Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 218)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con la apelación presentada por Farmacia Lugo, Inc. La apelación impugnaba una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda por despido injustificado a favor de Edna L. Pacheco, condenando a la farmacia a pagarle \$17,321.79. Farmacia Lugo cuestionaba principalmente la apreciación de la prueba oral por parte del foro primario. El Tribunal de Apelaciones requirió a la apelante, conforme a su Regla 19, que presentara una transcripción de la prueba oral, necesaria al impugnar su valoración. A pesar de múltiples resoluciones y prórrogas concedidas, Farmacia Lugo incumplió reiteradamente con la orden de someter dicha transcripción. Ante el incumplimiento craso con la Regla 19 y las órdenes del Tribunal, se desestima la apelación.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Golden RE, LLC apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Baja, que declaró No Ha Lugar su demanda de desahucio por falta de pago contra El Bocadito, Inc. y Rafael Préstamo Torres. Golden RE alegó que los apelados incumplieron el contrato de arrendamiento al dejar de pagar la renta. Los apelados admitieron un error administrativo en los pagos, intentaron saldar la deuda y consignaron el dinero en el tribunal. El TPI denegó el desahucio al determinar que Golden RE no cumplió con el requisito contractual de notificación escrita de incumplimiento, utilizando correo electrónico en su lugar. Además, el foro primario consideró que la arrendadora no tenía razón para rechazar el pago tardío ofrecido. Golden RE imputa al TPI errores al no dictar sentencia por las alegaciones y al evaluar su rechazo del pago. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver con los alegatos de ambas partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de hostigamiento sexual y discrimen por sexo. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró con lugar la demanda de Saysha M. Otero Badillo. La señora Otero Badillo, exempleada transitoria, alegó haber sido discriminada y hostigada por razón de sexo, lo que culminó en la no renovación de su contrato en octubre de 2009. La AAA sostuvo que la no renovación se debió a una crisis fiscal que afectó a numerosos empleados transitorios. Tras presentar querellas administrativas y dos demandas judiciales, el TPI falló a favor de la exempleada en cuanto al hostigamiento sexual. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos del caso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre recursos de certiorari instados por varios doctores. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus solicitudes de desestimación. El caso original es una demanda de daños y perjuicios por impericia médica. Existieron desistimientos voluntarios sin perjuicio previos por parte de los demandantes en un foro federal y en el propio foro estatal. El Tribunal de Primera Instancia concluyó erróneamente que un desistimiento previo sin perjuicio tenía efecto de cosa juzgada. Además, el foro primario determinó incorrectamente que la defensa de cosa juzgada no se había planteado a tiempo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras analizar los hechos y el derecho aplicable, el panel revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Salud sobre un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC). El Departamento de Salud otorgó el CNC a San Juan Ambulatory Surgical Center, Inc. para establecer un centro de cirugía ambulatoria en San Juan. Hospital Español Auxilio Mutuo y De Diego Ambulatory Clinic impugnaron esta resolución administrativa. Los recurrentes alegan que el Departamento de Salud erró al conceder el CNC. Argumentan, entre otras cosas, que los hospitales no fueron reconocidos como "partes afectadas" con derecho a participar en el procedimiento. También señalan fallos en la notificación a otras entidades y en la evaluación de estadísticas hospitalarias para determinar la necesidad. El Tribunal examina la Resolución del Departamento de Salud basándose en los errores planteados por los recurrentes.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Consejo de Titulares de un condominio demandó a los propietarios de una unidad por cuotas de mantenimiento impagas. Los propietarios argumentaron que no eran responsables de la deuda porque la propiedad fue objeto de una sentencia de ejecución hipotecaria a favor de su acreedor. Sostuvieron que el acreedor hipotecario, o su cesionario (Lime Residential, LTD), era el verdadero responsable al ser el "dueño" o "adquiriente". El acreedor hipotecario, incluido posteriormente en la demanda, afirmó no ser el titular de la propiedad, sino solo el acreedor, ya que los procedimientos post-sentencia no habían concluido. Los propietarios solicitaron al Tribunal de Primera Instancia un relevo de una sentencia parcial, el cual fue denegado. Los propietarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para dejar sin efecto dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurso proviene de una apelación contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Oriental Bank. El banco demandó a los deudores por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario garantizado por una propiedad. El TPI concedió la sentencia sumaria, ordenando el pago de la deuda ascendente a \$125,675.68 