Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 171)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra a Xavier Rodríguez Rodríguez, acusado de infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (portación y uso de arma de fuego sin licencia). El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acusación bajo la Regla 64(p), al considerar que en la vista preliminar hubo ausencia total de prueba para demostrar que el acusado no tenía licencia de portación. El acusado alegó tener licencia de posesión con permiso de tiro al blanco y que el arma pertenecía a su hermano con licencia válida. El Ministerio Público recurrió la decisión del TPI. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de derecho. Sostiene que el Ministerio Público no tiene que probar que un acusado de portación ilegal de armas carece de la licencia correspondiente. La sentencia revoca implícitamente la desestimación del TPI basada en ese fundamento.

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Se trata de una Sentencia emitida por un panel de jueces en un recurso de certiorari. La señora Carmen Luz Santos Rivera recurrió una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI le denegó incluir un documento como prueba en su pleito de daños y perjuicios. Dicho pleito fue presentado contra SuperMax y otros por un incidente de carjacking en su estacionamiento en 2012, alegando negligencia por falta de seguridad. El panel examinó los escritos y el derecho aplicable. Acordó expedir el auto de certiorari. Se revoca la Resolución del TPI que denegó la inclusión de la prueba. También se declara Ha Lugar la Moción de la AGSM para asumir la representación legal del recurrido. La decisión permite a la señora Santos incluir el documento como prueba en el proceso.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una denuncia por violación al Artículo 3.3 de la Ley 54 contra Oswaldo Valentín Báez. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente desestimó la denuncia por supuesta violación al derecho a juicio rápido, ya que el imputado, quien estaba confinado, no fue trasladado para una vista preliminar presencial el 10 de agosto de 2020. El TPI luego reconsideró su decisión y dejó sin efecto la desestimación, ordenando la continuación de los procedimientos, citando la jurisprudencia reciente en *Pueblo v. Santiago Cruz*. El imputado recurrió esta determinación, argumentando que la desestimación procedía por el incumplimiento del Departamento de Corrección y la violación de sus derechos. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI actuó correctamente al denegar la desestimación. La demora en el traslado del imputado se debió a la paralización de procesos por la pandemia de COVID-19, lo cual constituye justa causa. Además, no se demostró perjuicio a la defensa del imputado. Por tanto, la desestimación por violación a los términos de juicio rápido no estaba justificada en estas circunstancias.

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Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por Autogermana, Inc. Autogermana solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la Moción de Desestimación por Prescripción presentada por Autogermana. Dicha moción buscaba desestimar la causa de acción de saneamiento por vicios ocultos instada por Concepromo, Corp. Concepromo demandó a Autogermana por defectos en un vehículo, alegando vicios ocultos y daños. Autogermana argumentó que la reclamación de vicios ocultos estaba prescrita. El TPI determinó que la causa de acción fue debidamente planteada y que el asunto de la prescripción se resolvería en una etapa posterior. Inconforme con esta decisión, Autogermana acudió en certiorari. El panel judicial deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Autogermana.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución hipotecaria y cobro de dinero iniciado por Firstbank Puerto Rico. La acción original (CG2018CV01284) se presentó contra Eufemio Ramírez Peña y otros, incluyendo a su exesposa, copropietaria del inmueble hipotecado. La reclamación contra la exesposa, María E. González García, fue archivada sin perjuicio inicialmente. Firstbank incoó posteriormente una acción separada (CG2019CV04768) contra la señora González García sobre el mismo bien. Ante un requerimiento del tribunal primario para justificar la continuación del primer caso sin la copropietaria, Firstbank solicitó la consolidación de ambos pleitos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de consolidación. Firstbank recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y concluyó que el foro primario erró al denegar la consolidación. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución recurrida. Esta sentencia ordena, en efecto, la consolidación de las dos acciones civiles.