Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 140)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. La resolución apelada desestimó las acusaciones presentadas contra Ramón Echevarría Pérez y Juan González González. Los acusados enfrentaban cargos por infracciones al Código Penal (disparar desde vehículo) y a la Ley de Armas (disparar en lugar público o poner en peligro). Los hechos alegados ocurrieron en septiembre de 2018 en Mayagüez. Tras hallarse causa probable, el Ministerio Público presentó las acusaciones correspondientes. Los acusados solicitaron descubrimiento de prueba, incluyendo evidencia exculpatoria, notas de agentes y detalles de testigos. El Ministerio Público contestó, indicando disponibilidad de parte de la prueba pero negando conocimiento de evidencia exculpatoria en el sumario fiscal al momento. La resolución del TPI que desestimó el caso es el objeto de la revisión por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Luis M. Castro Agis. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en su caso penal. Dicha Orden denegó una Moción In Limine presentada por Castro Agis. La moción buscaba impedir que el Ministerio Público presentara evidencia sobre cargos por los cuales no se encontró causa probable. El peticionario argumentó que esta evidencia confundiría y perjudicaría al jurado en relación con los cargos pendientes por violaciones al Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental. Aunque el foro primario reconsideró parcialmente su decisión, el peticionario recurrió al Apelativo. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al permitir cualquier evidencia relacionada con los cargos desestimados, incluso con limitaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Asimismo, declara No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción para paralizar el juicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de certiorari relacionado con un procedimiento sobre acometimiento o agresión proveniente del Tribunal de Primera Instancia. Se recuerda que el auto de certiorari es un mecanismo discrecional y extraordinario para corregir errores jurídicos o abusos de discreción del foro primario. La intervención apelativa mediante este recurso depende de demostrar que la actuación del tribunal inferior constituyó un abuso de discreción, error, prejuicio o parcialidad. En este caso particular, el peticionario no presentó argumentos que persuadieran al Tribunal de Apelaciones a intervenir con el manejo del caso por el foro de primera instancia en su etapa actual. El Tribunal concluye que la determinación del foro primario no evidencia abuso de discreción, prejuicio o parcialidad. Por consiguiente, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado, así como la petición de auxilio de jurisdicción que le acompaña. Se ordena notificar de inmediato a todas las partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. Valentín Rosario Márquez, haciendo negocios como WIN BAKERY, demandó a Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) por alegado incumplimiento en el pago de una reclamación por daños causados por el huracán María. CSM solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria, argumentando que la obligación se había extinguido por la doctrina de pago en finiquito, ya que el demandante aceptó y cobró un cheque por el ajuste de la pérdida. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de CSM, concluyendo que aplicaba la doctrina de pago en finiquito y desestimando la demanda con perjuicio. El demandante apeló, señalando errores en la determinación de hechos y en la aplicación de dicha doctrina. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los fundamentos presentados por las partes. Tras el examen, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente impugnó la descalificación para recibir beneficios de compensación por desempleo dictaminada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) denegó inicialmente los beneficios por considerar que el recurrente abandonó su trabajo sin justa causa atribuible al patrono. La Oficina de Apelaciones ante el Secretario del DTRH confirmó esta decisión, señalando que el recurrente no estuvo disponible para una audiencia telefónica programada. Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó el expediente y la presentación del recurso. Se determinó que el recurso fue presentado de forma tardía. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a la presentación extemporánea.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Melitza López Pimentel, Directora de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), buscando revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó la moción de López Pimentel para desestimar las reclamaciones presentadas en su carácter personal. El caso original fue incoado por Emmanuel E. Huertas León contra la AEP y López Pimentel por despido injustificado, represalias y discrimen por impedimento y político. Huertas León alegó haber sido despedido de su puesto de confianza mientras agotaba días por enfermedad y como represalia. López Pimentel argumentó que solo el patrono (AEP) responde por este tipo de reclamaciones laborales. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de las reclamaciones personales contra López Pimentel. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó el Certiorari. Esto significa que la decisión del foro primario de no desestimar las reclamaciones personales contra López Pimentel se mantiene.