Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 197)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, en el caso de Certiorari KLCE202000389. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, relacionado con un caso sobre incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios (CA2019CV02724). Las partes recurridas son Edgardo Maldonado Plata y otros, y las peticionarias son United Surety & Indemnity Company y otras. El 7 de agosto de 2020, las partes presentaron una Moción Conjunta sobre Desistimiento. Dicha moción solicitaba el desistimiento de la causa de acción de la demandante bajo el Código de Seguros y del presente recurso de apelación. El Tribunal examinó la moción conjunta. Mediante esta Resolución del 12 de agosto de 2020, el Tribunal declaró Ha Lugar la moción. En consecuencia, se ordena el archivo y sobreseimiento de este caso. La decisión se fundamenta en el desistimiento de las partes, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel I, en el caso KLCE202000600. La peticionaria, Carmen Nydia Gerena, presentó un recurso de Certiorari contra MAPFRE Pan American Insurance Company y otros, originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Lares, sobre incumplimiento de contrato. Con fecha de 12 de agosto de 2020, el Tribunal consideró el "Aviso de desistimiento" presentado por la parte peticionaria el 10 de agosto de 2020. El Tribunal declaró Con Lugar el desistimiento solicitado. Como consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del caso. Esta acción se fundamenta en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de capitulaciones matrimoniales. Rafael Muñoz Justiniano apeló una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Ingrid Centeno Martell y Luis Ramírez Quiñones. Muñoz Justiniano buscaba anular las capitulaciones matrimoniales de los apelados, alegando que no rechazaban expresamente el régimen ganancial ni especificaban otro, y que la pareja actuaba bajo dicho régimen. Su interés era que la supuesta sociedad de gananciales respondiera por una pensión alimentaria para una hija que procreó con Centeno Martell. Los apelados defendieron la validez de las capitulaciones y calificaron la demanda como temeraria. El foro primario dictó sentencia sumaria por insuficiencia de prueba del apelante y le impuso honorarios de abogado por \$5,000. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia sumaria que desestimó la demanda. No obstante, modifica la decisión apelada únicamente para reducir la condena de honorarios de abogado impuesta al apelante de \$5,000 a \$1,500.

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Panel judicial resuelve petición de certiorari en un caso de divorcio. La peticionaria, Sra. Jasmine Fuentes Olmo, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI decretó la disolución matrimonial y la custodia compartida, pero denegó su solicitud de designar la vivienda conyugal, propiedad privativa del esposo, como hogar seguro. La Sra. Fuentes argumentó que, a pesar de la custodia compartida formal, ella tiene a la menor la mayor parte del tiempo y la residencia fue el hogar familiar. El esposo, Sr. Norberto Rafael Rivera Reyes, se opuso, señalando controversias de custodia pendientes, su uso de la residencia con la menor y que la peticionaria fue desalojada por una orden de protección en su contra. El TPI denegó el hogar seguro "en estos momentos", citando reglas de evidencia y el peso de la prueba. La peticionaria alegó error al denegar el hogar seguro a pesar de su custodia de facto predominante y el uso previo de la residencia como hogar familiar. El panel acoge el recurso como certiorari. Tras examinar los escritos, el tribunal deniega la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones atiende una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre el cálculo de la legítima estricta en una sucesión. La disputa se da entre los dos únicos herederos universales instituidos por el causante. El testador legó el tercio de mejora y libre disposición a la apelante y le donó en vida un inmueble, dispensando expresamente la colación de dicha donación. La controversia principal es si el valor de esta donación, dispensada de colación, debe incluirse en el caudal hereditario para computar la legítima de los herederos forzosos. El foro primario sumó el valor de la donación al caudal relicto neto para determinar la base de cálculo de la legítima. La apelante argumenta que una donación no inoficiosa y dispensada de colación no debe formar parte del caudal para este cómputo. El apelado sostiene la validez de la decisión recurrida. El documento presenta el concepto legal de legítima y la regla general para su cálculo, que implica agregar las donaciones colacionables al valor de los bienes restantes.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones J \& J Builder Contractors Group, Corp. para impugnar la adjudicación de la Subasta Formal \#220001623 por la Oficina de Compras de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. La subasta buscaba contratar servicios de impermeabilización temporera para varios edificios. Nueve licitadores presentaron propuestas, y la subasta fue adjudicada a cinco de ellos, incluyendo a J \& J Builder. J \& J Builder fue identificado como el licitador con la mayor cantidad de edificios con precios más bajos. Inconforme con la adjudicación parcial, J \& J Builder presentó una petición de reconsideración ante el Panel de Reconsideración de Subastas de la UPR, la cual no fue considerada. Posteriormente, presentó este recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. J \& J Builder alegó que la Oficina de Compras carecía de autoridad legal para adjudicar la subasta y que erró al no adjudicarle la totalidad de los edificios por ser el licitador más bajo que cumplía con los requisitos. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por prematuridad del recurso.

