Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 147)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El proceso se inició con una demanda presentada por Carmen N. Hernández Avilés contra Carlos Erazo Santana. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la demandante, ordenando al demandado el pago de $3,300.00. El señor Erazo solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Su representación legal se relevó, informándole que tenía treinta días desde el 3 de febrero de 2021 para apelar la sentencia. El señor Erazo, quien se encontraba confinado, presentó un recurso de certiorari solicitando interrumpir el término para apelar. Alegó no haber recibido el expediente del caso a tiempo para preparar su apelación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. No obstante, desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en que la apelación fue presentada de forma tardía.

Resumen:

Víctor A. Ortiz Torres presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de modificar una sentencia. Dicha sentencia, dictada en 2017, fue por el delito de apropiación ilegal agravada (Art. 182). El peticionario fundamentó su solicitud en el principio de favorabilidad, aunque la ley citada ya estaba vigente al momento de la sentencia. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, se opuso a la expedición del auto. Tras evaluar la petición, la oposición y los documentos relevantes, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario no incurrió en error. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de revisión. Las recurrentes, Puerto Rico Asphalt, LLC y A \& M Group, Inc., impugnaron la adjudicación de la Subasta Núm. P-20-34 por la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Dicha subasta tenía como propósito contratar servicios de mantenimiento de carreteras por métodos de alta calidad. La Junta de Subastas de la ACT había adjudicado la buena pro a Ferrovial Agromán, LLC. Puerto Rico Asphalt argumentó que la notificación de adjudicación fue defectuosa y que no se aplicó el porciento de preferencia a su cotización. Por su parte, A \& M Group alegó que su propuesta fue rechazada de plano erróneamente por no cumplir un requisito específico. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por ambas recurrentes. Tras la revisión, el Tribunal confirmó la determinación recurrida. Esto resultó en que se sostuvo la adjudicación de la Subasta Núm. P-20-34 a favor de Ferrovial Agromán, LLC.

Resumen:

Se revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, que desestimó con perjuicio la causa de acción sobre represalias presentada por la señora Eulalia Medina Pérez. La Sentencia Parcial fue notificada el 23 de septiembre de 2020. La apelante presentó una moción de reconsideración y una solicitud de determinaciones de hechos adicionales el 9 de octubre de 2020. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar ambas solicitudes el 8 de marzo de 2021, notificado el 9 de marzo de 2021. La señora Medina presentó la Apelación el 8 de abril de 2021. El tribunal de apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado de manera tardía, fuera del término legal. Se hace referencia a la Regla 47 de Procedimiento Civil sobre la reconsideración de sentencias y órdenes.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones José M. Pérez Villanueva para recurrir de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra el Baloncesto Superior Nacional Corp. (BSN) por falta de jurisdicción. Pérez Villanueva demandó al BSN tras ser relevado de su cargo como apoderado de una franquicia, alegando incumplimiento contractual al no recibir notificación escrita y que la causa (estado de la cancha post-huracán) no justificaba el relevo. Argumentó que la controversia era de derecho y no deportiva, por lo que no aplicaba la cláusula de selección de foro del contrato que remitía las disputas a foros deportivos. El BSN solicitó la desestimación basándose en dicha cláusula y la autonomía deportiva. El Tribunal de Primera Instancia declaró la aplicabilidad de la cláusula y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre custodia y traslado de un menor. El padre apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que rechazó su impugnación a un informe de trabajadora social. Dicho informe recomendaba otorgar la custodia a la madre y autorizar el traslado del menor a Texas. El caso se originó tras una sentencia de divorcio con custodia materna y patria potestad compartida. Previamente, se autorizó el traslado inicial a Florida, pero la madre se mudó múltiples veces sin notificar al tribunal. El padre solicitó custodia y prohibición de traslado, alegando preocupación por el bienestar del menor. El Tribunal de Primera Instancia no autorizó un nuevo traslado inicial, estableció custodia compartida provisional y ordenó estudios sociales. La trabajadora social recomendó posteriormente la custodia materna y el traslado a Texas. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente y el derecho aplicable. Resolvió revocar la resolución apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones denegó expedir un auto de certiorari solicitado por Julio Maldonado Alvalle. El peticionario buscaba revocar una Orden postsentencia del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la venta de un bien inmueble. Esta orden se dictó en el contexto de un pleito de liquidación de sociedad de gananciales tras el divorcio de las partes. Según una sentencia por estipulación previa, el inmueble había sido adjudicado al señor Maldonado Alvalle, quien debía pagar una suma a su exesposa, Sonia N. Torres Robles. Ante el incumplimiento del pago, la señora Torres Robles solicitó la ejecución de sentencia y, posteriormente, la autorización para vender la propiedad basándose en una oferta recibida. El señor Maldonado Alvalle se opuso, alegando que el precio era bajo y que él debía controlar la venta del inmueble adjudicado. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la venta, lo que motivó el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, denegó tanto el auto solicitado como una moción de auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó una petición de certiorari presentada por Steven J. Cuevas Feliciano. El peticionario, un miembro de la población correccional, impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que dispuso "Nada que proveer" sobre un escrito suyo. Ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario alegó merecer "una mejor sentencia" por ser "primer ofensor", pero no ofreció fundamentos fácticos o jurídicos. El Tribunal determinó que el escrito del peticionario incumplió sustancialmente con los requisitos de la Regla 34 de su Reglamento. El peticionario no acompañó los documentos pertinentes del expediente de instancia, como las acusaciones o sentencias. Tampoco formuló de forma coherente o fundamentada el error alegado del tribunal inferior. El Tribunal recordó que comparecer por derecho propio o estar confinado no exime del cumplimiento de las reglas procesales. La naturaleza insustancial del planteamiento no justificó la intervención con la decisión recurrida. Por estos motivos, se denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Jorge Joel Valentín Resto. El apelante solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicho tribunal lo había condenado a cumplir una pena total de 159 años de reclusión. La sentencia se basó en la comisión de delitos que incluyeron asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, secuestro, y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados ocurrieron el 15 de agosto de 2018, resultando en la muerte de Stacey Lyann Santana Cueva y heridas a Hans Derick Pérez Gómez. En el Tribunal de Primera Instancia se celebró un juicio por tribunal de derecho. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó prueba testifical y documental. Tras evaluar la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La peticionaria recurre contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de vista evidenciaria. Dicha vista buscaba probar la existencia de un alegado acuerdo verbal de aumento de pensión alimentaria. El caso tiene un historial de estipulaciones escritas, la última aprobada en 2013, que fijó la pensión y gastos suplementarios. Surgieron controversias sobre la continuidad de ciertos pagos tras la culminación de un tratamiento de ortodoncia y el ingreso de la menor a la universidad con beca. La peticionaria alegó que en 2015 las partes pactaron verbalmente un aumento de la pensión. El recurrido negó la existencia de tal acuerdo verbal y reclamó un crédito por supuestos pagos en exceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de la peticionaria para celebrar una vista sobre el acuerdo verbal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari presentado contra esa determinación por falta de jurisdicción.

