Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 167)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso presentado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) contra el Departamento de Educación (DE). La AMPR solicitó la nulidad del Reglamento 9180, el "Reglamento de Personal del Departamento de Educación", que entró en vigor en junio de 2020. La impugnación se basó en alegados incumplimientos del DE con la Ley de Reforma Educativa y la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU) durante el proceso de adopción del reglamento. El DE había publicado avisos y permitido un período de comentarios antes de la entrada en vigor del reglamento. La sentencia, tras evaluar los fundamentos, confirma la validez del Reglamento de Personal.

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Adalberto Ríos Martínez recurre ante el Tribunal de Apelaciones una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su nivel de custodia. El recurrente, quien cumple una larga sentencia por asesinato y ley de armas, ha estado en custodia máxima desde 2011. En enero de 2020, el Comité de Clasificación Tratamiento (CCT) evaluó su caso. Aunque una escala de reclasificación arrojó un nivel de custodia mínima, el CCT decidió discrecionalmente mantenerlo en custodia máxima. Esta modificación se fundamentó en su historial de violencia excesiva, evidenciado por el delito cometido, y desobediencia a las normas institucionales, citando infracciones disciplinarias previas. El CCT concluyó que necesitaba más tiempo en custodia máxima para demostrar responsabilidad y garantizar la seguridad. Ríos Martínez apeló esta decisión, argumentando que la modificación discrecional era arbitraria. En junio de 2020, el Supervisor de la Oficina de Clasificación denegó su apelación, ratificando la justificación del CCT. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de daños por el huracán María. Atenas Medical and Shopping Center, Inc. presentó una reclamación a QBE Seguros (luego Óptima Seguros) por daños, pero no acordaron la cuantía. Atenas cedió sus derechos de reclamación a Attenure Holdings Trust 3 y HRH Property Holdings LLC. Las tres entidades demandaron a la aseguradora por incumplimiento de contrato. El Tribunal de Primera Instancia ordenó referir la controversia de daños al procedimiento de Appraisal bajo la Ley 242-2018. La aseguradora, Óptima Seguros, impugnó esta decisión mediante certiorari, alegando la invalidez de la cesión de derechos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario. Se ratificó la orden de enviar la disputa sobre la cuantía de los daños al proceso de Appraisal.

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Carmelo García Serrano, un confinado, compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando autorización para disfrutar de privilegios de desvío y tratamiento desde la libre comunidad. Expuso que se encontraba esperando respuesta a una solicitud que había presentado ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El tribunal le autorizó a litigar como indigente y le eximió del pago de aranceles. No obstante, tras examinar la moción, el tribunal procedió a desestimar el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el asunto. La competencia de este foro se limita a revisar decisiones, órdenes o resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. El recurrente no acompañó su solicitud con ninguna determinación final del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre su reclamo. Al no existir un dictamen administrativo final que revisar, el tribunal carece de autoridad para intervenir. Por consiguiente, el recurso fue desestimado por no presentar un asunto revisable ante este tribunal apelativo intermedio.

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Se presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los peticionarios, Leanndimir Pérez Nieves y Eladia R. Del Valle Carrión, impugnaron una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden, emitida en un caso contra Walgreens, convirtió un procedimiento sumario de reclamación laboral a uno civil ordinario. Walgreens solicitó la conversión argumentando que la complejidad de las 72 alegaciones, que incluían discrimen, represalias, ambiente hostil y daños, requería un amplio descubrimiento de prueba incompatible con el proceso sumario. Los peticionarios se opusieron a la conversión y recurrieron la decisión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la oposición. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, recordó la discreción del foro primario para convertir procedimientos sumarios a ordinarios tras analizar la naturaleza de la reclamación y los intereses. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Declinó ejercer su función revisora sobre la decisión del foro primario de tramitar el caso por la vía ordinaria.

