Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 129)

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La peticionaria, María Del Pilar Sifontes Smith, solicita la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia relacionadas con la salud y el lugar de residencia de su hija de 20 años, DAS. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el regreso inmediato de la hija a Florida con su padre, Ernesto Arroyo Ortiz, y determinó que su salud podía ser atendida allí. La madre pidió al Tribunal de Apelaciones que ordenara el regreso de la hija a Puerto Rico para continuar tratamientos médicos con especialistas locales. El padre se opuso a la petición, alegando que la hija recibe tratamiento adecuado en Florida y tiene citas médicas programadas. El caso se origina en un proceso de divorcio y tiene un historial de litigios previos sobre la custodia y la residencia de la hija en Florida para estudios universitarios. La hija se encontraba de visita en Puerto Rico cuando la madre planteó la necesidad urgente de atención médica local.

Resumen:

Ferdinand Malavé Lebrón, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sus reclamos administrativos se originaron por la interrupción del servicio de biblioteca en la institución penal y la dificultad para acceder a reglamentos del DCR. A través de múltiples solicitudes administrativas, detalló la falta de un oficial a cargo y la inaccesibilidad a recursos informativos esenciales. El DCR ofreció respuestas variadas, a veces contradictorias, sobre la disponibilidad de servicios y reglamentos. Inconforme con estas determinaciones administrativas, el recurrente solicitó la intervención judicial para asegurar el acceso a recursos para su rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y el historial administrativo del caso. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal emitió una sentencia. En ella, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Jesús A. De León Tricoché solicitó un remedio administrativo al Departamento de Corrección por la falta de aire acondicionado e intercomunicadores en su celda. La agencia respondió, indicando problemas con los intercomunicadores y sugiriendo alternativas para el aire acondicionado. Insatisfecho, De León solicitó reconsideración, alegando que las condiciones no mejoraron. El Departamento denegó la reconsideración, informando que había sido reubicado a un módulo con aire acondicionado funcional. De León recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que su nueva ubicación era peor y las condiciones inhumanas. Durante el proceso judicial, el Tribunal solicitó al Departamento confirmar si el recurrente fue trasladado a un lugar con ventilación adecuada. El Departamento acreditó que De León fue trasladado a otra institución correccional. El Tribunal desestimó el recurso de revisión por considerar que la controversia se tornó académica tras el traslado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución de la Comisión Industrial. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurrió la decisión de la Comisión que reconoció al Sr. Hipólito J. González Agosto el derecho a recibir compensación adicional bajo el artículo 3-B de la Ley Núm. 45. El Sr. González Agosto sufrió un accidente laboral en 2013 y ya recibía beneficios por incapacidad total permanente. La Comisión asumió jurisdicción sobre la reclamación de compensación adicional por demora de la CFSE y, tras evaluar la prueba, la concedió. La CFSE argumentó que la evidencia presentada por el recurrido no cumplía los requisitos legales para dicha compensación. El Tribunal de Apelaciones aplicó el estándar de revisión judicial que otorga deferencia a las decisiones de las agencias administrativas. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal confirmó la resolución de la Comisión Industrial.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra a Ángel L. Rodríguez Soler, un confinado, quien busca revisión judicial contra la Administración de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alega haber sido agredido por oficiales y reporta abusos y segregación excesiva a otros confinados, solicitando un abogado de oficio y una investigación para demandar. La Administración de Corrección solicitó la desestimación del recurso. El tribunal se enfoca en su deber ineludible de examinar su propia jurisdicción antes de considerar los méritos. Explica que la falta de jurisdicción obliga a desestimar el caso. Citando la Regla 83, el tribunal puede desestimar un recurso si carece de jurisdicción. Los tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción. Por los fundamentos expuestos sobre la falta de jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso sin entrar a discutir las alegaciones del recurrente.

Resumen:

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Colegio solicitó la nulidad del Reglamento Núm. 9250 de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices. La controversia principal giró en torno a si el Estado cumplió con el procedimiento reglamentario aplicable bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El recurrente alegó que la aprobación fue *ultra vires* y que el proceso no garantizó la participación ciudadana adecuada. El Tribunal concedió inicialmente un auxilio de jurisdicción, paralizando temporalmente el reglamento. Al resolver en los méritos, el Tribunal analizó el cumplimiento del Estado con los requisitos de notificación y disponibilidad pública del reglamento propuesto. Se determinó que el reglamento estuvo disponible físicamente y en el portal web del Departamento de Estado por el término requerido. Concluyendo que el Gobierno cumplió con el procedimiento, el Tribunal confirmó la aprobación del Reglamento Núm. 9250.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución final de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. La recurrente, 3G Green Gold, LLC, solicitó la revisión judicial de la decisión de la Junta que denegó su impugnación a dos multas. Las multas, de \$20,000 cada una, fueron impuestas por supuestas infracciones al Reglamento Núm. 9038. Las infracciones alegadas consistieron en tener flores de muestra sin identificación de lote e inexactitud en el inventario. Tras agotar los procesos administrativos, incluyendo una vista y una solicitud de reconsideración, la recurrente acudió al Tribunal. 3G Green Gold argumenta que la Junta erró al determinar las violaciones y al imponer las cuantiosas multas. El Tribunal, tras considerar el recurso, anuncia que MODIFICA la resolución emitida por la Junta Reglamentadora.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud de revisión judicial presentada por Samuel O. Vélez Delgado y Aida M. Ríos Méndez. Impugnan una resolución emitida por la Junta de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La disputa se origina en una consulta de ubicación sometida por Alberto Mercado Flores para un proyecto comercial y residencial. Una consulta previa para la misma estructura fue declarada No Favorable por la OGPe debido a la intensidad del uso industrial. El proponente presentó una segunda consulta modificada, eliminando el componente industrial. La OGPe inicialmente denegó esta segunda consulta, aplicando la doctrina de cosa juzgada. Mercado Flores solicitó revisión administrativa, alegando diferencias sustanciales entre ambas propuestas. La Junta de Revisiones Administrativas emitió la resolución ahora recurrida. El Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen de la Junta de Revisiones Administrativas. La sentencia valida la determinación de la Junta respecto a la inaplicabilidad de la cosa juzgada a la segunda consulta modificada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión judicial del Reglamento Núm. 9263 del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo). Dicho reglamento establece el proceso de licencia, permiso y registro para agentes administradores de condominios. La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. solicitó la nulidad del reglamento, alegando que el DACo no cumplió con los requisitos de publicación de una síntesis en periódicos según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El documento detalla el proceso de adopción del reglamento por parte del DACo, incluyendo avisos públicos, vistas y diversas publicaciones. La parte recurrente argumentó que la publicación de la síntesis no se realizó conforme a los plazos de la LPAU. El Tribunal revisó el trámite administrativo llevado a cabo por el DACo para la aprobación del reglamento. Finalmente, la sentencia decreta la validez del Reglamento Núm. 9263.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión presentado por Americas Leading Finance, LLC (ALF). El recurso impugna una resolución del DACO que declaró nulo un contrato de compraventa de vehículo de motor. La querella original fue presentada por Deyanila Escudero Pagán contra J&J Olympics Auto Sales, Corp. y ALF, cesionaria del contrato. La consumidora alegó que el vehículo adquirido presentaba serios defectos no divulgados, incluyendo evidencia de inundación y falta de componentes de seguridad. DACO determinó que el vendedor hizo representaciones falsas y que los defectos fueron descubiertos tras la venta. La resolución de DACO ordenó la nulidad del contrato y la responsabilidad solidaria de J&J y ALF para reembolsar pagos y relevar de la deuda. ALF argumentó que la querella debió ser desestimada por incumplimiento del plazo de notificación de vicios ocultos. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la resolución de DACO. La resolución de DACO, así modificada, fue confirmada por el Tribunal. El caso gira en torno a la validez del contrato de compraventa y la responsabilidad de las partes ante los vicios del vehículo.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico involucra a tres cooperativas de ahorro y crédito que impugnan una determinación de COSSEC. COSSEC notificó a las cooperativas que no cumplían con el requisito legal del ocho por ciento de reserva de capital indivisible. Las cooperativas solicitaron una vista adjudicativa formal y reconsideración, alegando violación a su derecho al debido proceso por no haber tenido una vista previa. El Presidente Ejecutivo de COSSEC denegó esta solicitud, manteniendo la determinación inicial de incumplimiento. Las cooperativas recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolidó los recursos presentados por las tres cooperativas. Tras examinar los escritos, el Tribunal resuelve confirmar la determinación recurrida de COSSEC. La controversia principal giró en torno a si era necesaria una vista formal antes de notificar el incumplimiento del capital indivisible.

Resumen:

Tres cooperativas de ahorro y crédito apelaron una determinación de COSSEC relativa a su incumplimiento con el capital indivisible mínimo requerido por ley. COSSEC emitió una determinación administrativa notificando a las cooperativas su falta de cumplimiento con el requisito de reserva del 8% basado en su situación financiera al 30 de junio de 2020. Las cooperativas argumentaron que COSSEC violó su derecho a un debido proceso al no celebrar una vista adjudicativa formal antes de emitir esta determinación. Solicitaron una vista formal y reconsideración a COSSEC. COSSEC denegó esta solicitud, manteniendo su hallazgo inicial de incumplimiento y señalando que una vista formal no era requerida en esa etapa. Las cooperativas entonces presentaron apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones, el cual consolidó los casos. Tras examinar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la determinación de COSSEC.

