Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 135)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La parte apelante, Librería El Quijote, Inc., et al., impugnó una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Banco Popular de Puerto Rico. Banco Popular presentó una moción de desestimación del recurso de apelación. Alegó que la apelación no fue debidamente notificada a su representación legal, utilizando una dirección postal incorrecta y desactualizada. La parte apelante, a su vez, solicitó que la moción de desestimación se tuviera por no presentada, aduciendo no haberla recibido. El Tribunal de Apelaciones solicitó a las partes que se expresaran y presentaran evidencia sobre la controversia de la notificación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones procede a la desestimación del recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en los motivos relacionados con la notificación defectuosa del recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari. La petición busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, que declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. El caso de origen es una demanda por daños y perjuicios incoada por José Ramón Díaz Monge y Rosa María Pastrana Fernández. La demanda surge de un accidente automovilístico ocurrido el 24 de septiembre de 2020, donde un camión conducido por Noel Calderón Mojica impactó el vehículo de los demandantes. Los demandantes alegaron sufrir daños físicos, mentales y la pérdida total de su vehículo a causa del incidente. Reclamaron una indemnización solidaria a Calderón Mojica y otros posibles responsables. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000847. Celinés Rodríguez López apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Municipio de Naranjito. La demanda original buscaba remedios de injunction y daños y perjuicios. Rodríguez López, empleada municipal, alegó problemas de salud relacionados con su lugar de trabajo. Tras una reubicación y una licencia sin sueldo, el municipio inició un proceso de destitución por ausencias no autorizadas. Rodríguez López presentó la demanda, pero el foro primario la desestimó por falta de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado. Por tanto, se mantiene la desestimación de la reclamación de Rodríguez López contra el Municipio de Naranjito por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Edmanuel Guerra Guzmán recurrió contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación por bonificaciones de trabajo. El recurrente solicitaba que se le ordenara a la agencia otorgar ciertas bonificaciones. La facultad revisora del Tribunal se limita a decisiones finales de organismos administrativos. El recurrente no demostró que el trámite administrativo hubiera culminado con una decisión final de la agencia. El recurso carecía de la determinación final impugnada y otra documentación esencial. Las reglas procesales deben observarse rigurosamente, incluso por quienes comparecen por derecho propio. El incumplimiento con los requisitos de presentación y perfeccionamiento impidió al Tribunal constatar su jurisdicción. Por estos defectos, el Tribunal desestimó el recurso presentado.

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Este documento es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un caso de modificación de pensión alimentaria entre Joan M. Colón Morales y Rodney Mercado Rivera. El señor Mercado Rivera solicitó una reducción de la pensión alimentaria previamente establecida en $1,239.16 mensuales, alegando una disminución de ingresos debido a la pandemia de COVID-19. Las partes se divorciaron en 2017 y posteriormente acordaron la custodia compartida de su hija menor. La solicitud inicial del señor Mercado Rivera para modificar la pensión tras el cambio de custodia fue denegada. Su solicitud posterior en mayo de 2020, basada en el desempleo relacionado con la pandemia, fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario redujo la obligación mensual de pensión alimentaria a $261, adoptando las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones. La señora Colón Morales apeló esta decisión, argumentando en contra de la sustancialidad del cambio de ingresos y la inclusión de otros beneficios. El Tribunal de Apelaciones acogió el caso como una apelación y, tras revisar los fundamentos, confirmó la resolución emitida por el tribunal de primera instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La empleada, Cristie Pérez Rodríguez, demandó a Saint Lukes Memorial Hospital Inc. y obtuvo una sentencia a su favor que incluía honorarios de abogado. Saint Lukes apeló, pero la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, la empleada solicitó honorarios adicionales por el trabajo realizado, especialmente el relacionado con la apelación. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó esta solicitud, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó que se reevaluara. En cumplimiento, el foro primario concedió honorarios adicionales, considerando la carga impuesta por la apelación de Saint Lukes. Saint Lukes presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Saint Lukes.