más intereses y otros cargos, y la ejecución de la hipoteca si no se cumplía. El TPI determinó que se cumplió con el requisito de mediación y que los deudores no lograron controvertir los hechos alegados por el banco en su moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI. La corte apelativa concluye que el TPI actuó correctamente al encontrar que el proceso de mediación se completó y que los deudores no presentaron prueba para refutar la moción de sentencia sumaria. La sentencia detalla los hechos no controvertidos que sirvieron de base para la decisión del TPI, incluyendo el monto adeudado y la descripción de la propiedad hipotecada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Marisin Chong apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. La demanda fue presentada contra dos doctores y sus aseguradoras por alegados daños sufridos durante un tratamiento dental en marzo de 2015. El foro primario desestimó el caso con perjuicio acogiendo una moción de prescripción. La apelante argumentó que no advino en conocimiento de la impericia hasta obtener un informe pericial en octubre de 2016. Posteriormente, envió una reclamación extrajudicial en febrero de 2017 y presentó la demanda en febrero de 2018. La apelación cuestionó si la acción estaba prescrita, dependiendo de la fecha en que la demandante tuvo conocimiento de su causa de acción. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los argumentos de las partes. Concluyó que procedía revocar la Sentencia del foro primario que había desestimado la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. La apelación fue presentada por Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia declaró Con Lugar una demanda de daños y perjuicios incoada por Ada Nilsa Serrano Carrasquillo. La señora Serrano Carrasquillo reclamó daños por una caída sufrida en la funeraria Suchville Memorial debido a un desnivel no perceptible. El foro primario halló a los demandados responsables por no advertir la presencia del desnivel. Condenó a los demandados a pagar solidariamente \$85,000 por daños físicos y mentales. La Cooperativa apeló alegando errores en la apreciación de la prueba y cuantías excesivas. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso conforme al derecho aplicable.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de incumplimiento de contrato y daños contractuales. Pablo Sierra Rivera y Pérsida Estrada Massas apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples. La disputa surgió de una reclamación por daños causados por el Huracán María a la propiedad de los apelantes. La aseguradora emitió un cheque por \$3,960 con una cláusula de liquidación total y definitiva, el cual fue endosado y depositado por los apelantes. Posteriormente, los apelantes demandaron a la aseguradora alegando que el pago era insuficiente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, aplicando la doctrina de pago en finiquito. Los apelantes recurrieron, argumentando que existían controversias fácticas que impedían la aplicación de dicha doctrina. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Efraín Osorio Iglesias, un confinado, presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones alegando que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) no había emitido una determinación sobre su solicitud tras 136 días. Solicitó al tribunal que autorizara su libertad bajo palabra. El confinado había tenido solicitudes previas denegadas, la última en octubre de 2019. Presentó este recurso el 1 de noviembre de 2019, antes de ser notificado de la decisión de octubre de 2019. El Procurador General solicitó la desestimación, argumentando que el recurso era prematuro y que la decisión de la JLBP fue enviada por correo el 4 de noviembre de 2019, el mismo día que el recurso fue recibido por el tribunal. El Procurador General sostuvo que el tribunal carecía de jurisdicción porque el confinado no esperó la notificación oficial. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al considerar que el recurso fue presentado prematuramente antes de la notificación de la determinación administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por Omar A. Alvarado Ortiz. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de supresión de evidencia. La defensa argumentó que el registro y allanamiento fue ilegal porque la descripción de la residencia en la orden de allanamiento no coincidía con el lugar registrado. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de supresión sin celebrar una vista evidenciaria, en parte debido a la incomparecencia del peticionario a varias vistas. Alvarado Ortiz alegó ante el Apelativo que el TPI erró al denegar la moción de plano y sin vista, argumentando que la incomparecencia no implica renuncia automática a la solicitud de supresión. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por el peticionario.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Octavio Salas Cordero impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que ratificó su nivel de custodia máxima. Salas Cordero cumple una sentencia de 111 años por asesinato en primer grado y Ley de Armas. Una evaluación rutinaria del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) arrojó una puntuación que correspondía a custodia mínima. No obstante, el CCT aplicó una modificación discrecional por "Historial de violencia excesiva". Fundamentó esta decisión en la naturaleza y notoriedad del delito cometido, incluyendo la decapitación de la víctima. Salas Cordero apeló, argumentando que el CCT aplicó erróneamente el factor discrecional, confundiéndolo con "Gravedad del delito". La Oficina Central del DCR denegó la apelación y la reconsideración, validando la decisión del CCT. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la controversia sobre la clasificación de custodia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Municipio de Hatillo. El Municipio impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios instado por la Sra. María de Lourdes Hernández González. La controversia central gira en torno a la solicitud del Municipio para que se ordenara a Integrand Assurance Company pagar los honorarios de peritos. El foro primario denegó dicha solicitud, resolviendo que el pago de peritos es un asunto que Integrand y el Municipio debían atender aparte del caso principal. El Municipio solicitó aclaración y reconsideración de esta determinación, las cuales fueron denegadas. Inconforme, el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, alegando errores del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de Certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a recursos de revisión administrativa presentados por Hospital Español Auxilio Mutuo y De Diego Ambulatory Clinic. Ambos recurrentes impugnan una Resolución del Departamento de Salud emitida el 8 de junio de 2018. Dicha Resolución otorgó un Certificado de Necesidad y Conveniencia a San Juan Ambulatory Surgical Center, Inc. para establecer un centro de cirugía ambulatoria. El Departamento de Salud determinó que la propuesta cumplía con la necesidad actual y proyectada según el Reglamento Núm. 112. Los recurrentes alegan que el Departamento de Salud cometió errores al no considerar a los hospitales del área como "partes afectadas". También cuestionan la notificación a otras entidades y la evaluación de estadísticas en el estudio de viabilidad. La sentencia procede a evaluar estos planteamientos de derecho presentados por las partes recurrentes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. Un ex sargento de la Policía Municipal de San Juan impugna su destitución del empleo. La sanción se impuso tras una investigación por proferir comentarios obscenos a otra sargento. La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) confirmó la destitución. El recurrente alega errores de la CIPA en la valoración de la prueba y la severidad de la sanción impuesta. Argumenta que debieron aplicarse guías progresivas con una pena menor a la destitución. El Tribunal inicia su análisis enfatizando la importancia fundamental de verificar su jurisdicción. Destaca que la jurisdicción es un deber ministerial que no se presume ni puede ser asumida por las partes. La sentencia subraya la necesidad de evaluar el poder para adjudicar la controversia antes de entrar en los méritos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Independent Bonding Corporation (ACC). ACC impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para dejar sin efecto una sentencia de confiscación de fianza. La fianza fue prestada por ACC para Jeramil Santos Ríos, acusado de infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. Santos Ríos no compareció a la vista de sentencia tras hacer alegación de culpabilidad. Ante su incomparecencia reiterada, el TPI dictó sentencia en ausencia y confiscó la fianza prestada por ACC. ACC había informado al TPI sobre gestiones para localizar al acusado, incluyendo planes de extradición desde Connecticut. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por ACC. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la determinación del TPI que denegó la moción de ACC.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Juan J. Torres Aponte contra Pedro Trinidad Pagán. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre una solicitud de orden de protección bajo la Ley 121, Ley para Política Pública y la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. El peticionario alegó haber sido maltratado mediante coacción, presión, amenazas e intimidación por el recurrido y otras personas, causándole temor y daño físico y psicológico. Sostuvo que este maltrato estaba relacionado con casos legales previos y problemas de propiedad, incluyendo el uso de ganado para intimidarlo. Solicitó una orden para cesar el hostigamiento, prohibir comunicación e interferencia, y resolver asuntos relacionados con su finca. El Tribunal de Primera Instancia denegó la expedición de la orden de protección al considerar que no se cumplían los elementos requeridos por la ley. El peticionario apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones atendió el recurso como un certiorari, a pesar de incumplimientos formales, en aras de facilitar el acceso a la justicia. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la orden de protección.