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Luis Hiram Quiñones Santiago, un confinado, solicitó remedios administrativos al Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre las condiciones de su celda e institución, pidiendo pintura, espejos y reparación de extractores de aire y bombillas. Corrección respondió indicando que se ordenaron materiales para pintar e instalar espejos y que se reportaron las deficiencias eléctricas y de extractores. El confinado solicitó reconsideración, alegando demoras e insuficiencia en las acciones y pidiendo una inspección. Corrección denegó la reconsideración, señalando que la celda del confinado estaba pintada. Inconforme, el confinado presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el proceso administrativo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Aplicando el estándar de deferencia a las determinaciones administrativas, el Tribunal confirmó la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Baxter Healthcare solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso sanciones por incumplimiento. Baxter argumentó que las sanciones se basaban en órdenes previas que consideraba contrarias a derecho. El recurrido, Carlos Torres Ledée, sostuvo que el caso no cumplía con las excepciones para la revisión interlocutoria en un procedimiento sumario laboral y que la controversia era académica. El Tribunal de Apelaciones recordó las limitaciones para intervenir con órdenes interlocutorias, particularmente en casos sumarios laborales bajo la Ley Núm. 2, según lo establecido en la jurisprudencia. Estas excepciones son limitadas a situaciones como resoluciones contrarias a ley, falta de jurisdicción, evitar un fracaso de la justicia o poner fin al caso. Tras examinar el expediente, el Tribunal concluyó que el caso no presentaba ninguna de estas instancias limitadas. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La disputa surge en un caso de liquidación y disolución de comunidad de bienes entre hermanos coherederos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la señora Mayda M. Capó Cruz compensar a su hermano Juan E. Capó Cruz por el uso exclusivo de una propiedad heredada. La resolución inicial fijó una compensación de \$12,000 más \$100 mensuales continuos. La peticionaria argumentó que no procedía el pago de cánones de renta según la jurisprudencia y que los demás coherederos habían consentido su uso. Impugnó la determinación del foro primario sobre la falta de consentimiento y la base probatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras expedir el auto de certiorari, procedió a revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Julissa Colón Rosa fue sancionada disciplinariamente por posesión de un teléfono celular. La señora Colón impugnó la resolución, alegando entrega tardía y falta de firmas de testigos al negarse a firmar el recibo. El Departamento de Corrección afirmó haber cumplido con los términos reglamentarios de entrega. Tras denegar sus recursos administrativos, la señora Colón solicitó la revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos de las partes. Se confirma la determinación emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios. El demandante reclamó a sus aseguradoras, incluyendo USIC, por no resarcir totalmente los daños a su propiedad causados por el huracán María. USIC solicitó la desestimación alegando falta de jurisdicción por incumplimiento del requisito de notificación al Comisionado de Seguros y a la aseguradora bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros, y por no agotar el trámite administrativo. El demandante argumentó haber enviado la notificación y que transcurrió el término legal sin respuesta. El Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente los reclamos bajo el Artículo 27.164 sin perjuicio, al entender que no se había agotado el trámite administrativo. El demandante apeló esta desestimación parcial. El Tribunal de Apelaciones consideró los requisitos del Artículo 27.164 y la posibilidad de otros recursos legales. El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen del foro primario que desestimó los reclamos bajo dicho artículo.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Astrid Viera Aponte apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Municipio Autónomo de Caguas y su aseguradora, Mapfre Praico Insurance Company. La desestimación contra el Municipio se basó en el incumplimiento del requisito de notificación de la Ley de Municipios Autónomos. Respecto a Mapfre, el tribunal primario concluyó que la acción estaba prescrita por haber transcurrido más de un año. La demanda original surge de un deslizamiento de terreno ocurrido el 16 de octubre de 2017. El deslizamiento provino de la propiedad de una iglesia colindante y afectó la vivienda de la apelante en Caguas. La apelante y sus hijas tuvieron que desalojar su hogar debido a los daños y el riesgo persistente. El recurso busca la revisión de la decisión del foro primario que impidió continuar la acción contra el Municipio y su aseguradora.