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, en el caso de Certiorari KLCE202100364. El recurso fue presentado por Bautista Cayman Asset Company contra R.A. Holdings, Inc. y otros, relacionado con un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El certiorari fue presentado el 29 de marzo de 2021. El Tribunal concedió a la parte recurrida un término para oponerse. Sin embargo, el 13 de mayo de 2021, la parte peticionaria presentó un Aviso de Desistimiento. En virtud de dicho aviso, el Tribunal declaró con lugar el desistimiento. Por consiguiente, se dictó Sentencia por desistimiento conforme a la Regla 83-A del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Sentencia fue firmada el 18 de mayo de 2021.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202100425. MAPFRE Praico Insurance Company solicitó un recurso de Certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó la Moción de Desestimación y Sentencia Sumaria presentada por MAPFRE. El caso original fue instado por Sandra Lee González García contra MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación de seguro por el huracán María. MAPFRE argumentó que la reclamación estaba extinguida por "pago en finiquito", basado en que la demandante cobró un cheque marcado como pago total y final. La señora González García se opuso, alegando que no hubo consentimiento libre ni notificación adecuada para configurar un pago en finiquito válido. Tras evaluar la petición de Certiorari y la posición de la recurrida, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto solicitado. Esto implica que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al no desestimar el caso ni dictar sentencia sumaria a favor de MAPFRE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso presentado por Carlos Rodríguez Rivera. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 24 de marzo de 2021, que lo declaró culpable de violar el Artículo 241.A del Código Penal y le impuso una multa de \$500. Aunque el recurso presentado fue de certiorari, el Tribunal lo consideró como apelación por economía procesal. Sin embargo, el Tribunal determinó que carece de jurisdicción para adjudicar el recurso. Las reglas de procedimiento criminal establecen un término jurisdiccional de 30 días para apelar una sentencia penal, contado desde la fecha en que se dicta. La sentencia de primera instancia fue dictada el 24 de marzo de 2021, por lo que el término para apelar vencía el 23 de abril de 2021. El apelante presentó su recurso el 27 de abril de 2021, fuera del término establecido. Al ser presentado tardíamente, el recurso debe ser desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Merchant Advance, LLC. El peticionario solicitó la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones dejaron sin efecto una sentencia por consentimiento previamente emitida e impusieron una fianza de no residente a Merchant Advance. La sentencia por consentimiento se basó en un acuerdo entre las partes sobre la compraventa de ingresos futuros, que incluía una cláusula de ejecución por consentimiento en caso de incumplimiento. Merchant Advance obtuvo la sentencia tras alegar incumplimiento por parte de los recurridos. Los recurridos solicitaron la reconsideración y relevo de la sentencia, alegando desconocimiento de las consecuencias y falta de notificación. El foro primario dejó sin efecto la sentencia y ordenó la fianza. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del tribunal de primera instancia. Concluyó que no hubo actuación arbitraria, caprichosa, abuso de discreción o error de derecho por parte del foro primario. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

María del C. Ayala Santana acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su solicitud para radicar una segunda demanda enmendada en un caso de daños y cobro de dinero iniciado en 2010. La Peticionaria había acumulado a Seguros Triple S Salud como fiadora en 2017. La enmienda propuesta buscaba añadir una nueva causa de acción contra Triple-S por rechazo doloso o de mala fe de su responsabilidad como fiadora. La Peticionaria basó esta nueva reclamación en la jurisprudencia del caso *800 Ponce de León v. AIG*. Triple-S se opuso a la enmienda, argumentando que era extemporánea y que su responsabilidad como fiadora aún no se había activado al no haberse determinado la responsabilidad de los demandados originales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de enmienda y la posterior reconsideración. La Peticionaria alegó que esta denegatoria constituía un error de derecho y un fracaso de la justicia conforme al caso *800 Ponce de León*. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Félix Cruz Ramos contra B. Fernández & Co. La apelante, B. Fernández & Co., solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha sentencia declaró con lugar la reclamación de despido injustificado presentada por el señor Cruz Ramos. El foro primario condenó a B. Fernández & Co. a pagar al señor Cruz Ramos \$18,576.90 por concepto de mesada y \$2,786.00 por honorarios de abogado. El señor Cruz Ramos había trabajado para la empresa desde 2007 como vendedor y fue despedido el 28 de junio de 2013. Tras el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia falló a favor del empleado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos y la prueba presentada, incluyendo testimonios sobre un incidente previo al despido, decidió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación (acogida de un certiorari) contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El