de cumplir con las reglas procesales apelativas para perfeccionar un recurso. La notificación es esencial para que la parte contraria tenga conocimiento del trámite en alzada. El incumplimiento con la Regla 33(B) impide al Tribunal adquirir jurisdicción, resultando en la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por la Iglesia Católica, Arquidiócesis de San Juan. La Iglesia Católica recurre de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que le declaró con lugar una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios instada por Carmi Construction, Corp. La controversia surge de un proyecto de construcción donde la Iglesia era dueña, Marvic el contratista general y Carmi un subcontratista. Carmi demandó a la Iglesia tras la terminación del contrato principal, alegando incumplimientos y responsabilidad de la dueña por trabajos impagados y daños sufridos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Carmi y desestimó la reconvención de la Iglesia. Tras evaluar los escritos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una resolución de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Multinational Insurance Company había apelado dicha resolución, la cual le impuso una multa administrativa de $1,500.00. La OCS determinó que Multinational violó el Artículo 29.230(1) del Código de Seguros. La violación consistió en beneficiar económicamente a abogados que también eran miembros de su Junta de Directores mediante el pago de servicios legales en casos de reclamaciones. Multinational argumentó que la OCS interpretó erróneamente la ley, excedió sus facultades y violó el debido proceso. El tribunal, considerando la naturaleza de interés público de la industria de seguros y la prohibición legal sobre el interés personal de directores en transacciones de la aseguradora, confirmó la determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso contra Davis Carrero Rodríguez. El señor Carrero Rodríguez impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de supresión de identificación por voz. Argumenta que el proceso de identificación fue sugestivo y poco confiable, señalando irregularidades como la participación del hermano de un agente, diferencias en el tono de voz, la falta de identificación en una primera ronda y que el perjudicado escuchó un apodo en la comunidad. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, escuchó testimonios del técnico de grabación y del perjudicado, y concluyó que este último tuvo amplia oportunidad de escuchar al asaltante durante el incidente. La corte de instancia determinó que la identificación fue certera. El señor Carrero Rodríguez recurre esta decisión, y el Tribunal de Apelaciones atiende su escrito como una petición de certiorari. Tras estudiar el caso, el Tribunal de Apelaciones considera prudente denegar la petición de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Alejandro Cofresí Bobé contra María S. Díaz Cabrera y Tomás Irizarry Concepción. El señor Cofresí reclama daños a su propiedad, pérdidas económicas y daños emocionales causados por árboles ubicados en la propiedad del señor Irizarry. La demanda también solicitaba una orden judicial para cortar los árboles y eliminar sus raíces. El señor Irizarry contestó la demanda negando las alegaciones y argumentando que él había cumplido con órdenes previas y que el recurrido no había obtenido los permisos necesarios. Durante el trámite procesal, el señor Irizarry solicitó autorización para presentar una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud mediante Resolución de 15 de octubre de 2019. El señor Irizarry comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esa determinación. El recurso busca revisar la negativa del foro primario a permitir la presentación de la reconvención.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Maximino López Carrasquillo. El peticionario impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El caso principal versa sobre la división y liquidación de una comunidad de bienes sobre una parcela y estructura. El peticionario argumentó que la demanda estaba prescrita, al intentar supuestamente hacer valer una sentencia de 1997 después de más de 15 años. Los recurridos se opusieron, alegando que la acción era real, para la división de bienes entre comuneros, y no una acción personal sujeta a dicho término de prescripción. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la causa de acción era in rem y no estaba prescrita bajo los fundamentos presentados. La resolución del Tribunal de Apelaciones deniega el recurso, manteniendo la decisión del foro primario.

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Sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari convertido en apelación. El caso original es un cobro de dinero instado por Milton Velázquez Montalvo contra Carlos Collado y otros, en representación de Tiendas Aliss. Velázquez reclamaba $4,000 restantes de un contrato verbal de $8,000 por trabajos de limpieza post-huracán María. Los demandados negaron la deuda y reconvinieron, alegando que Velázquez se apropió de materiales de construcción valorados en más de $5,000. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) determinó que ninguna de las partes presentó prueba suficiente para convencerle sobre las cantidades adeudadas o los elementos de sus reclamaciones. Consecuentemente, el TPI declaró No Ha Lugar tanto la demanda de Velázquez como la reconvención de los demandados. El Tribunal de Apelaciones evalúa la moción de reconsideración del apelante, habiendo reabierto el recurso y notado la falta de alegato de la parte apelada.

