Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 137)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso bajo la Ley 54 contra Richard Cabán Rodríguez. La controversia central giraba en torno a la solicitud del Ministerio Público para que la víctima, quien reside fuera de Puerto Rico por temor y no podía viajar por razones médicas relacionadas con su embarazo y la pandemia, pudiera declarar en juicio mediante videoconferencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud y posteriormente declaró no ha lugar la moción de reconsideración presentada por el Ministerio Público. Ante esta denegatoria, el Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior. Esta decisión se fundamenta en la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó administrativamente una factura de cobro emitida por el Departamento de la Familia contra la Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio. La factura original, solicitada por ACUDEN, ascendía a $167,271.95 y se basaba en hallazgos de una evaluación al programa Head Start de la Fundación. Estos hallazgos incluían deficiencias en matrícula, elegibilidad, cumplimiento normativo, manejo financiero y control de inventario. La Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia confirmó varios de los hallazgos identificados por ACUDEN. Como resultado, la Junta modificó la factura al cobro, reduciendo el monto adeudado a $5,158.61. La Fundación recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugna la decisión de mantenerlo en nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó la custodia mediana basándose en la extensión de su sentencia, tiempo cumplido y restante. El confinado solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Oficina de Clasificación y Tratamiento. Presentó recurso de revisión judicial alegando errores en la falta de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. También argumentó la incorrecta aplicación de reglamentos y el no crédito por tiempo en custodia máxima. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso por defectos en la determinación recurrida. El Tribunal inicia su análisis enfocándose en la evaluación de su propia jurisdicción sobre el caso.

Resumen:

En un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio de Carolina contra Edward R. Miller, se consignaron fondos tras la sentencia. Casi una década después, James Calof compareció alegando ser el sobrino y único heredero de Miller, quien supuestamente falleció antes del inicio del caso. Calof solicitó al Tribunal de Primera Instancia ser sustituido como parte, una orden para obtener el certificado de defunción de Miller y la devolución de los fondos consignados. El foro primario refirió la solicitud de sustitución al Municipio y se declaró sin jurisdicción para ordenar la expedición del certificado o la devolución de fondos. Calof recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia. La revocación se basó en que el foro primario carecía de jurisdicción para emitir dicho dictamen.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa presentado por Migdalia Caratini Soto. La recurrente solicita la revisión de una determinación interlocutoria de una Oficial Examinadora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Dicha determinación permitió la continuación de un procedimiento disciplinario en su contra. La Oficial Examinadora también resolvió que la ausencia de una investigación interna de la UPR no justificaba desestimar la querella. Los cargos disciplinarios contra la recurrente, profesora en el recinto, se basan en un informe de auditoría de la Oficina del Contralor. El informe alega que la profesora ejerció su práctica privada de abogada y realizó trabajos notariales durante horas en las que debía cumplir con sus deberes docentes. Se detallan instancias de comparecencias a tribunales y otorgamiento de documentos notariales durante horario laboral, sin registro de ausencias. La recurrente había argumentado que la UPR debía haber realizado una investigación interna según su propio reglamento. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, desestima el mismo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la apelación en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de ASUME en un caso de pensión alimentaria entre Nayely Martínez Aquino y Edwin O. de Jesús Colón. ASUME había fijado inicialmente la obligación del señor de Jesús en \$781.17 mensuales, más gastos de ortodoncia. El señor de Jesús solicitó una revisión para deducir el costo del plan médico del menor que él pagaba. Tras reconsiderar, ASUME ajustó los ingresos netos de las partes, deduciendo el plan médico del señor de Jesús y eliminando una deducción del plan médico de la señora Martínez. Esto modificó la obligación mensual del señor de Jesús a \$682.03, efectiva desde abril de 2019, y ajustó su aportación a la ortodoncia al 53%. La señora Martínez solicitó reconsideración, cuestionando la deducción total del plan médico del señor de Jesús y el prorrateo de la ortodoncia. ASUME denegó la reconsideración sobre la deducción del plan médico y la determinación de hecho sobre la ortodoncia, corrigiendo solo un error tipográfico en el cálculo del 53%. La señora Martínez presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución final de ASUME.

