Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 155)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Omar Candelaria Meléndez. El peticionario impugna decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez relacionadas con su sentencia de 2006 por infracciones a la Ley de Armas. Fue condenado a 10 años naturales por dos cargos bajo el Artículo 5.04. El peticionario solicitó la modificación de su sentencia bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal y la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. Alegó que las infracciones fueron sin uso de arma y buscaba beneficiarse de bonificaciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, argumentando la existencia de un preacuerdo voluntario y la derogación de la ley de rehabilitación invocada. Tras una reconsideración denegada, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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Propietarios del condominio Centro Internacional de Mercadeo I (CIM-I) presentaron una demanda contra la Junta de Directores y el Consejo de Titulares. La demanda impugna las elecciones de la Junta desde 2009, alegando contravenciones a la Ley de Condominio y el Reglamento, y solicita la nulidad de todas sus actuaciones. También cuestiona una determinación específica de la Junta como ultra vires y reclama el reembolso de gastos legales. Una tercera causa de acción se relaciona con la denegatoria de acceso a información. Los demandados, la Junta y el Consejo, solicitaron la desestimación del caso. Argumentaron que las acciones para impugnar las asambleas de años anteriores estaban prescritas por el término de dos años de la Ley de Condominio. Alegaron además que los demandantes no agotaron los remedios administrativos antes de acudir al tribunal. Sostuvieron también la existencia de cosa juzgada respecto a las alegaciones sobre irregularidades en asambleas, resueltas en un caso previo. Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de Certiorari relacionado con este litigio sobre la Ley de Condominio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLAN201601544. El apelante, Joaquín M. Molina Collazo, recurrió la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. En primera instancia, un jurado lo declaró culpable de múltiples delitos, incluyendo asesinato en primer grado, apropiación ilegal de vehículo y celular, destrucción de prueba, tentativa de incendio agravado y daños. Estos cargos estaban relacionados con la muerte de Luis Enrique Maestre Marín ocurrida el 12 de enero de 2016 en Utuado. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de reclusión de ciento veintiún años y seis meses. El apelante solicitaba la revocación de dicha sentencia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que correspondía confirmar la sentencia apelada. La sentencia de primera instancia fue confirmada en todos sus extremos.

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En un caso de alimentos, el Padre solicitó al Tribunal de Primera Instancia descorrer el velo corporativo de una empresa propiedad de la Madre. Alegaba que la Madre utilizaba la corporación para sufragar gastos personales y ocultar sus verdaderos ingresos disponibles para la pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, indicando que existían otros mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener la información necesaria. Inconforme, el Padre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió no expedir el auto solicitado. Consideró que el foro primario cuenta con las herramientas procesales adecuadas para que el Padre pueda imputar a la Madre el ingreso que estime procedente, a la luz de la prueba que pueda descubrir, sin necesidad de descorrer el velo corporativo o hacer parte a la corporación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una solicitud de certiorari presentada por José M. Meléndez Sánchez. El peticionario busca la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Orden, emitida el 20 de octubre de 2020, denegó una Moción bajo la Regla 192.1. En su moción, el peticionario alegó violaciones a su derecho a un juicio justo e imparcial. Específicamente, argumentó la denegatoria de su solicitud de juicio por jurado y la parcialidad de la jueza en su juicio de 2007 por asesinato y otros delitos. El Tribunal de Apelaciones nota que estos argumentos ya fueron presentados y denegados en apelaciones previas de su convicción, confirmada en 2010. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

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Se solicitó un auto de mandamus al Tribunal de Apelaciones para compeler al Tribunal de Primera Instancia (TPI) a resolver una moción pendiente. El peticionario buscaba la devolución de su licencia de armas, confiscada tras una orden de protección ex parte que el TPI luego denegó. Alegó que el TPI no había resuelto su moción para la devolución de la licencia en el término de 30 días de la Regla 70. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. Fundamentó su decisión en que el mandamus es un recurso discrecional y extraordinario que requiere el cumplimiento de deberes ministeriales y requisitos procesales. El peticionario no cumplió con requisitos como juramentar la solicitud, notificar al TPI o demostrar un requerimiento previo. Además, el Tribunal determinó que el término de 30 días de la Regla 70 para resolver mociones es directivo, no ministerial, y puede extenderse. Por tanto, el TPI no tenía un deber ministerial de resolver la moción en ese plazo específico.

