Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 127)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios entre Ovidio E. Zayas Pérez y Oriental Bank. El Lcdo. Zayas demandó a Oriental alegando que el banco reportó negligentemente información crediticia negativa durante la moratoria por COVID-19, lo que causó la denegación de su préstamo de desastre de la SBA. Zayas sostuvo que se acogió o cualificaba para la moratoria en su cuenta de tarjeta de crédito. Oriental argumentó que Zayas no notificó su acogida ni cualificaba para la moratoria. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista evidenciaria, determinó que Oriental fue negligente y que Zayas cualificaba para la moratoria, dejando pendiente la causalidad y los daños. Oriental recurrió esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición. Se expidió el auto de certiorari y se revocó la determinación recurrida del foro primario.

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Comparece Cobra Acquisitions, LLC ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha Resolución impuso a Cobra una fianza de no residente por la cantidad de $25,000.00. Además, el TPI paralizó los procedimientos del caso principal hasta que la fianza fuera consignada. El caso principal trata sobre una demanda de sentencia declaratoria donde Cobra cuestiona la imposición de arbitrios de construcción por parte del Municipio de Guaynabo. Cobra alega haber prestado servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que, al estar la AEE exenta, Cobra también debería estarlo. El Municipio solicitó la fianza de no residente basándose en que Cobra es una corporación foránea. Cobra argumenta ante el Apelativo que la cuantía de $25,000.00 impuesta por el TPI es excesiva y constituye un abuso de discreción. El Municipio de Guaynabo presentó un escrito en oposición a la petición de certiorari. El documento detalla el tracto procesal que llevó a la presentación de este recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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Se presenta una petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia profesional. La peticionaria, Tiffany Colón Miranda, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden fijó los honorarios del perito de la peticionaria, Dr. Alfredo A. Canino Rivera, en \$200 por hora con tres horas garantizadas para una deposición solicitada por los codemandados. El perito había propuesto honorarios de \$1,500 por cuatro horas (\$375/hora) con \$1,500 garantizados. La peticionaria alegó que el TPI erró al fijar los honorarios y, según su interpretación del error, le impuso el pago a ella en lugar de a la parte solicitante de la deposición. Los codemandados, Dra. Beatriz Calderón Silva y Triple S Propiedad, Inc., se opusieron al certiorari. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición y los argumentos de las partes. La Resolución determina que procede expedir el auto de certiorari. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico recursos de Certiorari consolidados presentados por suscriptores de cable (Centro Otológico y otros) y las compañías Puerto Rico Cable Acquisition Company (Choice) y Liberty Cablevision. Los recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en un caso sobre Sentencia Declaratoria. La demanda original, presentada como pleito de clase, alega que Choice/Liberty cobraron ilegalmente por la emisión de facturas en papel, reclamando la devolución de más de $70,000,000. Las compañías de cable solicitaron la desestimación argumentando la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. El Tribunal de Primera Instancia certificó el pleito como de clase y denegó la solicitud de injunction de los demandantes y la moción de desestimación de las compañías. El Tribunal de Apelaciones expidió los autos de certiorari para revisar estas determinaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Este fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por Ricardo Juan Rivera Martínez. El recurso cuestiona una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el traslado provisional de su hijo menor a California con la madre, Patricia Marie Blanco Rodríguez. La madre solicitó la relocalización por una oferta de empleo durante un proceso de custodia y relaciones filiales iniciado por ella, al que el padre respondió solicitando custodia compartida. El padre alegó que el tribunal primario concedió el traslado provisional sin cumplir los requisitos de la Ley de Relocalización, sin informes sociales, sin justificación de emergencia y sin celebrar una vista. El Tribunal de Apelaciones determinó que el padre tenía razón en sus argumentos. Concluyó que la autorización provisional del traslado fue errónea. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitía la relocalización provisional del menor. La sentencia enfatiza la necesidad de seguir el debido proceso y ponderar los factores legales antes de autorizar un traslado de esta naturaleza.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. José E. Villanueva Morales demandó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por represalias y discrimen en el empleo, acogiéndose al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La AEE solicitó convertir el caso a la vía ordinaria y pidió una prórroga para contestar la querella. Villanueva se opuso, alegando que la solicitud de prórroga de la AEE no cumplía con los requisitos de la Ley 2 y que procedía anotar la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró Ha Lugar la solicitud de la AEE, convirtiendo el caso a procedimiento ordinario y aceptando la contestación de la recurrida. Inconforme, Villanueva presentó este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al no declarar la rebeldía de la AEE. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari. Tras analizar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia confirmando la resolución del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Eyal Samuel Rosenstock. La apelación cuestiona la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Rosenstock buscaba la nulidad de un contrato de préstamo entre los apelados, alegando que era simulado. Argumentaba que el contrato se utilizó para inflar la pensión alimentaria de sus hijos con la apelada Marie I. Piñeiro Pérez. Los apelados solicitaron la desestimación, sosteniendo que la demanda constituía un ataque colateral a una sentencia final de un caso previo de pensión alimentaria donde el contrato fue estipulado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda y ordenó el pago de costas. El apelante se opuso a la desestimación, argumentando que el proceso de descubrimiento de prueba estaba en curso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la desestimación dictada por el tribunal de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202001031, presentado por DIRECTV Puerto Rico, LTD contra el Municipio Autónomo de San Juan. DIRECTV apeló la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba una sentencia declaratoria e injunctions contra el cobro del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) municipal. DIRECTV alegaba que leyes federales, como el Telecommunications Act de 1996 y el Internet Tax Freedom Act, eximen sus servicios de televisión satelital e internet de dicho impuesto local. Argumentaba que estas leyes federales desplazan las disposiciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico que autorizan el cobro municipal. La demanda solicitaba prohibir al Municipio cualquier gestión de cálculo o cobro del IVU municipal a DIRECTV. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar una parte de la sentencia apelada y confirmar el resto de la misma.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre división de comunidad de bienes. La apelante, María Ivette Cabeza Díaz, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le reconoció una participación de \$54,512.59 en el caudal comunitario con el apelado, Billy Sánchez Tosado. Las partes convivieron consensualmente de 2000 a 2012 y durante ese tiempo adquirieron bienes y obligaciones en conjunto, constituyendo una comunidad de bienes. Entre los bienes adquiridos se encuentra una propiedad inmueble en Bayamón, sobre la cual pactaron una comunidad pro indiviso al cincuenta por ciento (50%). La apelante alega que el foro primario incidió en el cálculo matemático al liquidar la comunidad, específicamente al limitar la división al valor neto de los bienes. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal, incluyendo la demanda de liquidación, el juicio y las determinaciones de hecho del TPI sobre la convivencia, la adquisición de la propiedad y las aportaciones de las partes. Tras evaluar los méritos del recurso, el Tribunal de Apelaciones ordenó modificar la sentencia apelada.

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El Condominio College Park demandó a Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato de seguro tras los huracanes Irma y María. En el curso del litigio, el Condominio presentó una moción para eliminar ciertas defensas afirmativas planteadas por la aseguradora en su contestación a la demanda. El Condominio argumentó que Triple-S había renunciado a estas defensas al no haberlas comunicado durante el trámite extrajudicial de la reclamación dentro del término de 90 días establecido por el Código de Seguros. Triple-S se opuso, alegando que el proceso de reclamación fue complejo y que levantó oportunamente todas sus defensas en la contestación a la demanda, conforme a las reglas de procedimiento civil. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción del Condominio. El Condominio acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari para revisar dicha determinación interlocutoria. Tras analizar las posturas de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el recurso de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recursos de certiorari varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Las partes involucradas son Centro Otológico de Puerto Rico y otros demandantes en representación de una clase putativa, contra Puerto Rico Cable Acquisition Company y Liberty Cablevision. El pleito original es una demanda de clase sobre sentencia declaratoria y daños por un alegado cobro ilegal por la emisión de facturas en papel. Los recursos de apelación buscaban la revisión de dos resoluciones del TPI dictadas en septiembre de 2020. En dichas resoluciones, el TPI certificó el pleito como uno de clase, denegó una solicitud de injunction y denegó una moción de desestimación presentada por las compañías de cable. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por estar íntimamente relacionados. Tras revisar los dictámenes, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir los autos de certiorari solicitados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recursos de certiorari varias resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de clase. El caso original fue presentado por suscriptores contra Puerto Rico Cable Acquisition Company (Choice) y Liberty Cablevision, alegando el cobro ilegal de un cargo por la emisión de facturas en papel. Los demandantes solicitaron sentencia declaratoria y daños y perjuicios, buscando la devolución de aproximadamente $70 millones cobrados. El Tribunal de Primera Instancia certificó el pleito como uno de clase y denegó una solicitud de injunction de los demandantes, así como una moción de desestimación de las compañías de cable. Las compañías de cable argumentaron que la jurisdicción primaria correspondía a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos presentados por ambas partes. Tras revisar los dictámenes, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir los autos de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las resoluciones apeladas del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso discrecional de Certiorari presentado por Guillermo Rivera Carbonell. El Peticionario solicitó la intervención del Tribunal para modificar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que lo re-sentenció. El TPI, al re-sentenciar, eliminó la pena de trabajos forzados pero mantuvo la consecutividad de las sentencias originales. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso y concluyó no expedir el auto solicitado. Fundamenta su decisión en que el TPI realizó un análisis correcto de la normativa legal. Considera que la consecutividad de las penas estaba dentro de la discreción del juzgador al momento de la sentencia original. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Por tanto, deniega la expedición del auto de Certiorari y devuelve el asunto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Petición de Certiorari presentada por Karla Cora Rivera contra United Surety & Indemnity Company (USIC). La señora Cora Rivera impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial en un caso de daños y perjuicios contractuales. La demanda original de Cora Rivera contra USIC se relaciona con una póliza de seguro y daños sufridos por el huracán María. USIC se defendió alegando que la reclamación de la señora Cora Rivera fue fraudulenta, particularmente respecto a una verja supuestamente comunal, lo que anularía la póliza. La peticionaria argumentó en su solicitud de sentencia sumaria que la determinación inicial de ajuste de USIC era vinculante. El foro primario denegó la solicitud al encontrar hechos medulares en controversia y disputa sobre elementos subjetivos como la intención, impropios para sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el recurso de Certiorari, confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia de continuar con los procedimientos.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una solicitud de Mariluz Figueroa Colón. Figueroa Colón, sentenciada a tres años de prisión por infringir la Ley de Explosivos tras declararse culpable, pidió una vista para modificar su sentencia. Alegó haber cumplido el mínimo de su pena y solicitó extinguir el resto en probatoria o con grillete. Su petición fue presentada directamente ante el foro apelativo, sin recurrir de un dictamen previo del tribunal de instancia. El Procurador General, en representación del Pueblo, solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el escrito no cumplía con los requisitos de un certiorari o apelación, siendo una carta solicitando una modificación de sentencia. El Tribunal de Apelaciones enfatizó la necesidad de tener jurisdicción para considerar un caso. Determinó que la petición de Figueroa Colón no constituía un recurso apelativo adecuado y que acudía en jurisdicción original, la cual no poseía el tribunal para este fin. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Este recurso de apelación cuestiona una sentencia sumaria parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia apelada ordenó el pago de una suma de dinero a ciertos demandados. La parte apelante presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, la parte co-apelada solicitó la desestimación del recurso. Alegó que la apelante no notificó la apelación a todas las partes requeridas, específicamente a Vistas de Tierras Nuevas Inc. y a la Sucesión de Carlos Rodríguez Rodríguez. El Tribunal de Apelaciones revisó el cumplimiento de la Regla 13(A) de su Reglamento, la cual exige notificación estricta a todas las partes. Aunque existe la posibilidad de excusar el incumplimiento por justa causa, esta debe ser demostrada detalladamente. La apelante no respondió a la moción de desestimación ni acreditó justa causa para la falta de notificación. Conforme a la jurisprudencia, la ausencia de justa causa impide prorrogar el término de cumplimiento estricto, por lo que el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Luz L. Cruz Serrano y Reynaldo Morales Soto contra Piben Import, Inc. (Always Me) y su aseguradora. La reclamación surge de una caída sufrida por la Sra. Cruz Serrano en la tienda Always Me el 16 de abril de 2015, alegando negligencia del establecimiento por una caja en un pasillo. Piben negó la negligencia y planteó la defensa de negligencia comparada. Tras el fallecimiento de la Sra. Cruz Serrano, sus hijos Lemuel y Yaritza Cruz Cruz continuaron como demandantes. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de los demandantes, condenando a Piben al pago de $42,400.00 por daños y perjuicios. Piben apeló dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó la prueba y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada y, así modificada, confirmarla.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó una petición de certiorari presentada por LHV, Inc. y otros. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución declaró "No Ha Lugar" su solicitud para extender el término de descubrimiento de prueba y tomar deposiciones adicionales. El caso subyacente es una querella laboral presentada por Damaris Quiñones Reyes bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La Sra. Quiñones Reyes alega represalias, despido constructivo, violación de derechos constitucionales, daños y perjuicios y difamación. Los peticionarios argumentaron que la complejidad del caso requería un descubrimiento más amplio que el permitido por la Ley Núm. 2, solicitando deponer al psiquiatra de la recurrida y a otra persona, además de obtener documentos de empleos previos y posteriores. La recurrida se opuso, señalando que los peticionarios ya habían depuesto extensamente y que no justificaban las circunstancias extraordinarias requeridas por el procedimiento sumario para descubrimiento adicional. Al desestimar el auto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario de denegar la extensión y el descubrimiento adicional solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Aurelio González contra Mapfre Insurance Company. El recurso busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó la demanda de González por incumplimiento de contrato. La demanda original alegaba que Mapfre no pagó justamente los daños a la propiedad de González causados por el huracán María. Mapfre defendió la acción alegando "pago en finiquito", argumentando que emitió un cheque por \$8,872.33 marcado como pago total y final, el cual fue cobrado por González. El TPI acogió esta defensa, tratando la solicitud de Mapfre como sentencia sumaria, y desestimó la demanda al concluir que el cobro del cheque constituía un finiquito válido. González apeló, argumentando que Mapfre había renunciado o estaba impedida de levantar la defensa de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa. Emmanuel E. Bustos apela la denegatoria de libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente cumple una sentencia de 105 años por delitos cometidos siendo menor. La Junta denegó el privilegio, argumentando falta de notificación de residencia y contactos para programa comunitario. El recurrente alega múltiples errores de la Junta, incluyendo no valorar positivamente su expediente y evaluaciones. El Tribunal prioriza el análisis de su jurisdicción para atender el recurso. Se examina el cumplimiento del término de 30 días para presentar la revisión. La resolución de la Junta fue notificada el 7 de agosto de 2020. El plazo para recurrir venció el 8 de septiembre de 2020. El documento se enfoca en determinar si el recurso fue presentado a tiempo para establecer la autoridad del Tribunal.

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Comparecen Rubén Alfonso Miranda Mercado y Sonia I. Acevedo Pérez solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su acción de nulidad de sentencia. Los peticionarios buscaban anular una sentencia previa de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de 2017, firme e inapelable, dictada a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada. Argumentaron que la sentencia de 2017 era nula por no incluir a los herederos de Ricardo Miranda como partes indispensables. El foro primario denegó la acción de nulidad y una posterior solicitud de reconsideración. Inconformes, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante este foro apelativo. Alegaron errores en la denegatoria de la acción de nulidad sin vista y en su fondo. La parte recurrida se opuso al recurso. Este Tribunal, tras evaluar las comparecencias, resuelve denegar el recurso de certiorari presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Carmen Torres Velásquez y Víctor Ortiz Lebrón contra Universal Insurance Company. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que desestimó con perjuicio su Demanda por incumplimiento de contrato. Los apelantes demandaron a la aseguradora por no cubrir los daños sufridos en su propiedad tras el paso del Huracán María. Alegaron incumplimiento contractual, daños y perjuicios, y prácticas desleales por parte de Universal. Argumentaron que el término prescriptivo para su reclamación fue interrumpido por sus gestiones y un pleito de clase previo. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada. Revocó la desestimación con perjuicio de las reclamaciones fundamentadas en el Código Civil. Confirmó la desestimación de las causas de acción basadas en el Código de Seguros. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme a lo resuelto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central gira en torno a la titularidad de los estacionamientos 10, 11 y 13 en el Condominio Ponciana, asociados a las oficinas 2-B y 2-D. Originalmente, la escritura matriz asignó los estacionamientos 10 y 11 a la Oficina 2-B y el 13 a la 2-D. Una primera acta aclaratoria renumeró las oficinas, intercambiando 2-B por 2-D, pero sin ajustar los estacionamientos. Una segunda acta aclaratoria corrigió este error, asignando los estacionamientos 10 y 11 a la nueva Oficina 2-D (originalmente 2-B) y el 13 a la nueva Oficina 2-B (originalmente 2-D). Los apelantes adquirieron la nueva Oficina 2-B y demandaron la titularidad de los estacionamientos 10 y 11. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declaratoria en su contra. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los escritos y documentos, confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una petición de certiorari presentada por Triple-S Propiedad. La aseguradora solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su Moción de Desestimación. Dicha moción buscaba desestimar una demanda presentada por el Consejo de Titulares del Condominio La Loma, Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings LLC. Los demandantes reclamaron daños, incumplimiento de contrato y sentencia declaratoria contra Triple-S por la alegada subestimación y falta de pago de daños causados por el huracán María. Triple-S argumentó que la cesión de la reclamación post-pérdida a Attenure sin su consentimiento violaba la póliza y justificaba la desestimación. El foro primario denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones denegó una moción en auxilio de jurisdicción de Triple-S, expidió el auto de certiorari y confirmó el dictamen recurrido, manteniendo