Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 19)

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Certiorari presentado por Iván Rivera Gómez y otros contra Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros. Los peticionarios buscaban la revisión de una denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a permitirles enmendar un Informe de Conferencia Preliminar en un caso sobre caídas. La parte recurrida presentó su oposición al recurso. Posteriormente, los peticionarios radicaron una moción solicitando el desistimiento voluntario con perjuicio. Informaron que ambas partes habían acordado finalizar el litigio sin especial imposición de costas, gastos ni honorarios. Se concedió término a la parte recurrida para expresarse sobre la moción de desistimiento, pero esta no compareció. A tenor con la solicitud de los peticionarios y la falta de oposición, el Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la solicitud. La sentencia dicta el desistimiento con perjuicio del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la denegación de una licencia de armas solicitada por Carlos Manuel Arizmendi Rodríguez. El Negociado de la Policía denegó la solicitud, alegando que el peticionario tenía una convicción por delito grave según sus archivos. Arizmendi Rodríguez impugnó la denegación ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), argumentando que cumplía los requisitos legales, que cualquier convicción había sido eliminada por orden judicial y que el proceso de denegación violaba el debido proceso. El Negociado y el Estado Libre Asociado solicitaron la desestimación del caso en el TPI, reiterando la existencia de la convicción en los registros del SIJC. El TPI acogió la moción de desestimación, basándose en que los archivos digitales indicaban que el peticionario no cumplía el requisito de no haber sido convicto de delito grave. Inconforme, Arizmendi Rodríguez presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución emitida por el TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de Certiorari presentado por AGGREGATE, INC. (AGGI) contra PUERTO RICO AGGREGATE COMPANY, INC. (PRACI). El recurso surge de una demanda de injunction preliminar y permanente instada por PRACI contra AGGI en el Tribunal de Primera Instancia. PRACI alega que AGGI excede los niveles autorizados de extracción y almacenamiento de material rocoso en fincas arrendadas, violando leyes ambientales. AGGI solicitó la desestimación del caso en primera instancia, argumentando que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) posee jurisdicción primaria exclusiva o concurrente sobre las alegadas violaciones ambientales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de AGGI y señaló vista de injunction. AGGI recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, planteando que el foro primario para adjudicar la controversia es el DRNA debido a su pericia especializada. El Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos en primera instancia y está evaluando el recurso, centrándose en la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria en este caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida el 24 de enero de 2025, declaró Con Lugar una solicitud de ejecución de sentencia presentada por Migdalia López Gómez en un caso sobre despido injustificado y otras reclamaciones laborales. AEELA alegó que el foro primario erró al conceder la ejecución, argumentando que equivalía a una reconsideración extemporánea y desconocía pronunciamientos previos del Tribunal de Apelaciones. El caso tiene un historial procesal complejo con sentencias parciales y finales que fueron objeto de apelación y modificación. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. En consecuencia, también se declaró No Ha Lugar la solicitud de orden en auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre un recurso presentado por Fernando Ramos Rivera, un confinado. El Sr. Ramos solicitó una reconsideración, presentada como revisión administrativa, pidiendo la revisión de su plan institucional y una oportunidad para obtener libertad bajo palabra o un plan de desvío. Detalló su situación de confinamiento, sentencia, tiempo cumplido, buena conducta y participación en programas de rehabilitación. Sin embargo, el recurrente no presentó ningún documento que sustentara su reclamo ante el Tribunal, específicamente una orden o resolución final del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El Tribunal explicó que la revisión judicial de decisiones administrativas exige haber agotado los remedios en la agencia y basar el recurso en una orden final de la misma. Al no cumplir con este requisito jurisdiccional, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se realizó sin trámite ulterior, conforme a las reglas procesales aplicables.

Resumen:

José Francisco Vargas Cruz apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Sentencia desestimó una demanda que Vargas Cruz presentó contra Ferdinand Pérez Román y Práctico Events LLC, conocidos como Jugando Pelota Dura. Vargas Cruz, candidato independiente a la alcaldía de San Juan, alegó que el programa televisivo lo excluyó injustamente, impidiendo su participación y exposición mediática. Argumentó que esta conducta violaba el Código Electoral y afectaba el derecho de los electores a la información. Solicitó remedios interdictales para asegurar su inclusión y tiempo igual en el programa, además de un millón de dólares en daños y perjuicios. La parte demandada argumentó que, como entidad privada, no le aplicaban las leyes electorales o constitucionales de igual tiempo y que el reclamo carecía de fundamento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad y le impuso a Vargas Cruz el pago de $3,000 en honorarios de abogado por temeridad, más costas. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una impugnación a una certificación de deslinde de la zona marítimo terrestre. Los recurrentes, Eileen y Michael Scott Collins, solicitaron revocar una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha resolución declaró no ha lugar su impugnación al deslinde solicitado por Isabela Estates, LLLC para una finca en Isabela. Isabela Estates inició el proceso en mayo de 2022, incluyendo publicación y notificación a colindantes en su dirección de Isabela. Los recurrentes se comunicaron con el DRNA en octubre de 2022 y marzo de 2023, solicitando una vista pública y proveyendo una dirección postal en Nueva York. El DRNA celebró una vista pública y emitió órdenes, cuyas notificaciones, al igual que la de la certificación final de deslinde de agosto de 2023, fueron enviadas a la dirección de Isabela. Isabela Estates también notificó la certificación final a los colindantes en la dirección de Isabela. Los recurrentes impugnaron la determinación del DRNA en julio de 2024, siendo denegada en agosto de 2024. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa del DRNA.

