Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 165)

Resumen:

Un confinado, Efraín González González, presentó una solicitud de mandamus contra el Superintendente del Anexo Guayama 296. El peticionario alegó que se impusieron castigos ilegales a los confinados sin debido proceso y solicitó la nulidad de reglamentos y la suspensión de dichas acciones. El tribunal señaló deficiencias procesales en la solicitud, como la falta de apéndices, pago de aranceles o declaración de indigencia, juramentación y evidencia de requerimiento previo a la agencia. El documento explica la naturaleza legal del auto de mandamus en Puerto Rico. Se trata de un recurso privilegiado y discrecional que procede para exigir el cumplimiento de un deber ministerial. Un deber ministerial es aquel claramente definido por ley que no admite discreción en su ejercicio. Los deberes discrecionales, a diferencia de los ministeriales, quedan fuera del ámbito del mandamus. El tribunal establece estos principios para evaluar la procedencia de la petición.

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El señor Ramón Montalvo Santiago, confinado desde 2003, solicitó al Tribunal de Primera Instancia una corrección de sentencia para aplicar una reducción de pena por favorabilidad. El foro primario denegó su petición mediante resolución de 9 de noviembre de 2020. Montalvo Santiago recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revocar dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procede la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Se explica que el derecho a recurrir está sujeto al correcto perfeccionamiento del recurso, incluyendo la presentación oportuna y la notificación a todas las partes. En casos criminales, la notificación al Procurador General o Fiscal de Distrito dentro del término de 30 días es un requisito estricto. El incumplimiento con las reglas de notificación y perfeccionamiento impide la revisión judicial y trastoca las garantías del debido proceso de ley. Por tanto, la falta de cumplimiento riguroso con estas disposiciones reglamentarias conlleva la desestimación del recurso.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los peticionarios impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dio por admitido un requerimiento de admisiones presentado por el recurrido, PR Recovery and Development JV, LLC. La decisión del foro primario se fundamentó en la falta de respuesta de los peticionarios a las solicitudes de descubrimiento. Los peticionarios alegan que el tribunal de instancia erró al no requerir una certificación de buena fe y al no considerar sus declaraciones juradas negando haber recibido el requerimiento. El recurrido solicitó la desestimación del recurso de certiorari, argumentando que los peticionarios no le notificaron la presentación del recurso dentro del término legal. Los peticionarios replicaron que la notificación se realizó, aunque con un error menor en la dirección, y fue recibida a tiempo. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procede la desestimación del recurso. El tribunal está en posición de resolver la controversia, centrada en el cumplimiento del requisito de notificación del certiorari.

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Comparecen los peticionarios, Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, et al., ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la anotación de rebeldía en su contra en un caso de daños y perjuicios. Los recurridos habían solicitado la rebeldía al no haber comparecido los peticionarios tras ser emplazados. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía, lo que motivó a los peticionarios a solicitar que se dejara sin efecto, alegando dificultades por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de acceder a las instalaciones. El foro primario denegó la solicitud, argumentando que el retraso en la contestación precedió el cierre por la pandemia. Los peticionarios presentaron entonces una moción de reconsideración, exponiendo diversas razones adicionales para levantar la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones señala que, previo a atender los argumentos de los peticionarios, debe resolver una controversia de carácter jurisdiccional que prima sobre el asunto planteado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una petición de certiorari presentada por Loomis Fargo & Co. of Puerto Rico. La petición buscaba dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha determinación denegó la oposición de Loomis Fargo a una solicitud de orden protectora dentro de un pleito de daños y perjuicios. El pleito fue incoado por la familia Ayala Sánchez en representación de su hija menor. La demanda surge de un incidente en el que la menor resultó herida de bala durante un asalto a empleados de Loomis Fargo en un centro comercial. La familia atribuye los daños a la alegada negligencia de Loomis Fargo en el manejo de la seguridad durante el recogido de dinero. Loomis Fargo negó las alegaciones de negligencia y afirmó que su empleado actuó conforme a los protocolos. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. La corte apelativa revocó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Vivian Patricia Ramos Santiago, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de continuar con el proceso de ejecución. Alegó que el tribunal erró al proceder sin notificarle un cambio de acreedor y mientras gestionaba mitigación de pérdidas. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. No obstante, determinó que la peticionaria incumplió con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso. Específicamente, no anejó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que deseaba impugnar. Este incumplimiento, según la Regla 34(E)(1)(b), resultó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción. La Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada también fue declarada No Ha Lugar.