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de educación especial. Giancarlo Irizarry Sánchez apeló una resolución del Departamento de Educación que declaró no ha lugar su querella. La querella alegaba privación de educación especial para su hijo, falta de un PEI adecuado y solicitaba rembolso de gastos de escuela privada y compra de servicios privados. El Departamento de Educación argumentó que el padre rechazó las alternativas de ubicación pública ofrecidas y deseaba mantener al menor en escuela privada. Una vista administrativa encontró probado que el estudiante fue determinado elegible para educación especial. El Comité de Ubicación y Programación ofreció alternativas de ubicación pública y presentó un PEI propuesto. Sin embargo, el padre rechazó ambas ofertas, expresando su deseo de continuar con la ubicación privada de su hijo. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución administrativa. El Tribunal confirmó la resolución recurrida del Departamento de Educación.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que declaró Ha Lugar una Demanda de Impugnación de Confiscación. El caso involucra la confiscación de un vehículo propiedad del apelado, Sr. William E. Núñez Mateo. El foro primario concedió la impugnación basándose en la doctrina de impedimento colateral por sentencia, tras un resultado favorable para el apelado en un proceso criminal relacionado. La Sentencia apelada ordenó al Estado devolver al apelado la fianza de $18,000 consignada para asegurar el vehículo. El Estado apeló argumentando que el TPI erró al ordenarle a él, en lugar de a la Secretaría del propio Tribunal, la devolución de dicha fianza. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la Sentencia apelada. La modificación se limita únicamente a la parte dispositiva referente a la devolución de la fianza consignada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia relacionada con la Subasta Núm. 51459 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Landis+Gyr Technology, Inc. recurre la Notificación de Adjudicación de la AEE del 21 de junio de 2019. Mediante dicha notificación, la AEE canceló la subasta para adquirir contadores, al entender que ningún licitador cumplió los términos. Específicamente, la AEE determinó que Landis+Gyr no incluyó el "Power of Attorney" requerido. Landis+Gyr presentó una propuesta con fianza de licitación, pero la AEE la consideró no respondiente por la falta del documento. Tras una moción de reconsideración no atendida por la AEE, Landis+Gyr acudió al Tribunal de Apelaciones. Landis+Gyr alega que el "Power of Attorney" no era necesario para su tipo de fianza, que su omisión fue una desviación menor, y que su propuesta era la única que cumplía los requisitos. La AEE solicitó la desestimación del recurso, pero el tribunal declaró No Ha Lugar dicha solicitud y se encuentra ahora en posición de resolver el recurso de revisión administrativa.

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Los peticionarios, Héctor I. Fernández León y M.J.F.M., solicitan al Tribunal de Apelaciones revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden impugnada resolvió que Marilyn Maldonado Rivera, madre del menor, no tiene que devolver \$6,135.00. Esta cantidad fue desembolsada de los fondos del menor con autorización judicial previa para cubrir gastos escolares. Inicialmente, la madre obtuvo autorización para retirar \$3,945.00 para el año académico 2016-2017. Luego, la Procuradora de Asuntos de Familia solicitó y el tribunal autorizó, sin vista, el desembolso de \$6,135.00 para el año escolar 2017-2018 y cursos de verano. La Procuradora informó que el padre cubriría otros gastos del menor, como graduación y libros. La disputa se centra en si la madre debe o no reintegrar los \$6,135.00 utilizados para la educación del menor, según lo dictaminó el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que considera un recurso de apelación, acogido como certiorari. El recurso fue presentado por Pedro Colón Martínez contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su acceso a un expediente judicial. El caso original (EAL 2013-0701) trata sobre alimentos entre parientes, donde se fijó pensión para los hijos menores del padre de Colón Martínez. Colón Martínez, quien es padre de los menores e hijo del causante, solicitó acceso al expediente para verificar pagos de pensión en relación con un caso de cobro de atrasos. La madre de los menores se opuso, argumentando confidencialidad y falta de legitimación. El Tribunal de Primera Instancia denegó el acceso. El Tribunal de Apelaciones acepta revisar esta resolución interlocutoria mediante certiorari. Se discute la naturaleza discrecional del certiorari y la posibilidad de revisar órdenes en casos de familia o para evitar un fracaso irremediable de la justicia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Jensen Medina Cardona, acusado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, solicitó la supresión de la identificación en su contra. Alegó que el proceso de identificación, incluyendo una rueda de fotos, fue indebidamente sugestivo y violó su derecho al debido proceso de ley. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, evaluó prueba testifical y documental, y declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión. El peticionario recurre ante el foro apelativo señalando errores en la determinación del tribunal primario. Argumenta que la identificación por parte de testigos estuvo viciada por sugestividad institucional y que se violentó su derecho a la confrontación. El Tribunal de Apelaciones determina confirmar la resolución recurrida. Esto permite la continuación de los procedimientos criminales en el foro de instancia.