la decisión de no desestimar la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso de daños y incumplimiento de contrato. El caso fue incoado por Nelson O. Skerret Febres, quien demandó a Mapfre por la alegada falta de pago justo y mala fe en el ajuste de su reclamación por daños causados por el Huracán María, incluyendo daños al techo. Mapfre argumentó que la demanda debía desestimarse bajo la doctrina de "Pago en Finiquito", ya que el señor Skerret aceptó y depositó un cheque como pago total y final. El señor Skerret se opuso, alegando que no fue informado de que el cheque constituía un finiquito y que la denegatoria de daños, como los del techo observados en la inspección de Mapfre, careció de explicación oportuna y fundamentada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, señalando que la falta de explicación sobre la denegatoria de daños observados podría incidir en la buena fe del ajuste. Mapfre recurrió esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, en esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por Mapfre.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación presentado por el Consejo de Titulares del Condominio El Legado. El apelante impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una causa de acción contra Triple S Propiedad, Inc. La reclamación desestimada se fundamentaba en la Ley Núm. 247-2018. Los hechos de la demanda, relacionados con daños sufridos durante el huracán María, ocurrieron con anterioridad a la aprobación de dicha ley. La parte apelada solicitó la desestimación parcial argumentando que la Ley 247 no tenía efecto retroactivo. El foro primario acogió la moción, basándose en una sentencia previa del mismo panel apelativo que determinó la no retroactividad de la Ley 247. La parte apelante alega que el tribunal de instancia erró al desestimar la reclamación bajo esta ley. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso y el derecho aplicable, incluyendo el principio de irretroactividad de las leyes en Puerto Rico según la Constitución y el Código Civil. El panel de jueces se encuentra en posición de adjudicar el recurso.

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Ante el Tribunal de Apelaciones se presenta una apelación del Hogar Mi Pequeño Paraíso II contra el Departamento de la Familia. El Hogar impugna la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de su solicitud de entredicho preliminar e injunction permanente. Dicha solicitud buscaba paralizar las acciones del Departamento, que canceló la licencia del Hogar y removió residentes tras una investigación de maltrato. El Hogar alegó que estas acciones eran ilegales y causarían daño económico irreparable. El Departamento solicitó la desestimación argumentando que el Hogar no había agotado los remedios administrativos disponibles. El TPI acogió la solicitud de desestimación, concluyendo que el Hogar no agotó el proceso administrativo ante la Junta Adjudicativa del Departamento. El TPI determinó que el daño económico no constituía un daño irreparable que justificara preterir dicho proceso. El Hogar apeló, sosteniendo que el injunction era el único medio para evitar daño irreparable y asegurar la efectividad de su apelación administrativa. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso sobre pensión alimentaria para un hijo mayor de edad. El padre solicitó el relevo de la obligación tras el hijo cumplir 18 años. El Tribunal de Primera Instancia concedió el relevo de la pensión y denegó una moción de desacato por gastos educativos. El foro primario basó su decisión en que el hijo, con bachillerato, había interrumpido estudios de maestría y solicitaba admisión a la Escuela de Derecho. El hijo apeló esta determinación, argumentando la necesidad de la pensión para sus estudios postgraduados. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras analizar el caso, el tribunal apelativo revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. La decisión implica que el relevo de la pensión concedido al padre fue dejado sin efecto.

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La Sucesión de Ismael Oquendo Batista presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que descalificó a su abogado, el licenciado Gamaliel Rodríguez López. La descalificación surgió luego de que el abogado solicitara la intervención de una alegada heredera, a quien también representaba, en el pleito original sobre nulidad de testamento. El foro primario ordenó al abogado explicar por qué no debía ser descalificado por posible conflicto de interés. Aunque el abogado luego solicitó renunciar a la representación de la interventora, el tribunal de instancia lo descalificó de oficio. La Sucesión recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la controversia. Por tanto, se declaró sin jurisdicción y desestimó el recurso de Certiorari presentado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Nefty Oquendo Rosario mediante un recurso de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación. El peticionario enfrenta cargos por asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas por hechos de marzo de 2018. Fue acusado formalmente el 5 de marzo de 2020 y el juicio se señaló para abril de 2020. Presentó una moción de desestimación bajo la Regla 64(n)(3) alegando violación al derecho a juicio rápido, argumentando que el término para el juicio expiró en mayo de 2020. El Ministerio Público se opuso, justificando la dilación por el estado de emergencia declarado debido al COVID-19 y la suspensión de funciones judiciales. El TPI denegó la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del certiorari. Esto confirma la decisión del foro primario de no desestimar los cargos por violación al juicio rápido en este caso.