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Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. # Rivera Torres, Juez Ponente ## SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2021. Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones mediante sus respectivos recursos de Certiorari las siguientes partes peticionarias: Universidad de Puerto Rico (UPR), Samuel González, José Noel Caraballo Ríos, Guillermo M. Rosado Colón, y Ángel Miguel Rivera Roche (recurso núm. KLCE202001201), y AIG Insurance Company of Puerto Rico (recurso núm. KLCE202001226). ${ }^{1}$ En los recursos de epígrafe las partes peticionarias nos solicitan la revisión de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (el TPI) el 17 de junio de 2020, notificada al día siguiente. En dicha Resolución el TPI declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la AIG Insurance Company Puerto Rico. [^0] [^0]: ${ }^{1}$ Conforme a la Resolución dictada el 26 de enero de 2021 los recursos KLCE202001201 y KLCE202001226 fueron consolidados debido a que refieren a los mismos hechos del caso GDP2015-0025 ante el TPI. --- Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la resolución recurrida. # I. Los hechos de los casos ante nuestra consideración se remontan al 2014 cuando el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) realizaba una huelga en el Recinto de Cayey. Según se alega durante la madrugada del 27 de febrero de 2014 el recinto fue objeto de actos de sabotaje por parte de los empleados, entre ellos el Sr. Luis Martínez Alsina. La UPR acudió al TPI con una solicitud de entredicho provisional e interdicto, preliminar y permanente (caso GDP2015-0025). El interdicto preliminar fue concedido "...con miras a evitar que el Sindicato interrumpiera el normal funcionamiento de las actividades del Recinto de Cayey y para mantener el estatus quo hasta la celebración del juicio en su fondo."2 De los recursos presentados surge también que al Sr. Luis Martínez Alsina le radicaron una denuncia por violación al Artículo 214 del Código Penal de Puerto Rico (caso GM2014CR00147). ${ }^{3}$ Así las cosas, el 25 de febrero de 2015 el Sr. Luis Martínez Alsina, su esposa Ana Gutiérrez Rivera, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales, y de su hija menor S.M.G., (en adelante la parte recurrida-demandante), instaron una Demanda en daños y perjuicios contra la UPR y los señores Samuel González, José Noel Caraballo Ríos, Guillermo M. Rosado Colón y Ángel Miguel Rivera Roche. En la misma alegaron persecución maliciosa y difamación contra el señor Martínez Alsina y adujeron que por estos actos, los codemandados eran [^0] [^0]: ${ }^{2}$ Véase el caso KLAN201400615 (Sentencia del 30 de junio de 2014). Valga señalar que el recurso fue acogido como un certiorari y denegada su expedición. ${ }^{3}$ Véase el Apéndice del Recurso KLCE202001201, págs. 547 y 548. --- responsables solidariamente de los mismos. Solicitaron, además, una compensación de $\$ 650,000$ por todos los daños ocasionados según desglosados en la demanda. Los referidos codemandados contestaron la demanda negando los hechos esenciales de la misma. El 4 de noviembre de 2015 se presentó una Demanda Enmendada para incluir como codemandado adicional a la aseguradora AIG Insurance Company Puerto Rico (en adelante la AIG). El 10 de marzo de 2016 la AIG presentó una Moción de Sentencia Sumaria en la cual expresó, en esencia, que procedía la desestimación de la demanda instada en su contra ante la notificación tardía de la reclamación por parte de la UPR, según los requisitos dispuestos en la póliza núm. 024-001002132-01-000000. Argumentó en derecho que dicha póliza es "claim made" por lo cual la notificación dentro de los 90 días después de la culminación del periodo de vigencia de la póliza es un requisito indispensable para activar su cubierta. El 28 de junio de 2016 la parte recurrida-demandante presentó una moción intitulada Oposición a Moción de Sentencia Sumaria presentada por AIG Insurance Company; Solicitud que se dicte Sentencia Sumaria Parcial a favor de la parte demandante; Solicitud de extensión del descubrimiento de prueba debido a la seriedad de lo acontecido en este caso. En síntesis, argumentaron que existen otras dos pólizas expedidas a favor de la UPR que ofrecen cobertura a la reclamación instada, a saber, la póliza núm. 025-001002666-02-000000 (D \& O) y la núm. 176-001000326-01000000 (Multimedia Professional). A su vez solicitaron una extensión del descubrimiento de prueba para conocer más detalles sobre estas pólizas. Por otra parte, propusieron sesenta y dos (62) hechos los cuales a su entender no estaban en controversia por lo