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La peticionaria Laura Yesmín Iñigo Fas recurre ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de declaración de prodigalidad. La orden impugnada dispuso la emisión de mandatos a entidades bancarias y señaló una vista argumentativa. El Tribunal de Apelaciones evalúa la oportunidad del recurso de certiorari y de la moción de reconsideración presentada previamente. Determina que la moción de reconsideración fue presentada tardíamente, fuera del término estricto de quince días, y no interrumpió el plazo para apelar. Concluye que el recurso de certiorari fue presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días desde la notificación de la orden recurrida. Ni la presentación tardía de la moción ni las extensiones por la emergencia del Covid-19 hicieron oportuno el recurso. Un recurso tardío priva al tribunal de jurisdicción para atender el caso. Incluso un recurso prematuro por no resolverse una moción previa resultaría en falta de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar la petición. Añade que, de tener jurisdicción, no intervendría con la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso discrecional de certiorari presentado por Armando Rodríguez Torres. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de Hábeas Corpus. La situación surge tras ordenarse un nuevo juicio para el peticionario, consecuencia de la decisión *Ramos v. Louisiana*. Al ser acusado nuevamente, no pudo prestar la fianza impuesta, resultando en su encarcelamiento preventivo. El peticionario argumentó que el tiempo de detención preventiva acumulado antes del primer juicio debía contarse para el límite de seis meses en espera del nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones recordó que en Puerto Rico, la detención preventiva sin juicio no puede exceder los seis meses. Tras revisar el expediente, el tribunal no encontró indicios de que el foro primario actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Tampoco identificó fundamentos jurídicos para expedir el auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto.

Resumen:

Un Teniente de la Policía presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de Puerto Rico, el Negociado de la Policía y varios funcionarios, luego de ser investigado y trasladado por una querella de hostigamiento sexual. El Estado solicitó la desestimación de la demanda contra el Gobierno, alegando limitaciones bajo la Ley de Pleitos contra el Estado para ciertas reclamaciones. El demandante se opuso, argumentando responsabilidad vicarial a través de los funcionarios demandados en su capacidad oficial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación del Estado y su solicitud de reconsideración. Inconforme con esta determinación interlocutoria, el Estado presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Estado sostiene que el foro primario erró al no desestimar la demanda contra el Gobierno. La Resolución del Tribunal de Apelaciones describe la naturaleza extraordinaria del Certiorari y las reglas que rigen su expedición para revisar decisiones interlocutorias. El documento establece el marco para que el Tribunal de Apelaciones evalúe si procede revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La parte peticionaria, Centro de Envejecientes Nuevo Renacer, recurrió una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de la demanda. La solicitud se basaba en la doctrina de cosa juzgada, específicamente impedimento colateral por sentencia. El litigio se origina de un contrato de arrendamiento con la parte recurrida, Kiyomi Santos Onoda. Previamente, existió un pleito de desahucio y cobro de dinero donde la arrendataria presentó una reconvención. La peticionaria alegó que las reclamaciones en el nuevo caso de cobro de dinero estaban precluidas por el pleito anterior. Tras examinar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la resolución recurrida debía ser revocada. Se expidió el auto de certiorari y se dejó sin efecto la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Ángel A. Meléndez Méndez. El peticionario busca anular parte de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de varios delitos, incluyendo dos cargos bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas. Su convicción había sido previamente confirmada por este Tribunal de Apelaciones en septiembre de 2019. En su nueva petición, el señor Meléndez alega que la condena por el Art. 5.04 es inconstitucional, violando su derecho a portar armas, lo que, a su juicio, anula la sentencia por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones adelanta que desestimará el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción. Se explica que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional que no procede en este caso. El Tribunal considera que la vía procesal utilizada no es la adecuada para plantear el reclamo en esta etapa, especialmente tras una sentencia apelativa previa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación presentado por GVG Builders, Inc. contra el Municipio de Naguabo y sus funcionarios. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, que declaró No Ha Lugar la demanda de GVG. El litigio se centra en la facultad del Municipio de Naguabo para imponer arbitrios de construcción y patente municipal a GVG por una obra de revitalización del Malecón de Naguabo. GVG, contratada por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), argumentó que la obra se ubicaba en una zona marítimo-terrestre bajo jurisdicción del DRNA, fuera de los límites territoriales del Municipio para fines contributivos. El Municipio exigió los pagos para el permiso de construcción, los cuales GVG realizó bajo protesta. GVG demandó al Municipio solicitando una sentencia declaratoria y la devolución de los fondos, alegando falta de autoridad municipal. El foro primario validó la imposición de los arbitrios y la patente por parte del Municipio. GVG apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202000299 sobre Daños y Perjuicios. La peticionaria, Sheraton Puerto Rico Management, LLC, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción se fundamentaba en que la demanda de la recurrida, Elizabeth Pitre Cintrón, estaba prescrita y no exponía una reclamación válida. La demanda surge de una caída sufrida por la recurrida en el Sheraton Old San Juan Hotel en noviembre de 2017. La peticionaria argumentó que las comunicaciones previas al pleito no interrumpieron el término prescriptivo de un año. La recurrida se opuso, alegando que sí hubo interrupción del término. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una petición de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Alcázar. La petición busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que dio por admitido un requerimiento de admisiones. El foro primario consideró admitidas las admisiones debido a que el Consejo de Titulares no las contestó dentro del término establecido. El caso subyacente fue iniciado por Jaime Enrique Conde Matos y Otros, quienes demandaron la nulidad de una sentencia en rebeldía y una venta judicial previa. Alegan que la sentencia original fue nula por falta de emplazamiento adecuado y fraude, dada la incapacidad de la parte demandada en aquel entonces. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes tras conceder una orden de mostrar causa. El documento detalla el historial procesal tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el foro apelativo respecto a la controversia sobre las admisiones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Félix Polanco Vázquez. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus solicitudes para dejar sin efecto una sanción económica a su abogado y anular la admisión de hechos. El Tribunal de Primera Instancia impuso la sanción de \$100 y dio por admitidos los requerimientos de admisiones del recurrido, Héctor Horta Santini. Esto se debió al incumplimiento del peticionario con los términos de descubrimiento de prueba, que vencieron en enero de 2020. El peticionario no contestó los requerimientos ni solicitó una extensión a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las razones alegadas para la demora ocurrieron después de las fechas límite y no constituían justa causa. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación mediante el presente recurso discrecional. El tribunal procede con la revisión sin requerir la comparecencia de la parte recurrida.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por Wilfredo Hernández y otros contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelación proviene de una demanda sobre incumplimiento de contrato y daños contractuales. Los apelantes reclamaron que la aseguradora no pagó adecuadamente los daños sufridos por su propiedad tras el Huracán María. La Cooperativa de Seguros Múltiples solicitó sentencia sumaria, alegando que los apelantes aceptaron un pago final. La aseguradora sostuvo que el cobro del cheque constituyó un "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria. En consecuencia, desestimó la demanda de los apelantes con perjuicio. La decisión del TPI se basó, en parte, en la falta de oposición a la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar dicha determinación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de desestimación de MAPFRE. El caso original fue incoado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, por incumplimiento de contrato de seguros. El Departamento alega que MAPFRE no ha honrado sus obligaciones tras los daños causados por el Huracán María a las instituciones carcelarias, solicitando una indemnización millonaria y sentencia declaratoria. MAPFRE argumentó que la demanda era prematura, ya que la reclamación aún estaba abierta y bajo investigación, y el propio Departamento no había completado la presentación de estimados detallados. El Departamento se opuso a la desestimación, señalando que MAPFRE había rechazado reclamaciones parciales y demorado el proceso por más de dos años, poniendo en riesgo las instalaciones y personas. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar si el foro primario actuó correctamente al denegar la desestimación.

