Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 133)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelación fue presentada por Elsa Avilés Colón y Gerardo Avilés Colón en un caso de daños y perjuicios y violación de derechos civiles bajo 42 USC sec. 1983. La demanda original surgió tras la muerte de Anthony Maldonado Avilés, quien falleció por un disparo de un agente de policía. La apelación buscaba revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó las causas de acción contra el entonces Comisionado de la Policía, Henry Escalera, en su carácter personal. El Comisionado había solicitado la desestimación invocando la inmunidad cualificada. El Tribunal de Apelaciones evaluó los autos y el derecho aplicable. Resolvió revocar la Sentencia Parcial dictada por el tribunal de primera instancia. El caso es devuelto para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto por el apelativo.

Resumen:

José Raúl Trinidad Jorge, quien cumple una sentencia final por Asesinato en Primer Grado dictada en 1994, solicitó un nuevo juicio y la revocación de su condena. Fundamentó su petición en la alegación de haber sido privado de un juicio justo y debido proceso, citando la norma de veredictos unánimes establecida en *Ramos v. Louisiana*. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su moción. Trinidad Jorge recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, argumentando abuso de discreción del foro primario. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso a la luz de la norma de unanimidad adoptada en Puerto Rico tras *Ramos v. Louisiana*. No obstante, resalta la decisión posterior del Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Edwards v. Vannoy*. Dicha decisión resolvió que la norma de *Ramos* no es retroactiva a casos cuyas sentencias ya eran finales al momento de su adopción. Dado que la sentencia de Trinidad Jorge es de 1994 y ya era final, la norma de unanimidad no le aplica retroactivamente. El Tribunal de Apelaciones dispone del recurso de Certiorari de forma sumaria.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Eliezer Santana Báez, confinado, en revisión administrativa de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la respuesta del DCR a su solicitud de remedio administrativo sobre su tratamiento médico. Inicialmente, reclamó no haber recibido su medicamento "Neurontin" tras una cita médica perdida. El DCR le informó que el medicamento había sido entregado. Posteriormente, Santana Báez solicitó reconsideración, alegando que la dosis de su medicamento fue reducida de 400mg a 300mg sin su consentimiento. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó la reconsideración, indicando que no tenían jurisdicción sobre las dosificaciones médicas, las cuales corresponden a los galenos. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la reducción de dosis constituía un error y una limitación a su tratamiento. El Procurador General informó que la reducción de dosis fue temporera y que la dosis de 400mg había sido reinstalada. Tras examinar el recurso y los planteamientos, el Tribunal confirmó la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

LPC Contractors demandó al Municipio de San Sebastián reclamando un sobrepago de arbitrios de construcción. LPC pagó la suma facturada bajo protesta y solicitó reconsideración al Municipio. El Municipio no emitió una determinación final sobre la reconsideración dentro del término de diez días, citando atrasos por la pandemia. LPC presentó la demanda argumentando que el Municipio perdió su derecho a decidir y el tribunal tenía jurisdicción. El Municipio solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que LPC no agotó los remedios administrativos y que el término de diez días era directivo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción al concluir que LPC no había agotado los remedios administrativos. LPC apeló la desestimación, argumentando que el tribunal erró al determinar la falta de jurisdicción.

Resumen:

Triple-S Propiedad, Inc. presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La aseguradora solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación parcial. El litigio principal fue incoado por Homeowners Association of Estancias de Chalets Condominium contra Triple-S. La Asociación demandó a Triple-S por incumplimiento de contrato de seguro y daños sufridos tras el Huracán María. Alegaron que Triple-S subvaloró injustificadamente los daños a la propiedad asegurada y actuó de mala fe, violando la póliza y el Código de Seguros. La demanda incluyó reclamaciones por daños a la propiedad y por violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico bajo la Ley 247-2018. Triple-S negó las alegaciones, sosteniendo que manejó la reclamación conforme a la póliza y la ley. La moción de desestimación parcial de Triple-S buscaba desestimar las causas de acción presentadas al amparo de la Ley 247-2018. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción, lo que llevó a Triple-S a presentar el presente recurso de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Serafín Wholesale Distributors, Inc., codemandada en el Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria solicitaba revocar una resolución del TPI que denegó su moción de desestimación. El TPI concluyó que la demanda de daños y perjuicios presentada por Alfonso Martínez Rivas y otros exponía hechos suficientes para justificar un remedio. La demanda se fundamenta en un acuerdo de 2003 que otorgaba a los demandantes un 25% de participación en activos corporativos. Los demandantes alegan que los codemandados no han liquidado su participación ni realizado inventario o auditoría solicitados. También mencionan el presunto uso indebido de fondos corporativos y los daños emocionales sufridos por la inacción. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el Certiorari. Con esta decisión, se mantiene el dictamen del TPI que permite que el caso continúe.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una Apelación Civil presentada por la Dra. Sally Priester Sepúlveda. La apelante impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de injunction contra el Colegio de Médicos Cirujanos y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. El TPI también desestimó la demanda contra la Junta y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La demanda original buscaba un injunction, sentencia declaratoria y la inconstitucionalidad de la colegiación médica obligatoria, alegando persecución selectiva por parte del Colegio. Durante el trámite apelativo, el Gobierno de Puerto Rico presentó una Moción de Desestimación por supuesta falta de perfeccionamiento del recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras acceder al expediente electrónico del TPI, declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación. Considerando las circunstancias y su facultad reglamentaria, el foro apelativo decidió prescindir de la presentación de los alegatos de las partes apeladas. Procederá a resolver la apelación con la prueba y los documentos que obran en el expediente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró culpable a Alexander Avilés Asencio por asesinato en primer grado y robo agravado. El señor Avilés Asencio solicita la revisión de la sentencia dictada el 15 de agosto de 2018. El tribunal enfatiza la naturaleza jurisdiccional de los términos para apelar en casos criminales. Conforme a la Regla 194 de Procedimiento Criminal y la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el escrito de apelación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sentencia. Este término es improrrogable y su incumplimiento resulta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. El término puede extenderse si se presentan mociones de nuevo juicio o reconsideración dentro de los plazos establecidos. El tribunal procederá a determinar si el recurso fue presentado dentro del término jurisdiccional correspondiente.