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, con fecha de 11 de diciembre de 2020. El recurso de apelación, identificado como KLAN202000566, proviene de un caso sobre incumplimiento de contrato (SJ2020CV00423). Las partes apeladas son Juan E. Cabán Vélez, et als, y las apelantes son Antilles Insurance Company, et als. La sentencia atiende una moción presentada por la parte apelante. Dicha moción notificó al tribunal que las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional. Este acuerdo puso fin a todas las controversias del caso. En virtud de este acuerdo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, se ordena el archivo definitivo de la causa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202000347. MAPFRE Pan American Insurance Co. apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue incoado por Olga L. Méndez Flores contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. La demandante alegó que MAPFRE no compensó justa y oportunamente los daños a su propiedad. MAPFRE solicitó la desestimación del pleito, cuestionando la aplicación de la Ley Núm. 247-2018 y la acumulación de causas de acción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente las reclamaciones bajo la Ley 247-2018 sin perjuicio, pero denegó la desestimación de otras causas de acción. MAPFRE apeló, imputando errores al TPI por la aplicación de dicha ley y la denegatoria de desestimar otras reclamaciones con perjuicio. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una denuncia contra Manuel Santiago Ortiz. La desestimación se basó en una supuesta violación al derecho a juicio rápido. La demora ocurrió en la vista preliminar porque la fiscal no pudo comparecer, ni remotamente por problemas técnicos, ni presencialmente debido a la cuarentena por COVID-19 en la fiscalía. El Tribunal de Apelaciones concluye que el tribunal de instancia erró al desestimar la denuncia. Argumenta que la desestimación no estaba justificada bajo estas circunstancias. La demora no fue intencional y no causó perjuicio a la defensa. El derecho a juicio rápido exige evaluar las particularidades del caso, incluyendo la razón de la dilación y el perjuicio resultante. La determinación de justa causa bajo la Regla 64(n) debe ser caso a caso. Por tanto, la desestimación no procedía.

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La peticionaria Minexy Rivera Toro acude al Tribunal de Apelaciones en un caso de divorcio, patria potestad y custodia, buscando dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la designación de un psicólogo para la menor hija. La controversia se originó por alegadas decisiones unilaterales sobre la salud de la niña y la relación de la previa psicóloga con la peticionaria. En una vista de febrero de 2020, las partes acordaron designar al Dr. Miguel Pagán como psicólogo neutral, acuerdo que el Tribunal de Primera Instancia confirmó en una orden vinculante. La peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada, pero no apeló esta decisión inicial dentro del término legal. A pesar de reconocer posteriormente la intervención del Dr. Pagán y solicitar un informe de transición, impugnó nuevamente la designación, alegando incapacidad económica. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud contra la determinación de agosto de 2020 que reafirmó la designación. Considerando el acuerdo previo de las partes y la falta de apelación oportuna de la orden inicial, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto solicitado. La resolución deja sin efecto la paralización previamente ordenada y valida la designación del psicólogo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLAN202000791. La peticionaria instó un recurso de certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación en un caso criminal. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones encontró graves incongruencias sobre la identidad de la peticionaria y el número de caso. Se emitieron órdenes para que la peticionaria aclarara estas discrepancias en un plazo de 24 horas. La peticionaria incumplió crasamente con dicha orden y los requisitos mínimos para presentar el recurso. Ante la imposibilidad de identificar con certeza quién recurría, el Tribunal se vio forzado a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por falta de diligencia o buena fe. El Tribunal reitera la necesidad de observar rigurosamente las normas que rigen los recursos apelativos.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio al concluir que la Cooperativa no cumplió con el término de 120 días para diligenciar los emplazamientos. Esta determinación se basó en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil y las disposiciones sobre la emergencia del COVID-19. La Cooperativa argumentó que el tribunal erró al no aplicar una extensión del término conforme a la Resolución EM-2020-12 del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, destacando que el emplazamiento es esencial para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre los demandados. Consideró el tracto procesal, incluyendo los intentos fallidos de emplazamiento personal y la solicitud posterior de emplazamiento por edicto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación apelada que desestimó la demanda por incumplimiento con el término para diligenciar los emplazamientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Los casos fueron incoados por Luis M. Cabán Trinidad y América Warington Rivera. Warington, pasajera en el vehículo de Cabán, demandó a varias partes, incluyendo a la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La Cooperativa solicitó la desestimación de la reclamación de Warington, alegando que su póliza no cubría responsabilidad pública. Warington, a su vez, solicitó el desistimiento de su acción contra la Cooperativa. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial dando por desistida la causa de acción de Warington contra la Cooperativa. Luis M. Cabán Trinidad y James River Insurance Company apelaron esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación presentada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega la expedición de un auto de certiorari. El recurso fue presentado por Hardwood Authentics, LLC y otros contra Carlos A. Morales Aguiar. Busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso original es un pleito de cobro de dinero por alegados daños a una propiedad arrendada. Los peticionarios, como arrendatarios, negaron la reclamación, alegando que el arrendador incumplió el procedimiento contractual para reparaciones. El arrendador presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue denegada por el foro primario. Tras una moción de reconsideración también denegada, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, decide no expedir el auto solicitado. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no resolver el caso mediante sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Carlos J. Rosa Valentín. El apelante solicita revocar la Sentencia dictada el 22 de mayo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicho foro lo declaró culpable por agresión sexual grave, incesto, actos lascivos y maltrato. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos en Isabela entre agosto de 2015 y marzo de 2018. El documento detalla el historial procesal y el juicio donde el Ministerio Público presentó varios testigos. El testimonio de la madre de la víctima describió la dinámica familiar, el comportamiento agresivo del apelante y los eventos del 6 de junio de 2018, cuando la víctima denunció abuso sexual a la policía. Ella relató haber abandonado el hogar con su hija por miedo y la naturaleza controladora del apelante. El documento procede a resumir el testimonio de la agente de policía que atendió la llamada inicial. Esta sentencia revisa la prueba presentada en el juicio para resolver la apelación.

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Se trata de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. El caso original fue incoado por el Consejo de Titulares del Condominio Colinas del Bosque contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros. La demanda se relaciona con los daños sufridos por el condominio tras el paso del Huracán María en 2017. El Consejo de Titulares alega que MAPFRE incumplió la póliza al subestimar los daños y denegar el pago. También reclaman daños por la supuesta mala fe y falta de investigación adecuada por parte de la aseguradora. MAPFRE solicitó la desestimación parcial argumentando la irretroactividad de la Ley 247-2018 o, alternativamente, la imposibilidad de acumular ciertas causas de acción bajo dicha ley. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de MAPFRE. MAPFRE recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000880. El recurso surge de una apelación contra la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de una acción de nulidad de sentencia parcial. El caso original involucró una demanda por incumplimiento contractual y cobro de dinero por servicios prestados. Los apelados reclamaron \$690,847.00 por salarios y servicios adeudados. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial ordenando a los apelantes el pago de dicha suma más honorarios de abogado. Los apelantes apelaron esa sentencia parcial, y el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. Posteriormente, los apelantes presentaron una acción separada solicitando la nulidad de la Sentencia Sumaria Parcial. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta acción de nulidad. Este documento detalla el historial procesal relevante que llevó a la presente apelación contra la desestimación de la acción de nulidad.

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Baxter Healthcare S.A. solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar varias órdenes interlocutorias sobre descubrimiento de prueba emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Estas órdenes fueron dictadas en un procedimiento sumario laboral incoado por Carlos Torres Ledee y otros. El señor Torres solicitó la desestimación del recurso, argumentando que la revisión de decisiones interlocutorias contraviene la naturaleza expedita de estos procedimientos. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y confirmó que se trataba de un recurso contra órdenes interlocutorias en un pleito sumario bajo la Ley Núm. 2 de 1961. Recordó que los dictámenes interlocutorios en estos casos no son objeto de revisión, salvo excepciones limitadas por falta de jurisdicción o cuando los fines de la justicia lo requieran. Al no encontrar presentes estas excepciones, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado por Baxter. Esta determinación no constituye una adjudicación sobre el fondo ni impide que las órdenes sean cuestionadas en una apelación de la sentencia final.