Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 183)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Pura Energía, Inc. El recurso busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. El caso subyacente es una demanda de Windmar P.V. Energy, Inc. contra Pura Energía por interferencia torticera en relaciones contractuales. Windmar alega que Pura Energía, con conocimiento de su contrato exclusivo con Alpha One, intervino y causó su terminación. Pura Energía solicitó la desestimación de la demanda en Primera Instancia. Sus argumentos incluyeron falta de jurisdicción, ausencia de causa de acción y no acumulación de parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Pura Energía recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por Pura Energía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso de cobro de dinero. El Centro de Desarrollo Académico, Inc. (peticionario) impugna la decisión del foro primario de no autorizarle a presentar una moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia basó su negativa en que el descubrimiento de prueba ya había culminado. Los recurridos, Héctor N. Galloza Serrano y otros, habían demandado al Centro por alegadas comisiones adeudadas y daños. El peticionario argumenta que el TPI erró al denegar la moción por la etapa procesal y por no cumplir con los requisitos de fundamentación de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Los recurridos presentaron su oposición al recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver si procede revocar la determinación del foro primario.

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Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Involucra la apelación de Yazmen Cortés Pérez contra United Surety & Indemnity Company (USIC) por incumplimiento de contrato. La apelante demandó a USIC alegando que la aseguradora no cumplió sus obligaciones contractuales ni la compensó adecuadamente por los daños a su propiedad causados por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. La desestimación se fundamentó en que la apelante supuestamente incumplió con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora, según el Artículo 27.164 del Código de Seguros. El foro primario interpretó que este requisito aplicaba a todo tipo de reclamación, incluyendo las de incumplimiento contractual y daños. La apelante recurrió, argumentando que el TPI erró al aplicar dicho requisito a reclamaciones basadas en derecho contractual o extracontractual general. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio impugna una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que autorizó una Solicitud de Consulta de Construcción. La OGPe emitió una resolución inicial y posteriormente una resolución Nunc Pro Tunc para corregir un error tipográfico en el número de solicitud. El Municipio alega que esta corrección reabrió el término para presentar el recurso de revisión judicial. El Tribunal enfatiza la obligación de auscultar su propia jurisdicción como cuestión de umbral. Se reitera que un recurso tardío priva de jurisdicción al tribunal revisor. La presentación tardía carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno. La determinación de si el recurso del Municipio fue presentado a tiempo es crucial para la jurisdicción del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado, hostigamiento laboral y daños. La parte peticionaria, M.A. Caribbean Corporation, impugnó la denegatoria de sus mociones de desestimación de ciertas causas de acción y de sentencia sumaria parcial sobre el despido. El foro primario había determinado la existencia de hechos controvertidos que requerían un juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari solicitado. Procedió a modificar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Ordenó la desestimación de la primera causa de acción, que agrupaba las reclamaciones por discrimen, hostigamiento sexual y lesión a derechos constitucionales. Confirmó la denegatoria de la solicitud de sentencia sumaria parcial relativa a la causa de acción por despido injustificado. Dejó sin efecto la paralización de los procedimientos ante el foro primario. Se ordena la continuación de los procedimientos judiciales únicamente respecto al reclamo de despido injustificado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció mediante certiorari un caso de ejecución de hipoteca instado por Oriental Bank contra Reynaldo Antonio Rivera Soto y Karla Michelle Angleró González. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para paralizar los procedimientos. Dicha moción se basaba en la doctrina *rebus sic stantibus*, alegando onerosidad sobrevenida por las circunstancias económicas de la pandemia de COVID-19. El foro primario había concluido sumariamente que la doctrina no aplicaba y denegó una vista evidenciaria. Tras analizar los escritos y la normativa, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto revierte la decisión del foro primario sobre la inaplicabilidad sumaria de la doctrina y la denegación de la vista. El caso se centra en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca y las defensas de los deudores frente al incumplimiento, incluyendo el impacto económico de la pandemia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Francisco Valdés Pérez, demandó por daños y perjuicios a dos juezas del Tribunal de Primera Instancia, Mirna Esther Ayala Díaz y Olga I. García Vicenty, en su carácter personal. Alegó que las juezas se excedieron en sus funciones y violaron sus derechos constitucionales y los Cánones de Ética Judicial en el manejo de casos previos. Específicamente, acusó a la Jueza Ayala Díaz de encubrir acciones de la parte contraria y prohibir diligenciamientos, y a la Jueza García Vicenty de denegar una solicitud de exención de emplazamiento y ordenar la representación legal bajo apercibimiento de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra las juezas con perjuicio, aplicando la doctrina de inmunidad judicial. El apelante recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000616. El recurso fue presentado por Muñeki II Apartments y otras entidades contra Triple-S Propiedad, Inc. Los apelantes procuraban la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato de seguro. El tribunal primario fundamentó su decisión en que el asegurado (Muñeki) había cedido derechos y responsabilidades de la póliza post-pérdida a Attenure y HRH sin el consentimiento de la aseguradora, y que estos carecían de legitimación activa. Los demandantes argumentaron que la cesión era de la reclamación post-pérdida, no de la póliza misma. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel de jueces en respuesta a una solicitud de certiorari presentada por la Sra. Brenda M. Fernández Santiago. La señora Fernández impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le impuso una sanción económica. La sanción se debió a que la señora Fernández no contestó ciertas preguntas de un pliego de interrogatorio cursado por el Sr. Carlos García Fernández. El contexto es un litigio post-divorcio relacionado con la pensión alimentaria del hijo menor de las partes. La señora Fernández objetó las preguntas por considerarlas impertinentes, basándose en sus capitulaciones matrimoniales de su segundo matrimonio bajo separación de bienes. El TPI había denegado previamente una moción de orden protectora de la señora Fernández. El Tribunal Superior revisa la determinación del TPI mediante el recurso de certiorari. Se expide el certiorari y se revoca la sanción impuesta por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN201901122. Se trata de una apelación presentada por Carlos Santiago Justiniano contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. El apelante fue convicto por el delito grave de maltrato emocional, tipificado en el Artículo 3.1 de la Ley 54 de violencia doméstica. La acusación detallaba un patrón de violencia psicológica e intimidación contra la perjudicada, ocurrido entre mayo y septiembre de 2018 en San Germán. Este patrón incluía el uso constante de palabras soeces, ofensivas y humillaciones. Durante el juicio se presentó prueba testifical sobre los incidentes de abuso verbal. El apelante solicitó la revocación de la Sentencia dictada en su contra. Tras analizar el recurso apelativo y la prueba, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado.