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En un pleito sobre liquidación de comunidad de bienes post ganancial, la peticionaria solicitó enmendar su demanda para incluir a la hermana del recurrido. Alegó que se utilizaron fondos gananciales para adquirir un bien inmueble a nombre de la hermana antes del divorcio, en una transacción supuestamente simulada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la enmienda, considerando las alegaciones confusas y a la hermana ajena a la comunidad. La peticionaria recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al denegar la solicitud. Argumentó que, de probarse las alegaciones, la hermana podría ser una parte indispensable, ya que el bien en su titularidad podría ser objeto de la sentencia. Por tanto, ordenó al recurrido mostrar causa por la cual no debía revocarse la decisión del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Héctor L. Rosado Santiago. El peticionario impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para enmendar una sentencia de reclusión perpetua. Rosado argumentó que la Ley Núm. 100 de 1980 eliminó las sentencias perpetuas, sustituyéndolas por términos de 99 años, y solicitó la corrección de su sentencia. El TPI declaró no ha lugar su moción sobre la sentencia, aunque le permitió litigar como indigente. El peticionario alegó que el TPI erró al negar la corrección de la sentencia y mantenerlo bajo un encarcelamiento que considera eliminado o indeterminado sin beneficios. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega el auto de certiorari solicitado por el señor Rosado. La resolución explica la naturaleza discrecional del certiorari como vehículo para corregir errores de derecho de tribunales inferiores.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Los peticionarios, demandados en un pleito civil sobre deslinde, demolición y daños, solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de desestimación parcial presentada por los peticionarios. La moción se basaba en la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, alegando que la demanda no exponía hechos suficientes para una causa de acción. El foro primario denegó la moción por considerarla tardía, al haber sido presentada más de tres años después de contestar la demanda, y por entender que las alegaciones de la demanda cumplían con el estándar requerido. Los peticionarios argumentaron en apelación que el Tribunal de Primera Instancia aplicó incorrectamente la regla sobre la oportunidad de la moción y el estándar de interpretación de las alegaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la naturaleza del certiorari y la normativa sobre las mociones de desestimación bajo la Regla 10.2. Concluyó que no procedía intervenir con la determinación del foro primario y denegó la petición de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a tres estudiantes de Derecho a observar una vista de estado de los procedimientos por videoconferencia. El demandado recurrido, profesor de Derecho, solicitó la observación con fines educativos. La peticionaria se opuso, argumentando que la presencia de los estudiantes violaba su derecho a la intimidad y confidencialidad en un caso familiar. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la oposición, señalando que la vista era procedural y no sobre los méritos, y autorizó la observación. La peticionaria solicitó reconsideración en varias ocasiones, pero el foro primario mantuvo su determinación. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de revisión judicial. La recurrente, Jayleen Molina Santiago, impugna una determinación de PR-OSHA. La agencia había denegado su solicitud para intervenir en un caso administrativo. Dicho caso se relaciona con la investigación de un accidente laboral fatal que sufrió Raúl García Marrero. La señora Molina Santiago, como familiar del trabajador fallecido, buscaba participar en el proceso administrativo. Alegó tener interés en el caso y poseer información relevante. La apelación argumentó que la denegatoria de PR-OSHA carecía de fundamentos y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determinó revocar la decisión de PR-OSHA.

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Se trata de una revisión judicial instada por un miembro de la población correccional contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, buscando remedio relacionado con una decisión administrativa. El escrito presentado por el recurrente carecía de los elementos esenciales requeridos, como resumen de hechos, derecho aplicable, señalamiento de errores y solicitud de remedio. El Tribunal de Apelaciones intentó sin éxito extraer el marco fáctico-jurídico y el remedio solicitado del escrito. Tras analizar el recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender los planteamientos. Se reitera que la jurisdicción es un requisito fundamental que no puede ser conferido por las partes. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los requisitos para los recursos de revisión y las bases para su desestimación, incluyendo la falta de jurisdicción y el incumplimiento procesal. Se subraya que la presentación por derecho propio no exime al recurrente de cumplir con las exigencias reglamentarias. El incumplimiento con tales requisitos conlleva la desestimación del recurso. Por consiguiente, el Tribunal ordenó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción y por no cumplir con las normas procesales aplicables.