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante Certiorari una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Mapfre Praico Insurance Company y otros peticionarios impugnaron la denegatoria de su Moción de Desestimación en un pleito por daños. Christian Semidey Delgado y otros recurridos demandaron a Mapfre por incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María. Alegaron que Mapfre se negó a compensarles adecuadamente por los daños a su propiedad y incurrió en prácticas desleales. Los demandantes reclamaron compensación por daños a la propiedad, angustias mentales, costas y el impuesto de venta y uso en reparaciones. Mapfre solicitó la desestimación argumentando la no retroactividad de la Ley 247-2018 para reclamos de mala fe, falta de jurisdicción por no notificar al Comisionado de Seguros, y la improcedencia de acciones extracontractuales. Los recurridos se opusieron, indicando que la Ley 247-2018 creó un remedio adicional que no sustituye otros recursos civiles. El foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación, concluyendo que el reclamo principal era por incumplimiento contractual y los remedios de la Ley 247-2018. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y confirmó la Resolución y Orden recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso sobre división de comunidad de bienes. El apelado, Luis A. Dueño Vargas, demandó a la apelante, Ivelisse Arroyo Rodríguez, para reconocer y dividir bienes adquiridos durante su relación consensual. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor del apelado, declarando ha lugar la demanda de división. La apelante recurrió, solicitando la revisión de esta sentencia. La controversia principal radicaba en la identificación de los bienes comunitarios, específicamente un edificio (Edif. Vista Bella #661) cuya inclusión era negada por la apelante. Ella sostenía que el inmueble era propiedad privativa suya, adquirido antes de la demanda. El expediente mostraba que el TPI había reconocido previamente la existencia de controversias sobre los bienes a incluir. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, decidió REVOCAR la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari sobre custodia, patria potestad y pensión alimentaria. El peticionario, Alberto L. Rodríguez Santiago, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2. Dicha sentencia en rebeldía había otorgado la custodia y patria potestad del menor a la recurrida, Liany M. Grande Pérez. El peticionario alegó que la sentencia era nula por falta de jurisdicción, argumentando que no se cumplió con la Regla 4.6 sobre emplazamiento por edicto ni se emplazó correctamente a la sociedad legal de gananciales. Tras revisar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201801070, una apelación presentada por Nicolás Torres Padró. El apelante fue hallado culpable en el Tribunal de Primera Instancia de dos cargos de agresión sexual contra una menor de edad. Tras un juicio por tribunal de derecho, se le impuso una pena agregada de sesenta años de reclusión y se ordenó su inclusión en el registro de ofensores sexuales. En su recurso, el apelante argumentó que la prueba de cargo fue insuficiente, que la prueba de ADN no lo vinculaba y que el tribunal erró al dar credibilidad a la perjudicada. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos y la prueba desfilada. Concluyó que se presentó prueba suficiente para que el juzgador de hechos razonablemente determinara la culpabilidad más allá de duda razonable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que desestimó acusaciones contra Wender L. Mercado Rodríguez. Las acusaciones eran por tentativa de apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado. La desestimación se fundamentó en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. El TPI consideró que los términos para el juicio habían vencido y la prueba de cargo estaba incompleta por la ausencia de testigos clave. Este proceso se desarrolló en el contexto de la pandemia de COVID-19, que impactó las operaciones judiciales y los plazos. El Ministerio Público, a través del Procurador General, impugnó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso solicitado. Finalmente, el foro apelativo revocó la resolución desestimatoria del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE impugnó la denegatoria de su moción de desestimación parcial por el tribunal de primera instancia. El caso subyacente es una demanda del Consejo de Titulares de un condominio contra MAPFRE por incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros relacionadas con daños del Huracán María. El Consejo alegó pagos inferiores a lo estipulado y falta de investigación adecuada. MAPFRE argumentó que la Ley 247-2018 sobre prácticas desleales no era retroactiva al huracán o, alternativamente, prohibía acumular reclamaciones del Código de Seguros con las de incumplimiento contractual. El tribunal inferior rechazó estos argumentos, llevando a la apelación de MAPFRE mediante certiorari. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa el historial procesal y los puntos de derecho planteados por MAPFRE sobre la aplicación de la Ley 247-2018 a la demanda del condominio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda fue presentada por David Pérez Quiles y otros contra Mapfre Pan American Insurance Company. El reclamo se originó por la alegada inadecuada compensación de daños a una propiedad asegurada tras el huracán María. Mapfre solicitó la desestimación sumaria, argumentando que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y final ("pago en finiquito"). Los demandantes se opusieron, alegando que Mapfre los indujo a error y que el cobro del cheque era compatible con su solicitud de reconsideración. Argumentaron la existencia de controversias de hechos esenciales que impedían la desestimación sumaria. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento de Mapfre y desestimó el caso. Los demandantes apelaron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal procede a evaluar si la desestimación sumaria fue correcta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000462. El recurso fue presentado por María Vázquez Javier contra Doubletree by Hilton San Juan y la Unión de Tronquistas de PR Local 901. La apelante solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia parcial desestimó las reclamaciones de la señora Vázquez Javier contra Doubletree por despido injustificado, discrimen por origen nacional, represalias y daños y perjuicios. El TPI basó su desestimación en argumentos de falta de jurisdicción y prescripción de las acciones. La apelante sostuvo que el término prescriptivo fue interrumpido por una querella ante la EEOC. La reclamación contra la Unión por representación sindical indebida quedó pendiente ante el TPI. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones adelanta que procede la confirmación de la Sentencia Parcial apelada. Esto significa que se sostiene la desestimación de las reclamaciones contra Doubletree.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Wilmington Savings Fund Society demandó a Ingrid Francesca Smith Pérez por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tras no poder localizar a la demandada, Wilmington la emplazó por edicto y obtuvo sentencia en rebeldía. Posteriormente, Wilmington descubrió que la señora Smith había fallecido antes de la radicación de la demanda. Wilmington solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) relevo de sentencia, alegando su nulidad por falta de una parte indispensable (la sucesión). El TPI denegó la solicitud, entendiendo que había transcurrido el término de seis meses para pedir relevo bajo la Regla 49.2. Wilmington recurrió en certiorari, argumentando que una sentencia nula *ab initio* por ausencia de parte indispensable no está sujeta a dicho término. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI erró al aplicar el término de caducidad a una sentencia cuya validez es cuestionada por nulidad.

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Puerto Rico Telephone Company (PRTC) compareció ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial y la revisión de una Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso se originó como una Querella de Clase presentada ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) por consumidores. Estos alegaron que PRTC cobró ilegal y fraudulentamente cargos mensuales por renta y mantenimiento de equipo entre 1999 y 2009. La querella imputaba a PRTC fraude, incumplimiento de contrato y mala fe contractual. La JRT certificó la clase de consumidores afectados. Posteriormente, el caso fue referido al TPI conforme a la Ley Núm. 118-2013. El TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial declarando Ha Lugar la solicitud de los demandantes. PRTC apeló dicha sentencia y una resolución posterior del TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó las determinaciones del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa de acceso a propiedad y servidumbres de paso. El apelante, Jeffrey Balch Sain, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución ordenó a Sain remover una verja y otros artefactos que impedían el acceso de los apelados, Robert Behr Sugarman, et als, a su residencia. La controversia se originó en una demanda de 2016 donde los apelados alegaron que Sain construyó un portón ilegalmente en un solar público o con servidumbre de paso. Los apelados reclamaron servidumbres de paso recíprocas y pidieron la remoción de la obstrucción. Sain negó las alegaciones y argumentó que los apelados no tenían derecho de paso o que este beneficiaba su propiedad. El caso incluyó una inspección ocular y mociones de sentencia sumaria sobre la existencia y alcance de la servidumbre. El foro primario falló a favor de los apelados, ordenando la remoción de las estructuras. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Sain.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Triple-S Propiedad. Triple-S solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Colmar Trust contra Triple-S. Colmar reclama daños a propiedades aseguradas tras el Huracán María, alegando que Triple-S negó cubierta y actuó de mala fe. Triple-S basó su moción de sentencia sumaria en la defensa de pago en finiquito. Argumentó que Colmar aceptó y cobró cheques marcados como pago final de la reclamación. Triple-S incluyó esta defensa en una contestación enmendada presentada dentro del término extendido por las resoluciones del Tribunal Supremo debido al COVID-19. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción, resolviendo que Triple-S había renunciado a la defensa de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar y disponer del recurso de certiorari sobre esta determinación.