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia revisando una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha resolución había denegado una solicitud de sentencia sumaria presentada por AIG Insurance Company of Puerto Rico. El caso principal es una demanda por daños y perjuicios contra la Universidad de Puerto Rico y otros, instada por la familia Martínez Alsina. La demanda alega persecución maliciosa y difamación relacionadas con eventos durante una huelga en la UPR en 2014. AIG basó su moción de sentencia sumaria en la notificación tardía de la reclamación bajo una póliza específica "claim made". La parte demandante se opuso, argumentando la posible aplicabilidad de otras pólizas de seguro. El Tribunal de Apelaciones consolidó este recurso con otro relacionado. Tras considerar los argumentos, el tribunal expidió el auto de certiorari solicitado. La sentencia concluye revocando la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones relacionado con un caso de despido injustificado del Departamento del Trabajo (OMA), entre Best Work Construction (BWC) y Carmelo Rodríguez Figueroa. BWC solicitó revisar una resolución de la OMA sobre la notificación de una decisión final emitida el 6 de marzo de 2020. La OMA había confirmado que la decisión final fue notificada el 14 de septiembre de 2020, luego de que el Sr. Rodríguez Figueroa alegara no haberla recibido. BWC apeló esta confirmación, argumentando una notificación incorrecta por parte de la OMA. Posteriormente, a solicitud del Sr. Rodríguez Figueroa, la OMA volvió a notificar la decisión final por correo certificado y otros medios. El Departamento del Trabajo argumentó que la nueva notificación tornaba académico el recurso de BWC, solicitando su desestimación. BWC se opuso a la desestimación, planteando un asunto aparte sobre la fecha de archivo de la resolución en el expediente administrativo. El Tribunal de Apelaciones, considerando los argumentos y eventos, desestimó el recurso de revisión judicial presentado por BWC.