Resumen:

Scotiabank de Puerto Rico presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Alejandro Rodríguez García, enmendada posteriormente para incluir a sus herederos tras su fallecimiento. Los herederos fueron emplazados por edicto al residir fuera de la jurisdicción. Ante su incomparecencia, se dictó sentencia en rebeldía a favor de Scotiabank. Se procedió a la ejecución de la hipoteca mediante subastas, en la segunda de las cuales Scotiabank adquirió la propiedad. Una de las herederas impugnó el procedimiento, solicitando la nulidad de la sentencia en rebeldía y los actos posteriores, alegando defectos en el emplazamiento por edicto y otras irregularidades. Scotiabank se opuso a la solicitud de nulidad, argumentando la validez del emplazamiento y los procedimientos. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de nulidad de la sentencia en rebeldía y los procedimientos subsiguientes. La heredera presentó mociones de reconsideración, las cuales fueron denegadas por el foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Mapfre Pan American Insurance Company. La aseguradora buscaba revocar la denegatoria de su moción de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. El caso subyacente fue incoado por Samuel Mont Marrero por incumplimiento de contrato y mala fe tras los daños causados por el huracán María a su propiedad asegurada. Marrero alegó que Mapfre subvaloró los daños, indujo a aceptar pagos ínfimos y causó dilaciones intencionales. Mapfre argumentó en su moción que Marrero aceptó voluntariamente el pago final y definitivo al endosar los cheques emitidos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de Mapfre. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Mapfre. Esta decisión mantiene vigente la determinación del foro primario, permitiendo que el caso continúe su curso.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición presentada por Kenneth Hiram Santos Hernández. El peticionario solicitó la intervención del tribunal apelativo para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Caguas sobre la aplicación de la Ley 246 a su caso, originalmente sentenciado bajo la Ley 54. Alegó que el tribunal inferior indicó no tener jurisdicción y pidió al Tribunal de Apelaciones que ordenara una revisión y la aplicación retroactiva de la ley más benigna. El Tribunal de Apelaciones enfatizó la importancia fundamental de la jurisdicción y la obligación de las partes de cumplir rigurosamente con las reglas procesales. Al evaluar la petición, el Tribunal determinó que incumplía gravemente con los requisitos reglamentarios, particularmente la Regla 34. Entre los defectos se encontraban la falta de un índice detallado, la ausencia de un apéndice con documentos de expediente y, crucialmente, la omisión de la determinación del tribunal recurrido. Sin la decisión del tribunal inferior, el Tribunal de Apelaciones no pudo verificar su jurisdicción ni ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por craso incumplimiento con su Reglamento.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los demandados apelaron la sentencia en su contra, basando sus señalamientos de error en la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia. El tribunal apelativo ordenó la presentación de la exposición narrativa de la prueba o su reproducción, considerándola indispensable para atender los errores. El proceso apelativo se paralizó en múltiples ocasiones a solicitud del Comisionado de Seguros debido al proceso de rehabilitación y liquidación de la aseguradora de los apelantes. Tras desparalizarse el caso y confirmarse que la aseguradora no proveería defensa, el tribunal reiteró la orden de presentar la prueba oral. A pesar de las prórrogas concedidas, los apelantes no cumplieron con la orden. El tribunal emitió un plazo final e inaplazable para la presentación de la prueba. Se advirtió que la reproducción de la prueba es esencial para evaluar los señalamientos de error planteados en la apelación.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, padres de una menor, demandaron a la Academia Presbiteriana Villa Carolina. Alegaron que la escuela fue negligente al no intervenir para detener el acoso escolar (bullying) que sufrió su hija durante varios años. Sostuvieron que la inacción de la Academia causó graves daños físicos y psicológicos a la menor. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda presentada por los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Determinó revocar la decisión del tribunal inferior. Ordenó la celebración de una vista para cuantificar los daños a la brevedad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de daños y perjuicios contra una aseguradora. El apelante demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples por negarse a pagar daños a una propiedad causados por el Huracán María. La aseguradora denegó la reclamación alegando que el demandante no era el asegurado y que la póliza no podía cederse sin su consentimiento, argumentando que la propiedad había sido vendida o cedida al demandante. El demandante sostuvo que el acuerdo con su hermana, la asegurada original, era un arrendamiento con opción de compra, no una venta, y que ella seguía siendo la titular. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la aseguradora, desestimando la demanda. El apelante recurrió, señalando errores del TPI al concluir que la propiedad fue vendida y al conceder sentencia sumaria existiendo, a su juicio, controversias de hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de la sentencia sumaria en este contexto.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una revisión judicial iniciada por el confinado Luis R. Muñoz Muñoz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El confinado impugnó las restricciones del DCR al acceso a los servicios de la biblioteca legal, alegando acceso insuficiente debido a los protocolos de COVID-19, específicamente al estar limitado a una hora por semana. Argumentó que estas restricciones violaban su derecho constitucional de acceso a los tribunales y el derecho federal de habeas corpus, y también dificultaban su capacidad para ayudar a otros prisioneros. El confinado primero buscó remedios administrativos dentro del DCR, que denegó sus solicitudes, indicando que la biblioteca cumplía con los protocolos de COVID-19 y que los servicios funcionaban normalmente. Insatisfecho, el Sr. Muñoz Muñoz presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, planteando varios errores sobre las acciones y procedimientos del DCR. El Tribunal revisó la resolución del DCR que denegó la reconsideración administrativa del confinado. Finalmente, el Tribunal confirmó la resolución apelada emitida por el DCR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Félix Rafael García Martínez. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de que se ordenara al Comisionado de la Policía la devolución de sus fotos y huellas. Dicha solicitud se basaba en haber sido convicto de cuatro delitos menos grave. El foro primario determinó que carecía de discreción para ordenar la devolución, interpretando que la Ley Núm. 45-1993 no lo permite para convicciones menos grave. El peticionario alegó errores del TPI al no considerar las circunstancias, derechos constitucionales y la correcta interpretación de las leyes pertinentes. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso. Se reitera la importancia de la jurisdicción como requisito indispensable para que un tribunal pueda adjudicar una controversia. La ausencia de jurisdicción conlleva la nulidad de los dictámenes y la obligación de desestimar el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de Revisión Administrativa presentado por Daniel Rivera Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la intervención del tribunal para recuperar accesorios ortopédicos que le fueron retirados durante un traslado institucional. El tribunal destacó su deber de verificar la jurisdicción y la necesidad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales, incluso para quienes comparecen por derecho propio. Se determinó que el recurso incoado por Rivera Colón incumplía sustancialmente los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Específicamente, carecía de un índice detallado y de un apéndice con los documentos del expediente administrativo. Estos defectos impidieron al tribunal evaluar si poseía jurisdicción para atender el planteamiento. Conforme a su reglamento, el tribunal concluyó que el craso incumplimiento procesal justificaba la desestimación. Por tanto, se desestimó la expedición del recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Juan Hernández Medina contra United Surety & Indemnity Company. El apelante solicita la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original reclamaba incumplimiento de contrato y mala fe de la aseguradora por daños tras el Huracán María. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio debido al incumplimiento del apelante con órdenes judiciales. El apelante no pagó sanciones impuestas ni presentó un informe preliminar requerido dentro de los términos. El tribunal primario había apercibido al apelante bajo la Regla 39.2(a) y le concedió tiempo para corregir la situación. La parte apelada sí cumplió con el pago de sanciones, pero el apelante no lo hizo. El Tribunal de Primera Instancia procedió a desestimar el caso tras el continuo incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, decide revocar la Sentencia apelada.

