Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 193)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Nilda López Ayoroa. La peticionaria solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente trata sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero por honorarios de abogado reclamados por Nelson Rivera Cabrera. La controversia se origina en servicios legales prestados a las hermanas López Ayoroa, herederas de una propiedad. Estas habían acordado vender el inmueble a terceros, quienes lo ocuparon sin cumplir con el pago de la hipoteca pactado. Una de las hermanas contrató al Lcdo. Rivera para un caso de desahucio y cobro de dinero contra los ocupantes. El contrato de servicios legales establecía el pago de honorarios basado en una tercera parte de lo recuperado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria solicitada por la peticionaria en el pleito de cobro de honorarios. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por los hermanos Bravo Colón contra su padre, Alfredo Bravo Nones. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió una demanda de injunction provisional y daños y perjuicios. El padre alegó que sus hijos sustrajeron bienes valiosos de su hogar sin autorización, pertenecientes a la sociedad de gananciales con su esposa enferma, a pesar de que ella les otorgó un poder. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los hijos tomaron los bienes sin título legal ni autorización del padre. Dicho foro ordenó la restitución inmediata de los bienes y condenó a los hijos al pago de honorarios de abogado por temeridad. Los apelantes recurrieron, alegando errores del TPI, incluyendo la inaplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada y la concesión total de la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000311. El apelante, Félix Cruz Castro, presentó un recurso de apelación contra Antilles Insurance Company y otros, originado en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao por incumplimiento de contrato. El apelante presentó un Aviso de Desistimiento de su recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones requirió a la parte apelada mostrar causa por la cual no se debía acoger el desistimiento. La parte apelada compareció allanándose a la solicitud de desistimiento. Ante ello, el Tribunal declaró Ha Lugar el Aviso de Desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo del caso por desistimiento con perjuicio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, Rosa María Ávalo Franceschi y sus hijos, solicitan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Orden, notificada el 5 de marzo de 2020, denegó una solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por los peticionarios. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por los peticionarios contra Norzagaray, LLC, el Municipio de San Juan y otros. Reclaman que su propiedad en el Viejo San Juan sufrió daños estructurales durante el Huracán María. Los daños fueron causados presuntamente por el colapso de una propiedad colindante perteneciente a Norzagaray, LLC. Alegan que la propiedad colindante había sido declarada estorbo público desde 2002 y que los dueños y el Municipio ignoraron advertencias sobre su estado precario. La demanda inicial buscaba compensación por daños y lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del foro primario de no conceder la sentencia sumaria parcial en este litigio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Luis E. Figueroa Colón. El peticionario impugnaba una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo declaraba inelegible para privilegios correccionales, como pases administrativos. Figueroa Colón solicitó que se revisara su expediente para determinar su elegibilidad. El Tribunal observó que el peticionario no anejó la resolución o determinación administrativa específica que estaba impugnando. Conforme a la Regla 59(E)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es requisito incluir la orden o resolución administrativa objeto del recurso en el apéndice. La omisión de documentos esenciales, como la decisión impugnada, impide al tribunal ejercer jurisdicción sobre la controversia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento del peticionario con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso de revisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los apelantes, tenedores de un pagaré hipotecario, demandaron a los apelados para ejecutar el gravamen sobre su propiedad. Los apelados adquirieron la finca en junio de 2016, cuando el gravamen no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad. La cancelación previa del gravamen en 2014 se debió a una orden judicial en un caso donde los vendedores de los apelados no fueron parte. El gravamen fue reinscrito en agosto de 2016 por orden judicial posterior, pero ya los apelados eran dueños. Los apelados se defendieron como terceros registrales protegidos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los apelados, desestimando la ejecución. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada, validando la protección de los apelados como terceros registrales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció mediante certiorari un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. FirstBank Puerto Rico demandó a los titulares de una propiedad hipotecada por incumplimiento de pago. Una de las demandadas, Jannette Alejandro Portalatín, solicitó la desestimación de la demanda. Argumentó que su deuda personal había sido descargada en un proceso de quiebra, lo que a su juicio extinguía el derecho accesorio de hipoteca e impedía la ejecución. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación. Resolvió que, aunque la deuda personal fue descargada, la acción in rem contra la propiedad hipotecada subsistía y el acreedor podía satisfacer lo adeudado mediante la ejecución. Inconforme, la peticionaria recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Señaló como errores que el TPI permitiera la ejecución de hipoteca tras el descargo de la obligación personal y que procediera una acción in rem bajo el derecho civil puertorriqueño en este contexto. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y las comparecencias de las partes. Finalmente, resolvió denegar el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Los recurrentes impugnan una reclamación de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). ADSEF reclamó $80,442 en beneficios excesivos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibidos entre enero de 2004 y julio de 2015. La agencia alegó que los recurrentes no informaron que residían juntos ni que radicaban planillas de contribución sobre ingresos en conjunto, clasificándolo como posible violación intencional. Los recurrentes apelaron la reclamación ante la Junta Adjudicativa, la cual confirmó la determinación de ADSEF. Su moción de reconsideración fue denegada. Ante ello, los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa. El Tribunal, tras evaluar el recurso, decidió revocar la determinación de la agencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Management Corporation. Las peticionarias solicitan la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso el descubrimiento de prueba documental objetada por ellas. El recurso surge de una acción civil incoada por los herederos del Dr. Francisco Ruiz de Porras, quienes reclaman derechos hereditarios sobre acciones de la corporación. Los demandantes alegan que su causante adquirió acciones en la década de 1960, las cuales se multiplicaron hasta alcanzar 36,000 acciones de TSM. Sostienen que Triple-S implementó políticas ilegales y discriminatorias, como restringir la herencia de acciones a no médicos, para despojar a los herederos de su valor real. Los herederos buscan ser reconocidos como accionistas, la emisión de nuevos certificados y la determinación del justo valor de las acciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega el auto de certiorari solicitado por Triple-S.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre Empire Gas, Inc. y Mueblería La Providencia. Ambas partes apelaron una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El caso se originó por una deuda acumulada por Mueblería bajo un Contrato de Suministro de Gas Licuado de Petróleo de 1991. Este contrato establecía términos para el suministro de gas, el cálculo del precio y requería modificaciones por escrito. Mueblería acumuló una deuda significativa con Empire Gas a lo largo del tiempo. Existió un acuerdo verbal para el pago de intereses sobre la deuda, aunque una de las partes expresó desacuerdo posteriormente. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Empire Gas, ordenando a Mueblería pagar \$83,599.80 más intereses y desestimando ciertas reconvenciones de Mueblería. El Tribunal de Apelaciones consolidó las apelaciones de ambas partes. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre apelaciones consolidadas entre Empire Gas, Inc. y Mueblería La Providencia. El caso principal es una acción de cobro de dinero iniciada por Empire Gas. Las partes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de Empire Gas. Dicha sentencia ordenó a Mueblería pagar \$83,599.80 más intereses y desestimó parte de su reconvención. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario. El litigio surge de un Contrato de Suministro de Gas Licuado de Petróleo de 1991. Empire Gas suministraba gas a Mueblería, quien acumuló una deuda. A pesar de una cláusula contractual que exigía enmiendas escritas, las partes acordaron verbalmente el pago de intereses sobre la deuda. Representantes de ambas partes se reunieron posteriormente para cuadrar el balance adeudado. La sentencia valida la orden de pago de la deuda y los intereses según lo determinado por el tribunal inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, evaluó una petición de certiorari presentada por Jerry Figueroa Ortiz contra una decisión relacionada con un caso criminal por asesinato en segundo grado y otros delitos. La petición buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, compareció oponiéndose a la petición, argumentando que la decisión recurrida no era contraria a derecho. El Tribunal de Apelaciones recordó su estándar de revisión, que limita la intervención en las decisiones discrecionales del foro primario a casos de craso abuso de discreción o error sustancial. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el Tribunal concluyó que la parte peticionaria no logró persuadirle de que el foro primario hubiera cometido un error que justificara su intervención en esta etapa. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños por accidente de vehículo de motor. La demandante, Rodin Ocasio Cruz, presentó una reclamación contra la aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) y otros. Previo a la demanda, Ocasio Cruz había firmado un relevo de responsabilidad y recibido un pago de CSM por el accidente. CSM solicitó sentencia sumaria, alegando que el relevo y el pago impedían la continuación del pleito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de CSM. Inconforme, CSM acudió en apelación, argumentando que el tribunal inferior erró al no reconocer la validez del relevo y el finiquito. El Tribunal de Apelaciones ha recibido los argumentos de ambas partes y procede a evaluar la controversia. La sentencia detalla los criterios legales para la concesión de sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, se presenta una apelación en un caso de daños y perjuicios contractuales e incumplimiento de contrato. Los apelantes, José E. De León Terrero y otros, demandaron a United Surety & Indemnity Company (USIC) por la alegada subvaloración de daños a su propiedad tras el Huracán María. USIC se defendió argumentando la doctrina del "pago en finiquito", sosteniendo que un cheque de \$738.50 constituyó el pago total y final de la reclamación. Los apelantes, por su parte, alegaron que el cheque fue un pago parcial o adelanto y que su consentimiento al cobro como pago total estuvo viciado. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de USIC, dictó sentencia sumaria aplicando el "pago en finiquito" y desestimó la demanda. Los apelantes recurren esta decisión, planteando que el foro primario erró al aplicar dicha doctrina y al determinar que no existían hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora el expediente y los alegatos de las partes para adjudicar la controversia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un auto de certiorari presentado por Edgardo Mateo Cruz. El peticionario, confinado, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de copia del informe presentencia de su caso de 2014. En dicho caso, Mateo Cruz se declaró culpable de varios delitos, incluyendo sustancias controladas, armas y maltrato, mediante un preacuerdo. La minuta de la vista de sentencia de 2014 refleja que la defensa renunció al informe presentencia y al término para dictar sentencia. El peticionario argumentó que la ausencia de este informe, que considera mandatorio, hacía nula e ilegal su sentencia de diez años de cárcel. Solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara la entrega del informe o declarara nula la sentencia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Sin embargo, tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la denegatoria de la solicitud del informe y, por implicación, la sentencia original basada en la renuncia al informe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Gerardo Alberto Olivera Feliciano y otros contra Walmart Puerto Rico, Inc. Los peticionarios buscaban la revisión de una Resolución y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de relevo de sentencia y ordenó el archivo del caso. El litigio original, iniciado en 2016, versaba sobre despido injustificado, discrimen por impedimento y daños y perjuicios. El demandante alegó que Walmart le denegó acomodos razonables tras sufrir lesiones, forzándolo a renunciar. Walmart sostuvo que el proceso de acomodo estaba pendiente de su reincorporación, pero él renunció antes. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisarlo, el panel confirmó el dictamen recurrido del foro primario. Adicionalmente, impuso una sanción económica de \$2,500 a los peticionarios por la temeridad y contumacia al incoar un proceso apelativo que consideró frívolo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900601, derivado del pleito civil KCD2011-0142 sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Francisco Almeida León y su esposa, recurrieron de una orden postsentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, emitida el 29 de abril de 2019, denegó su moción para que se expidiera una orden y mandamiento de ejecución de sentencia. El caso principal involucra la ejecución de tres pagarés hipotecarios de rango inferior sobre una propiedad en la Avenida Kennedy. Esta propiedad también está gravada por un pagaré de primer rango objeto de un pleito separado (KCD2009-0708). La complejidad del caso aumentó debido a un acuerdo con el FDIC, quien adquirió un 50% de interés en los pagarés y fue acumulado como codemandante. Posteriormente, el FDIC cedió su interés a WM Capital Management, Inc. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar la denegatoria de la ejecución. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por los apelantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios y violación a la intimidad. Los apelantes demandaron a Wapa TV, Televicentro y otros por comentarios supuestamente burlones y despectivos sobre su boda en un programa de televisión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y devolvió el caso. Posteriormente, el tribunal de instancia volvió a desestimar el pleito mediante una segunda sentencia sumaria. Los apelantes recurren de esta última desestimación. Argumentan que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción para dictar otra sentencia sumaria tras la revocación previa. Sostienen que el caso debió resolverse en una vista evidenciaria. También alegan que el tribunal no consideró la prueba sobre el contenido alegadamente ofensivo de la transmisión. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar estos planteamientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue una demanda contra una aseguradora por daños causados por el huracán María. Los demandantes alegaron que la aseguradora pagó una cantidad irrazonable e incumplió el contrato y el deber de buena fe. La aseguradora argumentó que la reclamación se extinguió por la doctrina de pago en finiquito, ya que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y final. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente aplicando dicha doctrina. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el pago en finiquito en la etapa sumaria. El récord no demostró, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa o brindara asistencia adecuada. Tampoco se probó que el asegurado entendiera claramente que el pago era una transacción final o que no mediara opresión. Por tanto, la desestimación sumaria fue incorrecta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por accidente de auto. La apelación fue presentada por Universal Insurance Company y Miguel A. Santana García contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado con lugar la demanda de Dana Marie Padilla Vélez y condenado a los apelantes al pago de \$50,240 por daños físicos y mentales. Los apelantes impugnaron la cuantía de la indemnización otorgada. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos presentados. Determinó modificar la Sentencia apelada. La modificación consistió en reducir la cuantía otorgada a la apelada por concepto de los daños sufridos. La suma final de la condena por daños se fijó en \$30,000. Con esta única modificación, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre alimentos. El apelante, Virgilio Javier Rivera Colón, impugna una Orden que concedió a la apelada, Sonia Enid Silva Rivera, el cálculo y pago de pensión alimentaria retroactiva para su hijo menor. El caso se inició con una demanda de filiación y alimentos, donde la paternidad del apelante fue establecida mediante prueba de ADN. Se fijó una pensión provisional y el caso fue referido al Examinador de Pensiones Alimentarias. Las partes estipularon la cuantía final de la pensión durante la vista ante el Examinador. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el cómputo y pago del retroactivo de la pensión. El apelante recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la Orden apelada, validando el dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre el retroactivo.

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El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari presentado por el Padre por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en que el recurso fue presentado luego de expirado el término legal estricto, sin que se acreditara justa causa ni se presentara una moción de reconsideración válida. El caso se relaciona con la custodia de una menor, cuya custodia provisional monoparental fue otorgada previamente al Padre y confirmada por este Tribunal. Las relaciones maternofiliales, inicialmente supervisadas, fueron temporalmente suspendidas en enero de 2019 tras incidentes escolares. Un Informe Social Forense de octubre de 2019 evaluó la dinámica familiar, señalando cambios positivos en las visitas supervisadas reanudadas, pero también la inconsistencia previa de la Madre y su impacto en el vínculo. Mediante Resolución de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones del informe, ordenando la ampliación de las relaciones maternofiliales a modalidad de entrega-recogido con aumento escalonado de tiempo, a partir del 31 de diciembre de 2019. El recurso desestimado buscaba revisar esta última determinación del TPI.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Los apelantes, Xavier Avilés Guzmán y Lilliam Miranda Claudio, recurrieron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Firstbank Puerto Rico y ordenó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Firstbank inició el pleito alegando el incumplimiento de pago de los demandados sobre un pagaré hipotecario. Los apelantes solicitaron la desestimación de la demanda en el foro primario, argumentando que Firstbank incurrió en "Dual Tracking" al presentar el pleito mientras ellos buscaban alternativas de mitigación de pérdidas. Firstbank notificó al tribunal primario que la solicitud de mitigación estaba bajo evaluación y pidió una paralización temporal. A pesar de este proceso, el tribunal primario emitió sentencia a favor de Firstbank. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios presentado por Angelina Pérez Ortiz contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de la Vivienda y MAPFRE. La apelación surge de la desestimación con perjuicio dictada por el Tribunal de Primera Instancia por alegado emplazamiento fuera de término y sin la debida notificación de la demanda. El caso original fue desestimado sin perjuicio, llevando a la presentación de una segunda demanda por los mismos hechos. Las partes demandadas solicitaron la desestimación argumentando que los emplazamientos eran defectuosos por incluir copia de la primera demanda y especificar un término de respuesta incorrecto. La parte demandante sostuvo que los errores eran no perjudiciales, ya que las demandas eran sustancialmente idénticas y las demandadas tuvieron conocimiento de la reclamación. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Se determinó que la desestimación con perjuicio no procedía. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Sentencia Final emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Wanda Cotto Rivera y otros contra Berríos Auto Gallery, Inc. y MAAS Auto, LLC h/n/c Autocentro Chrysler. La demanda original alegaba que la señora Cotto Rivera sufrió un accidente automovilístico y lesiones debido a desperfectos mecánicos en su vehículo, incluyendo problemas con las bolsas de aire relacionados con un "recall". El foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Autocentro Chrysler y desestimó la demanda contra esta parte. Adicionalmente, el Tribunal de Primera Instancia había desestimado previamente la reclamación contra Berríos Auto Gallery, Inc. por no haber sido emplazada correctamente dentro del término. La parte apelante solicitó la revisión de la sentencia que desestimó la demanda contra Autocentro Chrysler. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos expuestos, decide confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Gladys Cabán Cruz contra MAPFRE Pan American Insurance Company. La apelación impugna la desestimación de su demanda por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación de seguro tras el Huracán María. La señora Cabán Cruz alegó que MAPFRE subvaloró los daños a su propiedad asegurada. MAPFRE sostuvo que ajustó la reclamación conforme a la póliza, aplicó el deducible y emitió un cheque por $391.70$. Este cheque fue marcado expresamente como pago total y final de la reclamación por el huracán. MAPFRE solicitó la desestimación de la demanda basándose en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que la aceptación del cheque por la demandante extinguía la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó la demanda con perjuicio. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202000172, instado por Renatus, LLC d/b/a Renatus Advisors. Renatus apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La demanda original alegaba interferencia torticera, incumplimiento contractual, fraude y daños contra varios apelados, incluyendo a Mariela Quiñones Ramos, Erie Pérez y GP Strategies Corporation. Renatus, una empresa de servicios de recuperación económica, alegó que los apelados conspiraron para interferir con sus contratos y reclutar a sus subcontratistas tras la terminación de su relación con GP Strategies. El Tribunal de Apelaciones examinó las posturas de las partes, el derecho y los hechos aplicables a la controversia. Tras su análisis, el panel de jueces decidió confirmar la Sentencia apelada. La decisión valida la desestimación con perjuicio de la demanda original por parte del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demandada-peticionaria solicitó dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de inhibición del juez. La solicitud de inhibición se basó en las decisiones previas del juez que declararon no ha lugar mociones de la peticionaria sobre la alegada falta de emplazamiento. Un panel designado por la Jueza Administradora había resuelto previamente que no existían motivos extrajudiciales para la inhibición. La peticionaria recurrió esta determinación mediante auto de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se denegó la solicitud de inhibición del juez.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre un abogado y su excliente. El Lcdo. George Otero Calero demanda a Roberto Hughes Colón por honorarios profesionales derivados de un contrato contingente. El acuerdo cubría la representación del cliente en un pleito de división de comunidad de bienes, que finalizó con una transacción judicial. En el acuerdo transaccional, el cliente retuvo una propiedad inmueble pero pagó una suma de dinero a la parte contraria. La disputa se centra en la base para calcular los honorarios contingentes: el abogado los calculó sobre el valor total de los bienes retenidos, mientras el cliente argumentó que debían basarse en su ganancia neta tras el pago. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del cliente, calculando los honorarios sobre el valor neto de la propiedad retenida después de deducir el pago. El abogado apeló esta decisión, presentando varios señalamientos de error sobre la valoración de bienes y la interpretación de los acuerdos. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el caso.