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El recurrente Guillermo Massa Ferrer apeló la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento justificó la decisión basándose en la gravedad de sus delitos, incluyendo una sentencia de 126 años por asesinato, y en delitos cometidos mientras estaba confinado. También consideraron su patrón de indisciplina y violación de normas institucionales. El Comité aplicó una modificación discrecional para una custodia de mayor restricción debido a la seriedad de los crímenes. El recurrente argumentó que el Comité erró al aplicar dichas modificaciones discrecionales a pesar de sus ajustes. El Tribunal de Apelaciones revisa determinaciones administrativas, concediendo deferencia al criterio especializado de las agencias. El Manual de Clasificación de Confinados permite modificaciones discrecionales fundamentadas en factores como la gravedad del delito o el comportamiento del confinado. Las determinaciones administrativas gozan de presunción de legalidad y corrección. El Tribunal confirmó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Comparece Mapfre Praico Insurance Company solicitando la revocación de una resolución emitida por el foro de primera instancia. La controversia surge de una demanda presentada por un Condominio tras el huracán María por alegado incumplimiento de contrato y prácticas desleales en el ajuste de una reclamación de seguros. El Condominio reclamó una indemnización por daños a la propiedad y una segunda causa de acción por daños y angustias mentales. Mapfre solicitó la desestimación de la segunda causa de acción, argumentando la irretroactividad de la Ley Núm. 247-2018 y la imposibilidad de acumular causas bajo dicho estatuto. La parte recurrida sostuvo que su reclamación se basaba en el Código Civil, aunque la Ley 247-2018 provee herramientas adicionales. El foro de primera instancia concluyó que el caso era por incumplimiento contractual pero que los remedios de la Ley 247-2018 podrían activarse si se demostraba la actuación indebida de la aseguradora. La resolución recurrida implicó que la Ley 247-2018 podría tener efecto retroactivo y/o permitir la acumulación de causas de acción. Mapfre recurre para que se revoque dicho dictamen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un auto de certiorari solicitado por María Georgina Chévere Mouriño. La Peticionaria buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimación por alegada falta de jurisdicción sobre la persona. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de garantías presentado por Banco Popular. El TPI había autorizado el emplazamiento de la Peticionaria por edicto, basándose en una declaración jurada del emplazador que indicaba que ella se ocultaba para evitar ser emplazada. La Peticionaria argumentó que esta decisión era irrazonable y que no se adquirió jurisdicción sobre ella al no ser emplazada personalmente. El Tribunal de Apelaciones reafirma que el emplazamiento por edicto es válido bajo la Regla 4.6 cuando la persona se oculta, si se comprueba mediante declaración jurada. Considera que el TPI actuó correctamente al autorizar el emplazamiento por edicto ante la evidencia de evasión. Rechaza el argumento de irrazonabilidad basado en la duración de las gestiones, dado que la declaración jurada demostraba la intención de la Peticionaria de eludir el emplazamiento. Concluye que la decisión del TPI no amerita mayor discusión y deniega la expedición del auto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Petición de certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora buscaba la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Triple-S argumentó que la causa de acción contra Attenure Holdings debía desestimarse por falta de legitimación activa, alegando que el asegurado original cedió derechos de la póliza sin consentimiento. El Tribunal de Apelaciones explicó que el certiorari es un recurso discrecional para corregir errores de foros inferiores. Aunque la denegatoria de una moción de desestimación es susceptible de revisión por esta vía según la Regla 52.1, la expedición del auto está sujeta a la sana discreción del tribunal. Tras evaluar el caso, el panel decidió denegar la expedición del recurso. El tribunal fundamentó su decisión en que la discreción judicial debe ejercerse de manera cautelosa y ponderada, absteniéndose de ejercer su función revisora en esta ocasión.