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios e interferencia torticera. El foro primario había desestimado la reclamación de los demandantes, Francis Rosas Flores y Wilfredo Rodríguez, sin perjuicio. Esta desestimación fue impuesta como sanción bajo la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. La sanción se basó en el incumplimiento de una orden que requería la presentación detallada de listas de testigos, documentos, desglose de daños y derecho aplicable para una vista en rebeldía. A pesar de varias oportunidades y una sanción nominal, el TPI consideró que los demandantes no cumplieron adecuadamente con la orden. Los demandantes recurrieron la Sentencia de desestimación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Carmen De Jesús Otero, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la liquidación de un bien inmueble postganancial compartido con su ex-esposo, Roberto Ramón Vélez Torres. Las partes se divorciaron en 2001, y su acuerdo incluía estipulaciones sobre el uso y eventual venta de la residencia familiar. El ex-esposo solicitó la liquidación en 2016, argumentando que los hijos habían alcanzado la mayoría de edad y existían problemas con los pagos hipotecarios. El tribunal primario concedió sentencia sumaria, ordenando la venta de la propiedad y reconociendo un crédito a favor de la ex-esposa. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Jerome Acevedo Acevedo. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla en un caso de divorcio sobre custodia. El TPI había declarado que carecía de jurisdicción al residir la menor y ambas partes fuera de Puerto Rico, señalando el estado de residencia de la menor como foro apropiado. El caso se remonta a un divorcio en 2010 donde se otorgó la custodia a la madre, Kenya Michelle Caballero Santiago. En 2015, el TPI autorizó a la madre a mudarse con la menor a Carolina del Sur. En 2020, el padre solicitó custodia y prohibición de salida, alegando los frecuentes cambios de residencia de la madre en varios estados de EE.UU. y Puerto Rico, mientras él residía en Carolina del Norte. La madre afirmó residir en Pensilvania, aunque temporalmente en Puerto Rico por la pandemia, y solicitó levantar la restricción de viaje. El Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari presentado por el padre.

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Sentencia del 21 de diciembre de 2020 de un panel judicial de Puerto Rico. El confinado Anthony J. Vega Bonilla presentó un recurso de revisión contra un dictamen del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 25 de septiembre de 2020. El tribunal encontró el recurso ininteligible y carente de múltiples requisitos procesales esenciales. Entre las deficiencias se señalaron la falta de certificación de notificación, índice, identificación adecuada del dictamen impugnado, copia de la decisión, relación de hechos, señalamiento de error y base legal. Además, el recurso fue presentado más de treinta días después de la fecha del dictamen sin acreditar la fecha de notificación y sin el pago de aranceles. El tribunal discutió la importancia de la jurisdicción como autoridad para resolver casos. Por todos estos motivos, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Un panel judicial revisó una solicitud de certiorari presentada por Triple S Propiedad, Inc. en un litigio con el Consejo de Titulares del Condominio Mar de Isla Verde. El Consejo demandó a Triple-S por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, alegando una inspección deficiente y ajuste irrazonable de la reclamación. Triple-S argumentó haber actuado de buena fe y que el Consejo se negó a cooperar con una reinspección necesaria tras aumentar la cuantía de los daños reclamados. El Consejo solicitó una orden protectora para limitar una tercera reinspección, considerándola dilatoria y onerosa, especialmente en tiempos de pandemia. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden protectora limitando la reinspección únicamente a las áreas a las que Triple-S no había tenido acceso previo. Triple-S solicitó reconsideración, insistiendo en la necesidad de evaluar el daño adicional y el deber de cooperación del Consejo. En desacuerdo con la limitación, Triple-S acudió al tribunal apelativo mediante certiorari. El panel judicial, presidido por la Jueza Jiménez Velázquez, denegó la expedición del certiorari.