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Este caso se relaciona con la liquidación de la sociedad de bienes gananciales entre las partes tras su divorcio. El peticionario impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó un crédito solicitado por pagos de hipoteca y mantenimiento de un bien ganancial. El peticionario argumentaba que le correspondía dicho crédito. La recurrida solicitó sentencia sumaria parcial, alegando que esos pagos se realizaron como parte de la pensión alimentaria provisional. El foro primario declaró ha lugar la moción de la recurrida, determinando que los pagos fueron ordenados judicialmente como parte de la pensión provisional y no daban derecho a crédito en la liquidación. El peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la solicitud, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Daniel Rivera Colón, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una determinación del DCR que denegó su solicitud de reconsideración. Previamente, el Sr. Rivera Colón había presentado una Solicitud de Remedio Administrativo ante el DCR. En dicha solicitud, pedía atención médica para su migraña y que se le recetara el medicamento Fiouricet, el cual consideraba efectivo. El DCR respondió inicialmente indicándole que discutiera sus inquietudes con el médico de la institución. Inconforme, el recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR, señalando que tenía una cita pautada y sus medicamentos habían sido renovados. Ante el Tribunal de Apelaciones, el Sr. Rivera Colón alegó que los servicios médicos del DCR eran ineficientes y los medicamentos inadecuados. Argumentó que necesitaba ser evaluado por un neurólogo para recibir un tratamiento efectivo para su condición. Solicitó al tribunal que ordenara al DCR una evaluación especializada y un tratamiento médico adecuado. El tribunal procede a resolver el asunto conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Funeraria El Reposo, Inc. La peticionaria solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero. El caso original fue incoado por Cidra Metallic Casket, Inc. contra Funeraria El Reposo. La Funeraria El Reposo argumentó la prescripción de la deuda y presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones ordenó a la parte recurrida, Cidra Metallic Casket, a mostrar causa, pero esta no compareció. Tras considerar el escrito de la peticionaria y los documentos adjuntos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Luis Guadalupe González. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia relacionada con una Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Mediante dicha moción, el señor Guadalupe González solicitó la corrección de la sentencia impuesta en 2005 por cargos de robo y empleo de violencia contra autoridad pública. Alegó que las penas de 99 y 20 años concurrentes eran desproporcionales y excedían los máximos legales bajo el Código Penal de 1974. El foro primario emitió una orden declarando "NADA QUE PROVEER" sobre la moción. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal procedió a examinar si poseía jurisdicción para atender el recurso. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción. Por tanto, desestimó el recurso de certiorari presentado por el señor Guadalupe González.

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Un Panel Especial del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia el 15 de abril de 2021. El panel, integrado por la Jueza Rivera Marchand y los Jueces Flores García y Vázquez Santisteban, examinó una Moción de Desistimiento Voluntario de Petición de Certiorari. Dicha moción fue presentada por la parte Peticionaria, Honeywell Aerospace de P.R., Inc. El Tribunal declaró la moción Con Lugar, es decir, la concedió. Como resultado, se ordenó el archivo y sobreseimiento del recurso de Certiorari. Esta decisión se fundamentó en el desistimiento voluntario de la parte peticionaria. La Sentencia cita el inciso A de la Regla 83 como base legal para el sobreseimiento.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Diversity Professional Services, LLC, impugna la negativa del foro primario a permitirle presentar una reconvención contra la demandante, Perfect Integrated Solutions, Inc. Perfect Integrated inició el pleito reclamando el pago de \$258,660.07 por servicios de construcción prestados bajo un contrato. Alegó que Diversity Professional no pagó los balances adeudados por trabajos completados. Diversity Professional, tras disputar inicialmente el emplazamiento, contestó la demanda negando la deuda y afirmando que los trabajos de Perfect Integrated estaban incompletos o requerían correcciones. Posteriormente, Diversity Professional solicitó autorización para presentar una reconvención, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Este recurso busca que el Tribunal de Apelaciones revoque dicha denegatoria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución de la Comisión Industrial relativa a un accidente de trabajo. El caso se centra en un trabajador que sufrió una lesión en su rodilla derecha en 2007. Años después, mientras gestionaba apelaciones sobre la incapacidad de su rodilla, el trabajador experimentó fallos en la misma. Estos fallos le causaron caídas que resultaron en lesiones en su pie izquierdo y hombro. La Comisión Industrial determinó que estas lesiones posteriores constituían un accidente intercurrente compensable. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado apeló esta decisión, argumentando contra la existencia de una relación causal. El Tribunal de Apelaciones analizó el historial del caso y la evidencia presentada. Concluyó que la determinación de la Comisión Industrial estaba fundamentada. Por tanto, el Tribunal resolvió confirmar la Resolución recurrida. Validó así que las lesiones sufridas en las caídas eran compensables como consecuencia del accidente original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Wilfredo Mendoza Santiago, impugnó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de ratificar su custodia de máxima seguridad. Presentó una revisión administrativa tras la denegación de su solicitud de reconsideración. El Tribunal procedió a evaluar si tenía jurisdicción para atender el recurso. Se constató que el recurrente fue notificado del dictamen denegando la reconsideración el 7 de enero de 2021. El plazo jurisdiccional de 30 días para presentar la revisión vencía el 8 de febrero de 2021. Sin embargo, el recurso fue presentado ante el Departamento el 17 de febrero de 2021, fuera del término legal. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer del caso. Se desestima el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLAN202100072. El apelante, José C. Sánchez Castro, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. La demanda original buscaba interdicto preliminar, mandamus y daños contractuales contra PDM Utility Corporation y el DTOP. El pleito se originó por la interrupción del servicio de agua y facturación excesiva tras el huracán María, luego de gestiones infructuosas ante agencias administrativas. Los apelados argumentaron que la Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías (DEDT) del DTOP poseía jurisdicción original exclusiva sobre la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los antecedentes del caso, desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del foro judicial para atender la controversia, confirmando implícitamente que el foro administrativo es el competente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por miembros de la Junta de Directores del Consejo de Titulares de la Torre I del Centro Internacional de Mercadeo. Solicitaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de desestimar un reclamo presentado en su contra en su capacidad personal. La demanda original fue instada por titulares del condominio. Los demandantes alegaron que los directores incumplieron la Ley de Condominios y el Reglamento del CIM T I. Las alegaciones incluían violaciones a los términos de incumbencia, el proceso eleccionario y la representación en asambleas, buscando la nulidad de decisiones y elecciones desde 2009. Los directores argumentaron que solo responden personalmente por delito, fraude o negligencia crasa, no alegados en la demanda. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la decisión del foro primario de no desestimar la acción personal contra los directores se mantiene.

