Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 163)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. Universal solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria parcial. Universal fue demandada como tercero en un pleito de daños y perjuicios por una caída. Alegó que no era responsable porque el accidente ocurrió el 30 de agosto de 2018. Su defensa se basó en que solo asumió las obligaciones de la póliza relevante, originalmente de Real Legacy Assurance Company, a partir del 15 de noviembre de 2018 mediante un endoso. Sostuvo que su cobertura aplicaba únicamente a eventos posteriores a esa fecha. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo la denegatoria de la sentencia sumaria a Universal.

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El Consejo de Titulares del Condominio Montecentro demandó a Mapfre Praico Insurance Company por incumplimiento contractual y daños a raíz de los huracanes Irma y María. Durante la etapa de descubrimiento de prueba, surgió una disputa sobre la pertinencia de ciertos documentos solicitados por el Consejo. El Consejo pidió, entre otras cosas, notas internas de ajustadores y detalles sobre las "reservas" de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción para compeler, ordenando la producción del expediente de reclamación y el de suscripción, pero denegando la solicitud de comunicaciones internas y la información sobre reservas por considerarlas no pertinentes. El Consejo solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. Inconforme con esta determinación sobre el alcance del descubrimiento, el Consejo acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud del Consejo de Titulares. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de Certiorari presentado por Adriana M. Caparros Jordán. La peticionaria impugna una determinación provisional del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. Dicha determinación concedió la custodia compartida de los dos hijos menores a favor del padre, Pedro Juan Hernández Rivera. El TPI adoptó preliminarmente las recomendaciones de un informe social que favorecía la custodia compartida. La señora Caparros Jordán argumentó que el TPI erró al imponer estas recomendaciones de inmediato, sin celebrar una vista y estando pendiente su impugnación del informe social. Solicitó al Tribunal de Apelaciones paralizar la orden del TPI, lo cual fue concedido temporalmente y luego revocado. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Pablo Colón Santiago, impugna la denegatoria de su Moción de Sentencia Sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original es una demanda de sentencia declaratoria donde el peticionario reclama ser el único dueño de un inmueble adquirido durante una relación consensual con la demandada, Lilibeth Centeno Pagán. Alega haber aportado el pronto pago y satisfecho todas las mensualidades hipotecarias con dinero privativo, a pesar de que la demandada figura como co-compradora y co-deudora. La demandada fue declarada en rebeldía al no contestar la demanda. El peticionario solicitó sentencia sumaria basándose en la rebeldía, argumentando que los hechos alegados no estaban controvertidos. El foro primario denegó la moción, indicando que el peticionario no presentó evidencia admisible ni fundamentó en derecho su solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari.

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Juan A. Valderrama Lozano, confinado, recurre al Tribunal de Apelaciones para revisar la denegatoria de su solicitud de reducción de pena por el Tribunal de Primera Instancia. El peticionario alega la existencia de circunstancias atenuantes y falta de orientación legal al momento de su alegación preacordada por agresión grave. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso de certiorari, señalando que la reducción de pena por atenuantes, hasta un 25%, es una determinación discrecional del foro primario, no automática, y requiere ser solicitada y probada. No obstante, el Tribunal identifica que el recurso presentado por el señor Valderrama, compareciendo por derecho propio, presenta múltiples defectos. Carece de la solicitud jurada para litigar *in forma pauperis* y no cumple con los requisitos reglamentarios de presentación, como la referencia a ley y jurisprudencia aplicables. La ausencia de documentos clave, como la sentencia y el preacuerdo, impide al Tribunal realizar una revisión adecuada. Se reitera que la aceptación de responsabilidad mediante un preacuerdo no conlleva una reducción automática de la pena.

