Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 16)

Resumen:

José Delgado Carrión presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la aplicación de bonificaciones a su sentencia. Previamente, había iniciado un trámite administrativo ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección con la misma finalidad. El recurso judicial fue presentado antes de que la división administrativa emitiera una determinación final sobre su solicitud. El propio recurrente reconoció la ausencia de un dictamen administrativo definitivo. El Tribunal de Apelaciones determinó que, al no existir una resolución final del foro administrativo, carecía de jurisdicción para entender en el asunto. Consideró que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma prematura. La falta de jurisdicción por prematuridad es un defecto insubsanable. En consecuencia, el tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestimó un Recurso de revisión presentado por Juan C. Martínez Crespo contra una Resolución de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la confirmación de una respuesta a su solicitud de remedio administrativo, relacionada con un alegado incidente con un oficial correccional y su posterior despido del trabajo en la cocina. El Tribunal autorizó la litigación in forma pauperis y prescindió de la comparecencia de la parte recurrida. Sin embargo, el recurrente no solicitó un remedio específico, no explicó cómo erró el foro administrativo ni incluyó documentos esenciales como la solicitud original, la respuesta del DCR o la solicitud de reconsideración. Ante estos defectos sustanciales y el incumplimiento con los requisitos procesales, el Tribunal determinó que no podía evaluar los méritos del caso. Por consiguiente, el recurso fue desestimado por incumplimiento con la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Este es un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Torre Marsella. El Consejo recurre una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 25 de octubre de 2024. Mediante dicha resolución, el DACo declaró con lugar las querellas consolidadas de dos cotitulares, Elving Visbal Castro y Edmundo Rosaly Marchany. El DACo declaró nula una enmienda al Reglamento del Condominio Torre Marsella que prohíbe los alquileres a corto plazo, definidos como términos de tres meses o menos. La enmienda fue aprobada en una Asamblea Ordinaria el 16 de septiembre de 2023 y posteriormente inscrita. Los querellantes ante el DACo argumentaron que la votación para la enmienda debía ser unánime y que la restricción violaba su contrato de compraventa. El Tribunal de Apelaciones, por las razones que expondrá, procede a revocar la Resolución recurrida del DACo.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Héctor Román Ortiz recurre una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la decisión del Comité de ratificar su nivel de custodia en mediana. A pesar de que la escala de clasificación arrojó una puntuación que sugería custodia mínima, el Comité aplicó una modificación discrecional. Esta modificación se fundamentó en la extrema gravedad y naturaleza de los delitos por los que cumple una sentencia de 198 años, incluyendo robo agravado, violación, sodomía y asesinato. El Comité argumentó que la puntuación subestimaba la severidad de los actos cometidos. El recurrente solicitó reconsideración, alegando haber completado un taller que debería reducir su puntuación. El Comité denegó la reconsideración, reiterando que la gravedad de los delitos y la extensa sentencia justifican la modificación discrecional. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal confirmó la decisión del Comité de mantener la custodia mediana.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución el 21 de marzo de 2025 en el caso KLCE202500283. El Tribunal examinó una petición de Certiorari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud De Paralización de Procedimientos presentadas por Oriental Bank, quien figura como peticionario-interventor. Estas acciones provienen de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, donde Banco Popular de Puerto Rico es demandante y la Sucesión de Manuel Guzmán Villalona es recurrida. El Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari y declaró No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. Adicionalmente, haciendo uso de su facultad reglamentaria, eximió a la parte recurrida de presentar un escrito en oposición al recurso de Certiorari. Se ordenó la notificación inmediata de la decisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400879. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apeló dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había encontrado a la AAA responsable por culpa in contrahendo en el proceso de negociación de un Request For Proposal (RFP) para un Sistema Computarizado de Gerencia de Mantenimiento (CMMS). También ordenó a la AAA resarcir a Juan J. Rigau Sepúlveda la suma de \$551,150.23 por daños precontractuales incurridos entre 1997 y 1998. La controversia se originó en una demanda de 1999 presentada por el señor Rigau, quien alegó haber participado en el proceso de licitación de 1996, ser favorecido y negociar por años sin que se formalizara el contrato. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó las sentencias apeladas del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso presentado por Master Link Corporation contra LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica. Master Link apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Petición de Injunction. La petición original buscaba detener la adjudicación de contratos de licitación por parte de LUMA, alegando falta de notificación adecuada a los licitadores no agraciados. Master Link argumentó que esta falta de notificación impidió su derecho a solicitar reconsideración y acceder a información relevante. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción por considerarla prematura y académica. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, determina que carece de jurisdicción. Concluye que el recurso de apelación se tornó académico. Por tanto, desestima el recurso presentado por Master Link Corporation.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una apelación presentada por la Asociación Cívica de Villa Capri, Inc. y Olga Lizette Grillasca. La apelación provenía de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que denegó una solicitud de injunction. La Asociación y la señora Grillasca habían demandado a Myrna Rodríguez Rivera, alegando que continuaba ejerciendo funciones como presidenta de la Junta Directiva de ACVC tras haber sido supuestamente destituida por la Junta. Alegaron que la señora Rodríguez Rivera infringió el reglamento, no acató decisiones de la Junta, interfirió con actividades y se negó a devolver documentos y bienes de la asociación. La demanda buscaba una orden judicial para impedirle actuar como presidenta, obligarla a devolver la propiedad (incluyendo una chequera) y cancelar una asamblea que ella convocó. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de injunction preliminar y permanente. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el proceder del foro recurrido, manteniendo la denegación del injunction.