Resumen:

Un panel de jueces revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó una moción para referir un caso al procedimiento de valoración ("appraisal") bajo la Ley 242-2018. La parte peticionaria, compuesta por varias entidades, demandó a Triple-S Propiedad Inc. por incumplimiento en el pago de daños causados por el huracán María bajo una póliza de seguro. Solicitaron el "appraisal" argumentando que la Ley 242-2018 enmendó el código de seguros para requerir este proceso para disputas sobre el valor de la pérdida a solicitud del asegurado. Alegaron que las guías de la Oficina del Comisionado de Seguros confirmaban la aplicabilidad del procedimiento a reclamaciones pendientes de Irma y María. Sostuvieron que el "appraisal" simplificaría el caso, sería más rápido y costo-efectivo, y utilizaría expertos para valorar los daños. Presentaron documentos de la OCS apoyando la aplicación retroactiva de la ley a casos pendientes. El tribunal superior expidió el auto de certiorari. Revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que la solicitud de referir el caso al procedimiento de "appraisal" fue concedida por el tribunal superior.

Resumen:

Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia. La peticionaria, Leiza Lee Norat Santiago, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración. Dicha resolución mantenía la terminación del descubrimiento de prueba y negaba acceso a documentos solicitados. La controversia surgió porque la parte recurrida no entregó documentos requeridos durante el proceso de descubrimiento. La peticionaria alegó que el foro primario erró al limitar el acceso a prueba necesaria, especialmente después de dilaciones en las deposiciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y los criterios para su concesión. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía dejar sin efecto la resolución recurrida. En consecuencia, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. El foro primario deberá continuar los procedimientos de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III. La Peticionaria, MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY, presentó un recurso de Certiorari. Solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó a MAPFRE la oportunidad de oponerse a una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre el recurso. Concluyó no expedir el auto de Certiorari solicitado. Explicó que, como regla general, no interviene en determinaciones interlocutorias sobre el manejo de casos. La decisión del TPI fue considerada correcta en derecho, ya que ocurrió después del término concedido a MAPFRE. El Tribunal no encontró indicio de actuación arbitraria, caprichosa, abuso de discreción o error de derecho por parte del foro recurrido. Por estos fundamentos, se denegó la expedición del auto y se devolvió el asunto al TPI para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia entre Manuel A. Jusino González y Leiza Lee Norat Santiago. La señora Norat Santiago presentó un recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. Impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que paralizó los procedimientos de custodia. Dicha paralización se ordenó en espera de la adjudicación de una Orden de Protección solicitada por la madre contra el padre. También se esperaba la culminación de investigaciones del Departamento de la Familia y la Policía relacionadas con alegadas situaciones. La peticionaria argumentó que la paralización era errónea y contraria al bienestar de la menor, afectando un proceso de traslado. Adicionalmente, solicitó autorización para que la menor saliera de la jurisdicción de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y la moción. Tras su evaluación, declaró no ha lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. Finalmente, denegó expedir el auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la denegatoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a la solicitud de Jorge L. Marín Robles para el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El DCR denegó inicialmente la solicitud argumentando que el programa no existía al momento de los delitos del recurrente en 1992, citando un reglamento de 1994. Posteriormente, en reconsideración, el DCR mantuvo la denegatoria, corrigiendo el fundamento al señalar que el memorando normativo aplicable en la fecha de los hechos (1989/1992) excluía a las personas convictas por violación, delito por el cual el recurrente cumple sentencia. El recurrente impugnó esta determinación, alegando que el programa existía antes y no lo excluía, y que el DCR aplicó la normativa incorrecta. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del DCR. La sentencia destaca que el programa fue establecido en 1989 y que el memorando normativo de 1992 excluía específicamente a los convictos por violación.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una revisión administrativa presentada por Daniel Rivera Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó la revisión de una determinación del DCR que denegó su petición de traslado a una institución correccional específica. Argumentó que el traslado a una cárcel en Bayamón era necesario para facilitar las visitas familiares y su rehabilitación. El DCR denegó su solicitud de reconsideración, indicando que su petición se tornaba académica ya que sus solicitudes de traslado estaban siendo procesadas por el Comité de Clasificación y Tratamiento. Rivera Colón apeló, alegando error del coordinador del DCR y que sus intentos de abordar sus necesidades fueron infructuosos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, considerando el marco legal y reglamentario del DCR sobre clasificación y traslado de confinados. El tribunal determinó que la decisión del DCR se ajustaba al proceso administrativo establecido. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Eliezer Santana Báez presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La sanción se relacionaba con la posesión de contrabando en correspondencia y conllevó la pérdida de privilegios por 90 días. El Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar el recurso presentado. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción y academicidad. El recurrente no cumplió con los requisitos procesales para perfeccionar el recurso. Específicamente, no proveyó las fechas clave de notificación de la resolución recurrida ni detalles completos sobre una solicitud de reconsideración. Esta omisión impidió al Tribunal verificar si el recurso fue presentado dentro del término jurisdiccional. El Tribunal subrayó la importancia del cumplimiento con las reglas que rigen la presentación de recursos de revisión administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de certiorari. La petición fue presentada por MAPFRE PRAICO Insurance Company y MAPFRE Pan American Insurance Company. Buscaban revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, en un caso sobre incumplimiento de contrato. El recurso de certiorari fue radicado el 31 de marzo de 2021. Posteriormente, el 2 de julio de 2021, la parte peticionaria notificó al Tribunal de Apelaciones que la parte recurrida en el caso original había desistido de todas sus causas de acción. Este desistimiento en la instancia primaria tornó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en académico. En virtud de ello, el Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la petición de desistimiento del recurso. Se ordenó el archivo del expediente conforme a la Regla 83(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue dictada el 12 de julio de 2021.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Juan Luis Cornier Torres. El peticionario impugna un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó la inadmisibilidad de cierta prueba de conducta específica bajo la Regla 404(b) de Evidencia. Dicha prueba se relaciona con las acusaciones de asesinato, Ley de Armas y destrucción de pruebas en su contra. El peticionario alegó que la decisión del foro primario violaba la Regla 404(b) y el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud, explicando la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para su expedición. Tras considerar el recurso, el panel judicial determinó no expedir el auto solicitado. Por consiguiente, se deniega la petición de certiorari presentada por el Sr. Cornier Torres.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de custodia. La apelante, abuela materna, impugna la desestimación de su demanda de custodia sobre su nieto por parte del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó el caso por falta de jurisdicción, argumentando que un tribunal en Missouri ya había adjudicado la custodia al padre biológico, el apelado, y dicha sentencia fue convalidada en Puerto Rico. La abuela sostiene que el tribunal local fue el primero en asumir jurisdicción sobre el menor, antes que el tribunal de Missouri. Argumenta que, conforme al Parental Kidnapping Prevention Act, Puerto Rico conserva la jurisdicción para disponer sobre la custodia. El Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario incidió al desestimar la demanda. Considera que Puerto Rico asumió jurisdicción primero al conceder la custodia provisional a la abuela tras el fallecimiento de la madre del menor en la isla. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales contra Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. La Unión apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó un injunction y declaró con lugar una moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones solicitó a las partes mostrar causa por la cual el recurso no debiera considerarse académico a la luz de los desarrollos de la pandemia de COVID-19. Servicios Legales adujo que las controversias se tornaron académicas. La Unión presentó un Aviso de Desistimiento de la apelación. El Tribunal acogió la solicitud de desistimiento presentada por la Unión. En consecuencia, se ordena el archivo del recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en el caso de Milton Carrero Matos. El señor Carrero fue acusado de apropiación ilegal de vehículo, pero declarado no procesable permanentemente debido a su condición mental. El cargo criminal fue archivado conforme a la Regla 247 de Procedimiento Criminal. A pesar del archivo, el tribunal primario mantuvo medidas de seguridad bajo la Regla 241, ordenando su permanencia en el Hospital de Psiquiatría Forense. La resolución recurrida dispuso una nueva evaluación psiquiátrica y el posible ingreso al Hospital Psiquiátrico del Estado si continuaba no procesable. El peticionario impugnó esta medida de seguridad. El Tribunal de Apelaciones examinó el historial del caso, incluyendo evaluaciones previas y recomendaciones para una ubicación menos restrictiva. El tribunal apelativo expidió el recurso, modificó parcialmente la resolución recurrida y la confirmó según modificada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Joaquín Antonio Colón Salgado y Carmen Iris Ortiz Alvarado, solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de reconsideración sobre la denegatoria de una moción de sentencia sumaria presentada por los recurridos, Roberto Antonio Sierra Rodríguez y Jerónima Díaz Alicea. El caso principal trata sobre una acción confesoria o denegatoria de servidumbre. Los peticionarios son dueños de la finca 17788, predio dominante, y los recurridos de la finca 17793, predio sirviente, gravada con una servidumbre de paso a favor de la primera. Los peticionarios alegan que la servidumbre está inscrita y fue advertida a los recurridos. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la solicitud, decidió denegar la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