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Panel judicial revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. La moción fue presentada por Berkley International Puerto Rico (BIPR) en un pleito de daños y perjuicios. El caso original surge de una lesión sufrida por un menor en una casa de brincos operada por un codemandado asegurado por BIPR. BIPR argumentó que su póliza de seguro contenía una cláusula que excluía la cobertura para daños derivados del uso de atracciones inflables. Basado en esta exclusión, BIPR solicitó sentencia parcial a su favor, alegando que el incidente no estaba cubierto. La parte recurrida se opuso, aduciendo la necesidad de descubrimiento de prueba para dilucidar los términos del contrato de seguro. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, considerando que los documentos presentados eran insuficientes y que existían hechos en controversia, incluyendo la claridad sobre el contrato de seguro. Inconforme con esta determinación, BIPR solicitó la revisión. El panel judicial expidió el auto de Certiorari solicitado. Finalmente, el panel revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. William Sanabria Rosado. El peticionario, William Sanabria Rosado, recurre en certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud para enmendar sentencias bajo la antigua Ley de Armas. Sanabria Rosado impugnaba la doble penalidad impuesta por violación al Artículo 5.04 conforme al Artículo 7.03 de dicha ley, alegando doble exposición y castigo cruel e inusitado. El Tribunal de Primera Instancia había denegado su petición mediante Resolución notificada el 7 de octubre de 2020. Inconforme, el peticionario presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Antes de considerar los méritos, el Tribunal de Apelaciones examinó si poseía jurisdicción para atender el recurso. Conforme a la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se determinó la ausencia de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso presentado por William Sanabria Rosado por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. El caso involucra al Hospital Español Auxilio Mutuo y la Unidad Laboral de Enfermeros (as) y Empleados de la Salud (ULEES). La controversia principal giraba en torno a la arbitrabilidad sustantiva de una querella presentada por una empleada representada por la unión. El Hospital argumentó que la querella no era arbitrable porque no había un convenio colectivo vigente al momento de los hechos. La ULEES sostuvo que existía un convenio aplicable basado en la implementación por parte del Hospital de su propuesta final durante las negociaciones. La árbitro determinó que la querella era arbitrable. El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta decisión, validando la jurisdicción de la árbitro. El Hospital impugnó esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La decisión final valida la arbitrabilidad de la querella.

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El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de certiorari presentado por Mapfre Insurance Company en un litigio por incumplimiento de contrato relacionado con daños del huracán María. Mapfre solicita la intervención del tribunal para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la deposición de uno de sus oficiales, el Sr. Luis Negrón. La aseguradora argumenta que la deposición es innecesaria y onerosa, que la información puede obtenerse de otro funcionario o por otros medios, y que los temas son impertinentes o privilegiados. Invoca la doctrina "apex-deposition" para oponerse a la deposición del alto funcionario. Los demandantes, por su parte, sostienen que el Sr. Negrón, quien era vicepresidente de reclamaciones al momento del huracán, tomó decisiones gerenciales clave, incluyendo la contratación de ajustadores. Argumentan que el actual vicepresidente carece del conocimiento personal sobre estos asuntos cruciales, citando evidencia de deposiciones previas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de orden de protección de Mapfre, permitiendo la deposición. Mapfre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declina intervenir con lo actuado por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Javier Sierra Rodríguez. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud. Sierra Rodríguez fue sentenciado bajo el Código Penal de 1974 a reclusión indeterminada por hechos ocurridos en 2003. Alegó que la Ley Núm. 100 de 1980 derogó la pena indeterminada y solicitó su eliminación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, resolviendo que los hechos cometidos bajo el Código Penal de 1974 se rigen por ese cuerpo legal, conforme a las disposiciones transitorias de códigos posteriores. El peticionario recurrió, señalando error en la aplicación de dichas disposiciones y jurisprudencia. El Tribunal de Apelaciones consideró el principio de favorabilidad aplicable en el derecho penal. Tras revisar el recurso, el Tribunal expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la aplicación del Código Penal de 1974 a los hechos y la pena impuesta, a pesar de leyes posteriores.