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Este caso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de un pleito de divorcio por trato cruel. El peticionario, Miguel Ángel Torres Torres, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Dicha moción se fundamentaba en la alegada insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, argumentando que la copia entregada tenía el espacio del diligenciamiento en blanco. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción, anotó la rebeldía del peticionario y señaló vista en rebeldía. La parte recurrida, Mildred Ramos González, no compareció ante el Tribunal de Apelaciones a exponer su posición sobre el recurso de Certiorari, a pesar de habérsele concedido un término adicional. El Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso sin su comparecencia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari y revocó la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda por daños y perjuicios presentada por Marta Ramos Sambolin y Arnaldo Serrano Ramos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la AAA compensar a los demandantes por angustias mentales y reparar los daños a su propiedad. La demanda original de 2007 alegaba daños a la residencia de los apelados debido a trabajos de construcción. La AAA fue incluida en 2010 tras surgir evidencia de que una avería en sus tuberías pudo causar la desestabilización del terreno. Los demandantes alegaron que el colapso de una tubería y un salidero de alcantarillado de la AAA saturaron el suelo, afectando la estabilidad de su hogar. La AAA se defendió alegando prescripción de la acción y falta de negligencia causal. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para actuar conforme a lo resuelto por el apelativo.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende una apelación relacionada con la revisión judicial de una decisión de la Junta de Directores de la Cooperativa de Viviendas Los Robles. El caso se originó cuando Alex Rafael Rivera Portela reclamó derechos sobre un apartamento tras el fallecimiento de su abuela y una transferencia de interés de su madre. La cooperativa denegó su solicitud de socio y ordenó su desalojo. Rivera Portela presentó una petición de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Las partes acordaron paralizar el desalojo provisionalmente, condicionado a que Rivera Portela cumpliera con los reglamentos. Posteriormente, la cooperativa le imputó múltiples violaciones al reglamento y lo citó a una vista. Rivera Portela no compareció ni impugnó la resolución final de la cooperativa. Dicha resolución declaró probadas las infracciones, denegó su admisión como socio y ordenó el desalojo. Al no ser recurrida, la decisión de la cooperativa advino final y firme. El TPI, considerando que la determinación de la cooperativa era final, declaró académico el caso de revisión judicial, dejó sin efecto el remedio provisional y lo archivó. Rivera Portela apeló esta sentencia del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa el recurso de apelación presentado por José Enrique Sánchez Texidor. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a 99 años por asesinato y 30 años por violación a la Ley de Armas. La sentencia fue notificada el 17 de septiembre de 2019. El apelante solicitó reconsideración el 19 de septiembre de 2019, la cual fue denegada el 3 de octubre de 2019. El escrito de apelación fue radicado el 9 de diciembre de 2019. El Procurador General solicitó la desestimación del recurso por haber sido presentado tardíamente. El tribunal considera la Regla 194 de Procedimiento Criminal, que regula los términos para la presentación de apelaciones. Dicha regla especifica cómo una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar y cuándo este reinicia. La cuestión principal a resolver es si el escrito de apelación se presentó dentro del plazo legal tras la denegación de la reconsideración.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre alimentos entre parientes. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una orden de retención de ingresos contra el peticionario por pagos de alimentos adeudados. El peticionario presentó una moción de reconsideración ante el TPI. Mientras dicha moción estaba pendiente de resolución en el foro primario, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la paralización de la orden de retención. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud y decidió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Según las reglas de procedimiento, una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar. El término para recurrir en alzada comienza a correr nuevamente solo después de que el TPI resuelva la moción de reconsideración. Dado que el TPI aún no había resuelto la reconsideración, no existía una determinación final apelable, y por tanto, el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para intervenir en ese momento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. El apelante, Juan Carlos Alvarado Mateo, impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar su propia Demanda sobre Exequátur. Dicha demanda buscaba la convalidación de una sentencia de divorcio emitida en Florida contra María de los Ángeles Mercado Laboy. En el foro primario, la señora Mercado Laboy presentó una reconvención sobre relaciones paternofiliales, la cual fue desestimada. El señor Alvarado Mateo también solicitó honorarios de abogado por temeridad, lo cual fue denegado por el Tribunal de Primera Instancia. Tras examinar el recurso y los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la determinación apelada. El panel apelativo determinó confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió el exequátur.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia compartida de un menor. La apelación fue presentada por la madre contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que estableció un plan de custodia compartida al cincuenta por ciento (50%) a favor del padre. La apelante solicitó la revocación de dicha Sentencia y la revisión de una Resolución posterior que denegó su moción de reconsideración. El caso se originó con una demanda del padre solicitando la custodia compartida. Se realizó un Informe Social Forense que recomendó la custodia compartida, aunque sugirió un plan de implementación gradual. Ambas partes presentaron objeciones al informe, discutiendo la división del tiempo y alegaciones sobre la conducta parental. La madre se opuso al plan de 50/50 establecido por el TPI, mientras que el padre lo favorecía. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada que estableció la custodia compartida al cincuenta por ciento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) sobre una disputa de derecho vacacional. Los consumidores Ivelisse García Rivera y Luis F. González Gerena presentaron una querella contra Hyatt (HV Global Management Corp. y Meredian Financial Services, Inc.) luego de que su instalación vacacional quedara inutilizable tras el Huracán María. Solicitaron ser eximidos del pago de las cuotas de mantenimiento debido a la falta de uso. El DACo falló a favor de los consumidores, eximiéndolos del pago de las cuotas de 2018 y 2019 y ordenando a Hyatt cesar las gestiones de cobro. Hyatt presentó una moción de reconsideración ante el DACo, la cual la agencia declaró No Ha Lugar por considerarla tardía. Hyatt recurrió al Tribunal de Apelaciones, impugnando la decisión del DACo sobre la exención de cuotas y la ley aplicable respecto a instalaciones sustitutas. Hyatt también alegó que el DACo erró al determinar la fecha de presentación de su moción de reconsideración. El Tribunal ha recibido las comparecencias iniciales y ordenó a las partes presentar evidencia sobre el método de notificación de las resoluciones del DACo. La sentencia aborda tanto el asunto procesal de la tardanza como las reclamaciones sustantivas de protección al consumidor relacionadas con las cuotas de derecho vacacional tras daños a la propiedad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitida el 15 de enero de 2020. Dispone de los casos consolidados KLAN201901086 y KLAN201901093. Resuelve las mociones notificando desistimiento presentadas por las partes. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla presentó su desistimiento el 30 de diciembre de 2019. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico presentó el suyo el 3 de enero de 2020. El Tribunal declara con lugar ambas mociones de desistimiento conforme a la Regla 83(A) de su reglamento. Como resultado, se ordena el archivo definitivo de la causa. Una moción adicional solicitando autorización para que el tribunal de instancia considerara un embargo preventivo posterior a sentencia parcial fue declarada académica.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Laboratorio Clínico Lebrón. El apelante solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Dicha demanda fue instada por Triple-S Salud, Inc. contra el Laboratorio, alegando cobros indebidos por pruebas genéticas. El Laboratorio presentó una demanda contra tercero contra Advanced Molecular Diagnostics, LLC, argumentando que esta debía reembolsar las sumas reclamadas por Triple-S. Advanced solicitó la desestimación de la demanda contra tercero, citando una cláusula de arbitraje en su contrato con el Laboratorio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, considerando que la cláusula de arbitraje no aplicaba a la controversia principal. Posteriormente, Triple-S y el Laboratorio alcanzaron un acuerdo transaccional confidencial. Este acuerdo llevó al Tribunal de Primera Instancia a desestimar la demanda principal con perjuicio. El Laboratorio apeló esta Sentencia de desestimación, siendo Advanced el apelado en este recurso. El Tribunal de Apelaciones anuncia que, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. El apelante, Geraldo Bermúdez Rodríguez, fue condenado por asesinato, secuestro e infracciones a la Ley de Armas. La sentencia original, dictada en 2009 y re-emitida en 2018 tras un recurso previo, impuso 99 años por asesinato, 15 por secuestro, 10 por portación ilegal de arma de fuego y 3 por portación ilegal de arma blanca. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2007, cuando el apelante y un coacusado apuñalaron, secuestraron y arrojaron a la víctima, aún viva, a un río, donde falleció. La víctima recibió un total de diez puñaladas y murió ahogada. El juicio por Tribunal de Derecho en 2009 incluyó prueba testifical y documental de ambas partes. Tras revisar el recurso de apelación, el Panel IV del Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para un laboratorio clínico en Luquillo. El caso enfrenta a Laboratorio Clínico Meditech II, solicitante del CNC, contra Laboratorio Clínico Servi-Lab, que se opuso a la concesión. Tras la aprobación del CNC por el Departamento de Salud, Servi-Lab presentó una moción de reconsideración. El Departamento aceptó la reconsideración y emitió una resolución interlocutoria. Meditech argumentó que el Departamento había perdido jurisdicción al notificar dicha resolución fuera del término legal para resolver la reconsideración. El Departamento emitió otra resolución interlocutoria afirmando tener jurisdicción. Servi-Lab recurrió ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la determinación de jurisdicción del Departamento. El Tribunal revisó el historial procesal del caso ante la agencia administrativa. Consideró los argumentos de las partes respecto a la jurisdicción del Departamento. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión presentado por Servi-Lab. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del propio Tribunal para atender el recurso en esta etapa procesal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de custodia. El padre, Francisco Manuel Pacheco Seijo, solicitó un recurso de certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su moción de desestimación y relevo de sentencia, afirmando la jurisdicción del foro puertorriqueño. El padre alegaba que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre la materia y la persona. Argumentaba que había iniciado un caso de divorcio y custodia en Florida antes que la madre presentara su petición en Puerto Rico. La madre había regresado a la isla con los hijos y solicitó la custodia allí. El Tribunal de Primera Instancia había previamente denegado el planteamiento jurisdiccional del padre y otorgado la custodia a la madre. El padre reiteró su argumento en una moción posterior, la cual fue denegada, motivando este recurso. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y la oposición de la madre. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el padre.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los casos consolidados KLAN201901086 y KLAN201901093. La sentencia atiende las mociones notificando desistimiento presentadas por las partes. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla y la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico solicitaron el desistimiento de sus respectivas apelaciones. El Tribunal declara con lugar ambas mociones de desistimiento. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordena el archivo definitivo de la causa. Adicionalmente, una moción solicitando autorización para que el tribunal de instancia considerara un embargo preventivo posterior a sentencia parcial es declarada académica. La sentencia pone fin a los procedimientos apelativos en estos casos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Las partes recurrentes son Mercedes Benz y Garage Isla Verde, y la parte recurrida es José Graciani Rodríguez. La querella original ante DACO fue presentada por el recurrido alegando desperfectos en un vehículo Mercedes Benz usado comprado en 2013. DACO emitió una Resolución declarando Ha Lugar la querella, decretando la resolución del contrato de compraventa y ordenando el reembolso al consumidor. Los recurrentes solicitaron la revisión judicial alegando errores de DACO en la evaluación de la prueba y fraude por parte del consumidor al ocultar un accidente previo. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de DACO. La Sentencia concluye confirmando la Resolución recurrida emitida por DACO.