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Josean X. Gómez González presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso se originó tras una queja del confinado sobre un registro en su celda y la posterior investigación administrativa que concluyó que se resistió. Tras la denegación de su solicitud de reconsideración, Gómez González acudió al Tribunal de Apelaciones alegando imparcialidad en la investigación. El tribunal concedió la solicitud para litigar *in forma pauperis* pero ordenó al recurrente presentar los documentos necesarios para perfeccionar el recurso. El Procurador General solicitó la desestimación del recurso argumentando el incumplimiento del confinado con las reglas procesales del tribunal. Específicamente, el recurrente no incluyó documentos esenciales como la solicitud original y la resolución administrativa impugnada, a pesar de la orden judicial. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en el reiterado incumplimiento del recurrente con las disposiciones reglamentarias para la presentación y perfeccionamiento del recurso. El tribunal enfatizó que las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, deben cumplir con las normas procesales para que el foro judicial pueda ejercer jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso de apelación en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. FirstBank de Puerto Rico demandó a Ada Cecilia Hernández Reyes y otros por incumplimiento en el pago de una deuda hipotecaria. Los demandados presentaron una reconvención y defensas, incluyendo la disminución del valor de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de FirstBank, declarando con lugar la demanda y desestimando la reconvención. Los demandados apelaron, alegando que el tribunal de instancia cometió errores al no aplicar o considerar leyes federales y locales pertinentes a las ejecuciones hipotecarias. Argumentan que el tribunal ignoró requisitos de la Ley Dodd-Frank, la Ley 184 (posiblemente sobre mediación y jurisdicción) y el Artículo 66 de la Ley Hipotecaria (sobre cálculo de intereses). Los apelantes también sostienen que la sentencia sumaria se dictó a pesar del alegado incumplimiento de FirstBank con estas leyes y que contradice estipulaciones previas. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar los argumentos presentados por los apelantes.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la celebración de una vista preliminar por videoconferencia para un peticionario confinado. El peticionario enfrenta cargos bajo la Ley 54 y la Ley de Armas, y su vista preliminar fue pospuesta debido a la emergencia del COVID-19. El foro primario justificó la videoconferencia en la política de Corrección de no transportar confinados y en la extensión de términos por el Tribunal Supremo. La representación legal del peticionario se opuso, alegando que la videoconferencia violaba derechos constitucionales y estatutarios, incluyendo el debido proceso, la asistencia legal efectiva y la confrontación de testigos. El Tribunal de Primera Instancia reafirmó su decisión, indicando que la videoconferencia garantizaba los derechos del peticionario y que la fecha estaba dentro de los términos extendidos. El peticionario acude al Tribunal de Apelaciones imputando errores al TPI por validar la videoconferencia y la supuesta autoridad de la OAT y Corrección para afectar las reglas de procedimiento criminal.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Luis A. Ríos Rodríguez, presentó un recurso de certiorari para revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su solicitud para que se le asignara un abogado de oficio en un caso civil sobre incumplimiento de contrato y daños. El peticionario, quien litiga por derecho propio, alegó indigencia y haber intentado sin éxito obtener representación legal gratuita de otras entidades. Aunque se le autorizó a litigar In Forma Pauperis, el foro primario sostuvo que no existe un derecho a abogado de oficio en casos civiles y que dicho estatus no confiere tal derecho. El Tribunal de Apelaciones admitió el recurso para revisar la controversia, considerando que atañe al acceso a la justicia, a pesar de que el peticionario no formuló señalamientos de error específicos. El tribunal también autorizó al peticionario a comparecer In Forma Pauperis en la apelación. La sentencia procede a resolver el recurso sin trámites adicionales.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La parte apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. La demanda original fue presentada por Armida Pérez Guzmán y Armida Guzmán Ortiz contra el Dr. Celestino Carrión y otros. Se alegó que, durante una histerectomía realizada por el Dr. Carrión, se dejó un "cuerpo foráneo" (Gelfoam) en el muñón cervical. Esto habría causado complicaciones postoperatorias severas, incluyendo un absceso que requirió cirugía de emergencia en Florida. Las demandantes atribuyeron los daños a la negligencia del doctor por dejar el material y no diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso Mejías Ríos contra MAPFRE PRAICO. El recurso de Certiorari provino del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, relacionado con una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe tras el huracán María. MAPFRE solicitó la revisión de una resolución que denegó su petición de una orden protectora. La aseguradora buscaba evitar la deposición de dos funcionarios de alta jerarquía, alegando falta de conocimiento personal y la existencia de métodos de descubrimiento menos onerosos, invocando la doctrina de deposición de directivos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de orden protectora y la reconsideración. Inconforme, MAPFRE acudió al foro apelativo imputando error al foro primario por denegar la orden protectora. Tras analizar los escritos y la normativa, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por MAPFRE. Esto valida la decisión del foro primario de no emitir la orden protectora y permitir las deposiciones.

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Se presenta un recurso de apelación contra un fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante interpuso el recurso luego de que se declarara no ha lugar una moción de reconsideración, pero antes de la fecha pautada para la vista de sentencia. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso por prematuridad, argumentando que la sentencia aún no había sido emitida. Las Reglas de Procedimiento Criminal y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establecen que la apelación de una sentencia final en un caso criminal debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera que un recurso prematuro adolece de un defecto insubsanable que priva de jurisdicción al tribunal. Tras revisar los autos, se confirma que la sentencia no se había dictado al momento de presentarse la apelación. Por consiguiente, el recurso de apelación se desestima por falta de jurisdicción, al ser presentado de forma prematura.