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Comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones José Édison Feliciano Torres, Melissa Pinet y su sociedad legal de gananciales mediante petición de Certiorari. Solicitaron la revocación de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso de cobro de dinero. Dicha resolución, emitida el 25 de noviembre de 2024, denegó su "Moción para que se tenga por admitido sin oposición el Requerimiento de Admisiones". La moción se basaba en la alegada falta de contestación oportuna del demandante, Juan Carlos Rodríguez Alfonso, a dicho requerimiento. El demandante explicó que la demora se debió a un error administrativo y presentó las contestaciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción para tener por admitidas las solicitudes y, posteriormente, una moción de reconsideración. Los peticionarios acudieron en Certiorari imputando error al foro primario por no admitir las solicitudes sin oposición. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

José Meléndez Sánchez, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que lo declaró "No Favorable" para el Programa de Pre-Reinserción a la comunidad. La resolución del DCR también requirió un año adicional de observación de su conducta antes de una nueva consideración. Meléndez Sánchez alegó que el DCR erró al imponer este requisito adicional. El DCR, por su parte, solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal procedió a evaluar su propia jurisdicción para atender la controversia. La sentencia enfatiza la importancia fundamental de la jurisdicción para que un tribunal pueda adjudicar un caso. Concluye que el Tribunal de Apelaciones carece de la jurisdicción necesaria para conocer del recurso presentado. Por lo tanto, el recurso de revisión judicial es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel judicial, con el Juez Adames Soto como ponente. El caso trata sobre un recurso de apelación presentado por Gabriel Ernesto Méndez Cerame y Lilliam Lissette Sánchez Benítez. Los apelantes solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 20 de noviembre de 2024. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su Petición para adverar y protocolizar un testamento en peligro inminente de muerte otorgado por Julio Méndez Muñoz. Los apelantes, hijo y viuda del causante, presentaron el testamento, alegando que fue otorgado ante la inminencia de su fallecimiento por enfermedad terminal. El TPI denegó la petición al encontrar un defecto insubsanable en el testamento. Determinó que los tres testigos eran inhábiles según el Código Civil: dos eran herederos instituidos (hijo y viuda) y el tercero (hermano del causante) era pariente dentro del grado prohibido de los herederos. El TPI consideró la concurrencia de testigos idóneos un requisito esencial para este tipo de testamento. Tras examinar los argumentos, el tribunal apelado decidió confirmar la resolución del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Luis Eugenio Cruz Olmedo. El peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción al Amparo de la Regla 185. En dicha moción, Cruz Olmedo pedía la aplicación del sub-inciso (b) del Artículo 6.14 de la Ley de Armas a su sentencia. Fue condenado a once años de cárcel por violaciones a la Ley de Armas y tentativa de maltrato a persona de edad avanzada. Alegó que la no aplicación del sub-inciso afectaba su acceso a programas beneficiosos en prisión. El peticionario intentó comparecer ante el Tribunal de Apelaciones en forma pauperis. Sin embargo, no presentó la solicitud requerida para perfeccionar dicha comparecencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió una sentencia sumaria a favor de Diversified and Services Inc. El caso original fue iniciado por Benjamín Beachamp Ramos y Elizabeth Ávila Ayala, quienes demandaron a Diversified por el cumplimiento específico de un contrato de compraventa de propiedad. Diversified canceló el contrato alegando fuerza mayor (COVID-19) o la doctrina rebus sic stantibus. La sentencia sumaria fue solicitada por Diversified argumentando que los apelantes admitieron hechos esenciales al no contestar un requerimiento de admisiones dentro del término legal. Los apelantes no respondieron al requerimiento ni solicitaron prórroga antes de su vencimiento. Aunque solicitaron extensiones para oponerse a la moción de sentencia sumaria, nunca abordaron su omisión de contestar las admisiones. El foro primario declaró ha lugar la sentencia sumaria basándose en la admisión tácita de los hechos. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable, confirmando la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una controversia sobre la titularidad de un canal pluvial. Las partes son el Municipio de Juana Díaz (apelado) y Sucesión J. Serrallés Second, Inc. (SJSS) y D.I.S., Inc. (apelantes). La disputa surge porque un canal construido en la finca de SJSS, que recoge aguas de urbanizaciones cercanas, causa inundaciones por falta de mantenimiento. El Municipio demandó solicitando una sentencia declaratoria que estableciera que SJSS era el propietario del canal y responsable de su mantenimiento. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria determinando que SJSS era el titular. Los apelantes recurrieron esta decisión, habiendo planteado previamente sin éxito argumentos de academicidad y falta de partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación de Roberto Muñoz Collado contra Ulises Vásques Mieses. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de cobro de dinero sumario bajo la Regla 60. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda de Vásques Mieses, quien reclamaba $13,527.00 por servicios de rótulos. La sentencia apelada fue dictada en rebeldía contra Muñoz Collado tras su incomparecencia a la vista en su fondo. El tribunal de instancia determinó que la notificación-citación fue debidamente diligenciada y asumió jurisdicción. Antes de la notificación de la sentencia, Muñoz Collado solicitó la desestimación del caso. Alegó que no fue notificado correctamente, que la citación fue defectuosa y que no tuvo conocimiento de la vista. Sostuvo que el incumplimiento con el proceso de citación impedía que el tribunal tuviera jurisdicción sobre él. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará la corrección de la sentencia de instancia y los argumentos sobre el diligenciamiento de la citación.