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Un panel de jueces revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. El peticionario, Luis R. Ponce Pellecier, confinado, solicita la revisión de la negativa del foro primario a enmendar su sentencia y aplicar atenuantes. Su sentencia de seis años (cinco más uno consecutivos) resultó de un preacuerdo de alegación de culpa por infracciones a la Ley de Armas. El Tribunal de Primera Instancia aprobó el acuerdo y dictó sentencia en mayo de 2019. El señor Ponce Pellecier no apeló la sentencia original en su momento. Más de un año después, presentó una moción solicitando la reducción de pena basándose en ser primer ofensor, buena conducta y cooperación, invocando la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y artículos del Código Penal sobre atenuantes. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. Esta Sentencia aborda el recurso de Apelación, acogido como Certiorari, presentado contra esa última determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Luca Giussani. Giussani impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Guaynabo, que denegó su solicitud de traslado de un caso. El asunto subyacente es una petición de orden de protección bajo la Ley Contra el Acecho, presentada por Carlos Chaves Torres contra Giussani, su vecino. Chaves alegó un patrón de conducta de acecho, incluyendo amenazas y problemas de propiedad, lo que llevó al tribunal de Guaynabo a emitir una orden de protección ex parte. Giussani argumentó que el caso debía verse en la Sala Municipal de San Juan, alegando que era el foro competente basado en la residencia de Chaves. El tribunal de Guaynabo denegó la solicitud de traslado de Giussani y su posterior moción de reconsideración. Giussani entonces solicitó la revisión del Tribunal de Apelaciones, argumentando que el tribunal inferior erró al denegar el traslado. El Tribunal de Apelaciones indica que denegará la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación en un caso de privación de patria potestad y custodia. La apelante, Abneris S. Labrador David, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que privó al apelado, Heriberto Jr Hernández Ramos, de la patria potestad sobre su hija menor. El foro primario concedió la custodia y patria potestad exclusiva a la madre, pero mantuvo la pensión alimentaria a cargo del padre. La demanda original de la madre alegaba el incumplimiento del padre con sus deberes de cuidado y sustento, y su plan de mudarse a Estados Unidos. El padre fue emplazado pero no compareció, declarándose su rebeldía. La sentencia del foro primario se basó en la prueba presentada únicamente por la madre en una vista. La notificación de dicha sentencia al padre fue devuelta por dirección insuficiente. La madre solicitó reconsideración, argumentando que la privación de patria potestad no elimina el deber de alimentos. El foro primario denegó la reconsideración, indicando que la obligación alimentaria surge de los deberes de la patria potestad. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora este proceso y las determinaciones del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños. Sanuel Rodríguez Cabeza apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que resolvió una disputa con IZQ Construction, LLC y otros. Rodríguez Cabeza demandó por defectos en trabajos de remodelación, mientras que IZQ Construction reconvino reclamando pagos adeudados. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor de IZQ Construction. Dicha sentencia condenó a Rodríguez Cabeza al pago de \$102,934.20 y desestimó su demanda original. Rodríguez Cabeza solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto este dictamen. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria apelada.

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Un panel judicial consideró una solicitud de auto de certiorari presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company. MAPFRE buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación y sentencia sumaria. La demanda original fue presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Vizcaya, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC contra MAPFRE por daños sufridos tras el Huracán María. El Consejo de Titulares alegó incumplimiento de contrato por parte de la aseguradora al no reconocer el alcance total de los daños. MAPFRE argumentó que la demanda debía desestimarse porque el Consejo de Titulares cedió un interés en la reclamación a Attenure y HRH sin su consentimiento, lo cual, según MAPFRE, violaba la póliza y hacía la cesión inválida. El TPI denegó la moción de MAPFRE, resolviendo que la cláusula de no transferencia de la póliza no prohibía la cesión de una reclamación post-pérdida, solo la transferencia de derechos y deberes bajo la póliza misma. El TPI también determinó que la cesión no afectaba el valor del reclamo ni contravenía la Ley de Condominios. Tras considerar los escritos y documentos, el panel denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El caso se originó por una querella del Secretario del Trabajo en representación de empleados contra Flexible Packaging Company Inc. reclamando el bono de navidad de 2012. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la empresa pagar $98,676.76 por dicho concepto. La empresa apeló, argumentando haber pagado el bono mediante un acuerdo de plazos con los empleados tras serle denegada una solicitud de exoneración por insolvencia. El TPI determinó que los empleados tenían derecho al bono y que el acuerdo de pago en plazos no eximía a la empresa de la penalidad bajo la Ley Núm. 148. Esto se basó en que el acuerdo no cumplió con el Reglamento aplicable. La empresa apelante alegó errores del TPI al no considerar la evidencia de pago y al imponer la penalidad. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El pleito fue instado por Firstbank Puerto Rico contra la Sucesión de Myriam Robles Tirado. Tras una sentencia en rebeldía inicial, el foro primario la dejó sin efecto a solicitud de la Sucesión. Luego de un proceso de mediación infructuoso, Firstbank solicitó y obtuvo un desistimiento del pleito sin perjuicio. La parte demandada, la Sucesión, impugnó reiteradamente esta sentencia de desistimiento, buscando que fuera con perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de reconsideración de la Sucesión. La Sucesión apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Sin embargo, tras analizar el recurso y las oposiciones, el Tribunal denegó la expedición del certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Ricoh Puerto Rico, Inc. en revisión judicial contra la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Ricoh impugnó la adjudicación de la subasta S-2012 para la adquisición de fotocopiadoras multifuncionales. La ACT había descalificado la propuesta de Ricoh por no estampar su sello corporativo en la fianza de licitación y adjudicó la subasta a otro licitador. Ricoh presentó una solicitud de reconsideración ante la ACT, la cual no fue acogida, llevando el caso al Tribunal de Apelaciones. Durante el trámite judicial, la ACT solicitó reevaluar la adjudicación de la subasta. Posteriormente, la ACT informó al tribunal que había revocado su dictamen recurrido. Esta acción de la ACT eliminó la controversia que dio origen al recurso de revisión. El Tribunal de Apelaciones determinó que el caso se había tornado académico. Conforme a la doctrina de academicidad, el tribunal carece de jurisdicción para adjudicar controversias inexistentes. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari instado por Universal Insurance Company. Universal impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción y pautó una vista con antelación al juicio. El caso principal es una demanda por daños y perjuicios presentada por Carmen Z. Morales Marrero y otros contra Francisco Javier Colón Nevárez y su esposa, derivada de un incidente de disparo que hirió a menores. El Sr. Colón Nevárez demandó a su aseguradora, Universal, por denegación de cubierta y representación legal, alegando que la póliza debía cubrir el incidente. Universal negó la cubierta basándose en una exclusión por actos intencionales o criminales y presentó una solicitud de sentencia sumaria. La controversia procesal surgió cuando el foro primario procedió a pautar la vista de pre-trial sin resolver la solicitud de sentencia sumaria de Universal ni permitir descubrimiento relacionado con la cubierta. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, revocó la determinación recurrida y devolvió el caso para continuar los procedimientos de forma consistente con su resolución.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una controversia jurisdiccional. El caso enfrenta a Universal Insurance Company y su afiliada contra el Estado Libre Asociado, representando a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La disputa surge de una orden de la OCS que invalidó una transacción económica entre las compañías por no contar con su aprobación previa. La aseguradora y su afiliada impugnaron la orden administrativa mediante una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro denegó una solicitud de desestimación del Estado, lo que llevó a este recurso de certiorari. La cuestión central es determinar si el foro administrativo o el judicial tiene jurisdicción inicial para revisar la validez de la orden de la OCS. El Tribunal de Apelaciones concluye que la Oficina del Comisionado de Seguros es el ente con la pericia y obligación legal para atender la controversia en primera instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un recurso de certiorari presentado por José Miguel Pagés Chanis. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El caso original es una demanda de divorcio y alimentos presentada por Viviana Margarita Nazario García en Puerto Rico. El señor Pagés argumentó que los tribunales puertorriqueños carecían de jurisdicción debido a procedimientos de separación y fijación de alimentos previos en Panamá. La señora Nazario se opuso, indicando que su demanda en Puerto Rico fue anterior, que cumplió con los requisitos de residencia y que el peticionario fue emplazado en la isla. Alegó además que el procedimiento panameño era insuficiente y la fijación de alimentos fue producto de coacción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Sin embargo, tras revisar los fundamentos, confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico para atender el caso de divorcio, patria potestad y alimentos de los tres hijos menores.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El pleito original es una acción de clase contra Liberty Cablevision por alegado incumplimiento de contrato y dolo relacionado con la calidad de la señal de cable. Los demandantes buscaron certificar el caso como pleito de clase bajo la ley de acción de clase del consumidor. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de certificación, pero denegó la solicitud antes de completarla, al determinar que los demandantes no cumplieron con demostrar representación adecuada de la clase. El tribunal de instancia ordenó la continuación del caso por la vía ordinaria. Los demandantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. Presentaron entonces un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la denegatoria de certificación. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. La resolución discute la naturaleza discrecional del certiorari y las reglas que rigen su procedencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Luz Nilda Roldán Flores. La petición buscaba revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de inhibición. La solicitud de inhibición fue presentada por la representación legal de Roldán Flores contra la Jueza Cristina Suau González en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La abogada argumentó que representaba a la exesposa del actual esposo de la Jueza en otros casos activos y contenciosos, lo que podría minar la confianza pública en la imparcialidad judicial. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, señalando fallas formales en la moción y concluyendo que no había razones para dudar de la imparcialidad de la Jueza. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por Diana I. Báez García contra CT Radiology Complex, Inc. y otros. La peticionaria solicitó dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó una moción de descubrimiento de prueba en un pleito laboral bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2). La moción buscaba compeler la deposición de un abogado contratista de las recurridas. El foro primario concluyó que el descubrimiento solicitado excedía lo permitido por la Ley Núm. 2, ya que el abogado no era parte, y que las recurridas cumplieron al designar a una persona con conocimiento. El Tribunal de Apelaciones fundamenta su denegatoria en el carácter sumario de la Ley Núm. 2, que limita la revisión de resoluciones interlocutorias. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece excepciones solo para casos sin jurisdicción o de grave injusticia que dispongan del pleito. Concluye que la resolución recurrida no cumple con estas excepciones, por lo que no procede la revisión inmediata.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por José A. Martínez Peña contra Universal Insurance Company. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción civil por incumplimiento de contrato y mala fe. La demanda original reclamaba que la aseguradora subvaloró daños tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de pago en finiquito de la aseguradora y dictó sentencia sumaria. El apelante presentó una moción de reconsideración de dicha sentencia. Sin embargo, esta moción fue radicada un día después del plazo jurisdiccional de quince días. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. Posteriormente, el apelante presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó la oportunidad de la moción de reconsideración y del recurso apelativo. Determinó que la moción de reconsideración, al ser presentada fuera de término, no interrumpió el plazo para apelar. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La apelación es desestimada por falta de jurisdicción.

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Marino Sánchez Alcantara solicita la revisión judicial de una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicho Comité ratificó su nivel de custodia máxima, decisión que el confinado impugna. Sánchez Alcantara cumple una sentencia de 125 años por delitos violentos y lleva 16 años en máxima seguridad. El Comité evaluó inicialmente al confinado, obteniendo una puntuación que sugería custodia mediana. No obstante, aplicó modificaciones discrecionales basadas en su historial de violencia excesiva, dificultad de manejo y desobediencia. Estas modificaciones se fundamentaron en la naturaleza de sus crímenes, la extensión de su sentencia, incidentes disciplinarios y su negativa a recibir tratamiento de rehabilitación. La aplicación de estas modificaciones elevó su puntuación, justificando el mantenimiento del nivel de custodia máxima. El confinado acude ante el tribunal inconforme con esta ratificación.

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Eliezer Ruiz Mundo, policía municipal de Carolina, presentó un recurso de revisión judicial contra una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había desestimado por falta de jurisdicción una apelación administrativa de Ruiz Mundo, quien reclamaba al Municipio de Carolina el pago de pasos salariales por años de servicio. La CASP determinó que la apelación administrativa original fue presentada fuera de los plazos jurisdiccionales. Ruiz Mundo solicitó reconsideración ante la CASP, la cual no fue atendida. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El Tribunal examinó el expediente y la fecha de presentación del recurso de revisión judicial. Concluyó que el recurso de revisión judicial fue presentado tardíamente, fuera del término de treinta (30) días establecido por la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La falta de jurisdicción por presentación tardía es insubsanable. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.