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La peticionaria Carmen T. Agudo Loubriel presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó paralizar una vista de desacato criminal señalada y revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El proceso de desacato se originó por su alegada desobediencia a órdenes del Tribunal Supremo. Dichas órdenes requerían la corrección de deficiencias en su obra notarial, tras ser suspendida indefinidamente de la abogacía y notaría. A pesar de múltiples oportunidades, las deficiencias no fueron subsanadas, llevando al Tribunal Supremo a referir el asunto al TPI para desacato. Ante el TPI, la peticionaria presentó una moción de desestimación, alegando violaciones a sus derechos procesales y constitucionales. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y ordenó continuar con los trámites. La peticionaria recurrió en Certiorari, imputando error y abuso de discreción al TPI por denegar la desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari y, por consiguiente, la paralización de la vista de desacato.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue instado por José Orlando Ortiz Colón contra la Sucesión Rafael Cestero Padilla. El señor Ortiz demandó la resolución de un acuerdo de 1994 y el cobro de un depósito de \$110,000. Alegó que la Sucesión incumplió al no entregar una propiedad libre de cargas, impidiendo el ejercicio de una opción de compra. La Sucesión sostuvo que el término para ejercer la opción caducó sin que el señor Ortiz completara la compra. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la opción no estaba condicionada a la situación registral y que no hubo acuerdo para extender el término. El TPI concluyó que el señor Ortiz no pagó el balance dentro del plazo y declaró no ha lugar la demanda. El señor Ortiz apeló, cuestionando la interpretación del contrato y sus condiciones por parte del TPI. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Josué Enrique Oquendo Natal contra Kassandra Marie De Jesús Laboy. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y trata sobre la custodia monoparental o compartida. El peticionario, Josué Enrique Oquendo Natal, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó dicha moción. Mediante resolución de 6 de agosto de 2020, el Tribunal declaró con lugar la moción de desistimiento. En consecuencia, se dictó resolución final en el recurso. El caso se ordena archivar conforme al reglamento del foro apelativo. Esta decisión pone fin al procedimiento de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un escrito presentado por Cristian Andújar Nieves. En su escrito, Andújar Nieves solicitó la asignación de un abogado de oficio para un litigio apelativo. El caso original (PO2018CV00533) fue una demanda por daños presentada por Andújar Nieves contra la Administración de Corrección y Rehabilitación y otros, relacionada con sus condiciones de confinamiento. El Tribunal de Primera Instancia en Ponce desestimó esa demanda en noviembre de 2019. El foro primario razonó que carecía de jurisdicción, indicando que los reclamos de confinados sobre condiciones deben tramitarse primero administrativamente. El Tribunal de Apelaciones verificó que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es final, firme e inapelable. No existe ante el foro apelativo ninguna determinación judicial a revisar. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carece de jurisdicción para atender el escrito presentado. Se desestima el recurso KLEM202000002 por falta de jurisdicción. Se ordena notificar la sentencia al recurrente en su dirección en la institución correccional.