Resumen:

La parte apelante, Perfiles De Aluminio Inc. y otros, solicita la revocación de una Sentencia en rebeldía dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. La apelada, Commercial Equipment Finance Inc., presentó una demanda de cobro de dinero y reposesión de garantía. Perfiles no contestó la demanda dentro del término, aunque solicitó prórrogas alegando negociaciones extrajudiciales y la necesidad de obtener detalles de la deuda. Commercial solicitó y obtuvo la anotación de rebeldía y posteriormente una sentencia a su favor. Perfiles pidió dejar sin efecto la rebeldía, argumentando buena fe en las negociaciones, intentos de pago y falta de información por parte de la apelada. El Tribunal de Primera Instancia denegó levantar la rebeldía, considerando que las excusas de Perfiles no justificaban el incumplimiento procesal. El foro primario dictó sentencia en rebeldía, dando por admitidas las aseveraciones de la demanda y concluyendo que la deuda era líquida y exigible. Perfiles recurre ahora esta decisión ante el tribunal apelativo.

Resumen:

Un panel integrado por los Jueces Figueroa Cabán, Salgado Schwarz y Monge Gómez revisó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha Sentencia declaró No Ha Lugar la demanda presentada por el doctor Edgar J. Vázquez González contra MCS Health Management Options, Inc., MCS Advantage, Inc. y Medical Card System, Inc. El Dr. Vázquez demandó por sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios. Alegó que MCS incumplió el contrato al variar unilateralmente los términos de compensación, específicamente reteniendo un 2% de los pagos por servicios a asegurados de Medicare Advantage. MCS sostuvo que no incumplió el contrato y que la regulación federal de Medicare Advantage prevalece sobre la ley local. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones del Dr. Vázquez. El panel apelativo consideró la controversia. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Se apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de división de comunidad post ganancial. El TPI desestimó la reclamación al considerarla una moción de relevo de sentencia tardía. El apelante presentó la demanda años después de su divorcio, alegando convivencia e inversiones posteriores bajo creencia de reconciliación. Impugna el acuerdo de divorcio que estipulaba la donación de una propiedad a sus hijas. Alega que no tuvo representación legal ni orientación adecuada, quedando en desventaja económica. La apelada solicitó la desestimación, argumentando que la reclamación era una moción de relevo extemporánea. Sostuvo que los bienes fueron divididos en el divorcio y que las estipulaciones tienen efecto de cosa juzgada. La apelada rechazó la alegación de desventaja, indicando que el apelante retuvo otros bienes. El apelante replicó que fue inducido a firmar los acuerdos y busca remedio sobre la liquidación de bienes. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedió la desestimación de la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por el Estado Libre Asociado. El recurso busca revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que impugnó la confiscación de un vehículo. El vehículo fue incautado por la Policía de Puerto Rico debido a violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Popular Auto, LLC, que tenía un gravamen sobre el vehículo, y la aseguradora, impugnaron la confiscación. Argumentaron que el ELA no cumplió con los requisitos de notificación de la Ley de Confiscaciones y que calificaban como terceros inocentes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Popular Auto, declarando nula la confiscación y ordenando la devolución del vehículo. El ELA apeló, sosteniendo la legalidad de la confiscación y negando el estatus de tercero inocente a los apelados. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso de certiorari presentado por la Sucesión Gonzalo Manuel Jara Salazar. La Sucesión solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los peticionarios en un caso de ejecución de hipoteca. Oriental Bank inició el pleito por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Jara-Molina y Mors, Inc. La Sucesión, al suceder al Sr. Jara, argumentó que la escritura de hipoteca era nula. Alegaron que la notario modificó unilateralmente la identidad del deudor mediante una nota sin notificarles. Sostuvieron que no se documentó la cesión del inmueble como garantía. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la Sucesión. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el certiorari solicitado.