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Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de una querella por despido injustificado y cobro de salarios presentada por Raymond Montalvo Félix contra Claro bajo las Leyes 2 y 80. La controversia principal gira en torno a la exigencia de una fianza al peticionario por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Inicialmente, una jueza del TPI manejó el caso sin requerir fianza. Posteriormente, otra jueza asumió el caso y ordenó al peticionario prestar una fianza de \$1,000 conforme a la Regla 69.5 para garantizar costas y gastos. El peticionario solicitó reconsideración de esta orden, argumentando que la fianza era contraria a la Ley 402 de 1950 y a la doctrina de la ley del caso, pero el TPI denegó su moción. Inconforme, el peticionario recurre al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando que el TPI erró al reimponer la fianza de no residente y al obviar la decisión previa y la ley del caso. El Tribunal de Apelaciones debe determinar si el TPI estaba obligado a exigir dicha fianza a la luz de los hechos del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Ramón Antonio Parga Cuevas y Carmen Gloria Ruiz Losada apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Rushmore Loan Management Services, LLC. La demanda original, presentada en septiembre de 2016, reclamaba \$63,314.26 adeudados bajo un pagaré hipotecario de 1996. Este pagaré estaba garantizado por una hipoteca sobre una propiedad residencial de los apelantes. Tras varios trámites procesales, incluyendo un intento fallido de mediación, la parte demandante solicitó sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia, luego de una vista donde se presentó el pagaré original, dictó sentencia a favor de Rushmore Loan Management Services, LLC en noviembre de 2018. Los apelantes solicitaron al Tribunal de Apelaciones revocar dicha sentencia. El Panel Especial del Tribunal de Apelaciones, presidido por la Juez Grana Martínez e integrado por los Jueces Sánchez Ramos y Salgado Schwarz (ponente), evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió la apelación presentada por José M. Morales Torres contra sus condenas. El apelante fue hallado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de agresión grave, portación y uso de armas sin licencia, y portación y uso de armas blancas. Se le impusieron penas consecutivas de 15, 20 y 6 años de cárcel por hechos ocurridos en Santa Isabel el 2 de diciembre de 2018. Los cargos involucraron el uso de un bate y una pistola contra la víctima, Giovanni Vega Ruiz. El apelante argumentó que la prueba presentada por el Ministerio Público fue insuficiente para probar todos los elementos de los delitos. Tras estudiar la transcripción de la prueba y los alegatos, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. El panel de jueces determinó que la prueba fue suficiente. Por tanto, acordó confirmar los dictámenes de culpabilidad emitidos por el foro primario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor José M. Morales Torres para recurrir de las sentencias dictadas en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario lo encontró culpable de agresión grave, portación y uso de armas sin licencia, y portación y uso de armas blancas. Se le impusieron penas de 15, 20 y 6 años de prisión, respectivamente, a cumplirse consecutivamente. El apelante argumentó que la prueba de cargo fue insuficiente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Tras estudiar la prueba oral, los autos y los alegatos de las partes, el panel de jueces procedió a evaluar la controversia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 10 de junio de 2021, resolvió confirmar los dictámenes de culpabilidad apelados.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve el recurso presentado por José M. Morales Torres contra los dictámenes de culpabilidad del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. El apelante fue condenado por agresión grave, portación y uso de armas sin licencia, y portación y uso de armas blancas. Se le impusieron penas consecutivas de 15, 20 y 6 años de prisión, respectivamente. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2018 en Santa Isabel, donde se le imputó agredir a la víctima con un bate y causarle una herida de bala, actuando en concierto con otra persona. El apelante argumentó que la prueba de cargo fue insuficiente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. El juicio se celebró por tribunal de derecho en 2019. Tras revisar la transcripción de la prueba oral, los autos y los alegatos, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar los dictámenes de culpabilidad apelados.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, Nelson Meléndez López h/n/c El Rancho Bar, impugna una Orden de Cese y Desista y una multa de $1,000 impuestas por la Junta de Planificación. La Junta ordenó el cese de operaciones y la multa por supuestamente operar sin permisos y violar la Orden Ejecutiva OE-2020-066 sobre venta de alcohol. El recurrente alega poseer un Permiso de Uso válido desde 1986 para el establecimiento. Sostiene que la Junta erró al no reconocer su permiso y al aplicar el requisito del "Permiso Único" del Reglamento Conjunto de 2019, el cual considera nulo. Argumenta que esto viola sus derechos adquiridos. La Junta había denegado la reconsideración basándose en la falta del Permiso Único y la infracción a la Orden Ejecutiva. La Junta no presentó alegato en oposición al recurso de revisión. El Tribunal previamente ordenó paralizar procedimientos relacionados ante la Junta. La Sentencia detalla los antecedentes del caso y los argumentos del recurrente.