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Ricardo Caballero Auto Corp. (RCA) solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución recurrida denegó la moción de sentencia sumaria presentada por RCA en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue incoada por María del Carmen Rivera Santos, quien alegó haber sufrido daños tras la ocupación policial de un vehículo que compró a RCA, el cual resultó tener un gravamen de hurto. La demandante sostuvo que RCA actuó negligentemente al vender un vehículo hurtado, causándole perjuicios. RCA argumentó en su solicitud de sentencia sumaria la falta de prueba sobre la confiscación del vehículo y los daños alegados. La parte demandante se opuso, afirmando que un juicio plenario era necesario para determinar la negligencia de RCA y cuantificar los daños. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, encontrando hechos no controvertidos pero persistiendo controversias materiales. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. No obstante, denegó su expedición, validando la decisión del foro primario de continuar con el proceso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000853, presentado por Colegio Mi Cuidado y Educación, Inc. e Irma I. Fontánez Morales contra Raúl Antonio Ortiz Dávila y Elizabeth Gómez Acevedo. El recurso apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un interdicto posesorio a favor de los apelados. La controversia central ante el foro apelativo es si el recurso fue debidamente perfeccionado, específicamente en cuanto a la notificación del apéndice. Los apelados alegaron que el apéndice no les fue notificado adecuadamente, ni en papel ni en formato digital. Los apelantes afirmaron haberlo enviado en CD-ROM y posteriormente por correo electrónico. El tribunal identifica una controversia sobre su jurisdicción derivada de esta disputa procesal. Se subraya la obligación de las partes de cumplir estrictamente las normas para perfeccionar los recursos, incluida la notificación. El incumplimiento puede resultar en la desestimación del recurso, a menos que no cause un impedimento real para la revisión. El tribunal debe resolver esta cuestión procesal antes de considerar los méritos de la apelación.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Aerostar Airport Holdings, LLC. Aerostar apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra tercero contra la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. El caso original es una demanda de cobro de dinero presentada por Desarrolladora J.A., INC. contra Aerostar. Desarrolladora reclamaba el pago por trabajos de reconstrucción en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, un contrato que la Autoridad de los Puertos había asignado a Aerostar. Aerostar, al contestar la demanda, presentó una reconvención contra Desarrolladora y una demanda contra tercero contra la Autoridad de los Puertos, alegando defectos en la obra y buscando responsabilidad de la Autoridad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra tercero de Aerostar. Tras revisar la apelación de Aerostar y la oposición de la Autoridad de los Puertos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Parcial apelada. Por lo tanto, se sostuvo la desestimación de la demanda contra tercero de Aerostar contra la Autoridad de los Puertos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000693, una apelación sobre ejecución de hipoteca. Las partes son FIRSTBANK PUERTO RICO como apelada y JOSÉ A. MADERA MELÉNDEZ, ET. AL. como apelantes. El tribunal atendió una Moción de Desistimiento Voluntario presentada por la apelante Ashanti Madera Ortiz. La moción fue radicada el 20 de enero de 2021. El Tribunal declaró Ha Lugar la Moción de Desistimiento Voluntario. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo y sobreseimiento con perjuicio del caso. La sentencia fue emitida en San Juan el 22 de enero de 2021.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Geraldo R. Rivera Massó, presentó un recurso de revisión judicial titulado "Demanda Carácter Personal". En su recurso, alega mala práctica médica y negligencia por parte de profesionales de salud y oficiales correccionales en la institución penal. Expone que una inyección de Benadryl le causó hinchazón en los dedos de la mano derecha, lo que se agravó por falta de atención oportuna. Esta situación resultó en la pérdida de dos dedos y le ha causado trastornos psicológicos y angustias mentales. Solicita una indemnización de \$150,000 por los daños sufridos. También menciona la falta de medicamentos para el dolor a pesar de gestiones administrativas. La sentencia se centra en el análisis de la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender este tipo de reclamación. Se detallan los asuntos que la ley faculta a este foro a conocer. El Tribunal señala que el remedio solicitado es una reclamación de daños y perjuicios por alegada mala práctica y negligencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Neftalí Ortiz Colón. El peticionario recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud para reinstalar su derecho a juicio por jurado. Inicialmente, el peticionario había renunciado a este derecho de forma válida en julio de 2019. Posteriormente, solicitó la reinstalación argumentando que la decisión del Tribunal Supremo Federal en *Ramos v. Louisiana*, que exige unanimidad en los veredictos del jurado, hacía más favorable el juicio por jurado bajo el principio de favorabilidad. El TPI denegó la solicitud, manteniendo que la renuncia fue válida y que la norma de unanimidad no aplicaba a su caso, que procedería por tribunal de derecho. El peticionario alegó que el TPI erró al no considerar el cambio sustancial en la ley posterior a su renuncia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto. En consecuencia, el caso se devuelve al foro de origen para la continuación de los procedimientos según lo dispuesto por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Deutsche Bank National Trust Company. El caso original, un cobro de dinero y ejecución de hipoteca, fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se basó en la falta de emplazamiento adecuado a la sociedad legal de bienes gananciales de los titulares registrales, considerada parte indispensable. Deutsche Bank había solicitado y realizado emplazamiento por edicto tras no lograr el personal. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el emplazamiento por edicto y ordenó el envío por correo certificado. A pesar de estas gestiones, el TPI concluyó que el emplazamiento a la sociedad de gananciales no fue conforme a derecho. Deutsche Bank apeló esta determinación solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los documentos del expediente, confirmando la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Josten José Santiago presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. La resolución del TPI declaró No Ha Lugar su solicitud para que se le acreditara a su sentencia el periodo de un año y seis meses que cumplió en probatoria. Dicha probatoria fue revocada tras la comisión de un nuevo delito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el abono de tiempo cumplido en probatoria al revocar una sentencia es discrecional del tribunal, no obligatorio. Santiago alegó que el foro primario erró al denegar el abono y al interpretar la discrecionalidad aplicable. Tras cumplir con requisitos procesales y recibir la postura del Pueblo de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari. Se destaca que el certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional.