Resumen:

Donato Mercado Rivera solicita al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de fianza. La petición surge en el marco de un proceso de revocación de probatoria. Mercado Rivera fue sentenciado en mayo de 2022 por Agresión Grave y posesión de armas, recibiendo sentencia suspendida. En julio de 2022, el Ministerio Público pidió revocar la probatoria por alegadas nuevas infracciones, lo que llevó a su arresto sin fianza. Aunque los cargos iniciales que motivaron la revocación no prosperaron en vista preliminar, un caso separado por armas ocupadas al arresto continuó. La vista de revocación se ha pospuesto repetidamente. El peticionario ha solicitado fianza en varias ocasiones, siendo denegado por el TPI, incluyendo la resolución del 7 de enero de 2025 que ahora recurre. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega expedir el certiorari solicitado.

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Una parte compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante un recurso discrecional de Certiorari. La peticionaria solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria por falta de Relación Causal. Alegó que el TPI erró al denegar su moción, entendiendo que no existían hechos en controversia sobre su participación. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Tras examinar la Resolución del TPI, concluyó declinar la invitación a intervenir. El panel apelativo entendió que la magistrada del TPI no abusó de su discreción ni erró en derecho. Consideró que era prematuro concluir la ausencia de relación causal en esa etapa del procedimiento judicial. No encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por los fundamentos expresados, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El señor Roberto Quiñones López presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de dejar sin efecto una sentencia de 2009. El peticionario alegó que la sentencia por infracciones a la Ley de Armas y el Código Penal fue impuesta ilegalmente, con duplicación de pena y sin considerar atenuantes. El Estado solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento del peticionario con la notificación requerida. El Tribunal de Apelaciones declaró sin lugar la solicitud de desestimación del Estado. Sin embargo, tras examinar el recurso y la resolución del foro primario, el Tribunal concluyó que el peticionario no demostró error ni abuso de discreción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Un recluso, Daniel Rivera Colón, presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugna una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relacionada con su dieta médica. Rivera Colón solicitó inicialmente un remedio administrativo alegando problemas con su dieta alta en fibra prescrita por condiciones médicas. El DCR respondió que no había recibido una orden médica renovada. Tras una solicitud de reconsideración, el DCR emitió una resolución indicando que la dieta alta en fibra e hipoglucémica estaba activa. La resolución aclaró que la nutricionista determina los alimentos específicos, no limitándose solo al pan integral. Inconforme, Rivera Colón acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando dilación en la atención médica. El DCR solicitó la desestimación del recurso por academicidad, alegando que la dieta ya estaba activa. El tribunal ha evaluado el expediente y las comparecencias de las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un miembro de la población correccional, solicitó un remedio administrativo alegando que se le impidió ir a trabajar en represalia por una querella previa y pidió una investigación. El DCR desestimó la solicitud inicial citando incumplimiento procesal y la inclusión de opiniones no relacionadas con remediar su confinamiento. El recurrente solicitó reconsideración, reiterando los detalles y la necesidad de una investigación interna. El DCR denegó la reconsideración, señalando una evaluación médica que recomendaba no realizar labores exteriores, pero mencionando la posibilidad de un trabajo interior futuro. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando violación al debido proceso, decisión arbitraria basada en una condición médica no diagnosticada y el no reconocimiento de una determinación del Fondo del Seguro del Estado. El Tribunal, por los fundamentos que expondrá, confirma la determinación administrativa recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el recurso de revisión incoado por Luis Collazo Torres contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó una resolución disciplinaria que lo halló culpable de infringir códigos por uso de tecnología y amenazas. La querella se originó por un mensaje amenazante recibido en Facebook por un teniente. La identificación del recurrente se basó exclusivamente en la foto de perfil asociada al mensaje, a pesar de que el nombre del perfil era diferente. Durante la vista disciplinaria, el teniente querellante admitió no tener certeza de que el recurrente fuera quien envió el mensaje. El recurrente negó su participación y argumentó la falta de prueba concluyente. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Consideró que la identificación basada únicamente en la foto de perfil, con la admisión de duda del querellante, era insuficiente. Por tanto, el Tribunal revocó la resolución disciplinaria apelada.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de revisión presentado por Wanda I. Robles Vélez contra una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La señora Robles Vélez impugna la resolución de la OGPe que autorizó la intervención de Naidez Casalduc Lugo en un proceso administrativo sobre un permiso único. La OGPe solicitó la desestimación del recurso, argumentando que la resolución recurrida no era una decisión final de la agencia y, por tanto, el recurso era prematuro. El Tribunal consideró la aplicabilidad de la decisión del Tribunal Supremo en el caso *Edward Simpson*, que trató sobre la revisibilidad de la denegatoria de intervención administrativa. La recurrente sostuvo que lo resuelto en *Simpson* era aplicable a la concesión de intervención. La OGPe, por su parte, argumentó que la concesión de intervención es distinguible de su denegatoria y no constituye una resolución final susceptible de revisión judicial inmediata. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones administrativas está limitada por ley a las órdenes y resoluciones finales de las agencias, conforme a la Ley de la Judicatura y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. La sentencia resuelve la controversia sobre si la resolución de la OGPe que concedió la intervención posee la naturaleza de finalidad requerida para la revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por la Junta de Retiro del Gobierno. La Junta apeló la Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó parcialmente su demanda de ejecución de hipoteca contra la sucesión de Ángel Manuel López Torres y Marta Osorio Cepeda. La disputa central radicaba en si un seguro de vida hipotecario extinguió la deuda tras el fallecimiento del Sr. López Torres. La parte demandada argumentó la existencia del seguro, mientras la Junta de Retiro alegó su previa cancelación por atrasos en los pagos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que procedía la desestimación parcial, denegó la solicitud de sentencia sumaria de la Junta y ordenó la cancelación del pagaré y la hipoteca. La Junta de Retiro recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los argumentos y fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado.