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El documento detalla un recurso de apelación (identificado como certiorari) en un caso de divorcio con disputa sobre pensión alimentaria. El apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria y otras contribuciones para un menor. Su argumento principal es la violación de su debido proceso al no poder participar en la vista final. La historia procesal muestra que el apelante no compareció a la vista inicial ni a la vista final de alimentos. La Examinadora de Pensión Alimentaria procedió en su ausencia, fijando la pensión y otras responsabilidades económicas. El tribunal primario adoptó inicialmente estas determinaciones. Posteriormente, el apelante solicitó reconsideración, alegando problemas de conexión y dificultades para cumplir con el pago. El Tribunal de Primera Instancia concedió la reconsideración, reinstaló la pensión provisional y ordenó la celebración de una nueva vista final. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, según el inicio, confirma el dictamen apelado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando una petición de certiorari. La peticionaria, Nilsa Gracia Santiago, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. El pleito original fue instado por la Junta de Residentes Urb. Rincón Español para el cobro de cuotas de mantenimiento. El foro primario había dictado sentencia ordenando a la señora Gracia el pago de \$7,995.00, sentencia que fue apelada y cuya revisión ante el Tribunal Supremo fue denegada. Posteriormente, la señora Gracia solicitó el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2, alegando que el dictamen era nulo y que hubo una solicitud de desistimiento previa. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud, lo que motivó la petición de certiorari ante este foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones consideró la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para intervenir con las determinaciones del foro primario. Tras evaluar la petición, el Tribunal resolvió denegar el recurso de certiorari presentado por la señora Gracia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso relacionado con las elecciones a la alcaldía de Guánica de 2020. Edgardo Cruz Vélez apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enmendar certificaciones de enero de 2021. Se instruyó a la CEE a certificar al candidato que obtuvo la mayoría de votos en dicha contienda. El documento detalla los resultados parciales iniciales del 3 de noviembre de 2020, incluyendo votos por nominación directa. También menciona una certificación preliminar del 7 de noviembre de 2020 que solo reportó votos para candidatos de partidos. La controversia se centra en la correcta contabilización y certificación de los votos. Se hace referencia a una decisión del Tribunal Supremo de enero de 2021 pertinente al caso. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud de revocación de la sentencia de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Wanda Soto Rivera contra Metro Pavía h/n/c Hospital Perea Mayagüez. El Hospital Perea apeló una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido de la señora Soto Rivera. La controversia principal giraba en torno a la fecha de inicio del período de reserva de empleo bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 45-1935). La señora Soto Rivera sufrió un accidente ocupacional y fue declarada inhabilitada para trabajar por la CFSE. El hospital la despidió argumentando que el período de reserva había vencido, calculándolo desde la fecha del accidente. El foro primario determinó que el término comenzó cuando la CFSE la declaró inhabilitada. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la Sentencia Sumaria Parcial apelada. En consecuencia, se desestimó la totalidad de la demanda presentada por la señora Soto Rivera.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la denegación de una licencia de armas solicitada por Roberto Bermúdez Sánchez. La Policía de Puerto Rico denegó la solicitud basándose en una convicción de 1991 por violación a la Ley de Armas. El recurrente presentó evidencia de haber cumplido su sentencia de probatoria en 1992 y de no haber incurrido en delitos posteriores. A pesar de que un analista de la Policía reconoció su buena conducta y derecho a la rehabilitación, el Comisionado mantuvo la denegación. Bermúdez Sánchez impugnó la decisión, argumentando que la convicción era remota y no justificaba la denegación bajo el derecho vigente. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de revisión administrativa. Finalmente, el Tribunal resuelve revocar la determinación de la Policía.