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Gilberto Rodríguez Marrero y Rosa Teresa Serrano Nieves, impugnan la desestimación de su Petición de expediente de dominio. El foro primario había concluido que la petición no estaba madura para adjudicarla y la desestimó sin perjuicio. Los apelantes buscan inscribir una propiedad que adquirieron mediante un contrato privado de compraventa condicional del heredero de los dueños originales. Alegan poseer la finca de forma pacífica y de buena fe, pero carecen de un título inscribible al no haber otorgado escritura pública. Presentaron diversos documentos para sustentar su solicitud de expediente de dominio. El Tribunal de Primera Instancia les requirió documentos adicionales, como declaratorias de herederos y cancelaciones de gravámenes de dueños anteriores. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso presentado por Marvest Properties, Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sin perjuicio una acción sobre Cancelación de Pagaré Extraviado. El foro primario fundamentó su decisión en la Regla 4.3(C) de Procedimiento Civil, al entender que no se había informado sobre el diligenciamiento de los emplazamientos dentro del término de 120 días. Marvest Properties solicitó reconsideración, aportando evidencia de que el emplazamiento a Banco Popular y la publicación del edicto para los codemandados desconocidos se realizaron dentro del plazo reglamentario. La moción de reconsideración fue denegada por el tribunal de primera instancia. La apelante argumenta que el tribunal erró al no reconsiderar la desestimación, dado que los emplazamientos sí fueron diligenciados dentro del término. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y concluye que el tribunal primario erró. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada que desestimó la demanda.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Junta de Directores del Condominio Bello Horizonte recurre la decisión del DACo. Dicha resolución declaró la jurisdicción del DACo sobre querellas presentadas por titulares de apartamentos. Las querellas se refieren a daños en sus unidades causados por filtraciones desde las terrazas superiores. Las titulares solicitan que la Junta y el Consejo asuman la responsabilidad de las reparaciones. El DACo consolidó las querellas de las recurrentes y, en la resolución apelada, afirmó su competencia y redujo una sanción impuesta a la Junta. El documento detalla el historial de las querellas y menciona una solicitud de descalificación de la abogada de la Junta.

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Universal Insurance Company compareció mediante recurso de certiorari solicitando la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Universal. La moción buscaba desestimar una Demanda Enmendada presentada por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). PRTC demandó originalmente a LRV General Contractor por daños a cables soterrados causados en 2013 durante trabajos de construcción. En 2018, PRTC enmendó la demanda para incluir a Universal como aseguradora de LRV. Universal argumentó que la reclamación estaba prescrita y que la póliza no cubría daños a propiedad soterrada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación. Tras examinar los escritos, el derecho y la jurisprudencia, el panel de jueces acordó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Universal.

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Un panel judicial revisa un recurso de *certiorari* presentado por N \& R Developer Inc. N \& R solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción se presentó en un pleito civil iniciado por compradores de oficinas en el edificio MPOP I. Los demandantes alegan incumplimiento contractual, cobro de dinero y daños contra N \& R, Rani Holdings Inc., y otros. La disputa central gira en torno a la ubicación y registro de estacionamientos para MPOP I. Estos estacionamientos estaban supuestamente en una parcela donde luego se construyó MPOP II, impidiendo la inscripción de títulos. Los demandantes sostienen que N \& R y Rani fueron utilizadas para defraudar a los compradores. La denegación de la moción de desestimación por el foro primario motivó el presente recurso ante este panel.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones sobre la custodia de una hija de 19 años con síndrome genético DiGeorge. La madre impugna un decreto provisional del Tribunal de Primera Instancia que otorgó la custodia al padre. La controversia surgió cuando el padre solicitó la custodia para que la hija estudiara y residiera en Florida. Los padres discreparon sobre la institución universitaria adecuada, especialmente en cuanto a programas de vida independiente. El TPI concedió la custodia provisional al padre y autorizó los estudios en una universidad específica. La madre también cuestiona la decisión del TPI de limitar las relaciones maternofiliales en Puerto Rico debido a la pandemia de COVID-19. La peticionaria solicita revocar la custodia provisional, que se le adjudique la custodia, ampliar las relaciones y permitir el viaje de la hija a Puerto Rico.