caso surge de una disputa entre María Vargas González y Noel Rodríguez Sotomayor sobre la titularidad accionaria y control de Mimo's Salón \& Bar, Corp. Vargas González demandó alegando ser la accionista mayoritaria (51%) y presidenta, acusando a Rodríguez Sotomayor de actuar contra la corporación tras ser destituido. Rodríguez Sotomayor reconvino, afirmando ser accionista igualitario (50%) y el presidente legítimo, impugnando las acciones de Vargas González. La Sentencia Parcial apelada desestimó las causas de acción de Rodríguez Sotomayor y lo declaró accionista minoritario (49%). El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes sobre la distribución accionaria, roles corporativos y alegaciones de conducta indebida. Tras evaluar los fundamentos, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Parcial recurrida. La confirmación valida la determinación del foro primario sobre la participación minoritaria de Rodríguez Sotomayor y la desestimación de sus reclamaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La demandante original reclamó contra el Municipio de San Juan y el DTOP por lesiones sufridas en una caída en una acera, atribuyendo negligencia al Municipio. Posteriormente, la demandante desistió de su reclamación contra el DTOP. El Municipio y su aseguradora presentaron una demanda contra terceros contra el Estado Libre Asociado (ELA) y reincorporaron al DTOP, alegando su responsabilidad subsidiaria. El ELA y el DTOP solicitaron la desestimación de la demanda contra terceros por prescripción y falta de notificación conforme a la Ley Núm. 104. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. El ELA recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la determinación del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de Energía. Dicha resolución denegó un recurso de revisión formal de facturas presentado por Manuel Bolano Borrás contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El señor Bolano Borrás objetó una factura y alegó que el Negociado de Energía erró al identificar el origen y asunto central de su reclamación, la cual, según él, se relacionaba con un pago no procesado. El Negociado de Energía había determinado que el recurrente no presentó evidencia de error en la lectura del medidor y consideró un ajuste de $15 realizado por la AEE. Tras la denegación de su reconsideración por el Negociado, el señor Bolano Borrás acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó las posturas de las partes y los argumentos presentados por el recurrente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de Energía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa la apelación de Bryan Javier Espinosa Muñiz contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. El apelante fue declarado culpable de violar el Artículo 3.3 de la Ley 54 por maltrato mediante amenaza y sentenciado a tres años de cárcel. Los hechos imputados ocurrieron el 24 de junio de 2019, cuando supuestamente amenazó a su expareja por teléfono. El Tribunal de Primera Instancia lo encontró culpable tras un juicio de derecho, basándose en los testimonios de la víctima y un agente. El apelante argumenta que el Ministerio Público no probó su culpabilidad más allá de duda razonable, cuestionando la credibilidad de la prueba testifical. El Pueblo de Puerto Rico, por su parte, sostiene que el apelante no demostró error manifiesto en la apreciación de la prueba por el foro primario. Tras revisar el expediente y la prueba, el Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso buscaba dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden requería que ASSMCA ubicara al señor Marcos A. Monge Rodríguez en un centro de tratamiento residencial para adultos en 72 horas. El foro primario concluyó que el señor Monge Rodríguez constituía un riesgo para sí mismo y para otros, basándose en su diagnóstico dual y su historial. La Orden se dictó al amparo de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley 408-2000. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos adjuntos. Aplicó el estándar de revisión de la discreción del foro primario. Concluyó que ASSMCA no demostró que el tribunal inferior hubiera cometido un error que justificara la intervención apelativa. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. También declaró sin lugar una Moción en auxilio de jurisdicción presentada simultáneamente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Darren O’Neill Ledoux Talley en un caso de divorcio contra Amarlyn Marie Cintrón Buccieri. El peticionario solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia relativa a la evaluación psicológica y psiquiátrica de la recurrida. Dicha evaluación se pidió en el contexto de una investigación social forense sobre el traslado del menor procreado entre las partes al estado de Virginia. Junto al recurso, el peticionario presentó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar la vista de lectura del informe social. El Tribunal recordó que el certiorari es un vehículo procesal discrecional y extraordinario para rectificar errores jurídicos o abusos de discreción. Tras evaluar el recurso, el Tribunal concluyó que el peticionario no presentó argumentos que persuadieran a intervenir con la determinación del foro primario. Consideró que la petición de evaluación de la recurrida, quien no busca la custodia, resultaba inocua y carecía de conexión con la controversia del traslado. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado y la petición de auxilio de jurisdicción.