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Un peticionario bajo custodia del Departamento de Corrección, Emilio Torres Santiago, presentó un escrito solicitando la aplicación retroactiva de la norma jurídica que exige veredictos unánimes. El señor Torres Santiago cumple una sentencia de 99 años desde 1988 por asesinato en primer grado y conspiración. Alega que fue sentenciado siendo menor de edad y que su sentencia no es final y firme, lo que justificaría la aplicación retroactiva de la nueva norma. Presentó su solicitud en forma pauperis, la cual fue autorizada por el tribunal. La Oficina del Procurador General, en representación de Corrección, solicitó la desestimación del recurso. El tribunal evaluó el escrito del peticionario y la solicitud de desestimación. La resolución explica que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional para revisar decisiones. Tras el análisis, el panel resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Zenaida A. García Valerio, impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples. La acción original reclamaba incumplimiento de contrato por compensación insuficiente de daños a su propiedad tras el huracán María. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, alegando que la apelante aceptó el pago total y final al cambiar los cheques que le fueron enviados con esa indicación. La apelante se opuso, argumentando la existencia de controversias de hechos sobre si fue advertida del carácter final del pago, la adecuación de la valoración y un posible vicio en su consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, manteniendo la desestimación del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900578. JAFER Construction, Corp. apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella por despido injustificado. El Sr. Carlos Irizarry Zalbivar demandó a JAFER bajo la Ley 80, alegando haber sido despedido sin justa causa tras casi 16 años de servicio como contador. JAFER argumentó que el despido se debió a la precaria condición económica de la corporación. La empresa apelante presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia al determinar que existía controversia sobre la justificación del despido. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el panel de apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Héctor Ojeda Díaz, solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió al recurrido, Santo Fabián Rondón, realizar una deposición a María de Lourdes Díaz Charriez. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Rondón contra Ojeda Díaz, Díaz Charriez y otros, alegando negligencia por una caída sufrida durante trabajos de construcción en una propiedad. La demanda original fue presentada en 2019, tras una demanda previa desestimada. El documento describe el historial procesal en primera instancia, incluyendo la presentación de la demanda, el emplazamiento de las partes, la anotación y posterior levantamiento de rebeldía de Díaz Charriez, y las alegaciones de los demandados. El peticionario argumentó, entre otras cosas, la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de certiorari presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari. Esta denegación implica que la Orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la deposición se mantiene vigente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Santander contra Marcos David Calderón Vázquez y otros. El proceso en primera instancia incluyó la presentación de la demanda, la solicitud y autorización de emplazamiento por edicto, y la posterior Sentencia en Rebeldía dictada por el foro primario. La co-demandada Idalia Sierra Torres solicitó reconsideración y desestimación, alegando emplazamiento defectuoso y falta de legitimación activa del banco, pero su solicitud fue denegada. Inconforme, la Sra. Sierra Torres apeló ante el Tribunal de Apelaciones. La apelación plantea como errores principales la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dejar sin efecto la sentencia en rebeldía y desestimar la demanda por alegados defectos en el emplazamiento por edicto, y la falta de determinación sobre la legitimación activa del banco. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis revisando los principios constitucionales del debido proceso de ley y las reglas de procedimiento civil relativas al emplazamiento, particularmente la Regla 4.3(c) y el término de 120 días para diligenciarlo. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de la apelante, preparando el terreno para la decisión del tribunal sobre los errores señalados.