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MAPFRE Pan American Insurance Company solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. MAPFRE basó su solicitud en la defensa de pago en finiquito, argumentando que los asegurados cobraron un cheque que indicaba ser pago total y final por una reclamación de daños por huracán. La parte recurrida demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, alegando que la aseguradora pagó solo una fracción de los daños reclamados bajo varias pólizas. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia sobre si se cumplió el requisito cognoscitivo para aplicar la doctrina de pago en finiquito. Tras evaluar el recurso y las comparecencias de las partes, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de continuar el caso para dilucidar los hechos en controversia se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La apelante, Linda Seguí Suárez, recurre de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón contra Armando Mulero Velázquez. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda y ordenó la liquidación y división de la extinta sociedad legal de gananciales. El caso se inició para liquidar bienes adquiridos durante el matrimonio. Las partes presentaron una estipulación parcial sobre bienes, la cual el TPI acogió como total basándose en juramentos. A pesar de ello, el TPI permitió prueba sobre controversias, pero determinó que las partes no la aportaron. La apelante señala dos errores principales en su recurso. El primer error cuestiona la determinación del TPI sobre la cantidad aportada por el apelado a un plan de retiro. El segundo error impugna la interpretación del TPI de que las estipulaciones implicaban una renuncia a cualquier otra reclamación. El Tribunal de Apelaciones ha examinado los escritos y está en posición de resolver el recurso.