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Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. instó un recurso de revisión judicial contra la Junta de Subastas del Municipio de Aibonito, impugnando una notificación de adjudicación de una subasta de asfalto del 20 de mayo de 2021 por considerarla defectuosa. La Junta de Subastas solicitó la desestimación del recurso alegando falta de jurisdicción, pues el 10 de junio de 2021 se emitió un nuevo aviso de adjudicación para la misma subasta. El Tribunal abordó la cuestión de jurisdicción como prioritaria. Determinó que el recurso fue presentado prematuramente. Conforme al Código Municipal, el término para presentar un recurso de revisión judicial comienza con la notificación del acuerdo final o adjudicación. La notificación del 10 de junio de 2021 fue la que inició dicho término. Dado que el recurso se presentó el 1 de junio de 2021, antes de la notificación que activaba el término, carecía de eficacia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Joel Fantauzzi. El peticionario, confinado, impugna determinaciones del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla relativas a sentencias por un nuevo delito y la revocación de su libertad a prueba. Alega que el TPI erró al no acreditarle tiempo cumplido en una sentencia anterior. Sin embargo, el peticionario no incluyó copia de la determinación recurrida en su escrito. El Tribunal de Apelaciones subraya la obligatoriedad de cumplir rigurosamente con las reglas procesales para perfeccionar recursos apelativos, citando la necesidad de incluir la decisión impugnada y un apéndice según las Reglas 34(C) y 34(E). Se enfatiza que el cumplimiento de estas normas no queda al arbitrio de las partes, incluso si comparecen por derecho propio. El tribunal procede a considerar la petición a la luz de este incumplimiento procesal.

Resumen:

Se presenta una revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una resolución administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La controversia surge del cobro por servicios de alcantarillado a residentes y condominios del Complejo Río Mar. La AAA comenzó a facturar tras un acuerdo con Complejo Río Mar para recibir sus descargas de aguas. Los querellantes objetaron el cobro, alegando que no habían contratado directamente con la AAA y que era ilegal. Presentaron una querella administrativa ante la AAA, la cual fue consolidada con casos similares. La AAA solicitó sentencia sumaria, argumentando que el servicio fue recibido y el pago era obligatorio. El Juez Administrativo de la AAA concedió la sentencia sumaria a favor de la agencia, desestimando la querella y validando los cargos. Los querellantes apelaron ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la desestimación sumaria, la autoridad para contratar y alegadas violaciones al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, habiendo recibido las comparecencias de ambas partes, se encuentra en posición de resolver el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una Petición de Certiorari presentada por El Ojo de Agua Development, Inc. La petición buscaba revisar dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. El tribunal apelativo procedió a evaluar su jurisdicción para atender el recurso. Se enfatiza la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento estricto de los términos procesales. La ley y el reglamento establecen un plazo de treinta días para presentar un certiorari desde la notificación de la orden recurrida. El tribunal determinó que la petición fue presentada de forma tardía. Concluye que, al no cumplirse el término, carece de jurisdicción para considerar los méritos del recurso. Por consiguiente, la Petición de Certiorari es desestimada por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

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Seguros Triple S Propiedad solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso subyacente es una reclamación de subrogación, incumplimiento de contrato y daños tras el hurto de mercancía de un supermercado asegurado por Triple S. Triple S compensó al supermercado por la pérdida y ahora reclama a los arrendadores, la compañía de seguridad y sus aseguradoras. La reclamación se basa en las obligaciones contractuales del arrendador y la compañía de seguridad respecto al mantenimiento y vigilancia de las áreas comunes. El contrato de arrendamiento entre el supermercado y el arrendador contenía cláusulas sobre seguridad e indemnización. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar controversia sobre la interpretación de una cláusula de indemnización y si liberaba a la compañía de seguridad. También consideró relevante si el supermercado había notificado la necesidad de seguridad en el área de carga. Este panel judicial revisó los méritos del recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria. Se concluyó no expedir el auto solicitado, confirmando la decisión del foro primario. La existencia de controversias fácticas impide resolver el caso mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando un recurso de certiorari presentado por Nitza A. Ferrá Cordero y Fabiola Miranda Ferrá. El recurso buscaba revisar una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso sobre división de herencia. La controversia se origina en la sucesión de Gilberto Miranda Vázquez, cuya herencia fue objeto de un pleito iniciado en 2006 y resuelto mediante sentencia en 2018, confirmada en apelación. La orden recurrida, dictada el 25 de febrero de 2021, instruyó a las partes a presentar y responder a ofertas transaccionales para liquidar la herencia conforme a la sentencia y el informe del contador partidor. Tras una vista, las partes intercambiaron propuestas para la compra de las participaciones hereditarias. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos en la resolución, denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó tres recursos de certiorari presentados por los municipios de Humacao, Las Piedras y Caguas contra Cobra Acquisitions, LLC. Los municipios impugnaron determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Los casos originales son demandas de sentencia declaratoria instadas por Cobra. Cobra busca que se determine que los municipios carecen de autoridad para imponerle arbitrios de construcción por trabajos realizados para la AEE tras los huracanes Irma y María. Los municipios habían solicitado la desestimación de las demandas de Cobra y la imposición de una fianza en aseguramiento de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por versar sobre las mismas partes y controversias. Tras revisar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta resolución confirma la decisión del foro primario de no desestimar los casos ni imponer la fianza solicitada por los municipios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por MAPFRE PRAICO Insurance Company, aseguradora de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). MAPFRE solicita la revisión de decisiones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de daños y perjuicios incoado por Héctor Iván Torres Rivera. El demandante sufrió un grave accidente en la Carretera PR-172, alegando que la causa fue la negligencia de los demandados por deficiencias en la valla de seguridad y el diseño de la carretera, resultando en la pérdida de ambas piernas. La demanda original incluyó a la ACT y MAPFRE, y posteriormente se añadió a Ferrovial Agroman LLC, contratado para mejoras en la vía. El TPI había denegado una Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por los codemandados Ferrovial y Chubb, y denegó la reconsideración. MAPFRE acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar estas determinaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por MAPFRE PAN AMERICAN INSURANCE. Mapfre apeló la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios incoado por María Motta Colón. La Sra. Motta demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y mala fe tras el huracán María, alegando que la aseguradora no pagó la totalidad de los daños cubiertos por su póliza. Mapfre argumentó que el pago realizado y aceptado por la demandante constituía un pago en finiquito, extinguiendo la obligación. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento sumariamente. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que los elementos de la doctrina de pago en finiquito concurrían en el caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida. Concluyó ordenando la desestimación de la demanda presentada contra Mapfre.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Pueblo, Inc. La peticionaria impugnó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de sentencia sumaria. El TPI había determinado que existían controversias de hechos materiales que hacían necesaria la celebración de un juicio. El caso original es una demanda de interdicto incoada por Pueblo, Inc. contra los recurridos, relacionada con trabajos de construcción y la alegada falta de permisos. Pueblo, Inc. solicitó sentencia sumaria bajo la Ley 161-2009, argumentando la ausencia de hechos en controversia sobre la falta de permisos requeridos. Tras evaluar el expediente, los argumentos y la norma jurídica, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido. Validó la decisión del TPI de denegar la sentencia sumaria.