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Premier Line Distributors, Corp. solicitó un cambio de nombre en un permiso de uso para una oficina médica en Bayamón. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Bayamón denegó la solicitud, citando que el uso no está permitido en el distrito, falta de estacionamientos, incumplimiento con regulaciones de acceso vehicular, obras sin permiso y cosa juzgada. Premier Line recurrió esta denegatoria ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe emitió una resolución que dejó sin efecto la denegatoria municipal y devolvió el caso al Municipio para que emitiera una nueva resolución con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Inconforme con la resolución de la OGPe, Premier Line presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Premier Line. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por prematuridad. La resolución de la OGPe, al devolver el caso al Municipio, no constituyó una determinación final y apelable.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Rafael Rivera Santiago. La apelación impugna una Resolución/Orden provisional emitida por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley Núm. 140 sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. La orden original autorizó al apelante a poseer un número limitado de gatos y perros y estableció condiciones para su tenencia y la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia advirtió que su orden no era apelable, aunque no constituía cosa juzgada. A pesar de ello, el Sr. Rivera Santiago apeló, alegando error por no realizarse una inspección ocular. El Tribunal de Apelaciones explica que la Ley 140 establece un procedimiento rápido y económico para adjudicaciones provisionales. Conforme a la Ley 140, las órdenes que fijan un estado provisional de derecho son expresamente inapelables. La vía de remedio para una parte inconforme es iniciar una acción civil ordinaria ante el Tribunal de Primera Instancia. En dicha acción ordinaria, el tribunal puede enmendar o dejar sin efecto la orden provisional. El Tribunal de Apelaciones concluye que la orden apelada es un remedio provisional bajo la Ley 140 y, por tanto, no es apelable ante este foro. El Sr. Rivera Santiago debe iniciar el curso ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia para ventilar la controversia.

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Aníbal Batista Vega presentó una querella ante el DACO contra Car Store por la compra de un vehículo defectuoso, solicitando la devolución de su dinero. Car Store contestó la querella, negando las alegaciones y proveyendo direcciones postales para sí y su abogado. DACO envió múltiples notificaciones, incluyendo citaciones a vista administrativa, a las direcciones provistas por Car Store. Car Store no compareció a la vista administrativa del 9 de julio de 2019. DACO declaró a Car Store en rebeldía, presumiendo que las notificaciones llegaron a su destino al no ser devueltas. DACO resolvió la querella a favor de Batista Vega, ordenando la resolución del contrato, reembolso de dinero y pago de daños. Car Store solicitó reconsideración ante DACO, alegando falta de notificación de la vista. DACO denegó la reconsideración. Car Store recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones, cuestionando la validez de la notificación y la declaración de rebeldía.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación relacionada con el apellido de un menor nacido mediante gestación subrogada tradicional. La apelación impugna una decisión del tribunal de primera instancia que ordenó la sustitución del apellido de la madre biológica y gestante por el de la madre intencional, basándose en un reconocimiento voluntario y sin mediar un proceso de adopción. El caso involucra un acuerdo de gestación subrogada tradicional donde la madre gestante utilizó su propio óvulo fertilizado por el esperma del padre intencional. La cuestión legal central es si el apellido de la madre biológica puede ser reemplazado por el de la madre intencional mediante reconocimiento voluntario únicamente en este contexto específico de subrogación. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y las normas de derecho que rigen las controversias, incluyendo la constitucionalidad del Artículo 113 del Código Civil de Puerto Rico. El Tribunal resolvió finalmente revocar la sentencia apelada del tribunal de primera instancia. El foro primario también había impuesto el pago de sumas por concepto de temeridad a los apelantes. Esta determinación aborda específicamente las implicaciones legales del reconocimiento voluntario de maternidad en la gestación subrogada tradicional donde la madre gestante también tiene vínculo genético con el menor.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso de certiorari presentado por Jesús Manuel Nieves Torres. El peticionario buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que dejó sin efecto una sentencia parcial previa. La sentencia parcial había desestimado por prescripción la demanda presentada por José Manuel Rosario Cruzado contra el peticionario. La demanda original impugna la validez de una sentencia de 2000, alegando fraude en el emplazamiento por parte del peticionario. El TPI inicialmente acogió el argumento de prescripción del peticionario. No obstante, el demandante solicitó reconsideración, argumentando que la acción de nulidad de sentencia por fraude no tiene plazo prescriptivo y requiere una vista evidenciaria. El TPI concedió la reconsideración, anuló la desestimación y ordenó la continuación del caso. El peticionario acudió en certiorari para impugnar esta última decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari, manteniendo así la orden del TPI de continuar con los procedimientos contra el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801381. MBS, Inc. apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la querella de Jorge Rodríguez Acevedo. El señor Rodríguez Acevedo demandó a su exempleador, MBS, por despido injustificado y reclamo de horas extras tras 19 años de servicio. Alegó que fue despedido sin justa causa y reclamó la mesada de Ley 80 y pago por horas extras no compensadas. MBS sostuvo que el despido fue justificado por violaciones a normas de conducta e insubordinación. La sentencia detalla parte de la prueba testifical presentada en el juicio, incluyendo el testimonio del gerente de MBS sobre las funciones del empleado, procedimientos y advertencias. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del señor Rodríguez Acevedo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de apelación presentado por MBS. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso sobre la filiación y el apellido de un menor nacido mediante maternidad subrogada tradicional. La controversia surge de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de ordenar el cambio del apellido materno del menor. El foro primario había dispuesto sustituir el apellido de la madre biológica y gestante (López Rodríguez) por el de la madre intencional (Pérez Rodríguez). Esta sustitución se basó en un reconocimiento voluntario de la madre intencional, sin mediar un proceso de adopción. Los apelantes, incluyendo la madre biológica y el padre intencional, impugnaron esta decisión. El caso plantea la cuestión legal fundamental de si es válido cambiar el apellido de la madre biológica por el de la madre intencional mediante reconocimiento voluntario sin adopción. El Tribunal de Apelaciones evaluó los méritos del recurso, los argumentos de las partes y las normas aplicables. Tras su análisis, el panel resolvió revocar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia del apelativo deja sin efecto la orden de cambio de apellido y la imposición de costas por temeridad.

