EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. CASIANO CRUZ, CRUZ

Un confinado, Cruz Casiano Cruz, solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) dejar sin efecto una pena especial de $600 impuesta en su sentencia por agresión grave y violación a la Ley de Armas. Alegó ser indigente y no poder pagar la multa mientras está encarcelado. El TPI denegó su solicitud, indicando que no tenía discreción para eximirlo del pago. Inconforme, el confinado presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el TPI erró al negar su solicitud y que sí posee discreción para eximir a un indigente de dicha pena. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición bajo su facultad discrecional. Consideró el Artículo 61 del Código Penal, que dispone la imposición obligatoria de la pena especial por cada delito. También tomó en cuenta la jurisprudencia que la define como parte inextricable de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.