Resumen:

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción buscaba desestimar una demanda por daños y perjuicios y daños especiales instada por Royal Corporation. Royal Corporation alegó haber sufrido daños durante un proceso de lanzamiento de un hangar arrendado, imputando falta de notificación adecuada y embargo ilegal de equipo. La Autoridad de los Puertos argumentó que la demanda de Royal Corporation constituía cosa juzgada o ataque colateral a una sentencia previa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, considerando que las alegaciones de Royal sobre falta de notificación planteaban posibles violaciones al debido proceso. Inconforme, la Autoridad de los Puertos acudió en certiorari, alegando error del TPI al no aplicar la cosa juzgada o el impedimento colateral. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Recurso de apelación presentado por Virginia Pérez Urrutia contra el Hospital San Pablo, impugnando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original, incoada en 2003, reclamaba daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en 2019. La desestimación fue impuesta como sanción por las repetidas incomparecencias e incumplimientos del abogado de la demandante, Lcdo. Ángel Martínez Morales. A lo largo de varios años, el letrado se ausentó de múltiples vistas, conferencias y el inicio del juicio. El tribunal primario emitió órdenes para mostrar causa y advirtió sobre la posible desestimación del caso. Finalmente, ante la ausencia del abogado en la fecha señalada para el juicio, se procedió a desestimar la acción. La apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que dejara sin efecto dicha sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000978. Luis A. Torres Arroyo apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable del delito de exposiciones obscenas, tipificado en el Artículo 136 del Código Penal. El TPI le impuso una pena de ciento veinte días de cárcel y una pena especial de \$100. Los hechos imputados ocurrieron el 10 de enero de 2020, según la denuncia presentada. El apelante argumentó que el TPI erró al denegar reconsideración, no ordenar un informe presentencia, imponer una sentencia irrazonable y carcelaria, y declarar culpabilidad sin prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los alegatos de las partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Divorcio y Alimentos. El peticionario, Raphael Dulyx Márquez, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó continuar los procedimientos de revisión de pensión alimentaria. La recurrida, Mariel De L. Girona Tapia, había solicitado la revisión de una pensión previamente fijada como final, que originalmente fue una pensión provisional acordada por las partes. El TPI había acogido la pensión provisional como final tras la incomparecencia de las partes a mostrar causa. Posteriormente, tras una demanda de divorcio y nuevas solicitudes de revisión, el TPI ordenó que el proceso de revisión continuara. El peticionario argumentó que no se cumplían los requisitos legales para la revisión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari presentado por el peticionario. Tras considerar las posturas de ambas partes, el panel resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por Jorge Luis Arocho Rivera. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre filiación, alimentos, patria potestad y custodia de una menor. La Resolución del TPI declaró "No Ha Lugar" la solicitud del peticionario para que se consideraran los récords médicos de la recurrida, Lourdes Vargas Rivera. Asimismo, el TPI denegó la petición para suplementar el Informe Social Forense rendido en el caso. El peticionario argumentó la necesidad de enmendar el Informe para detallar el historial psiquiátrico de la recurrida, basándose en récords médicos de 2015. Presentó una consulta de un psicólogo forense que evaluó dichos expedientes, sugiriendo un nivel de peligrosidad. El peticionario solicitó la custodia provisional de la menor y relaciones maternofiliales supervisadas a raíz de esta información. La recurrida se opuso a la solicitud de suplementar el Informe. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del TPI tras haber concedido a la recurrida la oportunidad de mostrar causa y recibir su oposición.