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Se presenta una sentencia de un panel de jueces sobre un caso iniciado por Adalberto Alvarado Alvarado contra Juan Francisco Rodríguez y otros. Alvarado demandó por triple daños, alegando que los demandados invadieron su propiedad, bloquearon el acceso, destruyeron servicios y alteraron el terreno. Reclamó daños a la finca y daños morales por estos hechos. Los demandados negaron las acusaciones, afirmando que limpiaban su propia propiedad y que Alvarado los presionó para comprarle terreno tras los eventos. Presentaron defensas afirmativas y una reconvención por persecución maliciosa. Alvarado replicó negando la reconvención. Tras solicitar aclaraciones sobre la demanda, el demandante indicó que su acción se basaba en la disposición de triple daños del Código de Enjuiciamiento. Posteriormente, los demandados presentaron una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando que la demanda no exponía una causa de acción válida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La demanda fue presentada por Orlando José Aponte Rosario contra el Comisionado de la Policía y el Gobierno de Puerto Rico. El pleito original cuestionaba la legalidad de los servicios especiales de escolta provistos al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su familia tras su renuncia al cargo. El demandante argumentó que el Sr. Rosselló Nevares no cualificaba como "Ex-Gobernador" bajo la definición legal aplicable, especialmente para recibir escolta fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Alegó que la Orden General de la Policía debía interpretarse según la Ley Núm. 2-1965, que define el término. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, concluyendo que la controversia se había tornado académica. El apelante solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha desestimación.

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Kress Stores of Puerto Rico, Inc. recurre ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari tras un pleito de daños y perjuicios. En el caso original, Leonides Soto Pérez y Evaristo Santos Luna obtuvieron sentencia en rebeldía contra Kress por \$130,700.00 más honorarios. Tras la sentencia, se ejecutó un embargo sobre una cuenta de Kress por \$143,770.00. Kress solicitó relevo de sentencia bajo la Regla 49.2, alegando la liquidación de su aseguradora, daños excesivos y la nulidad de una parte del monto embargado. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de relevo. Posteriormente, los demandantes solicitaron el desembolso de los fondos embargados. Kress presentó mociones de reconsideración y paralización del desembolso, argumentando que la decisión sobre el relevo no era final. A pesar de ello, el foro primario ordenó el desembolso de los fondos. Kress plantea en su certiorari que el Tribunal erró al ordenar el desembolso mientras la determinación sobre el relevo no era final y había una reconsideración pendiente. El Tribunal de Apelaciones resolverá el recurso sin trámites adicionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Miguel Ortiz. El peticionario busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Ortiz argumentó que la demanda, relacionada con un interdicto y daños por un canal pluvial, debía desestimarse por falta de jurisdicción sobre su esposa, a quien consideraba parte indispensable y no emplazada adecuadamente. A pesar de existir un diligenciamiento de emplazamiento para "Fulana de Tal", Ortiz afirmó que su esposa nunca fue notificada. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Ante el recurso de certiorari, la parte recurrida (BAS Properties) indicó que desistiría de las causas de acción contra la esposa de Ortiz, pero no evidenció dicho desistimiento ante el tribunal. Además, BAS no presentó alegato en oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, determina denegar el auto de certiorari solicitado por Miguel Ortiz.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra a Ganma Engineering Services y Morales & Morales Developers, Inc., derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. Ganma Engineering presentó un recurso de certiorari para impugnar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden requería a Ganma proveer información de planillas de contribución sobre ingreso para facilitar la ejecución de una sentencia previa a favor de Morales & Morales. El Tribunal de Primera Instancia había denegado una solicitud de reconsideración de Ganma sobre esta orden. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso de certiorari presentado por Ganma. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El tribunal señaló que un recurso presentado tardíamente adolece de este defecto insubsanable.

