Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 159)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Joan Rivera Torres contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelante solicitó la revocación de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños contractuales. La Sra. Rivera demandó a Mapfre alegando que la aseguradora le negó cubierta por daños sufridos tras el huracán María. Mapfre argumentó que cumplió sus obligaciones y que la reclamación se extinguió al aceptar la apelante un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, concluyendo que la Sra. Rivera aceptó y cobró los cheques de pago sin expresar desacuerdo. La sentencia del Tribunal de Apelaciones detalla los hechos del caso, incluyendo la póliza, la reclamación, el ajuste realizado por Mapfre y la recepción de los pagos por la apelante. No obstante, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la sentencia sumaria apelada. La decisión implica que el caso no debió ser desestimado en la instancia inferior. Los fundamentos específicos para esta revocación se detallarán posteriormente en la sentencia.

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Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por Yanixa Yambó Meléndez. La peticionaria solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución, emitida en diciembre de 2020, ordenó el inicio de las relaciones paterno filiares entre el padre, Dennis Correa Morales, y el hijo menor de las partes. El TPI ordenó cumplir con las visitas de fines de semana alternos con pernoctación, según la sentencia de divorcio de 2019, bajo pena de desacato. La madre había solicitado previamente la paralización o modificación de las visitas. Alegó preocupaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 y la necesidad de un estudio social. El padre se opuso, señalando el alegado incumplimiento previo de la madre. La peticionaria argumenta que el TPI erró al ordenar el inicio de las relaciones sin un estudio social, dadas las circunstancias cambiadas.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el confinado Kelvin M. Ortiz Pagán para solicitar la revocación de una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo halló incurso en cinco actos prohibidos del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Los cargos se originaron por su presunta participación en una trifulca entre confinados ocurrida el 14 de junio de 2020 en la Institución Guayama 500. Se le imputaron violaciones relacionadas con agresión, pelea, incitación y participación en disturbios, y violación de reglas de seguridad. Como sanción, el DCR le suspendió varios privilegios por cuarenta días. El recurrente argumentó, entre otras cosas, que la investigación incumplió los términos reglamentarios y que no se presentó la evidencia de video utilizada para identificarlo. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en la sentencia, desestima el recurso de revisión presentado por el señor Ortiz Pagán.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Gerardo Colón Rosado contra el Departamento de Corrección. El apelante, un confinado, demandó en el Tribunal de Primera Instancia reclamando daños a su salud por la calidad de los alimentos. El TPI desestimó la demanda, entendiendo que el apelante ya había litigado los mismos hechos mediante remedios administrativos que advinieron finales y firmes. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la doctrina de agotamiento de remedios no aplicaba al reclamar daños monetarios. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, determinó que no tenía jurisdicción para considerar el recurso. La falta de jurisdicción se fundamentó en que el apelante no pagó los aranceles judiciales requeridos por ley. Tampoco solicitó una exención del pago de dichos aranceles. La ley y la jurisprudencia establecen que la falta de pago de aranceles torna nulo e ineficaz un escrito judicial. Por consiguiente, el recurso fue resuelto sin ulterior trámite debido a este incumplimiento procesal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución en un caso de certiorari relacionado con un injunction posesorio. La petición fue presentada por la Sucesión del Dr. Carlos Tartak Tartak y otros contra Catalina Tartak Michael y otros. El recurso buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari presentada y la oposición de la parte recurrida. Se recordó el estándar para intervenir con la discreción del foro primario, que requiere un craso abuso o error sustancial que cause perjuicio. Tras la evaluación, el Tribunal concluyó que la parte peticionaria no logró persuadir que el foro primario hubiera cometido error alguno. Por lo tanto, no se justificó la intervención apelativa en esta etapa de los procedimientos. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de Certiorari presentada por Jaime Omar Serra Hernández. El peticionario solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Mediante dicha moción, Serra Hernández buscaba la corrección de su sentencia de 2012 por cargos que incluían tentativa de asesinato e infracciones a la Ley de Armas. Alegó que se aplicaron agravantes indebidamente y se utilizó un artículo supuestamente inconstitucional de la Ley de Armas. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari. La corte determinó que el peticionario no presentó evidencia de haber notificado al Procurador General ni aportó prueba o base legal que sustentara sus reclamos sobre la ilegalidad o inconstitucionalidad de su sentencia. El tribunal concluyó que no le asistía la razón al peticionario y reafirmó la discreción del foro primario en sus determinaciones.