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La sentencia revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la solicitud de relocalización de una menor. La señora Corey R. Cruz Watson pidió autorización para trasladar a su hija menor, ACC, de Puerto Rico a los Estados Unidos. Solicitó la custodia monoparental de la menor, modificando el arreglo de custodia compartida que tenía con el padre, el señor Alberto Corretjer Reyes. La madre argumentó la necesidad de mejores oportunidades de empleo, educación y servicios médicos en Carolina del Norte, donde tiene familia y domina el idioma. El padre se opuso a la relocalización, destacando que la menor siempre ha vivido en Puerto Rico y que él satisface sus necesidades. El TPI denegó la solicitud de relocalización y mantuvo la custodia compartida. La señora Cruz solicitó a este Tribunal (apelativo) que revisara esa decisión mediante certiorari. El Tribunal expidió el certiorari para considerar el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución del TPI. Esto significa que se denegó la relocalización de la menor y se mantuvo el arreglo de custodia compartida.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Ralph's Food Warehouse y MAPFRE Puerto Rico. Apelan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda contra tercero contra Ballester Hermanos y Antilles Insurance Company. La demanda original fue incoada por la Sra. Ortiz contra Ralph's y MAPFRE por daños sufridos en un accidente con un dispensador de sopas. Ralph's y MAPFRE presentaron la demanda contra tercero alegando que Ballester era el propietario del dispensador defectuoso y responsable. El TPI desestimó la demanda contra tercero por prescripción, al entender que se presentó fuera del término de un año desde el accidente. Los apelantes argumentaron que la demanda original interrumpió el término y que conocieron la responsabilidad de Ballester y Antilles posteriormente. El tribunal de apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción original fue presentada por Juan Manuel Marrero Urbay contra María del Mar Irizarry González y José Ángel Marrero Torruellas por un pagaré hipotecario. Dentro del pleito, la Sra. Irizarry presentó una demanda contra coparte contra el Sr. Marrero Torruellas. Reclamó el reembolso del 50% de los pagos que ella había realizado sobre la deuda, alegando que él no había aportado. El Sr. Marrero Torruellas se defendió argumentando que la Sra. Irizarry asumió la totalidad de la deuda en su acuerdo de divorcio. El TPI declaró con lugar la demanda contra coparte de la Sra. Irizarry. Determinó que la escritura de liquidación de bienes gananciales no incluía la deuda específica con el Sr. Marrero Urbay. El Sr. Marrero Torruellas apeló esta determinación del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) facturó retroactivamente a Suiza Dairy, Corp. la suma de $767,721.38$ por supuesta facturación menor entre noviembre de 2017 y mayo de 2020. Suiza Dairy objetó el cobro y solicitó una investigación y detalles sobre el cálculo a la AAA. La AAA respondió indicando que no encontró errores y atribuyó la diferencia a mayor consumo o problemas internos del cliente. La AAA requirió el pago o la solicitud de una vista administrativa ante el Presidente Ejecutivo en un plazo de diez días, condicionando la vista al pago del promedio de las últimas tres facturas. Inconforme, Suiza Dairy presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la AAA incumplió su deber de investigar, negó información y no notificó adecuadamente los derechos de revisión. Suiza Dairy solicitó la revisión de la decisión de la AAA y la paralización de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones, mediante resolución, desestimó el recurso de revisión. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso en esa etapa. Asimismo, el Tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización presentada por Suiza Dairy.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Orden Administrativa Núm. 2020-22 emitida por la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). En dicha orden, la ORIL interpretó la definición de "leche excedente" y dispuso que esta interpretación se extendiera a todos sus reglamentos. La orden también incluyó directrices específicas sobre el abasto de leche cruda y la asignación de rutas de entrega entre las empresas lecheras. Suiza Dairy Corporation impugnó la orden, alegando que no era una mera interpretación, sino una modificación sustancial de la ley y los reglamentos vigentes. Suiza argumentó que la orden requería seguir el procedimiento formal de reglamentación establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El Tribunal concluyó que la Orden 22 no cumplió con los requisitos de la LPAU. Por lo tanto, el Tribunal declaró nula la Orden Administrativa Núm. 2020-22.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900565. Zayas Commercial, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar a Cerámica Carmelo Fior LTDA una deuda por cobro de dinero. La Sentencia de instancia ordenó el pago de \$23,070.00 de principal, intereses acumulados y futuros, y \$5,000.00 en honorarios de abogado por temeridad. Zayas Commercial argumentó que la deuda no le correspondía y señaló errores en la admisión de prueba y las determinaciones de hechos. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando una Resolución de la Secretaría del Departamento de Hacienda. La recurrente, Johanna Díaz Rivera, impugna una multa administrativa impuesta por el Negociado de Impuesto al Consumo. La multa de $15,000 se originó tras una inspección donde se determinó que su negocio carecía de licencias para bebidas, cigarrillos y piezas. Díaz Rivera presentó una querella alegando registro ilegal y que los productos incautados no estaban a la venta. La Secretaría declaró No Ha Lugar la querella, pero redujo la multa a $5,000. La Secretaría fundamentó su decisión en que la recurrente admitió no tener licencia vigente y que la inspección fue legal. Además, aplicó la presunción de que los productos expuestos están para la venta. Este recurso busca la revisión de dicha determinación administrativa.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado tramitado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La recurrente solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que requirió a cada parte transcribir a su costo las deposiciones solicitadas, tomadas mediante método alterno digital. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Fundamentó su decisión en la norma de autolimitación de la revisión de resoluciones interlocutorias en procedimientos sumarios laborales. Explicó que la intervención apelativa en esta etapa solo procede en casos de falta de jurisdicción o situaciones extremas que requieran la intervención inmediata para evitar una grave injusticia. Determinó que la controversia sobre la transcripción de deposiciones es un asunto de manejo de caso durante el descubrimiento de prueba. Concluyó que este asunto no constituye una situación extrema que amerite la intervención urgente del foro apelativo y es contraria al carácter expedito del procedimiento de la Ley Núm. 2.