Resumen:

El apelante, B&N Asset Management Group LLC h/n/c Marisquería La Atlántica, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido del señor Luis A. Cortés García. El señor Cortés García demandó bajo la Ley 80 de 1976, alegando que fue despedido sin justa causa por negarse a vacunarse contra el COVID-19. El apelante sostuvo que el despido fue justificado por incumplir la política de vacunación de la empresa. Tras un proceso judicial que incluyó descubrimiento de prueba y solicitudes de sentencia sumaria, el TPI determinó que el despido fue injustificado. Posteriormente, el TPI dictó Sentencia condenando al apelante al pago de mesada y honorarios de abogado. El apelante alega que el TPI erró al concluir que el despido fue injustificado y que la política de vacunación obligatoria era irrazonable. El apelado, por su parte, solicitó la desestimación del recurso por supuesta notificación tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Christian J. Francis Martínez contra el Poder Judicial/OAT. El recurso busca la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó y desestimó su solicitud de acceso a grabaciones de vistas judiciales. El foro primario determinó que la solicitud debía tramitarse bajo la Regla 28 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, no bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). El señor Francis Martínez argumentó que las grabaciones son documentos públicos accesibles bajo la Ley 141-2019, sin las limitaciones de la Regla 28. La OAT solicitó la desestimación, alegando que el recurso bajo la Ley 141-2019 se usaba para eludir una denegatoria previa bajo la Regla 28. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari, expidió el auto y revocó la resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en el caso de certiorari presentado por José Edison Feliciano, Melissa Pinet y su sociedad legal de gananciales contra Juan Carlos Rodríguez Alfonso. Los peticionarios recurrieron una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha moción se fundamentaba en que el recurrido no respondió oportunamente a un requerimiento de admisiones, lo que, según ellos, implicaba la admisión de hechos esenciales y justificaba la desestimación del pleito de cobro de dinero. El recurrido se opuso, alegando la existencia de controversias fácticas sustanciales sobre varios puntos medulares del caso. El TPI denegó la sentencia sumaria y una moción de reconsideración posterior, al determinar que existían controversias reales y sustanciales sobre hechos relevantes. Los peticionarios alegaron en su certiorari que el TPI erró al no avalar la sentencia sumaria basada en las admisiones tácitas y al no acoger la reconsideración. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del auto de certiorari solicitado.

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La Sra. Patricia Odasz Castrillo apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de partición de herencia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la demanda presentada por Walter Odasz Castrillo. El foro primario condenó solidariamente a la Sra. Mazzuca y a Robert Odasz a pagar \$53,851.45 a favor del Sr. Walter Odasz Castrillo. El caso involucra la herencia de su madre, la Sra. Molly Odasz, quien instituyó a sus tres hijos como herederos universales. La Sra. Mazzuca, también nombrada albacea, había presentado mociones de desestimación y sentencia sumaria que fueron denegadas previamente. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, anticipa confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se identifica con el número KLAN202300814.