Resumen:

Se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas. La Unión recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que revocó un laudo arbitral. Dicho laudo se originó en una reclamación de empleados de la Autoridad de los Puertos por pago tardío de horas extras, penalidades y honorarios de abogado bajo la Ley 379. La Autoridad argumentó que la Ley 4-2017 y el convenio colectivo excluían a estos empleados de ciertos beneficios de la Ley 379. Tras un proceso judicial previo desestimado por defecto de notificación, el Tribunal de Primera Instancia re-notificó su decisión revocando el laudo. La Unión presentó entonces este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este foro revisor, al denegar el auto, confirma implícitamente la decisión del foro primario que dejó sin efecto el laudo arbitral favorable a los empleados.

Resumen:

Un confinado, Sr. Cruz Robles Calderón, instó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia mediana. El recurrente alegó que el Comité de Clasificación y Tratamiento aplicó erróneamente una modificación no discrecional relacionada con el tiempo restante para su elegibilidad a libertad bajo palabra. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, representado por el Procurador General, presentó una moción admitiendo que su resolución administrativa carecía de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho requeridas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y su propio reglamento. La agencia también reconoció que la decisión no incluía la advertencia sobre el derecho a acudir directamente al Tribunal de Apelaciones. Por tanto, el Departamento solicitó la desestimación del recurso judicial por prematuro y la devolución del caso a la agencia para subsanar los defectos. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud y concluyó que la agencia tenía razón, encontrando la resolución administrativa defectuosa. En consecuencia, el Tribunal dictó sentencia desestimando el recurso de revisión judicial por ser prematuro. Ordenó la devolución del caso al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La agencia debe emitir una nueva resolución completa, con las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y los apercibimientos de rigor, incluyendo el derecho a revisión judicial directa.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia. Revisa una apelación presentada por el Hospital HIMA San Pablo. La apelación impugna una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue instada por Luz Celenia Acevedo y Jesús Coto Lozano. Los demandantes alegaron que la Sra. Acevedo sufrió una caída y lesiones en el hospital debido a condiciones resbalosas negligentes en un pasillo. Reclamaron compensación por daños físicos y mentales. El Tribunal de Primera Instancia, tras un juicio, dictó sentencia declarando con lugar la demanda a favor de la Sra. Acevedo. La sentencia de primera instancia incluyó determinaciones de hechos que sustentaron la reclamación de negligencia y la caída. Tras evaluar la apelación, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La apelante, Elizabeth Montes Kercadó, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo y desestimó su reconvención. El tribunal de instancia impuso una fianza de apelación de \$5,000. Tras incoar la apelación y someter la transcripción de la prueba oral, la apelada, María Rohena Fernández, presentó mociones solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones requirió a la apelante acreditar la prestación de la fianza impuesta. La apelante solicitó reconsideración de dicha orden. La apelada fue requerida para exponer su posición sobre la solicitud de reconsideración y reiteró su solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. La resolución detalla estos trámites procesales clave en la apelación. El caso gira en torno a la validez del recurso apelativo, particularmente en relación con el requisito de la fianza.

Resumen:

Un panel de jueces revisa dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimaron tres denuncias contra el señor José L. Quiles Santos. Las acusaciones incluían infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y al Código Penal por robo y tentativa de robo. El TPI desestimó los casos basándose en la Regla 64(n)5 de Procedimiento Criminal. La desestimación se debió a que el Departamento de Corrección no produjo al imputado y testigos esenciales no comparecieron en la fecha final. El Estado presentó una Petición de Certiorari argumentando que el TPI erró al no seguir el procedimiento correcto bajo la Regla 64(n). Este Tribunal expide el recurso de certiorari. Se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la desestimación de las denuncias.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero con un extenso historial procesal que data de 1996. La parte recurrida, Money's People, obtuvo una sentencia en 2007 contra el peticionario, Pedro López Llanos, y otros. Tras intentos de ejecución de sentencia, incluyendo una subasta de propiedad y un proceso de quiebra, el caso ha generado múltiples incidentes. Un recurso anterior ante este Tribunal en 2016 abordó la impugnación de la subasta y el beneficio de hogar seguro. En el presente recurso de certiorari, el peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de enero de 2021. Dicha Orden declaró Ha Lugar una solicitud de reconsideración de Money's People y dispuso la continuación de los procedimientos en el foro primario. El peticionario solicitaba dejar sin efecto esta Orden. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos presentados, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Pedro López Llanos. Esto valida la decisión del tribunal de instancia de permitir la continuación del caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202100300. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acusación contra Rubén Castro Caraballo por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54. La desestimación se basó en la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal. El caso original se inició en noviembre de 2019. Hubo múltiples suspensiones de vistas preliminares debido a falta de representación legal, la pandemia de COVID-19 y la incomparecencia del recurrido. El recurrido fue entregado por su fiador en octubre de 2020. La vista preliminar se celebró en diciembre de 2020, determinándose causa para juicio, y se presentó la acusación. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución del foro primario que había desestimado la acusación.