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Comparece la parte peticionaria mediante Petición de Certiorari solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La Orden recurrida, emitida el 11 de enero de 2021, se dio por enterada de mociones bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. En el caso subyacente, los peticionarios demandaron a Chubb por daños relacionados con el Huracán María. Existió un recurso apelativo previo (KLAN202000385) que revocó parcialmente una sentencia desestimatoria. Tras la sentencia apelativa, los peticionarios solicitaron especial imposición de costas, gastos y honorarios de abogado. La Orden del foro primario indicó que no evaluaría las mociones de costas hasta que el caso concluyera en su totalidad, en espera del Mandato del caso apelativo. Los peticionarios alegaron que esta decisión posponía indefinidamente la adjudicación de costas apelativas. La parte recurrida solicitó la desestimación del certiorari. El panel judicial desestima la petición de certiorari. La desestimación se fundamenta en que el recurso fue interpuesto de forma prematura.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Edil Sánchez González y Carmen González Santini. Los peticionarios buscaban revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. En dicha Resolución, el TPI determinó que prevalecía una Sentencia por Estipulación de 2009. Esta decisión del TPI se basó en el incumplimiento de las partes con una orden judicial para informar sobre posibles acuerdos. El caso original, iniciado por Banco Popular de Puerto Rico en 2008, es sobre cobro de dinero y ejecución de garantías. Los procedimientos contra los peticionarios habían sido paralizados previamente debido a un proceso de quiebra de otros codemandados. Tras la reapertura del caso, el TPI había negado una solicitud de sentencia sumaria, encontrando controversia sobre la deuda. Al no reportar un acuerdo, el TPI emitió la resolución recurrida, aplicando la sentencia de 2009. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los escritos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Luis M. Franco Matos presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la invalidación de varias acciones y reglamentos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sus quejas se relacionaban con la reducción del tiempo de recreo por la pandemia, castigos disciplinarios, métodos de registro de celdas, suspensión de actividades religiosas, trámite de remedios administrativos y prohibición de recibir ciertos objetos. El Tribunal examinó el escrito y determinó que carecía de jurisdicción para atender las reclamaciones. Señaló que el recurrente no apeló una decisión administrativa final, requisito esencial para la revisión judicial. Las acciones impugnadas fueron consideradas normas institucionales y medidas de seguridad internas y discrecionales de la agencia. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme autoriza la revisión de resoluciones u órdenes finales que adjudiquen derechos u obligaciones. Los asuntos planteados eran de naturaleza puramente administrativa y no conllevaban una decisión final apelable. Al tratarse de asuntos internos y discrecionales sin carácter adjudicativo, el Tribunal no tenía competencia. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Comparece ante el tribunal un recurrente para solicitar la revocación de una resolución de ASUME sobre modificación de pensión alimentaria. El recurrente cuestiona la jurisdicción de ASUME, alegando que no fue debidamente notificado del procedimiento. ASUME intentó la notificación mediante correo certificado a la última dirección postal conocida del recurrente. Dicha notificación fue devuelta por no haber sido reclamada. A pesar de ello, ASUME emitió una resolución en rebeldía, determinando que adquirió jurisdicción al notificar a la dirección conocida, conforme a su ley orgánica y reglamento. La agencia sostuvo que la jurisdicción no depende de que la persona acepte o reclame la notificación. El recurrente presentó una moción de reconsideración ante ASUME, la cual fue denegada. El recurso de revisión ante el tribunal se fundamenta en el alegado error de ASUME al determinar que adquirió jurisdicción sin una notificación efectiva. El tribunal, tras considerar los argumentos y el derecho aplicable sobre el debido proceso y la notificación en procedimientos de ASUME, confirma la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La apelante, Reverse Mortgage Funding LLC, recurrió la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó la acción por falta de parte indispensable, al considerar que no se emplazó debidamente a la Sociedad Legal de Gananciales de los demandados. La apelante argumentó que el emplazamiento por edicto a los cónyuges era suficiente para notificar a la Sociedad. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Tras analizar los fundamentos, el panel confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La confirmación se basó en que la Sociedad Legal de Gananciales no fue emplazada correctamente en el procedimiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revoca una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un recurso de habeas corpus. Dicha sentencia había ordenado la excarcelación del Sr. Anthony Salvá Rivera. El Sr. Salvá Rivera se encontraba detenido preventivamente desde junio de 2019 por cargos de agresión sexual, amenaza, escalamiento agravado y daños. Su juicio por jurado comenzó en enero de 2020, pero fue suspendido indefinidamente en marzo de 2020 debido al cierre gubernamental por la pandemia de COVID-19. El Sr. Salvá Rivera presentó el habeas corpus argumentando una violación a su derecho a juicio rápido por la prolongada detención y la suspensión del proceso. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la petición y ordenó su liberación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la sentencia del TPI. En consecuencia, ordena el reingreso del Sr. Anthony Salvá Rivera a una institución carcelaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, Lissy A. Espinet García, solicitó la desestimación de un cargo por maltrato a personas de edad avanzada. Su solicitud se basó en la Regla 64(n)(6), alegando que la vista preliminar no se celebró dentro del término de sesenta días. Los hechos imputados ocurrieron en 2017, con causa probable hallada en 2018 y arresto diligenciado en diciembre de 2019. La vista preliminar fue señalada y reseñalada en varias ocasiones, afectándose por la preparación de las partes y la emergencia del COVID-19. A pesar de las extensiones de términos judiciales por la pandemia, la vista preliminar se pautó finalmente para octubre de 2020. La peticionaria argumentó que el retraso violaba su derecho a una vista preliminar oportuna. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la desestimación del cargo por el incumplimiento del término.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Ángel S. Almodóvar Tirado mediante recurso de *certiorari*. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción del peticionario sobre demanda enmendada o solicitud de permiso para enmendar. El caso original trata sobre alegaciones de despido por represalias bajo la Ley 115, Ley 100 y daños y perjuicios contra Petro Taino Transport, Corp. El historial procesal en el TPI muestra múltiples incidencias relacionadas con la contestación a la demanda por parte de la recurrida. El TPI ordenó a la recurrida cumplir con la Regla 6.2 de Procedimiento Civil respecto a su contestación. El peticionario presentó varias mociones solicitando la anotación de rebeldía contra la recurrida por incumplimiento con las órdenes del tribunal y el descubrimiento de prueba. La recurrida solicitó extensiones y alegó haber cumplido con parte de lo requerido. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso y sus apéndices para resolver la controversia planteada por la denegatoria de la moción de enmienda de demanda.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Carlos Torres Ledeé demandó a Baxter Healthcare por despido injustificado y discrimen laboral bajo leyes como la de procedimiento sumario (Ley Núm. 2). Torres Ledeé solicitó sanciones contra Baxter, eliminación de defensas e inferencia adversa por alegada destrucción de evidencia (una bitácora). El tribunal de primera instancia ordenó que no proveería sobre la solicitud en ese momento, posponiendo la evaluación del asunto probatorio para el juicio. Inconforme, Torres Ledeé presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando error al no resolver su solicitud de sanciones. Baxter se opuso, alegando falta de jurisdicción para revisar dictámenes interlocutorios en casos sumarios laborales. Tras evaluar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el recurso de certiorari. La resolución fundamenta la decisión en la naturaleza sumaria del procedimiento bajo la Ley Núm. 2.

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Sentencia de un tribunal apelativo intermedio resolviendo una Petición de Certiorari. El Condominio Vista de la Vega impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió una orden protectora a favor de MAPFRE PRAICO Insurance Company. La disputa se origina en una demanda del Condominio contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y prácticas desleales en el manejo de una reclamación de daños por huracanes. El Condominio alegó que MAPFRE subvaloró la reclamación y obstaculizó el proceso. Durante el descubrimiento de prueba, MAPFRE objetó la producción de información y documentos, alegando confidencialidad, secretos de negocio y privilegio abogado-cliente. El Tribunal de Primera Instancia acogió las objeciones de MAPFRE y emitió la orden protectora. El Condominio solicitó la revocación de dicha orden ante el foro apelativo. El tribunal apelativo, tras evaluar el recurso, determinó revocar la Resolución impugnada.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari. El peticionario, Javier I. García Salicrup, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria, gastos médicos y escolares para su hija menor. La madre, Gloribel Santiago Dones, había solicitado la revisión de la pensión. La cuantía fue determinada por el Tribunal de Primera Instancia basándose en un informe del Examinador de Pensiones Alimentarias. Dicho informe se rindió tras la incomparecencia del peticionario a las vistas señaladas para la revisión. El peticionario solicitó reconsideración, alegando que no pudo asistir por tratamiento médico y que se le negó el debido proceso al no poder participar ni presentar prueba de ingresos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. El peticionario recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones, buscando la revocación de la orden de pensión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios. La reclamación surge de un accidente fatal causado por el conductor de un vehículo alquilado a Don Rafa Car Rental, Inc. Los demandantes demandaron, entre otros, a la aseguradora de la compañía de alquiler, MAPFRE Insurance Agency. MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria, alegando que su póliza excluía la cubierta para arrendatarios y que la ley eximía a la compañía de alquiler de responsabilidad vicaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al denegar la desestimación sumaria. La corte apelativa determinó que un endoso específico de la póliza de MAPFRE (26.039.10.13) excluye expresamente a las personas que alquilan o arriendan un vehículo de ser considerados asegurados. Consecuentemente, la póliza no proveía