Resumen:

La corporación Vigilantes, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. La sentencia del foro primario acogió una Resolución y Orden previa de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. Dicha orden administrativa surgió de una querella por despido injustificado presentada por Susan Martínez López contra Vigilantes. La OMA emitió la orden de pago tras la incomparecencia de Vigilantes a la vista adjudicativa. Vigilantes apeló la orden de la OMA ante el Tribunal de Apelaciones, que la confirmó previamente. Posteriormente, el Departamento del Trabajo solicitó el cumplimiento de la orden en el Tribunal de Primera Instancia, resultando en la sentencia que Vigilantes intentó anular mediante el relevo. Vigilantes argumentó que la orden administrativa y la sentencia eran nulas por ser ultra vires y atentar contra el debido proceso. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud de relevo. Ante ello, Vigilantes presentó este recurso de certiorari, el cual el Tribunal de Apelaciones deniega.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de certiorari presentado por Cooperativa de Seguros Múltiples. La Cooperativa solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue incoado por Ana Bido contra la Cooperativa por incumplimiento de contrato de seguros tras los daños causados por el Huracán María a dos de sus propiedades. Bido reclamó que la aseguradora no pagó la totalidad de los daños cubiertos por sus pólizas. La Cooperativa argumentó en su solicitud de sentencia sumaria que Bido aceptó un pago final al endosar y depositar cheques enviados con cartas que indicaban pago total, aplicando la doctrina de pago en finiquito. Bido se opuso, alegando que expresó su desacuerdo con la baja oferta a empleados de la Cooperativa y que las cartas eran confusas, depositando los cheques sin renunciar a reclamar más. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar controversia de hechos, incluyendo que Bido manifestó su inconformidad y no fue orientada sobre un trámite de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Cooperativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, dictó sentencia el 31 de enero de 2020. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, en representación del Proyecto ENLACE, presentó ante este foro varios recursos de Certiorari. Estos recursos, identificados bajo los números KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554, provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Todos los casos tienen como materia la Expropiación Forzosa. La AFI solicitó la consolidación de estos recursos ante el Tribunal de Apelaciones. La petición busca promover una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, evitando resultados incompatibles. Los casos involucran cuestiones similares de hecho y de derecho. El Tribunal, considerando la solicitud, ordena la consolidación de los siete recursos presentados. La consolidación se llevará a cabo en el recurso más antiguo, el KLCE201901546.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. (PRCDM) en un caso de cobro de dinero. PRCDM impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía prestar una fianza de no residente. El peticionario alegaba ser una corporación doméstica y que la fianza era improcedente bajo la Regla 69.5. El Tribunal de Primera Instancia había denegado previamente una moción de reconsideración de PRCDM sobre la imposición de la fianza. La parte recurrida, Palmira Méndez Torres, no presentó oposición al recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud de certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el tribunal denegó la expedición del recurso. La resolución discute la naturaleza discrecional del certiorari como vehículo para corregir errores de derecho interlocutorios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre varios casos de expropiación forzosa. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en representación de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, solicitó la consolidación de siete recursos de certiorari. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y enfrentan a AFI contra múltiples recurridos en procedimientos de expropiación forzosa. La petición de consolidación busca una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, evitando resultados incompatibles al presentar cuestiones similares de hecho y derecho. El Tribunal de Apelaciones, integrado por las juezas Colom García y Soroeta Kodesh y el juez Sánchez Ramos, concedió la solicitud. Se ordenó la consolidación de los casos KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554. La consolidación se efectuará en el recurso más antiguo, identificado como KLCE201901546. La sentencia fue emitida el 31 de enero de 2020.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, de 31 de enero de 2020. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en representación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, presentó siete recursos de Certiorari. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y versan sobre casos de Expropiación Forzosa contra varios recurridos. AFI solicitó la consolidación de los casos identificados con los números KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554. La petición buscaba una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, evitando resultados incompatibles. El panel del Tribunal de Apelaciones, integrado por las juezas Colom García y Soroeta Kodesh y el juez Sánchez Ramos, evaluó la solicitud. Se determinó que los casos presentan cuestiones similares de hecho y de derecho. Para lograr los objetivos planteados, el Tribunal ordena la consolidación de los siete recursos en el recurso más antiguo, identificado como KLCE201901546.