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Elías Peña Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revisión de una determinación de causa probable para arresto por el delito grave de acoso sexual, según el Artículo 135 del Código Penal. Dicha determinación fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. El peticionario alega que el tribunal primario erró al encontrar causa sin que él fuera debidamente identificado durante la vista. La Oficina del Procurador General, en representación del Pueblo, argumenta que este planteamiento es prematuro. Sostiene que cualquier deficiencia en la determinación de causa para arresto puede ser subsanada en la etapa de vista preliminar. La resolución del Tribunal de Apelaciones inicia el análisis del recurso. En ella, se expone el trasfondo del caso y se comienza a discutir el marco legal aplicable a la determinación de causa probable para arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal. Se detallan los requisitos constitucionales y las alternativas procesales para dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un recurso de certiorari instado por Deya Elevators y su aseguradora. Los peticionarios buscaban la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios. El foro primario determinó que existían controversias sobre hechos medulares que impedían dictar sentencia sumaria. El caso se originó por una demanda presentada por una empleada y el Fondo del Seguro del Estado tras un incidente donde un elevador descendió súbitamente, alegando negligencia en el mantenimiento. Los peticionarios argumentaron que el mal funcionamiento se debió a una interrupción eléctrica, no a su culpa. Adicionalmente, los peticionarios solicitaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar la vista en su fondo pautada en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Por consiguiente, también declaró no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de certiorari presentado por Doctor's Center Hospital Bayamón. El Hospital impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda por despido injustificado. La controversia central giraba en torno al plazo prescriptivo aplicable a la acción de despido injustificado bajo la Ley 80. El Hospital sostenía que el plazo de 1 año establecido por la Ley 4-2017 era el aplicable, argumentando que la demanda fue presentada fuera de dicho término. Las demandantes, por su parte, alegaron que al haber sido contratadas antes de la enmienda de 2017, les aplicaba el plazo anterior de 3 años como un derecho adquirido. El Tribunal de Primera Instancia acogió la postura de las demandantes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el plazo prescriptivo aplicable es de 1 año. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida y ordenó la desestimación del reclamo de despido injustificado por haber prescrito.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre expropiación a la inversa y daños contra entidades gubernamentales. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda por falta de madurez. El Tribunal de Apelaciones, previo a evaluar los méritos, considera su jurisdicción. Destaca la importancia de la jurisdicción y el efecto de la Ley PROMESA y la petición de quiebra bajo el Título III. La presentación de la quiebra activó una paralización automática de procedimientos judiciales contra el Gobierno y sus instrumentalidades. Esta paralización, conforme al Código de Quiebras, impide la continuación de acciones judiciales contra las entidades cubiertas. Al estar las partes apeladas cubiertas por la paralización, el tribunal carece de jurisdicción activa para atender el recurso. Por los fundamentos expuestos, se ordena el archivo administrativo del recurso de apelación sin perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Cemex Concreto, Inc. contra la Unión de Trabajadores Ready Mix. El recurso es una apelación mediante certiorari de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión resolvió una petición de revisión de un laudo de arbitraje obrero-patronal. El laudo original trataba sobre el despido del empleado Héctor L. Maldonado Díaz por parte de CEMEX. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la petición de CEMEX para revocar el laudo, confirmando que el despido fue injustificado. No obstante, el TPI modificó el remedio, limitándolo a la mesada correspondiente bajo la Ley 80-1976. CEMEX solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones procede a expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se fundamenta en el despido del empleado por supuestamente no llenar un formulario de inspección diaria y su historial disciplinario previo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato contra una aseguradora. Los apelantes recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. El foro primario concluyó que carecía de jurisdicción porque los demandantes no cumplieron con el requisito de notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora, según el Artículo 27.164(d)(3) del Código de Seguros (Ley Núm. 247-2018). Los apelantes argumentan que dicho requisito no aplica a todas sus causas de acción, incluyendo las basadas en el Código Civil, y que el tribunal debió permitirles enmendar la demanda. La Ley 247-2018 fue aprobada tras los huracanes Irma y María para fortalecer las protecciones a los asegurados frente a prácticas desleales. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso presentado por los apelantes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso relacionado con casos de reivindicación y daños y perjuicios procedentes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo. Las partes incluyen a Frank R. Armstrong Anselmi como peticionaria y Miguel Muñoz Lizardi como recurrido. La peticionaria presentó una moción de desistimiento del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal declaró Ha Lugar la moción de desistimiento. Conforme a la Regla 83 (A) de su Reglamento, el Tribunal aprobó el desistimiento solicitado. En consecuencia, se ordenó el archivo del presente recurso de apelación. La sentencia fue emitida el 13 de abril de 2021.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, miembros de una sucesión y corporaciones, impugnaron la validez de emplazamientos por edicto en un caso de cobro de dinero iniciado por Banco Popular. El Tribunal de Primera Instancia había autorizado el emplazamiento por edicto ante la dificultad de realizar notificaciones personales, en parte debido a la pandemia de COVID-19 y el vencimiento del término. Los peticionarios solicitaron dejar sin efecto dichos emplazamientos, pero el foro primario denegó su moción y la posterior reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó la controversia sobre la procedencia del emplazamiento por edicto. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. Sin embargo, procedió a confirmar la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones validó el emplazamiento por edicto realizado a los peticionarios en el pleito de cobro de dinero.

Resumen:

John Sánchez Nieves acude al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida el 14 de diciembre de 2020. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su moción para obtener una reducción del 25% de su sentencia. El peticionario fundamentó su solicitud en la aplicación del Artículo 67 bajo el Principio de Favorabilidad del Artículo 4 de la Ley 246-2014. Alegó que su alegación pre-acordada debía considerarse como atenuante para reducir la pena. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos, constatando que Sánchez Nieves fue sentenciado a 5 años bajo sentencia suspendida, la cual fue revocada por incumplimiento y nuevos delitos. La Resolución del Tribunal de Apelaciones aborda el recurso, discutiendo el carácter discrecional del certiorari y el estándar de revisión de las decisiones de instancia.