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Se presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones por Fabio A. Román García y Petra I. Rodríguez Galarza. Impugnan una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del 11 de diciembre de 2020. Dicha resolución consideró favorable una consulta de ubicación para la lotificación de seis solares residenciales. El proyecto se ubica en una finca de 6.5576 cuerdas en Toa Alta, propiedad de Ana A. King. La señora King solicitó la segregación para fines familiares, presentando documentación de titularidad y planos. La OGPe evaluó la solicitud, consultó agencias y la aprobó condicionalmente. Los recurrentes alegan que la OGPe erró al aprobar la solicitud sin notificar debidamente a la colindante Petra I. Rodríguez Galarza. Argumentan que se notificó a un antiguo colindante en lugar de a la señora Rodríguez Galarza. Además, cuestionan el reconocimiento de la titularidad de la señora King sobre la finca. El recurso busca dejar sin efecto la resolución administrativa de la OGPe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original trataba sobre dolo e incumplimiento de contrato, donde se dictó sentencia en rebeldía contra los demandados (peticionarios). La rebeldía fue anotada debido a la inacción y el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de su anterior abogada. Los peticionarios solicitaron relevo de sentencia, pero el foro primario lo denegó por presentarse fuera del término de seis meses y no exponer buenas defensas. Los peticionarios apelaron, argumentando que no fueron debidamente notificados tras los incumplimientos de su abogada y que se les privó de su día en corte. El demandante (recurrido) se opuso, alegando que los peticionarios sí fueron notificados directamente de los incidentes clave. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó el relevo de sentencia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso TA-2019-026. La apelación fue presentada por Eaton Corporation contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia declaró con lugar la querella de Ángela Hernández Román por despido injustificado. La Sra. Hernández Román alegó que su despido fue injustificado, discriminatorio por impedimento y en represalia por acogerse a beneficios de incapacidad no ocupacional (SINOT) debido a una condición de salud. Eaton Corporation sostuvo que el despido fue justificado por violaciones al código de ética y políticas de la compañía. La apelada solicitó indemnización, reinstalación y pago de salarios y beneficios dejados de percibir. El Tribunal de Apelaciones revisó los escritos, documentos y prueba oral presentados por las partes. Tras evaluar el caso a la luz del derecho aplicable, el panel confirmó el dictamen apelado. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia a favor de la Sra. Hernández Román fue, por tanto, ratificada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Wilfredo Vázquez Rodríguez. El apelante recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, que lo declaró culpable de tres cargos por infracción al Artículo 411-A de la Ley de Sustancias Controladas. Los hechos imputados ocurrieron el 13 de enero de 2015, relacionados con la introducción de marihuana, crack y heroína en la cancha de baloncesto del Residencial Público Brisas de Cayey. Se le acusó de introducir las sustancias dentro del perímetro punible de cien metros con intención de distribuirlas. Tras un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia lo condenó a una pena de reclusión de veinte años por cada cargo. La prueba de cargo incluyó testimonios de agentes policiales y químicos forenses. Un agente testificó haber observado al apelante realizar un intercambio de dinero por sustancias controladas con una coacusada en el lugar. El apelante solicitó la revocación de la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determinó confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso de apelación fue presentado por Structural Steel Works, Inc. contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó una demanda por falta de jurisdicción en la materia. La demanda original era de un subcontratista contra una fianza de pago emitida por Travelers Casualty and Surety Company. La fianza estaba relacionada con un contrato de construcción para un edificio federal y fue emitida al amparo del Miller Act. El Tribunal de Primera Instancia determinó que, según el Miller Act, la jurisdicción exclusiva para este tipo de reclamación recae en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Structural Steel Works alegó error al no considerar jurisprudencia reciente sobre jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La decisión ratifica que las reclamaciones bajo una fianza del Miller Act para proyectos federales son de jurisdicción federal exclusiva.

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Se resuelve una apelación contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que reconoció la existencia de una comunidad de bienes entre el causante, Sr. Pedro E. Ortiz Padilla, y la Sra. Santa V. Santiago Torres. El Sr. Ortiz Padilla falleció en Nueva York en 2007, habiendo otorgado un testamento que disponía de sus bienes, incluyendo propiedades en Puerto Rico. En el testamento, legó la mayor parte de sus bienes a la Sra. Santa, descrita como su "common law wife", y un dólar a sus hijos apelantes. Los hijos apelantes instaron demanda para impugnar el testamento en cuanto a los bienes inmuebles en Puerto Rico y solicitar el complemento de sus legítimas. El TPI resolvió que la ley de Puerto Rico solo aplicaba a los inmuebles sitos en la isla. La Sra. Santa alegó ser dueña del 50% de una propiedad en Puerto Rico por derecho propio como "esposa de hecho". El TPI rechazó la figura de "common law wife" pero reconoció la posibilidad de una comunidad de bienes por aportaciones. La sentencia apelada reconoció dicha comunidad de bienes. El tribunal de apelaciones, tras considerar los escritos, modifica el dictamen apelado.