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Se presenta un recurso legal contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró no ha lugar una moción. El peticionario impugnó la alegada "doble disposición" en la Ley de Arma, argumentando que impone castigos separados por el mismo hecho y solicitando la enmienda de artículos para eliminar esta duplicidad. Alega que el TPI erró al denegar su reclamo de debido proceso en cuanto a este asunto y al considerar inválido su planteamiento. El tribunal superior examina el escrito del peticionario, tratándolo como una solicitud de auto de certiorari. Se explica que el certiorari es un remedio extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores. La decisión de expedir el auto se basa en criterios específicos establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal decidió eximir a la parte recurrida de presentar alegato en oposición para agilizar el proceso. Se procederá a resolver el recurso basándose en el escrito del peticionario y los documentos en autos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Chubb Insurance Company of Puerto Rico. La aseguradora recurre una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Desestimación en un caso de incumplimiento de contrato. El litigio original fue incoado por el Consejo de Titulares del Condominio ESJ Towers y otros, incluyendo a Attenure Holdings Trust 1 y HRH Property Holdings LLC, contra Chubb. Los demandantes reclaman indemnización por daños a la propiedad causados por el huracán María bajo una póliza comercial, estimados en más de $21 millones. La inclusión de Attenure y HRH se basa en un acuerdo de cesión de la reclamación con el Condominio. Chubb solicitó la desestimación argumentando la invalidez de dicho acuerdo de cesión y la falta de legitimación activa de Attenure y HRH. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la moción de desestimación de Chubb. Esta Sentencia evalúa la procedencia del recurso de Certiorari contra esa determinación.

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One Alliance Insurance Corporation solicitó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por One Alliance en un caso incoado por Caribbean Decor Stone, Corp. por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. One Alliance fundamentó su solicitud de sentencia sumaria en la doctrina de pago en finiquito, alegando que Caribbean Decor aceptó los pagos realizados. Caribbean Decor se opuso, argumentando que el consentimiento estuvo viciado por falsas representaciones de la aseguradora y disputando las cubiertas aplicadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia. Estos hechos incluían el valor real de los daños, la posible mala fe de One Alliance en el ajuste y si indujo a error a Caribbean Decor. El foro primario destacó que la doctrina de pago en finiquito requiere buena fe por parte del deudor. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Sentencia de un panel de jueces revisando una resolución de instancia. Mapfre Praico Insurance Company recurre una decisión en un pleito iniciado por un Consejo de Titulares de Condominio. El Condominio demandó a Mapfre por daños causados por el huracán María y alegado manejo injusto de la reclamación. Reclamó daños bajo el Código Civil y, crucialmente, bajo los Artículos 27.164 y 27.165 del Código de Seguros, según enmendados por la Ley Núm. 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación de las reclamaciones bajo el Código de Seguros, argumentando la irretroactividad de la Ley 247-2018 y la imposibilidad de acumular causas de acción. El foro de primera instancia denegó la desestimación, concluyendo que las enmiendas de la Ley 247-2018 sí tienen efecto retroactivo y permiten la causa de acción. La sentencia aborda la procedencia del recurso de Mapfre contra esta determinación sobre la retroactividad y acumulación de remedios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso enfrenta a Joanne Apartments contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por una controversia sobre la facturación de servicios de agua y alcantarillado. Joanne Apartments objetó cargos acumulados desde 2009, incluyendo una demanda de pago de más de $39,000, y presentó una querella ante la AAA. Durante el proceso administrativo, se realizaron gestiones como la verificación del funcionamiento de los contadores, los cuales se determinó que operaban correctamente. La AAA presentó una moción de desestimación, argumentando, entre otras cosas, que solo una factura específica fue objetada formalmente dentro del término reglamentario. La Secretaría de Vistas Administrativas de la AAA desestimó la querella de Joanne Apartments y le ordenó pagar el balance adeudado. Joanne Apartments recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha resolución administrativa. El Tribunal revisó los fundamentos del caso y el proceso administrativo llevado a cabo por la AAA. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución de la AAA, validando la desestimación de la querella y la orden de pago del balance acumulado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un caso procedente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre reclamaciones laborales de Carlos A. Martínez Rosario. El señor Martínez presentó una querella ante la OMA contra Medical Emergency Response System, Inc. (MERS, Inc.) por despido injustificado, vacaciones, bono de navidad, horas extras y periodo de alimentos. MERS, Inc. no contestó la querella dentro del término requerido. La OMA emitió una resolución ordenando a MERS, Inc. compensar al querellante por los conceptos reclamados. Una vez final y firme la resolución, el señor Martínez solicitó a la OMA enmendar la orden *nunc pro tunc* para incluir a Emergency Medical Incorporated (EMI), alegando que era la misma entidad que MERS, Inc. La OMA accedió a la solicitud y emitió una resolución enmendada incluyendo a EMI. Emergency Medical Incorporated recurrió ante el Tribunal de Apelaciones contra esta resolución enmendada. El Tribunal examinó el recurso y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución y Orden Enmendada Nunc Pro Tunc emitida por la OMA.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Zilkia Rodríguez Labrador, solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra Antilles Insurance Company tras el Huracán María. La peticionaria alegó que la aseguradora no ajustó ni pagó adecuadamente los daños a su propiedad. Antilles se defendió argumentando que parte de los daños no estaban cubiertos por la póliza. La peticionaria pidió sentencia sumaria parcial o embargo por una suma (\$8,409.00) que consideraba líquida y no disputada según el ajuste de Antilles. Antilles se opuso, indicando que ofreció dicha suma pero la peticionaria la rechazó al no firmar el documento de prueba de pérdida. Antilles solicitó consignar el monto ajustado en el tribunal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202001262. El peticionario, Luis Febles Lourido, solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de supresión de evidencia. El caso subyacente involucra una petición bajo la Ley 121 presentada por Imara Fernández Valdés y Luis M. Remus Muñoz, quienes alegan conducta hostil por parte del peticionario. La solicitud de supresión se basaba en un flash drive que supuestamente contenía imágenes o videos del peticionario obtenidos sin su consentimiento. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que la solicitud carecía de fundamentos suficientes para demostrar un error del tribunal inferior. Consideró que los señalamientos sobre el contenido del flash drive eran exiguos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó tanto el auto de certiorari como el auxilio de jurisdicción solicitados.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Eva E. Meléndez Fraguada impugna una resolución de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia principal gira en torno a la fecha de efectividad de su reclasificación del puesto de Analista en Administración de Recursos Humanos, clase IV a clase V. La recurrente solicitó la reclasificación en febrero de 2000 y argumentó que la retroactividad debía ser a la fecha de su solicitud. La CFSE autorizó la reclasificación general para su puesto con efectividad al 15 de octubre de 2002. Esta fecha coincidió con la modificación de los requisitos del puesto de clase V, eliminando el requisito de "líder de grupo". La Junta de Apelaciones de la CFSE confirmó que la recurrente cumplió los requisitos el 15 de octubre de 2002, validando esa fecha de efectividad. La resolución recurrida del 18 de febrero de 2020 ratificó esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la resolución de la Junta de Apelaciones de la CFSE.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial. El recurrente, Javier Sierra Rodríguez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), impugna su clasificación de custodia mediana. Alega que su puntuación objetiva en la Escala de Reclasificación de Custodia (ERC) indicaba custodia mínima. El DCR mantuvo la custodia mediana basándose en una modificación discrecional por la gravedad de sus delitos pasados. El recurrente argumenta que esta decisión fue errónea y no se fundamentó en evidencia de falta de ajuste institucional. Sostiene que el DCR subestimó la puntuación objetiva y se guió únicamente por el criterio de la gravedad del delito. El tribunal procede a revisar la determinación administrativa del DCR. Se decidió que no era necesario devolver el caso al DCR para la emisión de una resolución con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.