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Sentencia de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, atendiendo un recurso de apelación presentado por Inmobiliaria Baleares CXA, Corp. La apelación busca la revisión de una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de cobro de dinero de Inmobiliaria. La controversia central es si una transferencia de \$195,000 de Inmobiliaria a la Licenciada Sheila Li Benabe González fue un préstamo, como alega Inmobiliaria, o una donación, según sostiene la Lcda. Benabe. Inmobiliaria demandó alegando un préstamo para la adquisición de un inmueble. La Lcda. Benabe presentó un contrato de donación para sustentar su posición, cuya validez es cuestionada por Inmobiliaria. El foro de instancia concedió la Sentencia Sumaria a favor de los demandados, al entender que Inmobiliaria no probó la existencia de una deuda exigible. Inmobiliaria argumentó en oposición que la validez del contrato de donación requería la presentación de prueba testimonial. Tras revisar el caso, el panel apelativo determinó revocar la Sentencia Sumaria recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Doris Jeannette Correa Ledée impugna la determinación del Negociado de Seguridad de Empleo que la declaró inelegible a los beneficios del PUA bajo la Ley CARES. La inelegibilidad se basó en la insuficiencia de documentos para verificar su empleo o trabajo por cuenta propia. Tras apelar, se señaló una audiencia telefónica ante un árbitro del DTRH, a la cual la recurrente no compareció. El Secretario del DTRH confirmó la inelegibilidad, al considerar que la excusa de la recurrente por no asistir a la audiencia (problemas con notificaciones por correo y email) no constituía justa causa. La recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones alegando error en la determinación sobre su incomparecencia. El Tribunal, tras revisar el expediente, confirma la Resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso de Certiorari presentado por Jagadi Rodríguez Canales. El peticionario solicitó la revocación de Órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitidas el 20 de diciembre de 2024 (aparentemente 2023). Estas Órdenes surgieron tras la desestimación de casos criminales contra el peticionario por infracciones a la Ley 54 (violencia doméstica) y la Ley 168 (armas). La acusación por Ley 54 fue desestimada por insuficiencia legal y la de Ley 168 por violación a los términos de juicio rápido. Luego de las desestimaciones, el peticionario solicitó la devolución de su licencia de armas y la supresión de información de los sistemas judiciales. El TPI ordenó la supresión de la información, pero determinó que el proceso de devolución de la licencia de armas debía gestionarse ante la Policía de Puerto Rico. El peticionario recurrió en Certiorari la determinación del TPI sobre la licencia de armas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó las Órdenes recurridas del TPI.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso involucra a José A. Santiago Tanco, quien presentó un recurso de revisión administrativa. El recurrente solicitó la revisión de una denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la liquidación de su sentencia. Previamente, el Departamento había denegado su solicitud de aclaración y una posterior reconsideración administrativa. El recurrente alegó que la denegatoria de reconsideración le fue notificada el 22 de enero de 2025. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Citando principios legales establecidos, el Tribunal afirmó que la jurisdicción es fundamental y su ausencia no puede ser subsanada. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso de revisión presentado. Por consiguiente, sin entrar en los méritos de la controversia sobre la sentencia, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta exclusivamente en la falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central gira en torno a una transferencia de \$195,000 de Inmobiliaria Baleares CXA, Corp. a la Licenciada Sheila Li Benabe González. Inmobiliaria alega que fue un préstamo para la adquisición de un inmueble, mientras que la Lcda. Benabe sostiene que fue una donación y presentó un contrato que Inmobiliaria disputa. Inmobiliaria presentó una demanda de cobro de dinero, la cual fue contestada por la Lcda. Benabe y otros codemandados. Posteriormente, los demandados solicitaron sentencia sumaria, argumentando la falta de prueba de una deuda exigible. El foro de instancia declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria y desestimó la demanda. Inmobiliaria apeló esta determinación. El panel apelativo, tras revisar los fundamentos del caso, revocó la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Milca Torres Hernández y otros contra el Colegio Rosa-Bell y otros. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la deposición del matrimonio Hugo Durant y Freya Antonmattei. La demanda original es por daños y perjuicios, alegando incidentes de acoso escolar y agresión contra la hija menor de los peticionarios en el Colegio Rosa-Bell, que llevaron a la renuncia de la madre como maestra y la remoción de las hijas. Se alega que el menor P.D.A., hijo del matrimonio Durant-Antonmattei, estuvo involucrado en actos de agresión contra la menor. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la deposición del matrimonio Durant-Antonmattei, pero luego la canceló a petición de estos, quienes argumentaron no ser partes y no tener conocimiento personal. Los peticionarios se opusieron, destacando la relevancia de su testimonio. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.