Resumen:

Cheiro I. Vargas Justiniano, acusado de violar la Ley de Sustancias Controladas, solicitó la supresión de evidencia en su contra. Argumentó que la evidencia fue obtenida ilegalmente, sin orden judicial ni sospecha fundada. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de supresión. En la vista, el agente interventor testificó que la intervención se originó al observar un vehículo sospechosamente estacionado con la puerta abierta en un área de alta incidencia criminal. La situación generó sospecha de un posible hurto de auto. Un perro de la unidad K-9 marcó el vehículo, lo que llevó al descubrimiento de la evidencia. Vargas Justiniano presentó un recurso de certiorari contra la decisión del TPI. Tras revisar el caso, el tribunal resolvió denegar el auto de certiorari solicitado.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios en un caso civil sobre incumplimiento de contrato, dolo y cobro de lo indebido. Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de anotar la rebeldía o dictar sentencia en rebeldía contra los recurridos. Los peticionarios argumentaron que la alegación responsiva de los recurridos fue presentada fuera del término concedido y no cumplía con las reglas de procedimiento. El TPI había denegado previamente una solicitud de reconsideración sobre este asunto. Tras examinar el recurso de certiorari presentado por los peticionarios y la oposición de los recurridos, el Tribunal de Apelaciones procede a denegar la expedición del auto solicitado. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones no revisará la decisión del TPI sobre la rebeldía.

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MAPFRE Pan American Insurance Company presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones buscando revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución denegó la moción de sentencia sumaria de MAPFRE en una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda fue presentada por Reynaldo Colón Garay, quien reclamó a MAPFRE por daños causados por el huracán María. Colón Garay cobró un cheque de MAPFRE marcado como "pago total y final" de su reclamación. Posteriormente, demandó a la aseguradora alegando mala fe y pago insuficiente. MAPFRE solicitó la desestimación del caso basándose en la doctrina de pago en finiquito. El TPI denegó la moción al determinar que existía una controversia de hechos. El foro primario consideró que MAPFRE no demostró haber comunicado adecuadamente que el pago cerraba la reclamación ni haber actuado sin ventaja indebida. MAPFRE argumenta que el TPI erró al denegar la sentencia sumaria y al interpretar incorrectamente la doctrina de pago en finiquito.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. La sentencia apelada acogió una moción de sentencia sumaria presentada por MAPFRE Insurance Company, desestimando con perjuicio la demanda por daños y perjuicios contractuales instada por Milagros Figueroa y Rafael Rosa. Los demandantes reclamaban compensación por daños a su residencia y propiedad personal tras el huracán María, alegando que MAPFRE se negó a cumplir sus obligaciones contractuales. MAPFRE argumentó que el cobro de un cheque por los demandantes constituyó un pago en finiquito, extinguiendo la deuda. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, al aceptar y canjear el cheque sin objetar la cantidad, los demandantes aceptaron el pago final, configurándose la doctrina de pago en finiquito. Los apelantes recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de revisión administrativa presentado por ER Contractor Corp. (ERCC) contra una resolución del Municipio Autónomo de Cayey. El Municipio impuso una multa de \$77,873.60 a ERCC por no haber pagado los arbitrios de construcción correspondientes previo al inicio de una obra. ERCC solicitó reconsideración y se celebró una vista administrativa, tras la cual el oficial examinador confirmó la multa, argumentando el incumplimiento de la Ley de Municipios Autónomos. ERCC presentó una segunda reconsideración, alegando que no era el dueño del proyecto y por tanto no responsable de la declaración de obra y el pago de arbitrios. Esta petición fue denegada por el Municipio. Inconforme, ERCC acudió al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la interpretación y aplicación del derecho por parte del Municipio. El Tribunal, al iniciar su análisis, se centró en la cuestión de la jurisdicción y desestimó el recurso de revisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Ejecución de Hipoteca. La apelante, Grace Monge La Fosse, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nulidad de subasta. La señora Monge alegó que los edictos de venta judicial contenían una descripción defectuosa de la propiedad hipotecada. Argumentó que la omisión de detalles sobre el edificio, estacionamiento, anexos y uso del inmueble viciaba la subasta. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su petición de nulidad. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar la decisión. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden recurrida del foro primario. El proceso de ejecución se inició tras una Sentencia de 2011 por incumplimiento de pago de una deuda hipotecaria.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre privación de patria potestad. El apelante, Josué Colón Ortiz, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le privó de la patria potestad de sus hijos, otorgándola exclusivamente a la apelada, Denisse Ivette Rivera Santiago. La apelada inició el caso alegando incumplimiento de deberes parentales por parte del apelante. El TPI dictó sentencia a favor de la apelada tras la incomparecencia del apelante al juicio. El apelante impugnó la sentencia, argumentando que la prueba presentada por la apelada era insuficiente. El Tribunal de Apelaciones ordenó al apelante reproducir la prueba oral para evaluar su señalamiento de error sobre la apreciación de la prueba. La apelada solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento del apelante con las órdenes del tribunal, específicamente por no informar el método de reproducción de la prueba. Por las razones expuestas, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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Anthony R. Negrón Burgos presentó una revisión administrativa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba acciones relacionadas con un informe negativo de un oficial y una querella disciplinaria que fue desestimada. Solicitó una investigación contra el oficial, pero Corrección denegó su petición y la reconsideración subsiguiente. Ante el Tribunal de Apelaciones, el señor Negrón argumentó que la respuesta de Corrección era arbitraria. El Tribunal requirió a Corrección que informara si había restituido al recurrente en la cocina y si el incidente desestimado se consideraría en el futuro. Corrección certificó que la remoción de la cocina se debió a un acomodo razonable por salud, no al incidente disciplinario. Además, confirmó que la querella desestimada no se utilizaría para ningún fin. Al quedar resueltos los asuntos prácticos, el Tribunal concluyó que el recurso se tornó académico y desestimó la revisión administrativa.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia dejó sin efecto un laudo de arbitraje de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que había anulado el ascenso del Sr. Juan Jaime Rodríguez en el Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM). La UGT impugnó el ascenso ante la CASP alegando incumplimiento con el Convenio Colectivo al no convocarse la oportunidad. El árbitro de la CASP determinó que el CEM violó el convenio, declaró nulo el ascenso y ordenó el descenso del empleado. El Sr. Jaime Rodríguez recurrió al TPI, argumentando que el puesto ascendido era gerencial y no cubierto por el convenio. El TPI revocó el laudo de arbitraje, concluyendo que el puesto era gerencial y excluido de la unidad negociadora, y que el nombramiento por necesidad del servicio fue válido. El TPI dejó sin efecto la decisión del árbitro y ordenó la reinstalación del Sr. Rodríguez en el puesto. La UGT presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el TPI erró al sustituir el criterio del árbitro mediante un juicio de novo. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Finalmente, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto solicitado por la UGT.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Mandamus. El peticionario, Víctor Manuel Salgado Bravo, solicitó ordenar a la Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, celebrar una vista sobre remedios provisionales. Dicha vista buscaba atender asuntos de custodia y relaciones paterno filiales en un caso de divorcio. El caso de divorcio, iniciado por Jahaira Liz Serrano Domínguez, tuvo un historial procesal que incluyó el cambio de la causal de divorcio a mutuo consentimiento. Las partes habían llegado a acuerdos sobre pensión alimentaria y discutido otros aspectos. El peticionario presentó la solicitud urgente de remedios provisionales el 3 de marzo de 2021. Tras evaluar el recurso y los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar la petición. La desestimación se fundamenta en que el auto de Mandamus se ha tornado académico.