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El Consejo de Titulares del Condominio Torre de Cervantes acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. La resolución impugnada declaró ha lugar objeciones de Mapfre Praico Insurance Company a un interrogatorio y requerimiento de admisiones en un litigio sobre seguros por huracanes. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, la cual restringe la revisión de decisiones interlocutorias mediante certiorari. Esta regla permite la revisión solo en circunstancias específicas, como resoluciones bajo ciertas reglas o cuando esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. El Tribunal determinó que la decisión sobre objeciones a descubrimiento no se ajusta a los supuestos de revisión permitidos por la Regla 52.1. Además, no encontró que la falta de intervención en esta etapa causara un fracaso irremediable de la justicia. Consecuentemente, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Consejo de Titulares.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000965. El recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre violación de derechos civiles y daños y perjuicios. Las partes incluyen a Efraín Jaime Jiménez y Nivya Margarita Barrera Rodríguez como recurridos y al Municipio Autónomo de San Juan como recurrente, entre otros. El Municipio Autónomo de San Juan presentó una Moción de Desistimiento el 21 de diciembre de 2020. El Tribunal de Apelaciones, mediante un panel especial, atendió dicha moción. En San Juan, a 21 de enero de 2021, el Tribunal declaró ha lugar la Moción de Desistimiento. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Consecuentemente, se ordena el archivo definitivo de esta causa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en un caso entre Ada Y. Hernández Hernández y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE recurre la decisión del NEPR que declaró con lugar los recursos de revisión de factura presentados por la Sra. Hernández Hernández. La controversia surge de facturas de servicio eléctrico con consumo alegadamente exagerado recibidas por la recurrida tras el huracán María, luego de reportar un posible daño en su contador. AEE tardó en inspeccionar el contador, encontrando posteriormente daños en la base que causaban sobrecalentamiento y alto consumo. A pesar de las reparaciones y reemplazo del contador, persistieron problemas. El NEPR falló a favor de la Sra. Hernández Hernández, ordenando ajustes a las facturas. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución y Orden emitida por el NEPR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios. La controversia surge de la anotación de rebeldía contra el peticionario, Mangual Office Cleaning Services. El Tribunal de Primera Instancia declaró al peticionario en rebeldía por no presentar su alegación responsiva dentro del término legal. El peticionario solicitó reconsideración, alegando que la tardanza se debió a un error humano excusable relacionado con su compañía de seguros. El foro primario denegó la reconsideración y mantuvo la anotación de rebeldía. El peticionario recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al no considerar el error excusable ni medidas menos severas. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal y la normativa aplicable sobre la anotación de rebeldía. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del foro primario que mantuvo la anotación de rebeldía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Salud. La decisión autorizó a Santurce ACS Surgical Center, LLC un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para establecer un centro de cirugía ambulatoria multidisciplinario de seis salas en la subregión de San Juan. Varios hospitales, incluyendo San Juan Health Centre y Hospital Pavía, se opusieron a la solicitud y apelaron la autorización ante el Tribunal. Durante el proceso administrativo, se celebró una vista en la que ambas partes presentaron prueba y testimonio pericial. El Oficial Examinador concluyó que Santurce ACS cumplía los requisitos, demostró capacidad económica y una demanda insatisfecha de salas de cirugía ambulatoria en el área de servicio. Determinó que el centro propuesto no afectaría indebidamente a los hospitales existentes y beneficiaría a la población. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los hospitales recurrentes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirmó la Resolución del Departamento de Salud que concedió el CNC a Santurce ACS.