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La parte peticionaria, Intex Clothing Co., LLC, solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución concedió una orden de embargo en aseguramiento de sentencia a favor de Target Construction Group, LLC. Target Construction demandó a Intex Clothing por cobro de dinero, alegando un adeudo de \$224,651.36 por trabajos de remodelación. Target solicitó el embargo provisional argumentando que la deuda no estaba asegurada y que Intex tenía problemas financieros. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista con testimonio y prueba documental de ambas partes. El TPI encontró que Intex no había pagado la cantidad reclamada por los trabajos certificados. Basado en la prueba, el TPI declaró ha lugar la solicitud de embargo. Inconforme, Intex Clothing presentó este recurso de certiorari, alegando que el TPI erró al conceder el embargo sin cumplir los requisitos legales y sin considerar la razonabilidad y adecuación del remedio. Este documento presenta el contexto y el señalamiento de error planteado por la parte peticionaria en su recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de certiorari instado por Alfredo Santiago Santiago. El Peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido de re-sentencia. Dicha solicitud se basaba en el principio de favorabilidad, buscando que se le aplicara la pena reducida del Código Penal de 2012 para el delito del Artículo 199. El Peticionario había sido condenado en 2012 a quince años de cárcel por dos infracciones a dicho artículo bajo el Código Penal de 2004. Argumentó que la nueva ley, que establece una pena de tres años para ese delito, le era más favorable. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su solicitud de re-sentencia. Inconforme, el Peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones alegando error al no aplicar la ley más favorable. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a una petición de certiorari. La petición fue presentada por José Ramón Medero Encarnación en un caso de divorcio originado en el Tribunal de Primera Instancia. El recurso buscaba la intervención del foro apelativo con una determinación del tribunal primario. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y los documentos adjuntos. Aplicó el estándar legal que limita la intervención con la discreción del foro de instancia a casos de craso abuso o error sustancial. Tras evaluar la solicitud, el tribunal concluyó que el peticionario no logró persuadirlo de que el foro primario hubiera cometido un error que justificara su intervención en esa etapa. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La parte recurrida, Myriam Teresa Alméstica Sánchez, no compareció a pesar de haber sido notificada.

