MONTALVO FIGUEROA, RAYMOND V. CLARO

Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de una querella por despido injustificado y cobro de salarios presentada por Raymond Montalvo Félix contra Claro bajo las Leyes 2 y 80. La controversia principal gira en torno a la exigencia de una fianza al peticionario por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Inicialmente, una jueza del TPI manejó el caso sin requerir fianza. Posteriormente, otra jueza asumió el caso y ordenó al peticionario prestar una fianza de $1,000 conforme a la Regla 69.5 para garantizar costas y gastos. El peticionario solicitó reconsideración de esta orden, argumentando que la fianza era contraria a la Ley 402 de 1950 y a la doctrina de la ley del caso, pero el TPI denegó su moción. Inconforme, el peticionario recurre al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando que el TPI erró al reimponer la fianza de no residente y al obviar la decisión previa y la ley del caso. El Tribunal de Apelaciones debe determinar si el TPI estaba obligado a exigir dicha fianza a la luz de los hechos del caso.