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Joel A. Pomales Morales, confinado y compareciendo por derecho propio, presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la modificación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre las penas impuestas, alegando que incumplían un preacuerdo y la Regla 72 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar su jurisdicción sobre el recurso. Se recordó la obligación de los tribunales de verificar su propia jurisdicción y la necesidad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales. Aunque la ley busca facilitar el acceso a la justicia para quienes comparecen por derecho propio, estos deben observar las disposiciones reglamentarias. El recurso incoado por Pomales Morales adolecía de serios defectos, incumpliendo la Regla 34 del Reglamento del Tribunal. Carecía de un índice detallado y de un apéndice con los documentos del expediente. De manera fundamental, no se incluyó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, impidiendo al Tribunal de Apelaciones auscultar su jurisdicción y ejercer su función revisora. Por el craso incumplimiento con el Reglamento, el Tribunal determinó que no podía asumir jurisdicción y desestimó el recurso presentado.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de deslinde y amojonamiento. El demandante-apelante, Dante Amadis Rodríguez Sosa, presentó la demanda original contra Farmacia Garod y varios colindantes. El caso enfrentó problemas iniciales debido a la falta de emplazamiento de partes indispensables dentro del término de 120 días. El demandante enmendó la demanda para incluir a más partes, pero nuevamente no logró emplazar a varias de ellas. Se presentó un segundo caso consolidado para intentar emplazar a las partes no servidas. Por segunda ocasión, el demandante no completó el emplazamiento dentro del término reglamentario. El demandante solicitó emplazar por edicto a algunas partes, incluyendo los herederos desconocidos de un hermano fallecido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de emplazamiento por edicto. Consecuentemente, el TPI desestimó la demanda contra las partes no emplazadas por expiración del término. El demandante apeló esta sentencia, solicitando su revocación ante el Tribunal de Apelaciones. Este documento contiene la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre dicha apelación.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un caso de larga duración sobre liquidación de bienes gananciales post-divorcio. Las partes, Madeleine Candelario del Moral y David Efrón, se divorciaron en 2001 tras iniciar procedimientos en 1999. Desde el divorcio, han litigado la división de sus sustanciales bienes gananciales, estimados entre $2 millones y $45 millones. En 2001, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al señor Efrón pagar a la señora Candelario $50,000 mensuales por disfrute de bienes y alimentos, más $50,000 por litis expensas. El caso también involucró procedimientos paralelos en Florida, desestimados bajo condición de un pago de $750,000 del señor Efrón a la señora Candelario. La apelación actual surge de la solicitud de la señora Candelario de pagos retroactivos y continuados y una moción de desacato contra el señor Efrón. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato en una resolución del 16 de octubre de 2019. La señora Candelario recurrió esta denegatoria mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones ha expedido el auto y REVOCADO el dictamen del foro primario que denegó la moción de desacato.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones MAPFRE Pan American Insurance Company solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria. La acción original fue incoada por el Consejo de Titulares del Condominio Florida Garden Apartments, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holdings LLC contra MAPFRE. Los demandantes reclamaron incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con una póliza de seguro de propiedad comercial tras el Huracán María. Adujeron que MAPFRE dilató e incumplió reiteradamente su deber de honrar los términos de la póliza y compensar los daños significativos a la propiedad asegurada. Señalaron que, a casi dos años del huracán, MAPFRE se había rehusado a pagar la cantidad adeudada, ofreciendo solo una fracción de las pérdidas incurridas. Argumentaron que esta falta de pago les causó graves apuros y les impidió iniciar las reparaciones necesarias. Como consecuencia, el Consejo de Titulares suscribió un acuerdo con Attenure, una entidad que provee ayuda económica a asegurados afectados por supuestas violaciones sistemáticas de las aseguradoras. El documento detalla los hechos y el tracto procesal que llevaron a la presentación de la demanda y la posterior moción de MAPFRE, cuya denegatoria es objeto de esta apelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por El Ryder Memorial Hospital, Inc. La petición busca revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la moción de sentencia sumaria y desestimación del hospital. La demanda original fue presentada por el Dr. Álvaro Santaella Jiménez y Grupo Neonatal, entre otros, contra el hospital. Alegaron incumplimiento de un contrato exclusivo para servicios neonatales y reclamaron daños y perjuicios, solicitando injunctions. Los demandantes sostienen que el hospital contrató a otro grupo sin notificar la terminación del contrato según lo estipulado. El hospital, en su moción, negó la existencia de un contrato vigente, argumentando que los servicios cesaron tras el Huracán María. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso de certiorari sin requerir trámites adicionales.