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un caso entre el Municipio de Carolina y la Comisión Apelativa del Servicio Público. El asunto principal del litigio es una destitución. La parte peticionaria, el Municipio de Carolina, presentó un Aviso de Desistimiento Sin Perjuicio. El Tribunal examinó y declaró Ha Lugar dicho aviso. Como resultado, se ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. La resolución fue emitida el 15 de enero de 2020.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. El recurrente, una persona confinada, impugna una decisión del Departamento de Corrección. Había solicitado al departamento una explicación sobre una prueba de dopaje que recibió inesperadamente junto con otros análisis médicos. El Departamento desestimó su solicitud administrativa y denegó la reconsideración. La agencia argumentó que la prueba de dopaje fue ordenada por el médico del recurrente, no por el departamento, y le indicó que buscara la aclaración con el médico. Inconforme, el recurrente apeló ante el tribunal, solicitando que se ordenara al departamento y al médico explicar la prueba. El tribunal expone el estándar para revisar decisiones administrativas, enfatizando la deferencia judicial a las determinaciones de hecho de la agencia sustentadas por evidencia sustancial. Señala que las conclusiones de derecho son revisadas, pero las interpretaciones de la agencia reciben gran peso a menos que carezcan de fundamento racional. El documento establece el marco para la revisión judicial de la actuación del departamento respecto a la solicitud del recurrente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201901579, un recurso de certiorari relacionado con un caso de divorcio (NSRF200700956) originado en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Las partes, Khrystian Marie Vázquez Gastón y Luis Raúl Aquino Ginorio, presentaron una Moción Conjunta Informativa sobre Estipulación y Desistimiento con Perjuicio del Recurso de Certiorari. En dicha moción, ambas partes acordaron retirar el recurso de apelación. El Tribunal examinó la moción y la declaró Ha Lugar. Como resultado, el recurso de certiorari fue archivado. El archivo se realizó con perjuicio, lo que implica una desestimación final del caso en apelación. Esta acción se fundamenta en la Regla 83(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue emitida en San Juan el 14 de enero de 2020.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Joel Rivera Lasanta contra United Surety & Indemnity Company. El señor Rivera demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato, alegando pago insuficiente por daños causados por el huracán María. USIC solicitó sentencia sumaria, argumentando que el demandante aceptó un pago en finiquito al cambiar un cheque por $657.50. El señor Rivera se opuso, alegando que la aseguradora no ajustó adecuadamente la reclamación, actuó de mala fe y su consentimiento al cambiar el cheque estaba viciado por desinformación y las condiciones post-huracán. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de USIC, desestimando la demanda. El señor Rivera apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLAN201800982, una apelación sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia y enfrentaba a Banco Popular de Puerto Rico con Ricardo Sánchez Ramírez y otros. La parte apelante presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de apelación. Dicha moción informaba que las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar la moción de desistimiento. En consecuencia, acogió la solicitud de la parte apelante. El recurso de apelación quedó desistido con perjuicio. El Tribunal ordenó a la Secretaría proceder con el cierre y archivo definitivo del recurso. La resolución fue emitida el 14 de enero de 2020.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Aníbal Sánchez Parrilla contra una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de modificación de sentencia. El peticionario impugnaba la pena de 15 años impuesta por actos lascivos, alegando que debía ser de 8 años. El Tribunal revisó los documentos y la sentencia, constatando que el peticionario se declaró culpable de actos lascivos contra un menor de 13 años. Conforme al Artículo 133 del Código Penal, la pena para actos lascivos es de 8 años, pero aumenta a 15 años si la víctima es menor de 16. Por tanto, el Tribunal determinó que la pena de 15 años fue correctamente impuesta por el foro primario al tratarse de una víctima menor de edad. El Tribunal concluyó que no hubo agravamiento de pena, sino fiel cumplimiento de la ley. Respecto a las penas consecutivas, el peticionario no demostró abuso de discreción por parte del TPI. La decisión sobre si las sentencias se cumplen consecutiva o concurrentemente es discrecional del tribunal sentenciador. Al no encontrar mérito en las controversias planteadas, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari.