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Este caso llega al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante apelaciones consolidadas presentadas por Edward Ramos Galarza y el Ryder Memorial Hospital, Inc. El litigio original es una demanda por daños y perjuicios por alegada impericia médica. El señor Ramos Galarza demandó a varios hospitales, incluyendo Ryder y Oriente, por la supuesta negligencia en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis que causó la muerte de su esposa, Yaritza E. Rojas Amaro. Se alega que la señora Rojas Amaro visitó los hospitales frecuentemente durante más de un año con síntomas pulmonares. A pesar de múltiples visitas, hallazgos radiológicos anormales y hasta aislamiento en una ocasión, la enfermedad no fue diagnosticada a tiempo. Finalmente, fue diagnosticada en otro centro médico, pero la enfermedad estaba avanzada y falleció poco después. El señor Ramos Galarza apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia buscando su revocación. El Hospital Ryder también apeló, solicitando la modificación de dicha Sentencia Parcial y la revocación parcial de una Resolución y Orden. El Tribunal de Apelaciones resolvió REVOCAR la Sentencia Parcial apelada. Asimismo, CONFIRMÓ la Resolución y Orden recurrida.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Edward Ramos Galarza demandó a Ryder Memorial Hospital, Inc. y otros por la muerte de su esposa, Yaritza E. Rojas Amaro, debido a la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de tuberculosis. Según la demanda, la señora Rojas Amaro visitó los hospitales demandados repetidamente durante más de un año con síntomas pulmonares. A pesar de múltiples visitas y hospitalizaciones, e incluso hallazgos radiológicos sugestivos, no se le diagnosticó tuberculosis a tiempo. Se alega que la enfermedad, posiblemente contraída en su lugar de trabajo, progresó sin tratamiento adecuado. Finalmente, fue diagnosticada poco antes de fallecer en 2010. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones mediante apelaciones consolidadas de ambas partes contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Sentencia Parcial apelada y confirmar una Resolución y Orden recurrida.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la inelegibilidad a beneficios de desempleo. El recurrente, Juan E. Rivera Pérez, impugna la desestimación por el Secretario del Trabajo de una apelación administrativa. Inicialmente, el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) lo declaró inelegible en diciembre de 2019, determinación confirmada en febrero de 2020 tras su incomparecencia a una vista, aunque él alega no haber sido notificado. Posteriormente, en junio de 2020, el propio NSE emitió una redeterminación declarándolo elegible para beneficios por un periodo específico. A pesar de esta redeterminación favorable, el recurrente apeló nuevamente ante el Secretario en septiembre de 2020, buscando el pago de los beneficios. El Secretario desestimó esta última apelación en enero de 2021 por considerarla tardía, basándose en el plazo para apelar la determinación de febrero de 2020. El recurrente sostiene que el Secretario erró al desestimar su apelación y al obviar la redeterminación de junio de 2020 que lo declaraba elegible. El NSE argumenta que la apelación ante el Secretario fue extemporánea y que la controversia se tornó académica con la redeterminación favorable de junio de 2020. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la legalidad de la desestimación de la apelación por parte del Secretario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en un caso de daños y perjuicios por persecución maliciosa. Los apelantes, José Antonio Hernández Rodríguez y otros, demandaron a los apelados, Fernando Ginorio Domínguez y otros, alegando un patrón de acoso y la presentación de múltiples querellas en su contra, reclamando $223,000. Los apelados presentaron una moción de desestimación, argumentando que la demanda no exponía hechos suficientes para una causa de acción y que muchas alegaciones estaban prescritas. El foro primario declaró Ha Lugar la moción, desestimando la demanda por no configurar persecución maliciosa y por prescripción de la mayoría de los hechos. Además, ordenó a los apelantes pagar $5,000 en gastos y honorarios de abogado a los apelados. Tras denegarse una moción de reconsideración, los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones. Este foro apelativo CONFIRMÓ la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante este panel el señor Manuel Plaza Luciano apelando una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución determinó la cuantía de la deuda por concepto de pensión alimentaria adeudada a su hijo, José Emmanuel Plaza Merly. El caso se remonta a un pleito de divorcio de 2006 donde se estipuló el pago de pensión. Tras reclamaciones de deuda y un recurso de apelación previo, un panel hermano devolvió el caso al TPI para determinar el monto exacto adeudado. El TPI celebró vistas evidenciarias, donde se presentó una auditoría de ASUME para establecer la deuda. El apelante impugnó la determinación del TPI sobre la cuantía de la deuda. Este panel revisó los escritos, documentos y el derecho aplicable. Considerados todos los elementos, se confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Migdalia Barreto Santana, recurre una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda contra la Cooperativa de Seguros Múltiples por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. La apelante alegó que la Cooperativa incumplió un acuerdo para preservar su vehículo accidentado, impidiéndole proseguir una reclamación por producto defectuoso. La Cooperativa negó la existencia de tal acuerdo y argumentó que la acción estaba prescrita o era improcedente. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la Cooperativa. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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La Sra. María Luisa Amézquita Rodríguez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE por incumplimiento de contrato tras el Huracán María. La demanda original reclamaba que MAPFRE no pagó adecuadamente los daños a su propiedad bajo la póliza de seguro. El Tribunal de Primera Instancia concedió una sentencia sumaria a favor de MAPFRE, aplicando la doctrina de pago en finiquito, al considerar que la Sra. Amézquita Rodríguez había aceptado los pagos emitidos por la aseguradora. La apelante argumentó que existían controversias de hechos sobre si la oferta de pago fue justa, si se le informó adecuadamente que la aceptación constituía un finiquito total, y si hubo opresión o ventaja indebida. Presentó evidencia, incluyendo una declaración jurada, indicando que no se le informó que el segundo pago era final y que podía reclamar daños adicionales. A pesar de los argumentos de la apelante, el Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un caso de impericia médica. Las apelantes, Brunilda Medina Alejandro y Jeannette Meléndez Medina, recurrieron la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó la acción sin perjuicio por no haberse emplazado a ciertas partes indispensables dentro del término prescriptivo. La demanda original se presentó el 13 de marzo de 2020. El término extendido de 120 días para diligenciar los emplazamientos venció el 29 de agosto de 2020 para algunos demandados. Aunque se solicitaron emplazamientos por edicto antes de la fecha límite, el tribunal de instancia consideró insuficientes las declaraciones juradas de los emplazadores. Al no adquirirse jurisdicción sobre médicos considerados partes indispensables, el caso fue desestimado. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión y confirmó el dictamen apelado.

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Se resuelve la apelación presentada por Manuel Plaza Luciano contra la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que determinó la cuantía de pensiones alimentarias adeudadas a su hijo, José Emmanuel Plaza Merly. El caso se origina en un pleito de divorcio de 2006 con una estipulación de pensión alimentaria mensual. En 2016, José Emmanuel reclamó una deuda significativa por concepto de alimentos. Un recurso de apelación anterior confirmó la existencia de la deuda pero devolvió el caso al TPI para que se determinara la cantidad exacta y el periodo adeudado. Tras nuevas vistas evidenciarias, el TPI emitió una Resolución en agosto de 2020 fijando el monto final de la deuda, basándose en prueba como una auditoría de ASUME. El Sr. Plaza Luciano apeló esta última determinación del TPI, señalando varios errores. Este panel revisó el historial procesal, los argumentos de las partes y el derecho aplicable. Considerados todos los elementos, el Tribunal confirma el dictamen apelado del TPI.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Alto Group, LLC contra la sucesión de Carlos Bolet Álvarez. El caso original era una demanda por incumplimiento de contrato. Tras el fallecimiento del demandado original, se intentó sustituirlo por sus herederos. Surgió una controversia sobre la inclusión de ciertos herederos menores de edad, quienes fueron considerados partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de Alto Group para presentar una quinta demanda enmendada. Además, el foro primario desestimó la demanda principal sin perjuicio por la falta de acumulación de las partes indispensables. Alto Group apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100122. El recurso fue presentado por Idalisse González Olmo y Ángel Pastrana Aponte contra Cooperativa de Seguros Múltiples. Apelan una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, daños, mala fe e incumplimiento del Código de Seguros por la gestión de una reclamación de daños por el Huracán María. La aseguradora solicitó sentencia sumaria argumentando que la acción legal había caducado según una cláusula de la póliza. Los apelantes se opusieron, sosteniendo que el término era prescriptivo y fue interrumpido por gestiones extrajudiciales y pleitos de clase. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Sumaria impugnada. Se devuelve el caso al foro de origen para la continuación de los procedimientos. También se declara No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción de la Cooperativa.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda fue presentada por Sidibou, Inc. y sus dueños contra Triple S Propiedad, Inc. y Universal Finance, Inc. Sidibou tenía una póliza de seguro con Triple S, financiada por Universal. El contrato de financiamiento permitía a Universal solicitar la cancelación de la póliza por falta de pago. Debido a incumplimientos de pago por parte de Sidibou, Universal solicitó la cancelación y Triple S emitió un aviso de cancelación efectivo en junio de 2017. Tras los huracanes de septiembre de 2017, Sidibou presentó una reclamación a Triple S, la cual fue denegada por la cancelación previa de la póliza. Sidibou demandó, pero el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Triple S y Universal. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en su sentencia, confirma la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo el recurso KLAN202100167. Los apelantes, Al Zaytoon, Inc., Abdullah Yassin y Amira Yassin Hernández, apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja. Dicha sentencia había declarado Con Lugar la Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca presentada por Bautista Cayman Asset Company. Bautista Cayman alegó que los apelantes incumplieron con los pagos de un préstamo comercial consolidado en 2005 por \$489,629.11. El préstamo estaba garantizado por pagarés en prenda y hipotecas sobre dos inmuebles. La demanda detallaba la cuantía de la deuda vencida, líquida y exigible al 31 de octubre de 2019. Los apelantes solicitaron la revocación del dictamen primario. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expresados, confirmó la Sentencia apelada.