Resumen:

PVH Motor, LLC presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución de la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). La controversia se originó en la impugnación de la Subasta Núm. 20-17-136-C-R1 para la adquisición de vehículos de policía. La Junta de Subastas de la ASG rechazó la oferta de PVH por no incluir el pliego de subasta y la oferta del licitador firmada. PVH solicitó revisión ante la Junta Revisora, alegando que la omisión fue un error técnico fuera de su control y subsanable. La Junta Revisora confirmó la descalificación, indicando que era responsabilidad del licitador asegurar la inclusión de todos los documentos requeridos, los cuales eran indispensables. Inconforme con esta determinación, PVH acudió al Tribunal de Apelaciones. El recurrente imputó a la agencia haber errado al denegar la revisión y confirmar su descalificación por un error técnico. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados presentados por tres cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas impugnan una determinación de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). La controversia principal gira en torno al incumplimiento de las cooperativas con el requisito legal de mantener un capital indivisible mínimo del ocho por ciento de sus activos sujetos a riesgo. COSSEC notificó a las cooperativas sobre este incumplimiento mediante una determinación administrativa. Las cooperativas solicitaron una vista adjudicativa formal y reconsideración, argumentando que la determinación violaba su derecho a un debido proceso al no celebrarse una vista previa. El Presidente Ejecutivo de COSSEC denegó la solicitud de las cooperativas, manteniendo la determinación original de incumplimiento. Las cooperativas recurrieron esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó los recursos y la posición de COSSEC. Resolvió confirmar la determinación recurrida emitida por COSSEC.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Negociado de la Policía (NPPR). El recurrente, Javier González Rosario, impugna la revocación de su licencia de armas y la ocupación de sus armas y municiones. Estas acciones fueron tomadas por el NPPR tras la emisión de una orden de protección bajo la Ley Núm. 54 en su contra. A pesar de que la orden de protección venció, el NPPR denegó la solicitud de restitución del señor González tras una vista administrativa. El NPPR determinó que el recurrente no presentó evidencia sustancial para rebatir los señalamientos. El señor González recurrió, alegando violaciones al debido proceso y errores en la aplicación de la ley. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso. La sentencia revoca la resolución emitida por el NPPR. El caso es devuelto al Negociado de la Policía para procedimientos adicionales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El caso involucra al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al confinado Jorge Cruz Cortés, impugnando una resolución disciplinaria. El recurrente fue encontrado incurso en múltiples faltas reglamentarias y sancionado por el Departamento. Alegó que la vista disciplinaria se celebró fuera de los términos reglamentarios. También señaló que la vista no fue grabada ni estenografiada, incumpliendo la ley. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente del caso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el tribunal decidió revocar la resolución administrativa recurrida. El asunto fue devuelto al Departamento de Corrección y Rehabilitación para procedimientos consistentes con la decisión.

Resumen:

Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste, Inc. y otros comparecen ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Solicitan la revocación de una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitida el 21 de abril de 2021. En dicha resolución, la OGPe se declaró sin jurisdicción para adjudicar una petición de revocación de la Consulta de Ubicación 1994-01-0253-JPU. Esta consulta, aprobada en 1997, autorizó un desarrollo mixto en Aguadilla. Los recurrentes habían solicitado inicialmente la revocación a la Junta de Planificación, que también se declaró sin jurisdicción. Un dictamen previo del Tribunal de Apelaciones confirmó la falta de jurisdicción de la Junta y ordenó la transferencia del caso a la OGPe. Tras recibir el caso y celebrar procedimientos, la OGPe concluyó que tampoco tenía jurisdicción sobre la solicitud de revocación de la consulta original. Los recurrentes alegan, entre otros motivos, que la consulta perdió vigencia, incumplió condiciones y que cambios ambientales y sociales justifican su anulación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la determinación de falta de jurisdicción de la OGPe.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la adjudicación de la Subasta Núm. 8-EA-2020-2021 del Municipio Autónomo de Ponce. Venegas Construction impugnó la decisión de la Junta de Subastas de otorgar la buena pro a MAC Painting Contractors Corp. Venegas alegó que la oferta de MAC Painting no cumplía con requisitos esenciales, como la presentación de una fianza de licitación válida y la demostración de capacidad económica. Argumentó que, al ser el siguiente licitador responsable con el precio más bajo, la adjudicación debió recaer sobre ellos. El Municipio de Ponce, al responder, admitió que la fianza de licitación de MAC Painting no alcanzaba el 5% requerido de su oferta. Reconoció que este defecto era insubsanable y que la oferta de MAC Painting debió haber sido descalificada. El Tribunal determinó dejar sin efecto la adjudicación realizada a MAC Painting. El caso fue devuelto a la Junta de Subastas del Municipio de Ponce para que proceda de forma compatible con la sentencia. La decisión subraya la importancia del cumplimiento estricto con los requisitos mandatorios en los procesos de subasta pública.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examinó un recurso de revisión judicial presentado por Obe E. Johnson. El recurrente solicitaba la revisión de una "Grievance of a Serious Injury". Sin embargo, el Tribunal determinó que el escrito incumplía con múltiples disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la presentación y perfeccionamiento de recursos. Esta falta de cumplimiento procesal impide al Tribunal considerar los méritos del recurso promovido. El Tribunal recordó su deber de velar por la jurisdicción y la responsabilidad de las partes de cumplir rigurosamente con los requisitos reglamentarios. Se citó la Regla 59 del Reglamento, que detalla el contenido necesario del recurso, incluyendo la referencia a la decisión administrativa, los hechos, los errores señalados y su discusión. También se mencionaron los documentos indispensables que deben incluirse en el apéndice, como la orden administrativa y las alegaciones iniciales. Dado que el recurso no fue perfeccionado según las normas, el Tribunal no puede entrar a evaluar el fondo de la reclamación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La OMA declaró Con Lugar una querella por despido injustificado presentada por Victor O. Correa Rodríguez contra Triple-S Management Corporation. Triple-S Management recurre la decisión, argumentando que la OMA carecía de jurisdicción porque no era el patrono del querellante, sino una subsidiaria con personalidad jurídica separada. La recurrente había presentado una moción de desestimación basada en este argumento, la cual fue denegada por la OMA. El documento detalla el extenso tracto procesal ante la OMA, donde se concedieron múltiples prórrogas al querellante para oponerse a la moción de desestimación, a pesar de su inacción y las solicitudes de Triple-S Management para que se resolviera sin oposición. La OMA emitió varias resoluciones interlocutorias y pospuso vistas antes de resolver la moción. El Tribunal de Apelaciones evaluará la corrección de la decisión de la OMA y su manejo procesal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales sobre la Subasta Núm. 20-229-DRNA para la adquisición de generadores eléctricos. La Junta de Subastas había adjudicado partidas a RIMCO, LLC y RK Power Generator Corp. Antilles Power Depot, Inc., otro licitador, impugnó esta adjudicación ante la Junta Revisora. Antilles alegó que RIMCO no presentó fianzas de licitación para todas las partidas y que la fianza para una partida era inválida. También argumentó que la fianza de RK no cubría todos los generadores adjudicados y que ofertó equipos sin las certificaciones requeridas. La Junta Revisora revocó la adjudicación y descalificó a RIMCO y RK basándose en estas alegaciones. RIMCO y RK solicitaron la revisión judicial de esta determinación. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión de la Junta Revisora.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación de la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG) sobre la Subasta Núm. 20-229-DRNA. La Junta de Subastas de la ASG había adjudicado partidas de esta subasta a RIMCO, LLC y RK Power Generator Corp. Antilles Power Depot, Inc., otro licitador, impugnó esta adjudicación ante la Junta Revisora. Antilles alegó que RIMCO no presentó fianzas de licitación para todas las partidas y que RK tuvo problemas con su fianza y ofertó equipos sin las certificaciones requeridas. La Junta Revisora revocó la adjudicación, descalificando a RIMCO y RK por estas razones. RIMCO y RK recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal procedió a revisar el expediente administrativo y los argumentos de las partes. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la determinación emitida por la Junta Revisora de la ASG.

Resumen:

Sentencia emitida el 30 de junio de 2021 por un panel judicial. Resuelve dos recursos de apelación consolidados, KLAN201801172 y KLAN201801182. Ambos recursos impugnan una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 11 de junio de 2018. Dicha sentencia del TPI declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial a favor de ANCÓN y Multinational Insurance Company. El TPI concluyó que el despido de empleados de National Insurance Company (NIC) estuvo justificado. Asimismo, aplicó la doctrina del patrono sucesor a ANCÓN y Multinational respecto a estos empleados. El TPI también determinó la aplicación de la doctrina de un solo patrono a Multinational Life Insurance Company. Los empleados apelaron la determinación de despido justificado y la doctrina del patrono sucesor. Multinational Life apeló la aplicación de la doctrina de un solo patrono. Los recursos fueron consolidados por presentar idénticas controversias de derecho.