Resumen:

Cheiro I. Vargas Justiniano comparece ante un panel judicial solicitando la revisión de fallos de culpabilidad emitidos en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. Dichos fallos, por tres infracciones al Código Penal y una a la Ley Núm. 54, resultaron de un juicio celebrado en julio de 2020, pero aún no se ha dictado sentencia. El peticionario alega que la prueba presentada fue insuficiente y que su representación legal fue inadecuada, solicitando la anulación de los fallos y su absolución. El panel judicial, tras evaluar el recurso, emite una Resolución. En ella, DESESTIMA el recurso de certiorari presentado por Vargas Justiniano. La razón principal para la desestimación es la falta de jurisdicción del panel para atender los méritos del caso en este momento procesal.

Resumen:

Este documento detalla una disputa legal sobre un incumplimiento de contrato de seguros relacionado con el Huracán María. La aseguradora, Multinational, solicitó la desestimación del caso argumentando que los reclamantes no agotaron el proceso administrativo requerido por la Ley 247. También sostuvo que los reclamantes no pueden invocar simultáneamente el Código de Seguros y el Código Civil. Además, Multinational alegó que Attenure y HRH carecen de legitimación activa al no ser asegurados bajo la póliza, la cual prohíbe la cesión. Los recurridos se opusieron, defendiendo la validez de la cesión de la reclamación pospérdida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación y la posterior solicitud de reconsideración de Multinational. Inconforme, Multinational presentó una Solicitud de Certiorari ante una instancia superior, reiterando los errores del TPI en cuanto al agotamiento de remedios, la dualidad de reclamos y la falta de legitimación activa de los recurridos. El tribunal superior se encuentra listo para resolver la solicitud de Certiorari.

Resumen:

Francisco Valdés Pérez, actuando por derecho propio, presenta un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna una Orden de Arresto y Encarcelamiento por Desacato Civil emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La orden se fundamenta en el incumplimiento del Sr. Valdés con las órdenes previas del foro primario para que contratara representación legal en un caso criminal. El peticionario alega que la orden de arresto indefinido viola su debido proceso de ley. Solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque la orden de desacato, ordene su excarcelamiento y desestime el caso criminal. Antes de evaluar los méritos de la petición, el Tribunal de Apelaciones declara que debe auscultar su propia jurisdicción. La Resolución subraya la importancia fundamental de la jurisdicción y la imposibilidad de un tribunal de actuar sin ella.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso original ante el DACo trataba sobre la compraventa de un vehículo de motor, donde el consumidor José E. Padilla Segarra obtuvo una resolución a su favor contra Barranquitas Auto Corp. y FirstBank Puerto Rico. La resolución del DACo ordenó la resolución del contrato y el reembolso de dinero, declarando responsabilidad solidaria. Los recurrentes, Barranquitas Auto y FirstBank, presentaron este recurso tras una re-notificación de la resolución del DACo, luego de que un recurso anterior ante este mismo Tribunal fuera desestimado por falta de jurisdicción. FirstBank solicitó además la imposición de sanciones al consumidor por supuestamente inducir a error al DACo. El Tribunal procedió a examinar su jurisdicción como cuestión de umbral. Tras dicho análisis, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el presente recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Víctor Quiñones Ruiz, un miembro de la población correccional, impugnó la determinación del DCR de mantenerlo en custodia máxima. El Recurrente alegó que su puntuación en la Escala de Reclasificación de Custodia justificaba una custodia mínima. El Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR, aunque la escala arrojó 4 puntos (equivalente a mínima), decidió mantenerlo en custodia máxima. Esta decisión se basó en modificaciones discrecionales. El Comité consideró que el confinado es de difícil manejo, representa una amenaza y ha incurrido en actos de indisciplina. Se destacó un incidente de 2016 donde asesinó a otro confinado, lo que resultó en una sentencia adicional. El DCR concluyó que los tratamientos previos no tuvieron efecto y que el confinado sigue siendo peligroso. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo del DCR. Se validó la decisión de mantener al Recurrente en custodia máxima.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La parte peticionaria, Aracelis Yanira Burgos Curbelo, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de anotación de rebeldía. Dicha solicitud de rebeldía se presentó contra la parte recurrida, Corporación de Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo, en el contexto de una reconvención presentada por la peticionaria en un pleito por incumplimiento de contrato y daños. La peticionaria argumentó que la reconvención debía seguir el procedimiento sumario laboral y que la parte recurrida no contestó a tiempo. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Tras revisar el expediente, el Tribunal concluyó que el foro de primera instancia no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el auto de certiorari solicitado. La moción en auxilio de jurisdicción también fue denegada.