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra la desestimación de su caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El tribunal de primera instancia archivó el caso por inactividad tras más de seis meses sin trámite alguno por parte del banco. Conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, el foro primario ordenó a Banco Popular y a su abogado mostrar causa en diez días por la cual no debía archivarse el caso, advirtiendo de la consecuencia. A pesar de esta notificación a ambas partes, Banco Popular no respondió ni justificó la prolongada inactividad, incluso después de transcurrir 67 días desde la orden. Banco Popular apeló, argumentando que el tribunal debió imponer sanciones menos drásticas y que no vio la notificación electrónica. El tribunal apelativo examinó los requisitos de la Regla 39.2(b), que exige notificar tanto a la parte como a su abogado antes de desestimar un caso por inactividad. Citando jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, el tribunal confirmó que esta doble notificación es necesaria antes de imponer la drástica sanción del archivo. Al constatar que el tribunal de primera instancia cumplió plenamente con los requisitos de notificación y que Banco Popular no actuó ni justificó su inacción, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Wilson Alex Junior Rosario Torres. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Supresión de Evidencia. El señor Rosario Torres enfrenta cargos por infracciones a la Ley de Armas. En su moción, argumentó que la evidencia fue obtenida ilegalmente, cuestionando el registro y la causa probable. El Ministerio Público se opuso, alegando que el peticionario carecía de legitimación activa al no probar posesión de la evidencia. El documento describe el extenso historial procesal en primera instancia, con numerosos reseñalamientos de la vista de supresión. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre los casos consolidados KLAN202000091 y KLAN202000093. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en casos sobre daños por incendio (SJ2017CV00191, SJ2017CV00219). Los apelantes, Universal Insurance Company y otros, solicitan revocar una sentencia del foro primario que declaró con lugar las reclamaciones de los apelados. El litigio surge de un incendio ocurrido el 26 de julio de 2016 en Santurce. El fuego destruyó tres propiedades inmuebles y causó daños físicos a los apelados, incluyendo quemaduras severas y una muerte. Los apelados alegaron que el incendio fue provocado por el uso negligente de un barbecue en un hostal colindante. Los apelantes negaron responsabilidad, argumentando que el informe oficial indicó causa "no determinada" y presentando defensas afirmativas. El Tribunal de Primera Instancia consolidó las demandas, celebró un juicio y dictó sentencia a favor de los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esa determinación. Durante el juicio se presentaron múltiples pruebas documentales y periciales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Héctor A. Mercado Cuevas contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó un cambio en su clasificación de custodia, de máxima a mediana. El Tribunal emitió resoluciones requiriendo la presentación de un formulario de indigencia y, posteriormente, una explicación sobre la ausencia del apéndice requerido. El recurrente cumplió con la presentación del formulario de indigencia, pero no respondió a la orden relacionada con el apéndice. La sentencia discute la jurisdicción del tribunal y la necesidad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales para perfeccionar los recursos de revisión administrativa. Se cita la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. A pesar de que las reglas deben interpretarse para favorecer la atención en los méritos, el cumplimiento estricto es esencial. Ante el incumplimiento del recurrente con la orden procesal, el Tribunal determina desestimar el recurso de revisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Emilio Torres Santiago contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso se relaciona con la no concesión del privilegio de libertad bajo palabra. El recurrente impugna su reclasificación de custodia y la denegación de terapias para trastorno adictivo, alegando arbitrariedad. El tribunal, antes de considerar los méritos, examina su propia jurisdicción. Explica que la jurisdicción es esencial y su ausencia anula cualquier dictamen. La revisión judicial de decisiones administrativas finales se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicha ley establece que solo las órdenes o resoluciones adjudicativas finales son revisables por el Tribunal de Apelaciones. Las disposiciones interlocutorias de una agencia no son revisables directamente. El tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso presentado. Por tanto, no puede resolver sobre las controversias planteadas por el recurrente respecto a su custodia o las terapias.