Resumen:

El Sr. Juan Olivieri Álvarez apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó por una violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas. El jurado lo había encontrado culpable de este cargo, pero lo absolvió de otros delitos, incluyendo el Artículo 5.04 de la misma ley. El Apelante argumentó que la absolución del cargo 5.04 implicaba la absolución del 5.15, invocando la doble exposición y la insuficiencia de prueba. También sostuvo que se probó la legítima defensa. El foro primario denegó su solicitud de arresto del veredicto o absolución perentoria, señalando que la moción se presentó fuera de término y que los delitos 5.04 y 5.15 son distintos. Descartó el argumento de doble exposición por ser inaplicable a veredictos inconsistentes en el mismo juicio. La Sentencia apelada impuso al Sr. Olivieri Álvarez una pena de un año de reclusión y una pena especial. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Juan Jaime contra Mapfre Insurance Company. El recurso busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato. El Sr. Jaime demandó a Mapfre alegando que no le compensó justamente por los daños causados por el huracán María a su propiedad asegurada. Mapfre solicitó la desestimación, argumentando que el Sr. Jaime había aceptado un cheque como pago total y final de la reclamación, aplicando la figura de pago en finiquito. El TPI declaró Ha Lugar la solicitud de Mapfre y desestimó la demanda. El Sr. Jaime apeló, señalando errores del TPI al desestimar sumariamente sin considerar controversias de hechos sobre las prácticas de ajuste de Mapfre. Argumentó que dichas prácticas viciaron su consentimiento al aceptar el cheque. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, decide revocar la sentencia apelada.

Resumen:

La Sucesión de Angélica Nunci Cordero apeló la desestimación con perjuicio de su demanda por daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por incumplimiento con una orden de pago de honorarios de abogado. Dicha orden se basó en la Regla 39.4 de Procedimiento Civil. Los honorarios correspondían a gastos incurridos por los demandados en un pleito anterior, presentado por la causante, que fue voluntariamente desistido sin perjuicio. Tras el fallecimiento de la demandante original, su sucesión presentó una nueva demanda con las mismas reclamaciones. Los demandados solicitaron la paralización del nuevo pleito hasta el reembolso de los honorarios del caso anterior. El foro primario ordenó a la Sucesión pagar $29,110 en honorarios bajo apercibimiento de desestimación. La Sucesión se opuso al pago, argumentando su improcedencia legal. Ante el incumplimiento de la orden de pago, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio, decisión que el Tribunal de Apelaciones confirma.

Resumen:

Resolución de un recurso de certiorari presentado por Miguel A. Villanueva. El peticionario solicitó revocar una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Dicha moción fue instada en un caso de desahucio contra Arnaldo Villanueva Díaz. El peticionario alegó que el recurrido continuó ocupando una propiedad vendida en 2008 sin pagar arrendamiento. El recurrido adujo un acuerdo verbal posterior a la venta para que él pagara la hipoteca y disputó el pago inicial recibido. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias sobre hechos materiales, como el cumplimiento de la escritura y las cantidades pagadas. El peticionario recurrió en certiorari, señalando errores del TPI al identificar estos hechos como controvertidos. El panel judicial DENEGÓ la expedición del auto de certiorari. Esta determinación valida la decisión del TPI de que existen disputas fácticas que impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Glendaliz Díaz Ruiz apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la declaró culpable por agresión menos grave. El Tribunal de Apelaciones advirtió desde el inicio sobre el cumplimiento estricto de los términos procesales. La apelante presentó la transcripción de la prueba oral tras varias prórrogas. Sin embargo, incumplió el término reglamentario de treinta días para presentar el alegato. El Tribunal le concedió un término adicional de diez días bajo apercibimiento de desestimación. A pesar de solicitar otra prórroga, la apelante no presentó el alegato ni justificó su inacción. El Tribunal concluyó que la apelante abandonó su causa al no proseguir el recurso con diligencia. Conforme a la Regla 83 de su Reglamento, el Tribunal desestimó la apelación por falta de perfeccionamiento y diligencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra la desestimación de un caso de Expediente de Dominio. La controversia surge de la presentación de dos demandas relacionadas con la misma propiedad en salas distintas del Tribunal de Primera Instancia. Una demanda era un Expediente de Dominio y la otra involucraba deslinde y colindancias. Las partes solicitaron la consolidación de ambos casos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso de Expediente de Dominio sin perjuicio, argumentando que la consolidación no procedía por tener causas de acción distintas y existir un caso previo con controversia sobre la cabida. Los apelantes recurren, alegando que el TPI erró al no convertir el proceso a uno contradictorio u ordenar la consolidación, violando principios procesales. El Tribunal de Apelaciones examina la decisión a la luz de las reglas de procedimiento civil sobre consolidación de casos con cuestiones comunes. El Tribunal adelanta que, conforme a su razonamiento, el TPI cometió un error al desestimar el caso.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones la Cooperativa Roosevelt Roads y la Cooperativa de Seguros Múltiples, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una demanda por daños y perjuicios presentada por Elizabeth Márquez Cruz tras sufrir una caída en el estacionamiento de la Cooperativa Roosevelt Roads. El foro primario encontró negligencia por parte de las Cooperativas y concedió una indemnización global de \$80,000 a la parte demandante. Las apelantes solicitaron la revocación de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. La revocación se fundamentó en que el Tribunal de Primera Instancia no formuló las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho correspondientes. Tampoco especificó los casos de referencia ni el cómputo utilizado para la valoración de los daños, según lo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que realice las determinaciones y cálculos necesarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de accidente vehicular fatal. La apelación fue presentada por los representantes de los hijos menores de la persona fallecida, quienes impugnan la negativa del foro primario a concederles indemnización por sufrimientos y angustias mentales. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en que la madre había perdido la custodia de los menores y no mantenían una relación cercana al momento del accidente. Tras la sentencia inicial, los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, interpusieron el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Los apelados, incluyendo el Estado Libre Asociado y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, presentaron mociones de desestimación del recurso. Alegan que la resolución del Tribunal de Primera Instancia denegando la reconsideración no fue debidamente notificada a todas las partes en los casos consolidados. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de las partes respecto a la notificación de la resolución apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra José J. Bou Carro. La desestimación se basó en que el Banco no completó correctamente el emplazamiento mediante edicto dentro del término de 120 días. Banco Popular apeló, alegando que el error en el emplazamiento era meramente técnico y enmendable. El proceso judicial mostró que el Banco solicitó emplazar por edicto tras alegar que el demandado se mudó a Estados Unidos, proveyendo una dirección en Florida como la última conocida. Sin embargo, al intentar cumplir con el requisito de enviar copia del edicto y la demanda por correo certificado, el Banco las dirigió a una dirección antigua en Puerto Rico, la cual fue devuelta. El Tribunal de Primera Instancia señaló este incumplimiento al no usar la última dirección conocida y requirió prueba de un intento de entrega adecuado. El Tribunal de Apelaciones determinó que el argumento del Banco no tenía razón, confirmando así la desestimación de la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre un recurso presentado por la señora Yacelis López Ramos. La apelante solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que estableció provisionalmente las relaciones paternofiliales con su hija menor. Dicha orden se dictó en el contexto de una demanda de custodia compartida incoada por el padre, el señor Héctor A. Soto Ramos. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de certiorari, al tratarse de una resolución interlocutoria y no una sentencia final apelable. La orden provisional fue emitida por el foro primario luego de que el padre la solicitara y la madre no se expresara en el término concedido ni compareciera a una vista. La madre había alegado previamente preocupaciones sobre el cuidado del padre y un patrón de violencia. Tras examinar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre el Estado Libre Asociado (ELA) y Universal Insurance Company. El ELA demandó a Universal por incumplimiento de contrato de seguros y manejo inadecuado de una reclamación tras los huracanes Irma y María, alegando violaciones al Código de Seguros. Universal solicitó la desestimación de las reclamaciones basadas en el Código de Seguros, argumentando que el ELA no cumplió con los requisitos procesales del Artículo 27.164. El Tribunal de Primera Instancia desestimó estas causas de acción, interpretando que el ELA había renunciado a ellas. El ELA apeló esta decisión, argumentando que el tribunal erró al desestimar una causa de acción no alegada explícitamente bajo el 27.164 o al emitir una opinión consultiva. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la aplicación de la Ley Núm. 247-2018 que enmendó el Código de Seguros. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma en parte por otro fundamento y modifica en parte la sentencia parcial apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este caso se origina en una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de desahucio. El demandante, Basilio Castro Díaz, solicitó el desalojo de Wanda I. Ortiz Parrilla de una propiedad. El foro primario desestimó la demanda por considerar que la acción estaba impedida por la doctrina de cosa juzgada. Esta conclusión se basó en que un caso de desahucio anterior entre las mismas partes fue desestimado con perjuicio a solicitud del demandante. El señor Castro Díaz apeló, argumentando que la desestimación anterior no constituyó una adjudicación en los méritos y que la cosa juzgada no aplica en este contexto, especialmente considerando que el caso actual se tramitó como un pleito ordinario. El Tribunal de Apelaciones revisó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada por parte del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Sentencia Declaratoria entre Oriental Bank y la Sucesión de Alejandro Oliveras Oliveras. La apelación busca revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Oriental Bank. El litigio surge de la inscripción de los herederos de la Finca 38,136 y su efecto en una hipoteca. Inicialmente, una resolución declaró a la viuda como única heredera, y ella solicitó la inscripción de su derecho hereditario. Posteriormente, una resolución enmendada incluyó a otros herederos (hermano y sobrinos) además de la viuda. La viuda otorgó una hipoteca a favor de Oriental Bank sobre la propiedad antes de que la resolución enmendada fuera inscrita. La inscripción de la resolución enmendada, con efecto retroactivo, creó un problema de tracto registral para la hipoteca. Oriental Bank demandó para que se reinstalara la inscripción original basada en la primera declaratoria de herederos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda de Oriental Bank, ordenando la reinstalación del asiento original. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revoca el dictamen apelado.