Resumen:

Benjamín López Acevedo compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante certiorari. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó reducir su pena bajo el Artículo 67 del Código Penal. El Tribunal de Apelaciones recordó que el certiorari es un vehículo extraordinario que requiere el cumplimiento de reglas procesales específicas. Se señaló que el recurso debe incluir hechos, señalamientos de error, discusión legal y un apéndice con documentos relevantes. En este caso, el peticionario presentó el recurso de manera incompleta. Omitió documentos, argumentos, fundamentos y citas legales necesarios para evaluar la controversia. Ante la insuficiencia de información, el Tribunal determinó que carecía de la facultad jurisdiccional para expedir el auto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el señor López Acevedo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Varios recurrentes impugnan una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución aprobó la Consulta de Ubicación solicitada por Central Waste Services, Inc. La consulta autoriza el uso de un terreno en Arecibo como distrito Industrial Especializado (I-E). El terreno contaba previamente con una consulta aprobada en 2010 para usos Industrial Liviano (I-L) y Comercial Intermedio (C-I). Central Waste propuso establecer un centro de reciclaje de desperdicios de construcción no peligrosos. Los recurrentes solicitaron la revisión del dictamen administrativo que aprobó este cambio de uso. Tras evaluar los antecedentes del caso y el proceso administrativo, el Tribunal confirma la decisión de la OGPe.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que concedió una sentencia sumaria a favor de Physician Correctional en un pleito de daños y perjuicios instado por Eliezer Santana Báez. El señor Santana Báez demandó a Physician Correctional en 2020 alegando negligencia médica y reclamando una compensación económica. El TPI desestimó la demanda al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Physician Correctional. El señor Santana Báez apeló esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones autorizó al apelante a litigar como indigente y denegó una moción de desestimación presentada por Physician Correctional. La parte apelada argumentó en su oposición que el apelante no refutó los hechos incontrovertidos ni demostró un nexo causal entre sus acciones y el daño alegado. El Tribunal acogió el recurso como Apelación, dado que la sentencia del TPI puso fin al caso, y procede a evaluar los méritos de la decisión recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una Petición de Certiorari presentada por Karina Gallardo Troche. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración de una Resolución previa. Esa resolución anterior había denegado su Moción de Relevo de Sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. En su moción de relevo, la señora Gallardo Troche argumentó la nulidad de la sentencia original por alegadas violaciones al debido proceso. Adujo que no se consideraron sus derechos ni los de su hijo como ocupantes y arrendatarios de la propiedad, ni el derecho de hogar seguro de su hijo. Sostuvo que debieron ser acumulados al pleito como partes indispensables. Aunque el foro primario denegó la moción de relevo y su reconsideración, posteriormente ordenó la paralización de los procedimientos de ejecución de sentencia a solicitud de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso y el historial del caso, determina denegar la expedición del recurso de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de alimentos para menores. El peticionario, Jaime L. Frontera Tacoronte, recurre en Certiorari contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. La Orden denegó su Moción urgente para desestimar la demanda de alimentos. El peticionario alegó que no fue emplazado dentro del término de 120 días desde la primera citación. La demanda fue presentada en octubre de 2024 por Ydashia E. Quevedo Padua. Se emitieron varias citaciones sin éxito de comparecencia del peticionario. El diligenciamiento personal de la citación y demanda se realizó en febrero de 2025. El peticionario sostuvo que este diligenciamiento fue tardío según la Regla 4.3(c). El foro primario rechazó su argumento de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación, prescindiendo de la comparecencia de la recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Synergy Factory, LLC. Synergy solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. Dicha Orden impuso una sanción de $200.00 a Synergy. La sanción se debió a la incomparecencia de su representante legal a la Conferencia Inicial señalada para el 23 de enero de 2025. La conferencia se originó en una demanda presentada por MS Distributors LLC contra Synergy por alegadas violaciones de secretos comerciales, deberes corporativos, e incumplimiento de contrato, entre otros. La fecha de la conferencia había sido reseñalada a solicitud de Synergy y confirmada como presencial. El día previo a la vista, se presentaron mociones solicitando videoconferencia o explicando la imposibilidad de comparecer presencialmente. El foro primario denegó la solicitud de videoconferencia y procedió a sancionar por la incomparecencia. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Synergy.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Apelación presentado por Zoryleen Llanos Ferrer y otros. La apelación impugna una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, emitida el 13 de noviembre de 2024. Dicha Resolución declaró Ha Lugar una Moción de Reconsideración del Estado Libre Asociado (ELA). Consecuentemente, enmendó una Sentencia previa para que el desistimiento de ciertas alegaciones (14 a 54) fuera con perjuicio, mientras que para otras (55 en adelante) se mantuviera sin perjuicio. El caso original, iniciado el 22 de julio de 2023, versa sobre reclamaciones al amparo de la Ley de Represalia en el Empleo (Ley Núm. 115-1991) y daños y perjuicios. Los demandados, incluyendo el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Justicia, presentaron mociones de desestimación alegando falta de jurisdicción, agotamiento de remedios administrativos e incumplimiento con el requisito de notificación bajo la Ley Núm. 104. La parte apelada, representada por el Procurador General, presentó su alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones da por perfeccionado el recurso y procederá a evaluar la corrección de la enmienda al desistimiento decretada por el foro primario.