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Eliezer Santana Báez apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio su demanda por daños contra varios codemandados. La demanda original alegaba negligencia médica en su tratamiento de cáncer, resultando en graves daños. Entre los demandados se encontraban Physician Correctional, médicos, agencias gubernamentales y funcionarios. El foro primario desestimó las reclamaciones contra el Dr. Víctor Arocho, el Departamento de Corrección, Ana Escobar y el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau. La desestimación se basó en que estos codemandados son funcionarios y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). El tribunal determinó que el demandante no demandó ni emplazó al ELA a través del Secretario de Justicia, según lo exige la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil. Por tanto, el foro primario ordenó el archivo sin perjuicio de la demanda contra dichas partes. El apelante solicita la revocación de esta Sentencia Parcial ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La apelante, Eva Rodríguez De Jesús, recurre la desestimación de su Demanda contra Tercero y Demanda de Clase. Estas demandas fueron presentadas contra el bufete Martínez Torres, representación legal del Banco Popular de Puerto Rico. La apelante alegó que el bufete incurrió en prácticas de cobro ilegales en casos de hipotecas revertidas. Específicamente, sostuvo que el bufete reclamó responsabilidad personal y otros cargos indebidos, contrarios a la naturaleza de estos préstamos y la normativa federal. La demanda de clase buscaba representar a deudores de hipotecas revertidas en Puerto Rico demandados por el bufete con prácticas similares. La apelante solicita que se revoque la Sentencia Parcial que desestimó estas reclamaciones contra el bufete.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Ángel Abreu contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia había declarado Ha Lugar una demanda de injunction de la Junta de Planificación (JP) contra Abreu y RG Contracting Group, Inc. La JP solicitó órdenes de cese y desista, demolición de obras ilegales y una multa administrativa, basándose en violaciones de permisología detectadas tras una investigación. Abreu y RG Group no respondieron a la notificación administrativa de la JP. El foro primario celebró una vista y determinó que procedía el injunction solicitado. Ante la apelación del señor Abreu, el Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en una apelación civil por daños y perjuicios. Los apelantes, José Cristóbal De Hoyos y Doris E. Reyes González, demandaron al Municipio Autónomo de Bayamón. La demanda alegaba que, tras una expropiación parcial para una avenida, el Municipio cambió la zonificación del remanente de su finca (2,567.8292 m²) de residencial a uso público. Sostenían que este cambio de zonificación impedía vender o usar el terreno, constituyendo una expropiación de facto sin justa compensación. Reclamaban daños por el valor del terreno y angustias mentales. El Municipio solicitó la desestimación de la demanda, argumentando prescripción de la causa de acción y falta de cumplimiento con el requisito jurisdiccional de notificación bajo la Ley de Municipios Autónomos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Arlene Fontánez Rosario contra la Universidad de Puerto Rico. La apelación impugnaba una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación. Fontánez Rosario alegó despido injustificado y violación de la Ley de Protección de Madres Obreras, argumentando que sus contratos a término fijo debían considerarse indefinidos y que fue despedida durante su licencia de maternidad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella por dos razones principales. Primero, determinó que la Ley Núm. 3 de 1942 (Ley de Protección de Madres Obreras) no aplica a la UPR por ser una corporación pública. Segundo, concluyó que la apelante no agotó los remedios administrativos disponibles en el Reglamento de la UPR. La UPR había solicitado la desestimación argumentando la inaplicabilidad de las leyes laborales invocadas a su carácter de corporación pública y la falta de jurisdicción del tribunal. Tras revisar el tracto procesal y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un caso de injunction. Los apelantes, Federico E. Albandoz Betancourt y otros, impugnan la decisión que denegó las solicitudes de injunction y desestimó el pleito, incluyendo sus reconvenciones contra Pompina Investments, LLC y el Estado Libre Asociado. La controversia se centra en un terreno expropiado por el ELA en 1962 para uso público. A pesar de la expropiación, el terreno fue presuntamente arrendado y utilizado por particulares para negocios privados, como venta y estacionamiento de vehículos, durante unos cincuenta años. Posteriormente, el ELA vendió el terreno a particulares, quienes a su vez lo vendieron a Pompina. Pompina inició el caso original solicitando un injunction para cesar el uso privado del solar y mantener el acceso abierto. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud y desestimó todas las reclamaciones. La apelación busca la revisión de este fallo, abordando el historial de la propiedad y su uso.