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El panel judicial desestima un recurso de certiorari presentado por Efraín Feliciano González. El recurso buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que revocó su privilegio de sentencia suspendida. El Sr. Feliciano González había sido condenado en 2009 con sentencia suspendida. En 2019, el foro primario determinó que violó las condiciones de probatoria y dejó sin efecto el beneficio. El Peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada en enero de 2020. Presentó el certiorari alegando que la revocación se basó en un caso no final ni firme. El tribunal apelativo solicitó al Peticionario mostrar causa por la presentación tardía del recurso. Tras evaluar las comparecencias, el tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción debido a que el recurso fue presentado fuera del término legal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Cardiovascular Radiology Institute (CRI). CRI solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de sentencia sumaria. La acción original fue instada por Nydia Rivera Delgado por despido injustificado contra CRI y Lazos Radiology Center LLC. La Sra. Rivera fue cesanteada por CRI en 2017 y firmó un acuerdo de resarcimiento por $22,500. Posteriormente, demandó alegando que su despido fue injustificado y que el acuerdo debía anularse, reclamando la mesada completa bajo la Ley 80. El TPI, tras considerar las mociones de sentencia sumaria de las partes, determinó que no procedía desestimar sumariamente la querella. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Resolución del TPI. Esto significa que la reclamación por despido injustificado de la Sra. Rivera contra CRI continuará en el foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación criminal. El apelante, Francisco Terrero Díaz, fue declarado culpable de infracciones al Código Penal y la Ley de Sustancias Controladas, recibiendo una pena de 18 años. La apelación fue presentada por su hermana, Wanda Díaz Díaz, quien impugna la suficiencia de la prueba y solicita abogado por indigencia. El Tribunal de Apelaciones centra su análisis en la *legitimación activa* de la parte apelante. Se destaca que el recurso fue suscrito por la hermana y no por el propio convicto. La legitimación activa es un requisito jurisdiccional esencial para que un tribunal pueda entender en un caso. Los tribunales deben verificar la jurisdicción, incluso de oficio, y desestimar el recurso si carecen de ella. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite la desestimación por falta de jurisdicción. La sentencia determinará si la hermana tiene la capacidad legal para representar a su hermano en la apelación.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III. El recurso proviene de una demanda sobre partición/división de comunidad incoada por Thompson Realty Company y William Bryce Thompson contra múltiples codueños. La demanda original, presentada en 2006, buscaba la división o venta de varias fincas en Culebra de las cuales los demandantes alegaban ser codueños. La apelación impugna la "Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc" dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha sentencia, el TPI declaró Sin Lugar la demanda de partición presentada por la parte apelante. Algunos de los codemandados contestaron la demanda, cuestionando la necesidad del pleito y refiriendo gestiones previas sobre una de las fincas. A pesar de la controversia, los apelantes y algunas sucesiones apeladas lograron un acuerdo transaccional sobre dos de las propiedades. Este acuerdo fue sometido al TPI, el cual impartió su aprobación mediante sentencia parcial. La apelación busca la revocación de la sentencia que desestimó la demanda de partición en su totalidad.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento de contrato, dolo, cobro de dinero y daños. La apelante solicitó la revocación de la sentencia que desestimó su reclamación. El tribunal apelativo observó que la sentencia recurrida no dispuso de la reconvención presentada por la parte recurrida. Se explica que, conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, una sentencia que no resuelve todas las reclamaciones y carece de la certificación requerida no es final. Dicha sentencia constituye una resolución interlocutoria, revisable mediante certiorari, no apelación. Por ello, el recurso de apelación fue acogido como certiorari. No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari. El documento subraya la importancia de la jurisdicción y la distinción entre sentencias finales y resoluciones interlocutorias para determinar el vehículo procesal adecuado.