Resumen:

Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que desestimó una Querella presentada por la apelante, Sra. Milly A. Morales Kuilan. La apelante había demandado a Grupo Epem Corp. alegando despido injustificado y discrimen en el empleo, principalmente por razón de sexo, invocando varias leyes laborales. Sostuvo que fue despedida sin justa causa tras dos años de servicio satisfactorio, citando cambios arbitrarios en políticas y un patrón discriminatorio contra las féminas. Reclamó diversas sumas por concepto de discrimen, mesada, vacaciones, comisiones, horas extras y daños. Grupo Epem negó las alegaciones, afirmando que el despido fue por justa causa debido a bajo desempeño y que las políticas aplicaban por igual. La apelada también argumentó que las alegaciones eran insuficientes y que el procedimiento sumario utilizado no era aplicable. El foro primario desestimó la Querella al amparo de la Regla 39.2(C) de Procedimiento Civil. El panel revisor, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. El recurrente, Aníbal J. Mendín Sánchez, impugna una decisión administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La disputa se originó por una objeción a una factura de agua en febrero de 2023. Tras varias etapas de revisión administrativa solicitadas por el recurrente, la AAA emitió una carta en diciembre de 2024. En esta comunicación, la AAA declaró extemporánea la solicitud de vista administrativa presentada por el recurrente en mayo de 2023. La AAA consideró que la determinación administrativa previa era final e inapelable. Adicionalmente, la AAA informó un balance adeudado de \$1,104.64 y requirió el pago en diez días bajo apercibimiento de suspensión del servicio. El recurrente presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 17 de enero de 2025. Busca la intervención judicial para revisar las determinaciones administrativas de la AAA.

Resumen:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez (GURACOOP) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de cobro de dinero ordinario contra Rafael David Bou Aquino. El TPI fundamentó la desestimación en que la demanda debía radicarse conforme a la Regla 60 de Procedimiento Civil. GURACOOP argumentó que la propia Regla 60 le permitía elegir el procedimiento ordinario para su reclamación, la cual no excedía de \$15,000, y que así lo había indicado expresamente en su demanda. Tras la desestimación, GURACOOP presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada. GURACOOP entonces acudió al Tribunal de Apelaciones. Este recurso sigue a un intento de apelación previo que fue declarado prematuro. El Tribunal de Apelaciones determinó que en esta ocasión sí tiene jurisdicción para dilucidar los méritos de los señalamientos de error presentados por GURACOOP.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió esta sentencia el 19 de marzo de 2025. El panel estuvo compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Salgado Schwarz y Rodríguez Flores. Se atendió una Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la parte apelante, Desarrolladora San Judas, Inc. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó una Sentencia de desistimiento. Este desistimiento es con perjuicio, lo que impide la radicación futura del mismo asunto. Se ordenó el cierre y archivo definitivo del presente procedimiento de apelación. La decisión se fundamenta en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso sobre liquidación y división de comunidad de bienes. El caso enfrenta a Fior Daliza Félix Rodríguez y Ramón Ortiz Romero, quienes convivieron por 13 años y adquirieron propiedades. La disputa se centra en la división de dos lavanderías ubicadas en Plaza del Norte y Barrio Obrero, y las rentas de un apartamento. El Tribunal de Primera Instancia determinó la existencia de una comunidad de bienes, adjudicando a cada parte el 50% del valor de las lavanderías, supeditando el pago a la tasación de una de ellas. El demandado apeló dicha sentencia, negando algunas alegaciones de propiedad y presentando una reconvención por rentas. La demandante contestó la reconvención, alegando que las rentas cubrieron gastos y que una lavandería operaba en déficit. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones procede a modificar el dictamen apelado.