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El Tribunal de Apelaciones deniega una petición de certiorari presentada por Lino Bonilla Salgado en un proceso penal pendiente de vista preliminar. El peticionario había solicitado en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) la desestimación de una denuncia por apropiación ilegal de identidad, alegando que, según el principio de especialidad, debía aplicarse una ley especial sobre la práctica ilegal de la ingeniería. El TPI denegó la moción de desestimación y una reconsideración posterior. El peticionario recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción bajo la Regla 40 de su reglamento, concluye que la etapa procesal actual no es la más adecuada para intervenir. La vista preliminar está próxima a celebrarse y una interrupción no es aconsejable sin circunstancias extraordinarias. El tribunal señala que el peticionario podrá plantear nuevamente su argumento si es acusado tras la vista preliminar. Por estas razones, el Tribunal de Apelaciones declina intervenir con la determinación del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Luis Frontera González. El apelante impugna una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que le encontró responsable por daños y perjuicios. Las demandas fueron incoadas por Kestlin Resto Hernández y Joel Batista Pérez, entre otros, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en junio de 2010. En el incidente, el vehículo de Frontera González impactó la motora de Batista Pérez, quien a su vez colisionó con Resto Hernández. El foro primario condenó a Frontera González a pagar \$350,000 a Resto Hernández, \$50,000 a Maritere Romero Rodríguez y \$250,000 a Joel Batista Pérez por los daños sufridos. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El señor Angelo Agosto Nieves presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra Atlas Transmission Muffler Shop por cobro excesivo y daños relacionados con la instalación de una transmisión usada que él proveyó. Tras una vista administrativa, el DACO declaró No Ha Lugar la querella. Inconforme con esta decisión, Agosto Nieves acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Revisión Judicial, solicitando la revocación de la determinación del DACO y una compensación. El Tribunal revisa la decisión administrativa bajo el estándar de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicho estándar exige gran deferencia a las determinaciones de las agencias, las cuales se presumen regulares y correctas. La revisión judicial se enfoca en determinar si la actuación de la agencia fue legal, razonable y dentro de sus facultades. Los tribunales solo intervienen si la decisión es arbitraria, ilegal, irrazonable o no está sostenida por evidencia sustancial en el expediente administrativo. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso basándose en el expediente y la normativa aplicable.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. Los peticionarios, Metro Avanti Properties, Inc. y Alejandro Brito Zubizarreta, solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de desestimación en un caso de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Los demandantes, RDS Construction Corp. y otros, alegaron incumplimiento contractual y deudas por trabajos en proyectos de construcción. Los peticionarios argumentaron que el caso debía desestimarse por no incluir a Rotonda, LLC como parte indispensable. El foro primario denegó la desestimación, concluyendo que Rotonda no surgía como parte indispensable de la demanda. Los peticionarios también solicitaron una orden urgente para paralizar los procedimientos en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición. Se deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. También se declara No Ha Lugar a la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

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Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals reviewing an appeal from the Superior Court of Guayama. The appeal was filed by Pedro Colón Martínez challenging a summary judgment granted in favor of Mary Carmen Rivera Rodríguez in a case concerning the liquidation of community property and damages. In the trial court, Colón's default was entered due to his failure to appear and comply with orders, resulting in the elimination of his pleadings. Rivera subsequently requested and obtained summary judgment. The trial court's judgment ordered Colón to return vehicles, pay $7,500 for a sold vehicle, and cover $3,000 in attorney fees. Colón appealed, alleging the trial court erred in granting summary judgment despite factual disputes and using inadmissible evidence. He also argued the default entry and elimination of his pleadings were improper. Rivera opposed the appeal, and the Court of Appeals proceeded to review the case based on the parties' submissions and the record. The judgment outlines the procedural history and the appellant's assigned errors before discussing the legal framework for summary judgment.

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El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en una apelación presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO buscaba que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) hiciera cumplir una Resolución administrativa final y firme contra WC Finance, Inc. La Resolución de DACO ordenaba a WC Finance devolver dinero a una consumidora tras un incumplimiento relacionado con un vehículo reposeído. En el proceso de ejecución ante el TPI, WC Finance argumentó la nulidad de la Resolución de DACO por falta de jurisdicción de la agencia sobre la materia. El TPI desestimó la petición de ejecución sin perjuicio. Determinó que el procedimiento de ejecución no es la vía adecuada para impugnar la validez de la orden administrativa subyacente. El TPI señaló que los argumentos sobre la nulidad o falta de jurisdicción debían presentarse ante DACO o mediante el proceso de revisión judicial correspondiente. DACO apeló esta decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del TPI. La decisión valida que el foro de ejecución no es el espacio para debatir la legalidad de la orden administrativa que se busca hacer cumplir.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). La compañía solicita dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha determinación denegó una moción de desestimación en una acción civil de rendición de cuentas. La demanda fue presentada por un grupo de consumidores que alegan facturación ilegal y fraudulenta por servicios de equipo entre 1999 y 2009, reclamando más de \$258 millones. PRTC argumentó que la reclamación había caducado bajo un término de 20 días para impugnar facturas. Sin embargo, el tribunal primario determinó que la acción se fundamenta en derecho civil con un término prescriptivo de 15 años. La Resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La apelación fue presentada por Iluminada Gómez Torres y su esposo, quienes demandaron al Municipio de Toa Baja por daños y perjuicios. Alegaron que la señora Gómez sufrió una caída y fractura de fémur debido a un adoquín irregular en una acera municipal. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Determinó que los demandantes no probaron que la negligencia del Municipio fue la causa próxima de la caída ni que existiera una condición peligrosa conocida. Los demandantes apelaron, argumentando un error en la apreciación de la prueba sobre la relación causal. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el caso, confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre vicios de construcción. Los apelantes, dueños de un apartamento "penthouse" adquirido por casi dos millones de dólares, demandaron alegando que la propiedad estaba en estado ruinoso e inhabitable debido a grietas, filtraciones y ventanas mal instaladas. Reclamaron la reparación de los defectos y cuantiosos daños económicos y por sufrimientos mentales. La demanda original se presentó en 2008 contra varios demandados, pero el pleito continuó principalmente contra la contratista Bayside Contractors Corp. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en junio de 2019. Los apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Banco Cooperativo de Puerto Rico (BCPR). BCPR solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" una moción de desestimación. Dicha Resolución fue notificada el 19 de mayo de 2020. BCPR presentó una Moción de Reconsideración que fue denegada el 2 de junio de 2020. El recurso de Certiorari fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 28 de julio de 2020. La Regla 52.2 de Procedimiento Civil establece que los recursos de certiorari deben presentarse dentro de un término estricto de treinta (30) días desde la notificación de la resolución recurrida. El Tribunal Supremo ha reiterado que un recurso tardío priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Al haberse presentado el Certiorari el 28 de julio de 2020, excede el término de 30 días desde la notificación del 19 de mayo de 2020. Por tanto, el recurso es tardío. El Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atenderlo y desestima el recurso.