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Ángel Maldonado apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM). Maldonado demandó a CSM por incumplimiento de contrato tras el huracán María, alegando que la aseguradora no compensó adecuadamente los daños a su propiedad. Adujo que CSM actuó de mala fe al fallar en cumplir los términos de la póliza. CSM solicitó sentencia sumaria, argumentando que Maldonado aceptó un cheque de $16,540 como pago total y definitivo al cambiarlo, lo que constituía un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de CSM, concluyendo que el cobro del cheque con el endoso de finiquito extinguía la obligación de la aseguradora. La sentencia de instancia ordenó el archivo con perjuicio de la causa de acción de Maldonado. Maldonado apeló, argumentando que existían controversias materiales sobre la adecuación del ajuste y la posible mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel judicial que atiende la apelación del Centro Médico del Turabo, Inc. contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La controversia principal es determinar si hubo relación causal entre un fallo renal y la muerte de la señora Noelia Cruz Santos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el fallo renal, causado por la administración excesiva y sin control de Vancomycin por parte del Centro, provocó la muerte. El Centro apelante argumenta que la prueba pericial de la parte demandante no demostró la relación causal con la preponderancia requerida. Los demandantes alegaron que durante un tratamiento ambulatorio administrado por el Centro, no se monitorearon adecuadamente los niveles de Vancomycin, resultando en un nivel altamente tóxico. Esto llevó a la señora Cruz Santos a sufrir un fallo renal agudo con complicaciones severas, requiriendo diálisis y soporte vital prolongado. La paciente falleció posteriormente, imputando los demandantes negligencia al Centro por la falta de monitoreo que causó el fallo renal y las subsiguientes complicaciones fatales.