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Este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre la denegación de una licencia de armas por parte del Negociado de la Policía. El recurrente impugnó la determinación administrativa alegando que carecía de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho requeridas por ley. Tras una vista administrativa, el Negociado emitió una comunicación escueta denegando la solicitud. El recurrente argumentó que esto violaba la Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto Rico (LPAU) y el Reglamento Núm. 6244. La Policía de Puerto Rico, a través de la Oficina del Procurador General, admitió que la determinación recurrida no cumplía con los requisitos legales. La agencia se allanó a la súplica del recurrente para que se revocara la decisión. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la determinación del Negociado no satisfacía los requisitos de contenido de la LPAU. Por tanto, el Tribunal revocó la determinación administrativa. El caso fue devuelto al foro administrativo para que se emita una nueva resolución que cumpla con la obligación de incluir determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

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Eliezer Santana Báez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), comparece ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una sanción disciplinaria. La sanción le fue impuesta tras ser encontrado incurso en la violación del reglamento disciplinario por obstruir la visibilidad de las ventanas de su celda. Como resultado, se le sancionó con la pérdida de privilegios de comisaría, recreación y visita por un período de 30 días. El recurrente impugna esta determinación luego de que el DCR no actuara sobre su solicitud de reconsideración. Alega que la sanción se debió a problemas personales y que el DCR cometió errores procesales significativos. Sostiene que la misma persona desempeñó las funciones de Investigador de Vistas y Oficial de Querellas, lo cual contraviene la práctica establecida. Además, argumenta que el DCR excedió los términos reglamentarios y que la resolución sancionadora carece de conclusiones de derecho. El Tribunal procede a evaluar el recurso, considerando el alcance de la revisión judicial de actos administrativos y las funciones de los oficiales involucrados en el proceso disciplinario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Franklin Credit Management, como sucesor de Scotiabank, demandó a los apelantes por incumplimiento de un préstamo garantizado por dos pagarés hipotecarios. La deuda reclamada ascendía a $137,171.28 más intereses y gastos. Los apelantes negaron las alegaciones, invocaron defensas afirmativas y cuestionaron la validez de los contratos. Una de las propiedades hipotecadas era la vivienda principal de uno de los apelantes. El caso fue referido a mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012. Los apelantes recurrieron la Sentencia Sumaria Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia que favoreció al banco. Solicitaron al Tribunal de Apelaciones que revocara dicho dictamen. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa las decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un litigio entre Grupo Neonatal, CSP y médicos (apelantes) contra Ryder Memorial Hospital, Inc., sus oficiales y Pediatrix (apelados). Los apelantes recurren de una sentencia parcial que desestimó la demanda contra Pediatrix por falta de relación contractual, de una resolución que denegó un injunction preliminar y permanente contra el Hospital y convirtió el caso a ordinario, y de otra que denegó enmendar la demanda. La demanda original alegaba que el Hospital y Pediatrix violaron un contrato de exclusividad de 30 años para servicios de neonatología al contratar entre sí. Los apelantes buscaban un injunction para forzar el cumplimiento del contrato y evitar daños irreparables. El Hospital y sus oficiales contestaron que la relación contractual terminó tras el huracán María debido a la interrupción de servicios y que estaban evaluando nuevas propuestas, negando la renovación automática. Alegaron que Pediatrix fue contratada para servicios de Sala de Emergencias Pediátricas, no neonatología, servicio que los apelantes nunca proveyeron.