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Four Point Wellness, LLC recurre ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una decisión de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. La Junta confirmó una multa de \$5,000 impuesta a Four Point por una infracción al Artículo 50 D (5) del Reglamento Núm. 9038. La infracción se basó en el hallazgo de inspectores de que el dispensario no contaba con servicios contratados para el monitoreo en vivo de sus operaciones desde un centro de comando. Durante una inspección, la compañía de seguridad de Four Point indicó que solo ofrecía rondas preventivas, no monitoreo en tiempo real. Four Point argumentó ante la Junta que su contrato sí incluía monitoreo 24/7 y que el incidente fue un fallo de comunicación, procediendo a cambiar de proveedor de seguridad. La Junta, sin embargo, mantuvo la multa, lo que motivó el recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones examina ahora la legalidad de dicha determinación administrativa.

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Este es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. La apelación fue presentada por LMD & Associates, LLC (Carolina del Sur y Puerto Rico) contra Allied Car and Truck Rental, Inc., et als., incluyendo a Rhamses Carazo. LMD impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda en cuanto al señor Carazo. La demanda original, presentada por LMD, reclamaba incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y sentencia declaratoria contra las entidades Allied y el señor Carazo, alegado presidente y único accionista. LMD es una compañía que provee servicios de recuperación tras desastres y fue subcontratada luego de los huracanes Irma y María para proveer transportación en Puerto Rico para un proyecto de USACE/FEMA. LMD requería 75 camiones tipo Pick-Up 4x4 para este proyecto. La controversia surgió de las gestiones de LMD para obtener estos vehículos de compañías incluyendo aquellas asociadas a los apelados, lo que llevó al contacto inicial con el señor Carazo. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del tribunal inferior de desestimar el caso contra Carazo.

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Un confinado, Cruz Casiano Cruz, solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) dejar sin efecto una pena especial de \$600 impuesta en su sentencia por agresión grave y violación a la Ley de Armas. Alegó ser indigente y no poder pagar la multa mientras está encarcelado. El TPI denegó su solicitud, indicando que no tenía discreción para eximirlo del pago. Inconforme, el confinado presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el TPI erró al negar su solicitud y que sí posee discreción para eximir a un indigente de dicha pena. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición bajo su facultad discrecional. Consideró el Artículo 61 del Código Penal, que dispone la imposición obligatoria de la pena especial por cada delito. También tomó en cuenta la jurisprudencia que la define como parte inextricable de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por el Municipio de Bayamón. El Municipio recurre una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había concedido la apelación de Yamaris Pacheco Torres, una Policía Municipal, ordenando su reinstalación y el pago de salarios y beneficios dejados de percibir. El caso se centra en el intento del Municipio de separar a la señora Pacheco de su puesto. La razón aducida fue alegada incapacidad mental y el incumplimiento con evaluaciones y tratamientos médicos requeridos. La señora Pacheco había recibido tratamiento por inestabilidad emocional y fue referida a evaluación psiquiátrica y hospitalización. Aunque un informe médico inicial señaló su falta de participación, posteriormente fue hospitalizada, completó un tratamiento y fue dada de alta con citas de seguimiento. El Municipio inició el proceso de separación basándose en el informe inicial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma el dictamen recurrido de la CASP.