Resumen:

Firstbank Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La resolución recurrida denegó las mociones de sentencia sumaria presentadas por Firstbank y DDR Río Hondo LLC, S.E. El litigio subyacente se relaciona con un contrato de arrendamiento comercial y el intento de Firstbank de terminarlo anticipadamente tras el huracán María. Firstbank demandó buscando una sentencia declaratoria sobre la validez de la terminación temprana y el monto de los daños, consignando una suma en el tribunal. El Tribunal de Primera Instancia denegó las sentencias sumarias al encontrar hechos controvertidos que requerían juicio. Firstbank apeló esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los asuntos, resolvió denegar la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en varios recursos de certiorari presentados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, en representación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia y se relacionan con casos de expropiación forzosa contra múltiples recurridos. Para promover una adjudicación efectiva, rápida y uniforme, y evitar resultados incompatibles, el Tribunal considera la solicitud de consolidación. Se identifica que los siete recursos de certiorari presentan cuestiones similares de hecho y de derecho. Por tanto, se ordena la consolidación de los recursos KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554. La consolidación se dispone en el recurso más antiguo, el KLCE201901546.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, emitió una sentencia el 31 de enero de 2020. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI), en representación del Proyecto ENLACE, presentó varios recursos de certiorari. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia y versan sobre casos de expropiación forzosa contra diversos recurridos. Los casos identificados incluyen los números KLCE201901546, KLCE201901547, KLCE201901548, KLCE201901549, KLCE201901550, KLCE201901553 y KLCE201901554. AFI solicitó la consolidación de estos recursos ante el Tribunal de Apelaciones. La petición se fundamentó en la necesidad de una adjudicación efectiva, rápida y uniforme. Se buscaba evitar resultados incompatibles dado que los casos presentan cuestiones similares de hecho y de derecho. El Tribunal ordenó la consolidación de todos los recursos. La consolidación se efectuará en el recurso más antiguo, el KLCE201901546.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por Inversiones Rodríguez Nieves, Inc. y otros contra Banco Popular de Puerto Rico. La apelación impugnaba una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de garantías. Las partes informaron al Tribunal haber llegado a un acuerdo transaccional para poner fin a las controversias. En consecuencia, solicitaron conjuntamente el desistimiento del recurso de apelación. El Tribunal declaró ha lugar la petición de desistimiento. Se ordenó el archivo del caso KLAN201900955 con perjuicio. La decisión se fundamenta en el acuerdo alcanzado por las partes. No se impusieron costas, gastos ni honorarios de abogado.

Resumen:

Este recurso de apelación, presentado inicialmente como certiorari, proviene de un caso civil sobre desahucio, cobro de dinero, incumplimiento de contrato, reivindicación y daños y perjuicios. La recurrente impugna una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia (TPI) notificada el 17 de septiembre de 2019 y la denegatoria de su moción de reconsideración. El TPI denegó la reconsideración por haber sido presentada fuera del término jurisdiccional. La recurrente presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 22 de enero de 2020. El Tribunal de Apelaciones determina que la moción de reconsideración, presentada el 7 de octubre de 2019, fue tardía y no interrumpió el término para apelar la sentencia. El término jurisdiccional de treinta días para apelar la Sentencia Enmendada de 17 de septiembre de 2019 venció antes de la presentación del recurso de apelación. Los términos jurisdiccionales son improrrogables y su incumplimiento impide al tribunal asumir jurisdicción. Al presentarse el recurso fuera del término correspondiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atenderlo. Por tanto, se desestima el recurso de apelación.

Resumen:

Un sargento de la policía, Jayson Manuel Reyes Rivera, enfrentó cargos disciplinarios que resultaron en una suspensión de 150 días. Apeló esta sanción ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Sin embargo, la CIPA ordenó la paralización del proceso administrativo, citando una resolución previa basada en la declaración de quiebra del gobierno bajo la ley PROMESA. En desacuerdo con esta paralización, el sargento presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El sargento argumentó que la CIPA erró al paralizar el proceso debido a la declaración de quiebra. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, considerando la aplicación de las disposiciones de paralización automática de PROMESA a las acciones disciplinarias administrativas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la resolución de la CIPA que había ordenado la paralización de los procedimientos. Esta decisión permite que el proceso de apelación administrativa sobre la suspensión del sargento continúe ante la CIPA.