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Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero. El apelante, Nidal Khalil El Smaili, demandó a Wilson Acevedo Salas por el pago de \$19,000.00, balance alegadamente adeudado por la venta de la operación de un garaje de gasolina. El negocio vendido, Prospecto Of Toledo Corp., pertenecía a una corporación, no al demandante a título personal. Tras una vista y la presentación de memorandos de derecho, el foro primario determinó que el señor Khalil El Smaili carecía de legitimación activa para presentar la demanda. La Sentencia apelada concluyó que la corporación, propietaria del negocio, no era parte del pleito. Además, no se presentó evidencia de una resolución corporativa que autorizara al demandante a actuar en nombre de la misma. La desestimación se basó en que la acción debió ser instada por la corporación, conforme a la Regla 15 de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari presentado por Jan Pierre A. Santiago Ríos. Santiago Ríos solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. La moción se basaba en la alegación de que el Ministerio Público no proveyó prueba completa y a tiempo (una página de notas de agente) que, según la defensa, era necesaria para impugnar un testigo de vista preliminar. El TPI determinó que la prueba cuestionada no era exculpatoria ni material, ya que no existía probabilidad razonable de que hubiera alterado la determinación de causa probable en la vista preliminar. Consideró la totalidad de la prueba presentada en esa etapa, incluyendo testimonios y identificación directa. El TPI concluyó que la defensa no satisfizo el requisito de "materiality" para configurar una violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resuelve denegar el auto de certiorari solicitado por Santiago Ríos en este caso sobre Asesinato y Ley de Armas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Fomento solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Aida Martínez Santiago tras una caída en 2017. La demandante incluyó inicialmente a varias partes, designando a entidades desconocidas como "Corporaciones X, Y, Z". En 2022, la demandante solicitó enmendar la demanda para añadir a Fomento, alegando que era el dueño de la estructura y estaba incluido bajo la designación "Corporaciones X, Y, Z". El TPI autorizó la enmienda y sustitución, entendiendo que Fomento había sido incluido inicialmente. Fomento presentó una moción de desestimación que fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. El Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del TPI que denegó la moción de desestimación de Fomento.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una multa impuesta a la Compañía de Turismo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó a Turismo pagar $300 diarios por incumplir una sentencia anterior. Dicha sentencia le exigía entregar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) información sobre propiedades de alquiler a corto plazo. El TPI determinó que la información solicitada era pública y ordenó su entrega. Ante el incumplimiento de Turismo, el TPI impuso la multa diaria tras una vista de desacato. Turismo apeló la sentencia original, la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. El CPI informó al TPI en varias ocasiones que Turismo no había cumplido completamente con la entrega de la información. Turismo alegó dificultades en la compilación y que no mantenía un registro de propietarios. La presente resolución del Tribunal de Apelaciones concluye que no existe razón para intervenir con la orden del TPI de pagar la multa por el incumplimiento continuo.