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Es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000614. El caso surge de una disputa sobre seguros e incumplimiento de aseguradoras tras los huracanes Irma y María. Las partes son el Consejo de Titulares del Condominio Jardines de Cuenca y otros como recurridos, y One Alliance Insurance Corporation como recurrente. El asunto proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La parte recurrente, One Alliance Insurance Corporation, presentó una moción en auxilio de jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos y un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, Panel III, emitió su resolución el 4 de agosto de 2020. En ella, declaró No Ha Lugar la moción para paralizar los procedimientos. Asimismo, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por la parte recurrente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el recurso de revisión judicial presentado por Eduardo Berrios Collazo contra la Administración de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicita la revisión de una resolución de la DCR del 6 de noviembre de 2019, que lo encontró incurso en una violación al Reglamento Disciplinario por posesión de suboxone y le impuso una sanción de 40 días de privación de privilegios. Berrios Collazo alega una violación al debido proceso de ley, argumentando que la misma persona actuó como Oficial de Querellas y Oficial Investigador en su caso disciplinario. Sin embargo, el Tribunal procede a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal. Esta falta de jurisdicción se debe al incumplimiento del recurrente con los requisitos procesales establecidos en la Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, específicamente la omisión de incluir en el apéndice copias literales de las alegaciones presentadas ante la agencia.

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El Pueblo de Puerto Rico recurre en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio dos denuncias contra Christian Martínez Hernández. Las denuncias eran por infracciones a la Ley de Armas. Inicialmente, se encontró causa, pero luego no causa en vista preliminar, aunque sí se encontró causa en vista preliminar en alzada. El primer proceso fue desestimado por violación a la Regla 64(n) al no celebrarse el juicio a tiempo. Posteriormente, el Ministerio Público presentó nuevamente las mismas denuncias por los mismos hechos. En este segundo proceso, tras una vista en alzada sobre causa para arresto, el Tribunal de Primera Instancia reconsideró y desestimó las denuncias con perjuicio, aplicando nuevamente la Regla 64(n). El Pueblo argumenta que el TPI interpretó erróneamente la ley y la jurisprudencia al considerar la vista preliminar en alzada del primer caso como un inicio de proceso adicional. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari, pero confirma la Resolución recurrida que desestimó las denuncias.

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Esta sentencia revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una querella laboral. La señora María Donis Rodríguez demandó a Latin Media House, LLC (LMH) por despido injustificado, represalias y discrimen por edad. Alegó que fue despedida tras quejarse de retrasos en el pago de nómina y publicar una comunicación de la empresa sobre un retraso en Facebook. LMH justificó el despido argumentando que la señora Donis violó normas de confidencialidad y uso de redes sociales. El TPI concedió la moción de sentencia sumaria a favor de LMH, desestimando la querella. La señora Donis apeló, presentando varios señalamientos de error contra la determinación del TPI, cuestionando la justificación del despido y la gravedad de la alegada falta. Este Tribunal revisó los argumentos y el tracto procesal. Se confirma la determinación del TPI que declaró ha lugar la sentencia sumaria y desestimó la querella de la señora Donis.