Resumen:

Sentencia de un tribunal superior que revisa dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El Estado solicitó la revisión de las decisiones del TPI que desestimaron tres denuncias penales contra el señor José L. Quiles Santos. Las denuncias eran por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y al Código Penal (Robo y Tentativa de Robo). El TPI desestimó los casos amparándose en la Regla 64(n)5 de Procedimiento Criminal, citando la no producción del imputado por videoconferencia y la ausencia de testigos indispensables. El Estado presentó una Petición de Certiorari, alegando que el TPI erró al desestimar sin seguir el procedimiento de la Regla 64(n). El tribunal superior expide el certiorari solicitado por el Estado. Como resultado, se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las denuncias contra el señor Quiles Santos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La peticionaria solicitó revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Lilliam Pardo Zapata. La Sra. Pardo reclama compensación por un asalto sufrido en un estacionamiento, alegando negligencia de la compañía de seguridad EQG Protection, entre otros. La Cooperativa, aseguradora de EQG Protection, argumentó que su póliza excluía la cubierta para daños derivados de servicios profesionales, como los de seguridad, y que, por tanto, no tenía responsabilidad. El foro primario no acogió este argumento en la etapa de sentencia sumaria. Tras evaluar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Cooperativa.

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por Aurelio Portalatín Maisonet. El peticionario buscaba revocar la desestimación por parte del Tribunal de Primera Instancia de su solicitud de declaratoria de herederos de su hermano fallecido, Ángel Luis Portalatín Maisonet. El foro primario consideró incompleta la petición inicial y requirió varios documentos, incluyendo el certificado de defunción de otro hermano, Alfredo Portalatín Maisonet, para acreditar que premurió al causante sin descendientes. El peticionario alegó imposibilidad de obtener dicho certificado y solicitó una vista evidenciaria para probar los hechos mediante testimonio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la vista, exigió el documento o la declaratoria de herederos de Alfredo, y finalmente desestimó la petición al no cumplir el peticionario. El peticionario recurrió, argumentando que la denegación de la vista fue un error al ser su única vía de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la decisión del foro primario. La desestimación se sostuvo debido a la falta de presentación de la documentación requerida o justificación adecuada para su ausencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y daños. Skalar Pharma LLC solicitó un certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Skalar alegó que el emplazamiento fue inválido por no ser diligenciado a un agente autorizado y por vencimiento del término. Los demandantes argumentaron que la persona emplazada, Sra. Cotto, actuaba como representante de Skalar ante agencias gubernamentales y que la oficina registrada estaba vacía. El foro primario declaró No Ha Lugar la desestimación, validando el emplazamiento basado en la representación de la Sra. Cotto y la situación de la oficina. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución desestimando un recurso de certiorari presentado por el señor José Torres Roberti. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para corregir una sentencia aplicando el principio de favorabilidad. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para atender el recurso. Determinó que la resolución recurrida fue notificada el 26 de febrero de 2021. El término jurisdiccional de treinta días para presentar el certiorari vencía el 29 de marzo de 2021. Sin embargo, el peticionario presentó su escrito el 8 de abril de 2021, fuera del plazo establecido por las reglas de procedimiento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para entender en el recurso. La desestimación se fundamenta exclusivamente en la presentación tardía del certiorari.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Nélida Velázquez Rivera contra Hospital Español Auxilio Mutuo. La apelante, enfermera con condiciones médicas, demandó a su patrono por alegado discrimen en el empleo, represalias y falta de acomodo razonable. Alegó sufrir acoso laboral y que el Hospital no proveyó un acomodo razonable solicitado, consistente en un turno fijo diurno, a pesar de presentar certificaciones médicas que evidenciaban sus condiciones y la necesidad del acomodo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del Hospital, desestimando todas las causas de acción presentadas por la apelante. La señora Velázquez Rivera apeló dicha sentencia, buscando su revocación. La apelante padece de condiciones cervicales, lumbares y síndrome de túnel carpal, entre otras, que se exacerban con la actividad física y requieren medicamentos que causan sueño. Solicitó el acomodo para evitar esfuerzo físico y el uso de dichos medicamentos, recomendando turnos diurnos fijos. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decide modificar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Alexandra Pagán Sánchez, busca la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado Con Lugar una solicitud de desestimación presentada por Crowley Caribbean Logistics, LLC. La desestimación se basó en que la causa de acción contra Crowley estaba prescrita. El TPI determinó que Crowley, identificada como la operadora del camión, fue traída al pleito tardíamente mediante una segunda demanda enmendada. La apelante argumenta que el TPI erró al concluir que conocía el nombre del operador al presentar la primera enmienda. También alega error al determinar que la acción contra el codemandado desconocido ("Corporación 'A'") estaba prescrita. Finalmente, sostiene que el TPI debió retrotraer la fecha de inclusión de Crowley a la de la primera demanda enmendada. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión instado por Ramonita Carrión Rodríguez contra la Administración de los Sistemas de Retiro. La recurrente solicitaba la revisión de una Resolución Parcial de la Junta de Retiro que no acogió la recomendación de una oficial examinadora y ordenó la continuación de los procedimientos administrativos sobre su reclamo de pensión por incapacidad ocupacional. La Junta de Retiro se opuso al recurso, alegando que el tribunal carecía de jurisdicción al no tratarse de una determinación final de la agencia. El tribunal examinó los escritos y la ley aplicable, destacando que la jurisdicción apelativa sobre decisiones administrativas requiere una resolución final. Determinó que la Resolución Parcial impugnada, al ordenar la continuación de los procedimientos y no adjudicar finalmente el reclamo, no constituía una decisión final. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202100185. El recurrente, Luis R. Lebrón Laureano, solicitó la revisión de la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó su nivel de custodia máxima. Alegó que la decisión se basó indebidamente en un criterio discrecional de historial de violencia excesiva y en un informe disciplinario antiguo. Argumentó que su puntuación objetiva correspondía a custodia mínima. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Determinó que el recurrente no acompañó su escrito con los documentos necesarios. La ausencia de estos documentos impidió al Tribunal acreditar su jurisdicción. El incumplimiento con los requisitos reglamentarios para los recursos apelativos fue determinante. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Se presenta un recurso de apelación contra un dictamen de culpabilidad y una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Héctor Banks Irizarry, fue hallado culpable de infringir el Artículo 3.1 de la Ley 54 por violencia psicológica e intimidación contra su expareja. La acusación se originó por hechos ocurridos el 24 de junio de 2019, donde el apelante supuestamente hizo amenazas, exigió dinero y se negó a abandonar la residencia de la querellante. El foro primario suspendió la sentencia y ordenó un programa de desvío para el apelante. El apelante alegó que la prueba de cargo fue insuficiente para probar el delito más allá de duda razonable. Tras examinar la prueba y los alegatos, el panel apelativo acordó revocar el dictamen de culpabilidad.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Arnaldo Ramón Collazo Avilés. El apelante recurre de las sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez el 15 de agosto de 2019. Dichas sentencias, producto de un juicio por jurado, impusieron al apelante una pena total de tres años, seis meses y un día de prisión. El caso se originó por hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2018 que involucraron al apelante y sus vecinos. Se presentaron nueve denuncias contra el Sr. Collazo, incluyendo cinco violaciones a órdenes de protección bajo la Ley de Acecho, portar un arma blanca, agresión, daños y alteración a la paz. El documento detalla la prueba testifical presentada por el Ministerio Público, comenzando con el testimonio de la vecina Diana Vázquez. La Sra. Vázquez relató incidentes de ofensas verbales, la obtención de órdenes de protección por miedo para ella y sus hijos, y un suceso posterior donde el apelante se acercó a pesar de las órdenes vigentes. La apelación busca la revocación de las sentencias basándose en los procedimientos y la prueba del juicio.