Resumen:

Recursos de revisión judicial presentados por FirstBank y Barranquitas Auto contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo declaró con lugar una querella de José E. Padilla Segarra sobre la compraventa de un vehículo, ordenando la resolución del contrato y reembolso. Los recurrentes apelaron la resolución del DACo tras una re-notificación solicitada por el recurrido, luego de que un recurso anterior sobre la misma resolución fuera desestimado por falta de jurisdicción. Los recursos de FirstBank y Barranquitas Auto fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. FirstBank también solicitó la imposición de sanciones al recurrido por supuestamente inducir a error al DACo. El Tribunal desestima los presentes recursos. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción para considerar el caso. La sentencia anterior que desestimó el recurso previo por falta de jurisdicción ya había emitido su mandato antes de esta decisión.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el nivel de custodia de una confinada. Modesta Sánchez Ayala apeló la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su custodia a nivel "mediana". La recurrente cumple una larga sentencia por delitos graves y ha demostrado excelente ajuste institucional y participación en programas. A pesar de que una escala de evaluación arrojó una puntuación correspondiente a custodia mínima, el Comité mantuvo la custodia mediana. La razón principal citada por el Comité fue que a la confinada le restan más de 15 años para ser considerada para la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Oficina de Clasificación de Confinados denegó la reconsideración, reiterando la norma sobre el tiempo restante de sentencia. Sánchez Ayala argumentó su buen comportamiento, la puntuación de la escala, su edad y el cumplimiento de su plan institucional. El Tribunal evaluó el recurso y decidió confirmar la determinación recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de certiorari. La peticionaria, Lourdes González Quiles, solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden, dictada el 20 de octubre de 2020, le anotó la rebeldía y eliminó sus alegaciones en el pleito de autos. El caso subyacente, incoado por Sonia Ríos Rivera, versa sobre división de herencia y daños y perjuicios. La peticionaria no contestó la demanda a tiempo, a pesar de haber solicitado prórrogas. Aunque el TPI inicialmente dejó sin efecto una anotación de rebeldía previa, la orden recurrida reinstauró la rebeldía y eliminó sus escritos. La peticionaria buscaba la revisión de esta decisión judicial. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Cristóbal Robles Reyes solicitó al Tribunal de Primera Instancia una reducción del 25% de su sentencia por asesinato en segundo grado. Fundamentó su petición en el principio de favorabilidad y la aplicación de atenuantes conforme al Artículo 67 del Código Penal. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reducción de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Artículo 67 no es de aplicación automática ni retroactiva y que la consideración de atenuantes es discrecional y debe solicitarse previo a la fijación de la pena. Inconforme, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones tiene discreción para expedir o denegar el auto de certiorari. Los tribunales apelativos no intervienen con las determinaciones discrecionales del foro primario salvo error manifiesto o abuso. Tras considerar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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Vinelca Soto Guerrero recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la desestimación de su apelación por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La señora Soto Guerrero reclamaba que el Municipio de San Sebastián incumplió la Ley Núm. 28-2005 al no ajustar su salario como enfermera ni pagarle retroactivo, adeudándole \$36,764.00. El Municipio negó las alegaciones y cuestionó la jurisdicción de la CASP. La CASP determinó que no podía establecer si la recurrente era empleada del sistema de servicio público municipal o contratista independiente, lo cual era necesario para ejercer jurisdicción. Se requirió al Municipio certificar el tipo de puesto de la señora Soto Guerrero. El Municipio