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Este caso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Gil E. Ríos Calero contra la Junta de Directores de la ACAA. Ríos Calero solicitó beneficios por muerte y gastos fúnebres tras el fallecimiento de su esposa, quien sufrió un accidente de tránsito. Alegó que el accidente agravó una condición preexistente de fibrosis pulmonar, causando su muerte. La ACAA denegó la solicitud, determinando que la muerte no fue resultado directo del accidente, basándose en el certificado de defunción. Tras agotar los recursos administrativos ante la ACAA, que confirmaron la denegatoria, Ríos Calero acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal le requirió cumplir con la Regla 58 de su Reglamento para continuar con el recurso. Al no cumplir con dicho requerimiento dentro del término concedido, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Este caso es una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La parte recurrente, Management Consulting Professional Allied, Inc., impugna la denegatoria de su solicitud de cambio de calificación de suelo. La solicitud buscaba modificar la zonificación de un predio en San Juan de residencial (R-3) a comercial liviano (C-L). La Oficina de Planificación del Municipio Autónomo de San Juan denegó la petición. La Oficina justificó su decisión indicando que el cambio crearía presión indebida, menoscabaría la infraestructura y afectaría negativamente la calidad de vida en la comunidad residencial. La recurrente presentó una revisión judicial previa que fue desestimada por academicidad tras la renotificación de la denegatoria por parte del Municipio. Este recurso actual revisa la denegatoria renotificada. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la resolución emitida por la Oficina de Planificación. En consecuencia, se mantiene la denegatoria a la solicitud de cambio de calificación del suelo.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve un recurso de apelación presentado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico. El Negociado impugna una Resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había declarado Con Lugar una moción de los Agentes Luis M. Santiago Cruz y Carlos M. Rivera Soto. Los agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo por 60 días en 2015. Las sanciones se basaron en cargos administrativos de 2014 relacionados con un incidente de 2013. Se les imputó tomar fotos de un occiso en una escena criminal y que estas aparecieran publicadas en internet. Los cargos incluían violaciones a la Ley de la Policía y faltas graves como negligencia y divulgación de información confidencial. Los agentes apelaron ante la CIPA, alegando falta de prueba y violación al debido proceso, incluyendo el término para la adjudicación. La CIPA falló a favor de los agentes. El tribunal, por los fundamentos que expondrá, revoca la Resolución recurrida de la CIPA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de revisión administrativa iniciado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El DRNA presentó una querella contra un matrimonio por supuestas infracciones a leyes ambientales relacionadas con trabajos en su propiedad en La Parguera, Lajas. Durante el proceso administrativo, el matrimonio solicitó la descalificación de la Oficial Examinadora y la inhibición de la entonces Secretaria del DRNA. Alegaron que la conducta de estas funcionarias afectaba la integridad del proceso adjudicativo, demostrando prejuicio y violando su derecho al debido proceso. La Secretaria del DRNA emitió una resolución interlocutoria declarando No Ha Lugar la moción de descalificación/recusación y la inhibición. El Tribunal de Apelaciones revisó esta resolución interlocutoria. Determinó que el asunto ameritaba preterir el cauce administrativo y era susceptible de revisión judicial. Consecuentemente, el Tribunal revocó el pronunciamiento recurrido de la Secretaria del DRNA.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Autocentro Más, LLC mediante un recurso de revisión judicial contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). DACo declaró ha lugar una querella presentada por José Yamil García Alicea, quien adquirió un vehículo de motor en enero de 2023 que presentó problemas mecánicos meses después. El señor García Alicea reclamó la resolución del contrato de compraventa y compensación por daños. Autocentro contestó la querella negando responsabilidad y atribuyendo los problemas a negligencia o falta de mantenimiento. DACo ordenó una inspección del vehículo, cuyo informe detalló múltiples averías y códigos de diagnóstico. La resolución de DACo ordenó la resolución del contrato, requirió a Autocentro pagar el balance del préstamo del consumidor, reembolsar sus pagos y gastos, y compensar por daños y honorarios de abogado. Autocentro recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta decisión administrativa.

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Un padre solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria para cesar la pensión alimentaria de su hijo mayor de edad. El peticionario argumentó que el foro primario erró al no realizar determinaciones de hechos incontrovertidos y controvertidos al denegar la moción. Además, sostuvo que, contrario a lo implícito en la decisión recurrida, la sentencia sumaria sí procede en casos de revisión de pensión alimentaria. El padre buscaba el relevo de la obligación aduciendo que el hijo había culminado sus estudios de bachillerato y no continuó estudiando, mientras el hijo alegaba estar preparándose para estudios de medicina y depender económicamente. El Tribunal de Apelaciones determinó que el peticionario tenía razón en ambos señalamientos. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia incumplió con el requisito procesal de identificar los hechos en controversia y que la sentencia sumaria es una herramienta válida en este tipo de procedimientos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el recurso y revocar la Resolución apelada.