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La Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa, Inc. apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El caso original fue un cobro de dinero contra Santos J. Muñoz Camacho y Josefina Avilés Escabi por cuotas de mantenimiento impagas. La Asociación reclamó una deuda y solicitó \$5,000 por honorarios de abogado según la escritura de servidumbres. El Tribunal de Primera Instancia encontró que los apelados adeudaban \$9,460 en cuotas. En su sentencia final, el foro primario concedió \$2,500 en concepto de honorarios de abogado, además de la deuda principal, mora, costas e intereses. La Asociación solicitó reconsideración, argumentando que la escritura establecía \$5,000 para honorarios en casos judiciales. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud. La apelación ante este Tribunal busca revisar y modificar la cuantía de los honorarios de abogado otorgados. Los apelados no comparecieron ni presentaron alegato en esta instancia apelativa. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la causa sin la postura de los apelados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial presentado por un confinado. El recurrente impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación relativa a la falta de entrega de uniformes y artículos personales reglamentarios. La División de Remedios Administrativos del Departamento denegó su solicitud inicial y la reconsideración, alegando problemas de suministro. El confinado acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. El documento detalla el alcance limitado de la revisión judicial sobre decisiones administrativas. Se subraya la deferencia a las agencias y la presunción de legalidad de sus actos. La intervención judicial se restringe a casos donde la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal o abusó de su discreción. Asuntos puramente administrativos dentro de la discreción de la agencia no son generalmente revisables. El documento sienta las bases legales para evaluar la reclamación del confinado.

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Se trata de una revisión judicial de la adjudicación de la subasta RFP S-20-03 por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Metric Engineering, Inc. impugnó la decisión de la ACT de otorgar la subasta a CH Caribe Engineers, P.S.C. Metric solicitó reconsideración ante la Junta de Subasta de la ACT, la cual no fue resuelta y se consideró denegada. El proceso se vio afectado por el cierre gubernamental y las extensiones de términos judiciales debido a la pandemia de COVID-19. Metric presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 16 de julio de 2020. La recurrente planteó varios errores en la evaluación y adjudicación de las propuestas técnicas y económicas. El tribunal inicialmente ordenó la paralización del proceso de contratación. Los recurridos, ACT y CH Caribe, solicitaron la desestimación del recurso argumentando que fue presentado fuera del término legal, tras la expiración de las extensiones por COVID-19. Metric defendió la oportunidad de su presentación basándose en dichas extensiones. La sentencia aborda la controversia sobre la tardanza del recurso de revisión judicial.