certificó que ella no ocupaba un puesto con nombramiento de confianza, carrera, transitorio o irregular. Ante la imposibilidad de determinar su estatus como empleada pública municipal, la CASP desestimó la apelación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de impugnación de elección. El apelante, Manuel Antonio Natal Albelo, candidato a la Alcaldía de San Juan, impugnó la elección de Miguel A. Romero Lugo alegando irregularidades y solicitando una nueva elección en una unidad específica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la impugnación por entender que el apelante incumplió el término para notificar al candidato impugnado conforme al Código Electoral. El apelante había presentado evidencia del diligenciamiento de la Orden de mostrar causa y el recurso, aunque inicialmente lo refirió erróneamente como "emplazamientos". El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia de desestimación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la decisión, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de una desestimación de cargos contra Yamir Rafael Castelló Torres. Los cargos presentados contra el recurrido incluyen asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. El caso enfrentó dilaciones, en parte, debido a la pandemia de COVID-19 y cuestiones relacionadas con la representación legal del acusado. La defensa planteó la expiración de los términos procesales para la celebración de la vista preliminar. El Ministerio Público solicitó al foro primario que reconsiderara su decisión de desestimar las denuncias, pero dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado por el Pueblo. Revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Ordena que el caso sea devuelto al foro primario para que celebre una vista sobre la desestimación de las denuncias conforme a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Pablo Esteves González, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 9 de diciembre de 2020. Dicha Orden denegó una moción de nuevo juicio presentada por el peticionario al amparo de la Regla 188(c) y (f) de Procedimiento Criminal. El TPI determinó que la moción no planteaba argumentos distintos a los ya considerados en 2013. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un remedio discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores. Detalla los criterios que considera para expedir un auto de certiorari. Subraya la amplia discreción del Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones. Indica que no intervendrá con las decisiones discrecionales del foro primario a menos que se pruebe abuso. Este documento establece el marco legal para evaluar la solicitud de certiorari.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación presentada por Miladis Pérez Rodríguez. La apelante busca revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original reclamaba daños y perjuicios, responsabilidad civil extracontractual e incumplimiento de contrato contra Rosa Magaly Rivera Ramos y su padre, Juan José Rivera Santiago. El foro primario desestimó el caso por falta de diligenciamiento del emplazamiento al señor Rivera Santiago dentro del término de 120 días. Tras el fallecimiento del codemandado, tampoco se emplazó a su sucesión dentro de dicho término. La apelante argumentó que la desestimación fue errónea. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari presentada por MAPFRE Pan American Insurance Company. MAPFRE solicita la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su Solicitud de Sentencia Sumaria y una Moción de Reconsideración posterior. El caso original fue incoado por María Barrios Alicea contra MAPFRE por daños a su propiedad causados por el huracán María. La demandante alegó incumplimiento de contrato y pago insuficiente por parte de la aseguradora. MAPFRE basó su solicitud de sentencia sumaria en la defensa de "pago en finiquito". Argumentó que la obligación se extinguió al aceptar la demandante un cheque sin reservas, el cual indicaba ser pago total y final. El TPI rechazó esta defensa y denegó la sentencia sumaria. La Petición de Certiorari busca que el Tribunal de Apelaciones revise si el TPI erró al denegar la sentencia sumaria. El tribunal decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida para agilizar el proceso.