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MAPFRE Pan American Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso se originó con una demanda de Félix Martínez Santos contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, relacionada con una reclamación de seguro denegada. MAPFRE argumentó que la reclamación fue saldada mediante un "pago en finiquito" al endosar el demandante un cheque que especificaba ser el pago total y final. El señor Martínez Santos se opuso, alegando que su consentimiento estuvo viciado y que no entendió que renunciaba a sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, determinando que existían hechos materiales en controversia sobre la validez del finiquito. La Resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la petición de certiorari de MAPFRE. Esto confirma la decisión del foro primario de que la controversia sobre el consentimiento impide resolver el caso sumariamente. El proceso judicial continuará para determinar si el endoso del cheque constituyó un finiquito válido de la reclamación de seguro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. La peticionaria, Zurich American Insurance Company, solicita la revocación de dicha Resolución que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Gina Collazo Acevedo contra Zurich y otros, derivada de un accidente de tránsito ocurrido el 4 de mayo de 2019. La demandante alegó negligencia del conductor asegurado por Zurich y reclamó daños físicos y emocionales. Zurich contestó la demanda negando la mayoría de las alegaciones y planteando defensas como la falta de nexo causal y la exageración de daños. Zurich presentó la moción de sentencia sumaria argumentando que la demandante no había probado la relación causal entre el accidente y los daños reclamados. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de Zurich. El Tribunal de Apelaciones decide expedir el auto de certiorari para modificar y confirmar la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Idelisse Soto Vélez. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación en un caso de ejecución de hipoteca. El caso subyacente fue incoado por Santander Financial Services, Inc. (anteriormente Banco Santander) contra la peticionaria, Juan Delgado Vélez y su sociedad legal de gananciales por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario. Solo la señora Soto Vélez compareció en el TPI, presentando contestación y una moción de desestimación. La moción de desestimación fue denegada por el TPI el 18 de noviembre de 2020. El recurso de Certiorari buscaba que el Tribunal de Apelaciones revisara dicha denegatoria. El documento detalla el historial del caso, incluyendo el emplazamiento, la respuesta, el referido a mediación y las paralizaciones de procedimientos debido a la pandemia de COVID-19 y directrices de HUD. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por la señora Soto Vélez.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando una petición de certiorari presentada por Mapfre Panamerican Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente trata de una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Alejo Resto León y Carmen Rivera Cabrera contra Mapfre. Los demandantes alegan que Mapfre no resarció correctamente los daños a su propiedad causados por el Huracán María. Mapfre argumentó en su moción de sentencia sumaria que los demandantes aceptaron un cheque como pago total y final, configurando la doctrina de pago en finiquito. Los demandantes se opusieron, alegando que un empleado de Mapfre les indicó que podían cambiar el cheque sin afectar su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía prueba incontrovertida suficiente para resolver el caso sumariamente. El Tribunal de Apelaciones confirma esta determinación al denegar la expedición del auto de certiorari. La Resolución permite que el caso continúe en el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar los hechos en controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso surge de una reclamación por daños de huracán contra Mapfre Praico Insurance Company. El demandante alegó incumplimiento de contrato y mala fe, invocando disposiciones de la Ley 247-2018. Mapfre solicitó la desestimación de las causas de acción basadas en dicha ley, argumentando su carácter prospectivo y no retroactivo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Mapfre. Mapfre recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. La sentencia revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación, fundamentándose en el principio de irretroactividad de las leyes.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Lismary Santos Valentín contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso original es un pleito de divorcio entre la peticionaria y Carlos Rafael Figueroa Desjardins, que incluye controversias sobre la custodia y patria potestad de sus dos hijas menores. La Orden del TPI impugnada denegó la moción de la peticionaria para que su perito tuviera acceso al expediente del caso. Dicho acceso era solicitado para que el perito pudiera realizar entrevistas y evaluaciones pertinentes a las disputas de custodia. El trasfondo del caso incluye una sentencia de divorcio por ruptura irreparable, custodia compartida provisional basada en un informe social, y una solicitud de orden de protección denegada presentada por el recurrido. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI de denegar el acceso al perito. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida del TPI.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La madre de un menor con impedimentos solicitó el reembolso de gastos educativos incurridos en una escuela privada. Alegó que el Departamento de Educación (DE) no proveyó un Plan Educativo Individualizado (PEI) adecuado ni una ubicación pública apropiada. El Foro Administrativo de Educación Especial (FAEE) concedió el reembolso para el año escolar 2018-2019 debido a incumplimientos procesales del DE. No obstante, el FAEE denegó el reembolso para el año 2019-2020. El FAEE determinó que para el segundo año, el DE cumplió con la reunión COMPU y que su obligación se limitaba a un plan de servicios si los padres optaban por la ubicación privada unilateralmente. La recurrente apeló la denegatoria del reembolso para 2019-2020, cuestionando la interpretación del FAEE sobre las obligaciones del DE. El Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Resolución Final y Orden del FAEE.