Resumen:

El señor Ángel M. Santiago Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de desestimación en un caso criminal. El foro primario también declaró sin lugar una solicitud de reconsideración presentada por el peticionario. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del certiorari, argumentando que fue presentado tardíamente. Alegó que la moción de reconsideración no tuvo efecto interruptor del término para acudir en certiorari. El peticionario presentó evidencia de que su moción de reconsideración fue depositada en el correo dentro del término hábil. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos de ambas partes sobre la oportunidad del recurso. La corte concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir en el caso. Por consiguiente, se desestimó el recurso de certiorari instado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. David Jiménez Toro apeló la desestimación de un Mandamus contra el Departamento de Educación (DEPR). El Mandamus buscaba obligar al DEPR a pagar honorarios de abogado. Estos honorarios fueron concedidos por el Foro Administrativo de Educación Especial en un caso relacionado con servicios para su hijo menor. Una resolución de mayo de 2024 ordenó al DEPR pagar $2,500 en 30 días laborales. El DEPR incumplió con el pago dentro del término. Ante esto, el apelante presentó el Mandamus en el Tribunal de Primera Instancia, el cual fue desestimado. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de desestimación. El caso se devuelve al foro primario para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Comparece ante este foro el Sr. Faustino García Abislaimán solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden permitió que la deposición de la Sra. Dagmar María Rivera Dávila se realizara mediante videoconferencia. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios y enriquecimiento injusto presentada por el Sr. Faustino García Rivera contra el peticionario, relacionada con un inmueble. El peticionario contestó la demanda, alegando que la compraventa fue simulada y que la propiedad le pertenece a él y a la Sra. Rivera Dávila, presentando una reconvención y demanda contra tercero contra ella. La Sra. Rivera Dávila contestó la demanda contra tercero, planteando defensas afirmativas. El peticionario impugnó la modalidad de la deposición de la Sra. Rivera Dávila. Tras revisar la solicitud, el panel judicial denegó expedir el auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Villas de Paseosol. Este recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y daños. La resolución recurrida denegó la Moción de Desestimación de Reconvención presentada por el Consejo de Titulares contra los demandados, Luis G. Cabrera Medina y otros. El peticionario alegó que el foro primario erró al no desestimar la reconvención por prescripción. Tras examinar el expediente y la oposición de los recurridos, el Tribunal de Apelaciones consideró que no procedía intervenir en esta etapa del caso. Se determinó que no era el momento procesal adecuado para la revisión interlocutoria solicitada. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Consejo de Titulares.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una impugnación de confiscación de dinero. El apelado, Víctor I. Ruiz Santos, desafió la confiscación de $2,149.99, alegando notificación defectuosa. El Tribunal de Primera Instancia le dio la razón, declarando ha lugar su moción de sentencia sumaria y anulando la confiscación. El Gobierno apeló esta decisión, argumentando que el foro primario carecía de jurisdicción porque la impugnación no se presentó dentro del término de 30 días que establece la ley. El apelado sostuvo que la notificación se envió a una dirección postal no vigente y que el Gobierno debió usar su dirección actualizada. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria del foro primario. Consecuentemente, se desestima la Demanda presentada por el señor Ruiz Santos por falta de jurisdicción.

Resumen:

La presente resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Jaime Augusto Doorly Abreu contra ALROSS LLC en un pleito de cobro de dinero. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba. Dicha solicitud buscaba obtener información sobre acuerdos, facturas o depósitos entre la parte demandada ALROSS y terceros, particularmente suplidores. El caso principal se basa en la reclamación del peticionario a un 30% de las comisiones generadas por ALROSS, según un acuerdo escrito. El señor Doorly Abreu sostiene que necesita la información de terceros para calcular correctamente el total de comisiones y la deuda pendiente. ALROSS se opuso al descubrimiento, argumentando que era excesivamente amplio y buscaba información comercial privilegiada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de información de terceros, decisión que mantuvo al denegar la reconsideración. El peticionario alega que esta denegación de descubrimiento es un error que impide probar su reclamación. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la petición de certiorari y la oposición presentada por ALROSS.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La peticionaria, Laura I. Correa López, presentó un recurso de certiorari. Solicitaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su moción para enmendar la demanda. La demanda original reclamaba daños por una caída en las instalaciones de Rooms To Go. La moción denegada buscaba añadir nuevas alegaciones y partidas de daños a la reclamación. Los recurridos se opusieron a la enmienda, argumentando falta de diligencia y perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la enmienda en esa etapa del proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del certiorari solicitado por la peticionaria.