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Un peticionario, miembro de la población penal, solicitó al Tribunal de Apelaciones la reducción de una pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en 2007, invocando la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Se constató que el peticionario había presentado previamente una moción similar ante el Tribunal de Primera Instancia, pero su contenido estaba dirigido al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Primera Instancia dispuso de dicha moción indicando que iba dirigida al foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones examinó el asunto y clarificó la distinción entre jurisdicción y competencia dentro del sistema judicial unificado. Se explicó que la competencia del Tribunal de Apelaciones se circunscribe generalmente a la revisión de determinaciones del Tribunal de Primera Instancia o agencias administrativas. La falta de competencia no conlleva desestimación, sino el traslado al foro competente. El planteamiento de modificación de sentencia formulado por el peticionario debe ser atendido inicialmente por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones no tiene competencia originaria para este tipo de solicitud. Por tanto, es el foro primario el llamado a asumir competencia y emitir una determinación inicial sobre el asunto.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por José Rivera Padilla contra Yarrelly Pintado Rivera. La petición buscaba revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que ordenó imputarle salario al señor Rivera Padilla en un caso de alimentos. El Tribunal de Primera Instancia había ratificado su decisión al denegar una solicitud de reconsideración. El señor Rivera Padilla presentó el recurso de certiorari el 27 de noviembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones requirió a la parte recurrida exponer su posición. Sin embargo, antes de que la recurrida cumpliera, el señor Rivera Padilla presentó una moción de desistimiento. En la moción, informó que las partes llegaron a un acuerdo final en una vista ante el Examinador de Pensiones Alimentarias el 20 de diciembre de 2019. Como parte de dicho acuerdo, se estableció el desistimiento de la acción de certiorari. En atención a la moción, el Tribunal de Apelaciones declara ha lugar la solicitud de desistimiento. Por consiguiente, se ordena el cierre y archivo del presente recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Arnaldo Luiggi Pérez contra MAPFRE Pan American Insurance Company. El recurso buscaba la revocación de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda del apelante por incumplimiento de contrato. MAPFRE solicitó la desestimación de la apelación por falta de notificación oportuna según la Regla 13(B) del Reglamento del Tribunal. La aseguradora argumentó que el apelante no le notificó el recurso dentro del mismo término en que lo presentó. El apelante alegó haber notificado por correo electrónico con la carátula poco después de radicar y enviado el escrito completo al día siguiente. El Tribunal analizó el requisito de notificación como un término de cumplimiento estricto, diferenciándolo del término jurisdiccional de radicación. Se discutió la posibilidad de excusar la tardanza si existe y se demuestra justa causa. Enfatizando la necesidad de observar rigurosamente las reglas procesales, el Tribunal concluye que el recurso debe ser desestimado. La desestimación se basa en el incumplimiento del apelante con el deber de notificar la apelación a la parte apelada dentro del plazo reglamentario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia el 13 de enero de 2020 en el caso KLAN201901366. Este recurso de apelación se originó en un caso de Ejecución de Hipoteca del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Las partes involucradas incluían a Banco Popular de Puerto Rico como apelado y a varios individuos, entre ellos Jorge Ricardo Acosta Martínez y Maribel González Martínez, como apelantes. El Tribunal consideró una Moción de Desestimación del apelado y una Moción Solicitando Desistimiento de los apelantes. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal dictó Sentencia. Se ordenó el desistimiento del recurso de apelación presentado por Jorge Ricardo Acosta Martínez y Maribel González Martínez. La moción de desestimación del apelado se declaró académica.

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Triple-S Propiedad, Inc. presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico buscando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de Triple-S para paralizar un procedimiento de "appraisal". El Tribunal de Apelaciones examinó la petición, pero decidió denegar tanto el auxilio de jurisdicción como el auto solicitado. La denegatoria se basó en la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, que limita la revisión de decisiones interlocutorias. La resolución recurrida, al versar sobre la denegatoria de paralizar el "appraisal", no se encontraba dentro del espectro de decisiones revisables bajo dicha regla. Adicionalmente, el Tribunal señaló que el Código de Seguros exige el procedimiento de "appraisal" para disputas sobre el valor de pérdidas en pólizas de propiedad. Este mecanismo es independiente de la acción judicial y puede ventilarse simultáneamente. Por estas razones, el Tribunal consideró que la controversia no merecía mayor consideración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Hayris Moyet Colón. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio con Benjamín Maisonet de Jesús. La orden recurrida dispuso el regreso del menor procreado por las partes al Colegio Congregación Mita, Inc. a partir de enero de 2020. Esta decisión del TPI se basó en un informe social y las sugerencias del padre, Benjamín Maisonet de Jesús. La peticionaria alegó que el TPI erró al emitir la orden sin su comparecencia o una vista. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari y la oposición presentada por la parte peticionada. Se evaluaron los criterios para la expedición de un auto de certiorari contra resoluciones interlocutorias en casos de familia. El Tribunal concluyó que el recurso presentado no satisfacía dichos criterios. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.