Resumen:

Comparece el Departamento de Corrección y Rehabilitación ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños y perjuicios incoado por el recurrido, Héctor Manuel Forti De Jesús. El recurrido demandó al Departamento por alegados daños sufridos debido a las malas condiciones de la Institución Guayama 1000. El Departamento solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que el recurrido incumplió con el requisito de notificar al Estado su intención de demandar dentro del término de 90 días. El recurrido se opuso, alegando justa causa por sus traslados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que existía justa causa para eximir al recurrido del requisito de notificación, ya que el Estado tuvo acceso continuo al lugar de los hechos, control sobre la prueba y conocimiento de los testigos. El Departamento solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, el Departamento acudió al Tribunal de Apelaciones. El panel de jueces ha examinado el expediente y está en posición de adjudicar el recurso.

Resumen:

Este recurso de revisión judicial fue presentado por Sue Ellen De Jesús Meléndez contra el Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH, impugnando la denegatoria de beneficios de compensación por desempleo. La inelegibilidad inicial fue confirmada por el árbitro del DTRH y luego por la Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo. Tras la decisión del Secretario, la recurrente solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por tardía. Posteriormente, presentó este recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó los términos para solicitar reconsideración y revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Se determinó que la solicitud de reconsideración fue presentada fuera del término legal de veinte días. Al ser extemporánea la reconsideración, no interrumpió el plazo de treinta días para acudir en revisión judicial. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial también resultó tardío. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a la presentación extemporánea.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de desestimación parcial presentada por MAPFRE Pan American Insurance Company. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros presentada por Marcelo J. Stopiello Morgandez contra MAPFRE, relacionada con daños sufridos por su propiedad a causa del Huracán María. Stopiello alega que MAPFRE no ajustó su reclamación adecuadamente, subvaloró pérdidas, no pagó a tiempo y actuó de mala fe y temerariamente. MAPFRE, en su moción de desestimación, argumentó que las alegaciones de Stopiello sobre prácticas desleales y mala fe se basaban en la Ley Núm. 247-2018, la cual creó una causa de acción civil por violaciones al Art. 27.164 del Código de Seguros. MAPFRE sostiene que dicha ley es prospectiva y no aplica a los eventos del Huracán María, además de que el demandante incumplió con el requisito de notificación previa que exige la ley. El Tribunal de Apelaciones examina si el TPI erró al denegar la desestimación parcial solicitada por MAPFRE.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la aplicación de la Ley 242-2018 a una reclamación de seguro por daños del huracán María. Los demandantes, titulares de un condominio, solicitaron activar el proceso de valoración ("appraisal") que contempla dicha ley para determinar el alcance de los daños. La reclamación se originó por daños sufridos durante el huracán María, pero la póliza expiró y la Ley 242-2018 entró en vigor posteriormente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de appraisal, concluyendo que la ley no aplicaba retroactivamente. Los demandantes apelaron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. Sostuvo que la Ley 242-2018 no estableció que su mecanismo de appraisal aplicaría de forma retroactiva a pólizas o pérdidas ocurridas antes de su vigencia. Por consiguiente, la denegación de la solicitud de appraisal fue correcta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Jorge Rivera Camacho contra Publi Inversiones de Puerto Rico, Inc. El caso subyacente trata sobre despido injustificado y discrimen por edad. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitió la continuación del caso pero limitó el cálculo de la mesada a los años trabajados con Publi Inversiones, excluyendo el servicio con el patrono anterior, Caribbean International News Corporation (CINC). El Sr. Rivera trabajó para CINC desde 1982 y continuó laborando para Publi Inversiones tras la adquisición del negocio en 2013, alegando que esta última es patrono sucesor. Fue despedido en 2018 y demandó, sosteniendo que Publi Inversiones asumió las obligaciones laborales de CINC. Publi Inversiones negó ser patrono sucesor y buscó desestimar la reclamación. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el recurso y modificar la resolución recurrida. La sentencia abordará la aplicación de la doctrina del patrono sucesor y su impacto en la reclamación del peticionario, incluyendo la antigüedad para el cálculo de remedios.