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Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió una Revisión Administrativa incoada por Luis Santos Lebrón, un confinado, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revisión de una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento que confirmó su nivel de custodia en mediana. Presentó su recurso por derecho propio y en forma pauperis. El Tribunal decidió desestimar el recurso de plano, sin necesidad de trámite ulterior ni de entrar en los méritos del asunto. La desestimación se debió a crasos incumplimientos con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El escrito carecía de índices, citas legales relevantes, señalamientos de error, doctrina jurídica coherente y un apéndice completo. Además, el recurrente no adujo un argumento válido en derecho para variar la determinación recurrida, presentando meras aseveraciones sin prueba. La corte concluyó que la falta de cumplimiento con los requisitos procesales impedía la consideración del recurso.

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Se trata de una Sentencia de un panel de jueces apelativos resolviendo un recurso de apelación presentado por Foga Construction Corp. La apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda contra Retail Contractors of Puerto Rico, Inc. y otros por falta de jurisdicción. La demanda original buscaba cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato relacionados con trabajos de construcción y órdenes de cambio. Los apelados solicitaron la desestimación argumentando que una cláusula de arbitraje en el contrato requería someter las disputas a arbitraje. Foga se opuso, alegando que la cláusula no cubría las órdenes de cambio ni la reclamación contra Edwin González y que era inválida. El TPI determinó que la cláusula de arbitraje era válida y aplicaba a todas las controversias relacionadas con el contrato, incluyendo las órdenes de cambio (reguladas en el Artículo 19) y la reclamación contra González por su rol en la negociación contractual. El foro primario interpretó que la cláusula requería arbitraje bajo las normas de la industria de la construcción, rechazando los argumentos de invalidez. La Sentencia apelada concluyó que la disputa debía someterse a arbitraje según lo pactado. El panel apelativo confirmó la Sentencia del TPI, validando la desestimación por falta de jurisdicción debido a la cláusula de arbitraje.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Las partes apelantes, Iris Alemán González y otros, demandaron a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y otros por daños y perjuicios alegando negligencia médica que causó grave daño cerebral a un menor. Además de la reclamación por daños, los apelantes solicitaron una sentencia declaratoria para cuestionar la constitucionalidad de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, que limita los daños reclamables contra el Estado. Arguyeron que la ley es inconstitucional porque Puerto Rico, como territorio, carece de inmunidad soberana, viola derechos constitucionales al limitar la compensación y discrimina, y la inacción legislativa en actualizar los topes de daños es discriminatoria. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial desestimando la solicitud de sentencia declaratoria. Los apelantes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro primario erró al no declarar inconstitucional el Artículo 2 de la Ley Núm. 104. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. El apelante, un asegurado, demandó a su compañía de seguros tras sufrir daños por el huracán María. Alegó que la aseguradora subestimó los daños y no le compensó adecuadamente, incurriendo en mala fe contractual. La aseguradora defendió que ajustó la reclamación de buena fe y ofreció un pago de \$236.51. Sostuvo que la aceptación y cobro de dicho cheque por parte del apelante constituyó un pago total y final. La aseguradora presentó una moción de desestimación basada en esta defensa. El foro primario trató la moción como una solicitud de sentencia sumaria. Dictó sentencia desestimando la demanda con perjuicio. La desestimación se fundamentó en la aplicación de la doctrina de pago en finiquito. El apelante solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima la apelación presentada por Carlos Erazo Santana contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La desestimación de la apelación se fundamenta en el incumplimiento del apelante con los requisitos procesales. Específicamente, el señor Erazo no pagó los aranceles judiciales correspondientes para la apelación. Tampoco presentó una solicitud jurada ante el Tribunal de Apelaciones que demostrara su incapacidad de pago para ser eximido de dicho requisito. La sentencia reitera que el pago de aranceles o la prueba de indigencia mediante declaración jurada son obligatorios según la ley y el reglamento del tribunal. Subraya que la comparecencia por derecho propio o la condición de confinado no eximen del cumplimiento riguroso de las normas procesales. Por tanto, al no cumplir con el pago o la solicitud de exención en la instancia apelativa, el recurso fue desestimado.

Resumen:

Comparece Yazmín Nieves Colomer ante el Tribunal de Apelaciones mediante petición de *certiorari*. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para retirar fondos consignados. Los fondos fueron depositados por Gabriel Quintero O'Neill en una demanda por incumplimiento de contrato de arrendamiento con opción a compra. Quintero O'Neill alegó que Nieves Colomer incumplió el contrato al impedir la compraventa del inmueble. Consignó pagos mensuales equivalentes a la renta, pidiendo que se acreditaran al precio de venta. Nieves Colomer se opuso a la consignación, argumentando su improcedencia legal. Solicitó al TPI que desautorizara la consignación y le entregara los fondos como pago de rentas. El TPI declaró No Ha Lugar su solicitud. La peticionaria acude al Tribunal de Apelaciones argumentando que los fondos consignados deben ser liberados para el pago de cánones de arrendamiento.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por GEODATAPR International, Inc. GEODATAPR solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda presentada por Eva Ortiz Pimentel contra GEODATAPR por despido injustificado y discrimen bajo la Ley 100 de 1959. La demandante alegó haber sido despedida sin justa causa y discriminada por obesidad tras solicitar acomodo razonable. GEODATAPR argumentó que la empleada abandonó su puesto o fue despedida por conducta inapropiada, y que la demanda estaba prescrita. GEODATAPR basó su argumento de prescripción en la desestimación de querellas previas ante la Unidad Anti Discrimen y el Negociado de Normas de Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias de hechos que impedían dictar sentencia sumaria. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por GEODATAPR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa administrativamente una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugna su remoción de un trabajo en la cocina y su reasignación a labores generales de mantenimiento. Alega que el cambio fue una represalia injusta relacionada con una querella disciplinaria, sin el debido proceso. El Departamento sostiene que la reasignación fue un acomodo razonable solicitado por el confinado debido a condiciones de salud, no relacionado con la querella, la cual fue desestimada. El recurrente cuestiona la imparcialidad del proceso administrativo, la respuesta de la agencia y la supuesta arbitrariedad y discriminación en la decisión. El tribunal expone el estándar de revisión judicial, que requiere deferencia a las agencias si sus decisiones son razonables y sustentadas por evidencia sustancial. El documento detalla los antecedentes procesales y los argumentos de las partes, preparando el análisis de la controversia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de revisión administrativa presentada por un confinado, Iván Ayala Hernández, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario impugnó la decisión del comité de clasificación sobre su nivel de custodia, alegando que su buena conducta justificaba una reclasificación a menor restricción. Solicitó al tribunal que reconsiderara la determinación administrativa. El tribunal abordó la cuestión de su jurisdicción para atender el recurso. Explicó que el incumplimiento con las reglas procesales para la presentación de recursos de revisión judicial, incluyendo el término jurisdiccional de 30 días tras la notificación de la decisión final de la agencia, priva al foro apelativo de autoridad. Se destacó que comparecer por derecho propio no exime del cumplimiento de estas reglas. La falta de jurisdicción obliga a desestimar el recurso sin entrar a evaluar los méritos de la reclamación del confinado sobre su clasificación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari presentado por Andrew Techmanski contra Amanda Christin Cook, relacionado con un proceso de divorcio y custodia de menores. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la entrega de los menores bajo su cuidado a la madre. Dicha orden provisional fue emitida tras no lograrse un acuerdo entre las partes sobre las medidas temporales. El peticionario alega que el TPI erró al dictar la orden sin determinar jurisdicción, al conceder la custodia provisional a la madre basándose solo en su testimonio y en contra de la política de custodia compartida, y al no impedir la salida de los menores de la jurisdicción a pesar de que la madre los había llevado previamente a Montana sin autorización. El peticionario solicita la paralización de la orden del TPI y la restitución inmediata de los menores a Puerto Rico. La resolución discute la naturaleza discrecional y extraordinaria del recurso de certiorari. Indica que la intervención apelativa se limita a casos de prejuicio, abuso craso de discreción o error manifiesto, y solo si esperar la apelación causaría un fracaso irremediable a la justicia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso extraordinario de Mandamus. El recurrente, un confinado bajo seguridad protectiva, solicita un cambio a la población general. Alega que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha denegado su petición por más de un año, violando el debido proceso y reglamentos internos. Considera que esta negación es grave para su rehabilitación y plan institucional. El recurrente pide al tribunal que ordene una vista y el cambio de custodia. El tribunal discute la naturaleza del auto de Mandamus como un remedio privilegiado y discrecional para exigir deberes ministeriales. Explica los factores a considerar para su expedición y las reglas de procedimiento aplicables. Detalla los requisitos de emplazamiento, incluyendo la notificación al Secretario de Justicia. Señala que el incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre notificación puede privar al tribunal de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El pleito se originó por un accidente de vehículo que los demandantes atribuyen a desperfectos mecánicos. Durante el descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia fijó los honorarios del perito automotriz de los demandantes en \$50 por hora, rechazando la tarifa de \$125 solicitada. Los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta orden interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de expedición del auto. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari y las limitaciones para revisar órdenes interlocutorias, el Tribunal determinó denegar la expedición del auto solicitado. La decisión implica que la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre los honorarios periciales no será revisada en esta instancia apelativa.