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Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso presentado por Banco Popular de Puerto Rico. El Banco Popular solicita la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías contra ARC Management Corp. Las resoluciones recurridas impidieron al Banco Popular cursar un nuevo pliego de interrogatorios y producción de documentos a ARC Management. Además, el foro primario denegó la solicitud del Banco Popular para desestimar la reconvención presentada por ARC Management. El caso original se basa en contratos de préstamo y un acuerdo de pago posterior a un proceso de quiebra, que el Banco Popular alega fue incumplido por ARC Management. ARC Management, por su parte, negó la deuda y presentó varias defensas, incluyendo la falta de legitimación activa del Banco Popular. Las controversias sobre el descubrimiento de prueba y la reconvención llevaron a las resoluciones apeladas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la ejecución de una sentencia. El caso principal se originó por una reclamación contra Universal Insurance Company por alegada mala fe al no transigir un pleito anterior de daños. En 2019, el TPI dictó sentencia condenando a Universal a pagar el balance pendiente de una sentencia previa de daños, más intereses específicos, costas y honorarios de abogado. Esta sentencia de 2019 advino final y firme. Durante la etapa de ejecución, los demandantes solicitaron intereses adicionales no concedidos en la sentencia final. El TPI, en la fase de ejecución, ordenó el pago de intereses por temeridad. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al ordenar intereses por temeridad durante la ejecución. La sentencia final y firme que se ejecutaba no había ordenado el pago de dichos intereses. Una orden en ejecución no puede modificar los términos de una sentencia final.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de incumplimiento de contrato de seguro relacionado con daños causados por los huracanes Irma y María. Los demandantes, propietarios de una vivienda, reclamaron a Mapfre compensación por daños, alegando incumplimiento de póliza. En la etapa de descubrimiento de prueba, los demandantes citaron a deposición a un alto funcionario de Mapfre. Mapfre solicitó una orden protectora para evitar la deposición de dicho ejecutivo, argumentando que era un funcionario de alta jerarquía sin conocimiento personal de los hechos y que existían métodos alternos para obtener la información. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de orden protectora y ordenó la deposición. Mapfre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revocar esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Mapfre.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El proceso se originó con una demanda de Scotiabank (luego Franklin Credit Management) contra varios individuos por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario de $151,000.00. Scotiabank reclamó el pago de un balance adeudado más intereses y costas. Los demandados negaron las alegaciones, invocaron defensas afirmativas y cuestionaron la validez de los contratos. El caso fue referido a mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012, pero enfrentó obstáculos procesales. Los apelantes recurrieron la Sentencia Sumaria Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó dos recursos de apelación relacionados con el mismo dictamen. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El recurso de certiorari fue presentado por Ezequiel Díaz Vicente contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de Ley 54 de Violencia Doméstica. Dicha resolución denegó una moción del peticionario al amparo de la Regla 192.1. Tras la notificación de la resolución, el peticionario presentó una moción de reconsideración ante el TPI. Mientras la reconsideración estaba pendiente de resolución en el foro primario, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el presente certiorari. Posteriormente, el TPI emitió una orden denegando la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. Se determinó que la presentación del certiorari antes de que el TPI resolviera la moción de reconsideración le privó de jurisdicción al foro apelativo. Un recurso prematuro carece de eficacia y no produce efectos jurídicos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. Universal solicitó revocar la denegatoria de su moción de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios instado por David Del Pilar Muñoz y Nanette Maldonado. Los recurridos reclamaron daños a su propiedad por el Huracán María bajo una póliza de seguro. Universal argumentó que la demanda debía desestimarse por pago en finiquito, alegando que los recurridos aceptaron pagos y firmaron un relevo. Los recurridos se opusieron, indicando que existían controversias de hechos sobre la cantidad adeudada y si los pagos constituyeron un finiquito, señalando que un segundo cheque no fue cobrado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos en controversia. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. La resolución deniega la expedición del auto de certiorari, confirmando que existen controversias fácticas que impiden la desestimación sumaria del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una apelación presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra Branda María Cruz Díaz. El Banco apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demandada solicitó la desestimación de la demanda principal invocando la regla del doble desistimiento. Alegó que el Banco había desistido previamente de dos acciones relacionadas con el mismo préstamo hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia, tras reconsiderar una decisión previa, desestimó la demanda del Banco aplicando la Regla 39.1(a)(2) de Procedimiento Civil. Banco Popular argumentó en apelación que la regla no era aplicable a su caso. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la clasificación de custodia de un confinado. El recurrente, Tomás Hernández Santa, impugnó la decisión de mantenerlo en custodia mediana a pesar de cumplir con su plan institucional. El Departamento justificó su decisión basándose en la extensa sentencia del confinado (424 años), el tiempo restante para cumplirla, un detainer federal, una orden de deportación y la aplicación de una regla no discrecional para sentencias largas. El recurrente alegó que los argumentos eran vagos e insostenibles y que la decisión constituía un abuso de discreción. El Tribunal consideró la obligación de las agencias administrativas de fundamentar sus decisiones con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho claras, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños. La apelación fue presentada por Isabel Marrero González contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que acogió la demanda de Ivelisse Pérez Dávila. La demanda original alegaba incumplimiento de un contrato de compraventa por no resolverse problemas de tracto registral que impedían la inscripción de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia encontró incumplimiento tanto por parte de la vendedora (Marrero González) como del notario (Jesús Cobián Ojeda), ordenando el cumplimiento contractual. Adicionalmente, el foro primario impuso honorarios de abogado a la vendedora por temeridad. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia recurrida. La modificación consiste en eliminar la imposición de honorarios de abogado por temeridad a la parte apelante.