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los peticionarios, demandantes originales en un caso de daños y perjuicios por alegada apropiación ilegal de dinero, impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original alegaba que los recurridos se apropiaron fraudulentamente de $3.5 millones. Los recurridos, a su vez, presentaron una reconvención y una demanda contra tercero enmendada contra Lesser Flamingo, LLC y otras entidades. Alegaron que estos terceros, supuestamente controlados por los peticionarios, eran responsables de la totalidad o parte de la reclamación original. Los peticionarios solicitaron la desestimación de la demanda contra tercero, argumentando falta de relación con la acción principal y alegaciones escuetas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, concluyendo que los peticionarios carecían de legitimación activa y no demostraron que el tercero no pudiera responder. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó el dictamen del foro primario, aunque por fundamentos distintos a los expuestos por este.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Los peticionarios, familiares de la fallecida Librada Ruiz, recurren mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su moción para impedir que ciertas partes recurridas incluyeran la defensa de prescripción. La demanda original reclama daños y perjuicios por la alegada negligencia médica que resultó en el fallecimiento de la Sra. Ruiz en diciembre de 2018 en el Hospital San Carlos Borromeo. Las partes recurridas, incluyendo el hospital y personal médico, son demandadas por estos hechos. Específicamente, algunas codemandadas solicitaron permiso para enmendar su contestación e incluir la defensa afirmativa de prescripción. Alegaron que la omisión inicial de esta defensa se debió a un error clerical. Los peticionarios argumentan que la defensa de prescripción fue renunciada y no debe ser permitida. El Tribunal de Apelaciones evalúa el recurso para determinar si procede revocar la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Galvín J. Hernández Heredia. El peticionario recurrió para revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que denegó su moción de desestimación y ordenó continuar los procedimientos. El caso se relaciona con denuncias bajo la Ley 54, tras una determinación inicial de no causa probable en una vista Regla 6. El Ministerio Público solicitó una vista Regla 6 en alzada, donde el TPI determinó causa. Durante la vista en alzada, el TPI denegó la solicitud del peticionario para presentar el testimonio de la agente Negrón y objetó el testimonio de la testigo de defensa Sullimary Rodríguez, aplicando la Regla 74 sobre defensa de coartada. El peticionario argumentó en su moción de desestimación que estas determinaciones violaron sus derechos constitucionales y al debido proceso. El TPI denegó dicha moción, lo que motivó el recurso de certiorari. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones declaró sin lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por los peticionarios Luis Rafael Rivera Rodríguez y otros. Los peticionarios recurrieron una Orden del Tribunal de Primera Instancia que pospuso la resolución de las solicitudes de costas, gastos y honorarios hasta la conclusión total del pleito principal. Este caso se originó por reclamaciones de daños y perjuicios, cobro de dinero e incumplimiento de contratos, entre otros, contra Chubb Insurance Company y otros. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había revisado una sentencia de desestimación a favor de la recurrida Chubb Insurance Company. En esa apelación previa, se confirmó la desestimación de algunas reclamaciones pero se dejaron sin efecto otras, reinstaurando parte del caso contra Chubb. Tras esa decisión parcial, ambas partes solicitaron costas y honorarios. El foro primario decidió atender estas solicitudes de costas una vez finalice el pleito en su totalidad. Los peticionarios alegaron que esta decisión erróneamente posponía la imposición de costas apelativas. La recurrida se opuso al certiorari, argumentando la discreción del foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó la solicitud de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Emilia Díaz Andino. La recurrente solicitó revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró académica su solicitud para aclarar una Sentencia previa. La Sentencia original, del 10 de abril de 2018, desestimó una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada por Díaz Andino contra Marta I. Caraballo Quiles. El TPI había desestimado el caso inicial por falta de legitimación activa de la demandante. Díaz Andino buscaba que se aclarara si esa desestimación fue con o sin perjuicio, argumentando que debió ser sin perjuicio al no ser una decisión sobre los méritos. Tras la negativa del TPI a aclarar y declarar académica la solicitud, la recurrente acudió al Apelativo. Alegó que el TPI erró al no declarar que la Sentencia de 2018 fue sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.