Resumen:

San Rafael Cooperativa apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la querella de Luisette Ayala Santana por despido injustificado y represalias. La señora Ayala Santana alegó haber sido despedida sin justa causa el 4 de noviembre de 2016, además de sufrir discrimen por edad y género. Sostuvo que su despido fue una represalia por presentar una queja verbal y evidencia sobre mensajes perjudiciales que involucraban a la esposa del Presidente de la Junta Directiva. Reclamó indemnización por daños, reinstalación y pago de salarios caídos y mesada. San Rafael Cooperativa negó las alegaciones, argumentando que el despido fue justificado por múltiples razones relacionadas con el desempeño y conducta de la empleada, y que el proceso de despido había iniciado antes de la supuesta queja de represalias. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos, donde el apelante, John Johannes Gómez González, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI aprobó un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) que fijó la pensión alimentaria para su hijo menor. Se ordenó al apelante pagar \$775 mensuales, \$1,550 de deuda retroactiva y \$400 por honorarios de abogado. El apelante alegó violación a su debido proceso de ley por supuesta falta de notificación y por haberse celebrado una vista en su ausencia. La apelada, Zagia Yazira Heredia Vázquez, había iniciado el proceso solicitando la fijación de pensión. Aunque el TPI señaló una vista ante la EPA y notificó al apelante, este no compareció, a pesar de haber asumido representación legal y solicitado una transferencia. La EPA procedió con la vista, emitió un informe provisional que fue adoptado por el TPI. El apelante presentó varias mociones impugnando la decisión del TPI basándose en los alegados defectos procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó si el TPI lesionó el debido proceso del apelante al dictar la sentencia. El Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Lourdes Aponte Rodríguez contra MAPFRE Pan American Insurance Company. La apelación impugna una sentencia parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trataba sobre incumplimiento de contrato, mala fe y daños relacionados con una reclamación por daños del huracán María a una propiedad asegurada. La demandante alegó que MAPFRE no pagó la totalidad de los daños y la indujo a aceptar un pago menor aprovechándose de su situación económica. MAPFRE solicitó la desestimación sumaria argumentando que el endoso y cobro de un cheque por \$2,136.10, enviado con una carta indicando que resolvía la reclamación, constituía un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda basándose en la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia parcial sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. S & S Investments, LLC y Alberto Santiago Rosario apelaron una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El TPI dictó sentencia parcial de desahucio basada en supuestos acuerdos estipulados por las partes durante una vista. La parte apelante alegó que la sentencia del TPI incluyó términos no acordados, particularmente sobre el monto del canon de arrendamiento para abril y mayo de 2021. Sostuvieron que, si bien acordaron desalojar la propiedad, el pago de la renta estipulado por el tribunal no fue parte de su acuerdo. El Tribunal de Apelaciones convirtió el recurso en certiorari al no cumplir la sentencia con los requisitos de un dictamen parcial final. Tras examinar el escrito, el Tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari. La resolución expondrá los fundamentos para dicha denegatoria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202100298, un recurso de apelación presentado por José M. Concepción Arroyo y Lisaida Torres Figueroa. Los apelantes buscaban la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia de instancia había desestimado su demanda de daños y perjuicios, originada por un accidente de tránsito, al considerar que no presentaron evidencia suficiente para valorar los daños. Ante el foro apelativo, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso alegando falta de notificación. Los apelantes argumentaron haber enviado la notificación por correo certificado a una dirección que creían correcta. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina desestimar el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge de la ausencia de una notificación efectiva a la parte apelada sobre la presentación del recurso de apelación.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de una demanda presentada por Luz Rivera Quiñones contra Mapfre por daños a su propiedad causados por el huracán María bajo una póliza de seguro. La demanda original alegó incumplimiento de contrato, violación del Código de Seguros y prácticas desleales. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó las causas de acción extracontractuales por negligencia, daños y el pago del IVU. También desestimó las reclamaciones por mala fe y prácticas desleales bajo la Ley 247-2018. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción sobre la materia. Solo permitió que subsistiera la causa de acción por incumplimiento de contrato. La apelante argumentó que el foro tenía jurisdicción y que la Ley 247-2018 era aplicable. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca el dictamen apelado.