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Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. El recurso fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Alturas del Bosque contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó sin perjuicio la demanda de injunction estatutario presentada por el Consejo de Titulares. La demanda, al amparo de la Ley 161-2009, alegaba que los demandados obtuvieron permisos de construcción para áreas recreativas mediante fraude y certificaciones falsas. Sostenían que la construcción se realizó ilegalmente, poniendo en riesgo la seguridad del condominio. El Consejo solicitaba la paralización de la obra, su adecuación a la ley y el pago de costas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda tras los argumentos de los demandados de que no se sustentaban los alegados fraude, engaño o riesgo de seguridad. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el panel de jueces confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de custodia de menor. Patricia Rivera Polanco solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia relativa a la custodia de su hijo. Anteriormente, la Sra. Rivera Polanco había cedido la custodia provisional del menor a su madre, Addy Polanco Vázquez, mediante un acuerdo aprobado judicialmente en 2019. En 2020, la madre intentó cesar la custodia provisional, alegando que la cesión no fue completamente voluntaria y que había revocado su consentimiento. Argumentó que la abuela obstaculizaba su relación con el niño y excedía sus facultades. La abuela se opuso, sosteniendo que el mejor interés del menor requería evaluar las circunstancias actuales de la madre antes de devolver la custodia y posteriormente solicitó la custodia para sí. La madre también pidió remedios urgentes al tribunal primario sobre la salud y visitas del niño. Tras considerar los antecedentes y argumentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Alexandro Vega Quiñones, apelante, solicitando la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial y Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó sumariamente las reclamaciones del apelante contra San Jorge Children Hospital por despido injustificado, discrimen por edad y hostigamiento laboral. Mantuvo pendiente la reclamación de cobro de dinero relacionada con cursos de OSHA, al existir dudas sobre un posible acuerdo. Adicionalmente, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una Moción In Limine del hospital, excluyendo del expediente varias declaraciones juradas y un formulario presentados por el apelante. La exclusión se basó en que una declaración era un "sham affidavit", otra de un perito no anunciado, y la tercera se consideró académica e inmaterial para la etapa procesal. El apelante había demandado tras ser cesanteado en agosto de 2019, alegando que su despido, justificado por el hospital como reducción de costos mediante subcontratación, encubría discrimen y hostigamiento, especialmente tras la contratación de una persona más joven. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso a la luz del expediente y el derecho aplicable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Iris M. Bravo González contra Lilly del Caribe, Inc. La demandante original, Sra. Bravo, presentó reclamaciones por discrimen, represalias y daños tras ser despedida por Lilly. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso sin perjuicio debido a que la Sra. Bravo incumplió repetidamente las órdenes de anunciar nueva representación legal tras la renuncia de sus abogados. Lilly apeló esta decisión, argumentando que la desestimación debió ser con perjuicio dada la falta de diligencia de la demandante y el perjuicio causado por el litigio prolongado. Lilly sostuvo que sería oneroso litigar las alegaciones nuevamente después de más de tres años de procedimientos. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal, destacando las múltiples oportunidades concedidas a la Sra. Bravo para obtener representación. El Tribunal concluyó que el foro primario abusó de su discreción al desestimar el caso sin perjuicio. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. Se ordena la desestimación del pleito con perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre cobro de dinero y ejecución de pagaré. La apelante impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una causa de acción de su reconvención. El pleito original fue iniciado por el apelado para cobrar una deuda evidenciada por un pagaré suscrito por la apelante. La apelante, en su reconvención, alegó que el pagaré fue presentado como un regalo y reclamó daños por engaño. Además, la apelante reclamó la restitución de bienes de una corporación supuestamente co-propiedad de su difunto esposo y el apelado, alegando que este se apropió de ellos y disolvió la entidad. El apelado solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando prescripción para la reclamación de daños y falta de causa de acción para la reclamación corporativa. Respecto a la reclamación corporativa, el apelado señaló que la corporación no era parte y que la apelante no reclamó dentro del plazo legal tras su disolución. La sentencia parcial apelada desestimó la causa de acción relacionada con los bienes corporativos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia parcial apelada.

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Miramar Plaza Holdings, LLC solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La acción subyacente es un cobro de dinero iniciado por Miramar Plaza Holdings, LLC contra Sesderma de Puerto Rico por cánones de arrendamiento impagos. Miramar Plaza Holdings, LLC reclamaba una deuda basada en un contrato de arrendamiento de 2015. Sesderma de Puerto Rico contestó y reconvino, alegando que Miramar Plaza Holdings, LLC incumplió el contrato al no reparar el local tras el huracán María. Sesderma de Puerto Rico sostuvo que esto le impidió usar el local y solicitó la resolución del contrato y compensación por daños. Miramar Plaza Holdings, LLC presentó la solicitud de sentencia sumaria argumentando que no había controversia de hechos sobre la deuda y pidiendo desestimar la reconvención. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Miramar Plaza Holdings, LLC.