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Comparecen los peticionarios Barreiro-Cummings solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su moción de relevo de sentencia. La sentencia original del TPI, de septiembre de 2019, había desestimado con perjuicio su demanda contra MAPFRE. Tras intentos fallidos y tardíos de reconsideración de la sentencia, los peticionarios solicitaron el relevo bajo la Regla 49.2 en julio de 2020. Argumentaron que no tuvieron su día en corte y hubo error en la presentación tardía de la reconsideración. El TPI denegó esta solicitud de relevo en agosto de 2020. Los peticionarios recurrieron esta denegatoria mediante certiorari. El tribunal revisó el recurso presentado. Se resuelve expedir el auto de certiorari. Finalmente, se confirma la Resolución recurrida del TPI que denegó el relevo de sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso sobre relaciones maternofiliales afectadas por la pandemia de COVID-19. La peticionaria, Viviana Colón Ortiz, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las relaciones con sus hijas menores en el estado de Florida. Estas relaciones estaban previamente establecidas en una sentencia de divorcio de 2014. El padre de las menores se opuso al viaje debido a los riesgos de contagio asociados a la pandemia, proponiendo que la madre visitara a las niñas en Puerto Rico. La madre argumentó que la pandemia no debía usarse para impedir su derecho a relacionarse con sus hijas. El Tribunal de Primera Instancia, ejerciendo su deber de proteger el bienestar de las menores, denegó el viaje a Florida considerando la situación de salud pública. El foro primario priorizó la seguridad de las menores ante las circunstancias cambiantes de la pandemia. La peticionaria recurrió esta decisión mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia, validando la decisión de no permitir el viaje a Florida dadas las circunstancias de la pandemia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La acción original fue presentada por Anastacio Román Serrano e Ivette Santiago Vélez contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su aseguradora por un robo ocurrido en 2016 en una oficina de la AAA, alegando negligencia en la seguridad. Años después, los demandantes enmendaron la demanda para incluir a St. James Security Services, Inc., identificada como la encargada del plan de seguridad. St. James solicitó la desestimación de la acción en su contra por prescripción, argumentando que fue incluida fuera del término legal y que la demanda contra la AAA no interrumpió el plazo para ellos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación de St. James. Mediante recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. El panel revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y desestimó, con perjuicio, la causa de acción presentada en contra de St. James.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000959, una apelación procedente de un caso de Divorcio. Las partes son Carmen Aminta Sánchez Lamoso (apelante) y Alan Paul Smythe Fuentes (apelado). La apelante informó al Tribunal el fallecimiento del apelado. Ante esta información, el Tribunal emitió inicialmente una Resolución el 14 de enero de 2021, considerando a la apelante por desistida y ordenando el archivo del recurso. La apelante solicitó posteriormente la rectificación de dicha Resolución. Pidió que, en lugar de tenerla por desistida, se desestimara el recurso por academicidad debido al fallecimiento. Atendiendo a esta solicitud, el Tribunal deja sin efecto la Resolución previa. Mediante esta Sentencia, el Tribunal decreta la desestimación del recurso al amparo de la Regla 83(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Steven A. Rodríguez Matías presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aibonito que declaró "No Ha Lugar" su solicitud para suprimir una confesión. El TPI concluyó que la confesión fue voluntaria, consciente e inteligente, y dio credibilidad al testimonio del fiscal. El peticionario también solicitó una orden para paralizar los procedimientos en el TPI, la cual fue denegada por el Tribunal de Apelaciones. Este foro requirió a la Oficina del Procurador General mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de certiorari. Se resolvió un asunto procesal sobre la notificación del recurso. El documento discute la naturaleza discrecional del remedio de certiorari y los criterios que el Tribunal considera para su expedición, conforme a la Regla 40 de su Reglamento. El caso principal en el TPI involucra cargos por Asesinato 1er Grado y violaciones a la Ley de Armas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Considera una petición para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de desestimación. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero por deudas de tarjetas de crédito presentada por Banco Popular contra los peticionarios. Los peticionarios alegaron la defensa de prescripción, argumentando que aplica el término de 3 años del Código de Comercio. Sostuvieron que las tarjetas se usaron para actividades comerciales y que la reclamación está prescrita desde el último pago en 2014. Banco Popular se opuso, afirmando que aplica el término de 15 años del Código Civil, independientemente del uso de las tarjetas. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Por tanto, se denegó el recurso y la moción en auxilio de jurisdicción. La decisión del foro primario de denegar la desestimación se mantiene.