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Se trata de un recurso de revisión administrativa presentado por la Sra. Maridza Rivera Montañez. La recurrente impugna una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (DRA-OGPe). Dicha resolución confirmó un permiso de construcción otorgado a LHEE, INC., h/n/c PA'L 24 Steakhouse & Tapas. El permiso autoriza la legalización de tres vagones para uso accesorio (baño, barra y cocina) en el segundo nivel del restaurante en Añasco. La Sra. Rivera Montañez argumentó que no fue notificada de la solicitud ni de la concesión del permiso. También planteó la defensa de cosa juzgada basada en sentencias judiciales previas. Tras una vista administrativa, la DRA-OGPe declaró no ha lugar su solicitud de revisión. La recurrente acudió al tribunal para solicitar la revocación de esa decisión administrativa. El tribunal, mediante esta sentencia, confirma la resolución recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de declaración de incapacidad y designación de tutor. La parte recurrida solicitó declarar incapaz a José Enrique Fernández Bjerg, alegando una condición neurológica degenerativa, lo cual él negó. El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista evidenciaria para el 27 de febrero de 2025, tras varios reseñalamientos previos. Días antes de la fecha, la representación legal del peticionario renunció y nueva representación asumió el caso. El nuevo abogado solicitó un término de 30 días para familiarizarse con el expediente y prepararse para la vista. El foro primario aceptó la nueva representación pero denegó la solicitud de suspensión de la vista del 27 de febrero de 2025. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando dejar sin efecto dicha orden. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Federico E. Gómez Hernández, solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su petición para dejar sin efecto la rebeldía anotada en su contra. La rebeldía se anotó por no contestar una reconvención presentada por la parte recurrida, Storm King Windows & Doors, Inc. Tras la denegatoria, el peticionario presentó una moción de reconsideración ante el foro primario. Mientras la moción de reconsideración estaba pendiente, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones analizó el tracto procesal del caso. Determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debió a que el recurso fue presentado de manera prematura. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por Carlos R. Díaz Pizarro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Díaz Pizarro solicitó la revocación de una determinación administrativa y su denegatoria de reconsideración. El Tribunal desestimó el recurso por haber sido presentado tardíamente. Se fundamenta la decisión en la falta de jurisdicción que resulta de la presentación extemporánea de un recurso. Se citan la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La LPAU establece los términos para solicitar revisión judicial (30 días) y el efecto de las mociones de reconsideración. La presentación tardía del recurso privó al Tribunal de la autoridad para considerarlo. Por tanto, la única acción procedente fue la desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El caso original fue incoado por Hodassa LLC contra Ricardo Luis Viera Toro y Edwin César Figueroa Ramos por incumplimiento de un contrato de arrendamiento y cobro de dinero. Los demandados originales, Viera Toro y Figueroa Ramos, presentaron una Demanda Contra Tercero contra Ralph Rodríguez e Hydalberto Caratini. Alegaron que estos terceros interfirieron dolosamente en su contrato con Hodassa. Rodríguez y Caratini solicitaron la desestimación de la Demanda Contra Tercero. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial desestimando la Demanda de Terceros. Viera Toro y Figueroa Ramos apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, manteniendo la desestimación de la Demanda Contra Tercero.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Jorge Reyes Tsinkelis recurrió la resolución del DACo del 20 de septiembre de 2024, que declaró No Ha Lugar su querella sobre compraventa de vehículos de motor. El tribunal emitió una resolución inicial ordenando al recurrente acreditar notificación a las partes y a la agencia, y estableciendo términos para la presentación de transcripciones y alegatos. El recurrente y el DACo presentaron mociones en cumplimiento con algunas de estas órdenes. No obstante, el tribunal adelanta que desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para entender en el caso. Se reitera la obligación fundamental de los tribunales de examinar su propia jurisdicción como primer paso en cualquier controversia.

Resumen:

Nylda Berrios Anaya demandó a Supermercado Pueblo por daños tras una caída en sus instalaciones. Supermercado Pueblo presentó una demanda contra tercero contra Dust Control Services, alegando responsabilidad por la alfombra que causó la caída, fundamentada en incumplimiento contractual y responsabilidad extracontractual. Dust Control Services solicitó la desestimación de la demanda contra tercero, argumentando que la reclamación extracontractual estaba prescrita al haber transcurrido el término de un año. Supermercado Pueblo se opuso, sosteniendo que la demanda se basaba en responsabilidad contractual, sujeta a un término prescriptivo de quince años bajo el Código Civil de 1930. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación, determinando que las alegaciones se fundamentaban en incumplimiento contractual. Dust Control Services presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