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Comparece HibiscusPR 73, LLC ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dos Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Dichas órdenes, dictadas en noviembre de 2020, impusieron a Hibiscus una fianza de no residente de $5,000 y decretaron el embargo de sus bienes muebles e inmuebles. La controversia se origina en un pleito de cobro de dinero y ejecución de prenda iniciado en 2010 por FirstBank, luego adquirido por LSREF2 Island Holding Ltd., Inc. El caso involucra a los demandados originales y al interventor Nahum Gómez Hidalgo. El Tribunal Supremo previamente confirmó la intervención del señor Gómez y la imposición de $5,000 en honorarios contra LSREF2 por conducta temeraria. Hibiscus adquirió el crédito de LSREF2 y solicitó su sustitución como parte demandante. Un demandado se opuso a la sustitución y solicitó una fianza de no residente para Hibiscus. El TPI denegó inicialmente la sustitución y ordenó a Hibiscus expresarse sobre la fianza. Las órdenes ahora recurridas son consecuencia de estos trámites, imponiendo la fianza y el embargo a Hibiscus. La resolución del Tribunal de Apelaciones evaluará la legalidad de estas determinaciones del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso involucra una demanda presentada por Aqua Gulf de Puerto Rico, Inc. contra un exempleado, Luis Orlando Vargas Muñoz, y su nuevo patrono, DFF, Inc., bajo la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico (Ley Núm. 80-2011). Aqua Gulf alegó que Vargas Muñoz divulgó secretos comerciales de la empresa para beneficio de DFF. La apelante impugnó la denegatoria de una solicitud de relevo de una Sentencia Parcial y la Sentencia que declaró No Ha Lugar su demanda de interdicto preliminar y permanente. El Tribunal de Apelaciones acogió la impugnación de la Sentencia Parcial como un recurso de certiorari y denegó su expedición. Respecto a la Sentencia que denegó el interdicto, el Tribunal la modificó y, así modificada, la confirmó. La decisión valida, en esencia, la determinación del foro primario de no conceder el interdicto solicitado por la apelante.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). El caso de expropiación forzosa, iniciado por AFI para el proyecto del Caño Martín Peña, enfrentó órdenes del Tribunal de Primera Instancia para corregir deficiencias y proveer documentación. AFI no cumplió completamente, citando problemas técnicos y disputando requisitos, lo que resultó en órdenes reiteradas y una orden para mostrar causa por sanciones. El tribunal inferior impuso sanciones económicas a la representación legal de AFI y denegó sus mociones de reconsideración. AFI apeló mediante Certiorari, alegando que el tribunal de primera instancia se excedió en sus exigencias, erró al sancionar y denegó indebidamente la investidura de la propiedad a favor de ENLACE. El Tribunal de Apelaciones, en esta resolución, deniega el Certiorari solicitado por AFI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000309. La apelación fue interpuesta por Sylvia M. Bedrosian Heres e Ian Corretjer Andino contra Vianny L. Vélez Torres. El recurso provenía de un caso sobre interdicto bajo la Ley de Marcas y reclamación de daños y perjuicios. Los apelantes presentaron un aviso de desistimiento de la apelación. El Tribunal declaró Con Lugar el aviso de desistimiento. Por consiguiente, se desestimó el presente recurso de apelación. La desestimación se basó en la facultad de la parte apelante para desistir en cualquier momento, según la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se ordenó el archivo y cierre definitivo del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Resolución en respuesta a una petición de Certiorari de Allied Car & Truck Rental. Allied solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente involucra reclamaciones de Betzaida Llompart Ramírez contra Allied por salarios, despido injustificado, hostigamiento sexual y represalias. Allied argumentó que las causas de acción carecían de mérito y debían desestimarse sumariamente. No obstante, el foro primario encontró que existían numerosas controversias de hechos materiales y elementos subjetivos sin resolver. Estas controversias incluían si hubo despido o renuncia, la justa causa, detalles del alegado hostigamiento sexual y la respuesta de la empresa, y si hubo represalias. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que estos asuntos requerían un juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el expediente, determina que el foro primario actuó correctamente al denegar la sentencia sumaria. Por tanto, se deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado, confirmando que el caso debe ventilarse en un juicio plenario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Domingo Torres Torres contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso buscaba que el tribunal ordenara la tramitación del traslado del recurrente al estado de Florida. Durante el proceso judicial, el Departamento informó al tribunal que la solicitud de traslado renovada del recurrente fue aceptada por la Interstate Commission for Adult Offender Supervision de Florida. Se notificó además que el traslado aéreo del recurrente a Florida estaba pautado para el 13 de enero de 2021. El Departamento también adjuntó una resolución de la Junta de Libertad bajo Palabra que concedía el privilegio al recurrente, sujeto a la supervisión de Florida. A la luz de estos hechos, el tribunal determinó que la súplica principal del recurrente en el recurso ya se había cumplido. Concluyó que, al haberse aceptado y programado el traslado, el recurso se había tornado académico. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones decretó la desestimación del recurso. Se ordenó notificar la sentencia al recurrente en su dirección actual en Florida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El caso original fue presentado por un confinado reclamando daños por acciones institucionales. La controversia central gira en torno al emplazamiento del DCR. El emplazamiento al Gobierno, como entidad responsable, se diligenció más de un año después de radicada la demanda. El DCR argumentó que esto violó el término improrrogable de 120 días para diligenciar emplazamientos según la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. El foro primario concluyó que la dilación no era imputable al demandante y denegó la desestimación. El Gobierno recurre ante el Apelativo insistiendo en la aplicación estricta del término procesal y la desestimación del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, examinó una petición de certiorari instada por la Lic. Waleska Morales Toro. La abogada solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden la designaba como abogada de oficio en un caso criminal contra Justin D. Valentín. La peticionaria argumentó que la designación procedía a pesar de las disposiciones del Reglamento para la asignación de abogados de oficio. Este reglamento provee mecanismos para eximirse de tales asignaciones o subsanar la falta de pericia. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, el tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 15 de enero de 2021.

Resumen:

Víctor M. Rivera Maldonado apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Insurance Company. El señor Rivera demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato tras no recibir compensación justa por daños a su propiedad causados por el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria, alegando que el cobro de un cheque por el señor Rivera constituyó un pago en finiquito. El señor Rivera se opuso, argumentando que Mapfre renunció a esa defensa y que existían controversias de hechos. El foro primario concedió la sentencia sumaria basándose en el pago en finiquito. Inconforme, el señor Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia recurrida.