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Samuel Rivera Carrillo, Teniente de la Policía de Puerto Rico, presentó una demanda de mandamus y sentencia declaratoria buscando un ascenso al rango de Capitán. Alegó cumplir con los requisitos y estar en el registro de elegibles, pero no había recibido el ascenso formalmente. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la paralización y archivo administrativo del caso, aplicando la paralización automática de la Ley PROMESA. Consideró que el ascenso tendría un impacto monetario en las arcas del Estado. Rivera Carrillo apeló esta determinación, argumentando que su reclamación no era monetaria y PROMESA no aplicaba. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso instado. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Willy Joe Varela Díaz. El señor Varela Díaz apeló una sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco. Dicha sentencia lo declaró culpable de violar el Artículo 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22), relacionado con carreras de competencia. La sentencia de instancia fue dictada el 20 de enero de 2021. El apelante presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 16 de abril de 2021. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado de forma tardía, fuera del término jurisdiccional de treinta días. Las reglas de procedimiento criminal establecen que la apelación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia es dictada, incluso verbalmente.

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La Sentencia resuelve un recurso de apelación presentado por el Sr. Luis Rodríguez Quiles contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2018. El apelante fue hallado culpable por jurado de agresión grave, secuestro, robo agravado e infracciones a la Ley de Armas. Más de dos años después de haber sido sentenciado, el Sr. Rodríguez apeló, argumentando falta de un juicio justo y prueba insuficiente. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, pero determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. La apelación fue presentada extemporáneamente, mucho después del término legal establecido. El tribunal enfatizó la naturaleza fundamental de la jurisdicción y su deber ineludible de auscultarla. La falta de jurisdicción conlleva la desestimación inmediata del recurso. Por consiguiente, el recurso de apelación es desestimado por ausencia de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación contra el Dr. Nicolás Pérez Maldonado por prescripción. Los apelantes alegaron que la negligencia del Dr. Pérez Maldonado el 5 de octubre de 2017 contribuyó a la pérdida de visión. La demanda se presentó el 31 de mayo de 2019, excediendo el término prescriptivo de un año desde los hechos imputados. El Dr. Pérez Maldonado solicitó la desestimación argumentando que la acción estaba prescrita y que no se interrumpió extrajudicialmente el término. Los apelantes sostuvieron que desconocían la responsabilidad del doctor hasta obtener un informe pericial. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación por prescripción. La sentencia de apelación destaca que la propia parte apelante admitió no haber realizado una reclamación extrajudicial contra el Dr. Nicolás Pérez Maldonado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de despido injustificado. La apelante, Michel M. González Hernández, impugnó la desestimación de su caso por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla. El tribunal municipal había desestimado la querella por entender que carecía de competencia para atender el asunto. El Tribunal de Apelaciones analizó el sistema de jurisdicción unificada y las reglas de competencia. Confirmó que la Ley Núm. 2 otorga competencia para reclamaciones de despido injustificado a la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. No obstante, enfatizó que las Reglas de Procedimiento Civil prohíben desestimar un caso por falta de competencia. En su lugar, el foro debe ordenar el traslado del caso al tribunal competente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el tribunal municipal erró al desestimar la querella. Se revocó la Orden del Tribunal Municipal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación de Roberto Cordero Mártir contra Mapfre Pan American Insurance Company. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia de instancia concedió una moción de sentencia sumaria a favor de MAPFRE. Como resultado, se desestimó la demanda del Sr. Cordero Mártir con perjuicio. La desestimación se fundamentó en la figura legal del "pago en finiquito". El caso original versaba sobre incumplimiento de contrato y mala fe por parte de MAPFRE. El Sr. Cordero Mártir reclamaba daños a su propiedad tras el Huracán María. Alegaba que la aseguradora subvaloró los daños y actuó de forma desleal al pagar una cantidad insuficiente ($2,504.60). Buscaba una indemnización mayor, cercana al límite de la póliza, más daños por mala fe. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta decisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Hacienda Tulipanes Inc. et als. contra Criadero La Gloria Inc. et als. La petición buscaba dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, emitida el 19 de diciembre de 2019. Dicha Orden resolvió varias solicitudes de los peticionarios en el contexto de una reclamación por incumplimiento de contrato, dolo y daños. La controversia se originó con una demanda por alegado incumplimiento de un contrato de arrendamiento y entorpecimiento del negocio de los recurridos. Tras una demanda enmendada que incluyó daños por el huracán María, los peticionarios no contestaron dentro del término, resultando en una anotación de rebeldía. Un intento previo de los peticionarios para levantar la rebeldía fue denegado por el foro primario y confirmado por el Tribunal de Apelaciones. La presente petición impugnaba la Orden posterior que adjudicó nuevas solicitudes de los peticionarios. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia mediante recurso de certiorari. El caso surge de una disputa de custodia entre Luis A. Corchado Serrano (peticionario) y Xiomara L. Correa Lugo (recurrida) sobre su hija menor. El matrimonio de las partes fue disuelto en 2013, otorgándose la custodia a la madre, aunque tres de los cuatro hijos residían con el padre. El padre solicitó la custodia de la menor GMCC y prohibir su traslado a Estados Unidos, donde la madre reside. La madre solicitó la entrega inmediata de la menor, alegando preocupación por su seguridad bajo el cuidado del padre. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la entrega inmediata de la menor a la madre. Además, el foro primario se declaró sin jurisdicción para atender la solicitud de custodia del padre, basándose en que la menor había residido con la madre en Estados Unidos por dos años. El padre impugnó esta determinación jurisdiccional mediante el recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. El Tribunal de Apelaciones procedió a modificar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Rosa María Ávalo Franceschi en un caso de daños y perjuicios contra Norzagaray, LLC y otros. La peticionaria impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia que pospuso la consideración de su moción de sentencia sumaria parcial hasta la conclusión del descubrimiento de prueba. Alegó errores del foro primario al no dar por admitidas ciertas cuestiones y al no expresar los hechos en controversia al denegar implícitamente la sentencia sumaria. La parte recurrida, Norzagaray, solicitó la desestimación del certiorari por haber sido presentado fuera del término legal. Argumentaron que, considerando las extensiones por la pandemia de COVID-19, el plazo para recurrir había vencido antes de la fecha de presentación. Tras examinar las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La resolución concluye desestimando el certiorari presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM). La AGSM solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en una demanda incoada por Miriam Zamparelli. La señora Zamparelli demandó a la AGSM, entre otros, tras la liquidación de su aseguradora, Real Legacy Assurance Company, por una reclamación de daños no resuelta. La AGSM argumentó que no podía responder porque la demandante no presentó el formulario de reclamación requerido por la orden de liquidación, conforme al Código de Seguros. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de la AGSM. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida del TPI. La sentencia implica que el Tribunal de Apelaciones acogió el argumento de la AGSM respecto a la necesidad de seguir el procedimiento de reclamación en casos de aseguradoras insolventes.