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Alejandro Bellver Espinosa y Yasbel Escobar Ramírez presentaron una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios incoado por Antonio Rosselló Rentas y otros. El caso original alega que los peticionarios, como abogados de Banco Popular, presentaron demandas con alegaciones falsas. Un recurso anterior ante este Tribunal revocó una decisión del TPI sobre el privilegio abogado-cliente, ordenando una vista evidenciaria. Tras prevalecer en ese recurso, los peticionarios presentaron un Memorando de Costas. El TPI denegó dicho memorando, considerando que era prematuro al no haberse dictado aún sentencia final en el caso. La petición de certiorari impugnaba esta denegatoria de costas. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, ha resuelto denegar el auto de certiorari solicitado. La denegatoria implica que la decisión del TPI de considerar prematuro el reclamo de costas en esta etapa procesal se mantiene.

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Luis Hiram Quiñones Santiago, un confinado, apeló una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Solicitó que el DCR planchara sus uniformes, alegando que la lavandería contaba con planchas y que los uniformes debían ser presentables. Quiñones Santiago presentó una solicitud ante la División de Remedios Administrativos del DCR. La División denegó su petición, indicando que el Reglamento solo exige lavar y secar los uniformes. Su solicitud de reconsideración también fue rechazada. Quiñones Santiago acudió entonces al Tribunal de Apelaciones. El tribunal revisó el trámite administrativo y las obligaciones del DCR. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa. La sentencia valida la posición del DCR de que no está obligado a planchar los uniformes de los confinados, solo a lavarlos y secarlos.