Resumen:

Comparece Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de orden de lanzamiento en un caso de ejecución de hipoteca. El pleito original fue incoado por Banco Popular contra Ivette Rivera De Jesús, quien fue emplazada por edicto y se le dictó sentencia en rebeldía. Fannie Mae fue sustituida como parte demandante y adquirió la propiedad en subasta. Tras la adjudicación, Fannie Mae solicitó la orden de lanzamiento, la cual fue denegada "No Ha Lugar en este momento" por el foro primario. Fannie Mae reiteró la solicitud y la moción de reconsideración, ambas denegadas. El peticionario alega que el TPI erró al no conceder la orden de lanzamiento para una propiedad que acreditó estar desocupada. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso y solicitó al TPI fundamentar su decisión. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones procede con la desestimación del presente recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de certiorari presentados por los municipios de Humacao, Las Piedras y Caguas contra Cobra Acquisitions, LLC. Los municipios impugnaron decisiones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus solicitudes de fianza en aseguramiento de sentencia y de desestimación. Estos recursos surgen de demandas de sentencia declaratoria presentadas por Cobra. Cobra busca que se determine que los municipios carecen de autoridad para imponerle arbitrios de construcción por trabajos realizados para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras los huracanes Irma y María. Cobra alega que la AEE y, por ende, sus contratistas para dicha labor, están exentos de tales arbitrios. Los municipios habían solicitado una fianza de no residente a Cobra y luego pidieron la desestimación del caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó las peticiones de fianza en aseguramiento y desestimación de los municipios. El Tribunal de Apelaciones consolidó los tres recursos de certiorari relacionados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por los municipios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante recurso de certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria presentada por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue instada por Jossmarie M. Cruz Collazo, quien reclamó compensación tras ser informada que no podía continuar en una posición que había comenzado a ocupar, alegando un error administrativo de la UPR. La UPR solicitó sentencia sumaria argumentando que nunca se perfeccionó una relación contractual de empleo por falta de la autorización requerida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, entendiendo que, a pesar de no existir contrato, había hechos controvertidos sobre la posible negligencia de la UPR bajo el Artículo 1802 del Código Civil y los daños alegados. La UPR recurrió esta determinación ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones, al sopesar los argumentos y la prueba, decidió expedir el auto de certiorari. Concluyó que procedía revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Gobierno de Puerto Rico presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La controversia principal surge de la impugnación de confiscación de $21,225.00$ pertenecientes a Luis G. Cruz Baeza. Aunque los cargos criminales relacionados fueron desestimados y el vehículo devuelto, el dinero fue retenido. En julio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia a favor de Cruz Baeza, ordenando la devolución del dinero confiscado. Desde diciembre de 2018, el Estado ha incumplido la Sentencia, alegando problemas administrativos y financieros para efectuar el pago. Ante la falta de cumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden el 19 de mayo de 2021. Dicha Orden requirió al Director de la Junta de Confiscaciones evidenciar el pago de la Sentencia, bajo apercibimiento de desacato. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la Orden mediante Certiorari, la confirma en su totalidad. Deja sin efecto una Resolución previa y ordena la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Triple-S Propiedad, Inc. presentó una Petición de Certiorari para impugnar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Orden del TPI denegó la Moción de Desestimación Parcial de Triple-S en una demanda instada por el Consejo de Titulares del Condominio Aquátika. La demanda del Consejo de Titulares reclamaba daños sufridos por el huracán María en 2017 y solicitaba la aplicación de la Ley Núm. 247-2018. Triple-S argumentó que la Ley 247-2018, aprobada en 2018, no era de aplicación retroactiva a los hechos ocurridos en 2017. El TPI, al denegar la desestimación, resolvió que la Ley 247-2018 sí aplicaba retroactivamente a casos pendientes relacionados con los huracanes de 2017. Este tribunal evaluó las posturas de las partes. Se expidió el auto de certiorari solicitado por Triple-S. La determinación del TPI fue revocada. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de acuerdo con lo resuelto por este panel.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios. Las apelantes, Sayra García Muñoz y Claribel Cuadra Guzmán, demandaron a Jay Rodríguez Bonano tras la muerte de Edwin Manuel Vélez Lara. El incidente ocurrió durante un alegado escalamiento en diciembre de 2013, donde Rodríguez Bonano disparó fatalmente a Vélez Lara. Las demandantes alegan negligencia y uso de fuerza no racional, mientras el demandado reclama legítima defensa tras ser amenazado con un arma. El caso en primera instancia sufrió paralizaciones debido al servicio militar del demandado. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Reconsideración de las demandantes. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, revoca y deja sin efecto la Sentencia apelada. La demanda original, instada en 2014, reclama resarcimiento por daños estimados en no menos de $750,000.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso presentado bajo la Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140). La querellante alegó que el humo de las barbacoas de sus vecinos afectaba su salud y la convivencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso, concluyendo que no existía una controversia adjudicable bajo la Ley 140. El Tribunal de Apelaciones determina que esta decisión constituyó un error de derecho. Explica que la Ley 140 tiene como propósito resolver de manera rápida y eficiente las controversias diarias entre vecinos que afectan la convivencia. Señala que una disputa sobre humo perjudicial para la salud y que interrumpe el libre uso de la propiedad encaja precisamente en el tipo de controversias que la Ley 140 busca atender. Concluye que el Tribunal de Primera Instancia debió haber atendido el caso en sus méritos.