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Comparece Abneris Stefani Labrador David ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar su demanda de privación de patria potestad contra Heriberto Jr. Hernández Ramos sobre su hija menor. El Tribunal de Primera Instancia concedió la patria potestad exclusiva a la señora Labrador debido a la falta de cuidado y comparecencia del señor Hernández. No obstante, el TPI determinó que, al privarse la patria potestad, cesaba el deber de alimentos bajo la Ley ASUME. Resolvió que la pensión alimentaria debía mantenerse, pero al amparo de las disposiciones del Código Civil de 1930 sobre alimentos entre parientes. La señora Labrador apeló esta determinación sobre la pensión alimentaria. Argumenta que la privación de patria potestad termina los derechos de los padres, no sus deberes, y que la obligación de sustento debe continuar bajo la Ley ASUME. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre una reclamación de reintegro de arbitrios. El caso involucra a María Albertina Rodríguez Rodríguez, quien solicitó la devolución de impuestos pagados por un vehículo destinado a ser utilizado como taxi. El Departamento de Hacienda denegó la solicitud y el foro de instancia desestimó la demanda subsiguiente, al considerar que la reclamación se presentó fuera del término prescriptivo de 180 días. La apelante argumentó que la tardanza en radicar la reclamación se debió a demoras en otras agencias gubernamentales para expedir la tablilla de taxi y la certificación necesaria. Sostuvo que estas demoras, ajenas a su voluntad, le impidieron cumplir con el plazo legal. El Departamento de Hacienda mantuvo que la reclamación estaba prescrita al presentarse 224 días después de la compra del vehículo. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un caso de custodia entre Lilliana Franco Rivera y Christian D. Román Ramírez. Las partes habían acordado previamente que el padre tendría la custodia legal de la menor, mientras la madre residiría con ella en Massachusetts, compartiendo ambos la patria potestad. Posteriormente, el padre solicitó al Tribunal de Primera Instancia añadir a su esposa como custodio legal y físico de la menor. La madre se opuso, argumentando que esto otorgaría a un tercero poder de decisión sobre la crianza, invadiendo la patria potestad exclusiva de los padres. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud del padre, añadiendo a su esposa como custodio legal. La madre apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revocó la Resolución apelada.

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Rubén Lugo Rodríguez compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari criminal para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El Peticionario impugnó la denegatoria de su moción para reducir una pena de 5 años impuesta por violar el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 2000. Esta pena derivó de un acuerdo de alegación de culpabilidad alcanzado en 2004 por hechos ocurridos en 2003. Lugo Rodríguez sostuvo que la pena debía ser disminuida a 2 años según enmiendas posteriores a la ley. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción, argumentando que la pena de 5 años fue pactada en 2004 conforme a la ley vigente en ese momento y no procedía un nuevo acuerdo. Inconforme con esta resolución, el Peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones. Mediante la presente resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de revisión judicial. Los recursos impugnan una decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) sobre una Petición para Clarificación de Unidad Apropiada. Dicha petición, presentada por PROSOL-UTIER, buscaba clarificar la clasificación de los puestos de Tasador I y Tasador II en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La JRT declaró Ha Lugar la petición de PROSOL-UTIER, recomendando la inclusión de dichos puestos en su unidad. La ACT y la Asociación de Gerenciales y Supervisores (AEGSAC) recurrieron la determinación de la JRT ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el expediente administrativo y las posturas de las partes involucradas. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la decisión administrativa emitida por la JRT.

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Este es un recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por Bryant Meléndez Collazo contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba que se le acreditaran a su sentencia los días que estuvo detenido preventivamente. Inicialmente, el Departamento solicitó la desestimación por falta de pago de arancel, lo cual fue denegado. Posteriormente, el Departamento informó que había acreditado los días de detención preventiva solicitados por el recurrente. Con base en esta acción, el Departamento presentó una nueva solicitud de desestimación, alegando que el caso se había tornado académico. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y las comparecencias de las partes. La sentencia concluye que, al haber el Departamento acreditado el tiempo solicitado, la controversia original ha desaparecido. Aplicando la doctrina de la academicidad, el Tribunal determina que carece de autoridad para entender sobre los méritos del caso y desestima el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión judicial consolidados. Las partes recurrentes son la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Asociación de Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras (AEGSAC). Impugnan una decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT). La decisión de la JRT resolvió una Petición para Clarificación de Unidad Apropiada presentada por PROSOL-UTIER. Dicha petición buscaba la inclusión de los puestos de Tasador I y Tasador II en la unidad que representa PROSOL-UTIER. La JRT declaró Ha Lugar la petición de PROSOL-UTIER, determinando que los puestos debían ser incluidos. AEGSAC había intervenido en el proceso administrativo oponiéndose a esta inclusión. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Tras la revisión, el Tribunal decidió confirmar la decisión emitida por la JRT.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una sentencia y resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio sumario. El Fideicomiso González Román, representado por el Dr. Roberto H. González, inició el pleito contra Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, LLC por ocupación sin contrato vigente. El peticionario impugna dictámenes del foro primario que le declararon en rebeldía, acogieron una demanda contra terceros, impusieron sanciones y convirtieron el procedimiento sumario en ordinario. Aguada se defendió alegando la existencia de un contrato de arrendamiento vigente, incluyendo una opción de extensión ejercida tácitamente y la posible existencia de un nuevo contrato. La parte recurrida presentó una solicitud de conversión a proceso ordinario, contestación a la demanda, reconvención y demanda contra tercero. Argumentó que la complejidad de las alegaciones y defensas requería un proceso ordinario para dilucidar la controversia contractual. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los actos de las partes habían transformado el proceso sumario en uno ordinario. La apelación, acogida como certiorari, busca la revisión de estas determinaciones interlocutorias por el Tribunal de Apelaciones.