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JMR Investments, Corp. solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Resolución denegó una solicitud de desestimación por prescripción presentada por JMR Investments. El caso original fue incoado por Scotiabank (luego sustituido por Bosco IX Overseas) buscando una sentencia declaratoria para corregir un error en la descripción de un inmueble en una escritura de hipoteca de 2002, lo cual impedía su inscripción registral. JMR Investments argumentó que la acción estaba prescrita bajo el término de 15 años para acciones personales. La parte demandante sostuvo que aplicaba el término de 20 años para acciones hipotecarias o que el término no había comenzado. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la acción buscaba enmendar un defecto registral en un documento público, lo cual no tiene un término prescriptivo específico y es responsabilidad del notario. Por tanto, el foro primario denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por JMR Investments.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Consejo de Titulares Urb. Lirios Cala, Inc. solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución aprobó la moción de desglose de costas y honorarios de abogado presentada por la demandada, Gloria Damaris Laureano Molina. La señora Laureano solicitó costas y honorarios tras prevalecer en el litigio original, luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara una sentencia sumaria a favor del Consejo y el Tribunal Supremo denegara expedir certiorari. El Consejo se opuso a la solicitud de costas, argumentando que fue presentada fuera del término jurisdiccional de 10 días tras la notificación de la sentencia apelativa. El TPI, no obstante, declaró con lugar la moción de la señora Laureano. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por el Consejo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del TPI que aprobó las costas y honorarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la adjudicación de la Subasta Núm. 012-2019-2020 del Gobierno Municipal de Canóvanas para servicios de diseño de ingeniería de un Centro Head Start. La recurrente, CVS Consultant and Project Management PR, PSC, impugnó la decisión de la Junta de Subastas de adjudicar el contrato al Arquitecto Wilfredo Boria Ortiz. CVS argumentó que hubo fallas procesales, que la propuesta ganadora estaba incompleta y que su propia evaluación fue injusta, particularmente en el criterio de experiencia. La subasta contó con la participación de cuatro licitadores, cuyas propuestas fueron evaluadas según criterios preestablecidos, donde la experiencia y los honorarios tenían un peso significativo. El Arquitecto Boria Ortiz obtuvo la puntuación más alta (86%), mientras que CVS recibió 75.5%. La Junta de Subastas justificó su decisión basándose en la puntuación obtenida y la experiencia del adjudicatario. Tras analizar los fundamentos presentados por CVS, el Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Finalmente, el Tribunal determinó confirmar la adjudicación de la subasta impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación relacionada con un pleito sobre sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños. Los demandantes originales, Se7ven LLC y Javier Aisa Victorero, apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal había desestimado el caso con perjuicio. La desestimación se basó en la determinación de que el tribunal carecía de jurisdicción. Esto se debió a la existencia de una cláusula de arbitraje en el contrato entre las partes. Los demandados habían solicitado la desestimación por esta razón. Aunque los demandantes solicitaron posteriormente un desistimiento sin perjuicio, el tribunal inferior optó por desestimar con perjuicio. La apelación cuestionaba tanto la desestimación con perjuicio como la conclusión sobre la falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari. El peticionario, Carlos Ortiz García, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su moción de desestimación basada en prescripción. El caso original fue presentado por Orlando Colón Miranda contra Bienes Colón Miranda, Inc. y otros, incluyendo a Ortiz García. La demanda busca la liquidación y disolución de la corporación, además de reclamar daños y perjuicios. El demandante alega que Ortiz García, como codemandado, realizó distribuciones de dividendos indebidas, retuvo información y fondos, y administró la entidad de forma negligente. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por Carlos Ortiz García.