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El Pueblo de Puerto Rico solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal Superior de Mayagüez. La resolución apelada desestimó cargos graves contra Melvin Tomás Hernández, Jr. por falsificación y posesión de sustancias controladas. El Tribunal Superior fundamentó su desestimación en la Regla 64(N)(6) de Procedimiento Criminal, al no celebrarse la vista preliminar dentro del término. La vista preliminar, inicialmente señalada para el 8 de octubre de 2019, fue pospuesta al 22 de noviembre de 2019 debido a la ausencia de un testigo de cargo. En la fecha original, la defensa del imputado renunció expresamente a los términos para la celebración de la vista. A pesar de esta renuncia, el Tribunal Superior desestimó los cargos en la segunda fecha señalada. El Pueblo argumentó que existía justa causa para el retraso y que la renuncia previa impedía la desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y determinó expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal Superior que desestimó los cargos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre cobro de dinero. La Asociación de Residentes Estancias de Cidra demandó a Carlos Pagán Rivera y otros por el pago de cuotas de mantenimiento adeudadas. Los demandados negaron la deuda y la legitimación de la asociación, presentando una reconvención por alegado manejo indebido. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención y, posteriormente, dictó sentencia sumaria a favor de la asociación. Dicha sentencia condenó a los demandados al pago de la deuda reclamada por concepto de cuotas de mantenimiento. La parte demandada apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia apelada, pero confirma su resultado principal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Perfect Integrated Solutions, Inc. (PIS) impugna la adjudicación del Request for Proposal (RFP) 88266 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para servicios de manejo de vegetación. PIS presentó una primera reconsideración ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE, la cual fue desestimada como académica tras una notificación enmendada del RFP. PIS presentó una segunda reconsideración contra la notificación enmendada, que fue desestimada por supuestamente tardía. PIS recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error en la desestimación por tardanza y en no atender las irregularidades de la subasta. El Tribunal indica que debe atender planteamientos procesales sobre su jurisdicción. No obstante, la sentencia anuncia que revoca el dictamen recurrido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El recurrente, Joseph Maya Gambino, impugna una resolución de la JLBP de 28 de mayo de 2019 que modificó las condiciones de su mandato. Específicamente, solicitó la eliminación de condiciones que le prohibían relacionarse con exconvictos, recoger personas, conducir con ciertas mujeres, relacionarse con menores y visitar lugares con material pornográfico. Aunque la JLBP modificó la frecuencia de supervisión, mantuvo las condiciones objetadas. La moción de reconsideración del recurrente no fue atendida por la JLBP dentro del término reglamentario. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó abuso de discreción y violación al debido proceso de ley por la composición de la Junta. El Tribunal señala que el Procurador General concedió el error sobre la violación al debido proceso por falta de miembros requeridos. Se indica que el caso debe ser devuelto a la JLBP para una nueva resolución con la participación del número de miembros exigido por el reglamento. El documento aborda brevemente la aplicación del debido proceso en foros administrativos.

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FirstBank Puerto Rico solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar tres Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Las Órdenes impugnadas paralizaron una subasta, ordenaron la devolución de fondos previamente embargados a Pedro J. Ortiz CPA & Asociados LLC y denegaron una solicitud de vista evidenciaria de FirstBank. El litigio original es una demanda de cobro de dinero por incumplimiento de un préstamo garantizado con una hipoteca naval. Tras una sentencia en rebeldía, las partes alcanzaron un acuerdo de pago y entrega de la embarcación, que fue adoptado como sentencia por estipulación. FirstBank solicitó la ejecución de la sentencia debido al incumplimiento del acuerdo, lo que llevó a la solicitud de embargo de fondos de la entidad vinculada al recurrido. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por FirstBank.

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Peticionarios César Sainz Rodríguez y 5 Star Entertainment, LLC. presentaron una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó dejar sin efecto una anotación de rebeldía contra el señor Sainz Rodríguez. Simultáneamente, solicitaron auxilio de jurisdicción para paralizar el juicio señalado en el caso subyacente. El Tribunal de Apelaciones requirió a la parte recurrida, Producciones Tamima, Inc., responder sobre la solicitud de paralización y mostrar causa para no expedir el auto. Producciones Tamima se opuso al auxilio de jurisdicción y solicitó la desestimación de la petición de certiorari y la moción de auxilio. Alegó defectos en la notificación de los escritos por parte de los peticionarios, incluyendo falta de simultaneidad y omisión de notificar a la representación legal de una codemandada. Los peticionarios se opusieron a la desestimación, reconociendo un retraso en la notificación por correo electrónico pero presentando evidencia de notificación por correo certificado a la abogada de la codemandada. La resolución detalla el historial procesal y los argumentos de las partes respecto a la admisibilidad del recurso y la solicitud de paralización.

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El caso involucra a Alex Gerardo Álvarez Torres, acusado y hallado culpable por un juez de infracciones a la Ley de Armas tras renunciar a su derecho a juicio por jurado en 2018. Con la sentencia pendiente, el Tribunal Supremo Federal y el de Puerto Rico establecieron la unanimidad del veredicto en casos criminales. Álvarez Torres solicitó un nuevo juicio, argumentando que su renuncia al jurado no fue válida bajo el nuevo estado de derecho y que la doctrina de unanimidad le aplicaba al no ser su caso final. El Ministerio Público se opuso, sosteniendo que la renuncia fue válida e inteligente al momento de realizarse. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de nuevo juicio, confirmando la validez de la renuncia. Álvarez Torres recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones concedió el recurso para revisar si el foro primario erró al denegar el nuevo juicio a la luz de la doctrina de unanimidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión judicial presentado por un miembro de la población correccional. El recurrente impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación relacionada con la desaparición de artículos de su celda. Inicialmente, la División de Remedios Administrativos denegó su solicitud por falta de evidencia de propiedad. Tras una solicitud de reconsideración, la División respondió que el reclamo sería referido para investigación. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante revisión judicial. El Tribunal examinó su jurisdicción para conocer del recurso. Concluyó que la determinación administrativa no era final, ya que el asunto aún estaba pendiente de investigación interna por la agencia. La ley requiere el agotamiento de los remedios administrativos y una orden o resolución final para proceder a la revisión judicial. Dado que el proceso administrativo no había concluido, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado.