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Se presenta la Sentencia de un panel de jueces apelativos revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una demanda instada por el Dr. Raúl Porro y su sociedad legal de gananciales contra el Dr. José Barceló, el Dr. David Castrodad y sus respectivas sociedades, además de varias corporaciones. Las causas de acción incluyeron una acción derivativa por alegada apropiación ilegal de activos corporativos, fraude, negligencia crasa y violación al deber de fiducia. También se solicitó la disolución de las corporaciones y el cobro de dinero y daños. El Dr. Porro alegó ser copropietario de las corporaciones que proveían servicios de anestesiología al Hospital Pavía junto al Dr. Barceló. La disputa surgió tras la alegada toma de control absoluto por parte del Dr. Barceló y la gestión de la renovación del contrato con el hospital, supuestamente tras un acuerdo para liquidar las entidades. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de los Apelados. La presente Sentencia modifica el dictamen apelado, pero únicamente para ajustar el pago de intereses presentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, Daniel Rivera Colón, impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Rivera Colón, un confinado, solicitó ser trasladado a la Institución Correccional de Bayamón 308 por motivos de seguridad personal. El Departamento lo trasladó inicialmente a la Institución Ponce Fase III, clasificada como de custodia protectiva. El recurrente solicitó reconsideración, insistiendo en el traslado a Bayamón 308. El Departamento denegó la reconsideración, argumentando que el confinado ya estaba en una institución de custodia protectiva apropiada y que Bayamón 308 es una institución de programa. El Tribunal revisó el expediente administrativo y la posición del Departamento. Concediendo deferencia a la experiencia administrativa, el Tribunal confirmó la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Alexis Morales Fresse. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Dicha Resolución, emitida el 30 de octubre de 2019, denegó la Moción Solicitando la Recusación del Juez José Emilio González Velázquez en un caso de divorcio, alimentos y custodia. El peticionario alegó diversas razones para la recusación, incluyendo resoluciones desfavorables, una reunión ex parte con su hijo, gestiones de cobro y supuesta parcialidad. La Juez Subadministradora Regional, designada para evaluar la recusación, celebró una vista y analizó la prueba. Determinó que las alegaciones del peticionario carecían de fundamento y no demostraban parcialidad o prejuicio por parte del juez. El Tribunal de Apelaciones, al denegar el certiorari, valida la decisión del foro primario de no recusar al juez.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve una apelación en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. El apelante, Carlos Ortiz López, impugna la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Antilles Insurance Company (AIC). Ortiz López demandó a AIC alegando que no le compensaron adecuadamente los daños asegurados bajo su póliza. AIC solicitó sentencia sumaria argumentando que un pago realizado y aceptado por el apelante constituyó un "pago en finiquito", extinguiendo la deuda. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de AIC y dictó sentencia sumaria. El apelante se opuso, sosteniendo que el pago no cumplía los requisitos para ser un finiquito y que existía una controversia de hechos materiales. Tras revisar los argumentos y el expediente, el panel judicial determina que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria. Por tanto, se revoca la Sentencia Sumaria apelada. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Las peticionarias, Viviane y Margarite Cósimi Ancher, buscan revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El caso principal trata sobre el cobro de cuotas de mantenimiento por parte de UNDARE, Inc. para un sistema de control de acceso en su urbanización. Las peticionarias alegaron en su solicitud de sentencia sumaria que Viviane no había autorizado el establecimiento de dicho sistema. El trasfondo incluye la aprobación municipal del sistema, la firma previa de un certificado de aceptación por Viviane y un pagaré por ambas hermanas relacionado con la deuda. Las peticionarias demandaron a UNDARE, Inc. en 2020, quien a su vez presentó una reconvención por cuotas adeudadas. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, acuerda denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por las peticionarias.

Resumen:

Ángel D. Padilla García presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para un nuevo juicio bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Padilla García fue condenado previamente por infracción al Código Penal de 2004, sentencia que fue confirmada en apelación y por el Tribunal Supremo. En su moción de Regla 192.1, alegó violaciones de derechos constitucionales. El peticionario argumenta que el TPI erró al denegar su moción de forma sumaria ("de plano") sin justificación adecuada, sin establecer controversias ni emitir determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, y sin conceder una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones revisa esta denegatoria en el ejercicio de su discreción para corregir posibles errores de derecho del foro primario. El tribunal verificó que el TPI denegó la moción de plano.