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Comparecen ante este tribunal John Grazel, Inc. y Grazel Foundation, LLC para solicitar la revocación parcial de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia confirmó y puso en vigor laudos de arbitraje emitidos por el Negociado de Negociación y Arbitraje. Los laudos se relacionaban con el impago del bono de navidad para los años 2012 al 2016 y aportaciones al Plan de Bienestar. El Tribunal de Primera Instancia encontró a Grazel Foundation como patrono sucesor y responsable solidariamente con John Grazel por las cantidades adeudadas y honorarios de abogado. Los apelantes alegan que el TPI erró al poner en vigor laudos defectuosos y al conceder remedios bajo la Ley Núm. 180-1998, cuestionando la legitimación activa del Sindicato y la aplicabilidad de la ley. También impugnan la imposición de honorarios de abogado sobre la totalidad de las cantidades. Este tribunal acoge el recurso como certiorari. Se expide el auto solicitado y se anuncia que se modificará, en parte, el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación relacionada con el proceso de liquidación de Real Legacy Assurance Company. La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, accionista única de Real Legacy, recurre la decisión del tribunal primario que denegó su solicitud de intervención en el caso. El Comisionado de Seguros inició el proceso de rehabilitación y posterior liquidación de la aseguradora insolvente. Como parte de este proceso, el Comisionado obtuvo autorización judicial para terminar y liquidar el plan de retiro de empleados de Real Legacy, alegando falta de activos suficientes. La Cooperativa solicitó intervenir en el pleito de liquidación, enfocándose específicamente en asuntos del plan de retiro. Argumentó que el Comisionado manejó indebidamente los fondos del plan, afectando su liquidez y provocando una demanda federal en su contra por parte de beneficiarios. La Cooperativa sostuvo que su intervención era necesaria para obtener remedios relacionados con el plan. El Comisionado se opuso, indicando que el capítulo del Código de Seguros sobre liquidación prohíbe otras acciones civiles. El Tribunal de Apelaciones ha resuelto revocar la determinación del foro primario que denegó la intervención.

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Sentencia del 27 de enero de 2021 revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de partición y liquidación de sociedad legal de gananciales. El Sr. Edwin Coimbre Cartagena apeló la decisión del TPI que desestimó su reconvención contra la Sra. Nancy Rivera Ortiz. La Sra. Rivera había demandado la liquidación de la extinta sociedad conyugal tras el divorcio. El Sr. Coimbre, en su reconvención, reclamó daños y perjuicios millonarios contra la Sra. Rivera por supuestas actuaciones negligentes en la coadministración de los bienes gananciales durante el matrimonio. La Sra. Rivera solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando que tales reclamos no constituían una causa de acción bajo el Código Civil y estaban protegidos por la figura de la inmunidad conyugal. El TPI declaró ha lugar la moción de desestimación de la Sra. Rivera. Este Tribunal, al revisar la Sentencia Parcial, confirma la determinación del TPI. La decisión valida la desestimación de la reconvención por daños relacionados con la coadministración ganancial.