cubierta para el conductor al momento del accidente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado en 2010 por Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco contra Abigail Pérez Camacho. Tras una sentencia condenatoria y un embargo, el proceso se paralizó en 2013 debido a que la recurrida se acogió a quiebra. En 2019, la peticionaria solicitó reabrir el caso y retirar fondos embargados, alegando la desestimación de la quiebra. El Tribunal de Primera Instancia requirió aclarar la evidencia sobre el estado de la quiebra, lo cual la peticionaria no hizo. A pesar de ello, en septiembre de 2020, la peticionaria reiteró la solicitud de retiro de fondos, que fue concedida inicialmente el 1 de octubre de 2020. Sin embargo, el 22 de octubre de 2020, el foro primario reconsideró su decisión. Determinó que la quiebra había sido descargada, no desestimada, y que la peticionaria incumplió la orden de aclarar la prueba. En consecuencia, dejó sin efecto la autorización para retirar fondos y le impuso una sanción de \$500. La peticionaria acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el cual expide el auto solicitado y modifica la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Julio Rodríguez Cruz. El peticionario solicitaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de exención del pago de la pena especial. El foro primario concluyó que carecía de discreción para eximirlo de dicha pena. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Se analizó el Artículo 61 del Código Penal, que impone una pena especial obligatoria para todo convicto, destinada al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito. La ley es clara y no otorga discreción al tribunal para eximir de este pago. Además, la pena especial es parte integral de la sentencia, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones no encontró que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera error de derecho al denegar la exención. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral. Christian Luciano Rodríguez demandó a Compañía Cervecera de Puerto Rico por despido injustificado, salarios y otros beneficios bajo la Ley Núm. 2 de 1961. El caso llega al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari presentado por el peticionario. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para compeler a la recurrida a contestar descubrimiento de prueba. El caso tiene un historial previo, incluyendo una sentencia sumaria a favor de la recurrida que fue revocada por este Tribunal en una apelación anterior. En aquella ocasión, se determinó que el trámite en el TPI contravino la legislación laboral. Ahora, el Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI sobre el descubrimiento. El Tribunal expidió el recurso de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido. Esto significa que el TPI erró al no ordenar a la Compañía Cervecera de Puerto Rico contestar el descubrimiento solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Director Administrativo de los Tribunales. El Director impugna la negativa de la Junta de Personal de la Rama Judicial a paralizar un procedimiento administrativo. Dicho procedimiento fue iniciado por Rosa Abreu Ayala, una empleada destituida, quien apeló su despido ante la Junta. El Director solicitó la paralización del caso invocando la paralización automática impuesta por el Título III de PROMESA. La empleada se opuso, argumentando que sus derechos no estaban sujetos a PROMESA o que solo aplicaba a reclamos monetarios. La Junta de Personal denegó la solicitud de paralización, citando que algunos eventos ocurrieron después de la petición de quiebra. El Director solicitó reconsideración, alegando falta de jurisdicción de la Junta y la aplicabilidad de la paralización a todo el caso, pero fue denegada. El Director acudió entonces al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de la decisión de la Junta. El Tribunal examina ahora los méritos de la petición del Director sobre la aplicación de la paralización de PROMESA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Eric Daniel Ríos Rosado y otros. Los peticionarios impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó tramitar un caso de cobro de dinero por la vía ordinaria, en lugar del procedimiento sumario de la Regla 60. La Resolución del TPI fue notificada el 23 de julio de 2020. Los peticionarios solicitaron reconsideración, pero el TPI declaró la primera solicitud extemporánea. Conforme a la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, el término de 30 días para presentar el certiorari comenzó a correr desde la notificación de la Resolución del TPI. Una solicitud de reconsideración extemporánea no interrumpe este término. El plazo para presentar el certiorari venció el 24 de agosto de 2020. El recurso de certiorari fue presentado el 1 de febrero de 2021, mucho después de expirado el término. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por Jonathan Barbosa Román. El peticionario solicitó la revisión de una pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Tras examinar el escrito, el Tribunal de Apelaciones encontró que incumplía con la mayoría de las disposiciones aplicables de su Reglamento. Se señala que la solicitud carece de los requisitos de contenido y los documentos necesarios en el apéndice, según lo exige la Regla 34. El Tribunal reitera la norma de que las partes deben observar rigurosamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para perfeccionar los recursos. El incumplimiento de estas exigencias impide al Tribunal adquirir jurisdicción para entender en el recurso. Por lo tanto, el Tribunal no puede considerar los méritos de la solicitud de revisión de pena. La Sentencia desestima el recurso de certiorari debido a estas deficiencias procesales.