Resumen:

El matrimonio Cotte-Pagán Díaz demandó a MAPFRE PAN AMERICAN Insurance Company por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, alegando mala fe en el ajuste de una reclamación por daños causados por el Huracán María. Los demandantes adujeron que MAPFRE subvaloró injustificadamente los daños a su propiedad y denegó cubierta sobre otros. MAPFRE presentó una moción de desestimación o sentencia sumaria, fundamentada en la doctrina del pago en finiquito, argumentando que los demandantes habían aceptado un cheque con esa condición. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de MAPFRE y desestimó la demanda con perjuicio, al entender que se había configurado el pago en finiquito. Inconformes con esta determinación, los demandantes apelaron ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso de apelación solicitaba la revisión de la Sentencia desestimatoria. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución. En dicha Resolución, el foro apelativo decidió REVOCAR la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de paternidad. El apelante, Omar Mercado Liciaga, demandó a Natalie Vega Díaz para impugnar la paternidad de un menor. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción. Los fundamentos principales fueron el incumplimiento con el término de caducidad de seis meses para ejercer la acción, según el Código Civil de 1930, y el incumplimiento con la Regla 4.4(b) de Procedimiento Civil. El apelante alegó haber descubierto recientemente que no era el padre biológico del menor. La apelada presentó una moción de desestimación argumentando, entre otras cosas, que el apelante conocía la situación y reconoció voluntariamente al menor. Tras una vista, el TPI emitió su sentencia desestimando el caso. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI y confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. BLD Realty demandó a Perfect Price y Perfecto Rivera Izquierdo por incumplimiento de contrato de arrendamiento y rentas adeudadas. Los demandados reconvinieron alegando dolo y daños económicos. El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial declarando Ha Lugar el desahucio. Perfect Price y Rivera Izquierdo apelaron esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Se desestimó la apelación por falta de jurisdicción. La sentencia apelada se limitaba al aspecto del desahucio, mientras el caso original continuaba con las reclamaciones de dinero y la reconvención.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. El recurso fue presentado por Remedy Ventures Fund I, LLC y otros, demandantes en el caso original, contra Elda Ramos Piñot y otros, los demandados. La demanda inicial versaba sobre incumplimiento de contrato relacionado con la compraventa de bienes inmuebles y una solicitud de sentencia declaratoria sobre un derecho de tanteo. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria de los demandados y Sin Lugar la de los demandantes, desestimando así la demanda. Los demandados apelados argumentaron que no existía un contrato entre las partes. Tras analizar las comparecencias y fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre cobro de dinero. Global Engineering Consultants demandó a Colegio de Aprendizaje y Desarrollo Educativo Integrado (Cadei) por el pago de servicios de ingeniería bajo un contrato. Cadei se defendió argumentando que el contrato no tuvo eficacia al estar sujeto a una condición suspensiva (aprobación de préstamo por USDA) que no se cumplió. Global enmendó la demanda para incluir a J. Cajigas \& Associates, alegando interferencia torticera y reclamando el dinero pagado a esta. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Cadei y desestimó la demanda contra Cajigas. Global apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguas Buenas contra Julio Delgado Velázquez. El Tribunal de Primera Instancia había dictado previamente una sentencia sumaria a favor de la cooperativa, ordenando la ejecución sobre una propiedad. Dicha sentencia fue confirmada en una apelación anterior presentada por el Sr. Delgado. Posteriormente, Viviana Parés Figueroa, esposa del Sr. Delgado, compareció solicitando la nulidad de la sentencia. Argumentó que era una parte indispensable con interés propietario en la propiedad hipotecada, adquirida bajo la sociedad legal de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud de reconsideración de nulidad. La Sra. Parés apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativa a la impugnación de una confiscación vehicular. Jetstream Federal Credit Union, acreedor condicional del vehículo, demandó para anular la confiscación realizada por el Estado. El vehículo fue confiscado por su presunto uso en violación a leyes de sustancias controladas y tránsito. Jetstream presentó una demanda impugnando la confiscación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Jetstream. La desestimación se fundamentó en que la demanda fue presentada fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Jetstream apeló esta decisión, alegando error del tribunal primario. El Estado argumentó que Jetstream perdió su derecho a impugnar al no presentar la demanda a tiempo. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, validando la desestimación por extemporaneidad.

Resumen:

Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato de seguro. El apelante demandó a MAPFRE PRAICO por daños sufridos tras el huracán María. MAPFRE PRAICO solicitó la desestimación, alegando que la póliza fue emitida por MAPFRE PAN AMERICAN, una entidad jurídica separada. El apelante argumentó que ambas entidades actuaban como una sola o que MAPFRE PRAICO había delegado sus funciones. Posteriormente, el apelante solicitó enmendar la demanda para incluir a MAPFRE PAN AMERICAN. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra MAPFRE PRAICO y denegó la solicitud de enmienda. El TPI determinó que no había prueba de que MAPFRE PRAICO fuera el asegurador o que ambas entidades fueran la misma. El Tribunal de Apelaciones revisó las sentencias emitidas por el foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó las sentencias apeladas y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.