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Este es un recurso de apelación presentado por Walmart Puerto Rico, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones contra una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. La Sentencia Enmendada declaró con lugar una Demanda por despido injustificado presentada por el Sr. José B. Gómez Rivera contra Walmart. El Sr. Gómez alegó haber sido despedido sin justa causa tras trabajar para Walmart desde 1991 hasta 2008. Walmart argumentó que el despido fue justificado por faltas administrativas y operacionales, precedido por disciplina progresiva. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente desestimó una reclamación por discrimen por edad, pero halló probado el despido injustificado y ordenó a Walmart pagar una suma considerable. Posteriormente, el TPI enmendó su sentencia para incluir el pago de honorarios de abogado al demandante. Walmart apeló, señalando errores en las determinaciones de hechos, la conclusión de despido injustificado por falta de disciplina progresiva, y la concesión de honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y decidió modificar la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Así modificada, la Sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Luz K. Soto Rivera y Triple S Propiedad. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y mala fe en el ajuste de una reclamación de seguro por daños de huracán. Triple S solicitó la desestimación argumentando que la demandante aceptó un cheque como pago total y final ("pago en finiquito"). El Tribunal de Primera Instancia acogió esta solicitud y desestimó el caso. La señora Soto apeló, cuestionando la aplicación de la doctrina de pago en finiquito y la existencia de controversia sobre su consentimiento y la buena fe de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos de la desestimación y la sentencia sumaria. Consideró si procedía la desestimación sumaria ante la controversia planteada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción urgente del peticionario para relevarse de una sentencia de 2008, anular una orden de embargo y obtener la devolución de bienes embargados. El caso original de cobro de dinero fue instado en 2008 por Norfolk Financial Corp. contra Wilfredo Elizab Martínez, resultando en una sentencia en rebeldía tras la incomparecencia del demandado. La acreencia fue cedida posteriormente a Operating Partners y luego a Midland Credit Management, quien procedió a ejecutar la sentencia mediante embargo de salario. En 2020, el Sr. Martínez Aponte compareció por primera vez, alegando la nulidad de la sentencia de 2008 por falta de legitimación activa del demandante original, ausencia de documentos probatorios y haber sido demandado bajo un nombre incorrecto. Argumentó que, al ser nula la sentencia, también lo era la orden de embargo. El foro primario declaró No Ha Lugar su moción. El Tribunal de Apelaciones adelanta que denegará expedir el auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Este caso es una apelación sobre la liquidación de una sociedad legal de gananciales. La apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda de liquidación. Un punto central es un inmueble privativo del apelado sobre el cual se reconoció un crédito a favor de la sociedad por expensas útiles realizadas con fondos gananciales. El foro primario designó un contador partidor para inventariar y avaluar los bienes, instruyéndole a considerar el crédito por las mejoras en el inmueble privativo. Inicialmente, el contador partidor recibió amplias facultades, incluyendo la de contratar tasadores. Sin embargo, una resolución enmendada limitó su labor a la evidencia ya producida en el descubrimiento de prueba. La apelante solicitó sin éxito que se restituyeran las facultades del contador partidor para contratar un tasador y recibir prueba adicional. Argumentó que sin tasación era imposible una distribución equitativa de los bienes gananciales. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora estas determinaciones del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre una Petición de Certiorari presentada por Mapfre Pan American Insurance Company (MAPFRE). MAPFRE impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha resolución declaró "No Ha Lugar" una Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la aseguradora. El caso subyacente fue iniciado por Luisa Rosado Vega contra MAPFRE por daños a su propiedad causados por el huracán María. La señora Rosado Vega alegó incumplimiento de contrato, incumplimiento del deber de lealtad y buena fe, enriquecimiento injusto y daños por acciones intencionales de mala fe. MAPFRE basó su moción en la inaplicabilidad de la Ley Núm. 247-2018 o, alternativamente, en la figura del pago en finiquito y la desestimación de reclamaciones extracontractuales. El TPI denegó la moción de MAPFRE y su posterior solicitud de reconsideración. Inconforme, MAPFRE acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El panel decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida para agilizar el despacho del caso.