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Joel Vega García solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo encontró incurso en una querella disciplinaria y le impuso una sanción. Alegó violaciones al debido proceso de ley y que la determinación era improcedente. El Tribunal ordenó al Departamento de Corrección presentar su oposición y el expediente administrativo. El Departamento informó que, tras la presentación del recurso de apelación, había acogido una reconsideración presentada por el recurrente. Como resultado de la reconsideración, el Departamento revocó la determinación original y dejó sin efecto la sanción impuesta. El Departamento argumentó que el recurso ante el Tribunal se había tornado académico. El Tribunal de Apelaciones concluyó que, al haberse resuelto la controversia administrativa a favor del recurrente, el caso carecía de vigencia. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su academicidad.

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Wanda Caldas Polanco apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Praico Insurance Company mediante sentencia sumaria. La señora Caldas Polanco demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su residencia y no pagó la cantidad correcta según la póliza. MAPFRE había estimado los daños en una suma significativamente menor a la reclamada y efectuó un pago ajustado. La aseguradora argumentó que la apelante aceptó la liquidación al cambiar el cheque recibido. El foro primario acogió la moción de sentencia sumaria de MAPFRE, dando por terminado el caso. El Tribunal de Apelaciones revisó dicha determinación. Por los fundamentos expuestos, el panel especial del Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Marsh Saldaña, Inc. compareció ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La determinación recurrida denegó una moción de desestimación presentada por Marsh Saldaña en un caso civil. El pleito fue iniciado por Ramón A. Lozada Guzmán, quien reclama sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Lozada Guzmán alegó que, como parte de su retiro, suscribió un acuerdo con Marsh Saldaña que incluía la transferencia de su póliza de seguro de vida. Sostuvo que la empresa le representó que la transferencia de la póliza de \$1,000,000 tendría un costo similar al que pagaba la entidad. Sin embargo, alegó que, tras firmar el acuerdo, se le informó que las condiciones de transferencia y costos eran diferentes a lo prometido. Marsh Saldaña argumentó que solo se obligó a transferir la póliza según sus términos y que Lozada Guzmán conocía las condiciones. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado por Marsh Saldaña.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso de daños y perjuicios incoado por María Rosalín Rosario López contra el Municipio de Fajardo y otros, incluyendo la Panadería la Nueva Mollies y su aseguradora. La apelante sufrió una caída en una acera de Fajardo, alegando negligencia en el mantenimiento de la acera y la seguridad de los cristales de la panadería. Tras presentar su prueba en el juicio, la parte apelada solicitó la desestimación del caso por insuficiencia probatoria. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud, al considerar que la prueba presentada por la apelante no estableció los elementos esenciales de la causa de acción por negligencia. La apelante recurre esta determinación, imputando error al foro primario por concluir que no se probó una actuación u omisión culposa o negligente que causara el daño. El Tribunal de Apelaciones revisó los alegatos y la prueba, incluyendo la transcripción del juicio y los alegatos de las partes. Finalmente, el panel resolvió confirmar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una solicitud de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción presentada por Carlos Nieves Rosa. El peticionario impugna la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una nueva denuncia en su contra. La denuncia original por violación al Art. 3.1 de la Ley 54 fue desestimada previamente por incumplimiento del derecho a juicio rápido (Regla 64(n)(4)), tras haberse encontrado causa en vista preliminar pero antes de iniciar el juicio. El Ministerio Público presentó una nueva denuncia por los mismos hechos. El peticionario argumentó que la nueva presentación estaba impedida por jurisprudencia aplicable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, lo que motivó el recurso de Certiorari. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones deniega el Auxilio de Jurisdicción solicitado. Asimismo, desestima el recurso de Certiorari presentado por el peticionario.

Resumen:

La parte peticionaria solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de desestimación. La moción de desestimación se basaba en la alegación de que el Ministerio Público presentó nuevas denuncias por los mismos hechos tras una vista inicial de causa para arresto, en lugar de proceder mediante una vista en alzada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. Inconforme con esta determinación, la parte peticionaria presentó un recurso discrecional de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Tampoco identificó fundamentos jurídicos que justificaran la expedición del auto solicitado. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. Los peticionarios, Ángel Torres y otros, impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia que permitió a MAPFRE Insurance Company enmendar su contestación a la demanda. El caso original trata sobre un incumplimiento de contrato de seguro por daños causados por el Huracán María. MAPFRE contestó la demanda inicialmente sin incluir la defensa de pago en finiquito. Posteriormente, tras el descubrimiento de prueba, MAPFRE solicitó enmendar su contestación para añadir la defensa de que los peticionarios habían aceptado un cheque como pago total y final. El tribunal primario autorizó la enmienda 567 días después de la contestación original. Los peticionarios argumentaron que MAPFRE había renunciado a esa defensa. Tras la denegación de su reconsideración, acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones adelanta que revocará la orden recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. La apelante, Idalia M. Guzmán Baquero, demandó a Tropic Thunder Tours, LLC por despido injustificado, hostigamiento sexual y represalias bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la demandante, residente en Florida, prestar una fianza de no residente de \$2,000 bajo la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Al no prestar la fianza en el término concedido, el tribunal desestimó la demanda sin perjuicio. La apelante recurrió, argumentando que la imposición de la fianza era incompatible con la Ley Núm. 2, la cual prohíbe la imposición de honorarios de abogado al empleado, y que carecía de medios económicos. La parte apelada sostuvo que las Reglas de Procedimiento Civil aplicaban supletoriamente y que la fianza garantizaba posibles costas y honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen. Resolvió revocar la desestimación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con una orden de protección recíproca bajo la Ley contra el Acecho (Ley 284). La orden fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso entre vecinas, Glorimar Batista Rivera y María J. Ortiz Santiago, por un conflicto vecinal. La señora Ortiz Santiago impugnó la orden tras descubrir que la grabación de la vista donde se emitió presentaba interferencia, impidiendo su clara audición. Una certificación oficial confirmó que los procedimientos grabados en esa sala durante el periodo relevante tenían este defecto. La peticionaria argumentó que la falta de un récord claro violaba su derecho a la revisión judicial y solicitó dejar sin efecto la orden y celebrar una nueva vista. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de reconsideración. La señora Ortiz Santiago recurrió en certiorari, alegando error al mantener la orden sin un récord adecuado para la apelación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación impugnada del foro primario.

Resumen:

Un policía municipal de Carolina solicitó al Municipio el pago de pasos salariales correspondientes a los años 2013 y 2018. Al no obtener respuesta, apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (C.A.S.P.). El Municipio argumentó que la reclamación estaba prescrita. La C.A.S.P. desestimó la apelación por falta de jurisdicción, concluyendo que el oficial había incumplido el término jurisdiccional de 30 días para apelar, el cual comenzaba a transcurrir al cumplirse cada quinquenio. La solicitud de reconsideración del oficial ante la C.A.S.P. fue denegada. El oficial presentó entonces un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Tras resolver una controversia sobre la fecha de notificación de la resolución de la C.A.S.P., el Tribunal confirmó su jurisdicción para atender el recurso. El Tribunal de Apelaciones finalmente confirmó la resolución de la C.A.S.P. Esta sentencia valida la determinación de la C.A.S.P. de que la apelación del oficial fue extemporánea y, por ende, carecía de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Javier Enrique Vega Torres. El peticionario enfrenta cargos por violación a la Ley 15, Art. 2 (poseer celulares en prisión). La controversia principal gira en torno a la alegada violación de su derecho a juicio rápido, garantizado constitucionalmente y por la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal. Vega Torres solicitó la desestimación de la acusación, argumentando que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su solicitud. Sostuvo que las extensiones de términos por la pandemia de COVID-19 no paralizaron los términos de juicio rápido. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso, paralizó los procedimientos en el foro primario y solicitó la comparecencia del Procurador General. El documento subraya la naturaleza fundamental del derecho a juicio rápido. Esta sentencia resolverá si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente las reglas de juicio rápido en el contexto de las interrupciones judiciales por la pandemia.

Resumen:

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante certiorari para revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia confirmó un Laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje (NCA) en una controversia con la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA). El caso se originó de un convenio colectivo y una estipulación bajo la Ley 66-2014, que requería ahorros gubernamentales. La estipulación acordó implementar un sistema de métricas y compensación por mérito para un porcentaje de empleados. No obstante, la AAA suspendió su implementación y la compensación, alegando una precaria situación fiscal agravada por costos de emergencia por sequía. La UIA presentó una Querella ante el NCA, aduciendo incumplimiento de la estipulación por parte de la AAA. La AAA argumentó que la Querella fue tardía y la controversia no estaba madura. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Sentencia del TPI, la cual había validado el laudo arbitral del NCA.