En un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, los deudores solicitaron la desestimación alegando que el acreedor carecía de una licencia requerida por ley al otorgar el préstamo, lo que, a su juicio, viciaba de nulidad el contrato y la deuda. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción de desestimación. Los deudores recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, reiterando su argumento sobre la nulidad por falta de licenciamiento. El Tribunal de Apelaciones resolvió no intervenir en el caso mediante el auto discrecional. Fundamentó su decisión en que la validez de la deuda reclamada no se afectaría aun si el acreedor hubiese carecido de la licencia al momento de la transacción. Explicó que la ley invocada no impone la nulidad automática por falta de licenciamiento, especialmente en el contexto de financiamientos comerciales o de inversión. Por tanto, al no prosperar el argumento de nulidad de la deuda, el recurso de certiorari no cumplía con los criterios para su expedición discrecional.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202500035. Este caso es una apelación presentada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión había revocado la denegación de una solicitud de licencia de armas por parte del Sr. Reynaldo Figueroa Serrano. El Negociado de la Policía denegó la solicitud basándose en una convicción previa del apelado por violación a la antigua Ley de Armas, citando los Artículos 2.02 D-3 y 2.09 de la Ley de Armas de 2020. El apelado argumentó que dicha convicción había sido eliminada de su récord conforme a la Ley 143-2014. El Tribunal de Primera Instancia le dio la razón al apelado y revocó la denegación. Sin embargo, el Negociado de la Policía apeló esta determinación. Tras estudiar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones reinstaló la denegación de la licencia de armas al Sr. Figueroa Serrano.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un Recurso de Revisión Judicial presentado por Carlos R. Díaz Pizarro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Díaz Pizarro solicitó la revisión de cinco solicitudes de remedio administrativo presentadas ante la agencia, alegando no haber recibido respuesta. El Tribunal procedió a auscultar su jurisdicción para entender en el caso. Se recordó que este foro intermedio solo tiene competencia para revisar decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias administrativas. Una decisión final es aquella que culmina el procedimiento y resuelve todas las controversias. Dado que la agencia recurrida no había emitido una respuesta final a las solicitudes del recurrente, el Tribunal determinó que el recurso era prematuro. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en este momento. Se desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se eximió a la parte recurrida de presentar escrito en oposición. Se aclaró que el recurrente puede acudir nuevamente ante el Tribunal una vez la agencia emita una respuesta final.

Resumen:

Se resuelve una Petición de Certiorari presentada por Cooperativa de Seguros Múltiples y Oriental Bank contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó una Moción de Sentencia Sumaria de los peticionarios. Dicha moción argumentaba que el Estado no notificó la confiscación de un vehículo dentro del término legal establecido. El vehículo fue confiscado en octubre de 2023 por alegadas violaciones a leyes de armas y sustancias controladas. Los peticionarios, con interés en el vehículo por seguro y gravamen, recibieron notificación en noviembre de 2023, la cual consideran tardía según la Ley de Confiscaciones. Tras la denegación de su moción y reconsideración por el TPI, acudieron en Certiorari. El Estado recurrido ha solicitado la devolución del caso al foro primario por incumplimiento de una regla procesal. El tribunal superior considera perfeccionado el recurso y procederá a evaluar los méritos de la petición.

Resumen:

Miguel A. Nieves De Jesús acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha Resolución denegó su Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue convicto en 2018 por tres infracciones al Artículo 6.01 de la derogada Ley de Armas por posesión de municiones de diferentes calibres, recibiendo sentencias consecutivas que sumaron nueve años. En su moción, argumentó que la posesión simultánea de distintas municiones constituye un solo delito bajo dicho artículo, y que acusarlo por separado por cada tipo de munición resultaba en multiplicidad de cargos y castigos. El TPI denegó la moción, interpretando que la ley permite múltiples cargos por diferentes tipos de municiones, similar a la Ley de Sustancias Controladas. El peticionario alegó error en esta interpretación y en el uso de la analogía. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari, revocar parte del dictamen recurrido y modificar el resto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia Parcial en rebeldía dictada en una demanda del Municipio de Cataño contra Bou Maintenance Service Corp. y su presidente. El Municipio alegó que un contrato de servicios fue obtenido mediante soborno al anterior alcalde y que los trabajos fueron deficientes, solicitando la devolución del dinero pagado y daños. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra la corporación y su presidente. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al dictar la sentencia en rebeldía. No obstante, revocó la imposición de responsabilidad personal al presidente por las obligaciones de la corporación. Asimismo, revocó la imposición de honorarios por temeridad. Se determinó que no procedía la temeridad porque los demandados no comparecieron hasta después de emitida la sentencia. La sentencia confirma parcialmente la decisión de instancia, modificándola en cuanto a la responsabilidad personal del presidente y los honorarios de abogado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original fue instada por el Municipio Autónomo de Cataño contra una corporación y su presidente. El Municipio alegó que un contrato de servicios fue obtenido mediante soborno al anterior alcalde y que los trabajos fueron deficientes. Se destacó que el presidente de la corporación se declaró culpable en la jurisdicción federal por proveer beneficios al exalcalde a cambio de contratos municipales. El Tribunal de Primera Instancia condenó a los demandados en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente al dictar la sentencia en rebeldía. No obstante, revoca la imposición de responsabilidad personal al presidente por las obligaciones corporativas. También deja sin efecto la imposición de honorarios por temeridad, dado que los demandados no comparecieron hasta después de la sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por LMD & ASSC, LLC. LMD impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de noviembre de 2024. Dicha resolución del TPI denegó la solicitud de LMD para extender el descubrimiento de prueba, impidiendo la toma de deposiciones y la presentación de un testigo pericial. El TPI justificó su decisión citando la falta de diligencia y los reiterados incumplimientos de LMD con los plazos de descubrimiento en un caso que data de 2020. LMD alegó que el TPI abusó de su discreción y violó el debido proceso. Posteriormente a la presentación del certiorari, el TPI emitió una nueva orden permitiendo a LMD tomar las deposiciones, aunque mantuvo la denegación del perito. Esta acción del TPI convirtió en académica la controversia sobre las deposiciones ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por LMD.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, Edwin Alonso Rodríguez y S.A. Properties Inc., impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es un pleito de cobro de dinero e incumplimiento de contrato contra Mayagüez Resort & Casino. El foro primario denegó una Moción solicitando Orden Protectora presentada por los peticionarios. Dicha moción buscaba impedir el descubrimiento de documentos de auditoría de sus contables. Los peticionarios alegaron que la información era irrelevante y estaba protegida por el privilegio contador-cliente. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la información era pertinente y denegó la orden protectora. Los peticionarios recurrieron en certiorari, argumentando que el foro primario abusó de su discreción al ignorar el privilegio. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El peticionario, Eliam González González, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que rechazó su solicitud para la devolución de un arma de fuego y municiones ocupadas tras expedirse una orden de protección ex parte en su contra bajo la Ley Contra el Acecho, solicitada por Astrid E. Ortiz Colón. Aunque el caso de la orden de protección fue cerrado y archivado tras un acuerdo de mediación, el TPI denegó la devolución del arma, refiriendo al peticionario a la Policía. El peticionario argumenta que el TPI erró, pues la jurisdicción para ordenar la devolución recae en el tribunal, especialmente al no haberse emitido una orden final. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, identifica defectos procesales en la notificación de la resolución recurrida, específicamente que no fue notificada a la parte recurrida. Debido a estos defectos que impiden la función revisora, el Tribunal desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Yadira E. López Toledo, recurre una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia había desestimado la reclamación contra El Yunque Landscaping Corp. La demanda original fue contra Multinational Insurance por daños sufridos en una caída en un condominio el 27 de septiembre de 2022, alegando mantenimiento negligente. Multinational identificó a El Yunque Landscaping como responsable del mantenimiento. La demandante enmendó la demanda para incluir a El Yunque Landscaping, quien argumentó prescripción al ser incluido más de dos años después del incidente. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria Parcial. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Kennette Flores Rupiza. El Sr. Flores Rupiza, padre registral de una menor, buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI denegó su moción de desestimación en un pleito de impugnación de filiación. El pleito original fue presentado por Leoncio Alonso González, quien alega ser el padre biológico de la menor basándose en indicios físicos y una prueba de ADN. El Sr. Flores Rupiza argumentó que la demanda de impugnación estaba caducada y que la filiación ya había sido establecida por sentencia previa (cosa juzgada). El TPI rechazó estos argumentos y ordenó al Sr. Flores Rupiza presentar una alegación responsiva. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. La denegatoria del certiorari permite que el caso de impugnación de filiación continúe su curso en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre dominio de propiedad inmueble y cumplimiento de contrato. Lydia Luna Roche demandó a los herederos de José W. Rodríguez Martínez reclamando la titularidad de un inmueble. Su acción se basó en un contrato privado con el causante, donde acordó asumir los pagos de la hipoteca a cambio de la cesión de la propiedad. La demandante alegó haber cumplido con su obligación de pago desde 2013. Los herederos se opusieron, sosteniendo ser los legítimos dueños como sucesores. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la demandante, declarándola titular del inmueble. Los herederos apelaron dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y la prueba presentada. Determinó que procedía confirmar la sentencia apelada. La decisión se fundamenta en que la prueba demostró que la demandante cumplió con lo pactado en un contrato válido.