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Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en apelación presentada por Ingrid S. García Rodríguez contra MAPFRE PAN AMERICAN INSURANCE COMPANY. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre incumplimiento de contrato y daños contractuales por el Huracán María. El tribunal de instancia desestimó el caso con perjuicio y condenó a la demandante al pago de \$1,000 en honorarios de abogado. La demandante apeló solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos y documentos, incluyendo una contradicción en la contestación inicial de MAPFRE sobre la existencia de una reclamación previa. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada únicamente en cuanto a la imposición de honorarios de abogado. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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La Asociación de Residentes del Condominio The Clusters apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por la Asociación contra One Alliance Insurance Corporation. La demanda original reclamaba violación al Código de Seguros, incumplimiento de contrato y daños tras el paso del huracán María. La Asociación alegó que One Alliance no ajustó adecuadamente su reclamación de seguro de propiedad y se negó a pagar los daños cubiertos. El Tribunal de Primera Instancia acogió una moción de desestimación de One Alliance. Determinó que la Asociación no cumplió con el requisito de notificación previa del Art. 27.164(3) del Código de Seguros. Por ello, el foro primario concluyó que carecía de jurisdicción y ordenó la desestimación sin perjuicio. La Asociación de Residentes recurrió en apelación contra esta determinación. El documento detalla el historial del caso y los argumentos de la demanda original.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial instado por Flash Auto Imports, Inc. contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La Resolución de DACO, emitida en la Querella Núm. BAY-2017-0000451, declaró Ha Lugar la reclamación de los hermanos Ángel M. y Wanda L. Carballo. Los querellantes alegaron que Flash Auto no les informó que el vehículo adquirido había sido impactado y presentaba otros defectos. También cuestionaron la autenticidad de firmas en documentos clave de la transacción. DACO ordenó la resolución del contrato de venta y que Flash Auto asumiera la deuda de financiamiento. Flash Auto impugnó esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa de DACO.

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Se resuelve una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. Los apelantes, Carlos Miguel Salas Rivera y Lizette Mendoza Ruiz, demandaron al Consejo de Titulares del Condominio Villas de Parque Escorial. Reclamaban el reembolso de gastos incurridos en el condominio y daños y perjuicios. El Consejo de Titulares solicitó la desestimación por cosa juzgada. Alegaron que las mismas reclamaciones ya habían sido resueltas por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO). La resolución de DACO advino final y firme al no ser recurrida judicialmente por los apelantes. Los apelantes se opusieron, argumentando que buscaban ejecutar la resolución de DACO y que no pudieron litigar daños ante esa agencia. El TPI determinó que aplicaba la doctrina de cosa juzgada al existir identidad entre el trámite administrativo y el pleito judicial. Consideró que los apelantes tuvieron la oportunidad de revisar la decisión de DACO y no lo hicieron. El panel de jueces confirma la Sentencia apelada que desestimó la demanda.

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La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Utuado. Dicha resolución declaró no ha lugar una moción de desestimación presentada por la ACT en un pleito sobre cumplimiento específico de contrato de compraventa. El demandante, José A. Domínguez Morales, inició el caso contra la ACT. La ACT argumentó que la demanda debía desestimarse por falta de un contrato escrito, requisito al contratar con entidades gubernamentales. El TPI denegó la desestimación, al entender que el demandante podría tener un remedio en ley. Inconforme, la ACT presentó el Certiorari, alegando error del TPI. El demandante se opuso, señalando que el caso se basa en el Código Civil y no requiere un contrato escrito bajo las leyes citadas por la ACT. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó acoger el Certiorari presentado por la Autoridad de Carreteras y Transportación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por 362 del Parque, Corp. y Ramón Acosta contra Scotiabank de Puerto Rico. Los apelantes buscaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una demanda de cobro de dinero. Scotiabank solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegó que la apelación se presentó fuera del término jurisdiccional de 30 días, el cual comenzó el 15 de junio de 2020 con el archivo en autos de la notificación de la sentencia. Los apelantes argumentaron que su notificación fue el 16 de junio de 2020, haciendo su presentación del 16 de julio oportuna. Tras examinar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción. Basándose en las reglas de procedimiento civil y del tribunal, se desestimó el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso discrecional de certiorari presentado por Ingrid Vanessa Tirado Crespo contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria impugnaba la denegación de presentar prueba pericial y la permisión de una moción de sentencia sumaria fuera del término ordinario. El foro apelativo denegó expedir el auto solicitado y la moción en auxilio de jurisdicción. Explicó que la intención de usar prueba pericial se notificó tardíamente, mucho después de concluido el descubrimiento de prueba sin autorización para reabrirlo. Respecto a la moción de sentencia sumaria, indicó que el término para presentarla coincidió con la suspensión de términos por la pandemia de COVID-19. El Tribunal concluyó que las determinaciones del foro primario constituyen asuntos de manejo de caso que no inciden sobre los derechos de las partes ni plantean un error de derecho revisable.