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Mapfre Pan American Insurance Company apela una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda. La demanda fue presentada por Reinaldo Ortiz Ramos por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación por el huracán María. Ortiz Ramos alegó que Mapfre subestimó los daños, retrasó el pago y actuó de mala fe. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que el asegurado aceptó y cobró un cheque por \$1,016.14. Este cheque estaba marcado como pago total y final de la reclamación. Mapfre sostuvo que esto constituyó un "pago en finiquito", extinguiendo la obligación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la doctrina de "pago en finiquito" no aplicaba al caso. Esta sentencia evalúa si el foro primario erró al no aplicar dicha doctrina y denegar la desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por One Alliance Insurance Company (OAIC). OAIC solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su moción de desestimación en un caso de sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños. La demanda original fue presentada por Doctor's Center Hospital y otras entidades contra OAIC. La moción de desestimación de OAIC se basaba en la falta de legitimación activa de los demandantes. Los demandantes-recurridos presentaron una moción para desestimar el certiorari, alegando que OAIC incumplió con la Regla 33(B) del Tribunal de Apelaciones al no notificar el recurso a todas las partes. Específicamente, señalaron la falta de notificación a los abogados de Attenure Holdings Trust 9 y HRH Property Holdings LLC. El Tribunal de Apelaciones concedió a OAIC un término para exponer por qué no debía desestimarse el recurso por falta de notificación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, derivada del incumplimiento en la notificación a todas las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una petición de certiorari. Los peticionarios, Gilberto Velázquez Sánchez, Héctor Velázquez Muñiz y Jorge O. Cajigas Acevedo, solicitaron revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Orden había declarado con lugar una orden protectora presentada por el Municipio de Rincón en un pleito de expropiación forzosa. Los peticionarios alegaron que el TPI erró y abusó de su discreción al interpretar las reglas de descubrimiento de prueba de forma contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Argumentaron que esta decisión les impedía descubrir prueba y causaba indefensión. El Tribunal de Apelaciones revisó el escrito de certiorari. Considerando la naturaleza discrecional del recurso, el Tribunal procedió a resolver. Por los fundamentos expuestos en la resolución, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa sobre despido injustificado. El recurrente, David Rodríguez Morales, impugna una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. Dicha resolución, emitida el 26 de noviembre de 2019, ordenó el cierre administrativo y archivo con perjuicio de su querella contra Perfect Cleaning Services, Inc. La OMA tomó esta decisión debido a la incomparecencia del querellante a una vista administrativa señalada. Aunque la representación legal alegó problemas de notificación, la OMA consideró que el querellante tenía conocimiento previo de la fecha de la vista. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 12 de diciembre de 2019. Posteriormente, el 13 de enero de 2020, instó el presente recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en que el recurso fue presentado de forma prematura.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que descalificó a Conduent State & Local Solutions, Inc. como licitador en el proceso de Request for Proposal (RFP) S-19-08 para modernizar y operar el centro de servicio de AutoExpreso. Conduent había sido cualificado en la primera fase del RFP, un proceso diseñado en dos etapas. La Junta de Subastas de la ACT descalificó a Conduent alegando una violación de las instrucciones a los proponentes por visitar un centro de servicio y reunirse con un subcontratista del operador actual. Conduent impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal determinó REVOCAR la descalificación impuesta por la ACT. En consecuencia, el caso fue devuelto a la Junta de Subastas de la ACT. La Junta debe proceder con la segunda fase del RFP y permitir la participación de Conduent como licitador.

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El caso se centra en una disputa sobre una orden de pensión alimentaria administrada por ASUME, originada en el estado de Utah. La madre reclamaba una pensión de $600.00, mientras que el padre pagaba $117.00, alegando una modificación posterior de la orden en Utah. La madre impugnó la validez de la modificación de la pensión. ASUME emitió una resolución en 2016 declarando con lugar la objeción a una deuda y cerrando el caso. Posteriormente, en 2019, ASUME notificó el registro de una orden por $117.00, lo cual la madre objetó, solicitando el registro de $600.00. En una resolución de 2020, ASUME determinó que la validez de la modificación correspondía a Utah y el reclamo de aumento a Arizona, indicando que la obligación había cesado. La madre presentó un recurso de revisión judicial contra esta resolución de ASUME. ASUME solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegó que la madre incumplió el requisito de presentar una moción de reconsideración ante la agencia y que el recurso fue presentado fuera de término.