Resumen:

Gabriel Pérez López, miembro de la población correccional, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que le proveyera gratuitamente copias de formularios para solicitar indulto. La División de Remedios Administrativos (DRA) del DCR denegó la solicitud, indicando que las copias se cobran a $0.10 si el confinado tiene fondos, o son gratuitas si es declarado indigente, conforme al reglamento aplicable. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la DRA. Inconforme, Pérez López acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial. El DCR, representado por el Procurador General, solicitó la desestimación del recurso o la confirmación de la decisión administrativa. El DCR argumentó que la respuesta de la DRA fue correcta y responsiva en derecho. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, confirmó el dictamen administrativo recurrido. La sentencia se basa en los fundamentos que se detallan más adelante en el documento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó tres recursos de certiorari presentados por los Municipios de Humacao, Las Piedras y Caguas. Estos municipios impugnaron determinaciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus solicitudes de fianza y desestimación contra Cobra Acquisitions, LLC. Cobra demandó a los municipios buscando una sentencia declaratoria sobre su alegada falta de autoridad para imponerle arbitrios de construcción. Cobra argumenta que, como contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está exenta de dichos arbitrios, ya que la AEE goza de esta exención. Los municipios solicitaron una fianza de no residente a Cobra y, posteriormente, la desestimación de los casos por supuestamente no prestar la fianza y no seguir los procedimientos de impugnación de arbitrios. El foro primario denegó estas solicitudes de desestimación. Ante esta denegatoria, los municipios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras consolidar los casos por versar sobre las mismas partes y controversias, denegó la expedición del auto de certiorari. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar los casos de Cobra.

Resumen:

Este es un recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones por Linda Ford Meléndez en un caso de daños. La peticionaria impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le requirió coordinar una nueva fecha para su deposición con la parte recurrida, Myrna L. Russi Dilan. La peticionaria había solicitado reconsideración de dicha orden, alegando que la recurrida incumplió con los términos de descubrimiento de prueba. Al ser denegada la reconsideración, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones. Argumenta que el foro primario erró al prorrogar el término para la deposición sin justa causa, a pesar de los alegados incumplimientos de la recurrida. El Tribunal de Apelaciones examina si la orden interlocutoria recurrida es revisable mediante certiorari conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Dicha regla limita la revisión por certiorari de órdenes interlocutorias a situaciones específicas. La sentencia determinará si el recurso es procedente para revisar una decisión sobre la programación de una deposición en esta etapa del litigio.