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Bruno Rossy Mártir, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones buscando la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Alegó que el tribunal inferior le había denegado una solicitud, posiblemente relacionada con una evaluación bajo una regla procesal, en dos ocasiones sin justificación legal ni respuesta. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por el peticionario por derecho propio. Determinó que el escrito incumplía sustancialmente con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Se identificaron defectos como la falta de un índice detallado, una relación de hechos procesales y un apéndice con los documentos del tribunal inferior. Aunque se busca facilitar el acceso a la justicia para quienes comparecen por derecho propio, deben cumplir con las reglas procesales. Ante los serios defectos y la falta de documentación esencial, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Raúl A. Rodríguez Liciaga. El señor Rodríguez solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción post sentencia para disminuir la pena. Argumentó que la imputación original de delitos sexuales requería pruebas específicas, cuya ausencia invalidaba el preacuerdo de culpabilidad por Actos Lascivos (Art. 144 CP) al que llegó en 2015. El TPI había aceptado su alegación de culpabilidad y dictado sentencia en su momento. Tras la denegatoria de su moción de reducción de pena por el TPI en 2020, el señor Rodríguez acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal acoge el recurso como certiorari por ser un asunto post sentencia. No obstante, ejerciendo su facultad discrecional, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de José Y. Ortiz Rojas contra una sentencia por tentativa de robo. La condena en el Tribunal de Primera Instancia se basó en un veredicto de culpabilidad emitido por una mayoría del jurado (nueve a tres). El apelante fue sentenciado a penas de reclusión consecutivas por dos cargos. En su apelación, Ortiz Rojas presentó varios señalamientos de error relacionados con la prueba, la actuación del tribunal y la sentencia. Posteriormente, invocó la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana. Argumentó que su condena, al no ser producto de un veredicto unánime, debía ser revocada. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el caso. Por los fundamentos que expondría, el tribunal decidió revocar la sentencia apelada.

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Revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instada por William Vega González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó una bonificación o reducción en el cálculo de su sentencia total de 18 años por violaciones a la Ley de Armas. Argumentó que una atenuación del 25% ordenada por el tribunal sentenciador para una de sus penas (10 años) no fue aplicada por el Departamento. Presentó una solicitud administrativa y una reconsideración ante el Departamento de Corrección. La agencia denegó ambas, indicando que la sentencia total de 18 años ya incluía los atenuantes aplicados por el juez sentenciador. Inconforme, Vega González apeló la decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el expediente y los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso de certiorari presentado por Carlos D. Flores Torres. El peticionario, quien se encuentra confinado, solicita que el tribunal asuma jurisdicción. Pide la aplicación del principio de la ley penal más favorable a su caso. Argumenta que enmiendas recientes a la Ley de Armas y el Código Penal de 2012 (Art. 4) le son aplicables retroactivamente. Sostiene que su sentencia actual por delitos en grado de tentativa bajo la Ley de Armas debe ser modificada. El peticionario también invoca jurisprudencia sobre la ley más favorable y el derecho a portar armas. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud. Sin embargo, el tribunal determinó desestimar el recurso presentado. La desestimación se fundamenta en la Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal ejerció su facultad discrecional para no expedir el auto, señalando también la falta del dictamen recurrido.

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Se resuelve una petición de certiorari presentada por el Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le anotó la rebeldía en un caso de daños y perjuicios. La rebeldía se anotó por no contestar la demanda luego de que el TPI denegara una solicitud de desestimación presentada por el Gobierno. El Gobierno había solicitado reconsideración de la denegatoria de desestimación, la cual fue denegada, y presentó un recurso de certiorari previo impugnando dicha determinación. A pesar del recurso pendiente y durante un periodo de extensión de términos judiciales, el TPI anotó la rebeldía y denegó una solicitud posterior del Gobierno para dejarla sin efecto. Mediante este recurso, el tribunal revisa la actuación del TPI. Se expide el auto de certiorari solicitado por el Gobierno. Se revoca la resolución del TPI que anotó la rebeldía. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por MAPFRE Insurance Company. MAPFRE solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración. El caso original fue incoado por Ángel Flores contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. El señor Flores reclamó que MAPFRE no ajustó adecuadamente las pérdidas de su propiedad bajo la póliza de seguro. La controversia central en el recurso de certiorari giró en torno a la negativa del foro primario a permitir a MAPFRE incluir la defensa afirmativa de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que MAPFRE renunció a dicha defensa al no levantarla en su contestación original a la demanda. MAPFRE alegó que el foro primario erró al no permitirle presentar esta defensa. Tras considerar los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por MAPFRE.