Resumen:

Super Asphalt Pavement, Corp. solicita la revisión judicial de las adjudicaciones de tres subastas municipales de Salinas a favor de JM Caribbean Builders, Corp. La recurrente argumenta que presentó la oferta más baja y debió ser la agraciada con los proyectos de reconstrucción de calles. Este recurso surge tras una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que ordenó a la Junta de Subastas justificar adecuadamente su decisión. La Junta re-adjudicó a JM, explicando que la propuesta de Asphalt no incluyó costos esenciales como la compactación y riego del asfalto. Asphalt refuta esta justificación, alegando que su oferta fue global y completa, ajustándose a los requerimientos, e insinúa favoritismo hacia JM. El documento detalla el historial del litigio y presenta las alegaciones de las partes, incluyendo una comparación de las propuestas económicas. El Tribunal de Apelaciones evaluará la legalidad de la decisión de la Junta de Subastas al rechazar la oferta de Asphalt.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Xavier Reyes Rodríguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revisión de una determinación administrativa que cambió su clasificación de custodia de mediana a mínima. Alegó temor al COVID-19 y no sentirse preparado para la custodia mínima, habiendo presentado una reconsideración ante el Departamento que fue denegada. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución requiriendo al recurrente que presentara copia de la determinación recurrida y cumpliera con los aranceles o solicitara litigar *in forma pauperis* para auscultar la jurisdicción. El recurrente no cumplió con dicha resolución ni presentó escrito alguno posteriormente. Ante la falta de cumplimiento y la imposibilidad de afirmar la jurisdicción, el tribunal procedió a desestimar el recurso. Además, el tribunal señaló *arguendo* que las razones expuestas por el recurrente para oponerse al cambio de custodia estaban fuera del criterio de revisión. La desestimación se fundamentó en la Regla 83 B (1)(3)(4) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, Miguel A. Cabrera Quiara, impugna la negativa del foro primario a corregir su sentencia. Cabrera solicitó que se le abonara el tiempo que estuvo en detención preventiva. Inicialmente acusado bajo el Art. 278 C.P., Cabrera estuvo detenido desde diciembre de 2020. Posteriormente, se declaró culpable de un cargo reclasificado (Art. 198 C.P.) mediante alegación pre acordada. Fue sentenciado a seis meses de reclusión, pero la sentencia no abonó el tiempo de detención preventiva. El Tribunal de Primera Instancia denegó la corrección argumentando que el abono no fue parte del acuerdo. Cabrera sostiene que la ley exige el abono de los 111 días que cumplió en prisión preventiva. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y procede a modificar la resolución recurrida.

Resumen:

Se presenta una Petición de Certiorari ante este foro apelativo por Ángel L. Urbina Ortega, Rosa Cruz Garay y su sociedad legal de gananciales. Solicitan la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha resolución declaró válida una oferta de transacción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guaynabo (parte recurrida). El TPI determinó que, al ser la sentencia final menos favorable para los peticionarios que la oferta, procedía el pago de costas, gastos y honorarios de abogado a la parte recurrida conforme a la Regla 35.1. El caso original inició con una demanda de los peticionarios por incumplimiento de contrato y daños, y una reconvención de la Cooperativa por cobro de dinero. Tras un extenso litigio, el TPI desestimó la demanda y declaró con lugar la reconvención. Esta sentencia fue confirmada en apelación hasta el Tribunal Supremo, adquiriendo firmeza. La petición de certiorari actual impugna específicamente la determinación del TPI sobre la validez de la oferta transaccional y la consecuente imposición de costas tras la firmeza de la sentencia.

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Se trata de una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de una Resolución Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Rafael Díaz Santiago y Gloria Santiago Rodríguez recurrieron la desestimación de su querella contra la Junta de Directores del Condominio Rexville Park. La querella original ante DACO alegaba que la Junta planeaba cambiar ilegalmente el flujo de tránsito en áreas comunes y reclamaba daños. La Junta solicitó la desestimación argumentando que los querellantes adeudaban cuotas de mantenimiento. DACO determinó que los querellantes tenían pagos tardíos que generaron intereses y recargos. DACO ordenó a los querellantes pagar dicha deuda bajo apercibimiento de desestimación. A pesar de alegar haber pagado, la Junta presentó evidencia de una deuda mayor y DACO desestimó la querella sin perjuicio por incumplimiento de su orden. Los querellantes acudieron al Tribunal de Apelaciones para revisar esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa del DACO.

Resumen:

El recurrente, un confinado, impugnó ante el Tribunal de Apelaciones una respuesta de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha respuesta le informaba que su recomendación médica para usar barba a $1/4$ de pulgada había caducado y le sugería dialogar con su médico para renovarla. El confinado había solicitado un remedio administrativo alegando una condición dermatológica y presentó una recomendación médica de 2020, válida por seis meses. Tras recibir la respuesta, solicitó reconsideración, sobre la cual la agencia no actuó. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en que el recurso era prematuro. La respuesta administrativa impugnada no constituía una resolución final de la agencia. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme exige que la revisión judicial proceda únicamente contra órdenes o resoluciones finales de la agencia, una vez agotados los remedios administrativos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Maritza Rivera Nazario y Jorge L. Bonilla Colón contra 2160 Petsmart Guaynabo, relacionada con una caída. El Tribunal de Primera Instancia extendió el periodo de descubrimiento de prueba para permitir a los demandantes contratar un tercer perito, luego de que los informes de los peritos anteriores no les fueran favorables o no se produjeran a tiempo. Petsmart impugnó esta decisión interlocutoria mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones determinó que la decisión del TPI sobre la extensión del descubrimiento constituye un asunto ordinario de manejo de caso. Concluyó que no hay base para apartarse de la regla general que prohíbe intervenir con decisiones interlocutorias en acciones civiles. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá con la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se revisa mediante recurso de certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en un caso criminal contra Jensen Medina Cardona por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. La resolución recurrida denegó la admisión en evidencia de la copia de un documento durante el juicio. El documento en controversia es una orden de compra/venta de un vehículo, presentada durante el testimonio de un gerente de financiamiento del concesionario. El testigo identificó el documento como parte del proceso de venta que manejó con el acusado, a pesar de ser una fotocopia y carecer de su firma en la mayoría de las páginas. La defensa objetó la admisibilidad por falta de fundamento y por ser una copia no certificada. El Ministerio Público argumentó que el testigo había autenticado el documento al identificarlo como el que preparó. El tribunal apelativo expidió el auto de certiorari. Se revoca la resolución del foro primario que denegó la admisión del documento. La decisión permite la admisión de la copia del documento en el juicio.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000711. La apelante, Sonia Huertas Greó, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La demanda original fue incoada contra MAPFRE (PANAM y PRAICO) por incumplimiento de contrato de seguro. Huertas Greó reclamó daños a su propiedad causados por el Huracán María en 2017, alegando que MAPFRE no cumplió con la póliza, no ofreció compensación justa y actuó de mala fe. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando, entre otras cosas, la no retroactividad de la Ley 247-2018, la falta de notificación previa y la aceptación de pago en finiquito. MAPFRE detalló que inspeccionó la propiedad, estimó daños y envió un cheque que la apelante endosó. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa las posturas de las partes. Adelanta que su estudio lo lleva a revocar el dictamen apelado.

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Jonathan Figueroa Hernández apela la Sentencia dictada el 29 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicha sentencia lo encontró culpable de infracciones al derogado Código Penal (Art. 106 por 2 cargos) y a la Ley de Armas (Art. 5.15 por 6 cargos y Art. 5.04 por 3 cargos). Los hechos imputados ocurrieron el 3 de diciembre de 2010 e involucran el asesinato de dos personas mediante el uso de un arma de fuego. Tras un juicio por tribunal de derecho celebrado en 2017 y 2018, el TPI lo condenó a una pena de 238 años con 8 meses de reclusión. Inconforme, el Sr. Figueroa Hernández presentó su recurso de apelación, solicitando una transcripción de oficio por ser indigente. Una vez estipulada la transcripción de la prueba oral, el apelante presentó su alegato. En su apelación, imputa al TPI haber errado al condenarlo en violación al debido proceso de ley y sin garantizarle debidamente la identificación. También alega que el TPI condicionó la admisibilidad de fotos, violentando su derecho a presentar prueba.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios contra Banco Popular de Puerto Rico. El apelante, Modesto Guidicelli Santiago, reclamaba la apropiación indebida de fondos de su cuenta bancaria mediante cheques falsificados por un tercero entre 2011 y 2015. El fraude fue descubierto en mayo de 2015 y notificado a BPPR. BPPR rechazó la reclamación en julio de 2015, argumentando que la acción estaba prescrita conforme a la Ley de Transacciones Comerciales. Una segunda reclamación extrajudicial en agosto de 2015 también fue rechazada en noviembre de 2015 por los mismos motivos. La demanda judicial contra BPPR fue presentada en mayo de 2020, casi cinco años después del descubrimiento y la notificación del banco. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción contra BPPR por estar prescrita bajo el término de tres años aplicable. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida, validando la desestimación por prescripción.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. La recurrente, O'Neill Security & Consultant Services, Inc., solicitó la revisión de una resolución interlocutoria de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha resolución de la OMA denegó una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción en un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo fue iniciado por la señora Viviana Charriez Otero, quien presentó una querella ante la OMA reclamando el pago de vacaciones bajo la Ley Núm. 180. El proceso ante la OMA comenzó con un intento de mediación que no tuvo éxito, lo que llevó a la presentación de la querella adjudicativa. O'Neill Security argumentó la falta de jurisdicción de la OMA, pero su moción fue denegada. Al recurrir esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones, la corte procedió a evaluar su propia competencia. El Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para revisar la resolución interlocutoria de la OMA en esta etapa del procedimiento. Por consiguiente, el recurso de revisión administrativa presentado por O'Neill Security es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Carlos Bonilla Torres solicitó beneficios de pensión por incapacidad ocupacional a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) en 2012. La ASR denegó la solicitud en enero de 2014, determinación que reafirmó tras una solicitud de reconsideración en noviembre de 2014. El recurrente apeló entonces ante la Junta de Síndicos, entidad que posteriormente fue sustituida por la Junta de Retiro. En octubre de 2020, la Junta de Retiro desestimó la apelación presentada por Bonilla Torres, fundamentando su decisión en la falta de jurisdicción. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial, argumentando que la Junta de Retiro sí conservaba jurisdicción sobre su reclamo. El Tribunal de Apelaciones revisa el tracto procesal del caso. Contrario a la posición del recurrente, el Tribunal concluye que este no tiene razón. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal procede a desestimar el recurso de revisión judicial presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que denegó un permiso de construcción a RN Enterprises, Inc. para una valla publicitaria. La solicitud original databa de 2015, pero tras vencer el plazo para cumplir requisitos, se autorizó una reapertura en 2020 condicionada al cumplimiento con la reglamentación vigente. La OGPe denegó el permiso en diciembre de 2020, basándose en el Reglamento Conjunto de 2019 y una recomendación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que señalaba incumplimiento con distancias requeridas a una carretera del National Highway System. RN Enterprises apeló, argumentando que la OGPe aplicó erróneamente el Reglamento de 2019 en lugar del vigente en 2015, se basó en requisitos inaplicables y no siguió el procedimiento correcto. El Tribunal determinó que la actuación de la OGPe fue ultra vires y sin jurisdicción. Por tanto, el Tribunal revocó la decisión de la agencia que denegaba el permiso.