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El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que se negó a ejecutar una resolución administrativa. La resolución, emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA), ordenaba a JJJ Ranch, Inc. pagar \$7,222.50 a Juan Rivera Cintrón por despido injustificado y vacaciones. La OMA dictó su decisión a favor del querellante tras la incomparecencia de JJJ Ranch y la presentación de una moción de anotación de rebeldía. El Secretario acudió al TPI para forzar el cumplimiento de la orden de la OMA mediante un procedimiento de desacato. No obstante, el TPI declaró viciado el procedimiento administrativo de la OMA. La razón fue una notificación inadecuada de la moción de rebeldía a JJJ Ranch. Por ello, el TPI denegó la ejecución y ordenó notificar correctamente la solicitud de rebeldía. El Secretario apeló esta determinación del TPI ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y su Director Ejecutivo. La apelación solicita la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 12 de febrero de 2020. Mediante dicha resolución, el TPI decretó la paralización de los procedimientos en un caso civil. El caso fue iniciado por Ferretería Amador Inc. y otros contra la AEE, reclamando interdicto, sentencia declaratoria y daños relacionados con cobros de deuda y alegada denegación de debido proceso. La AEE había solicitado la paralización del caso invocando la protección automática de su proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA. El TPI inicialmente denegó esta solicitud en abril de 2019, pero la resolución apelada de febrero de 2020 ordenó la paralización. El Tribunal de Apelaciones determina que la resolución del TPI debe ser revocada. La revocación se basa en que la resolución fue emitida sin jurisdicción por el foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901377. Jordan Davidson apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia, argumentando que se celebraron vistas sin traductor ni representación legal y que se desobedeció una orden previa. El apelado solicitó la desestimación del recurso por falta de notificación y diligencia. El Tribunal de Apelaciones ordenó al apelante mostrar causa por la cual no debía desestimarse la apelación. El apelante no respondió a dicha orden en el plazo concedido ni posteriormente. Transcurridos casi ocho meses sin respuesta, el Tribunal determinó que el apelante no había proseguido el recurso con diligencia y buena fe. Conforme a su reglamento, el Tribunal declaró con lugar la moción de desestimación presentada por el apelado. Por consiguiente, el recurso de apelación fue desestimado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La apelante demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños relacionados con reclamaciones del huracán María. El foro primario desestimó la demanda sin perjuicio. La desestimación se basó en la falta de la apelante de consignar la fianza de no residente requerida por la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. La cuestión de la fianza surgió cuando la residencia de la demandante fue puesta en duda tras presentar una declaración jurada firmada en Massachusetts. A pesar de alegar residencia en Puerto Rico, la apelante no acreditó su ubicación ni cumplió con la orden de prestar la fianza. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, validando la desestimación por incumplimiento con el requisito de la fianza de no residente.

Resumen:

Se presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Rafael Sierra Báez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna una resolución del Departamento del 12 de febrero de 2020 que lo encontró incurso en un incidente disciplinario. Sin embargo, el recurrente ya había presentado un recurso de revisión judicial previo sobre la misma resolución. Un panel anterior de este Tribunal emitió una Sentencia el 30 de junio de 2020 confirmando la determinación del Departamento, la cual es final y firme. El presente recurso, presentado posteriormente, solicita revisar nuevamente la misma resolución ya adjudicada. El Tribunal desestima el recurso por academicidad. Se determina que el caso ha perdido su carácter adversativo al haber sido resuelto previamente por una sentencia final. No existe una controversia genuina que requiera intervención judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Ana Burgos Martínez contra Roberto Rosario Bonilla. La peticionaria impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción solicitando relevo de sentencia en un caso de alimentos. El caso original buscaba fijar la pensión alimentaria para la hija menor de las partes. El Tribunal de Primera Instancia adoptó las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Se estableció la capacidad económica del padre en aproximadamente \$7,000 mensuales y la de la madre en \$1,300 mensuales. La madre reclamó gastos suplementarios de vivienda y educación privada para la menor. Sin embargo, el foro primario determinó que la madre no demostró dichos gastos reclamados. También se constató que la madre no obtuvo el consentimiento del padre para los gastos de educación privada. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la denegación del relevo de sentencia.

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Resumen:

Se presentan recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en un caso de compraventa de vehículos de motor. Las partes recurrentes incluyen a Barranquitas Auto Corp. y FirstBank de Puerto Rico. El Tribunal consolidó dos recursos de revisión relacionados con la misma resolución del DACo. Sin embargo, al examinar el expediente, el Tribunal determinó que la resolución del DACo no fue notificada adecuadamente a las partes. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme exige la notificación por correo ordinario y certificado, pero el DACo solo utilizó correo certificado. Esta notificación inadecuada impide que la resolución surta efecto y que comiencen a transcurrir los términos para recurrir. Por consiguiente, el Tribunal concluye que los recursos de revisión presentados son prematuros. Se desestiman los recursos, permitiendo a las partes presentar nuevas apelaciones una vez que el DACo realice la notificación conforme a derecho.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de revisión presentados por Barranquitas Auto Corp. y FirstBank de Puerto Rico contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Estos recursos se originaron de una querella de consumo sobre la compraventa de vehículos de motor. Al examinar el expediente, el Tribunal advirtió que la resolución del DACo no fue notificada correctamente a las partes. La notificación se envió únicamente por correo certificado, incumpliendo el requisito legal de notificar por correo ordinario y certificado según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esta notificación inadecuada impide que la resolución surta efecto y sea revisable. Por consiguiente, los términos para presentar recursos de revisión no han comenzado a transcurrir. El Tribunal concluyó que los recursos eran prematuros y ordenó su desestimación. Las partes podrán presentar nuevos recursos una vez que el DACo notifique su resolución conforme a Derecho.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial presentado por Misael Machado Serrano contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su clasificación de custodia mediana. El Departamento fundamentó su decisión en la existencia de un caso pendiente por maltrato de menores sin disposición final, a pesar de que la escala de evaluación arrojó custodia mínima. El señor Machado Serrano apeló la determinación, negando tener casos pendientes y señalando la obligación del Departamento de verificar la información. La apelación fue denegada, informándosele la opción de solicitar reconsideración o acudir al Tribunal de Apelaciones. El recurrente presentó una petición de reconsideración ante el Departamento, la cual no fue resuelta. Posteriormente, presentó este recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debe a que la revisión judicial fue presentada prematuramente, sin haberse agotado el remedio administrativo de la reconsideración.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa una decisión de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. El recurrente, José A. Couvertier Rodríguez, impugnó la desestimación sumaria de su querella por despido injustificado contra Empresas Berríos. La OMA había determinado que el despido estaba justificado por ineficiencia y baja productividad del empleado, basándose en hechos incontrovertidos presentados por la empresa. El recurrente argumentó que las metas de desempeño impuestas eran irrazonables, ya que su logro dependía de factores externos a su control, como la capacidad de pago de los deudores. Empresas Berríos sostuvo que agotó la disciplina correctiva sin éxito. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden emitida por la OMA. La sentencia valida la desestimación sumaria de la querella original por despido injustificado.

Resumen:

Carmen María Peña Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de injunction sobre luces y vistas contra Fioldaliza Pacheco Caraballo. La Resolución impugnada ordenó la paralización del descubrimiento de prueba. Esta paralización fue solicitada por la recurrida, quien cuestionó la legitimación activa de la peticionaria basándose en la titularidad del terreno, que involucra al Departamento de la Vivienda. El foro primario detuvo el descubrimiento para obtener información del Departamento de la Vivienda y aclarar la situación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El tribunal concluyó que la Resolución recurrida no satisface los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para ser revisada mediante certiorari.

Resumen:

Roberto Pumarejo Chévere, confinado, presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Previamente, el peticionario había pedido al TPI la regrabación de procedimientos y copia de documentos de su expediente judicial. El TPI eximió al peticionario del pago de arancel por pobreza, pero denegó la solicitud de documentos y grabaciones. Argumentó que no tenía nada que proveer, que no atiende apelaciones y que las leyes citadas estaban derogadas. Inconforme, el señor Pumarejo Chévere alegó que el TPI erró al denegar su solicitud sin razón de peso. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso a la luz de su reglamento sobre certiorari. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso presentado.

Resumen:

William J. Morales Rosado solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El peticionario enfrenta cargos por infracción a la Ley de Armas. Alegó que el foro primario no determinó causa probable en su contra verbalmente durante una vista en ausencia para ciertos hechos, y que las denuncias aparecieron después de que, a su juicio, se perdió la jurisdicción. El Ministerio Público argumentó que la determinación de causa se realizó, documentó y firmó en las denuncias el mismo día, a pesar de no haberse verbalizado en ausencia. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo que la falta de verbalización en ausencia no constituye falta de jurisdicción si la determinación se consignó por escrito en las denuncias. En desacuerdo, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos y el derecho aplicable sobre la determinación de causa y la jurisdicción, denegó expedir el auto solicitado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Ilsa Centeno Añeses mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios contra el Municipio de Coamo y otros. El caso original se relaciona con una caída sufrida por la peticionaria el 23 de enero de 2016. Durante el juicio, el TPI impidió que la peticionaria testificara sobre alegados daños ocurridos el 3 de octubre de 2018. El TPI determinó que dicho testimonio era inadmisible porque la demanda y el informe de conferencia solo reclamaban daños del incidente de 2016. La peticionaria alegó que el TPI erró al no permitirle testificar sobre todos los daños sufridos como consecuencia de la caída original. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el tribunal desestima el recurso de certiorari. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción, al no satisfacer los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.