Resumen:

La Sentencia del 17 de junio de 2021 resuelve una Apelación, acogida como Certiorari, presentada por Richard Machado Ortiz. El recurso impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Petición Ex Parte. Dicha Petición buscaba la Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor para su madre, Norma Aecia Ortiz Colón. El peticionario alegó que su madre, de 83 años, padece de Parkinson's Atípico/PSP con severo deterioro cognitivo y motor, impidiéndole valerse por sí misma y manejar sus finanzas. Se mencionó que el padre del peticionario, esposo de la señora Ortiz Colón, también sufre una condición similar y está involucrado en un proceso de incapacidad aparte. El padre fue acusado de poner en riesgo a la madre y de realizar transacciones financieras indebidas, supuestamente manipulándola para revocar un Poder Duradero a favor del peticionario. Existía un procedimiento relacionado bajo la Ley 121 por explotación financiera contra una tercera persona, donde se emitió una Orden de Protección. El Tribunal revisor determinó expedir el auto de certiorari. Consecuentemente, revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Alex Snyder Rodríguez Colón, impugna la denegatoria de su solicitud para ser reclasificado de custodia mediana a mínima. El Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento denegó la petición de reconsideración. Aunque la escala de reclasificación arrojó una puntuación que recomendaba custodia mínima, el Comité aplicó una modificación discrecional. Esta modificación se fundamentó en la gravedad y naturaleza de los delitos cometidos, incluyendo múltiples robos con amenaza. Se consideró que la justificación del recurrente para sus actos basada en su confinamiento anterior sugiere falta de aprendizaje. La denegatoria se basó además en la falta de aprovechamiento de tratamiento y el abandono de estudios vocacionales. El Comité concluyó que el recurrente requiere observación continua en niveles moderados de supervisión hasta mostrar cambios conductuales. El recurrente alega que el proceso fue incorrecto, que se le penalizó por delitos pasados y que la institución le negó trabajo. El Tribunal debe determinar si la decisión del Comité fue razonable.

Resumen:

El Departamento de Educación de Puerto Rico solicitó la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Dichas órdenes aprobaron un Plan de Monitoría actualizado y el informe de cumplimiento del año escolar 2018-2019. El Plan de Monitoría fue actualizado por un Comisionado designado en conjunto con la Monitora. El proceso de actualización incluyó vistas y discusiones con las partes, incorporando comentarios y modificaciones. La parte demandante (recurridos) solicitó una vista para discutir los criterios y evidencia del plan actualizado. El Departamento de Educación se opuso al plan, alegando que contenía cambios sustanciales y perjudiciales a los criterios de cumplimiento. Argumentó que los nuevos indicadores requerían cambios en política pública y duplicaban esfuerzos. El Departamento sostuvo que no tuvo suficiente oportunidad para discutir la propuesta a pesar de las afirmaciones del Comisionado. Solicitó que la Monitora y el Comisionado discutieran la propuesta ante el tribunal en una vista. Esta resolución deniega la expedición del auto solicitado por el Departamento de Educación.

Resumen:

La resolución judicial atiende la solicitud de los peticionarios, Sra. Rosa Lydia Vélez y otros, para revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden declaró "No Ha Lugar" una oposición a una resolución previa sobre servicios compensatorios para estudiantes de educación especial. La controversia central es si los estudiantes de educación especial tienen derecho a recibir servicios compensatorios cuando el sistema público de enseñanza no provee servicios a la población general, como durante el cierre por COVID-19. El Departamento de Educación argumentó que, al suspender los servicios generales, no estaba obligado a proveer servicios a estudiantes de educación especial ni a ofrecer servicios compensatorios, citando guías federales que consideran estos servicios suplementarios. Los peticionarios replicaron que los estudiantes de educación especial tienen derecho a una educación apropiada y que la falta de servicios, incluso durante cierres, requiere servicios compensatorios, considerando estos servicios esenciales. El panel de jueces deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios. Con esta decisión, se confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia que rechazó la reclamación de los peticionarios sobre los servicios compensatorios durante dicho periodo.

Resumen:

Procedimiento judicial por daños y perjuicios iniciado contra Supermercados Econo, Inc. Tras anotarse rebeldía, Supermercados Econo informó que Nave Inc. operaba el local donde ocurrieron los hechos. El Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la rebeldía contra Supermercados Econo y autorizó la sustitución de parte demandada por Nave Inc. Surgieron disputas sobre el emplazamiento de Nave Inc., quien compareció especialmente alegando falta de jurisdicción y emplazamiento válido. El foro primario denegó la rebeldía contra Nave Inc. y ordenó expedir nuevos emplazamientos. Los demandantes finalmente diligenciaron el emplazamiento contra Nave Inc. Nave Inc. presentó una moción de desestimación alegando que el emplazamiento se realizó fuera del término de 120 días. Este documento del Tribunal de Apelaciones detalla la compleja historia procesal que fundamenta la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de certiorari presentado por Óptima Seguros y el Municipio de San Juan contra Gibram Castro Urbina. La petición buscaba revocar dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. El caso original surgió de una caída del demandante en una alcantarilla con tapa rota en San Juan. Óptima Seguros, como aseguradora del Municipio, solicitó sentencia sumaria parcial argumentando que el Municipio no tenía jurisdicción sobre la alcantarilla, la cual alegó pertenecía al DTOP. Presentó una certificación municipal para sustentar su posición. El demandante se opuso, alegando que la jurisdicción era un hecho controvertible y presentó una publicación de Facebook de la exalcaldesa indicando que las alcantarillas de la marginal correspondían al municipio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó los dictámenes del foro recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de ejecución de hipoteca presentado por Miriam Sorrentini Tenorio contra Roberto Emil Pérez Rivera. La apelante impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Aunque el apelado no presentó alegato, el tribunal apelativo se centró en una cuestión jurisdiccional. Las reglas procesales establecen un término jurisdiccional fatal de treinta días para apelar una sentencia, contado desde su notificación. La sentencia de instancia fue notificada el 8 de febrero de 2021. La apelación, sin embargo, fue presentada el 15 de marzo de 2021. Este plazo excede el término jurisdiccional de treinta días. Dado que la falta de jurisdicción por presentación tardía es insubsanable, el Tribunal de Apelaciones carece de autoridad para atender el recurso. Por consiguiente, el tribunal desestimó la apelación por haber sido presentada fuera del término legal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre partición de bienes hereditarios, nulidad de partición y daños. La Sucesión de Domingo Ramos demandó a Benedicta Ramos Feliciano, alegando que esta realizó una partición unilateral, destruyó propiedad y coaccionó a los coherederos. La Sucesión solicitó la nulidad de la partición, cese de intervención, paralización de obras y daños. Tras la contestación y mociones informando cambios en la composición de la Sucesión, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial y Orden Enmendada. Dicha orden validó repudiaciones de herencia, archivó acciones de ciertos herederos y ordenó a la Sucesión enmendar la demanda para incluir partes adicionales y acreditar la capacidad notarial de quienes certificaron ciertas declaraciones. Inconforme, Benedicta Ramos Feliciano apeló, señalando errores en cuanto a la limitación de la orden de enmendar la demanda y la acreditación notarial. El Tribunal de Apelaciones procederá a atender los méritos de los señalamientos de error presentados por la apelante.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Proviene del proceso de rehabilitación y posterior liquidación de Integrand Assurance Company, iniciado por el Comisionado de Seguros. El Municipio Autónomo de Caguas, con un litigio pendiente contra Integrand por reclamaciones de huracanes, intentó intervenir en dicho proceso sin éxito. En la etapa de liquidación, el Municipio presentó una moción solicitando un dictamen sobre un conflicto de intereses. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que no había nada que proveer respecto a esta moción. Inconforme, el Municipio acudió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que el foro primario erró al no ejercer su función judicial de proteger sus intereses como asegurado y acreedor de Integrand. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no evaluó en sus méritos los serios señalamientos de conflicto de intereses presentados. La resolución del Tribunal de Apelaciones revisará la actuación del foro primario en relación con la moción de conflicto de intereses.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria solicitó un auto de certiorari para revisar la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y la oposición presentada por la parte recurrida. Recordó su norma de no intervenir con la discreción del foro primario a menos que exista un craso abuso o error sustancial. Tras evaluar los argumentos, el tribunal concluyó que la parte peticionaria no demostró que el foro primario hubiese cometido un error que justificara su intervención en esta etapa. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución fue emitida el 17 de junio de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 17 de junio de 2021 en el caso KLAN202100331. El panel, presidido por el Juez Figueroa Cabán y con el Juez Flores García como ponente, examinó un aviso de desistimiento presentado por la parte apelante. La Corte declaró "Ha Lugar" al desistimiento, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordenó la desestimación del recurso de apelación. Finalmente, la sentencia dispuso el archivo del recurso.

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Se presenta la sentencia de un panel judicial en Puerto Rico. José M. González Bermúdez recurre una resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) que confirmó la revocación de su licencia de armas de fuego y tiro al blanco. La resolución del NPPR también denegó la devolución de su licencia y armas ocupadas. El NPPR había revocado la licencia basándose en una investigación desfavorable sobre la conducta y reputación del recurrente, conforme a la Ley de Armas de Puerto Rico. Tras recibir la notificación de revocación, el recurrente solicitó una vista administrativa. Luego de celebrada la vista, el NPPR emitió la resolución que confirmó la revocación. Inconforme, el recurrente acudió a este foro judicial solicitando revisión. El panel judicial evaluó el recurso, los escritos de las partes y el derecho aplicable. Finalmente, el tribunal procedió a revocar la resolución emitida por el NPPR.