Resumen:

Sentencia sobre el Recurso de Revisión Judicial KLRA202100258 presentado por Banco Popular de Puerto Rico contra una Resolución en Reconsideración de DACO. BPPR alegó falta de jurisdicción por ser la resolución prematura, al haber sido modificada sustancialmente sin advertir el derecho a reconsideración administrativa. Paralelamente, el Sr. Francisco Feliciano Cordero presentó un recurso similar (KLRA202100264) ante otro panel, planteando el mismo argumento de prematuridad. Ese panel desestimó el recurso por falta de jurisdicción y ordenó a DACO re-notificar la resolución con las advertencias requeridas. Oriental Bank también solicitó la desestimación del presente recurso por los mismos fundamentos y el resultado del caso paralelo. Este panel, para evitar resultados inconsistentes, concurre con la decisión del panel hermano en el caso KLRA202100264. Por tanto, se desestima el Recurso de Revisión Judicial KLRA202100258 por falta de jurisdicción por prematuro. Se ordena a DACO notificar nuevamente la Resolución en Reconsideración, incluyendo las advertencias de ley sobre el derecho a reconsiderar y recurrir. Finalmente, se ordena el desglose del apéndice del recurso.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Reverse Mortgage Solutions, Inc. en apelación contra Reinaldo González Medina et als. El recurso proviene de una acción de ejecución de hipoteca ordinaria en la Sala Superior de Arecibo. Reverse Mortgage apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. La Peticionaria alegó que el Recurrido incumplió con el pago de primas de seguro, lo que aceleró la deuda de una hipoteca inversa. El Recurrido se opuso a la sentencia sumaria, argumentando que el incumplimiento fue causado por la Peticionaria (falta de cuenta en plica, verificación de ingresos) y que no recibió notificación adecuada de su derecho a rescindir bajo el Truth in Lending Act. Alegó la existencia de hechos materiales controvertidos. Reverse Mortgage replicó que el Recurrido no cumplió los requisitos para oponerse a la sentencia sumaria y solo planteó controversias de derecho. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por Reverse Mortgage.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega una Petición de Certiorari presentada por Cynthia Ivonne Alvarado Toledo. La Peticionaria solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que se negó a dictar sentencia sumaria en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El pleito original fue incoado por Jesús Nieves Matos, quien alegó que la Peticionaria incumplió un contrato de compraventa de inmueble al no pagar la totalidad del precio y no asumir completamente la hipoteca. El Recurrido reclamaba el pago de cantidades adeudadas por ambos conceptos. La Peticionaria solicitó sentencia sumaria alegando haber cumplido o extinguido la obligación, mientras el Recurrido se opuso y solicitó su propia sentencia sumaria, disputando los pagos realizados. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias de hechos materiales, incluyendo la discrepancia en el pago del precio de compraventa y la necesidad de evidenciar los pagos de hipoteca reclamados por el demandante. Al existir estas controversias fácticas esenciales, el Tribunal de Apelaciones concluye que la resolución del caso requiere un juicio en su fondo y deniega la expedición del auto.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra la desestimación de una demanda de daños y perjuicios. El apelante, Raúl O. Hernández González, demandó por $4,999.21 por daños sufridos en un accidente de auto. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso porque el apelante se negó a pagar $30 adicionales en aranceles, habiendo pagado inicialmente $60. El tribunal primario sostuvo que los casos de daños, sin importar la cuantía, son asignados a la Sala Superior por orden administrativa, requiriendo un arancel total de $90. El apelante argumentó que su caso, al ser menor de $5,000, corresponde a la competencia de los jueces municipales según la Ley de la Judicatura, cuyo arancel es de $60. Alegó que una orden administrativa no puede prevalecer sobre la ley en cuanto a competencia y aranceles aplicables. El apelante recurrió la desestimación, impugnando que el tribunal primario usara una orden administrativa para alterar la competencia y exigir un arancel mayor. La apelación se centra en si una orden administrativa puede dejar sin efecto la competencia estatutaria de las salas municipales para reclamaciones de menor cuantía y justificar la desestimación por falta de pago de un arancel basado en dicha orden. El documento presenta el historial procesal y el conflicto legal sobre los aranceles y la competencia según la cuantía versus las asignaciones administrativas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por Ricardo Pacheco Pacheco. El peticionario busca revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que denegó su moción de reconsideración. Dicha moción solicitaba dejar sin efecto partidas de honorarios de abogado por un total de \$700. Estos honorarios fueron impuestos en dos vistas argumentativas de desacato relacionadas con alegadas deudas de pensión alimentaria a favor de Astrid O'Neill Rosario y sus hijos. El peticionario sostiene que la imposición de honorarios constituyó un abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones debe dilucidar si el foro primario abusó de su discreción al imponer dichos honorarios en el contexto de las vistas de pensión alimentaria. El trasfondo del caso detalla reclamos de deuda de pensión para un hijo menor y otro mayor de edad, y la falta de documentación por parte del peticionario para sustentar sus alegaciones de pago y conflictos con procesos de quiebra y ASUME. La imposición de honorarios por el TPI se basó en el incumplimiento del peticionario y la falta de justa causa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un Recurso de Certiorari. Los peticionarios, liderados por Thomas R. McOsker y varias entidades BCMG, solicitan la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La resolución recurrida, emitida el 1 de marzo de 2021, reconsideró una sentencia parcial. Además, dicha resolución denegó la Moción de desestimación de la demanda enmendada presentada por los peticionarios. El caso subyacente fue iniciado por John Hanratty y entidades Ebury (recurridos). La demanda original reclama incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y apropiación ilegal de más de $3.5 millones de dólares. Estos fondos estaban en cuentas de plica vinculadas a la venta de gravámenes contributivos. Los recurridos alegan que los peticionarios, principalmente McOsker, transfirieron fraudulentamente el dinero para beneficio personal. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había denegado la revisión judicial y confirmado un laudo de arbitraje de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La controversia se originó con la destitución de un maestro del Departamento de Educación por alegada agresión a un estudiante. La Asociación de Maestros, en representación del maestro, llevó el caso a arbitraje ante la CASP, que validó la destitución. Inconforme, la Asociación de Maestros impugnó el laudo ante el Tribunal de Primera Instancia, que lo confirmó. La peticionaria recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones, argumentando errores en la apreciación de la prueba por la CASP y el Tribunal de Primera Instancia, así como violaciones al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado, pero confirmó la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia fue emitida el 7 de junio de 2021.