Resumen:

Un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Mapfre Insurance Company. Mapfre impugnó la denegatoria de su moción de sentencia sumaria por parte de un tribunal inferior en un caso incoado por Alexander Lugo Soto. Lugo demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato, alegando prácticas desleales y pago insuficiente por daños a su propiedad causados por el huracán María. Mapfre argumentó que la reclamación se extinguió cuando Lugo cobró un cheque, invocando la doctrina de "pago en finiquito". Lugo se opuso a la moción, sosteniendo que existían hechos materiales en controversia, particularmente sobre el cumplimiento de Mapfre con las regulaciones de seguros y la razonabilidad del pago ofrecido. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión del foro primario. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, el tribunal apelativo confirmó la resolución recurrida. Esto indica que el Tribunal de Apelaciones coincidió en que los hechos materiales en disputa impedían dictar sentencia sumaria basada en la defensa de "pago en finiquito" de Mapfre.

Resumen:

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de *certiorari* sobre la ejecución de un fallo previo. El caso original trata sobre una acción reivindicatoria y daños por la invasión de terreno. Los peticionarios (dueños del terreno invadido) demandaron a los recurrentes (dueños de la estructura invasora) tras descubrir que una casa construida en un solar adyacente ocupaba parte de su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en 2005 (enmendada en 2007) a favor de los peticionarios. Dicha sentencia ordenó la restitución de la porción de terreno usurpada, el pago de honorarios y costas, y autorizó la remoción de la estructura invasora. Al solicitar la ejecución de esta sentencia, el foro primario la denegó, entendiendo que el término de quince años para ejecutar había transcurrido. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante *certiorari*. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la solicitud de ejecución. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de *certiorari* y revocó la determinación del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de un reglamento. PRERAC, Inc., operando como Enterprise Rent-A-Car, presentó un recurso contra el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La empresa recurrente cuestionó la validez del Reglamento Núm. 9156, alegando incumplimiento de los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). PRERAC argumentó que se realizaron cambios sustanciales al reglamento propuesto sin seguir los procedimientos de aviso público y participación ciudadana. El Negociado defendió su actuación, afirmando haber cumplido con la LPAU, incluyendo la publicación del aviso, la extensión del período de comentarios y la celebración de reuniones con las industrias afectadas. Alegó que los cambios finales resultaron de la evaluación de los comentarios recibidos. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de ambas partes. La sentencia confirma la validez del Reglamento Núm. 9156.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato de seguros. La disputa surge de una reclamación por daños causados por el huracán María al Condominio Paola. Multinational Insurance Company apeló la decisión del foro primario que desestimó parcialmente algunas causas de acción pero mantuvo otras. Un punto central de la apelación fue la validez de un acuerdo de cesión de derechos post-pérdida del Condominio a Attenure Holdings Trust 8 y HRH Property Holdings LLC. Multinational argumentó que la cesión violaba la póliza y que los cesionarios carecían de legitimación activa. Los demandantes sostuvieron que la cesión post-pérdida era válida y que la demanda incluía reclamaciones bajo el Código Civil no sujetas a los mismos requisitos. El Tribunal de Primera Instancia declaró válido el contrato de cesión. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones acogió el caso como apelación. La sentencia parcial apelada será modificada y, así modificada, confirmada por este Tribunal.

Resumen:

Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por Osvaldo Suárez Rivera. El apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, que le impuso una multa de \$800 más pena especial por una infracción. Los hechos se relacionan con cargos por resistencia a la autoridad, desacato e infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito tras ser detenido por manejo errático. El agente interviniente testificó que el apelante mostraba signos de embriaguez y se negó a someterse a la prueba de aliento sin la presencia de su abogado. Durante el proceso, el apelante planteó la falta de causa probable para arresto, la denegación de su derecho a asistencia legal para la prueba y la supresión de evidencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó sus mociones de desestimación y supresión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios e impericia médica. La apelante, Narcisa Belkis Helly, impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda contra el Dr. José A. Suárez Castro y el Hospital Auxilio Mutuo. Alegó negligencia en el diagnóstico y tratamiento de una infección posterior a un reemplazo de rodilla, lo que le causó dolor prolongado. El foro primario concluyó que la apelante no probó que el médico se desviara del estándar de cuidado ni que el hospital incurriera en negligencia. La apelante también solicitó la revisión de una Resolución que concedió costas y gastos litigiosos a los apelados. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó los dictámenes apelados. Se ratificó la denegatoria de la demanda por impericia médica y la concesión de costas a favor de los apelados.