Resumen:

La Sucesión de Teófilo Negrón Martínez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Solicitud de Nulidad de Sentencia. La sentencia cuya nulidad se pedía fue emitida en un pleito sobre división de comunidad de bienes. En dicho pleito, Héctor Torres Mejías y Magdalena González Molina demandaron a la Sucesión para que se finalizara la segregación de un terreno que poseían en comunidad con el causante. Los demandantes se basaban en un acuerdo previo para dividir la propiedad en dos lotes específicos. La Sucesión se opuso a la división según el acuerdo, alegando su nulidad y solicitando una división conforme al principio de igualdad cualitativa. El TPI dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda de los recurridos y ordenando la segregación. Posteriormente, el TPI denegó la solicitud de la Sucesión para anular esa sentencia. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sucesión.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari. El peticionario, Héctor David Linares Rivera, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de divorcio entre Miriam C. Blanco Rodríguez y Juan Carlos Linares Acevedo. La Resolución del TPI concedió provisionalmente la solicitud de hogar seguro a favor de la Sra. Blanco Rodríguez. La propiedad designada como hogar seguro fue vendida por el Sr. Linares Acevedo a su padre, el peticionario, poco antes de una vista programada. El TPI ordenó la entrega provisional de la propiedad a la Sra. Blanco Rodríguez y prohibió la inscripción de la compraventa en el Registro de la Propiedad. El peticionario solicita la revocación de la Resolución del TPI y la paralización de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones considera la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios para su expedición. El tribunal decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida para agilizar el despacho del caso.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una Petición de Certiorari presentada por Natalia M. Velázquez López. La peticionaria solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para que su padre, Roberto Velázquez Torres, pagara el equivalente del costo de hospedaje universitario. El TPI sí ordenó al padre reembolsar el equivalente del plan de comidas. La peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual también fue declarada "No Ha Lugar" por el TPI. El padre, recurrido en el certiorari, se opuso a la expedición del auto, alegando que la determinación del TPI fue un ejercicio de sana discreción y no constituyó una rebaja en la pensión alimentaria. El caso original proviene de un proceso de divorcio donde se ordenó al padre cubrir los gastos universitarios, incluyendo hospedaje, de sus hijos. La disputa surgió cuando la peticionaria optó por estudios virtuales debido a la pandemia de COVID-19 y no pudo permanecer en el hospedaje universitario, mudándose a otra ciudad. La Corte de Apelaciones revisa la determinación del TPI sobre la obligación del padre de cubrir el equivalente del hospedaje bajo estas nuevas circunstancias.

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La controversia central de esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico es determinar el momento adecuado para evaluar la descalificación de un ciudadano electo mediante nominación directa. Ricardo A. Rosselló Nevares resultó electo como delegado especial a la Cámara de Representantes federal por voto "write-in" en la elección especial del 16 de mayo de 2021. El Tribunal de Primera Instancia ordenó su descalificación, concluyendo que los requisitos legales debían cumplirse a la fecha de la elección. La Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia del foro primario. Este Tribunal concluye que el cumplimiento de los requisitos para ocupar el puesto de delegado debe evaluarse una vez emitida la certificación final de los resultados de la elección. La Comisión Estatal de Elecciones había certificado preliminarmente a Rosselló Nevares, indicando que los candidatos por nominación directa debían cumplir con la presentación de documentos requeridos por el Código Electoral y la Ley Núm. 167-2020.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de certiorari. La Parte Peticionaria, Icon Management LLC y CBS Proservices, LLC, solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Daniel Román Quiñones contra un condominio por una caída. El condominio demandó a la Parte Peticionaria, su compañía de mantenimiento, como tercero demandado. Posteriormente, el demandante enmendó su demanda para incluir a la Parte Peticionaria, sustituyendo a demandados desconocidos. La Parte Peticionaria argumentó que las acciones en su contra estaban prescritas. El demandante y el condominio se opusieron, alegando interrupción del término prescriptivo o retroactividad de la enmienda. El Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.