Resumen:

Resolución judicial que atiende la solicitud de North 112, LLC para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI denegó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por North. Dicha moción surgió de una demanda previa donde los Albors alegaron que North violó servidumbres en equidad en una urbanización. North contestó la demanda negando las violaciones y argumentando la extinción de las servidumbres. North también presentó una demanda contra tercero contra Dorado Beach Property Owners Association Inc. (DBPOA). North buscaba desestimar las alegaciones sobre violación de servidumbres mediante sentencia sumaria. El TPI, tras analizar los hechos, determinó que la escritura relevante (Escritura 256/556) establecía claramente que las servidumbres gravaban toda la comunidad y todos los lotes. Aunque identificó hechos controvertidos, el TPI concluyó que la intención de la escritura era clara y denegó la sentencia sumaria. El panel judicial deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por North. Esto confirma la decisión del TPI de no conceder la sentencia sumaria parcial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Victoria Sanabria, Inc. La peticionaria impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Salinas, en un caso de cobro de dinero. La Orden recurrida, emitida el 23 de octubre de 2020, dejó sin efecto una orden previa y los emplazamientos expedidos. El foro primario requirió a la peticionaria mostrar causa por la cual no debía desestimarse la demanda. Esto se debió al alegado incumplimiento con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, al considerar que el término para diligenciar los emplazamientos había vencido. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del TPI. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el recurso de certiorari. No obstante, procedió a confirmar la Orden impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

José Vázquez Marín presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnaba una resolución administrativa de la División de Remedios Administrativos (DRA) del DCR. Su solicitud original ante la DRA buscaba la actualización de sus terapias, necesarias para su evaluación por la Junta de Libertad Bajo Palabra. La DRA inicialmente respondió que debía esperar por su plan institucional y luego, al reconsiderar, mencionó una remisión para evaluación sicológica y retrasos por cuarentena. En su recurso judicial, Vázquez Marín cuestionó la falta de actualización de dichas terapias. Sin embargo, el DCR informó al tribunal que el recurrente ya había recibido la evaluación sicológica que procuraba. Dicha evaluación se realizó en marzo de 2021 y su informe se rindió en abril de 2021. Ante esta nueva circunstancia, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso se había tornado académico. Por tanto, el tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por falta de una controversia justiciable.