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Recurso de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Carlos Moyet Quiles impugna la determinación de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección. El recurrente solicitó ser referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra, alegando haber cumplido más de 25 años de una sentencia indeterminada, conforme a la Ley 316-2004 y el reglamento de la Junta. La División denegó su solicitud, informándole que la Junta adquiriría jurisdicción en el año 2040. Moyet Quiles argumentó que la División erró al no aplicar la ley, el reglamento y el precedente del caso *González Santos*. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa bajo el estándar de deferencia a las agencias. Tras la revisión, el Tribunal concluyó que la decisión de la División de Remedios Administrativos fue correcta. Por consiguiente, el Tribunal CONFIRMÓ la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emitió una Sentencia en el caso KLRA202000324. El recurrente, Josean X. Gómez González, presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Solicitó la desestimación de la querella administrativa 217-20-0023 por alegado incumplimiento del término para la celebración de la vista. El Procurador General solicitó la desestimación del recurso argumentando que la agencia no había emitido una decisión final. El Tribunal examinó su jurisdicción para revisar decisiones administrativas. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, solo procede la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una orden o resolución final de una agencia. Al no existir una determinación final del Departamento de Corrección sobre la querella, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado.

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Víctor Lyons Villanueva impugnó ante el Tribunal de Apelaciones la reclasificación de su custodia de mínima a mediana por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La reclasificación fue decidida por el Comité de Clasificación y Tratamiento tras un resultado positivo a opiáceos en una prueba toxicológica. El recurrente apeló administrativamente, alegando mal manejo de la prueba y falta de fundamentación en la decisión del Comité, pero su apelación fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Corrección y Rehabilitación admitió que la decisión del Comité carecía de las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho requeridas por ley y reglamento. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Departamento tenía razón en su señalamiento. Dictó sentencia desestimando el recurso por prematuro. Ordenó la devolución del caso al Departamento para que el Comité emita una resolución completa y fundamentada. La resolución final deberá ser notificada al recurrente. Una jueza emitió una opinión disidente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa. El recurrente, Víctor M. Cordero Villegas, solicita la revisión de la negativa de la Comisión Industrial a concederle beneficios de Incapacidad Total Permanente por Factores Socioeconómicos. La decisión original de la CFSE fue confirmada por la CIPR. El proceso administrativo incluyó una resolución denegatoria, una solicitud de reconsideración y una resolución re-notificada. Tras la denegación de una "Moción NUNC PRO TUNC" por la CIPR, el recurrente presentó este recurso de apelación. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal debe determinar si tiene la autoridad para revisar el caso. Se evalúan los principios de jurisdicción y el requisito de agotar los remedios administrativos antes de acudir a la vía judicial. La sentencia abordará si el recurso fue presentado correctamente y a tiempo.

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El Municipio de Aguadilla solicita al Tribunal de Apelaciones la revisión de una resolución de la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). Dicha resolución sustituyó la destitución del empleado Ricardo Cabán Meléndez por una suspensión de empleo y sueldo de treinta días. El señor Cabán Meléndez, quien trabajaba como guardián de seguridad, fue despedido por el Municipio tras una investigación. La investigación municipal se originó por una confidencia sobre el uso de una antena satelital y una computadora conectada al sistema biométrico durante horas laborables. Se encontraron hechos que confirmaron el uso de una computadora portátil conectada al sistema. El Municipio imputó al empleado cinco faltas graves al reglamento interno, incluyendo abandono de servicio y uso impropio de propiedad municipal. El empleado apeló la destitución ante la CASP, negando las imputaciones y alegando discrimen político. La CASP, tras una vista administrativa, decidió modificar la sanción impuesta por el Municipio. El Municipio de Aguadilla recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar esa determinación de la CASP.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó administrativamente su traslado a un centro agrícola para fines de rehabilitación y preparación para la libre comunidad. Alegó que su petición no recibió la debida atención. El Departamento de Corrección se opuso a la revisión, señalando incumplimientos procesales por parte del recurrente. En cuanto al fondo, el Departamento explicó que el recurrente no cumple los requisitos reglamentarios para el centro solicitado debido a su convicción por violencia doméstica. Informó que, a pesar de haber utilizado un trámite administrativo incorrecto, su solicitud fue evaluada. El Departamento indicó que se le recomendó un traslado a un proyecto agrícola alternativo, considerando esta actuación razonable y conforme a la reglamentación. El Tribunal procede a evaluar el caso aplicando los principios de revisión judicial de actos administrativos, enfocándose en la legalidad, razonabilidad y el apoyo en evidencia sustancial de las decisiones de la agencia.

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